#NoSonTresSomosTodos: jóvenes, las principales víctimas de desaparición en México

Darwin Franco Migues[*]

 

Resumen: 42% de todos los desaparecidos en el país son jóvenes de entre los 14 y 29 años de edad. En México, oficialmente, se reconoce la existencia de 36 mil 265 personas desaparecidas;[1] de estas, 15 mil 445 son jóvenes a los que se les desaparece, principalmente, por motivos económicos, ya que muchos están siendo utilizados por el crimen organizado en trabajos forzados de diversa índole. En este texto, se exploran algunas de estas causas, teniendo como centro la desaparición de los estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV) y el contexto de la desaparición de jóvenes en Jalisco.
Palabras clave: desaparición, desaparición forzada, jóvenes, violencia y narcotráfico.

Abstract: 42% of the forced disappearances in the country are young people between the ages of 14 and 29. In Mexico, official figures recognize the existence of 36,265 people who have been forcibly disappeared; of these, 15,445 are young people, disappeared primarily for economic reasons, many being used as forced labor by organized crime. This text explores some of the causes, with a focus on the disappearance of the students from the Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV) and the overall context of the disappearance of young people in Jalisco.
Key words: disappearance, forced disappearance, young people, violence and drug trafficking.

 

Javier Salomón Aceves Gastélum (27 años), Marco Francisco García Ávalos (20 años) y Jesús Daniel Díaz García (20 años), todos estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV) fueron desaparecidos el 19 de marzo de 2018 en el municipio de Tonalá, Jalisco. Su desaparición generó una serie de inéditas manifestaciones en Jalisco (12 marchas en un lapso de 27 días), lo cual propició que la sociedad civil se apropiara y rebautizara la Glorieta de los Niños Héroes[2] como la Glorieta de las y los Desaparecidos de Jalisco.

La desaparición de estos tres jóvenes colocó, nuevamente en la escena mediática y periodística nacional, a los jóvenes como la principal víctima de desaparición, lo cual no se había manifestado con tanta fuerza desde la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, Guerrero.

Las manifestaciones generadas tras la desaparición de los tres estudiantes del CAAV generaron una consigna específica #NoSonTresSomosTodos, frase icónica con la que miles de jóvenes se reconocieron quizá por vez primera como posibles víctimas de una desaparición, y mediante la cual expresaron que los tres jóvenes cineastas representaban apenas una parte de los miles de jóvenes que, como ellos, no han logrado regresar a casa con sus seres queridos.

Cuando los ánimos de exigencia de justicia y aparición con vida se encontraban en su punto más álgido, la Fiscalía General de Jalisco, el 23 de abril de 2018, ofreció una rueda de prensa que resultó ser lapidaria para las esperanzas de todos aquellos que salieron a las calles a exigir la localización de Javier Salomón, Marco Francisco y Jesús Daniel, ya que en esa primer comunicación oficial tras la desaparición de los estudiantes, se aseguró, sin pruebas científicas concluyentes, que estos habían sido asesinados por integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que sus cuerpos habían sido disueltos en ácido para borrar la evidencia del crimen.

La autoridad aseguró que había llegado a tales inferencias a través de 400 entrevistas, 15 cateos en diversos domicilios y la confesión directa de dos de los ocho responsables de los hechos;[3] la Fiscalía General de Jalisco aseguró que la desaparición de los jóvenes sucedió debido a una confusión, pues el lugar en donde estos realizaban una filmación escolar, el día de su desaparición, había fungido como casa de seguridad del Cártel de la Nueva Plaza (grupo que se creó tras una escisión del CJNG en la zona), específicamente de Diego Gabriel Mejía Oliden, detenido el 15 de julio de 2015 tras habérsele localizado, en ese domicilio, armas y droga.

A pesar de este hecho, el domicilio no fue incautado o asegurado por la autoridad, pues en 2016 fungió como domicilio del Centro Especializado en Conductas y Adicciones para Jóvenes y Adolescentes (CECAAJ), tal y como puede apreciarse en su página de Facebook,[4] en la cual aparece poca información sobre este centro; sin embargo, su dirección y las fotografías colocadas ahí coinciden con lo presentado en las indagatorias de la Fiscalía General de Jalisco.

Este domicilio, a decir de la autoridad, era propiedad de Mejía Oliden, sin embargo, este utilizaba prestanombres para acreditar la propiedad; uno de ellos era Edna, tía de Javier Salomón Aceves Gastélum, hoy detenida y consignada por lenocinio tras haberse comprobado la existencia de este delito en las estéticas masculinas de las que esta era dueña o administradora. La Fiscalía aseguró que algunas de estas estéticas eran propiedad de la pareja sentimental de Mejía Oliden.

