2019: esperanza y costo de una visión alternativa

Luis Ignacio Román Morales[*]

Resumen: la economía estudia la gestión de recursos escasos. Cualquier estrategia económica implica cierta concepción sobre la forma de producir y de repartir la riqueza. La “cuarta transformación” promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador supone una lógica diferente respecto a la que ha predominado durante 36 años en México y, por consiguiente, implica incertidumbres, tensiones distributivas y riesgos. Sin embargo, la nueva estrategia también despierta esperanzas y posibilidades de mejora económica para amplios grupos sociales. ¿Qué rasgos se van esbozando de la nueva estrategia en términos de las decisiones concretas del nuevo gobierno federal? Tal es la pregunta que buscamos abordar en el presente documento.
Palabras clave: López Obrador, estrategia económica, política financiera, papel del estado, mercado interno, redistribución, política social.

Abstract: Economics studies the management of scarce resources. Any economic strategy implies a certain approach to the question of producing and distributing wealth. The “fourth transformation” promoted by President Andrés Manuel López Obrador obeys a logic that is different from the one that predominated in Mexico for 36 years and therefore entails uncertainties, distributive tensions and risks. However, the new strategy also raises hopes and possibilities of economic improvement for broad sectors of society. What characteristic features are beginning to emerge from the new federal government’s specific decisions? That is the question addressed in this article.
Key words: López Obrador, economic strategy, financial policy, role of the state, domestic market, redistribution, social policy.

 

En el número previo de Análisis Plural, referido al “efecto AMLO”, concluimos el apartado “La economía mexicana en términos de López Obrador” con una expectativa incierta: entre un cambio retórico, pero con prácticas inerciales dominantes, o bien, un cambio real, pero con posibilidades de enfrentamientos significativos con grandes grupos de poder económico y riesgo de consecuencias económicas mayores.[1]

Los primeros meses de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador nos muestran un comportamiento que no puede resolverse en posturas dicotómicas. No se ha generado un viraje extremo de la política económica, pero estamos ante una estrategia que dista mucho del precedente. Predomina un complicado balance entre el pragmatismo y la búsqueda de un cambio radical en el quehacer socioeconómico.

Hay tantos elementos para cuestionar al gobierno federal por reproducir los juegos de poder preexistentes (contratos en favor de grandes empresarios, discurso elusivo de las diferencias con los Estados Unidos, mantenimiento de los poderes sindicales corporativos fuertemente cuestionados), como para afirmar que el estado enfrenta el poder económico predominante (frente a la corrupción relativa al robo de combustibles, la práctica de la “austeridad republicana” de los gobernantes, el aumento a los salarios mínimos, los precios de garantía agropecuarios, la recuperación de trasporte ferrocarrilero, etcétera). También se trata de un actuar que oscila entre elementos de ortodoxia económica financiera y fuertes cuestionamientos a tal ortodoxia en materia productiva, laboral y social. El gobierno transita sobre una delgada línea limítrofe entre la continuidad y el cambio. Su base social puede crecer, la descalificación de sus acciones y las respuestas especulativas contra el gobierno, también.

Más allá de lo que fue su discurso de campaña, la plataforma electoral del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del Partido del Trabajo, o aun de Encuentro Social, la práctica socioeconómica gubernamental la podríamos clasificar en cinco ejes.

1. El mantenimiento de la estabilidad financiera sin alteraciones de corto plazo

Durante el primer bimestre del actual gobierno, el índice de precios y cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores aumentó en 5.4%. Nada mal, una ganancia especulativa de tal proporción en dos meses bajo un gobierno catalogado de izquierda.

Durante la gestión de Enrique Peña Nieto (2012–2018) el balance fue negativo: el 30 de noviembre de 2012, la bolsa cerró en 41,834 puntos, superior a los 41,732 con los que cerró el 30 de noviembre de 2018, sin contar los deterioros derivado de la inflación y de la depreciación del peso. Por su parte, el peso cerró la administración pasada con una paridad de $20.37 por dólar, frente a $19.03 el 5 de febrero de 2019, lo que equivale a una revaluación de la moneda nacional de 6.6%. En noviembre de 2012, la paridad promedio fue de $12.87 pesos por dólar, por lo que la devaluación en el periodo de Peña Nieto fue de 58.2%.[2] Evidentemente, los datos de la actual administración cambian día con día y, cuando usted lea los que aquí menciono, la situación habrá podido cambiar sustantivamente.

