El mandato popular es el cambio. Análisis de las elecciones federales y locales en el año 2018

Jorge Rocha Quintero[*]

Resumen: el presente artículo tiene como propósito mostrar un primer recuento y una reflexión inicial sobre el proceso electoral federal y los procesos electorales estatales realizados en México en el año 2018. En el texto, se plantea un análisis acerca de varios aspectos relevantes de las elecciones, como las candidaturas independientes, el modelo de comunicación política, el papel de las encuestas, la crisis de los partidos políticos tradicionales frente al ascenso de los partidos emergentes y, por supuesto, una primera reflexión sobre los resultados electorales y la nueva composición del mapa político en México.
Palabras clave: elecciones, candidaturas independientes, comunicación política, encuestas, partidos políticos.

Abstract: The purpose of this article is to offer a recap and first reflection on the federal and state elections held in Mexico in 2018. The text analyzes a number of relevant aspects of the elections, such as the independent candidacies, the political communication model, the role that polls played, the crisis of the traditional political parties as they face the rise of emerging parties, and of course, an initial interpretation of the electoral results and the new layout of Mexico’s political map.
Key words: elections, independent candidacies, political communication, polls, political parties.

 

El 1 de julio de 2018, se realizaron elecciones federales y locales en México. Este fue un proceso histórico, tanto por los resultados, como por la forma como se desarrollaron las votaciones y las tendencias que se mostraron.

El presente texto es un primer análisis de este largo proceso electoral. Al momento de escribirse, aún falta clarificar algunos resultados de la elección y precisar algunos datos en los conteos finales, sobre todo, la asignación definitiva de senadores y diputados plurinominales del Congreso de la Unión y de los legislativos locales, pero, con los números que arrojan los programas de resultados preliminares, se puede hacer un análisis sólido sobre las dinámicas que aparecieron en los comicios y desembocaron en la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la silla presidencial y que su partido, Morena, ganara la mayoría de las gubernaturas en disputa y los escaños en el Congreso de la Unión.

 

  1. Candidaturas en disputa

En la jornada electoral del 1 de julio, se disputaron 629 cargos de elección popular a escala federal: presidencia de la república, 500 diputados y 128 senadores para el Congreso de la Unión. También hubo elecciones locales en casi todo el país, en el que estuvieron en juego 17,670 cargos de elección popular; entre ellos, nueve gubernaturas en los estados de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

En total, se eligieron a 18,299 representantes para cargos de elección popular a escala federal y local.

 

  1. Análisis de las campañas electorales

En este proceso electoral, las campañas tuvieron tres fases: precampañas, intercampañas y campañas constitucionales. La primera fase presuponía que los partidos tendrían elecciones primarias para elegir a sus candidatos; la segunda era para preparar las campañas y concluir la aceptación de las candidaturas independientes; en tanto que la tercera fase estaba reservada para la campaña electoral. Por la vía de los hechos, las tres fases se convirtieron en una sola campaña que generó un gran hastío ciudadano. Este proceso comenzó en diciembre de 2017 y concluyó hasta finales de junio de 2018; es decir, casi medio año de campañas.

A pesar de que se ha dicho, hasta la saciedad, que el modelo de comunicación política prevaleciente en México está agotado y que los spots no son bien recibidos por la mayoría de la población, la clase política y sus “prestigiados” asesores de marketing político siguen ofreciendo mensajes llenos de vaguedades, que tratan de generar emociones lacrimógenas y, en no pocos casos, comunicando ideas huecas que insultan la inteligencia de muchos ciudadanos al mostrar una realidad que solo existe en los spots que diariamente nos “recetaron” a lo largo del periodo mencionado.

Los mensajes que se dieron a conocer por la mayor parte de los candidatos a puestos de elección popular tuvieron dos problemas serios:

  • No propiciaron la discusión y el debate constructivo, profundo y con argumentos alrededor de los grandes problemas nacionales. En sus mensajes, los candidatos solo proponían generalidades que con mucha palabrería e imágenes, no tenían contenido sustancial. Además, en muy pocos casos hubo quien se comprometiera en asuntos concretos y con soluciones específicas, ya que los asesores de comunicación impulsaron que los contendientes navegaran en las aguas de las ambigüedades, en donde el objetivo central era generar emociones.
  • El mundo de la vida cotidiana tampoco se abordó durante la contienda. Las necesidades inmediatas, las exigencias concretas y las demandas específicas no formaron parte de los discursos de campaña, porque los asesores tampoco recomiendan que los candidatos generen “compromisos” con la gente. Los entornos próximos no son materia del lenguaje de campaña, pese a que para muchas personas es lo único que importa en este tipo de momentos políticos. Lo que tenemos, entonces, es un limbo que se construye entre los necesarios grandes debates de las agendas nacionales y la resolución de las necesidades más inmediatas de buena parte de la población.