Edna fue quien había facilitado a los estudiantes del CAAV el domicilio para grabar su tarea escolar; sin embargo, los estudiantes desconocían que este estaba siendo vigilado por integrantes del CJNG, quienes pensaban que Mejía Oliden podría regresar ahí; no obstante, la Fiscalía, específicamente, señaló que era un domicilio vigilado y que los estudiantes tuvieron la mala fortuna de encontrarse en un lugar de “alto riesgo”.

Cuando los estudiantes salieron de este sitio, se trasladaron por el nuevo Periférico Oriente, entre el kilómetro 19 y 20, uno de los vehículos en los que viajaban tuvo una avería, lo que provocó que los estudiantes se detuvieran a un costado del camino; ahí fueron interceptados por sus captores, quienes luego se someterlos a todos, solo se llevaron a Javier Salomón, Marco Francisco y Jesús Daniel.

Los tres jóvenes, según confesaron los detenidos Gerardo N. y Omar N., fueron trasladados a una casa de seguridad ubicada en la calle Lechuza, en la colonia Pinar de Las Palomas en Tonalá, donde fueron golpeados y torturados para obtener información del por qué estaban en el primer domicilio y qué información tenían de sus rivales. Ninguno de los jóvenes tenía vinculación con la delincuencia.

En esa casa de seguridad, los estudiantes fueron golpeados, razón por la cual se encontraron allí rastros hemáticos que resultaron positivos con la información genética de Marco Francisco, Jesús Daniel y Javier Salomón. Los hoy procesados por el delito de privación de la libertad (no por el de desaparición) también confesaron que de ese lugar los estudiantes fueron trasladados a una segunda casa de seguridad ubicada en Amapola, colonia Rancho de la Cruz, también en Tonalá, donde, aparentemente, fueron asesinados y sus cuerpos disueltos en ácido.

En dicho lugar, la Fiscalía aseguró haber localizado 46 tinacos y 56 litros de ácido sulfúrico, comúnmente utilizado por la delincuencia para disolver cadáveres; sin embargo, esta instancia no presentó los resultados de los análisis forenses realizados a los restos biológicos localizados en dichos tinacos o en las tuberías del domicilio; sus “inferencias lógicas”, basadas en la declaración de los detenidos y en los hallazgos localizados en el lugar, les hizo concluir que los estudiantes pudieron tener este triste final, así lo precisó Elizabeth Torres, encargada de la investigación.

Lo cierto es que, hasta la redacción de este texto,[5] no se han presentado los resultados de las confrontas entre el material genético localizado en los tinacos donde aseguraron existían restos humanos en estado graso y las muestras de ADN otorgadas por las familias de los estudiantes. La aseveración de que los cuerpos de los estudiantes fueron disueltos en ácido sigue siendo algo que la Fiscalía General de Jalisco no ha logrado sostener científicamente, aunque sí logró, de manera efectiva, colocar en el espacio público–mediático una narrativa en donde “los estudiantes fueron privados de su libertad con la finalidad de quitarles la vida para posteriormente disolver sus cuerpos en ácido”.

Tras la difusión y publicación de esta verdad histórica se desarticuló, paulatinamente, la protesta social, a tal punto que hoy, en el imaginario social, se comparte la idea de que los tres jóvenes no están desaparecidos sino muertos. Sus familias, sin embargo, insisten en que no aceptarán la versión de las autoridades en tanto estas no presenten todas las pruebas forenses que les permitan saber que, en efecto, la vida de sus hijos fue totalmente desaparecida tras la acción criminal.

¿Es posible que un grupo de la delincuencia organizada pueda en Jalisco desaparecer, asesinar y exterminar todo el rastro de humanidad de una persona en total impunidad? Sí, es posible, y es algo que hemos padecido en más de una ocasión desde que el Cártel de Jalisco Nueva Generación surgió en el año 2007; sin embargo, afirmar que esto fue lo que les ocurrió a Javier Salomón Aceves Gastélum, Marco Francisco García Ávalos y Jesús Daniel Díaz García, estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales, desaparecidos desde el 19 de marzo, no resulta creíble porque los resultados de las investigaciones presentadas por la Fiscalía General de Jalisco, a más de un mes de la desaparición, se sustentaron en “inferencias lógicas”, pero no en pruebas científicas que permitan tener certeza de que los cuerpos de los jóvenes fueron disueltos en ácido el mismo día en que sucedió su desaparición.

