Crisis forense en Jalisco: cuando los cuerpos y las vidas son desechables

Darwin Franco Migues[*]

 

Resumen: un tráiler frigorífico con 273 cuerpos de personas no identificadas deambuló, entre el 31 de agosto y el 17 de septiembre de 2018, por tres municipios de Jalisco. No pertenecía al crimen organizado. Se trataba de un contenedor adquirido por el gobierno estatal para sortear la sobresaturación del Servicio Médico Forense del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Este artículo da cuenta de la crisis forense que padece Jalisco, enfatizando que el escándalo de los contenedores frigoríficos, que tuvo resonancia nacional e internacional, es solo la punta del iceberg, ya que en Jalisco existen 3,146 cuerpos de personas no identificadas que yacen en circunstancias irregulares en morgues del IJCF, panteones e, incluso, en anfiteatros de universidades públicas y privadas.
Palabras clave: personas no identificadas, pruebas forenses, desaparecidos e impunidad.

Abstract: A refrigerated trailer with 273 bodies of unidentified persons wandered from August 31 to September 17, 2018 through three Jalisco municipalities. It did not belong to an organized crime group; it was a container acquired by the state government to deal with the overflow at the Forensic Medical Service of the Jalisco Institute of Forensic Sciences (IJCF). This article provides an account of the forensic crisis that Jalisco is undergoing, and emphasizes that the scandal of the refrigerated trailer, which made national and international headlines, is just the tip of the iceberg: in Jalisco there are 3,146 bodies of unidentified persons being held in irregular circumstances in IJCF morgues, cemeteries, and even amphitheaters of public and private universities.
Key words: unidentified persons, forensic proof, disappearances and impunity.

Decimos: “Este es el cuerpo de x”, como si el cuerpo,
que una vez fue el hombre mismo y no algo que lo representaba
o que le pertenecía, sino el mismísimo hombre llamado: x,
de repente careciera de importancia.
Paul Auster, La invención de la soledad

 

Movidos por lo mórbido del hecho, muchos medios de comunicación decidieron llamar al hallazgo, en Guadalajara, Jalisco, de un contenedor frigorífico con 273 cuerpos de personas no identificadas, como: “el tráiler de la muerte”.

Las palabras siempre son evocativas y sugieren interpretaciones entre quienes se sienten interpelados por ellas. De ahí que la primera significación de esta noticia, que tuvo resonancia nacional e internacional, pasara más por la narco narrativa impuesta por los golpes de la violencia (y que muchos medios y periodistas adoptamos sin mayores debates), que por la responsabilidad que el estado adquiere en materia de preservación e identificación de todas aquellas personas que no logran ser identificadas tras los primeros análisis forenses y cuyos cuerpos deben ser conservados y resguardados tanto para devolverles su identidad como para resolver el crimen que les arrebató la vida.

1. Los contenedores frigoríficos: la indolencia ante la muerte de los otros

Los contratos firmados entre la Fiscalía General de Jalisco, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y la empresa Logística Montes —especializada en tracto cajas de refrigerados—, oficialmente, datan del año 2017. Sin embargo, la presencia de este tipo de trasporte en las instalaciones de IJCF fue denunciada por familiares de desaparecidos desde 2015, ya que en sus constantes visitas a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) fueron percatándose de que en el estacionamiento trasero de la institución estaban estacionados dos contenedores frigoríficos.

Al preguntar sobre el por qué yacían estos ahí, trabajadoras sociales les confirmaron que: “ahí colocaban los cuerpos que ya no cabían dentro de la morgue”.[1] La respuesta evidenció el tipo de respuesta institucional que se dio para hacer frente al incremento de los homicidios dolosos en Jalisco y a las centenas de cuerpos no reclamados que se derivaron de la comisión de este delito en todo el estado.

Se trataba de dos contenedores frigoríficos; uno de ellos contenía los cuerpos de 273 personas no identificadas y, el otro, los de 49. Ambos estaban ubicados en el estacionamiento posterior del IJCF y en su interior los cuerpos se encontraban amontonados, dentro de bolsas plásticas, en cuyo extremo tenían una etiqueta con el folio correspondiente al expediente que se abrió a su entrada al Semefo.

