Enrique Peña Nieto y la crisis de seguridad que hereda

Elda Magaly Arroyo Macías[*]

 

Resumen: la estrategia de seguridad del gobierno de Enrique Peña Nieto fue solo en el discurso, pues lejos de aminorar la violencia, permitió que la inseguridad creciera aún más que con Felipe Calderón, convirtiéndose en una de las principales deudas que deja con los mexicanos. La casi desaparición de la investigación criminal y la falta de continuidad en los trabajos de prevención social, así como el escaso seguimiento al nuevo modelo de justicia son solo algunos de los factores que incidieron en su fracaso.
Palabras clave: estrategia, continuidad, violencia, homicidios, crimen, México.

Abstract: The security strategy of Enrique Peña Nieto’s cabinet was all talk: far from diminishing violence, he allowed insecurity to grow even more than Felipe Calderón did. Public insecurity is one of the main outstanding debts that he leaves unpaid. The enfeeblement of criminal investigation, the lack of continuity in social prevention initiatives, and weak follow-through on the new model of justice are just some of the factors that ensured the failure of his leadership.
Key words: strategy, continuity, violence, murders, crime, Mexico.

La incertidumbre política quedó atrás y México, a partir del 1 de diciembre de 2018, tendrá como presidente de la república a Andrés Manuel López Obrador, calificado como un progresista. El cambio de proyecto de nación se anuncia con gran expectativa en diferentes rubros, sobre todo en la economía y la educación, con contrarreformas en puerta, reconciliaciones y otras medidas que se plantean desde un escenario en el que el Poder Ejecutivo contará con un fuerte respaldo del Legislativo.

Pero qué pasa con la seguridad. ¿Cuáles son las condiciones del país en el tema que más preocupa a los mexicanos? ¿La estrategia implementada por el saliente Enrique Peña Nieto fue la correcta? ¿Se logró contener la crisis de seguridad que se generó durante la gestión de Felipe Calderón? ¿Se redujo la violencia provocada por las organizaciones criminales? ¿Se justifica la aprobación de una polémica Ley de Seguridad Interior? ¿Cuáles son los pendientes que tendrá que resolver el nuevo gobierno?

Este análisis tiene como finalidad dar respuesta a estos y otros cuestionamientos, haciendo una revisión cronológica de los hechos de seguridad más relevantes que se registraron durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto (2012–2018), así como una observación de los indicadores y objetivos que se plantearon desde el gobierno federal.

 

  1. La estrategia

En 2012, luego de resultar ganador en las elecciones presidenciales, Enrique Peña Nieto dejó en claro que, a diferencia de su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa (2006–2012), no enfrentaría a las organizaciones criminales de manera frontal sino que su gobierno trabajaría para reducir la violencia con base en seis líneas de acción:

  1. Planeación.
  2. Prevención.
  3. Protección y respeto a los derechos humanos.
  4. Coordinación.
  5. Trasformación institucional.
  6. Evaluación y retroalimentación.

En ese momento, la promesa de disminuir los homicidios dolosos resultaba atractiva, pues la “guerra contra el narco”, que emprendió su antecesor, dejó como saldo 121,683 muertes violentas, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).[1] La violencia estaba desbordada en todo el país e “imperó el luto, el dolor e incluso el terror en amplios sectores debido a las miles de personas asesinadas, desaparecidas, desplazadas, exiliadas, torturadas, extorsionadas, víctimas directas o indirectas de la violencia”, según el informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez sobre ese sexenio.[2]

Los cambios comenzaron, y entre las primeras acciones del gobierno de Peña Nieto estuvo la reorganización del país en cinco regiones geográficas para focalizar los recursos de las fuerzas policiales (véase la figura 9.1).

  1. Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora.
  2. Noreste: Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.
  3. Occidente: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas.
  4. Centro: Ciudad de México, estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
  5. Sureste: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz.

De manera paralela, se hizo un ajuste en la estructura orgánica y a partir del 2 de enero de 2013, a doce años de su creación, desapareció la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para dar paso al Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), que en conjunto se encargarían de formular y ejecutar las políticas, programas y acciones para garantizar la seguridad de los mexicanos.