Es por lo anterior que muchos ciudadanos se quedan con la sensación de que los temas que verdaderamente les interesan nunca son tocados en los procesos electorales, ni las agendas de los problemas nacionales ni las necesidades concretas.

Es entonces cuando el desfase de intereses y expectativas se incrementa. Los políticos buscan la mejor renta política posible (más votos con menos compromisos), en tanto que los ciudadanos intentan que sus agendas e intereses se traten en campaña y que los políticos se comprometan con ellos en la mayor medida posible.

Ahora bien, ¿quiénes son los grandes ganadores de este tipo de campañas? Los que perciben dinero con este modelo de comunicación política, los que cobran porque estas cosas sucedan, los que ganan elecciones con mensajes vacuos, los que llegan al poder sin ninguna obligación con el pueblo. Los que pierden son los que no pueden colocar en la agenda los grandes problemas nacionales y los que no verán resueltas sus necesidades inmediatas.

Una parte importante de las actuales campañas fueron los debates y la discusión en torno a ellos. Hubo tres debates presidenciales oficiales, casi 30 debates para gobernador de entidades organizados por los órganos electorales y un sinfín de mini debates en universidades, frente a organismos civiles y en organizaciones empresariales, entre otros. Una vez concluidas las campañas, se puede hacer un balance de los mismos y algunas propuestas para mejorarlos.

En los debates hay tres actores involucrados: los partidos políticos, las autoridades electorales y la ciudadanía. Cada uno tiene objetivos diferentes en torno a ellos. Los primeros tienen como propósito que estos ejercicios se traduzcan en modificar las preferencias electorales a su favor, ya sea para mantenerlas como están, para crecerlas o para que las de los adversarios bajen. Para las autoridades electorales, el objetivo es dar cauce a los debates de acuerdo con la ley; mientras que para los ciudadanos es observar, de una sola vez, a todos los candidatos a un puesto de elección popular, para ver su desempeño y contrastar ideas, asumiendo que, de acuerdo con la teoría, los debates solo sirven para reforzar tendencias preestablecidas y que únicamente tienen la posibilidad de modificar la intención del voto en 5% del electorado. Frente a esta discrepancia, es fundamental que los ciudadanos participen con voz activa y posibilidad de decisión en los diseños de los debates para generar formatos más flexibles y que posibiliten el auténtico contraste de ideas.

Además, para hacer debates que susciten el interés ciudadano, es necesario que los temas propuestos sean pocos, los más estratégicos, de acuerdo con los análisis sociopolíticos y con validación social. Las agendas “miscelánea”, donde se habla de muchas cosas (como los debates que tuvimos), permitieron a los candidatos hablar con generalidades de los asuntos tratados, aduciendo que tenían poco tiempo; es decir, el formato se prestó a las respuestas simplistas y de “lugar común”.

Quedó muy claro que en los últimos debates presidenciales y de gobernadores participaron candidatos que, de acuerdo con las encuestas, no tenían ninguna posibilidad de ganar la contienda, pese a lo cual se les siguió dando voz y un tiempo muy valioso que se pudo aprovechar de mejor forma. Por esta razón, apareció la propuesta de que lleguemos a una especie de segunda vuelta de candidatos en los debates, donde solo se presenten los que tengan mayor intención de voto y que discutan, cara a cara, sobre las agendas más urgentes; me parece que eso sería más útil para la ciudadanía.