Dichos contenedores frigoríficos nunca habían salido de las instalaciones del IJCF, hasta que, a finales de agosto de 2018, se ordenó que uno fuera trasladado a una bodega en la calle Frailes, en la colonia La Duraznera, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Ahí, el contenedor frigorífico con 273 cuerpos, no con 157 como se informó inicialmente, estuvo del 31 de agosto al 14 de septiembre, fecha en la que el cabildo municipal ordenó su retiro por no contar con los permisos adecuados para tener un trasporte con esas características dentro de una bodega.

Los olores fétidos alertaron a los vecinos de la zona de que algo no estaba bien dentro de la bodega y, por ello, denunciaron esto a las autoridades municipales, las cuales ordenaron la clausura del lugar colocando sellos sobre la bodega. Sin embargo, personal de la Fiscalía arribó al sitio y violentando esta disposición, quitó los sellos para trasladar dicha cámara frigorífica al municipio de Tlajomulco de Zúñiga donde, sin más, la abandonaron en un lote baldío aledaño al fraccionamiento Paseos del Valle.

La segunda ubicación de este contenedor frigorífico también trascendió por las denuncias que vecinos de la colonia realizaron al descubrir que los fuertes olores que percibían provenían de un contenedor ubicado detrás de sus casas. Al llegar la policía estatal y municipal, les pidieron que no se asustaran, porque no se trataba de un hecho delictivo sino de un contenedor con personas no identificadas, del cual ya tenían conocimiento las autoridades, ya que estas habían acordado “dejarlo ahí en tanto se definía qué hacer con ellos”.[2]

El contenedor estuvo abandonado en Tlajomulco de Zúñiga por alrededor de 18 horas, hasta que fue retirado por elementos de la Fiscalía General de Jalisco para ser trasladado a la bodega de evidencias de la dependencia en el municipio de Guadalajara. Las autoridades aclararon —tras el escándalo— que dicho destino, siempre había sido el previsto para el contenedor, pero que las dimensiones de la cámara, los habían obligado a quitar una viga para que pudiera entrar en la bodega; obra que retardó la llegada del tráiler frigorífico y, por ello, se decidió que este se quedara en el lote baldío, ya que no había dónde colocarlo.

La cámara frigorífica, no obstante, fue regresada el 17 de septiembre a las instalaciones del IJCF donde, junto con el segundo contenedor, permaneció hasta el 29 de octubre, fecha en que ambas cámaras fueron destruidas por considerar que eran un riesgo sanitario. No obstante, colectivos de familiares de desaparecidos, como Por Amor a Ellxs y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) se opusieron a esta destrucción, al considerar que esto eliminaba pruebas de una averiguación en curso, lo cual podría deslindar responsabilidades de aquellos que por negligencia ordenaron mantener los cuerpos en esas condiciones. Aunque resulte contradictorio, la destrucción de los contenedores frigoríficos fue solicitada y avalada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

Los  322 cuerpos contenidos dentro de las cámaras frigoríficas fueron inhumados en gavetas individuales dentro de dos panteones municipales de Guadalajara y El Salto; muchos de ellos, tenían entre uno y tres años dentro de las instalaciones del Semefo, pero no fue hasta que se dio este escándalo que se ordenó que todos tuvieran un expediente forense completo, lo cual incluye la necropsia, el perfil genético, el levantamiento de huellas dactilares, la toma de fotografías forenses, los dictámenes odontológico y antropológico.

2. Responsabilidad compartida

El “Convenio específico de colaboración para la identificación de cadáveres de personas desconocidas y / o conocidas” fue celebrado entre la Fiscalía General de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, el 2 de enero de 2017. Firmaron este documento los entonces funcionarios, Eduardo Almaguer Ramírez, fiscal general del estado, Luis Octavio Cotero Bernal, director del IJCF, y Maricela Gómez Cobos, fiscal central.

En dicho documento, que es público desde entonces, se señala la necesidad de contratar los servicios de una cámara frigorífica porque dentro del IJCF existían diversos cuerpos que no habían sido reclamados por nadie; su presencia en el lugar —se precisa en el convenio— resultaba problemática porque ocupaban un espacio necesario para la preservación de nuevos cadáveres y que, sin embargo, seguían ahí porque el Ministerio Público (adscrito a la Fiscalía General) no podía ordenar su traslado a ninguna otra parte porque la Fiscalía no contaba con ningún otro espacio para su preservación; así que mientras se disponía de un lugar se decidió que la Fiscalía contratara un “contenedor móvil con cámara de refrigeración en el cual conservará y resguardará los cadáveres que ya se encuentran a su disposición [y] con las [debidas] pericias practicadas por el IJCF”[3] y que este se ubicaría temporalmente en el estacionamiento del IJCF.

