Catalunya: difícil quedarse, difícil irse

Miguel Fernández Membrive*
Gerardo Moya García**
Jorge Narro Monroy***

Según lo quiera usted ver, se trata este de un ensayo a tres voces o de una entrevista hecha por un colega o a otros dos. Profesores del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), compañeros en el Departamento de Formación Humana, nos vincula también otro elemento: Catalunya.[1] Uno de los tres nació allá, en Manresa; los otros dos acá, pero hijos de catalán.

Así las cosas, este texto no es —no puede ser, no para nosotros— un puro esfuerzo académico. Se trata de una muy breve reflexión, de un muy breve diálogo, sobre lo difícil que es para muchos catalanes quedarse en España bajo las actuales condiciones, pero también lo difícil que es irse cuando las que existen tampoco son propicias.

1. Un (no tan) breve contexto[2]

Jorge Narro Monroy (JNM): El presente —es verdad de Perogrullo— no se entiende sin el pasado. Lo que hoy es Catalunya —tanto para los soberanistas o independentistas como para los autonomistas e, incluso, para los españolistas— no se explica si no es —en enorme medida— a la luz de una urdimbre que empezó a tejerse hace más de dos mil años.

Hacia el año 195 a.C. se completó la conquista romana del territorio que, siglos después, se identificaría como Catalunya y que en aquel entonces formaba parte, primero, de la provincia llamada Hispania Citerior y, luego, de la Tarraconense.

En el 415, Ataúlfo, rey visigodo, se asienta en Barcino, ciudad de la Hispania Tarraconense. Poco después de su muerte, el territorio catalán sería incorporado al reino de Tolosa. Los visigodos dominaron hasta inicios del siglo VIII, cuando, en mitad de una guerra civil, una de las partes pidió la intervención del imperio árabe encabezado por la dinastía Omeya. Esto abrió la puerta de la península a los musulmanes, quienes rápidamente la conquistaron.

En 721, el rey franco Carlos Martel puso frenó a la expansión árabe. Y trazó una “marca” que sirviera de frontera: el futuro condado de Barcelona.

A finales del siglo IX, el monarca carolingio Carlos el Calvo designó a Wifredo el Velloso, conde de Cerdaña y Urgel (870), y conde de Barcelona y Gerona (878), lo cual suponía la integración bajo su mando de buena parte de la futura Catalunya. Wifredo fue el primer conde en trasmitir el gobierno a sus descendientes. Aunque a su muerte, repartió sus condados entre sus hijos, se mantuvo la unidad entre Barcelona, Girona y Osona (parte de las actuales provincias de Barcelona y Girona). Este es el nacimiento de Catalunya como entidad política: un territorio delimitado y un pueblo que reconoce en él a un soberano.

En agosto de 1150, el conde Ramón Berenguer IV se casó con Petronila de Aragón, lo que resultó en la unión del condado de Barcelona y el reino de Aragón. A partir de entonces, el territorio común sería conocido como Corona de Aragón. Esta unión no implicó una fusión: los territorios que compusieron la Corona mantuvieron por separado sus leyes, costumbres e instituciones.

Siglos después, el matrimonio de Fernando II de Aragón con Isabel la Católica, reina de Castilla, celebrado en Valladolid en 1469, condujo a la Corona de Aragón a una unión dinástica, pero —como cuando se unieron Barcelona y Aragón— una en la que cada reino conservó sus cortes, sus leyes, sus burocracias y su moneda.

La situación cambió, radicalmente, en el arranque del siglo XVIII. El 1 de noviembre de 1700 muere, sin descendencia, el rey Carlos II, de la familia Austria. Había hecho testamento en favor de Felipe de Anjou, de la familia Borbón, nieto de Luis XIV de Francia (y que acabaría reinando con el nombre de Felipe v). Una parte de la nobleza y del reino, sin embargo, apoyaba las pretensiones del archiduque Carlos de Austria, hijo de Leopoldo I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Carlos fue apoyado por Inglaterra y Holanda, tradicionales enemigas de España y que además rivalizaban con Francia. El conflicto que se desató es conocido como “Guerra de Sucesión”.

