La justicia por el agua. Reflexiones en torno a la audiencia realizada por el Tribunal Latinoamericano del Agua en Jalisco

Carlos Peralta Varela[*]

Resumen: en octubre de 2018, sesionó en Jalisco el Tribunal Latinoamericano del Agua. Apreciamos entonces un estrujante panorama sobre diversos problemas de sobreexplotación o despojo de recursos hídricos en algunos países del continente. Particularmente en México, se evidenciaron los efectos de la contaminación de ríos y lagos sobre la calidad de vida y salud de las personas que habitan sus márgenes, al tiempo que se constató la falta de voluntad o de capacidad de gobiernos federal y estatales para revertir la contaminación y atender a fondo sus consecuencias.
Palabras clave: agua, tribunal, medioambiente, contaminación, salud.

Abstract: In October 2018, the Latin American Water Tribunal held hearings in Jalisco, where testimonies referred to a bleak panorama: various cases of overexploitation or dispossession of water resources in different countries. Particularly in Mexico, compelling evidence was presented of the effects of pollution in rivers and lakes on the quality of life and health of people living along their banks, together with a lack of will or capability on the part of federal and state governments to clean up the pollution and deal with the consequences.
Key words: water, tribunal, environment, pollution, health.

 

El Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) fue formalmente constituido en 1998 y a la fecha, ha realizado 12 audiencias. Es una instancia de carácter “internacional, autónoma e independiente de justicia ambiental”.[1] Cabe mencionar que es un tribunal ético (no vinculante), que sustenta su acción en un análisis científico / técnico y jurídico, de la información y pruebas que se le presentan.

¿Porque es necesario un tribunal como este? El punto de partida, según menciona Javier Bogantes,[2] presidente del tribunal, es que en América Latina padecemos una crisis de legalidad en relación con los temas y asuntos medioambientales, entre los cuales obviamente se incluye el agua. Es cierto que los países cuentan con leyes y normativas medioambientales, pero existen graves problemas en relación con una adecuada aplicación de las mismas y la posibilidad de lograr una verdadera justicia hídrica.

• Existen leyes en los países, pero los gobiernos no siempre tienen recursos o voluntad para que se cumplan, por lo menos, no en forma adecuada.

• Algunas leyes fueron hechas para fomentar el extractivismo, no promueven un desarrollo sustentable y, más aún, propician un desequilibrio de poderes entre las empresas y las comunidades.

Por otro lado, el acceso a la justicia internacional es complicado. Bernardo Azar[3] nos recuerda que son muy pocos los asuntos relacionados con conflictos por el agua atendidos y resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, el procedimiento para llegar a la corte no es expedito, pueden pasar varios años antes de que se atienda y resuelva un caso.

Así, entonces, ante la falta de instancias en donde se pueda buscar justicia expedita por conflictos en torno al agua, el TLA aporta un modelo alternativo que propicia el conocimiento y difusión de la problemática, el diálogo entre actores, además de que resuelve ética y jurídicamente con la intención manifiesta de solucionar justamente un conflicto.

En el presente escrito, se realiza una reseña analítica sobre algunas de las posturas ofrecidas por el TLA, fundamentalmente con relación a la relevancia de las comunidades indígenas en la defensa del medio ambiente. Además, se exponen, de manera sintética, los casos planteados en el TLA, y finalmente, se profundiza en uno de los casos mexicanos, con la intención de tener mayor claridad acerca del contexto actual de nuestro país.

1. La Audiencia en Guadalajara 2018

La audiencia pública del TLA en 2018 tuvo su sede en Jalisco, específicamente en Guadalajara en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), de los días 22 al 26 de octubre. Esta audiencia, en particular, fue dirigida a atender los problemas y conflictos hídricos que se suscitan en territorios indígenas de América Latina.

Se presentaron ocho casos provenientes de cuatro países. Dos casos provenían de Guatemala, un caso de Colombia, un caso de Argentina y cuatro casos de diferentes partes de México.

