La economía mexicana en tiempos de López Obrador

Luis Ignacio Román Morales[*]

Resumen: el artículo aborda algunas de las posibles estrategias económicas que podrían caracterizar la administración de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de México. Se plantea la paradoja de llagar al poder con una significativa fuerza política, derivada del resultado electoral del 1 de julio, pero con una igualmente significativa debilidad económica, ante la concentración del poder privado en el país. Ante este escenario, se abordan cinco posibles ejes de política, en materia de: austeridad gubernamental, crecimiento económico, empleo y salarios, política social, financiera y de relaciones económicas con el exterior, particularmente con Estados Unidos.
Palabras clave: estrategia socioeconómica, López Obrador, elecciones, política económica.

Abstract: The article addresses some of the economic strategies that might characterize Andrés Manuel López Obrador’s presidential term. It looks at the paradox of assuming office with considerable political strength, on the heels of the electoral landslide of July 1st, but with an equally considerable economic weakness, given the concentration of power in the country’s private sector. This scenario suggests five possible policy thrusts: government austerity, economic growth, jobs and wages, social financial policy, and foreign economic relations, in particular with the United States.
Key words: socioeconomic strategy, López Obrador, elections, economic policy.

 

¿México es un país de 130 millones de habitantes o de 52 empresarios? He ahí el dilema.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO en lo sucesivo) refirió reiteradamente la necesidad de un cambio de raíz, de un cambio radical. En contraste, durante las primeras semanas posteriores a su victoria electoral, los empresarios se han congratulado de que no haya propuestas ni actitudes radicales por parte del virtual presidente electo.

No es para menos, la historia política de las candidaturas presidenciales de Cuauhtémoc Cárdenas y de Andrés Manuel López Obrador han estados cubiertas de descalificaciones (sobre todo para este último)
y de la siembra de temores con respecto a su eventual llegada a la presidencia. San Juan Victoria señala: “Según la crítica ilustrada y liberal, AMLO, el mesías tropical, excita a las bajas pasiones de las masas peligrosas, incultas, atrapadas en un pasado ya muerto, y los orienta en su sed de poder absoluto hacia la destrucción de la representación moderna”.[1]

De parte de AMLO, las críticas verbales también han sido significativas: desde el “cállate chachalaca”, dirigido hacia Vicente Fox cuando él era presidente de la república, hasta la expresión “mafia del poder”, dirigida a la oligarquía mexicana, pasando por “al diablo con las instituciones”, expresión referida al uso discrecional del poder institucionalizado en favor de los grupos que detentan el poder económico y político. La retórica de AMLO reflejaba un profundo rechazo al sistema político–económico imperante.

El primero de julio de 2018, AMLO venció con más de 30 millones de votos, equivalentes a 55% de la votación válida (votación total menos votos anulados, los otorgados a Margarita Zavala y los asignados a “otros candidatos” —no registrados—); antes de esta elección, ningún candidato había alcanzado 20 millones de votos. Tal resultado le otorga, al nuevo presidente, una legitimidad inédita: el respaldo no solo se traduce en la obtención de la presidencia de la república sino en que la coalición que encabezó, Juntos Haremos Historia —integrada por los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES)—, obtuvo la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, más de 300 diputados y cerca de 70 senadores.[2]

Tal coalición también logró la mayoría absoluta en cuanto menos 18 congresos locales, lo que le otorga la posibilidad de que le sean aprobados cambios constitucionales federales si lograra obtener mayorías calificadas en votaciones del Congreso de la Unión (diputados federales y senadores). Adicionalmente, triunfó en cinco de las nueve elecciones que se efectuaron para elegir gobernador y en ayuntamientos y alcaldías clave, incluidas 12 de las 16 delegaciones de la Ciudad de México; municipios centrales del Estado de México, como la capital (Toluca), el municipio más poblado (Ecatepec) y los más industrializados (Naucalpan y Tlalnepantla); ciudades turísticas relevantes, como Acapulco, Puerto Juárez (Cancún), La Paz y Los Cabos; fronterizas, como Ciudad Juárez y Piedras Negras; el principal puerto al océano pacífico, Manzanillo; diversas capitales, además de Toluca y La Paz, como Villahermosa, Tuxtla Gutiérrez, Culiacán, Oaxaca, Hermosillo, Cuernavaca, Zacatecas, etcétera.