Ahora bien, otro de los asuntos que caracterizó al proceso electoral fue la propagación de campañas “negras” en contra de ciertos candidatos, sobre todo a través de las redes sociales, en donde, hoy por hoy, no existen ningún tipo de regulación para moderar los contenidos que se procesan en ese espacio. Una de las novedades más positivas en este contexto fue la creación de la iniciativa Verificado 2018, mediante la cual varios medios de comunicación sometían a análisis ciertas notas que aparecían en redes sociales y en pasquines para validar su origen y comprobar su veracidad. Esta herramienta ayudó a contener los efectos de la guerra sucia.

 

  1. Las candidaturas independientes

Este fue el primer proceso electoral en el que participaron candidatos independientes a la presidencia de México. Luego de un proceso de recolección de firmas que resultó muy irregular, aparecieron en la boleta para presidente de la república dos candidatos independientes: Jaime Rodríguez “El Bronco” y Margarita Zavala, quienes tenían una característica común: ambos pertenecieron, por muchos años, a partidos políticos y al ver que sus aspiraciones políticas no tuvieron eco entre sus correligionarios, optaron por la vía individual para competir electoralmente.

Antes de contender por la gubernatura de Nuevo León por la vía independiente, “El Bronco” fue militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante tres décadas, en tanto que Margarita Zavala ejerció toda su vida política dentro del Partido Acción Nacional (PAN), con el que rompió poco antes de comenzar el proceso electoral.

Para el caso particular del estado de Jalisco, uno de los fenómenos políticos más sobresalientes fue la aparición de la agrupación Wikipolítica, la cual logró obtener las firmas necesarias para registrar una candidatura al Senado, tres para diputaciones federales y nueve para diputados locales en esta entidad. Ninguno de los postulados tiene antecedentes de pertenecer a un partido político, todos son jóvenes y solo uno, Pedro Kumamoto, tiene experiencia en la función pública previa como diputado local independiente. La propuesta de todos ellos tuvo como eje la crítica a la denominada partidocracia y llamaron a la construcción de otra forma de hacer política. En su caso, podemos hablar de candidaturas independientes auténticas. Sin embargo, en esta elección experimentaron un fuerte revés electoral al no obtener ningún puesto de elección popular.

Uno de los asuntos más notables de este proceso electoral fue la aspiración de María de Jesús Patricio para contender por la presidencia de México, la cual fue la apuesta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y del Congreso Nacional Indígena (CNI). Mary Chuy, como muchos la conocían, no juntó las firmas necesarias para aparecer en la boleta electoral. Solo en dos estados, de los 17 en que se requería (por el principio de dispersión), cumplió con la consecución de 1% de las firmas de ciudadanos inscritos en el padrón electoral.

Para los críticos del zapatismo fue una oportunidad para señalar que este movimiento social ya no tiene el empuje que logró en otros años y que las simpatías por sus propuestas no tienen la repercusión que muchos quisieran. Para otros, se cumplió el objetivo de lanzar la candidatura, porque Mary Chuy pudo recorrer una parte importante del país, donde se reflexionaron y dialogaron sobre los procesos de acumulación capitalista y las alternativas sociales y comunitarias que hay frente a estos. Para este grupo, la recolección de firmas no era el propósito central sino la construcción de un diálogo y una reflexión nacional.

Hay una tercera vertiente que señala que el objetivo de generar estos diálogos a lo largo del país era un propósito necesario y loable, pero critican la estrategia adoptada, ya que tenían que ceñirse a las reglas del sistema político al que tanto han rechazado y que, al final de cuentas, efectivamente, estas directrices terminaron por asfixiarlos. Los que abanderan esta postura señalan que se pudo hacer un símil de “La Otra Campaña”, del año 2006, cuando miembros del EZLN y el CNI recorrieron el país sin la agenda electoral encima.

Como veremos en el análisis de los resultados de las contiendas, durante el proceso electoral que culminó el 1 de julio de 2018, los candidatos independientes no fueron la alternativa política que eligieron la mayor parte de los ciudadanos y tendrán que esperar, por lo menos tres años más, para ver si estas figuras logran despuntar en el escenario político mexicano.

 

  1. Las alianzas y el hiperpragmatismo político

Uno de los fenómenos que provocó el mayor debate en el proceso electoral reciente fue el hiperpragmatismo político, donde se dieron fuertes e inesperadas trasferencias de cuadros entre los distintos partidos políticos y germinaron lo que podríamos denominar como “mezclas duras” en la escena pública, las cuales, incluso, fueron motivo de burlas, ironías y, por supuesto, guerra sucia entre candidatos a puestos de elección popular.

