El largo y sinuoso camino de las candidaturas independientes

 

Pedro Mellado*

Muy accidentado, largo y sinuoso es el camino de casi dos siglos que han transitado los ciudadanos mexicanos para aspirar al reconocimiento constitucional de las candidaturas independientes.

Este derecho no estaba explícitamente expresado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se promulgó el lunes 5 de febrero de 1917, aunque de manera implícita, sí estuvo como enunciado, con diferentes grados de restricción, en legislaciones secundarias y en varias etapas de la historia de nuestro país hasta que adquirió rango constitucional en 2012.

Este derecho fue como un río que transitó a través de nuestra historia en diferentes etapas, en ocasiones subterráneo, en otras a flor de tierra.

En el artículo 35 de la Constitución General de la República, publicada en 1917, se advertía que eran prerrogativas del ciudadano: “i.– Votar en las elecciones populares; poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley”.[1]

Nada más decía al respecto nuestra carta magna sobre un derecho ciudadano que fue elevado a rango constitucional hasta el arranque de la segunda década del siglo xxi. Sin embargo, volviendo atrás la mirada, hubo tiempos en los que había que cumplir hasta ciertos requisitos pecuniarios para ser considerado ciudadano en nuestro país.

“Son ciudadanos los mexicanos que hayan cumplido diez y ocho años, siendo casados, y veintiuno si no lo han sido, y que tengan una renta anual de doscientos pesos por lo menos, procedente de capital físico, industrial o trabajo personal honesto”, establecían, en su artículo 18, las Bases Orgánicas de la República Mexicana que entraron en vigor el 2 de junio de 1843, dictadas por la Honorable Junta Legislativa, cuando era “Presidente Provisional de la República Mexicana el Benemérito de la Patria, General de División Antonio López de Santa Anna”, según quedó consignado en los protocolos de la época.

En tanto que, para aspirar a ser diputado en México, era necesario que los ciudadanos tuvieran 30 años cumplidos el día de la elección y “tener una renta anual efectiva de mil doscientos pesos, procedente de capital físico o moral”, precisaba el artículo 26 del referido ordenamiento.

También se regulaba en el artículo 19 de esas Bases Orgánica que “son derechos de los ciudadanos mexicanos el de votar en las elecciones populares, y cuando en ellos concurran los requisitos señalados por las leyes, el ser nombrados para los cargos públicos y los de elección popular”, sin que hubiese referencia específica a alguna restricción que inhibiera las candidaturas independientes.[2]

Solo como dato de contexto, habría que aclarar que, en 1843, el peso mexicano se cotizaba en 97 centavos por cada dólar.

La Ley para la Elección de Poderes Federales del 2 de julio de 1918, promulgada mientras era presidente de la República Venustiano Carranza, también aludía a las candidaturas independientes y refería en su artículo 106 que “los partidos políticos tendrán en las operaciones electorales la intervención que les señale esta ley”.

Agregaba, en su artículo 107, que “los candidatos no dependientes de partidos políticos tendrán los mismos derechos conferidos a los candidatos de estos, siempre que estén apoyados por cincuenta ciudadanos del distrito, que hayan firmado su adhesión voluntaria en acta formal; que tengan un programa político al que deben dar publicidad”. Explicaba el mismo numeral: “Para que un candidato independiente a senador o Presidente de la República sea registrado, bastará que llene las condiciones anteriores; pero sólo se exigirá que esté apoyado por cincuenta ciudadanos de cualquier Distrito Electoral del Estado”.

Otras referencias a candidatos independientes aparecen en el Decreto que reforma la Ley Electoral del 2 de Julio de 1918, emitido por el presidente constitucional sustituto de los Estados Unidos Mexicanos, Adolfo de la Huerta, el 7 de julio de 1920. El artículo 10 señalaba: “El registro de credenciales en favor de los representantes de partidos políticos y candidatos independientes, de que habla el artículo 33 de la Ley Electoral, se hará antes del último domingo de julio próximo si se trata de las elecciones de diputados y senadores, y antes del último domingo de agosto si se trata de las de Presidente de la República”.

Agregaba en el artículo 17: “Los partidos políticos, los candidatos independientes y sus representantes podrían retirar las boletas ya contraselladas de las manos del Presidente Municipal, después del cuarto domingo de julio si se trata de elecciones para diputados y senadores, a fin de entregarlas personalmente a la mesa del día de las elecciones”.

Todas estas disposiciones aplicaban para las elecciones ordinarias de diputados y senadores que debían realizarse el primer domingo de agosto y para las de presidente de la república del primer domingo de septiembre, ambos procesos de 1920.