Lo anterior no implica que el gobierno de López Obrador carezca de contrapoderes significativos sino que estos no se encuentran solo en los poderes políticos formales, en donde la oposición estará fuertemente debilitada al nivel del Congresos de la Unión sino a nivel de los gobiernos estatales y municipales, así como fuera de dichos poderes, especialmente en el entorno del poder económico.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) continuará como la entidad que detenta más gubernaturas, 12; seguido por el Partido Acción Nacional (PAN), 11; Morena, 5; Partido de Revolución Democrática (PRD), dos; Movimiento Ciudadano (MC) e independientes, una cada uno. De los 24 estados con más de mil municipios en que se efectuaron comicios, dos fueron para el PAN y la coalición que tuvo con el PRD y MC; venció en 410; el PRI (solo y en alianzas), en 365; y Morena, en 303. En otros términos, el poder territorial se encontrará repartido.

El PRI continuará predominando en las zonas rurales, pero perderá gran parte de su presencia urbana. La única capital en que triunfó fue Saltillo, así como en algunas zonas populosas colindantes con la Ciudad de México, como Chimalhuacán e Ixtapaluca.

La alianza PAN / PRD / MC manifiesta su fuerza principal en el centro del país: particularmente MC en Jalisco, el PAN en Guanajuato (única entidad en que el candidato presidencial del PAN superó a López Obrador); y junto con el PRD, en algunas demarcaciones de la Ciudad de México (Coyoacán, Venustiano Carranza, Benito Juárez, etcétera) y municipios conurbados (como Ciudad Netzahualcóyotl y Huixquilucan). Este frente también logró vencer en algunas ciudades capitales y áreas metropolitanas, particularmente importantes como Guadalajara, Monterrey, León, Querétaro, Irapuato y Mérida.

En cuanto al contrapeso empresarial, la concentración del ingreso y de la riqueza le otorga, a quienes detentan el mayor poder económico, la posibilidad de modificar súbitamente el entorno, principalmente en los mercados bursátiles y cambiarios. Un derrumbe en la bolsa de valores o en la paridad del peso sería sinónimo de una crisis de gran envergadura.

En consecuencia, el nuevo gobierno mexicano se encuentra en una situación paradójica: cuenta con una enorme fortaleza y respaldo político, al tiempo que se ubica en una situación económica vulnerable. Por una parte, de manera independiente a de su estrategia de desarrollo económico, debe de mantener una relación cordial con los grandes empresarios con el fin de evitar una desestabilización económica y, por otra parte, requiere enfrentar los grandes intereses económicos, para obtener los recursos que permitan reactivar el papel económico del estado, contribuir a una mejor distribución del ingreso y la riqueza, regular la actividad económica para equilibrar el papel de la mayor parte de las micro, pequeñas y medianas empresas frente a los grandes corporativos, así como para procurar un desarrollo sustentable.

El arbitraje entre “cordialidad” y primacía del interés público sobre el privado, dicho en otros términos, entre continuidad y cambio, implica caminar al filo de la navaja. Es claro que no hacer cambios sustantivos en la estrategia económica permitiría el apoyo de los grandes capitales, pero también implicaría mantener la inercia de polarización económica y social, lo que, a su vez, generaría un mayor descontento social, alimentado con la frustración social de haber optado por un rumbo económico distinto y no verlo en la práctica. De generarse tal situación, difícilmente podría garantizarse la estabilidad política y legitimidad del nuevo gobierno, lo que —en un entorno de debilidad de la oposición— podría generar un entorno aún más grave y caótico que el actual.