Al hacerse público el deambular del contenedor frigorífico con 273 cuerpos, la entonces fiscal central, Maricela Gómez Cobos, aseguró que el resguardo y conservación de los cuerpos era competencia única del IJCF y que la Fiscalía no tenía responsabilidad alguna. Sin embargo, el convenio citado previamente reafirma lo que señalan legislaciones locales, como el Código de Procedimientos Legales de Jalisco, y normativas nacionales, como la Ley General de Víctimas, la Ley General de Desaparición Forzada, la Ley General de Salud y el Protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas, en que se precisa que instancias como las fiscalías o procuradurías son las responsables del resguardo y conservación de los cuerpos de personas no identificadas, pues a las instancias forenses solo les compete la elaboración de las pruebas y el resguardo de sus resultados.

De ahí que en la cláusula tercera de dicho convenio celebrado entre la Fiscalía y el IJCF fuera necesario precisar que la primera “Deslindará de cualquier responsabilidad penal, administrativa y civil al Instituto a partir de que este le devuelva la custodia y resguardo de los cuerpos al Ministerio Público”,[4] lo cual, a decir del hoy exdirector del IJCF, Luis Octavio Cotero Bernal, ya había sucedido y, por ello, el traslado del primer contenedor frigorífico fue responsabilidad total de la Fiscalía y no del instituto forense.

A pesar de esto, el primer funcionario en ser cesado por este suceso fue, justamente, Luis Octavio Cotero Bernal, quien fue señalado por el entonces gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, como uno de los responsables de estos hechos. Sin embargo, tras su despido, Cotero Bernal señaló que: “La Fiscalía se estaba lavando las manos al evadir la responsabilidad al haber autorizado el traslado de los cuerpos porque nosotros en el instituto, no podíamos actuar sin el aval del Ministerio Público”.[5]

Conforme a las Políticas Generales del Funcionamiento del Servicio Médico Forense y la Ley Orgánica del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la única autoridad facultada para determinar el resguardo, entrega y destino final del cuerpo de una persona identificada o no identificada que ingresa y permanece en el Semefo es el Ministerio Público; no obstante, es el IJCF el que sugiere cuál podría ser el destino final de las personas no identificadas, tal y como se precisa en el artículo Vigésimo Noveno del reglamento del Semefo:

Para la procedencia del destino final de los cadáveres no reclamados, aún y cuando hayan sido de personas identificadas, el encargado del área administrativa del SEMEFO dentro del día hábil siguiente de haberse cumplido las setenta y dos horas que refieren estas políticas deberá solicitar por escrito a la Agencia del Ministerio Público la autorización del destino final y notificar lo conducente a las autoridades correspondientes.[6]

El señalamiento público de familiares de desaparecidos, sobre la responsabilidad compartida entre la Fiscalía General y el IJCF, y el escándalo internacional que provocó el deambular de la cámara frigorífica con 273 cuerpos, obligó a que el entonces gobernador, Aristóteles Sandoval, cesara de su cargo al fiscal general, Raúl Sánchez Jiménez, quien durante toda esta crisis se encontraba de vacaciones.

En conferencia de prensa, celebrada el 19 de septiembre de 2018, se aclaró que sí existían dos cámaras refrigerantes y que en ellas estaban los cuerpos de 322 personas; ya que en el contenedor que deambuló de un lado para otro en realidad contenía los cuerpos de 273 personas, no 157. Al respecto, Dante Haro, fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General, declaró que los principales responsables de estos hechos era el personal del IJCF, ya que este actúo sin el aval de la Fiscalía e, incluso, habían sido omisos en sus funciones porque de los 322 cuerpos que tenían en las cámaras y los 122 que yacían en al interior de sus instalaciones, solo 13% (60 cuerpos) contaban con todos los registros forenses.[7]

Por su parte, el hoy exgobernador, Aristóteles Sandoval, señaló que no estaba: “dispuesto a tolerar este tipo de errores que sacudieron y horrorizaron a la opinión pública”,[8] asegurando que la acumulación de cuerpos en las instalaciones del IJCF tuvo una lógica de negligencia, indolencia falta de coordinación y nula capacidad de gestión; sin embargo, el entonces mandatario solo ordenó la inhumación de todos los cuerpos; el despido de dos funcionarios y la ampliación de las cámaras frigoríficas dentro del Semefo. La negligencia del hecho permanece en total impunidad.