Hace seis años, no estaba dentro de ningún imaginario que el PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) tuvieran un candidato único a la presidencia de México; en especial luego de protagonizar, ambos partidos, un profundo conflicto político que se agudizó tras las elecciones federales de 2006. Hace tres años, era inimaginable que, en Jalisco, el Partido Movimiento Ciudadano (MC) y el PRD estatal compartieran las listas de diputados locales y, por supuesto, que no le pasaba a nadie por la cabeza que una ferviente antilopezobradorista de la Ciudad de México, como Gabriela Cuevas, terminara enrolada en las filas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que encabeza Andrés Manuel López Obrador. La imaginación política no nos daba para tanto. Pero en esta elección, todos estos fenómenos sucedieron y la confusión se dio paso ante esta enorme distorsión de las geometrías políticas.

La razón fundamental que dio lugar a estos fenómenos políticos fue la búsqueda de la renta electoral de corto plazo; es decir, garantizar, en la medida de lo posible, la victoria en las elecciones. Por el momento que vive el país, de una profunda desconfianza hacia los partidos políticos y por la segmentación del “mercado” electoral, muchas de las estrategias para ganar adeptos es hacer alianzas con muchos grupos políticos que aseguren el voto de pequeños conglomerados de personas, que en la sumatoria otorguen el objetivo de ganar las elecciones. Este asunto provoca, por lo menos, dos problemas.

El primero, que el profundo desdibujamiento de los principios y programas de gobierno, que pasan a segundo término, ya sea porque pueden obstaculizar las alianzas o porque el objetivo que da soporte a estos acuerdos es simple y llanamente ganar la elección. Esto, a su vez, provoca confusión en los ciudadanos, al no tener claridad de cuáles son los elementos verdaderamente diferenciadores de las distintas opciones políticas. El segundo problema, al menos en la experiencia mexicana, es que las alianzas electorales no han funcionado como alianzas de gobierno; es decir, las administraciones públicas que emanan de estos procesos no han generado mejores desempeños gubernamentales, al contrario, no se experimentan y se llevan a cabo los deseos de cambio y alternancia que anhelan los ciudadanos, lo que provoca una mayor decepción hacia los partidos políticos.

Ante esta crítica, la clase política responde que el primer objetivo es ganar y que luego se resuelve cómo se implementan los acuerdos. La evidencia parece mostrar que el segundo paso nunca se resuelve de la forma más adecuada. Sumado a lo anterior, parecería que cuando una alianza de esta naturaleza gana un proceso electoral, lo que primero se cumple son los acuerdos de reparto de cargos o de impunidad, lo que, a la larga, representa grandes y graves obstáculos para que los cambios necesarios lleguen. Dicho de otra forma, esta forma de proceder genera renta electoral de corto plazo, pero deudas políticas muy grandes a largo plazo.

Más allá de cada caso en particular, estas trasferencias, insospechadas entre los distintos institutos políticos, son una muestra más de la caducidad de los partidos como instituciones de la democracia mexicana. Si recordamos, a finales de 2017, y a propósito de los sismos de septiembre de dicho año, hubo un clamor ciudadano para que el financiamiento de los partidos políticos para las campañas del presente proceso electoral se utilizara para las labores de reconstrucción de las viviendas dañadas.

Desde este punto de vista, hay, por lo menos, cuatro grandes causas que han provocado la crisis de los partidos y que les ha convertido en instituciones caducas que tienden a degradarse en periodos de tiempo cada vez más cortos:

  1. Desde hace años, se ha señalado que los principios y las ideologías no son el principio aglutinador en los partidos, y hace tiempo que estas organizaciones no representan las formas de pensar y entender la manera de gobernar de grandes conglomerados sociales. Ahora, más bien, se han convertido en agencias de colocación que solo buscan ganar cargos públicos. Si confrontamos las plataformas políticas de los institutos políticos, las diferencias no son tan nítidas, todos se plantean ideas muy generales en las que casi cabe cualquier cosa. Distinguir las propuestas fundamentales de cada partido es ahora una tarea casi imposible. Estamos hablando de un proceso de desideologización de los partidos políticos.
  2. El hiperpragmatismo político. Ahora, los partidos buscan renta electoral de corto plazo; es decir, su propósito fundamental es conseguir la mayor cantidad de cargos públicos para cada elección, y este imperativo conduce todas las acciones de los institutos políticos. No se trata de cuidar proyectos o postulados sino de ganar elecciones a costa de lo que sea. Esto ha provocado que los partidos hagan alianzas insospechadas y contra natura, lo que también genera estas trasferencias de cuadros políticos. Los perfiles que se tratan de impulsar no son los que gobernarán mejor sino los que tienen mejores estructuras para competir electoralmente.
  3. La democracia interna no existe. Las candidaturas son definidas por las cúpulas partidarias o los líderes fácticos, donde las militancias poco pueden decidir en estos escenarios. La imposición de candidaturas y dirigencias ha roto las estructuras de los partidos y ha provocado la desilusión de muchos de sus miembros. El ascenso, en los partidos, no responde a los méritos políticos sino a las capacidades para negociar las candidaturas o los espacios con las dirigencias partidarias.
  4. La separación que provoca la burbuja en la que viven las dirigencias partidarias (llenas de lujos y prebendas) respecto a lo que afronta el común de las personas en su vida cotidiana. La distancia entre unos y otros genera una incomprensión profunda de las necesidades de las mayorías, frente a lo que la clase política piensa que sucede. Uno de los factores que amplían y profundizan esta distancia es el financiamiento a los partidos políticos, que, hoy por hoy, es enorme y escandaloso, y de ninguna manera justifica su existencia, ya que la ciudadanía no percibe los efectos positivos de este presupuesto para fortalecer la democracia, incluso, no hay razón alguna para seguir costeando a partidos políticos en tiempos no electorales.

No es gratuito que, en el reciente proceso electoral, los partidos políticos tradicionales hayan experimentado dolorosas derrotas o hayan sido objeto del voto de castigo de la ciudadanía.

 

  1. El juego de las encuestas

Desde los procesos electorales de 2009 y hasta las elecciones locales de 2016, pasando por la última elección presidencial de 2012, las casas encuestadoras entraron en una grave crisis. Las desviaciones en los resultados fueron muy fuertes y se confirmó que incurrieron en tres graves problemas: se utilizaron como herramientas de campaña para sobreestimar candidaturas, los métodos de recolección de información empezaron a caducar y las personas les llegaron a tener tanta desconfianza, que empezaron a mentir en sus respuestas.

Para las elecciones locales de 2017, en cuatro entidades las encuestadoras modificaron sus procedimientos y no fallaron; es decir, todas estuvieron dentro del llamado margen de error, sobre todo frente a los resultados de las gubernaturas del estado de México, Coahuila y Nayarit. En las dos primeras, siempre marcaron empate técnico; mientras que en el caso de Nayarit, siempre señalaron el triunfo de la alianza PAN–PRD.

Era muy claro que para el proceso electoral de 2018, los ojos estaban puestos en el desempeño de las casas encuestadoras, las cuales, desde enero de 2017, marcaron una tendencia en los sondeos para la contienda presidencial que nunca cambió y terminó confirmándose el 1 de julio: Andrés Manuel López Obrador arrancó como puntero y tuvo una tendencia creciente a lo largo del proceso; el candidato del PAN (que terminó siendo Ricardo Anaya) se mantuvo en los márgenes de 24 y 30% de la intención del voto; que el postulado por el PRI (José Antonio Meade) siempre estuvo alrededor de los 20 puntos porcentuales, y que los candidatos independientes siempre se mantuvieron con un dígito en la intención del voto.

Es decir, en este proceso electoral, las casas encuestadoras arrojaron datos más precisos y con menor margen de error. Las cuatro empresas que tuvieron las estimaciones más cercanas a los resultados finales fueron: El Financiero, Parametría, Berumen y Demotecnia. Otras, como Reforma, ACORP, Gii360, BCG Beltrán, Massive Caller, Consulta Mitofsky y Varela y Asociados estuvieron dentro del margen de error, mientras que el resto mostró datos muy alejados de los resultados finales.

A pesar de lo anterior, podemos hacer un buen balance del desempeño de las casas encuestadoras en esta elección, las cuales reivindicaron la reputación perdida en los procesos electorales anteriores a 2017, cuando empezaron a corregir sus formas de proceder.