Catalunya, como el resto de estados de la Corona de Aragón, se decantó en favor del archiduque (menos centralista), quien fue reconocido en Barcelona en 1705 como Carlos III y allí situó su corte. Pero el 11 de septiembre de 1714, las tropas catalanas fueron derrotadas por el ejército de Felipe v y se promulgó el Decreto de Nueva Planta, que eliminó las instituciones catalanas (destacadamente el Consell de Cent, órgano de autogobierno de Barcelona desde el siglo XIII) de modo tal, que el Principado de Catalunya dejó de existir como parte del “Estado compuesto” (conjunto de reinos, estados y señoríos) de la monarquía hispánica y se convirtió, a partir de entonces, en una provincia.

2. Demos ahora un salto enorme: hasta el siglo XIX

El reinado de Isabel II (1833–1868), marcado por la corrupción y las crisis económicas y políticas, alentó el desarrollo del pensamiento republicano y federal. En 1860, estalló la revolución conocida como La Gloriosa, que dio inicio al llamado “sexenio revolucionario”.

El 11 de febrero de 1873, las cortes proclamaron la Primera República, que sobrevivió hasta el 29 de diciembre de 1874, cuando un golpe militar restauró la monarquía, a través de Alfonso XII.

En las décadas siguientes, fue tomando cuerpo el catalanismo político. En 1901, se formó la Liga Regionalista y luego, entre 1906 y 1909, Solidaritat Catalana, movimiento unitario de grupos y partidos.

A lo largo del reinado de Alfonso XIII, se acrecientan los conflictos sociales en todo el país, y de manera particular en Catalunya. La violencia genera las condiciones para una solución autoritaria: un golpe de estado, encabezado por el general Primo de Rivera (1923–1930), quien contó con la aprobación del monarca.

Tras la caída de Primo de Rivera, la izquierda republicana y catalanista consiguió el triunfo en las elecciones municipales de 1931. El 14 de abril, de dicho año se proclamó la Segunda República Española, que permitió la aprobación, en 1932, de un Estatuto de Autonomía.

En febrero de 1936, las izquierdas triunfaron en las elecciones generales celebradas en el país y obtienen la mayoría en el parlamento con más de 60% de los diputados electos. La reacción de la derecha (la nobleza, una parte del ejército y la jerarquía de la iglesia católica) fue el alzamiento militar, liderado por el general Francisco Franco, que estalló entre el 17 y el 18 de julio de 1936.

La dictadura (1939–1975) supuso, en Catalunya, la supresión del Estatuto de Autonomía y la persecución de la lengua y la cultura catalanas, además del asesinato de miles de catalanes (entre ellos, el presidente de la Generalitat, Lluís Companys) y el exilio de otros tantos.

En los años sesenta, Catalunya inicia una etapa de crecimiento industrial y se convierte en destino de flujos migratorios, particularmente de Andalucía. A la par, se desarrolla la oposición a la dictadura franquista y renacen las organizaciones sindicales y partidistas de izquierda que, en los años setenta, se agruparían en la Asamblea de Catalunya.

El 20 de noviembre de 1975, muere Franco y se inicia la transición democrática, que cristaliza formalmente en la Constitución de 1978. En ella, se reconoce la existencia de comunidades autónomas dentro del país. En 1979, se aprueba un nuevo Estatuto de Autonomía de Catalunya que —entre otras cosas— reconoce a la región como “nacionalidad” y al catalán como lengua propia.

Entre 1979 y 2003, presidió la Generalitat Jordi Pujol, del derechista Convergència i Unió. En noviembre de 2003, los resultados le son desfavorables y es reemplazado por un gobierno de coalición integrado por tres fuerzas políticas (Partido de los Socialistas de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa per Catalunya–Verds / Esquerra Unida y Alternativa).