Conforme a la ley, tanto la Fiscalía General de Jalisco como el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses tenían responsabilidad del resguardo, no solo de los cuerpos que estuvieron en las cámaras frigoríficas sino también de todos los cuerpos que actualmente están bajo su custodia.

Para señalar qué autoridades son responsables de lo que se considera una grave violación a los derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la comisión estatal iniciaron una investigación conjunta para determinar y señalar a quienes avalaron “el trato inhumano dado a los 273 cuerpos de personas no identificadas”, ya que para ambas instancias lo ocurrido refleja “no solo falta de capacitación y sensibilización sino un mal manejo de los restos en materia de salud pública”,[9] precisaron en comunicado de prensa. A la fecha de la redacción de este artículo,[10] todavía no había resultados de esta investigación.

Para la vigilancia y control de la inhumación de los 322 cuerpos de personas no identificadas dentro los contenedores y los 122 cuerpos que en ese momento —septiembre y octubre de 2018— estaban dentro de las instalaciones de la morgue, se creó una Comisión para el Acompañamiento y Observación del Proceso de Identificación e Inhumación de los Cadáveres[11] integrada por autoridades y colectivos de familiares de desaparecidos, la cual avaló que estos 444 cuerpos fueran inhumados en el Panteón Guadalajara y en el Panteón Municipal Número 3 de El Salto.

Antes de su inhumación, y tras la praxis correcta de las pruebas forenses, así como por la atención a más de 2,150 familiares de desaparecidos de Jalisco y de estados circunvecinos, se logró la identificación y entrega de 69 cuerpos a sus familiares.

Muchas de estas familias denunciaron que llevaban buscando a su ser querido entre uno y dos años en las instalaciones del Semefo, donde la respuesta siempre fue negativa respecto a si se encontraba ahí el cuerpo de su familiar, pero la realidad es que siempre estuvo ahí, dentro de uno de los dos frigoríficos.

Tal es el caso de una familia que denunció la desaparición de dos hermanos, César Alejandro y Pablo Iván. La del primero ocurrió el 9 de abril de 2018, mientras que al segundo lo desaparecieron en plena búsqueda de su pariente, el 13 de julio de ese mismo año. Pablo Iván, lamentablemente, fue localizado en la fosa clandestina que se descubrió el 3 de agosto de 2018 en la colonia Santa Elena de la Cruz en Guadalajara. Sobre César, existen indicios de que pudiera estar entre los cuerpos de personas no identificadas en el Semefo; sin embargo, la familia aún sigue esperando los resultados de la confronta de ADN.

El destino del resto de los cuerpos que no han sido identificados es incierto, ya que aunque estos ya están en gavetas dentro de los panteones municipales, las acciones para salir de la crisis forense solo se concentraron en la elaboración de los expedientes forenses, pero no en la revisión de las carpetas de investigación que se abrieron por cada una de las muertes, lo cual debió haberse realizado si el interés se hubiera extendido a la garantía de otorgarle a cada una de estas personas su derecho a la verdad y la justicia.

En total, de los 322 cuerpos de contenedores frigoríficos, 201 fueron víctimas de homicidio doloso; 92 murieron a causa de una enfermedad o accidente, mientras que de 29 personas no se pudo determinar la causa de la muerte debido a las condiciones de los cuerpos.[12]

3. La punta del iceberg de una crisis forense aún mayor

El estigma social alrededor de los cuerpos de personas no identificadas ha operado como una barrera para que estos no tengan un destino final digno, tal y como lo marca la Ley General de Víctimas y la Ley Estatal de Atención a Víctimas de Jalisco. En ambas legislaciones se reconoce el derecho a la dignidad de quienes permanecen en condición de personas no identificadas, cuyos cuerpos deben ser preservados de manera adecuada por las autoridades para su identificación, ya que existe la presunción de que muchos de estos pudieran pertenecer a personas desaparecidas o a personas de las que sus familiares desconocen su muerte; por lo tanto, debieran conservarse en las mejores condiciones posibles y con todas las pruebas periciales y forenses que permitan su futura identificación.