Me parece que hay tres razones por las cuales las casas encuestadoras mejoraron su labor: la primera es que optimizaron sus metodologías al calcular mejor las preferencias efectivas y al resolver, de manera satisfactoria, el factor de la desconfianza de los ciudadanos; porque era fundamental volver a mostrar que las encuestas son una herramienta útil para las democracias contemporáneas, y porque aparecieron los llamados polls de encuestas (como Oráculos y Bloomberg), que compararon los datos entre encuestadoras y sacaban promedios, lo que permitió un ejercicio de autorregulación y contrastación entre casas encuestadoras.

 

  1. Los resultados electorales federales

Como se dijo al principio, algunos de los datos que a continuación se muestran son los resultados finales de los programas de resultados preliminares (PREP), que todavía deben ser confirmados en los recuentos oficiales que culminan con las entregas de las constancias de mayoría para los candidatos electos. En otros casos, ya se cuenta con los cómputos finales.

6.1. Resultados de la presidencia de México

Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena, ganó la elección presidencial. La tabla 5.1 muestra los resultados de los cómputos finales, con 99.93% de las actas computadas.

Cabe señalar que Andrés Manuel López Obrador ganó en 31 de las 32 entidades federativas. Ricardo Anaya solo obtuvo mayoría en un estado (Guanajuato) y José Antonio Meade no ganó ninguna entidad.

Desde la elección de Carlos Salinas de Gortari, en 1988, ningún presidente electo había sobrepasado la barrera de los 50 puntos porcentuales del voto válido, y desde esa fecha hasta hoy (30 años y seis elecciones presidenciales) ningún primer mandatario había contado con tal apoyo popular como lo obtuvo López Obrador (véase la figura 5.1).

6.2. Senadurías

De acuerdo con los resultados del PREP, en la tabla 5.2 se muestran los resultados de los ganadores en los estados, en la primera fórmula por cada partido o coalición, en la elección de senadores.

De acuerdo con algunos cálculos que se ha prefigurado hasta ahora, de los 128 senadores, la coalición Morena–Partido del Trabajo (PT)–Partido Encuentro Social (OES) contaría con 69 senadores; el Frente por México (PAN–PRD–MC) tendría 39 y la fracción de la alianza PRI–Partido Verde Ecologista de México (PVEM)–Nueva Alianza (Panal) estaría conformada con 20 senadores. De corroborarse esta información,
la coalición del presidente electo tendría mayoría simple.

6.3. Diputaciones

De acuerdo con los resultados que mostró el PREP con sus datos completos, la tabla 5.3 muestra el número de distritos que ganó cada partido o coalición electoral.

En este caso, también se han colocado algunas posibles conformaciones de la próxima Cámara de Diputados, que es factible que quedé configurada de la siguiente forma: 310 diputados de la coalición Morena–PT–PES; 129 diputados del Frente por México (PAN–PRD–MC), y 61 diputados para la alianza del PRI–PVEM–Panal. También en este caso, la coalición del presidente electo tendría la mayoría simple.

 

  1. Los resultados electorales estatales

Como se dijo al principio de este texto, también se realizaron elecciones locales, en las cuales destacaron los comicios en nueve estados en los que se eligió a los nuevos gobernadores. La tabla 5.4 muestra los números de estos procesos, de acuerdo con los resultados finales de los PREP locales.

Con base en los resultados que se presentan, el mapa político de las gubernaturas en México luce de la siguiente manera: el PRI gobierna 12 estados, el PAN gobierna 12 entidades, Morena gobernará cinco estados, el PRD gobierna uno, MC gobernará una entidad, y un estado es gobernado por un independiente.

La figura 5.2 muestra la nueva conformación del mapa político de México, de acuerdo con los gobiernos estatales, que empezará a funcionar a partir de finales de 2018.

Este mapa político es completamente nuevo, ya que el PRI siempre había tenido más de la mitad de las gubernaturas en el país (hasta 2015). Nunca otro partido había empatado al tricolor en gobiernos de los estados, mientras que, por primera vez, aparece Morena en el espectro de las gubernaturas, y la presencia del PRD se fue al mínimo.