El 30 de septiembre de 2005, el Parlamento catalán aprueba una reforma al Estatuto de Autonomía de 1979. Los cambios introducidos son tantos que, en realidad, se trata de un nuevo estatuto. En noviembre, tal como lo establecía la Constitución española, fue llevado al Congreso de los Diputados, donde sufrió numerosas modificaciones.

El 18 de junio de 2006, el Estatuto de Autonomía fue sometido a referéndum en Catalunya y aprobado por 74% de los votantes, aunque la participación fue de 49% del electorado. Mes y medio después, el 31 de julio, el derechista Partido Popular (PP) presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en el que impugnó 128 de los 223 artículos del estatuto. Para Mariano Rajoy, líder del PP, dos de los ocho elementos principales de inconstitucionalidad eran que Catalunya se considerara una nación, ya que “desde el punto de vista constitucional, no hay más nación que la nación española, titular de la soberanía” y el trato “privilegiado” a la lengua catalana, derivado de considerar su conocimiento como un deber.

Finalmente, el 28 de junio de 2010, el Tribunal declaró inconstitucionales 14 artículos y disposiciones adicionales, y otros 27 fueron sometidos a interpretación, además de negar cualquier validez jurídica a la declaración de Catalunya como nación.

En 2010, regresa al poder Convergència i Unió, con Artur Mas como presidente. En 2013, convocó a una consulta sobre la independencia de Catalunya, la cual se celebró el 9 de noviembre de 2014, pero careció de valor jurídico dado que el gobierno español la impugnó. En favor del “sí” se emitió 80.7% de los votos y 4.5% en favor del “no”, pero la participación de los catalanes fue de apenas 37.02% del electorado.

Mas volvió a la carga y llamó a elecciones al Parlamento de Catalunya para el 27 de septiembre de 2015. La idea era hacer de los comicios un plebiscito sobre la independencia. Para ello, se integró una única lista de candidatos independentistas, bajo el nombre de Junts pel Sí (Juntos por el sí). La lista fue la más votada en el país, pero no obtuvo la mayoría absoluta (llegó a 47.8%).

El 10 de enero de 2016, Artur Mas fue sustituido como presidente de la Generalitat por Carles Puigdemont. Este convocó a un referéndum que se realizó el 1 de octubre de 2017. Se había establecido —contra la postura de la oposición en el Parlamento— que el referéndum sería vinculante, sin requerir una participación mínima de electores y que se proclamaría la independencia de Catalunya dos días después de la publicación de los resultados oficiales en caso de que el “sí” obtuviera más votos que el “no”. El día 6 de octubre, el gobierno catalán informó que 90% de los votantes se había decantado por el sí y que la participación había sido de 43%.

El 27 de octubre de 2017, desde la tribuna del Parlamento, se declaró la independencia de Catalunya. Como la medida era contraria a lo dispuesto por la Constitución española de 1978, el Senado —al amparo del artículo 155— destituyó a Puigdemont y a todo el gobierno.

El 21 de diciembre, el estado español convocó a elecciones en
Catalunya. Participó casi 82% del electorado. Y los resultados fueron, otra vez, peculiares. Pese a que ciudadanos, formación antiseparatista, fue el partido más votado, los tres partidos secesionistas —Izquierda Republicana (ERC), Juntos por Catalunya (JxCat) y Unidad Popular (CUP)— sumaron 70 escaños en total, dos por encima de la mayoría absoluta. “Si se consideraran estas elecciones como un referendo sobre la independencia, el triunfo en sufragios correspondería al bloque no separatista, con 52.1 por ciento de los sufragios contra un 47.5 de los independentistas”.[3]

3. ¿Y entonces?

JNM: ¿Independencia o permanencia de Catalunya en España? ¿Por qué una u otra? ¿Bajo qué condiciones una u otra?

Gerardo Moya García (GMG): Ofrezco algunos elementos para contestar a la pregunta.