La moneda está en el aire y lo seguirá estando al menos hasta el momento en que el nuevo presidente se haga cargo de la chequera del país.

La plataforma electoral de la coalición Juntos Haremos Historia (en lo sucesivo, Plataforma) se plantea como objetivo “generar políticas públicas que permitan al país romper la inercia de bajo crecimiento económico, incremento de la desigualdad social y económica y pérdida de bienestar para las familias mexicanas”.[3] Se advierte pues, una búsqueda de atención a los problemas productivos y distributivos, sin efectuar referencia específica al funcionamiento de los mercados. Los principales problemas nacionales que advierte el documento son la corrupción, el estancamiento, la desigualdad y el deterioro.

En materia de legalidad y lucha frente a la corrupción, se plantean los siguientes ejes:

  1. Una reorganización gubernamental que impida el mal uso de los recursos públicos.
  2. En materia de lucha contra la pobreza, la recuperación de un enfoque de derechos sociales (alimentación, educación, salud, trabajo, vivienda digna, cultura y deporte).
  3. Recuperación de la paz.
  4. Viabilidad financiera y austeridad (sin aumentos ni nuevos impuestos y sin endeudamiento para financiar gasto corriente). En este aspecto vale mencionar la aceptación tácita del primer postulado del Consenso de Washington, relativo al cuidado de los “equilibrios macroeconómicos”, en especial en lo relativo al equilibrio fiscal. En contraste, se expresa una reorientación de presupuesto públicos hacia la inversión y los programas sociales.
  5. Equidad de género, étnica y desarrollo sostenible.

En el plano económico, los puntos clave son los siguientes:

1. La política de austeridad hacia altos funcionarios. La Plataforma y diversos mensajes reiterados de AMLO, refieren como prioritaria la reducción de los gastos ostentosos y las percepciones económicas de los más altos niveles gobierno. Después de las elecciones, propuso un salario máximo de $108,000 pesos mensuales para el presidente de la república (equivalente a $6,000 dólares), mismo que fungiría como tope para todas las remuneraciones del poder ejecutivo federal. En ese mismo tenor, van la reducción de prestaciones para tales funcionarios, la eliminación del Estado Mayor Presidencial, de la mayor parte de las aeronaves al servicio de los funcionarios, de los seguros de gastos médicos mayores, de la pensión especial para expresidentes y de la residencia oficial de Los Pinos, así como la no renovación de la flota de automóviles, los ahorros en telefonía celular, mobiliarios, etcétera.

¿Es económicamente significativo el ahorro que pueda generarse? Tomemos como referencia el gasto previsto para 2018 de la Oficina de la Presidencia de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación: $1,797.4, millones de pesos. Tal monto solo representa 0.04% del monto presupuestal total distribuible por ramos. Por mucho que se pudiera reducir el gasto directo de la oficina de la presidencial, el monto ahorrado no impactaría mayormente al conjunto del presupuesto. ¿Ello significa que las medidas de austeridad son intrascendentes? No. El planteamiento de una ley de salarios máximos impactaría no solo al gasto de la presidencia sino al de todas las dependencias públicas. Por otra parte, la lógica de la austeridad hacia los altos mandos rompe con los supuestos no demostrados de que a mayor salario, había funcionaros más preparados y menos proclives a la corrupción. En lugar de ellos, se establecería la idea de que los altos funcionarios asumirían sus quehaceres en función de su identificación con el interés público, con su identificación con el país, y no con el beneficio privado, salarial u otros, que le proporcione el asumir un alto cargo. De ser así, la toma de decisiones podría asociarse, mayormente, con el auténtico interés público. En otros términos, la austeridad gubernamental reduciría la propensión al manejo corrupto de los espacios de poder y de las decisiones de gobierno.

2. Crecimiento económico. En materia de crecimiento, el nuevo gobierno plantea un repunte significativo de la inversión pública, especialmente en materia energética, de infraestructura económica en general y apoyo al campo, en particular para la producción de básicos.