Con un nuevo enfoque de proyecto y la exhibición pública de casos en los que agentes federales se vieron coludidos con grupos del narcotráfico, la existencia de la SSP ya no tenía razón de ser, pues había sido creada como el ente articulador entre las fuerzas federales en el combate a la delincuencia organizada, así como del resguardo de áreas públicas en espacios federales, como los aeropuertos y las fronteras.

Durante el periodo de campaña, Peña Nieto también planteó la creación de una policía militarizada, basada en el modelo aplicado en Francia y Chile. El 12 de febrero de 2013, anunció que Manuel Mondragón y Kalb sería el titular de dicha corporación, la cual sería adiestrada por la Gendarmería Nacional Francesa, destinándose para ello un presupuesto millonario. Oficialmente, el 16 de septiembre de 2013, coincidiendo con el desfile de las fuerzas armadas, inició sus operaciones la Gendarmería Nacional, integrada por cinco mil efectivos.

Hasta este punto, la estrategia parecía ser la correcta: planeación, coordinación y trasformación, al menos en esencia, de administración pública, pues la reorganización estructural de las instituciones era imperante, ya que las vinculaciones de altos funcionarios con líderes de los cárteles había puesto en entredicho la honorabilidad de las corporaciones. Además, la distancia con la ciudadanía por los “daños colaterales” era abismal, por lo que era necesario recuperar la confianza de una sociedad que no solo estaba herida sino que se desangraba.

Emprender el camino de la planeación es fundamental en el ámbito de la seguridad pública, pues esto permite diseñar un plan a futuro, con objetivos claros y metas coherentes que se traduzcan en beneficios para la ciudadanía. Ninguna corporación de seguridad puede o debe funcionar sin un plan estratégico, ya que este es el que dicta la ruta de sus intervenciones y la intensidad de los recursos que se destinarán. Sin embargo, para que la estrategia sea eficaz debe ser evaluada y retroalimentada periódicamente, para realizar los ajustes que sean necesarios y replantearse el camino rumbo al cumplimiento de los objetivos.

Apostar por la prevención social es el camino ideal para mejorar la seguridad, pero se debe entender que es un camino largo, en donde la continuidad es vital, pues no se trata solamente del cumplimiento del marco legal y las promesas de campaña sino que las causas de la violencia son multifactoriales y comienzan desde el ámbito local, por lo que se les debe dar estricto seguimiento, de ahí la importancia de las policías municipales, cuyas labores son preventivas. Pero las corporaciones policiales no pueden solas en este trabajo, la prevención inicia desde el seno familiar con el fomento de los valores, el respeto y una mejor calidad de vida.

Para la administración de Peña Nieto, el tema de la prevención se tocó, prácticamente, solo en el discurso, pues se anunció que se enfocarían los recursos públicos en la atención de las causas del fenómeno delictivo, a través de programas transversales, y en 2013, se dio a conocer que se haría una inversión de 115,600 millones de pesos, además de la creación de fondos especiales para este rubro.

La organización México Evalúa analizó el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia,[3] el cual depende directamente de la Segob, concluyendo que si bien significaba un avance importante en la materia, no contaba con una metodología clara sobre cómo elegir a los municipios a los cuales se les entregarían los recursos, porque los diagnósticos no recababan evidencia ni tampoco se presentaban indicadores para medir la efectividad de los proyectos a los que se destinaba el dinero. En términos de planeación, este tipo de información es relevante, porque de lo contrario no se puede tener una retroalimentación y evaluación de las políticas públicas.

El plan de prevención destinaba recursos a proyectos que combatieran los factores de riesgo en 57 demarcaciones prioritarias, seleccionadas por los altos índices delincuenciales. Esta fue la principal inconsistencia que encontró México Evalúa, pues los municipios seleccionados fueron aquellos que enfrentaban las consecuencias de la violencia, no en los cuales había factores de riesgo para la población, como alto índices de marginación. Además, tampoco quedó claro o se sustentó el por qué destinar recursos a rubros como clases de zumba o la creación de huertos comunitarios, contribuían a disminuir las condiciones de violencia.