En todo caso, parece paradójico que con AMLO haya ganancias especulativas y revaluación de la moneda, cuando ocurrió todo lo contrario con el gobierno previo, el cual se anunciaba como un responsable defensor de la “estabilidad macroeconómica” y de los equilibrios financieros. ¿Qué es lo que mantiene hasta ahora un comportamiento financiero favorable con la actual administración?

En primer lugar, el mantenimiento de un discurso conservador en materia financiera, pues de lo contrario podría ocurrir una salida más drástica de capitales.

• Respeto a la autonomía del Banco de México, particularmente respecto a que el gobierno le pueda pedir prestado al banco central. Pese a ello, durante su gestión, AMLO propondrá a cuatro de los cinco subgobernadores del Banxico, lo que indirectamente incidirá en su capacidad de influencia. Los nombramientos de Gerardo Esquivel y de Jonathan Heath reflejan perfiles técnicos de alta calificación cercanos a las posturas tradicionales del banco, pero sin la ortodoxia que lo ha caracterizado. Además, en el caso de Esquivel, destaca un perfil de análisis e incidencia social relevante, especialmente en materia de estudio sobre distribución de la riqueza.

• Superávit primario en el balance fiscal: que el gobierno no gaste más de lo que ingresa, excluidos los pagos de intereses de la deuda.

Esto representa la disciplina financiera más ortodoxa a los principios del Consenso de Washington.

• Reducción de la carga fiscal a Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que permitió que la calificadora Standard & Poor’s mantuviese la calificación crediticia de México.

• Mantenimiento de la deuda (excluidas las variaciones de tasas de interés) en niveles similares. No endeudarse más allá del aumento de inflación.

En segundo lugar, el establecimiento de fuertes acuerdos financieros con acreedores, comenzando con los inversionistas en el aeropuerto que se iba a construir en Texcoco.

En tercer lugar, el estrechamiento de vínculos con grandes empresarios seleccionados: Carlos Slim, el Consejo de Asesores Empresariales, el otorgamiento de contratos sin licitación a grandes empresas influyentes, para la realización de las mayores obras de infraestructura (Tren Maya, Ferrocarril Transítsmico, refinería de Dos Bocas) y la distribución de apoyos sociales.

Todos estos aspectos parecen referir más a un tradicional gobierno políticamente conservador y económicamente partidario de la liberalización de los mercados, más que a uno que ofrezca una cuarta trasformación y el divorcio del poder político ante el económico.

2. Recuperación del papel del estado como base de la organización económica

En su crítica al neoliberalismo, especialmente insistente en su discurso de toma de posesión,[3] AMLO refiere básicamente el deterioro social que ha acompañado a la implantación de las políticas de liberalización económica e inclusive les ha atribuido, en sus conferencias mañaneras, una responsabilidad primaria en el crecimiento de la corrupción, la inseguridad y hasta de la desintegración familiar.

Ante tal escenario, el nuevo gobierno pretende retomar el liderazgo del estado en las decisiones económicas y una fuerte articulación entre estas y las políticas sociales. Los instrumentos de los que goza el estado, particularmente el gobierno (excluyendo al manejo monetario, por pertenecer este al ente autónomo Banco de México), se centran en tres aspectos: obtención de ingresos (cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, enajenaciones y deuda), orientación del gasto (sectorial, regional, por grupos sociales específicos), y elaboración y aplicación de regulaciones.

Entre los aspectos en los que prima el interés gubernamental se encuentra la definición de una política industrial (sectorial) claramente definida:

a. Reactivar el sector agropecuario con una doble lógica:

• Por una parte, manteniendo el impulso a los productos de exportación, con el fin de generar atracción de divisas (mantenimiento de un saldo comercial superavitario en el sector), una buena relación con los grandes empresarios agropecuarios y generación de empleo.

• Por otra parte, diseñando una estrategia simultánea de promoción a la producción de productos básicos (maíz, frijol, arroz, trigo y leche), mediante la implantación de precios de garantía en favor de pequeños productores.