En materia energética, se busca revertir el declive de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la producción de petroquímicos, por lo cual se ha anunciado una fuerte inversión para reactivar las seis refinerías existentes y la construcción de dos más. Lo anterior implica reducir la vulnerabilidad del país en materia energética, al tiempo que se desarrolla la infraestructura de transición hacia la diversificación de las fuentes de energía, principalmente la eólica y la solar.

En el plano agropecuario se pretende la reducción de la dependencia que tiene México de las importaciones de los principales productos agrícolas de consumo básico, especialmente en cereales (arroz, maíz y trigo).

La estrategia de crecimiento implica la definición de una política industrial que priorice sectores, a diferencia de una lógica de libre mercado, en la que la orientación sectorial depende del libre juego de las fuerzas del mercado. En términos de la disyuntiva en el uso de recursos, cabría preguntarse sobre la jerarquía de prioridades entre la asignación de recursos públicos para el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México o para la construcción y reactivación de la refinerías o bien en un segundo caso, sobre el uso de la frontera agrícola para producir cultivos de exportación tales como las frutillas (berries), el aguacate o los frutos tropicales, o en lugar de ello, para producir los productos esenciales para la alimentación nacional (maíz, frijol, arroz, trigo).

3. Empleo y política salarial. En la antigua estrategia de sustitución de importaciones, que predominó desde fines de la década de los años treinta hasta finales de la década de los años setenta del siglo XX, la mejora en el poder adquisitivo de los asalariados era clave para mantener el crecimiento económico, fuera por la vía del crecimiento en el número de asalariados, o por el aumento de los salarios reales. A mayor capacidad de compra de los asalariados, el mercado de bienes y servicios se expande y con ello el conjunto de la economía.

A partir de la década de los años ochenta, el salario se interpretó de manera opuesta: el salario es un costo de producción y su aumento implica un desincentivo para la inversión, al tiempo que genera un poder de compra no sustentado en una producción previa, por lo que provoca inflación. En la primera interpretación, la mejora en el poder adquisitivo de los asalariados es una fuente de mejora económica, en la segunda, de deterioro. Para el desarrollo de la primera perspectiva, se requería que los trabajadores adquirieran productos fabricados localmente; para la segunda, lo que importa es producir para los mercados globales, y con las divisas obtenidas se adquieren, en el resto del mundo, los bienes que consumimos.

La estrategia, basada en la internacionalización de la economía mexicana, se ha acompañado de una creciente polarización interna, tanto en la distribución del ingreso y del patrimonio de los hogares, como de la concentración del mercado en favor de un grupo selecto de empresas exportadoras y pequeños nichos de integración de empresas pequeñas y medianas altamente capitalizadas, sobre todo en áreas de alta tecnología. Sin embargo, la inmensa mayoría de los empleos y las empresas se ubican, crecientemente, en bajos rangos de ingresos laborales y en micro y pequeñas empresas.

Lo anterior implica la redefinición de la política salarial en la nueva administración. Esta puede ser poco o muy significativa, más allá del monto que se establezca para el salario mínimo general. Para los años 2017 y 2018, los incrementos a los salarios mínimos generales se asignaron con dos criterios complementarios: por una parte, se otorgaron aumentos de alrededor de 4% en cada año (en conjunto, inferiores a la inflación) y, por otra, se fijó para cada año un incremento de cinco pesos diarios —denominado Monto Independiente de Recuperación (MIR)—. Tal división implicó que los salarios superiores al mínimo general, comenzando por los salarios mínimos profesionales, no aumentasen más que en función del incremento fijado en porcentaje y no por el MIR, de modo tal que, por ejemplo, un oficial de albañilería tuvo un incremento inferior a la propia inflación y por consiguiente un deterioro en su poder de compra. El objetivo del MIR implicó que los incrementos reales al salario mínimo general no se propagaran a los trabajadores con ingresos mayores, lo que a su vez se tradujo en una reconcentración del empleo en los rangos más bajos de ingreso, especialmente entre uno y tres salarios mínimos. De continuarse con la misma estrategia, se mantendría un comportamiento paradójico de mejora en el poder de compra de quienes, estrictamente, perciben el salario mínimo general, acompañado de un deterioro de la gran mayoría de los asalariados.