Primero. El pueblo español y el catalán, no son el mismo, nunca lo han sido, aunque vivan geográficamente en la misma zona. Basta conocer un poco de historia para saberlo. La historia del nacionalismo catalán, al menos desde la unificación de los reinos
de Castilla y Aragón que crearon la actual España, siempre ha existido. Claro, tampoco lo son el pueblo vasco, el gallego… Aún con ello, me parece que ningún nacionalismo, sobre todo el exacerbado, es plausible hoy en el mundo. Los nacionalismos, como otras ideologías, nos han llevado a desautorizar, minimizar, invisibilizar y exterminar a otros seres humanos, tan valiosos unos como otros. Sin embargo, como todo, tiene ciertas justificaciones; una de ellas es cuando el mismo se propaga como fruto de una represión, minusvaloración o discriminación de un pueblo sobre otro.

Este, me parece, es el caso del acrecentamiento del nacionalismo catalán en los últimos años, y me atrevería a decir que no es un acrecentamiento frente a España, al menos no frente a la gran mayoría de sus ciudadanos y ciudadanas, sino frente a los representantes del estado–nación actual. Un estado con tintes de totalitarismo; que responde, como otros, a intereses neoliberales en el sentido de la primacía del capital frente a otros valores de corte democrático.

Segundo. El elemento económico. La deuda actual (entre pública y privada) del estado español es de algo así como tres billones de euros (datos de diversas fuentes económicas), cuando lo que produce anualmente es de alrededor de un billón de euros. Para pagar los intereses de esa deuda, el estado destina 18% de su presupuesto. Otro de los importantes destinos de su presupuesto es el fondo de reserva para pensiones. A este, Catalunya aporta 29%, mientas que representa solo 16% de la población en España; es decir, aporta casi el doble de lo que equitativamente le correspondería. Este ejemplo muestra el problema general: a Catalunya regresa mucho menos de lo que esta aporta a España en términos proporcionales.

Tercero. La violación de derechos humanos. Mientras que en el derecho internacional de los derechos humanos, estos se ubican por encima de los derechos garantizados en las constituciones nacionales, el argumento del estado español para violentar, por ejemplo, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el derecho a decidir o el derecho a votar, es que son contrarios o se encuentran por debajo del pacto constitucional; sin embargo, utilizando la propia Constitución, ha violentado la misma al ir más allá de lo que prescribe en el caso de la disolución del Parlamento Catalán votado democráticamente.

Ha prohibido votar a las personas, en lugar de organizar y avalar unas elecciones como en el caso de Escocia; ha sustraído urnas; ha disuelto violentamente manifestaciones pacíficas; ha encarcelado a gran parte del gobierno autonómico, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, así como a los líderes más importantes de organizaciones civiles proindependentistas.

Por estos tres elementos, me parece que la pregunta pertinente es: ¿a qué quedarse en España cuando alrededor de dos millones de catalanes votaron recientemente no querer pertenecer a ella? ¿A qué quedarse cuando el estado español utiliza la ley como herramienta para salvaguardar los intereses de la oligarquía que la gobierna? Un estado autoritario que no solo no garantiza el ejercicio de los derechos humanos sino que los violenta; un estado que está irresponsablemente endeudado, que es corrupto y al cual aportas más de lo que te devuelve…

La independencia planteada, es la independencia de “ese” estado; es decir, la construcción de una nueva república catalana, esas son sus condiciones. Otra cosa es hablar de qué tipo de república, pero hablar de condiciones para una permanencia en España, implicaría necesariamente un estado con quien hablar, con quien dialogar, pero esa condición en el estado actual, no existe.

Miguel Fernández Membrive (MFM): Tengo dos razones para no querer la independencia de Catalunya; que en realidad podrían reducirse a una sola, ya que mi segunda razón es más de tipo técnico–práctico y por lo mismo solo vale mientras las circunstancias sociales sean parecidas a las de hoy. Por otro lado, quiero confesar que mi posición “equidistante”, o no secesionista, está lejos de impedirme reconocer el sentido de algunos argumentos de esta posición; sobre todo, de aquellos en los que predomina un sesgo más político que identitario, y más todavía tras las cargas policiales del 01 de octubre y la encarcelación de líderes de movimientos sociales y representantes del anterior Parlament.