Lo cierto es que diversos proyectos para construir panteones forenses conforme a lo que marca la legislación en materia de víctimas de la violencia, han sido frenados por la oposición de vecinos a los lugares proyectados, quienes expresan que no quieren tener estos cuerpos cerca aduciendo que presentan un problema de salud pública y porque son cuerpos que pertenecen a quienes en vida estuvieron vinculados con la delincuencia organizada. Estos dichos se hicieron visibles en las protestas acontecidas cuando el proyecto forense se planeó desarrollar en los municipios de Magdalena, Atotonilco, Tonalá y El Salto.

De acuerdo con datos obtenidos de la Unidad de Transparencia del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (Solicitudes IJCF / UT / 585 / 2018; 1437 / 2018 y 1440 / 2018),[13] este instituto —en conjunto con la Fiscalía— tienen bajo su resguardo 3,146 restos humanos; de los cuales 1,560 son restos humanos en ceniza y 1,354 corresponden a cuerpos o partes de este; de estos 180 están resguardados en las instalaciones del IJCF (tanto en su oficina central en Tlaquepaque como en sus 11 oficinas regionales);  1,174 han sido inhumados (401 en el panteón de Guadalajara; 262 en el panteón de Coyula en Tonalá; 118 en el panteón municipal de El Salto, y 393 en diversos panteones privados y públicos del interior del estado) y, finalmente, 232 han sido prestados a diversas universidades para realizar prácticas médicas (217 están en universidades de la zona metropolitana de Guadalajara y 15 en centros regionales).[14]

Una buena parte de estos cuerpos de personas no identificadas tampoco tiene todas las pruebas forenses que determina la ley; muchos de ellos, incluso, han sido incinerados o inhumados con total irregularidad porque en las instalaciones que tiene el IJCF fuera de la capital del estado, tampoco se dan abasto con la cantidad de cuerpos que les llegan a diario y, por ello, algunos occisos solo cuentan con acta de defunción y un listado de características físicas generales. No obstante, la crisis que desborda a las morgues en el estado los ha llevado a realizar prácticas forenses terribles, como la incineración de los cuerpos o el depositarlos sin ningún tipo de control dentro de contenedores frigoríficos.

4. Conclusiones ante una realidad espeluznante

Bajo la administración del gobernador Aristóteles Sandoval (2013–2018) se cometieron 7,065 homicidios dolosos;[15] desaparecieron 6,298[16] personas y se localizaron 119 fosas clandestinas de las que se exhumaron 256 cuerpos. En 2019, la tendencia delictiva, lamentablemente, se mantiene al alza, en tanto que las nuevas autoridades estatales, encabezadas por Enrique Alfaro, siguen sosteniendo que la violencia es porque “se están matando entre criminales”.

Con esta violencia desbordada en Jalisco, ni siquiera la construcción del panteón forense sería suficiente para albergar a las decenas de cuerpos que se suman a las más de 3,000 personas que siguen sin ser identificadas tras haber muerto en el estado. La realidad, como precisaron las familias de los desaparecidos ante la crisis forense, es tan espeluznante que ahora las fosas pueden pasearse en las calles, dentro de contenedores frigoríficos, sin que nadie sepa el por qué y sin que a nadie se les castigue realmente por esto.

A las familias que integran el colectivo les preocupa mucho que desde el gobierno no se acepte que es “espeluznante el hecho de que los cuerpos ya no quepan en el Semefo” y, peor aún, que al no hacerlo se ignoren las verdaderas causas de este problema, las cuales, a su parecer, son: “el incremento desmedido de desapariciones y homicidios; la ineficiencia de la Fiscalía para investigar y castigar los delitos, y la incapacidad del IJCF para almacenar e identificar cientos de cuerpos”.[17]

La negligente preservación de los cuerpos de personas no identificadas en Jalisco apunta a la deshumanización de la vida y la disolución de la dignidad humana, como si cada uno de estos cuerpos fuesen objetos desechables en el marco de una “economía de muerte”, como la denomina Achille Mbembe; una economía donde las personas: “ya no se conciben como seres irreemplazables, inimitables e indivisibles, sino que son reducidas a un conjunto de fuerzas de producción fácilmente sustituibles”[18] o, en su defecto, se conciben como algo que debe reubicarse para dar cabida a nuevos cuerpos que también fueron víctimas de la violencia y que, como sus antecesores, podrían ser olvidados en morgues donde solo se cuentan cuerpos y espacios pero no las vidas e historias detrás de cada uno de ellas y ellos.