Si realmente se pretende relanzar al mercado interno por la vía del poder adquisitivo de los asalariados, se requeriría no solo una política de incremento de los mínimos generales sino la mejora gradual en el poder de compra de al menos el conjunto de los trabajadores que perciban de uno a tres salarios mínimos (en el 2018, de entre $2,600 y $7,800 pesos mensuales).

4. Política social con perspectiva de derechos. Desde que se presentaron los resultados de la elección del pasado 1 de julio, AMLO refirió el aumento al doble de las pensiones federales para adultos mayores, para igualarlas a las de la Ciudad de México, así como la inclusión de personas con discapacidad. Asimismo, adelantó el diseño de una estrategia de apoyo a la población indígena y otra de apoyo a los jóvenes, en materia de educación y empleo.

A reserva de que los programas sociales sean precisados, perece haber un enfoque de derechos que no se restringe al mero asistencialismo que conduce al clientelismo y al uso partidista de los recursos. Sin embargo, el desarrollo de la política social se enfrentará a la auténtica disponibilidad de recursos, a los intereses corporativos para su asignación y a las trabas institucionales que implican la existencia de estructuras tan heterogéneas como la existente en términos de salud y seguridad social.

5. Conservadurismo financiero: finanzas sanas, autonomía del Banco de México. Entre las posturas predominantes de la plataforma de AMLO, Morena y Juntos Haremos Historia, se encuentra una lógica de continuidad en los aspectos financieros–macroeconómicos clave, como lo son el equilibrio fiscal y la autonomía del Banco de México.

El equilibrio fiscal es el primer precepto del denominado Consenso de Washington (coloquialmente referido cono neoliberalismo) y plantea que el estado no gaste más de lo que ingresa. En términos generales, en México esto se ha traducido en el denominado superávit financiero primario, es decir en el hecho de que el estado ingrese más de lo que gasta antes de considerar el pago de la deuda pública. Pongamos por caso una persona que gana $10,000 pesos mensuales y que gasta $9,000, pero debe de pagar mensualmente $2,000 para la tarjeta de crédito. Aunque gaste menos de lo que ingresa, está cada vez más endeudada. ¿Se vale entonces el endeudamiento? El debate económico se basa en los beneficios que puede generar este. Si se dedica a gasto de inversión y puede generar una rentabilidad posterior, la deuda de hoy puede ser un beneficio para mañana. En ese sentido, la lógica propuesta por AMLO implica el no endeudamiento para gasto corriente, pero no se menciona que no lo habrá para gasto de inversión.

En todo caso, la estabilidad financiera es un asunto crítico para la nueva administración, pues la deuda pública interna del sector público es de 6.8 billones de pesos (millones de millones) al mes de mayo del 2018, en tanto que la deuda externa es de 201.7 miles de millones de dólares.[4] Si la deuda es creciente tanto por los empréstitos, como por las colocaciones de bonos públicos y el aumento en las tasas de interés, el gasto dedicado al pago de tales deudas se irá “comiendo” al dinero disponible tanto para el gasto económico como para el social. Asimismo, la acumulación de deuda para el pago de la seguridad social, especialmente de jubilaciones, también agravará la deuda interna. En conjunto, el dilema es cómo impulsar tanto el gasto de inversión como el cumplimiento de los derechos sociales y la sostenibilidad con una disponibilidad decreciente de recursos y la promesa de que no habrá aumento de impuestos ni la instauración de nuevos.