Admito que si al escenario actual de la política española —o, mejor dicho, de la pantomima y de la judicialización de la política— le añadimos el pronóstico sobre su posible continuidad, lo más difícil es mantener la esperanza de que, quedándose, para los catalanes puedan llegar tiempos mejores. Por lo menos el fictum de una republicana catalana, que a falta de trazo más preciso sirve para que cada quien proyecte sus más personales ideales y deseos, a veces resulta más ilusionante que el mundo de sobra conocido. Pero de momento, resisto la tentación de esta ilusión.

Mi principal razón para no ser independentista es que en Catalunya hay mucha gente, como yo, que siente afinidad histórica y cultural con otros españoles de cualquier parte de la península. Sin menoscabo de particularidades y diferencias con estos españoles, los catalanes compartimos la historia más reciente de un periodo de guerra civil, de casi cuarenta años de dictadura y de transición a una democracia constitucional —si bien con el lastre monárquico— que no tardó mucho en restaurar la autonomía política del territorio catalán, suspendida durante el franquismo.

Esta etapa histórica y estos referentes comunes también determinaron en alta medida la compleja composición social de la Catalunya actual. Buena parte de los nacidos en ella, en los últimos sesenta años, somos hijos, nietos o bisnietos de “charnegos”;[4] andaluces, gallegos o extremeños, al fin, pobres que emigraron a Catalunya con la mezcla de dolor e ilusión que acompaña el desarraigo de todos los migrantes.

Estos catalanes no hemos tenido experiencias ni referentes identitarios exclusivamente catalanes. Nuestros padres o abuelos también nos formaron. Gracias a ellos, muchos de nosotros prosperamos. Y ellos, como nosotros, se parecen lo suficiente a otros que no vivieron nunca en Catalunya; porque no emigraron o porque sí, pero al País Vasco, a Madrid o incluso a México —en este caso durante el exilio republicano. Como yo me reconozco en todos ellos tanto como en aquellos catalanes que nunca emigraron o tuvieron la necesidad de hacerlo (aquellos que aún conservan dos apellidos catalanes), también me gustaría que siguiéramos compartiendo eso por lo cual podemos, en parte, reconocernos: nuestra historia política común, pero tampoco incondicionalmente, porque la lealtad en todo caso es para con ellos, no un cheque en blanco a un estado sin voluntad de hacer política, y especialmente política territorial.

La segunda razón de tipo técnico–práctico a la que más arriba me refería es que el procés no avanzó lo suficiente en lo que se refiere al diseño e implementación de un marco institucional —control de aduanas, ley
de transitoriedad jurídica, creación de un banco central y de un sistema tributario, etcétera— capaz de controlar el territorio o de soportar las consecuencias de una declaración unilateral de independencia (DUI).

Las ganas de irse y el encono mantenido con el gobierno central español, sobre todo azuzado por el autoritarismo de este último, al parecer, corrieron más rápido para el bloque soberanista que la racionalidad previsora: ni se tomaron o pudieron tomarse las medidas necesarias para una “DUI” ni se obtuvo el reconocimiento internacional que hubiera podido amortiguar las amenazas del estado español.

Las consecuencias de todo esto ya las conocemos. Y también las conocían quienes decidieron no echar marcha atrás. Y si a todo esto le sumamos no solo que las circunstancias no han cambiado —por lo menos, para mejor— tras el 21 D, sino que, al día de hoy, sigue sin ser suficientemente claro que el apoyo a la independencia sea mayoritario entre los catalanes, la conclusión inevitable es que ante el conflicto catalán–español cabría exigir al nuevo Parlament un quehacer político más responsable y a la altura de la complejidad del problema. Y lo mismo valdría para el gobierno de España; aunque, en este caso, es verdad que ilusiona menos el mundo conocido.

gmg: No considero que una república catalana sea un fictum o una ilusión, pero tampoco que construirla sea fácil, rápido o exento de trabas. Tampoco creo que la idea de una república catalana, en el consciente colectivo catalán e incluso en los dos últimos gobiernos de la Generalitat, sea una idea nueva. Sé, de buena fuente dentro del gobierno catalán, que tienen tiempo preparando las condiciones necesarias para ello, a la par de la agencia o administración cotidiana; sin embargo, ello podría tardar un quinquenio, y no se cuenta con dicho tiempo.