Acorde a lo mencionado por Javier Bogantes, todos los casos presentados deberían considerarse emblemáticos. Unos dan cuenta de la grave situación de contaminación de los cuerpos de agua y las correspondientes afectaciones a la salud pública; otros evidencian fórmulas de despojos o mecánicas de extractivismo que se salieron o están fuera de control; otros dan cuenta de políticas públicas erróneas que posibilitan la afectación de derechos, el daño de la biodiversidad o que generan perjuicios irreversibles en la vida sociocultural de los pueblos y comunidades indígenas.

La audiencia se dedicó a casos vinculados con comunidades indígenas porque (acorde a lo dicho por Javier Bogantes en el discurso inaugural):

• El pensamiento y filosofía de comunidades indígenas son fuente de inspiración para enmendar la crisis civilizatoria en torno a territorios y agua.

• Por su riqueza, las regiones habitadas por comunidades indígenas son asediadas, aunque se tengan acuerdos nacionales o internacionales para su protección.

• Las comunidades indígenas cuidan sus territorios, el agua y los bosques porque forman parte integral de su vida, de su equilibrio.

• En relación con las comunidades indígenas, no se debe prescindir de la participación, de la consulta y de su consentimiento.

Las comunidades indígenas deben ser reconocidas como actores relevantes en la lucha por la adecuada conservación de recursos y en contra de la sobre explotación. Para el TLA, era importante actuar para impulsar la justicia hídrica, en los territorios habitados por comunidades indígenas.

2. Síntesis de los casos internacionales

2.1 Caso de Colombia

El Movimiento Ríos Vivos Antioquia, promovió la denuncia por la violación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las poblaciones de Antioquia, debido a la construcción de la represa Hidroituango. La edificación del embalse en el río Cauca ha causado daños ambientales, así como afectaciones a la producción agrícola y al ingreso de los pobladores del departamento de Antioquia, además de que el proyecto representa una amenaza inminente de inundación para la región.

2.2 Casos de Guatemala

El primer caso lo presentaron las comunidades indígenas—específicamente las comunidades Ch’ortí—, mestizas y campesinas, ubicadas en los departamentos de Zacapa y Chiquimula, por la deforestación exacerbada en la montaña Las Granadillas, la cual ha sido provocada por la actividad de diferentes industrias que operan bajo al amparo de licencias forestales otorgadas por el Instituto Nacional de Bosques (Inab). Esta instancia no ha regulado de manera efectiva tales licencias, por lo cual la deforestación es mayor a lo permitido y se afecta de manera directa a la zona de recarga de los acuíferos.

El segundo caso fue presentado por el Comité Campesino del Altiplano (CCDA), organización indígena y campesina con presencia en 20 departamentos de Guatemala. La denuncia se realizó porque las estructuras de gestión en la Cuenca del Lago Atitlán, han excluido de manera sistemática, deliberada e ilegítima a la población originaria maya y campesina que habita esta zona en Guatemala. Los habitantes demandan su derecho a participar en la elaboración de un plan de ordenamiento territorial de la cuenca, la eliminación de proyectos como el “megacolector” de aguas residuales, y la evaluación técnica y estratégica de los impactos que generan la minería metálica, las centrales hidroeléctricas y la tala de bosques sobre los ecosistemas.

2.3 Caso de Argentina

El caso fue presentado por la Fundación Chadileuvu (FUCHAD). La denuncia fue por el acaparamiento del recurso hídrico del río Grande    —principal afluente del río Colorado— en la medida que se usará para la represa Portezuelo del Viento. Proyecto que cuenta con un estudio de impacto ambiental (EIA) limitado solo al territorio mendocino, pero que no abarca, ni da cuenta del impacto que generará el acaparamiento de agua en el resto de la cuenca. Esta represa se prevé que beneficie únicamente a la provincia de Mendoza en detrimento de las demás provincias copartícipes de la cuenca y del medio ambiente.