• Incorporando a la canasta básica de Segalmex (Seguridad Alimentaria Mexicana–Diconsa / Liconsa) nuevos productos agropecuarios, tales como carnes de res, cerdo, pollo y pescado; huevo, frutas y verduras, garbanzo, chícharo, ajonjolí y chía.

b. Rescatar para el poder público sectores transversales del conjunto de la actividad económica. Especialmente el rescate del sector energético, sobre todo el petrolero, mediante:

i. El combate a la corrupción en el trasiego de crudo y combustibles.

ii. La reactivación y modernización de las seis refinerías existentes.

iii. La construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco.

iv. La modernización de las plantas hidroeléctricas y presas, con base en nuevas tecnologías que incrementen la generación de electricidad a partir de la infraestructura existente.

En estas estrategias se plantea el recurso amplio a asociaciones público privadas, tanto con capital nacional como internacional, en el caso eléctrico sobre todo canadiense.

c. La intervención regulatoria más intensa en sectores específicos:

• Mayor regulación y vigilancia del sector minero.

• Apoyo orientado a la producción de básicos agroindustriales.

• Fomento a la construcción de infraestructura, a partir de las mayores obras planeadas.

• Presupuesto creciente de manera especial en telecomunicaciones.

d. Reducción sustantiva en el gasto ligado a la administración pública y generación de ingresos mediante la enajenación de bienes públicos

• La lógica de fortalecimiento del estado no viene aparejada con la del incremento del gasto en las tareas de la administración pública. De hecho, se están generando recortes históricos en los ingresos y prestaciones de los altos mandos de la administración pública y hasta la cuasi desaparición de uno de los rangos (director general adjunto). La reducción de ingresos es creciente conforme se aumenta en el nivel jerárquico (Ley de Salarios Máximos).

• Paralelamente, se ha generado un fuerte proceso de despidos de trabajadores al servicio del estado, en especial entre los perceptores de ingresos por honorarios, lo que ha ocasionado desajustes significativos en la operación gubernamental y condiciones de incertidumbre laboral en el sector público.

• Como reducción de gasto, también destaca por su carácter
demostrativo, la disminución en el número de choferes, guardias, consultores, seguros de vida y de gastos médicos mayores, de celulares, de remodelación de oficinas, de viajes (particularmente aéreos en primera clase), etcétera.

• En cuanto a los ingresos, los recursos y gastos considerados como ostentosos están siendo vendidos o cambiados de función. Tales son los casos de la antigua residencia oficial de “Los Pinos”, la venta de los aviones presidenciales, de la mayor parte de la flota aérea y de automóviles del sector público.

e. Política fiscal

• Reducción de las tasas impositivas en los municipios fronterizos con Estados Unidos: a 20% en el impuesto sobre la renta (ISR) y a 8% en el impuesto al valor agregado (IVA).

• Compromiso de no generación de nuevos impuestos durante los primeros tres años de la actual administración.

• No obstante, queda por definir —hasta la redacción de este texto— la estrategia específica en materia de créditos y exoneraciones fiscales. Los periodos de declaraciones fiscales anuales (personas morales en marzo y personas físicas en abril) serán un campo de prueba sobre lo estricto o laxo que sea el actual gobierno en materia de cobro de impuestos. Hasta ahora, las grandes corporaciones han sido objeto de tratamientos fiscales condescendientes, con el fin de alentar la inversión y las buenas relaciones con los grandes capitales privados. Sin embargo, la actual administración ha reiterado su postura de efectuar plenamente los cobros requeridos legalmente, lo que podría implicar, por una parte, una importante fuente de financiación pública y, por la otra, una lógica de desestímulo a las empresas con mayor dominio de mercado, en favor de las micro, pequeñas y medianas. En este aspecto es probable que la decisión no sea dicotómica sino que las exoneraciones y créditos se reduzcan significativamente, pero manteniendo una relación fuerte y cercana con algunos grandes capitales, evitando la formación de un frente empresarial unitario que confronte al estado.

3. Reorientación de la estrategia económica sobre una base de promoción al mercado interno y conservación primordial del externo

Desde su dimensión territorial, el mercado —particularmente el de bienes y crecientemente el de servicios— se divide en dos grandes direcciones: el externo, dirigido a la demanda internacional, y el interno, orientado a la satisfacción directa de la demanda nacional. A partir de la incorporación de México, en 1986, al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT, hoy OMC, Organización Mundial del Comercio), la estrategia productiva del país se trasformó radicalmente. Se trata de una trasformación no incluida por amlo en su referencia a las tres trasformaciones previas de México, pero que ha tenido un impacto igualmente grande.