Los candidatos independientes siguieron siendo referencia en las elecciones federales extraordinarias realizadas el 17 de noviembre de 1929 —después del asesinato del presidente electo en 1928, el general Álvaro Obregón— y en las que resultó electo Pascual Ortiz Rubio.

En la circular número 12, emitida por el gobierno provisional de Emilio Portes Gil, se establecía en la fracción xv: “Los ayuntamientos registrarán antes del segundo domingo, diez de noviembre, las credenciales que los partidos políticos o los candidatos independientes expidan a sus representantes para vigilar las operaciones electorales”.

En el decreto que reforma varios artículos de la Ley para Elecciones de Poderes Federales, que entró en vigor el 4 de enero de 1943, durante el régimen presidencial de Manuel Ávila Camacho, se precisaba que “las elecciones ordinarias correspondientes a los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión se celebrarán: para diputados, cada tres años a partir de 1943 y para Senadores y Presidente de la República cada seis años a partir de 1946”.

La Ley Electoral Federal del 7 de enero de 1946, promulgada todavía durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho, refiere con claridad, en su artículo 22, una alusión precisa a la reglamentación de los partidos políticos por el estado y advierte que “son asociaciones constituidas conforme a la ley, por ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos cívicos, para fines electorales y de orientación política”.

En su artículo 60 confiere la exclusividad de postular candidatos a puestos de elección popular a los partidos políticos. “Las candidaturas para Presidente de la República se registrarán ante la Comisión federal de Vigilancia Electoral; las de Senador en la Comisión Electoral de la entidad respectiva, y las de diputados en el Comité Electoral Distrital que corresponda”, advertía. Precisaba enseguida: “Sólo los partidos podrán registrar candidatos”.

En esa Ley Electoral Federal del 7 de enero de 1946 había algunas singularidades que reflejan los prejuicios de la época. Por ejemplo, en el artículo 43 señala quienes no pueden ser electores, votantes. Lo
describe: “ix.– Los ebrios consuetudinarios y los vagos y malvivientes, declarados en los términos que prevengan las leyes; x.– Los mendigos habituales y los que vivan de la beneficencia pública y privada; xi.– Los que tengan o hayan tenido casas de prostitución pública o clandestina; xii.– Los tahúres, y; xii.– Los que vivan a expensas de una mujer pública”.[3]

1. Candado roto

La reforma del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación (dof) el jueves 9 de agosto de 2012, que entró en vigor un día después, rompió el candado del monopolio que hasta entonces habían ejercido los partidos políticos en la postulación de candidatos a puestos de elección popular.[4]

En los artículos transitorios del decreto correspondiente se señala que el Congreso de la Unión debería expedir la legislación necesaria para que se cumpliera en el ámbito federal, a más tardar en un año después, contando a partir de la fecha en que adquiera vigencia. Además, establecía que, por mandato de ley, los Congresos de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberían realizar
las adecuaciones a su legislación secundaria para ajustarse a las nuevas disposiciones en un plazo no mayor a un año, contando a partir de su entrada en vigor.[5]

Con las reformas referidas, el artículo 35 constitucional establece que son derechos del ciudadano: “i.– Votar en las elecciones populares y, ii.– Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley”.

Además, “El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación”.

El 19 de septiembre de 2013, la Cámara de Diputados de la federación aprobó una reforma a la fracción iv del artículo 116 constitucional —para armonizarlo con el artículo 35— que les quitó a los partidos políticos la facultad exclusiva para registrar candidatos que aspiraran a cargos de elección popular.[6] Además, a esa fracción se le adicionó un párrafo que establecía que las constituciones y leyes electorales locales garantizarán que se fijen las bases y requisitos para que, en futuros comicios, los ciudadanos soliciten su registro como candidatos para poder ser votados en forma independiente a todos los cargos de elección popular, en los términos del artículo 35 de la Constitución.

El lunes 23 de mayo de 2014, se publicó en el dof la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que precisa los requisitos para que ciudadanos independientes de los partidos políticos puedan aspirar a registrarse como candidatos a puestos de elección popular. En su artículo 371, dice cuáles son los requisitos que deben cumplir quienes aspiren a ser candidatos independientes para contender por la presidencia de la república y por puestos en el Senado, en 2018, y para diputados federales, en 2015:

Para la candidatura de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 1% de la lista nominal
de electores con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección y estar integrada por electores de por lo menos diecisiete entidades federativas, que sumen cuando menos el 1% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas.