3. Síntesis de tres casos nacionales

3.1 Caso de la cuenca de los ríos Sonora y Bacanuchi (Sonora)

Los comités de cuenca del río Sonora, demandaron al estado mexicano por afectaciones a los derechos al agua, la salud y el medio ambiente sano. En agosto de 2014, ocurrió un derrame de 40 millones de litros de solución de sulfato de cobre (CuSO4) acidulado proveniente de la represa Tinajas 1, de la compañía Buenavista del Cobre, subsidiaria del Grupo México. El derrame corrió a lo largo del arroyo Tinajas, el río Bacanuchi y el río Sonora. Afectó a 25,000 habitantes de siete municipios. Fue reconocido por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), como el peor desastre ambiental ocurrido en la historia de la minería en México.

Debido a la contaminación del río Sonora y por el consumo de agua de pozos sin garantía de calidad, los habitantes de la región han estado expuestos a graves riesgos para su salud. En agosto de 2016, se consideraba que existían 381 personas afectadas en su salud por la contaminación de acuíferos. Este fue el último dato oficial sobre la cantidad de afectados por el derrame, toda vez que el Fideicomiso Río Sonora y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), entidades encargadas de detectar, dar atención e indemnizar a los afectados por el derrame, dejaron de publicar información.

El informe sobre las afectaciones por el derrame de Tinajas 1 realizado por la UNAM detalla que “existe un riesgo elevado a la salud por exposición a plomo en la zona de San Felipe de Jesús. Las concentraciones exceden los valores de referencia de 400 mg/kg, con un máximo de 1945 mg/kg de plomo en fracción de suelo adherible a manos”.[4] Las consecuencias y afectaciones a la salud se consideran relevantes por los afectados.

3.2 El caso de los Valles Centrales de Oaxaca

La Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda), conformada por 16 comunidades indígenas ubicadas en la región de Valles Centrales del estado de Oaxaca, demandaron al estado mexicano por la falta de reconocimiento de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas para decidir sobre el cuidado, uso, disfrute y administración del agua.

Estas comunidades se dedican a la agricultura en pequeña escala y tienen títulos de concesión ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El acuífero de esta región se considera en veda, aunque desde 2011 se otorgó permiso a una empresa minera para la extracción de agua. Las comunidades, frente a esta contradicción y para aclarar su lógica de relación con Conagua, presentaron recursos legales para ser reconocidos como sujeto colectivo del acuífero Valles Centrales de Oaxaca; por ello, se decidió hacer una consulta en las comunidades, en la cual se proponía que el agua fuera administrada por estas, conforme los sistemas de usos y costumbres, en coordinación con Conagua. La consulta no se terminó y Conagua empezó a realizar acciones de presión a las y los campesinos para renovar los títulos de concesión individuales y para que abandonaran el movimiento.

3.3 El caso de la cuenca Atoyac–Zahuapan

Diversas comunidades ribereñas de la cuenca Atoyac–Zahuapan denunciaron la continuidad y agravamiento de la violación de derechos a un medio ambiente sano, al agua, la salud y la alimentación, entre otros. En la cuenca se presentan serias afectaciones ambientales por la indebida disposición de sustancias tóxicas de las más de 20,400 empresas manufactureras asentadas en ella.

En la actualidad y según la recomendación 10 / 2017, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH),[5] los desechos incluyen diversas sustancias tóxicas: metales, fenoles, compuestos de benceno, nitritos y nitratos, fosfato, xilenos, sólidos suspendidos, compuestos
orgánicos volátiles (COVs), cloroformo, cloruros y otras
sustancias. La recomendación muestra “un estrecho vínculo entre la calidad del medio ambiente, el saneamiento y la salud”, que a su vez están relacionados con otros derechos.[6]

Acorde a los datos oficiales de mortalidad de las localidades que forman parte de la cuenca Atoyac–Zahuapan, en los 15 años transcurridos entre 2002 y 2016, fallecieron de cáncer 25,737 personas; de enfermedad renal crónica 4,379 y se registraron 906 abortos espontáneos. Estas cifras equivalen a una muerte cada cuatro horas y un incremento de 1,350% respecto al resto del país. Los demandantes presumen que dichos fallecimientos pueden estar asociados con la grave contaminación de la cuenca.