La estrategia desarrollada desde entonces implicó orientar la economía mexicana hacia la obtención de divisas (indispensables para cumplir el servicio de la deuda externa en la década de los ochenta del siglo XX). Para ello, se privilegió la producción orientada al mercado externo, vía la sustitución de cultivos tradicionales por cultivos de exportación; la continuidad de la industrialización mediante las maquiladoras y no a través de los encadenamientos productivos locales; la centralización de apoyos a las empresas con amplio dominio de mercado (oligopólicas “de calidad mundial”) y el abandono de sectores tradicionales (vestido, calzado, juguete, mueble y aun bienes intermedios y de capital).

Para promover las ventajas comparativas (ricardianas) de México, había que aprovechar los bajos costos salariales (salarios reales en continuo deterioro), los bajos riesgos de paros y huelgas (control sindical corporativizado), la baja normatividad ambiental o su poca aplicación real (reducción de costos por protección al medio ambiente) y los elevados subsidios gubernamentales para invertir (otorgamiento de terrenos, perdones fiscales, exenciones al cobro de cuotas a la seguridad social, energía eléctrica, agua, etcétera), construcción de infraestructura ad hoc para las grandes empresas (vialidades), etcétera.

En materia de servicios, se generó una desregulación pública y una amplia apertura financiera, la cual comenzó con la privatización de la banca, su quiebra, su nuevo rescate público y su nueva privatización, ahora en favor de la gran banca internacional. Fenómenos similares ocurrieron con las carreteras, las líneas aéreas, los puertos, los ingenios azucareros, la industria siderúrgica, etcétera.

La economía mexicana se ha trasformado radicalmente: a mediados de los años setenta del siglo pasado, el sector externo representaba el equivalente a 10% del producto interno bruto (PIB) nacional y ahora representa cerca de 75%. Bajo tales circunstancias, la estructura productiva, y especialmente la industrial, no están en condiciones de desvincularse de sus encadenamientos internacionales.

Ante tal panorama, el actual gobierno se incorporó a la negociación del nuevo Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá (T-MEC), generándose una cierta protección en sectores prioritarios, como el petróleo, pero una mayor dependencia del mercado norteamericano, sobre todo por las nuevas restricciones a las relaciones económicas con China. En materia social destacan capítulos en términos de igualdad de género, mejora en las condiciones laborales y regulaciones ambientales. Ante la competencia de México basada en precariedad laboral y desatención ambiental, las nuevas regulaciones podrán jugar en favor de la búsqueda de una estructura económica menos polarizada en el país.

En cuanto a la promoción al mercado interno, destacan la política salarial y los apoyos sociales, mismos que incentivarán la demanda interna de manera significativa. Estos serán abordados en el siguiente apartado.

4. Política económica redistributiva

A pesar de que no hay una meta general explícita de la nueva administración en materia redistributiva, como pudiera ser un descenso en el valor del índice de Gini en materia de distribución del ingreso, existe un amplio abanico de estrategias y programas orientados en tal sentido. Este es el aspecto en el que se diferencia mayormente la administración actual de sus predecesoras recientes.

La principal fuente de ingreso de los hogares mexicanos, el trabajo, representa 64% de sus ingresos totales.[4] De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo,[5] 34.7 millones de trabajadores, de los 56 millones que integran la población económicamente activa (PEA) son asalariados (62%) y de ellos, 20 millones son derechohabientes de algún sistema de salud (proxi de la formalidad). La mayor parte de los asalariados con seguridad social (10.7 millones) obtienen remuneraciones máximas de tres salarios mínimos. En tales condiciones, un aumento a los salarios mínimos, hasta montos tales que les permitan adquirir la canasta básica, implica la posibilidad real de mejorar el mercado interno. Sin embargo, la mejora requerirá ser continua para que:

a. Integre los nuevos componentes de la canasta básica Segalmex, particularmente los que no se encuentran en la canasta básica del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

b. Permita una mejora real no solo de los salarios mínimos generales sino también de los hoy denominados “profesionales”, que abarquen con mayor precisión y diversidad las ocupaciones (se encuentra en proceso la incorporación de trabajadoras domésticas remuneradas y de jornaleros agrícolas a los “salarios mínimos profesionales”).