La respuesta no está dada, pero es previsible pensar que el no aumento o fijación de nuevos impuestos sí vaya acompañado de un aumento en la recaudación fiscal, principalmente por medio de la eliminación de exoneraciones y reducciones fiscales discrecionales. Ello implicaría, por la vía de los hechos, en el cobro real de los impuestos, que los grandes corporativos y otros grupos de poder económico deben pagar. De ser así, es previsible la generación de una fuerte tensión entre los grupos empresariales y el gobierno. En caso de que, efectivamente, se generen los recursos adecuados, las propuestas económicas y sociales de AMLO son viables, pero en caso contrario la estrategia económica podría tender a reproducir en lo fundamental las inercias de los gobiernos precedentes.

En el caso del Banco de México, se presenta una situación igualmente compleja. En la ortodoxia economía, principalmente a partir del monetarismo, la Banca Central tiene como única función la estabilidad de precios y se considera que la inflación es un fenómeno monetario. Por consiguiente, el Banco de México tendría como único fin el evitar que la demanda de bienes y servicios se expanda más allá de lo que lo hace la producción, con el fin de evitar el aumento de precios. ¿Cómo evitar el aumento de la demanda? Incidiendo sobre las tasas de interés y la cantidad de dinero. A mayor tasa de interés, sale más caro pedir prestado y por ende gastar, del mismo modo que es un incentivo para el ahorro en lugar del consumo. Entre más dinero emita la banca, más bienes se demandarán, pero si la producción de estos no aumenta proporcionalmente, los mismos bienes serán más caros. Bajo tal perspectiva, el Banco Central debe ser autónomo y tiene prohibido prestarle al gobierno.

AMLO ha prometido respetar la autonomía del Banco de México, lo que implica que los funcionarios de esta institución mantengan el control del dinero y, por ende, de los grupos financieros que integran su consejo de administración. Sin una incidencia real en el manejo de la moneda, se estrecha, enormemente, el margen de maniobra para que el gobierno cumpla con sus fines, pues los grandes grupos de poder económicos, especialmente del poder financiero, impulsan estrategias monetarias orientadas a la rentabilidad de la inversión, no al uso de los recursos financieros orientados a una mayor equidad social o a la sostenibilidad ambiental o social. Una posibilidad de compaginar la autonomía de la banca central con un uso alternativo de los recursos, sería el integrar al Banco de México, como ocurre en Estados Unidos y en Europa, objetivos no solo de estabilidad de precios sino de crecimiento y sostenibilidad, integrando la participación de agentes no solo financieros a la toma de decisiones.

6. La relación con Estados Unidos: No te pongas con Sansón a las patadas. En julio pasado, se reestablecieron las negociaciones para la segunda versión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la moneda está en el aire. La perspectiva delineada por AMLO ha implicado dos aspectos no necesariamente complementarios.

Por una parte, durante su campaña, y sobre todo después de vencer en los comicios, AMLO ha propuesto una estrategia de negociación integral que no solo incluya comercio e inversión sino migración y cooperación para el desarrollo, integrando, igualmente, el apoyo para las economías centroamericanas. La idea es que, si el gobierno norteamericano no quiere tener más migrantes indocumentados provenientes de México y Centroamérica, se requeriría la construcción de condiciones, en el conjunto de la región, que no obliguen a mexicanos y centroamericanos a migrar hacia Estados Unidos en búsqueda de empleo.

Sin embargo, en la negociación específica del TLCAN parece haber otra visión. En materia comercial, no parece haber visiones fuertemente contrapuestas entre la postura del nuevo gobierno y la del equipo negociador de Peña Nieto, con excepción de algunos puntos clave, como son las reglas de origen de la industria automotriz y la pretensión norteamericana de que México aumente sus salarios en las industrias de exportación.