En cuanto a las elecciones en Congresos locales, se estima que, con los resultados que arrojan los PREP, Morena sería la primera fuerza electoral en 22 Legislativos locales. Este dato está por confirmarse, pero muestra que el arrastre del partido de López Obrador también influyó de forma muy fuerte en los comicios locales, salvo en algunos estados como Guanajuato, Jalisco y Nuevo León.

 

  1. El antivoto

La pregunta central de estos fenómenos políticos es ¿por qué el candidato de Morena obtuvo esta ventaja tan amplia en prácticamente todo el país? Desde mi punto de vista, hay cuatro procesos sociales que podrían explicar este ascenso de López Obrador: el voto antisistema, el voto anti establishment, el voto anti PRI y el voto anti Peña Nieto.

La primera dinámica se refiere a los ciudadanos que claramente expresan una postura antisistémica, que, en términos estrictos, significa que van en contra de las dinámicas capitalistas e incluso de las dinámicas impuestas por el estado–nación. En el caso de México, los que han enarbolado estas posturas son el EZLN y grupos autonomistas a lo largo del país. Para este sector, toda la clase política les genera desconfianza; sin embargo, para el caso de este momento político, para estos colectivos, el candidato presidencial que provocó menos desconfianza fue Andrés Manuel López Obrador.

El voto anti establishment se define como los ciudadanos que van en contra de los grupos de poder fáctico (tanto político como económico) que en las últimas tres décadas han sido los grandes beneficiarios de la implementación de las políticas neoliberales. En este segmento, están los ciudadanos que ven, con mucho recelo, a partidos políticos tradicionales, grupos empresariales y actores sociales que están en las altas esferas de poder. Este tipo de voto afectó, directamente, de forma negativa a José Antonio Meade y Ricardo Anaya, a quienes consideraron como representantes y voceros de estos grupos beneficiados del statu quo, en tanto que, electoralmente, favoreció a López Obrador, al que se deja fuera de estos grupos de poder.

El voto anti PRI se gestó entre el electorado que desarrolló, a partir de los casos de corrupción protagonizados por gobernantes de origen priista (Roberto Borge, Javier Duarte, César Duarte, Roberto Sandoval, entre otros), un fuerte sentimiento anti priista; en el que también influyeron las malas percepciones provocadas por la impunidad en el país por los casos específicos de corrupción, como la estafa maestra o la casa blanca, y la certeza de muchos mexicanos de que las políticas económicas derivadas del Pacto por México no lograron concretar las promesas de desarrollo que se hicieron al principio del sexenio; a lo que se suma todo lo que viene aparejado al grave problema de violencia en el país. Todos estos problemas, en su conjunto, han dado como resultado un fuerte anti priismo que no habíamos visto en otros momentos y que le cobró una enorme factura al partido tricolor.

Finalmente, tenemos la tendencia anti Peña Nieto, que se venía fraguando desde la elección presidencial pasada y que, a partir del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, se aceleró de tal manera que el proceso de depreciación de la imagen del presidente de la república llegó a tal punto que, hoy por hoy, es la peor que ha tenido un primer mandatario en la historia del país. En términos gruesos, ocho de cada diez mexicanos desaprueban la gestión de Enrique Peña Nieto, y esto se traduce en votantes que castigaron a la administración pública federal actual a través del voto. El candidato que, por obvias razones, salió afectado por este proceso fue el postulado por el partido del presidente: José Antonio Meade; mientras que el mayor beneficiado de esta dinámica fue Andrés Manuel López Obrador.

No sabemos en qué medida una dinámica fue más fuerte que la otra, pero sí podemos decir que fueron complementarias y que se alimentaron mutuamente. Como ya se dijo, el principal beneficiado de estos procesos fue el candidato de Morena, mientras que al resto de los contendientes les cobró una gran factura.

 

  1. Consideraciones finales

Luego de este proceso electoral, queda muy clara la necesidad de la trasformación del sistema político. Es evidente que en México tenemos un régimen que ya no funciona, que tiene muchísimos problemas, que no resuelve nada y que ha generado el nacimiento de una clase política que, cada vez más, se aleja de las necesidades sociales.