Estamos de frente a una violencia “fantasmagórica, ilocalizable y difusa” que opera desde lo que Rosana Reguillo[19] ha denominado la narcomáquina, un dispositivo de violencia que apuesta por la disolución de lo humano a través del ejercicio constante del miedo y el terror que se ejerce desde el crimen organizado pero que también desde el estado es capaz de ejercer esta misma violencia expresiva[20] sobre los cuerpos de a quienes debería darles verdad y justicia pero que optó por tratarlos como si estos solo hubiesen sido “carne muerta humana”.

Esta narcomaquinaria y la necropolítica, que también envuelve las acciones del estado, no solo definen qué cuerpos son desechables sino también precisan cuáles podrían ser sus destinos finales, porque los estigmas sociales sobre los cuerpos de las personas no identificadas también operan en la maquinaria institucional, la cual ha convertido en dogma, la criminalización del otro; por ello, sus cuerpos no importan ni son garantes de verdad y justicia; al contrario, son materia que debe ser desechada para dar paso a los siguientes cuerpos que arrojará la violencia sistémica que padecemos.

Su destino final, como ha sucedido históricamente en Jalisco, podría ser un horno crematorio, una gaveta en algún panteón municipal o un ínfimo espacio dentro de un contenedor frigorífico, pero, al parecer, nunca un escenario de dignidad o justicia.

 

[*] Es doctor en Educación y maestro en Comunicación Social por la Universidad de Guadalajara. Profesor e investigador del Departamento de Estudios en Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara y profesor del Departamento de Estudios Socioculturales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México. Correo electrónico: micorreoformal@hotmail.com

 

[1]. Franco Migues, Darwin. Fosas itinerantes, en ZonaDocs. Recuperado el 28 de octubre de 2018, de https://zonadocs.com/fosasitinerantes/

[2]. Ibidem, p.2.

[3]. Fiscalía General de Jalisco. “Convenio específico de colaboración para la identificación de cadáveres de personas desconocidas y / o conocidas”, 2 de enero de 2017, p.1. Recuperado el 30 de septiembre de 2018, de https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/u37/conveni%20ijcf%20conservacion%20cadaveres.pdf

[4]. Ibidem, p.5.

[5]. Franco Migues, Darwin, op. cit, p.3.

[6]. Gobierno de Jalisco. Ley Orgánica del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Recuperado el 10 de septiembre de 2018, de https://info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/leyes/Ley_Organica_Instituto_Jalisciense_Ciencias_Forenses.pdf

[7]. Franco Migues, Darwin, op. cit, p.3.

[8]. Ibidem.

[9]. Comisión Nacional de Derechos Humanos. “Expresan CNDH y CEDHJ indignación por el trato a 157 cadáveres trasladados en un tráiler por diversos municipios del área metropolitana de Guadalajara; demandan investigar el caso y que no haya impunidad”, [boletín de prensa], Ciudad de México, 18 de septiembre de 2018. Recuperado el 21 de septiembre de 2018, de http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2018/Com_2018_268.pdf

[10]. 10 de enero de 2019.

[11]. Gobierno de Jalisco. “La Comisión para el Acompañamiento y Observación del Proceso de Identificación e Inhumación que permita la Inhumación de Cadáveres, presentó un informe sobre la situación del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses”, 15 de octubre de 2018. Recuperado el 26 de octubre de 2018, de https://sgg.jalisco.gob.mx/prensa/noticia/1174

[12]. Información obtenida de una solicitud de transparencia otorgada al autor por la Fiscalía General de Jalisco; Folio: IJCF / UT/ 1441 / 2018.

[13]. Solicitud de transparencia otorgada al autor por la Fiscalía General de Jalisco; Folios: IJCF / UT / 585 / 2018; 1437 / 2018 y 1440 / 2018. Datos hasta el 31 de diciembre de 2018.

[14]. Franco Migues, Darwin, op. cit, p.4.

[15]. Con datos del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP, 2019).

[16]. Con datos de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de Jalisco.

[17]. Franco Migues, Darwin, op. cit, p.4.

[18]. Mbembe, Achille. Necropolítica, Melusina, Madrid, 2011, p.15.

[19]. Reguillo, Rossana. “La narcomáquina y el trabajo de la violencia: Apuntes para su decodificación”, en e–misférica, 8.2 #Narcomáquina. Recuperado el 28 de diciembre de 2018, de http://hemisphericinstitute.org/hemi/es/e-misferica-82/reguillo

[20]. Segato, Rita. La escritura en el cuerpo de las mujeres de Ciudad Juárez. Tinta Limón, Buenos Aires, 2011.