Con todo, ninguna república ha iniciado “con la casa montada”; de hecho, pocas “independencias” han sido lo pacíficas que ha demostrado ser esta declaración unilateral de independencia del Parlamento Catalán. Esto es importante, porque no salir de un movimiento armado de miles de muertes, quebrado, y sin experiencia en gestión gubernamental,
es un paso que ahorra enormes gestiones y tiempo para echar a andar una república. Todo esto lo tiene Catalunya.

Es cierto que el proceso de independencia ha ido más rápido que la racionalidad previsora; es cierto que hay encono entre el gobierno central español y el de la Generalitat; es cierto que no se obtuvo el reconocimiento internacional necesario o esperado, sin embargo, la exigencia planteada al nuevo Parlament, de un quehacer político más responsable y a la altura de la complejidad del problema, es esperar algo de quien no tiene la capacidad de darlo. La conformación del actual Parlament es el reflejo de la polaridad social en Catalunya: la mitad responde a los intereses del partido en el poder en el estado español, aunque disfrazado con el nombre de “ciudadanos”; la otra mitad (los independentistas), no ven en la otra parte, alguien con quien interlocutar, y solo les interesa disolver su vínculo político–matrimonial histórico con España.

Por otro lado, el argumento de la afinidad histórica y cultural con otros ahora españoles para no ser independentista, me parece que es salvable en el esquema de una república catalana. Seguiríamos compartiendo la historia reciente del periodo de guerra civil; seguiríamos con la compleja composición social de la Catalunya actual, incluso acrecentada por la migración presente y futura; seguiríamos con catalanes cuyos referentes identitarios no son necesaria o exclusivamente catalanes, pero como tantos otros países que así están actualmente conformados.

MFM: Aunque la opinión de Gerardo pueda resultarme tan sugerente como controversial en algunos giros de sus argumentos, quiero concentrarme ahora en un punto en el que no me sorprende que ambos coincidamos y señalar solo otro en el que puede ser que tengamos nuestra mayor divergencia.

Para introducir primero ese punto de acuerdo, no está de más recordar que el independentismo catalán no es monolítico y que, por lo menos, en una de sus versiones antepone la motivación política a las reivindicaciones identitarias o culturales; que no siempre y para todas las demandas se mezclan. A este independentismo, lo que le preocupa sobre todo es la cuestión de la autodeterminación de Catalunya, esto es, la capacidad de hacer política sobre el propio territorio; cuyo esquema constitucional vigente, por cierto, no difiere mucho del Estatuto de 1979.

Según lo veo, de esta versión independentista es de la que puede decirse más claramente que ha venido acrecentándose —pues sigue ganando muchas conversiones— no frente a la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos españoles sino frente a los representantes del estado nación de la última década; sin obviar, tampoco, que fueron los mismos ciudadanos españoles quienes refrendaron al gobierno actual.

Dicho independentismo político, lo que somatiza es un hartazgo acumulado ante la actitud arrogante, indolente y, muchas veces, con signos de desprecio que las instituciones y gobiernos españoles, principalmente de la derecha representada por el PP, han mostrado por lo menos desde 2006 ante cualquier iniciativa en materia de política territorial del gobierno catalán; el ejemplo por excelencia es lo ocurrido con la propuesta original de reforma del Estatut, aprobada por el Parlament y respaldada por 74% de los ciudadanos votantes.

Para muchos catalanes esta es una herida no cicatrizada, pero desde entonces se han abierto otras, las más recientes como consecuencia de la gestión autoritaria y represiva con la que el gobierno de Mariano Rajoy optó por responder al desafío independentista —gubernamental y ciudadano— antes, durante y después del 01 de octubre de 2017.