La desaparición de Javier Salomón, Marco Francisco y Jesús Daniel es, lamentablemente, uno de los tantos casos de desaparición que ocurren en Jalisco. De hecho, durante el mes en que estos fueron desaparecidos, en la Fiscalía General de Jalisco se presentaron 383 denuncias por desaparición,[6] las cuales no solo siguen impunes sino que se ignora el paradero de los desaparecidos por las pocas o nulas acciones de búsqueda que la autoridad realiza para encontrarlos.

 

  1. Ser joven y desaparecer en México

En México, oficialmente, se reconoce la existencia de 36,265 personas desaparecidas, de las que 15,445 son jóvenes; esto significa que 42% de todos los desaparecidos del país tienen entre 14 y 29 años. De estos jóvenes desaparecidos, 10,104 son hombres y 5,341 mujeres (véase la figura 10.1).

En México, toda una generación nacida entre 1990 y 2014 se ha convertido en la principal víctima de desaparición. Estados como Tamaulipas (2,128 jóvenes desaparecidos), Estado de México (1,763), Jalisco (1,403), Sinaloa (1,324), Nuevo León (1,231), Puebla (1,069) y Chihuahua (923) conjuntan 63% de todas las desapariciones de jóvenes (véase figura 10.2).

Pero, ¿por qué o, mejor dicho, para qué se desaparece a los jóvenes en México? Las aristas no solo son complejas sino también múltiples y dependen de diversos factores como:

  1. La zona en donde ocurre la desaparición.
  2. El género del desaparecido.
  3. Las autoridades que gobiernan en ese estado o municipio.
  4. El grupo de la delincuencia organizada que domina el territorio donde un hombre o mujer joven fueron desaparecidos; no porque los jóvenes tengan vinculación con el narcotráfico sino porque son las actividades delincuenciales del crimen organizado las que generan y propician las desapariciones en la mayoría de los casos con la colusión de las autoridades municipales, estatales y federales.

Buscaré explicar esto en el estado donde he dedicado más de seis años a investigar las desapariciones: Jalisco.[7] Este estado ha estado bajo el dominio y terror del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)[8] desde el año 2007; este grupo criminal —que surgió, creció y se consolidó en plena “guerra contra el narcotráfico”— posee un dominio territorial sectorial, es decir, tiene encargados regionales que realizan no solo las tareas de control sino también las de producción y trasiego de droga, principalmente metanfetamina. Este control incluye tanto la protección del territorio de grupos rivales como las relaciones de colusión y corrupción que se establecen con autoridades estatales y municipales, así como la comisión de delitos como extorsión, desaparición y homicidios.

A lo largo de las 13 regiones geográficas en las que se divide Jalisco, el CJNG ha logrado diversificar tanto sus actividades ilícitas, que la mano de obra que requieren para funcionar como la maquinaria trasnacional que son, resulta incuantificable; ahí es donde existe una explicación del porqué son los jóvenes, más que cualquier otra población, a quienes más se les desaparece; su fuerza laboral es, para esta organización criminal, un bien invaluable que se requiere para:

  1. El funcionamiento de la trata de blanca y el comercio sexual.
  2. La siembra de marihuana y / o amapola.
  3. La producción química de drogas sintéticas.
  4. El trasiego de la droga.
  5. Las labores de sicariato dentro y fuera del territorio dominado.
  6. La extracción ilegal de minerales, principalmente hierro, para ser intercambiados en el mercado negro por los precursores químicos que usan para elaborar metanfetamina.

Existe, sin embargo, una última desaparición que implica la deshumanización del cuerpo y la disolución de la dignidad humana como si se trataran, las y los desaparecidos, de cuerpos desechables en el marco de una “economía de muerte”,[9] donde las personas: “ya no se conciben como seres irreemplazables, inimitables e indivisibles, sino que son reducidas a un conjunto de fuerzas de producción fácilmente sustituibles”,[10] ya sea que se usen como fuerza laboral forzada o estafetas de un mensaje de terror y poder.[11]

A continuación, se presentan algunas historias[12] que dan cuentan y, a la vez confirman la desaparición de jóvenes en Jalisco para el trabajo forzado en el marco de una economía de muerte impulsada por la necropolítica y capitalismo gore.

Juan, de 19 años, es originario de la región serrana de Jalisco. Sus labores cotidianas se dividían entre el negocio familiar y sus estudios, hasta el día en que fue desaparecido, junto con otros jóvenes, en el municipio de San Gabriel. Él permaneció poco más de tres años en grandes sembradíos de amapola que el CJNG posee en la serranía jalisciense hasta el día en que una distracción de sus captores le permitió escapar. Corrió durante tres días, vivió trepado en la copa de un árbol otros dos; tenía miedo de ser descubierto, ya que sabía que la muerte era lo que le esperaba; así les pasó a otros jóvenes que pelearon por su libertad. Hoy, sus cuerpos están en las fosas clandestinas que alguna vez Juan tuvo que cavar para enterrar a quienes, como él, solo fueron desaparecidos para satisfacer la producción de amapola de la organización criminal.