Para fórmulas de senadores de mayoría relativa, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 2% de la lista nominal de electores correspondiente a la entidad federativa en cuestión […]

Para fórmula de diputados de mayoría relativa, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 2% de la lista nominal de electores correspondiente al distrito electoral en cuestión.

Esos imperativos jurídicos se cumplieron en Jalisco el martes 8 de julio de 2014, al ser publicadas en el periódico oficial del estado las reformas al Código Electoral y de Participación Ciudadana de la entidad, las cuales regulan las candidaturas de ciudadanos independientes de los partidos políticos a los cargos de gobernador, diputados locales, así como presidentes municipales, regidores y síndicos en los 125 municipios de la entidad.

El código establecía que, quienes aspiraran a registrarse como candidatos independientes para contender por alguna curul en el Congreso de Jalisco o para alguna alcaldía, regiduría o sindicatura, tendrían que obtener el respaldo de por lo menos 2% de los potenciales votantes en su respectivo distrito o municipio.

2. El colapso

El 13 de junio de 2015, bajo el título “Un golpe al tripartidismo”, el periódico Reforma publicó un artículo del reportero Ernesto Núñez,[7] que reseña las fuertes repercusiones de los triunfos de los candidatos independientes que salieron airosos en los comicios del domingo 7 de junio de ese año. Refiere que la crisis de los partidos “grandes” tuvo su principal efecto en el estado de Nuevo León, donde Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, “El Bronco”, ganó la gubernatura con 942 mil votos y le sacó 25 puntos porcentuales de ventaja a su más cercana competidora, Ivonne Álvarez, del Partido Revolucionario Institucional (pri).

Además, “El Bronco” sumó 50 mil sufragios más que los obtenidos por los tres candidatos de los partidos “grandes”. Juntos, la priista, el panista Felipe Cantú y el perredista Humberto González, sumaron 898 mil sufragios.

El triunfo de Rodríguez Calderón fue un hecho inédito, un expriista que ya había sido alcalde de su pueblo, García, y que había renunciado a su partido en septiembre de 2014.

El fenómeno de exmilitantes de partidos políticos que, en 2015, decidieron usar la figura de candidato independiente para ganar un cargo público se replicó en al menos tres entidades más con exmilitantes del Partido Acción Nacional (pan).

En Sinaloa, Manuel de Jesús Clouthier Carrillo logró la diputación federal como candidato independiente con más de la mitad de los votos del Distrito 5 de Culiacán. Este político es hijo de Manuel de Jesús Clouthier del Rincón, “Maquío”, quien fuera candidato presidencial del pan en 1988. Ya había sido diputado federal por el pan, pero en 2012, rompió con ese partido, inconforme, al no ser postulado candidato al Senado de la República.

El exdiputado, Alfonso Martínez Alcázar, logró la alcaldía de Morelia, Michoacán, como candidato independiente. En noviembre de 2014, renunció al pan, cuando el dirigente nacional, Gustavo Madero, y su grupo le cerraron las puertas. Obtuvo 67 mil votos, casi 10 mil más que el candidato del pri y 27 mil más que el del pan, los dos partidos que habían gobernado la capital michoacana en los últimos 15 años.

En Guanajuato, otro expanista hizo historia al ganar como candidato independiente el ayuntamiento de Comonfort. Alberto Méndez Pérez ya había sido alcalde en el periodo 1998–2000 por el pan, pero renunció a ese partido por considerar que se corrompió.

Un caso muy especial fue el de José Pedro Kumamoto Aguilar, un joven sin experiencia política ni relación con partido alguno que ganó la elección a diputado local por el Distrito 10 de Zapopan, Jalisco. A los 25 años de edad y con un presupuesto raquítico, Kumamoto Aguilar derrotó a los tres partidos tradicionales, y también a Margarita Alfaro Aranguren, una carismática regidora del partido Movimiento Ciudadano en Zapopan que quedó en segundo lugar.

3. El desgaste

El desprestigio de los partidos políticos y de la clase gobernante, que se profundiza día con día, ha fortalecido un sentimiento de rechazo que se canaliza hacia potenciales candidatos independientes.

Las referencias a ese permanente desgaste aparecen con regularidad en medios de comunicación y fortalecen el desencanto de amplios segmentos de la sociedad.

Los partidos políticos son considerados por los mexicanos como la institución o grupo más afectado por la corrupción en el país.