El flujo de recursos también dejó en claro la relevancia que tenía para la administración de Peña Nieto el tema. En 2013, el Presupuesto de Egresos contempló que el Programa Nacional de Prevención del Delito debía recibir 2,595 millones de pesos. Ese mismo año, el gasto destinado por el gobierno federal a publicidad oficial ascendió a 8,154 millones de pesos.[4] En 2014, se mantuvo igual el recurso para la prevención del delito, y para 2015 hubo un ligero incremento al destinarse 2,683 millones de pesos. Durante esos dos años, el gasto en comunicación social sumó 17,408 millones de pesos.[5] Para 2016, se evidenció que la “apuesta” por la prevención cambió, ya que se recortaron los recursos, al contemplarse solo 2,015.3 millones de pesos para este tema. La peor parte de la historia se contó en 2017, cuando no se otorgaron recursos, dejando el presupuesto de este programa en cero, mientras que para 2018, el gobierno de Enrique Peña Nieto consideró que 300 millones de pesos eran suficientes para la prevención del delito (véase figura 9.2). No pasó igual con el recurso destinado a publicitar los logros del gobierno federal, cuyo acumulado superó los 35 mil millones de pesos de 2013 a 2017.[6]

Esta falla en la estrategia de seguridad de Peña Nieto es evidente y significativa, pues si el fenómeno delictivo no se atiende, desde la prevención y como prioritario, es natural experimentar un dramático ascenso en la macrocriminalidad. A menor prevención, mayor inseguridad.

Pero ese no fue el único error en la ejecución de una estrategia que lucía prometedora. La Gendarmería Nacional fue creada para buscar un consenso para la consolidación del mando único en las policías estatales, lo cual evidentemente no se logró. Además, se argumentó que esta nueva agrupación tendría como objetivo la reducción de homicidios, secuestros y extorsiones. Tampoco sucedió.

La extrapolación de políticas públicas no es mala, siempre y cuando se haga un serio análisis de las condiciones locales. En el caso de la Gendarmería Nacional, este modelo de policía militarizada es un híbrido entre la gendarmería francesa y la guardia civil española; es decir, una mezcla que debe atender situaciones de seguridad en ambientes rurales y urbanos, pero que no fue muy bien vista por las fuerzas castrenses del país, que exigían que al tratarse de una policía militar fuese, precisamente, uno de sus miembros quien encabezara la nueva agrupación y no Mondragón y Kalb, pese a su formación en la Armada.

El número de elementos también es un hándicap. Los cinco mil miembros de la Gendarmería Nacional no son suficientes para abarcar el territorio nacional. Su presencia, originalmente, representaba un refuerzo de las fuerzas federales a las policías locales, sin embargo, buena parte de esos elementos se concentraron en la frontera norte del país para robustecer la vigilancia en la zona.

Como consecuencia, los resultados de la gendarmería no fueron los esperados, pues la tendencia de homicidios se mantuvo, así como el secuestro y la extorsión (véanse las figuras 9.3 y 9.4).

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, considerado como el autor de la estrategia frontal ante el narcotráfico, publicó el libro Seguridad con bienestar, en el cual critica el desempeño de los funcionarios de Peña Nieto, principalmente, por haber desaparecido la SSP, así como porque “se dejó de invertir en equipo de cómputo, servidores y licencias de software para la carga, resguardo, procesamiento y análisis de datos, voz e imagen de las bases de datos a nivel municipal, estatal y nacional, y se abandonaron los sistemas para las tareas de seguridad pública en todo el territorio nacional”,[7] lo que habría favorecido un aumento de la actividad de los cárteles del narcotráfico.

Los señalamientos a la estrategia de seguridad de Peña Nieto también vinieron del sector empresarial, pues Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), declaró que “bajo ninguna manera podemos prestar oídos sordos y ojos ciegos ante una realidad que nos preocupa. El buen gobierno se construye ratificando las políticas exitosas de instrumentación y también reconociendo los errores cuando se cometen. Y en materia de seguridad, esta administración se ha equivocado una y otra vez”.[8]

Los errores fueron evidentes y la falta de continuidad es la constante, pues no se mantuvo el plan de prevención y tampoco se le dio seguimiento a herramientas de inteligencia, que son indispensables para el trabajo policial. Además, no se consolidaron los objetivos para los cuales fue creada la Gendarmería Nacional, mucho menos se avanzó en la protección a los derechos humanos.