Otra historia de terror fue la que vivió Luis, de 21 años, quien acudió a una cita de trabajo en el municipio de Tala. La falta de oportunidades y recursos lo hizo trasladarse a este municipio para obtener el empleo que le permitiría seguir estudiando. Todo pintaba bien, el empleo era atractivo y se lo habían otorgado; el problema surgió cuando le dijeron que antes de regresar a casa lo llevarían a conocer “la empresa de seguridad”; él aceptó ir, fue ahí cuando se le desapareció.

Estos empleos como guardia de seguridad resultaron ser la fachada para los campos de adiestramiento forzado que el CJNG posee en diversos puntos de Jalisco; ahí llegan decenas de jóvenes para ser entrenados en el manejo de armas y convertirse, así, en la primera línea de choque que el cártel usa en su combate contra grupos enemigos o elementos del estado. La amenaza directa es que si no hacen lo que les dicen, asesinarán a su familia.

Luis sabía que les había entregado todos los datos para localizar a su familia cuando se presentó en “la entrevista de trabajo”. Más de dos años vivió siendo un sicario a las órdenes de la organización criminal; como él, muchos otros jóvenes eran obligados a matar y desaparecer. Sus vidas, para el cártel, eran y son desechables.

La historia de Luis se inscribe en estas lógicas de muerte que Sayak Valencia[13] ha construido para explicar que, hoy en día, México está subsumido en un proceso de narcoempoderamiento donde lo que trasforma todo contexto o situación no es la posibilidad de acción o autopoder sino el alto grado de vulnerabilidad y / o subalternidad que se configura a través de “acciones distópicas y de auto–afirmación perversa logradas por medio de prácticas violentas”.[14] El narco–poder como una de las máximas expresiones de un capitalismo gore donde “la muerte se ha convertido en el negocio más rentable”.[15]

Joaquín, de 18 años, refleja de manera clara este narcoempoderamiento, ya que fue víctima de la barbarie que impera en las lógicas del narco–poder. A él, no se le desapareció para forzarlo a realizar ningún trabajo solo se le desapareció para utilizar su cuerpo como mensaje. Días después de que este y sus compañeros, todos trabajadores de la construcción, fueran desaparecidos de la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan, sus cuerpos torturados fueron hallados sin vida el 24 de noviembre de 2011 debajo de la obra escultórica “Los Arcos del Milenio”, ubicada en la ciudad de Guadalajara. Su desaparición y muerte solo se redujo a ser el medio para que Los Zetas mandaran un mensaje en contra del CJNG.

Esta violencia “fantasmagórica, ilocalizable y difusa”, que opera desde lo que Rossana Reguillo[16] ha denominado la narcomáquina, dispositivo de violencia que apuesta por la disolución de lo humano a través del ejercicio constante del miedo y el terror que se ejerce desde el crimen organizado, es, lamentablemente, una de las constantes que más acecha a los jóvenes tanto en Jalisco como en todo el país.

Juan, Luis y Joaquín son víctimas de esta narcomaquinaria que hace difícil entender el origen real de esta violencia, pues no es posible ejercer el narco–poder, como sostienen Reguillo y Valencia, sin la vinculación o colusión de la maquinaria institucional que, dadas las condiciones históricas de la primera (la narco–máquina), terminan haciendo, casi siempre, nebulosa la diferenciación entre la violencia criminal y la violencia política.[17] Esta narcomaquinaria y su necropolítica no solo definen qué cuerpos son desechables sino también precisan cuáles podrían ser reutilizables y bajo qué condiciones podrían serlo, ya sea para ser el medio de un mensaje de terror o formar parte de la red de trata de personas que, igualmente, es operada por los diversos cárteles del narcotráfico en sus territorios.

Ana, de 16 años, solo fue desaparecida porque “era muy bonita”, eso le dijeron sus captores. Pasó varios meses en casas de seguridad del CJNG para luego ser trasladada a diversos burdeles que el mismo cártel opera. Ana tardó cuatro años para pagar su libertad. En México, existen 9,327 mujeres desaparecidas; 5,341 (57%) son jóvenes que, como Ana, podrían ser una de las 21,000 mujeres que cada año son víctimas de trata.[18]

A manera de conclusión

Las historias aquí descritas, lamentablemente, continúan sucediendo porque esto que pasa en Jalisco forma parte del modus operandi de la mayoría de grupos criminales de México, ya que se integran a las políticas y estrategias económicas trasnacionales de producción y tráfico de drogas en las cuales, como sostiene Valencia,[19] se generan estados de excepción donde el capitalismo gore usa a la violencia como principal articulador del poder y terror causado no solo a los cuerpos violentados sino también sobre todos aquellos que se conciben como posibles mercancías a las cuales se les puede desaparecer y / o asesinar con fines económicos y / o de control territorial.