c. Favorezca una negociación real y libre entre sindicatos no corporativizados ni de protección (es decir, que operen conforme al Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a libre sindicalización, al que México se adscribió al inicio de la actual legislatura federal) con los dirigentes de las empresas. La postura manifestada a inicio de 2019, por parte de la Secretaría del Trabajo y Protección Social en el sentido de no imponer línea a los sindicatos sino de acercar las negociaciones libres, parece ir en tal dirección.

En materia salarial cabe resaltar, de manera particular, el incremento de 100% en el salario mínimo general en la nueva zona salarial de la frontera norte, mismo que podría desincentivar ligeramente la migración hacia los Estados Unidos y generar mejores condiciones —incluyendo la cohesión familiar, al mantenerse en el país el conjunto de sus miembros— a la población de la frontera norte.

La combinación de políticas progresivas en materia salarial y fiscal permitiría establecer una “pinza” en favor de una estructura de distribución del ingreso más equitativa.

Además de los ingresos para los trabajadores formales, los precios de garantía en favor de los pequeños productores agropecuarios de bienes básicos, representaron históricamente una especie de “salario mínimo” campesino, que no solo incentiva la producción de bienes básicos, en favor del consumo nacional, sino que desincentivó el cultivo de otros productos, como los de carácter ilegal, tales como la mariguana y la amapola. Los precios de garantía son —además de una política productiva y social— un mecanismo clave de reducción de inseguridad, delincuencia y, en el caso de la amapola, deterioro en la salud.

Además de las políticas salarial y agropecuaria, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro se plantea no solo la incorporación de alrededor de 2.6 millones de jóvenes en actividades productivas sino un fuerte desincentivo para su incorporación en actividades ilegales. La lógica del programa responde a esquemas tradicionales de “inversión en capital humano”, con el riesgo de que el ingreso de trabajadores jóvenes desplace a trabajadores de mayor edad. Sin embargo, una regulación adecuada del programa, si se dirigiera preponderantemente hacia la micro, pequeña y mediana empresa y si garantizara un aumento neto del empleo y no solo la sustitución de trabajadores, mejoraría el empleo, su formalización y las competencias de los jóvenes.

Sin embargo, no todos los ingresos de la población provienen del trabajo. Considerando los ingresos monetarios más lo no monetarios, juega un papel fundamental el valor imputado a la renta de la vivienda en que se habita. Esto es, no la renta en sí sino el monto equivalente a renta que representa el disfrute del lugar en que se habita. En el índice nacional de precios al consumidor (INPC), la estimación del valor de renta mensual de la vivienda es el factor más significativo, representando el equivalente a más de 11% del gasto total de los mexicanos.[6]

En tal sentido, el diseño de una estrategia de apropiación real de la vivienda social, a partir de la facilitación de los pagos hipotecarios en el proceso de compra, representa un cambio mayor. El anuncio de febrero en la estrategia de vivienda del Infonavit, para congelar intereses y establecer rebajas en los pagos del principal para los deudores de ingresos de hasta cuatro salarios mínimos, representa una descarga mayor en favor de la mejora en el poder de compra de los trabajadores.

Los programas sociales representan otra serie de iniciativas mayores que permitirían dinamizar el mercado interno:

• La generalización de becas para estudiantes de preparatorias públicas reducirá la deserción de los jóvenes y retardará su ingreso a la actividad económica, lo que a su vez presionará en pos de mejoras de ingresos para los trabajadores (la oferta de trabajo disminuiría) y, cuando estos se incorporen, podrán desarrollarse con mayores niveles de productividad. A diferencia del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con este programa de becas el mercado de trabajo podría tender a una mayor retención de los trabajadores mayores y a una menor inestabilidad laboral.

• El aumento de la pensión para adultos mayores, en la mayor parte del país, significará igualmente un fuerte incentivo al mercado interno, de igual manera que la pensión para población con discapacidad, para madres solteras y para la población que habita en las localidades por donde pasan los poliductos de Pemex.