En el primer aspecto, que parece ser la llave de la negociación, la perspectiva que hasta ahora ha tenido México es la de ensamblar vehículos con el fin de exportarlos. Ahora, Estados Unidos busca recuperar la integración de cadenas de producción local, incluyendo al acero y al aluminio, frente a lo que considera competencia desleal extranjera. En cuanto a los salarios, la productividad física por trabajador de la industria automotriz de México es similar a la norteamericana, pero en condiciones de pago al trabajador, es significativamente menor.

¿Es posible mantener la inversión extranjera, especialmente norteamericana, bajo condiciones laborales y de mayor integración de cadenas de valor en México? De tener una respuesta negativa, aunque el gobierno norteamericano cediera a lo que hasta ahora ha sido la propuesta mexicana, México profundizaría aún más una estructura maquiladora, con bajas remuneraciones y una inversión extranjera altamente dependiente de los subsidios y privilegios que le otorgue el gobierno. En caso contrario, México podría generar estrategias alternativas de diversificación de producción, mercados e investigación investigación y desarrollo.

Estados Unidos cuenta con grandes recursos para hacer presión sobre México: los aranceles (como los fijados al acero y al aluminio); su propia reforma fiscal, que alimenta la fuga de divisas de México hacia el vecino del norte; la represión anti–inmigratoria (expresada en la separación de familias, el fin del DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) o la construcción del muro fronterizo), así como la propia dependencia mexicana de las importaciones norteamericanas, de su saldo comercial superavitario (que permite el déficit comercial mexicano con el resto del mundo) y de la gran importancia de las remesas de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, que implican un ingreso de divisas que se aproxima a los 30,000 millones de dólares anuales.

Bajo tales condiciones, la salida mexicana debe implicar una reducción de su dependencia ante Estados Unidos, lo que pasa tanto por un reforzamiento del mercado interno nacional, como por una diversificación del internacional, principalmente en materia exportadora.

 

Conclusión

El panorama sigue siendo incierto, la postura del nuevo gobierno mexicano aún no es suficientemente clara y parece centrarse en un pragmatismo que pretende hacer modificaciones sustantivas, pero sin entrar en confrontaciones mayores con los grupos empresariales no con la administración estadounidense.

En caso de que AMLO, realmente, procure los cambios de raíz que ha pretendido, en materia redistributiva, de eliminación de la corrupción, crecimiento económico, sustentabilidad y empleo, tendría que enfrentar juegos de interés económico con enorme poder que, en caso de verse amenazados, podrían implicar un fuerte golpe productivo y, sobre todo, financiero al país.

En caso de que AMLO privilegiara la buena relación con tales grupos de poder, se reducirían significativamente las posibilidades de financiamiento para establecer cambios mayores, la redistribución de los recursos públicos en favor de las empresas más pequeñas y de los hogares con mayores carencias, así como del establecimiento de regulaciones que condujeran a una política industrial definida. De ser el caso, el gobierno mantendría fuertes elementos inerciales con respecto a sus predecesores.

En suma, México se encontrará ante un intenso proceso de negociación y de definiciones políticas sociales y económicas.

[*]. Profesor del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) desde 1997 y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SIN) desde 1999. Economista por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); D.E: A y Doctorado por las universidades de París X y VII, respectivamente. Principalmente, se orienta al estudio de problemas de empleo, coyuntura económica y estrategias de desarrollo. Correo electrónico: iroman@iteso.mx

[1].     San Juan Victoria, Carlos. “¿Qué sigue en México? Cinco puntos sobre el horizonte que se abre”, ALAI, América Latina en Movimiento, 12 de julio de 20018. Recuperado el 27 de agosto de 20018, de https://www.alainet.org/es/articulo/194063

[2].    Al momento de la entrega de este artículo, aún no estaba determinada la asignación final de las diputaciones y senadurías plurinominales.

[3].    Instituto Nacional Electoral (INE). Juntos Haremos Historia (PT–Morena–Encuentro Social). Recuperado el 27 de agosto de 2018, de http://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/convenios-de-coalicion/

[4].    Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública, enero–mayo de 2018.

 

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