  1. El crimen organizado

El cambio de estrategia también impactó en el crecimiento de los grupos del crimen organizado, pues al hacerse la advertencia de que el combate ya no sería frontal y la intención era pacificar al país, se redujo la presencia de las fuerzas federales en las calles, aunque se mantuvo al ejército fuera de los cuarteles, como había sido en el sexenio anterior.

Durante la gestión de Felipe Calderón Hinojosa, en el país predominaron siete organizaciones delictivas con sus respectivas células:

  • Cártel de Sinaloa.
  • Cártel del Golfo.
  • Cártel de Pacífico Sur o de los hermanos Beltrán Leyva.
  • La Familia Michoacana / Los Caballeros Templarios.
  • Los Zetas.
  • Cártel de Juárez.
  • Cártel de Tijuana.

Mientras que en la administración de Peña Nieto operaron nueve grupos, pues se dio una escisión en la Familia Michoacana y los Caballeros Templarios, sumando así una nueva organización, a lo que se añade el nacimiento y crecimiento vertiginoso del Cártel Jalisco Nueva Generación, que en poco tiempo se convirtió en el grupo criminal más violento y poderoso del país, capaz de derribar un helicóptero de la marina para impedir la detención de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el 1 de mayo de 2015.

Quizá el hecho más relevante de la administración de Peña Nieto en cuanto al combate al narcotráfico fue la detención de Joaquín Guzmán Loera, el “Chapo”, el 22 de febrero de 2014, en un balneario de Mazatlán, en su natal Sinaloa, en donde el líder de uno de los cárteles con más historia y en ese momento el hombre más buscado por las autoridades mexicanas e internacionales, se movía sin grandes aparatos de seguridad, sabiéndose protegido en su tierra.

Sin embargo, ese mismo “triunfo” se convertiría en la principal humillación del gobierno priista, ya que luego de 17 meses de estar recluido en el Centro Federal de Readaptación Número 1, conocido como El Altiplano, la cárcel de máxima seguridad en el país, y postergar en repetidas ocasiones la extradición hacia Estados Unidos, el “Chapo” logró escaparse a través de un túnel que había sido excavado sin que nadie se diera cuenta, abonando a la imagen de corrupción de los funcionarios de Peña Nieto.

Al darse a conocer la fuga de Guzmán Loera, las autoridades federales declararon que la recaptura sería la prioridad número uno de las fuerzas armadas. Les llevó seis meses lograrlo. El 8 de enero de 2016, Enrique Peña Nieto, a través de un mensaje de Twitter, anunciaba la detención con un “misión cumplida”. A diferencia de la ocasión anterior, el gobierno mexicano comenzó de inmediato los trámites para la extradición y, sorpresivamente, el 20 de enero de 2017 se dio a conocer que el “Chapo” había sido enviado a la ciudad de Nueva York, en donde sería juzgado por diversos delitos.

Pese a “triunfos” como el anterior, en general la estrategia de pacificación, como fue ejecutada, no resultó ser efectiva, pues la violencia se incrementó en todo el país, impulsada en parte por el avance del Cártel Jalisco Nueva Generación, que tiene células en todo el territorio nacional. Así lo indica el informe 2017 de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), que además le atribuye el control del tráfico de cocaína y metanfetamina en un corredor de 10 mil kilómetros en el océano Pacífico, Asia y Australia, que afianzó desde 2014, año en que las autoridades se avocaron a debilitar al Cártel de Sinaloa.

El mismo documento señala que el crecimiento del Cártel Jalisco se dio por ser la organización menos afectada por las autoridades mexicanas, y si bien durante el primer semestre de 2018 se realizaron detenciones importantes —como las de Abigail y Rosalinda González Valencia, cuñado y esposa de “El Mencho”, respectivamente—, la organización mantiene su poderío económico porque no tienen dificultades para el tráfico y la venta de drogas sintéticas.