Lo que a mí me parece es que este hartazgo político está justificado y que dota de razón al independentismo toda vez que afirma no encontrar en la otra parte ninguna interlocución; de hecho, la expansión social de tal hartazgo es la mayor responsabilidad y contribución a este conflicto que puede atribuírsele al gobierno central y a la democracia española. Y en esta atribución de responsabilidad es en lo que me parece que Gerardo y yo coincidimos. Sin embargo, también habría
que decir que hay versiones del “no independentismo” que acusan
la misma desazón y reconocen el mismo déficit democrático, y cuya única diferencia con este independentismo político quizás sea de textura emocional y paciencia.

Por otra parte, y con esto paso al punto de divergencia con la opinión de Gerardo, se ha visto que no hace falta ser no independentista (basta pensar en los argumentos de dimisión del exconsejero Santi Vila) para reconocer que algunos de los pasos que el gobierno catalán dio hasta llegar finalmente a una declaración unilateral de independencia fueron temerarios o irresponsables.

De hecho, esta DUI solo pudo ser tan pacífica como fue, justo por ser también una declaración velada y simbólica; como lo demuestran, con toda crudeza, los hechos trascurridos después de la misma. Una cosa es que ninguna república comience con la “casa montada” y otra que se pretenda inaugurar una casa antes de asegurar sus cimientos; incluidos en estos la base social no independentista que ni la casa quería —o por lo menos no esa— y de todos modos, tuvo que pagar su parte.

Pero a lo que me refería al final de mi primera intervención al hablar de responsabilidad política a la altura de la complejidad del problema, no es solo a esperar que el nuevo Parlament —de nuevo con mayoría absoluta independentista— sepa medir mejor sus fuerzas, que también, sino sobre todo a que el bloque mayoritario no repita el error de actuar como si su gobierno solo representara a quienes lo pusieron en tal posición.

El interlocutor que se dice buscar no está únicamente fuera del territorio catalán ni se reduce a los partidos políticos que en esta legislatura hacen de oposición. Y algo tendría que poder dar cada parte si de verdad se aspira a alguna forma de convivencia no forzada por el dominio de unos sobre otros. Dadas las condiciones sociales y políticas actuales, ¿son la independencia de Catalunya o la España de Rajoy los únicos esquemas que podemos imaginar y querer? Tal vez venga a cuento recordar lo que el filósofo Hans–Georg Gadamer dijo en uno de sus escritos:

La verdadera realidad de la comunicación humana consiste en que el diálogo no impone la opinión de uno contra la de otro ni agrega la opinión de uno a la de otro a modo de suma. El diálogo transforma una y otra. Un diálogo logrado hace que ya no se pueda recaer en el disenso que lo puso en marcha. La coincidencia que ya no es mi opinión ni la tuya, sino una interpretación común del mundo, posibilita la solidaridad moral y social.[5]

Sé que me arriesgo a pasar por ingenuo, pero ojalá que también el gobierno de Mariano Rajoy y sus aliados hayan aprendido algo de este conflicto que igualmente ha tenido un costo alto para ellos, tanto económico como político. De momento, la esperanza sigue cara.

4. Un cierre… abierto

jnm: Me parece que, por ahora, la conclusión de este texto y, sobre todo, de la situación catalana, casa con el título de este texto: “difícil quedarse, difícil irse”.

Difícil, y no solo para los soberanistas, permanecer en una España en la que el gobierno central no solo se ha negado a atender —por ejemplo— la demanda catalana de mayor autonomía hacendaria (¡el País Vasco la tiene!) sino que ha mostrado una y otra vez su ADN franquista: no hay más España que una, grande y libre. Y al que no lo entienda hay que tratarlo a palos. Ejemplo: la represión del 01 de octubre de 2017. Y hay más: difícil quedarse en una España donde no pocos —sin ser necesariamente del PP— ven con recelo las autonomías:

Cuando se les pregunta [a los españoles] si las Comunidades históricas como Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía debieran tener un trato similar al resto de regiones, la respuesta [afirmativa] es casi unánime […] [Por otro lado] la mitad de los ciudadanos (50,1%) apostaría por aumentar las competencias de las Comunidades autónomas frente al tercio (33%) que optaría por reducirlas.[6]