De acuerdo con los resultados del Barómetro Global de la Corrupción 2013, elaborado por Transparencia Internacional (ti), 91% de los ciudadanos mexicanos cree que los partidos políticos están afectados por la corrupción.[8]

En 51 países de todas partes del mundo, los políticos son vistos como la institución más corrupta. Los peores resultados se registraron en Grecia, México y Nepal, en donde los partidos políticos obtienen una calificación de 4.6, y en Nigeria, con 4.7 en una escala del 1 al 5, donde 5 es “extremadamente corrupto”, revela el estudio.

Por debajo de los partidos políticos, los policías se ubican en el segundo lugar de las instituciones o grupos más corruptos, debido a que el 90% de los mexicanos los considera poco confiables.[9]

En entrevista con el periódico Excélsior, publicada el 29 de agosto de 2014, Federico Reyes Heroles, presidente de Transparencia Mexicana (capítulo local de Transparency International), sostuvo que, en México, “hace 14 años la lucha a la corrupción ‘nació enmascarada’. Con la primera alternancia política, afirmó, se pensaba iban a llegar los buenos y salían los malos”.[10] No sucedió así.

Argumentó que precisamente porque había una convicción casi ontológica de que, si eran del pri, los priistas eran corruptos y los del pan o los del prd no iban a tener esos problemas: “Nos costó mucho trabajo tratar de convencer de que esto no era real y de que cuando hay condiciones propicias para la corrupción se iba a presentar en cualquiera de los partidos políticos, y así ha resultado”.

De hecho, dijo [Reyes Heroles], en la Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno que hemos hecho, si uno ve los alineamientos de las entidades mejor calificadas y las peores calificadas, no hay ningún orden partidario, es decir, ha habido entidades muy limpias, como Colima, en manos de un priista y entidades, como Baja California Sur en manos de un perredista, que sale en primer lugar, o Querétaro de un panista.[11]

El 8 de septiembre de 2017, el periódico Vanguardia de Saltillo, Coahuila, publicó:

La Procuraduría General de la República (pgr) había detectado en los últimos tres años más de mil casos de corrupción cometidos por los nueve partidos políticos con registro nacional (pri, pan, prd, Morena, mc, pvem, Panal, pes y pt), además de partidos locales e independientes.

Un informe elaborado por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), dependiente de la pgr, detalla que del 1 de enero de 2014 hasta agosto de 2017, suman 8 mil 843 expedientes por conductas ilegales electorales, de los cuales 11.44% (mil 12 expedientes) están relacionados directamente con casos de corrupción y de las cuales se desprenden 171 averiguaciones previas.

Compra o coacción del voto de servidores públicos, uso de programas sociales para campañas, condicionamiento de recursos públicos para beneficio de candidatos, así como desviación de recursos y corrupción de exgobernadores son algunos de los casos que tiene la Fepade.[12]

El 10 de octubre de 2017, los periódicos de Grupo Reforma publicaron que México es líder, en el ámbito regional… en corrupción.

El 51% de los mexicanos entrevistados por ti en el transcurso de 2016 “confesó que pagó sobornos o tuvo que hacer algún regalo a funcionarios para acceder a servicios escolares y hospitalarios, para obtener un documento de identidad o acceder a un policía o un juez”.[13]

En este indicador del oprobio, se ubica en segundo lugar República Dominicana, con 46%. “Le siguen Perú, con 39, y Venezuela y Panamá, con 38, según el informe ‘Las Personas y la Corrupción: América Latina y el Caribe’”,[14] publicado el 9 de octubre de 2017.

A nivel regional 62% considera que la corrupción ha aumentado en sus países. El 53% asegura que su Gobierno está haciendo las cosas mal en la lucha contra este flagelo. Entre las instituciones que la gente de América Latina percibe como más corruptas destacan la Policía y los representantes elegidos por voto popular, indica el reporte.

El estudio se realizó con base en más de 22 mil entrevistas en 20 países de Latinoamérica y fue dado a conocer en Berlín, Alemania.[15]

Mientras los partidos se debilitan, los aspirantes a candidatos independientes se fortalecen como referentes aspiracionales de la sociedad que busca un cambio.

El 2018 será un año de singular relevancia. Se inscribieron como candidatos independientes para la presidencia de la República 48 aspirantes, de los cuales, por lo menos, tres podrían conseguir las firmas suficientes de apoyo —866,593—, para tener derecho a registrarse: Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León con licencia; Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, quien renunció al pan, inconforme con los que llamó manejos perversos y antidemocráticos del presidente nacional del partido albiazul, Ricardo Anaya

Cortés, y Armando Ríos Piter, exsenador del prd, quien renunció a su partido por considerar que había extraviado el rumbo.