De ahí, que la desaparición sea un delito que se emplea como una estrategia de terror, pero también como una forma moderna de esclavitud donde los jóvenes son las principales víctimas, ya sea por su fuerza laboral o capacidad de ser moldeable, utilizable y reutilizable en la infinidad de delitos que los cárteles del narcotráfico controlan dentro y fuera de México.

La única posibilidad de cambio para revertir esta brutal situación es la articulación de esfuerzos, pues lo que hombres y mujeres jóvenes están viviendo actualmente en México es un crimen de lesa humanidad que debe ser nombrado y denunciado local, nacional e internacionalmente, porque en tanto no hagamos algo por revertir esta situación, desapariciones como las de Javier Salomón, Marco Francisco, Jesús Daniel Díaz García (estudiantes del CAAV), Juan, Luis, Joaquín y Ana seguirán ocurriendo a la par de las narrativas gubernamentales y mediáticas con las que se intentan minimizar sus desapariciones y criminalizar sus identidades, lo cual eclipsa siempre la figura del narcotráfico como articulador de este delito y la del estado como instancia que, por acción, inacción, colusión u omisión, le permite realizarlo.

 

[*] Es doctor en Educación y maestro en Comunicación Social por la Universidad de Guadalajara. Profesor e investigador del Departamento de Estudios en Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara, profesor del Departamento de Estudios Socioculturales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México. Correo electrónico: micorreoformal@hotmail.com

[1].     Puede consultarse el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas en: https://rnped.segob.gob.mx/

[2].    Esta glorieta está ubicada en los cruces de las avenidas Niños Héroes y Chapultepec. En esa misma glorieta sucedió, en 2013, la primera manifestación de familiares de desaparecidos en Jalisco.

[3].    Hasta el 25 de junio de 2018 había cinco personas detenidas por estos hechos.

[4].    Dicho sitio de Facebook puede consultarse en: https://www.facebook.com/Cecaaj/?ref=page_internal

[5].    26 de junio de 2018.

[6].    Oficio de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de Jalisco: FG / UT / 1035 / 2018.

[7].    Jalisco es cuna del narcotráfico en México, pues aquí surgió durante la década de los años ochenta, uno de los primeros cárteles de la droga, el otrora Cártel de Guadalajara. Jalisco, hasta el 30 de abril de 2018, es el segundo estado en México con mayor número de personas desaparecidas, con 5,728.

[8].    De acuerdo con informes de inteligencia, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene presencia en 22 de los 32 estados de México; además es uno de los principales distribuidores de metanfetaminas en Europa y Asia.

[9].    Mbembe, Achille. Necropolítica, Melusina, Madrid, 2011.

[10].    Ibidem, p.15.

[11].    Tal y como la Fiscalía General de Jalisco buscó establecer en relación con la desaparición de los estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales, CAAV.

[12].    En estas historias los nombres de los jóvenes fueron cambiados por cuestión de confidencialidad y seguridad. Estas entrevistas personales sucedieron entre 2015 y 2017, producto de mi actividad periodístico–académica.

[13].    Valencia, Sayak. Capitalismo gore. Control económico, violencia y narcopoder, Paidós, Barcelona, 2016.

[14].    Ibidem, p.31.

[15].    Ibidem, p.26.

[16].    Reguillo, Rossana. “La narcomáquina y el trabajo de la violencia: Apuntes para su decodificación”, en E–misférica 8.2 #narcomáquina, 2011. Recuperado el 29 de agosto de 2018, de http://hemisphericinstitute.org/hemi/es/e-misferica-82/reguillo

[17].    Robledo, Carolina. “El laberinto de las sombras: desaparecer en el marco de la guerra contra las drogas”, en Estudios Políticos, núm.47, 2015, pp. 89–108.

[18].    Hispanics in Philanthropy (HIP). La trata de personas en México. Una mirada desde las organizaciones civiles. Senado de la República, México, 2017. Recuperado el 29 de agosto, de http://www.senado.gob.mx/comisiones/trata_personas/docs/trata.pdf

[19].    Valencia, Sayak, op. cit.

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