Pero difícil es también irse. No hay —como dicen Gerardo y Miguel— “casa montada”. Cimientos tal vez, pero —para seguir con la figura— eso es vivir a la intemperie. Difícil irse cuando los números dicen que todavía hay más catalanes que quieren conservar el matrimonio que los que quieren disolverlo. Y no son solo “charnegos recientes”. Difícil irse cuando la Unión Europea no está ahí como red de protección. Por el contrario: “Para la Unión Europea nada cambia. España sigue siendo nuestro único interlocutor”.[7]

Se antoja una solución intermedia: quedarse, pero bajo condiciones de mayor respeto. Quizás como las que planteaba el Estatut de 2005–2006. ¿Es posible en un país ya tan polarizado? Por lo pronto se ve mayor disposición al diálogo en los independentistas. Ejemplo: el nuevo presidente del parlamento catalán, Roger Torrent, no obstante haber postulado como único candidato a la Presidencia de la Generalitat al defenestrado Carles Puigdemont, “envió una carta a Rajoy solicitándole una reunión para analizar la anómala situación que vive el Parlamento catalán, donde 8 de sus 135 miembros […] están en prisión o autoexiliados en Bruselas. ‘Creo que en estos momentos nos toca explorar todas las vías posibles de la política y agotar todas las vías posibles de diálogo’, dijo”.[8]

¿Qué responderá Rajoy? No soy optimista: las autonomías nunca han prosperado en España con regímenes y gobiernos de derechas.

  1. . En catalán no existe la “ñ”, de modo que Catalunya se escribe así, con “y”. Y más ahora, en estos tiempos.
  2. . Tomo, como base e hilo conductor para este recorrido, el texto publicado en Wikipedia: “Historia de Cataluña”. Recuperado el 24 de febrero, de https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Catalu%C3%B1a
  3. . Fernández, Homero. “Ganan independentistas en Cataluña, pero…”, en Mural, 22 de diciembre
    de 2017. También: El País. “Consulta los resultados de las elecciones catalanas 2017”, en El País, 21 de diciembre de 2017. Recuperado el 17 enero de 2018, de https://elpais.com/ccaa/2017/12/21/catalunya/1513889253_907059.html
  4. . La entrada charnego puede encontrarse en el diccionario de la Real Academia Española (RAE). Dice allí que se trata de un adjetivo despectivo proveniente del catalán xarnego, el cual significa: “Inmigrante en Cataluña procedente de una región española de habla no catalana”. RAE. “Charnego”. Recuperado el 24 de febrero de 2018, de http://dle.rae.es/?id=8d3XHaZ. Véase también el artículo: Ruiz Marull, David. “¿Qué es un charnego?, en La Vanguardia, 8 de marzo de 2016. Recuperado el 24 de febrero, de http://www.lavanguardia.com/politica/20160308/40292363173/gabriel-rufian-charnego-erc-congreso.html
  5. . Gadamer, Hans–Georg, “Lenguaje y comprensión” (1970), en Gadamer, Hans–Georg & Olassagasti, Manuel, Verdad y método II, Sígueme, Salamanca, 1992, pp. 184 y ss.
  6. . Lardiés, Alberto. “El 81.9% pide que todas las Comunidades autónomas tengan las mismas competencias”, en El Español, 6 de diciembre de 2016. Recuperado el 22 enero de 2018, de https://www.elespanol.com/espana/politica/20161205/175983215_0.html
  7. . Las palabras son de Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, inmediatamente después de la declaración de independencia por parte del parlamento catalán en octubre del año pasado.
  8. . Artusa, Mariana. “Cataluña: el Parlamento catalán propone a Carles Puigdemont como candidato a presidente de la región”, en Clarín Mundo, 22 de enero de 2018. Recuperado el 22 enero de 2018, de https://www.clarin.com/mundo/cataluna-parlamento-catalan-propone-carles-puigdemont-candidato-presidente-region_0_HyUfQBXHM.html

 

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