Se inscribieron para buscar un lugar en la boleta y lograron las firmas suficientes para ser candidatos independientes al Senado de la República: Jorge Arturo Gómez González, de Aguascalientes; Lorenzo Ricardo García de León, de Baja California Sur; Pablo Salazar Mendiguchía, de Chiapas; José Pedro Kumamoto Aguilar, de Jalisco; Raúl González Rodríguez, de Nuevo León; Manuel Jesús Clouthier Carrillo, de Sinaloa; Obed Javier Pérez Cruz, de Tlaxcala; Raymundo Vázquez Conchas, también de Tlaxcala, y Soledad Romero Espinal, de Guerrero, única mujer que logró los apoyos suficientes.

Más allá de la temporalidad de las elecciones del domingo 1 de julio de 2018, María de Jesús Patricio Martínez, “Marichuy”, aspirante a candidata presidencial respaldada por el Congreso Nacional Indígena, declinó en sus aspiraciones luego de sufrir un accidente automovilístico en el cual se fracturó un brazo, el 14 de febrero en Baja California Sur. Reiteró que su propósito es mantener permanente el proceso de organización y lucha de las comunidades más pobres del país. El 15 de febrero de 2018, anunció su retiro del proceso de acopio de firmas.

También se registraron 165 aspirantes a candidatos a diputados federales.

  1. . La publicación original y las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo por artículo, pueden consultarse en el sitio oficial de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_art.htm
  2. . Covarrubias Dueñas, José de Jesús. Enciclopedia jurídico electoral de México. Normas rectoras jurídico–electorales de México. Tomo i, Editorial Agrupación México Líder Nacional, Guadalajara, 2003, pp. 161–162.
  3. . Ibidem, pp. 325–330.
  4. . Comisión permanente del H. Congreso de la Unión. “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política”, en Diario Oficial de la Federación (dof), 9 de agosto de 2012. Recuperado el 21 de febrero de 2018, de http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5262910&fecha=09/08/2012. En el presente decreto se reforma el párrafo primero y la fracción ii, del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para conferir a los ciudadanos mexicanos el derecho a postularse como candidatos independientes a puestos de elección popular.
  5. . En los artículos transitorios de la referida reforma se advierte: “Artículo Primero.– El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación […] Segundo.– El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación para hacer cumplir lo dispuesto en el presente Decreto, a más tardar en un año contando a partir de la entrada en vigor del mismo […] Tercero.– Los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán realizar las adecuaciones necesarias a su legislación secundaria, derivadas del presente Decreto en un plazo no mayor a un año, contado a partir de su entrada en vigor”, ibidem.
  6. . El Congreso de la Unión. “Decreto por el que se reforma el inciso e) y se adiciona un inciso o) de la fracción iv del artículo 116; y se reforma el artículo 122, Apartado C, Base Primera, fracción v, inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, en Diario Oficial de la Federación, 27 de diciembre de 2013. Recuperado el 21 de febrero de 2018, de http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5328204&fecha=27/12/2013. Las presentes reformas buscan armonizar al artículo 116 con el artículo 35 de la misma Carta Magna, el cual quita a los partidos políticos la facultad exclusiva para registrar candidatos que aspiraran a cargos de elección popular.
  7. . Núñez, Ernesto. “Un golpe al tripartidismo”, en Reforma, 14 de junio de 2015. Recuperado el 21 de febrero de 2018, de http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=565025&md5=e043d4a7313fbe260aab1060f7fdc9ab&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
  8. . Animal Político. “Los partidos políticos, las instituciones más corruptas: 91% de mexicanos”,
    en Animal Político, 9 de julio de 2013. Recuperado el 21 de febrero de 2018, de http://www.animalpolitico.com/2013/07/9-de-cada-10-mexicanos-cree-que-los-partidos-politicos-son-corruptos/
  9. . Ibidem.
  10. . Becerril, Andrés. “En todos los partidos políticos hay corrupción: Federico Reyes Heroles”, en Excélsior, 29 de agosto de 2014. Recuperado el 21 de febrero de 2018, de http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/08/29/978854
  11. . Ibidem.
  12. . El Universal. “Crece corrupción en los partidos políticos: Fepade”, en Vanguardia, 18 de septiembre de 2017. Recuperado el 21 de febrero de 2018, de https://www.vanguardia.com.mx/articulo/crece-corrupcion-en-los-partidos-politicos-fepade
  13. . Grupo Reforma. “Lidera México en al en tema corrupción”, en Mural, 10 de octubre de 2017.
  14. . Ibidem.
  15. . Ibidem.

 

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