• El aseguramiento social universal, como se pretende para la actual administración, permitiría una reducción significativa de gastos médicos, especialmente de gastos catastróficos, lo que también liberaría recursos para una mayor diversificación del mercado interno.

• El incremento en la canasta básica Segalmex presionará a mayores compras públicas de productos básicos, impulsando el mercado interno.

5. Política social focalizada, pero de amplia cobertura

Las políticas enunciadas en el apartado previo no refieren necesariamente una universalización de los derechos sociales sino la aplicación focalizada a grupos concretos, pero con tal nivel de cobertura que avance a la universalización mediante una focalización extendida.

Algunos elementos centrales no parecen estar en primer plano, aunque deberían integrarse de manera transversal, como la perspectiva de género y la dimensión ambiental. Los indicios marcados por un gabinete paritario en cuanto a género y las consideraciones de conservación del vaso de Texcoco en la disputa sobre la ubicación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, pueden advertir que sí hay una visión en tal sentido. Lo mismo puede referirse con respecto al amplio programa de reforestación, en el que se presenta la plantación de más de un millón de árboles, empleando principalmente a población indígena que cuidaría su propio hábitat. Sin embargo, la reducción presupuestal federal en materia ambiental corre en sentido opuesto.

6. Comentarios finales

Sería ilusorio suponer que los cambios anunciados por el nuevo gobierno no tendrán igualmente efectos contraproducentes, de la misma manera que sería utópico imaginar que en la actual administración no habrá corruptelas mayores, errores, inexperiencia, desorganización e incompetencia. Ninguna organización es monolítica y la centralización del poder y de las decisiones implica riesgos aún mayores.

Por otra parte, las respuestas provenientes de los principales intereses económicos y de quienes han concentrado el poder político durante las últimas décadas no son ni serán menores. Quienes resulten más afectados ejercerán reacciones proporcionales a las acciones que se están tomando, lo que a su vez conduce a estrategias cada vez más claras de formaciones de “quintas columnas”, es decir, de alianzas con grupos de poder muy consolidado, tanto a nivel político como económico, con el fin de sostener el poder político del nuevo gobierno y su estrategia.

En otros términos, tanto por factores internos al propio gobierno como por factores externos, habrá efectos socialmente adversos que se conjuguen con la posibilidad de impactos social, económica y culturalmente benéficos.

En todo este torbellino cabe una pregunta final: ¿vale la pena todo esto a sabiendas de los riesgos que implica? A mi parecer, sí, pero cada quién tendrá su respuesta. Los riesgos son altos, pero el no hacerlo implica una condena a profundizar la polarización social, la violencia, la degradación ambiental, el rezago económico y el desmoronamiento de una cultura de más de tres mil años. Sin embargo, el reconocimiento a una estrategia alternativa a lo que llevamos viviendo por décadas, no puede ni debe ser acrítica ni simple subordinación a los nuevos poderes. La única manera de mantener viva la posibilidad de cambio es manteniendo viva nuestra capacidad crítica y el sentido de fondo de planteamientos y propuestas que no vayan en favor de un personaje, gobierno, estrategia ni teoría, sino en función de los objetivos esenciales de una sociedad en la que podamos vivir cohesionados y dignos.

 

[*]  Es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y doctor en Estructuras Productivas por la Universidad París vii y en Trabajo y Política Social por la Universidad París x. Profesor del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Correo electrónico: iroman@iteso.mx

 

[1]. “La economía mexicana en términos de López Obrador, en El efecto AMLO (Análisis Plural, primer semestre 2018), ITESO, Guadalajara, 2018, pp.103–117.

[2]. Banco de México. “Índice de precios y cotizaciones (CF47)”, Sistema de Información Económica, 2019. Recuperado de http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF57; Banco de México. “Serie histórica del tipo de cambio peso–dólar – (CF373)”, Sistema de Información Económica, 2019. Recuperado de http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF373

[3]. El País. directo | La toma de posesión de López Obrador como presidente de México [Video], México, 2019.

[4]. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016. Recuperado de https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2016/

[5]. Inegi. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2018 (INEGI–ENOE), cifras durante el tercer trimestre de 2018. Recuperado de http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/enoe_ie/enoe_ie2018_11.pdf

[6]. Inegi. Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Recuperado de https://www.inegi.org.mx/programas/inpc/2018/