Con el “Chapo” Guzmán fuera de circulación y el regreso del mítico capo Rafael Caro Quintero a las calles desde el 9 de agosto de 2013, el escenario del narcotráfico en México se volvió más violento. Incluso, información publicada por el portal www.sinembargo.com señala que el presidente Enrique Peña Nieto canceló una visita a Reynosa, Tamaulipas, el 26 de enero de 2018, ante la posibilidad de ser víctima de un ataque por la disputa del control de territorio que se da en esa zona fronteriza.[9]

 

  1. La Ley de Seguridad Interior

 La Cámara de Diputados aprobó el 30 de noviembre de 2017 la Ley de Seguridad Interior, que se contrapone a lo que inicialmente Peña Nieto dijo que sería su gobierno, pues aseguró que, como parte de las líneas de acción, habría una estricta protección a los derechos humanos.

La normativa en cuestión facultó al titular del Poder Ejecutivo para ordenar la intervención de las fuerzas armadas en cualquier punto del país cuando se identifiquen “amenazas a la seguridad interior” y la capacidad de las fuerzas federales o locales resulten insuficientes para hacer frente. Los principales detractores de esta ley señalan que con ella se abren las puertas a la militarización del país, algo que legalmente ni siquiera sucedió durante la gestión de Calderón, quien involucró a las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico. La imagen del ejército mexicano no abonó al tema, ya que esta no ha podido ser resarcida desde 2014, tras la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa y la matanza de Tlatlaya.

En esencia, la Ley de Seguridad Interior permite que el presidente ordene la intervención del Ejército o la Marina en zonas de conflicto y, de ser así, debe ponerlo a consideración del Consejo de Seguridad Nacional para emitir una declaratoria, la cual a su vez deberá contar con el visto bueno de la comisión bicameral en la materia.

El artículo 16 del citado ordenamiento destaca que “aquellos casos en que las amenazas representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones”,[10] es decir, que en una agresión de los grupos del crimen organizado a la sociedad —como la que se vivió el 1 de mayo de 2015 en diferentes puntos de Jalisco, al registrarse 29 narcobloqueos— el presidente de la república podría ordenar la intervención de las fuerzas armadas para protección de la ciudadanía.

Si se toma en cuenta que la violencia en el país es palpable, pues no hay día que no se informe sobre algún homicidio doloso relacionado con posibles ajustes de cuentas entre narcotraficantes, y la ambigüedad en la redacción de la ley, el resultado es que el presidente tiene manga ancha para aplicarla.

 

  1. Los pendientes

La crisis de seguridad se ha agravado por la pérdida del estado de derecho, los homicidios dolosos mantienen una tendencia al alza, así como otros delitos, principalmente los de alto impacto, pues la mayoría de las corporaciones policiales se encuentran atascadas en una pronunciada curva de aprendizaje sobre el Sistema Penal Acusatorio Adversarial, lo que ha permitido que delincuentes reincidentes se mantengan en la calle y esto sea percibido por la ciudadanía como inoperancia de la autoridad.

Andrés Manuel López Obrador, ganador de la elección presidencial en el proceso que culminó el 1 de julio de 2018, hereda un país con altos niveles de violencia, en donde ser periodista o candidato a un puesto de elección popular es un riesgo de muerte, pues tan solo en el sexenio de Peña Nieto, 40 trabajadores de la información fueron ultimados, al igual que 101 políticos, por parte de supuestos miembros del crimen organizado.

La tarea de combatir al crimen se anuncia complicada, prácticamente, en todo el país, y las nuevas autoridades tendrán que replantear la estrategia. De acuerdo con lo que ha externado públicamente López Obrador, se hará un nuevo intento de pacificación con una reorganización de las instituciones, en donde se recupere a la Secretaría de Seguridad Pública.

Asimismo, el nuevo gobierno intentará concretar el mando único, el cual estaría bajo la conducción del presidente de la república. Además, se asegura que el trabajo en la seguridad sería la prioridad y que, al igual que hizo durante su gestión como jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador tendría todos los días reuniones con el gabinete especializado para recibir el parte informativo y así tomar decisiones.