Es muy común que la ciudadanía esté a disgusto con los partidos políticos; no encuentra la razón de ser de los diputados, experimentó un profundo hartazgo de las campañas electorales, el Poder Judicial le parece un hoyo negro del cual no sabe prácticamente nada, asume que la clase política le hace promesas en campaña que, seguramente, no cumplirá y piensa que el aceite que lubrica el sistema político mexicano es la corrupción. Es cierto que no todos los políticos ni todos los gobiernos incurren en estas prácticas indeseables, pero hay una experiencia vivida en los ciudadanos que refuerzan estas percepciones.

Cada vez que hay un proceso de crisis del sistema político en un país, una de las soluciones que históricamente se implementa es la elaboración de una nueva Constitución, la cual implica cambiar de tajo las reglas del régimen político, es decir, los procedimientos con los cuales se accede al poder, y se trasforman por otros.

Para el caso de México, hay cinco asuntos que deberían retomarse para lograr una auténtica trasformación del sistema político, a saber:

  • Restructuración de los partidos políticos. Ahora mismo, los partidos en México no tienen un centro ideológico claro, se reproducen a través de clientelas políticas, no tienen democracia interna en sus procesos de selección, son demasiado costosos para el erario público, hacen alianzas electorales con demasiado pragmatismo político y su principal objetivo es la reproducción de su propio poder e influencia. Todas estas prácticas deberían de corregirse para contar con partidos que realmente representen a los ciudadanos.
  • Reforma en el sistema electoral. Las campañas son muy costosas, no generan ningún aprendizaje cívico, no contribuyen a un debate constructivo sobre las principales agendas del país, generan aversión en los ciudadanos, promueven la división social y no fortalecen a la democracia. Después de este modelo, de campañas y comunicación política, queda muy claro que es necesario bajar sustantivamente los costos de las campañas, disminuir su duración y contar con sanciones muy claras y fuertes para evitar que estas prácticas continúen.
  • Establecimiento de un verdadero equilibrio y contrapeso de los poderes. En México, tenemos un “súper Poder Ejecutivo”, un Poder Legislativo que a veces funciona y otras veces no; así como un Poder Judicial subordinado al Ejecutivo y profundamente alejado de la ciudadanía. Es necesario crear un nuevo andamiaje institucional que permita un sano equilibrio de poderes y donde las funciones de control de unos sobre otros sean muy claras y efectivas.
  • Fortalecimiento de los gobiernos locales. El nivel de gobierno que tiene el contacto más cercano y cotidiano con los ciudadanos son los municipios, pero, paradójicamente, es el que tiene mayor precariedad presupuestal y mayor debilidad institucional. En muchas partes del país, los ayuntamientos están rebasados por los problemas que los aquejan y no son pocas las ocasiones donde solo administran los problemas y las desgracias. Un asunto nodal para una reforma política en el país es repensar el modelo de municipio que tenemos, sus atribuciones, sus capacidades y la manera como se organizan.
  • Fortalecimiento de la participación ciudadana. Uno de los asuntos nodales que se requiere fortalecer para que el sistema político mexicano funcione mejor es profundizar y fortalecer el papel de la sociedad en la toma de decisiones públicas. Mientras que no se incrementen las capacidades de los ciudadanos para exigir, demandar y decidir sobre la vida pública, es muy posible que sigamos con una democracia precaria. Hay reformas en torno a este asunto, pero, en algunos casos, son cosméticas o simplemente se incurrió en la simulación. Es fundamental reforzar la participación ciudadana.

Sin duda alguna, el triunfo rotundo de Morena ha generado, en buena parte de la población, un sentimiento de esperanza de que las cosas pueden cambiar. El mandato de las urnas fue muy claro, ahora hay que seguir con mucho detenimiento los pasos que vaya dando el nuevo gobierno.

 

[*] Es académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Es licenciado en Sociología por la Universidad de Guadalajara y en Filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac. Tiene una maestría en Impactos Territoriales de la Globalización por la Universidad Internacional de Andalucía y es doctor en Estudios Científico–Sociales por el ITESO. Es profesor invitado en la Universidad Iberoamericana León. Colabora semanalmente en Zona 3, Radio Metrópoli, Ocho tv, Imagen San Luis Potosí, Megacable y como articulista en el Semanario de Guadalajara, la Méndiga Política y en las revistas El Puente y Christus. Correo electrónico: jerqmex@hotmail.com

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