La Gendarmería Nacional podría recibir una nueva oportunidad, quizá bajo el nombre de Guardia Nacional, ya que el proyecto del nuevo presidente lo contempla con algunos ajustes, manteniendo la esencia de una policía militarizada, para que el ejército pueda regresar a sus funciones en los cuarteles.

El punto más importante para que esta nueva estrategia funcione, sin duda, es el desarrollo social, pues la promesa de López Obrador está en la atención al crecimiento económico, con el fomento a las fuentes de empleo y garantizando el acceso a la educación, lo que se traduciría en bienestar social. Asimismo, se contempla la recuperación del campo como parte de la estrategia de seguridad, ya que, según el político tabasqueño, el abandono de las tierras y la baja en la productividad de las zonas rurales han propiciado que la inseguridad y la violencia se arraiguen en el país.

La atención a los jóvenes deberá de ser el eje de la nueva estrategia, siempre y cuando esté basada en la prevención social, ya que es, precisamente, este sector de la población el que se encuentra en condiciones de mayor vulnerabilidad para ser víctima de la violencia o la delincuencia. La tarea es titánica, pero con una conducción adecuada y continuidad en los planes, México podría comenzar su camino hacia la recuperación de la paz.

 

[*] Cursó la Licenciatura en Letras Hispánicas en la Universidad de Guadalajara. Se ha desempeñado como periodista independiente en diferentes medios de comunicación locales, enfocándose en temas de seguridad pública, especialización que complementó con el curso de formación básica para policía preventivo. Cuenta con publicaciones en Sudamérica y Estados Unidos. Labora como coordinadora de Jefaturas de la División de Planeación y Gestión Estratégica de la Policía de Guadalajara. Correo electrónico: eldaarroyo@hotmail.com

[1].     Proceso. “Más de 121 mil muertos, el saldo de la narcoguerra de Calderón: Inegi”, en Proceso, 30 de julio de 2013. Recuperado el 29 de agosto de 2018, de https://www.proceso.com.mx/348816/mas-de-121-mil-muertos-el-saldo-de-la-narcoguerra-de-calderon-inegi

[2].    Aristegui Noticias. “Sexenio de Calderón, ‘marcado por la violencia y las cifras de muerte’”, en Aristegui Noticias, 7 de febrero de 2013. Recuperado el 29 de agosto de 2018, de https://aristeguinoticias.com/0702/mexico/sexenio-de-calderon-marcado-por-la-violencia-y-las-cifras-de-muerte-centro-pro/

[3].    El análisis puede ser consultado en: http://mexicoevalua.org/prevencion/

[4].    Fundar. Contar lo bueno cuesta mucho. El gasto en publicidad oficial del gobierno federal de 2013 a 2016, septiembre de 2017. Recuperado el 29 de agosto de 2018, de http://fundar.org.mx/mexico/pdf/P.O.2013-2016oK2.pdf

[5].    Ibidem.

[6].    Campos, Mariana. “Publicidad oficial al vapor”, en El Sol de México, 29 de marzo de 2018. Recuperado el 29 de agosto de 2018, de https://www.mexicoevalua.org/2018/03/29/publicidad-oficial-al-vapor/

[7].    Gallegos, Zorayda. “Reaparece en México el polémico ministro de la guerra contra el narco”, en El País, 16 de abril de 2018. Recuperado el 29 de agosto de 2018, de https://elpais.com/internacional/2018/04/16/mexico/1523907875_369575.html

[8].    González, Lilia. “Enrique Peña Nieto se ha equivocado una y otra vez con la estrategia de seguridad: Coparmex”, en El Economista, 29 de mayo de 2018. Recuperado el 29 de agosto de 2018, de https://www.eleconomista.com.mx/politica/Enrique-Pena-Nieto-se-ha-equivocado-una-y-otra-vez-con-la-estrategia-de-seguridad-Coparmex-20180529-0107.html

[9].    Moreno, Martín. “Seguridad, el fracaso de EPN”, en Sin Embargo, 31 de enero de 2018. Recuperado el 29 de agosto de 2018, de http://www.sinembargo.mx/31-01-2018/3379472

[10].    La ley aprobada se puede consultar en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LSInt_211217.pdf

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