El caso de contaminación de la cuenca Atoyac–Zahuapan se había presentado en 2006 ante el tla, y por desgracia no se ha resuelto el problema. Es evidente que las autoridades mexicanas, en sus tres niveles de gobierno, han sido omisas y negligentes en la solución del grave problema de la contaminación, lo cual está provocado que aumenten los impactos en la salud de la población.

4. El caso de la ribera de Chapala[7]

Los habitantes de las comunidades indígenas coca (Mezcala y San Pedro), que habitan en el entorno del lago de Chapala, denunciaron el incumplimiento del estado mexicano en sus tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), de las obligaciones establecidas en los tratados internacionales de derechos humanos y en la legislación nacional y estatal, respecto a la violación de las garantías del derecho humano al agua y al saneamiento, a la salud, al medio ambiente sano, a los derechos de los pueblos indígenas, así como los derechos de los niños y las niñas. Se considera que la violación del derecho humano al agua impacta directamente en el medio ambiente, en la calidad de vida, en la salud y en otros derechos.

El Lago de Chapala es el más grande de México, tiene una extensión de 1,740.8 km2. El río Lerma es su principal abastecedor, pero también desembocan los ríos Zula, Huaracha y Duero. El lago
de Chapala nace en el río Santiago. Es importante mencionar que desde 2009, el vaso
lacustre está clasificado como sitio ramsar, es decir, se considera un humedal de importancia internacional. Brinda múltiples servicios ecosistémicos y funciona también como zona de hibernación, refugio, alimentación y reproducción de aves silvestres, muchas de ellas migratorias que llegan desde Alaska, Canadá y Estados Unidos.

Es muy importante saber que el lago de Chapala proporciona 60% de abasto de agua para el área metropolitana de Guadalajara. Debemos, entonces, tener presente que el lago no es solo importante para los pobladores de la ribera, es un sitio de alta importancia para el sustento de la metrópoli.

A pesar de vivir en un lugar que pudiera considerarse paradisiaco, desde el año 2005, los pobladores de estas comunidades han enfrentado el crecimiento sin precedentes de enfermedades renales, daños cerebrales, cáncer y malformaciones genéticas, lo que ha puesto al estado de Jalisco como uno de los primeros lugares mundiales en incidencia de enfermedad renal crónica.

Un primer y grave problema es que el origen y las causas de estas enfermedades no han sido adecuadamente identificados, prevenidos y atendidos por las autoridades responsables. Las investigaciones al respecto las han realizado académicos de la Universidad de Guadalajara y consideran que el problema es multifactorial, aunque para los pobladores estas problemáticas tienen relación con la calidad del agua y del pescado que consumen. Particularmente en San Pedro Itzicán; se considera que también se vincula a la fuente de agua entubada, ya que es de origen termal y los pobladores consideran que no es adecuado el consumo cotidiano de este tipo de agua a largo plazo.

Sobre la enfermedad renal, el doctor Guillermo García, jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, menciona que “en Jalisco, en el registro que llevamos, la prevalencia en terapia de reemplazo es de alrededor de mil 600 casos por millón de habitantes. En el municipio de Poncitlán [del cual forman parte las comunidades] anda en 2 mil 500 casos por millón […] Esto es una contingencia epidemiológica”.[8] Por su parte, el doctor Felipe Lozano, de la Universidad de Guadalajara, asegura que según los estudios realizados a pobladores de esta zona, “La gente está orinando plomo y están orinando molibdeno, otro metal duro que no se produce en el país y que se usa en la industria del acero inoxidable, y también encontramos mercurio […] los resultados, obtenidos hasta diciembre [2017], sugieren que por lo menos 270 de los 950 habitantes de Agua Caliente [población colindante con San Pedro Itzicán], padecen algún grado de daño renal”.[9] Por su parte, el doctor Alfredo Celis, director de división del Centro Universitario de Ciencias de la Salud en la Universidad de Guadalajara, afirma que, en Agua Caliente:

Hemos tomado muestra de orina, hemos tomado muestra de tierra. Hemos encontrado cosas que no esperábamos particularmente en la tierra. Hemos encontrado metales como el Tungsteno que es un metal pesado y duro que se utiliza en la industria de iluminación, hemos encontrado metales que se utilizan en la industria de acero inoxidable […] Suponemos que eso llegó por contaminación. ¿De dónde viene? No lo sabemos todavía. Pudiera ser que en el trayecto del río Lerma que recorre el estado de México, Guanajuato, etcétera.[10]

Existe un vínculo entre la calidad del agua del Lago de Chapala, el agua termal, la salud y la calidad de vida de los pobladores. Si bien, los estudios resultan aún insuficientes para constatar el grado de interacción entre la contaminación y las enfermedades que padecen los pobladores de la ribera norte de Chapala, no debería existir algún obstáculo para que el estado mexicano tomara las medidas inmediatas para cumplir sus obligaciones de garantizar, proteger y respetar los derechos humanos, bajo lo que se conoce como el principio de precaución.

El principio precautorio indica que, de existir una duda razonable sobre la peligrosidad de una actividad en el medio ambiente, se debe evitar o tomar medidas para que (aun considerando un daño científicamente no comprobado), este pueda llegar a producirse. A la letra dice: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”.[11]

Es importante mencionar que en el ITESO se realizó un análisis del monitoreo oficial realizado por Conagua en relación con el Lago de Chapala, el cual contempla datos desde finales de 2012 hasta febrero de 2018.

De entrada, se constató que Conagua está al tanto de la problemática, en la medida que se reportaron niveles altos o extremadamente altos en algunos de los parámetros físicos, químicos y biológicos medibles, conforme a los niveles máximos permitidos en las normas oficiales mexicanas para potabilización del agua y de descargas residuales en aguas nacionales. Los niveles alcanzados de estos elementos indican, sin lugar a duda, que el Lago de Chapala está contaminado, acorde a las normas oficiales mexicanas, a pesar de que son normas laxas respecto de estándares internacionales más protectores de la calidad del agua.

Particularmente, resulta muy elevada la presencia de coliformes fecales (incluida la Escherichia coli). Las concentraciones históricas de las coliformes, en promedio rebasan los límites máximos permitidos con relación a las normas nacionales e internacionales que determinan la potabilidad del agua, e inclusive se encuentran muy por encima de lo que en la legislación mexicana se permite en relación con las descargas de aguas recién tratadas a cuerpos de agua nacionales. El lago está muy contaminado y el estado lo sabe, y no se aprecian acciones eficientes para atender y resolver de fondo la contaminación y los problemas que acarrea.

5. Comentarios finales

Los casos expuestos ante el TLA son una muestra de la problemática en relación a las diferentes formas de acaparamiento y explotación de los recursos hídricos en cuatro países del continente.

Específicamente, sobre los casos expuestos en relación con nuestro país, se puede apreciar cómo el estado favorece un tipo de modelo de desarrollo urbano–industrial y agroproductivo contaminante, y, además, por medios legales o por omisión, propicia que el interés privado extractivista se posicione por encima del interés de las comunidades. No se aprecia la voluntad o la capacidad para evitar y para revertir las diferentes fórmulas de acaparamiento y contaminación del agua.

Se aprecia, en diferentes ríos del país, que este modelo ha propiciado el deterioro de la calidad y cantidad del agua en lagos y acuíferos, y que, además, está impactando en la conservación de los ecosistemas, en la salud humana y repercute en la vigencia de otros derechos. El estado, en la práctica, está incumpliendo con sus obligaciones de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos al agua y saneamiento, a la salud, y al medio ambiente, y en esta línea, aumenta la afectación a grupos sociales que, de por sí, eran considerados vulnerables, como son los pueblos indígenas.

En el caso de la ribera de Chapala, se evidenció que el estado tiene conocimiento de la contaminación y de los niveles a los que llegan ciertos contaminantes, pero también se aprecia que no está entre sus prioridades atender la problemática que padece el lago más grande de México y de las comunidades que viven en sus orillas. Se requiere apoyo urgente en temas de salud y de alimentación a las comunidades y se requiere un estudio epidemiológico en la región, pero también una política estructural diferente para impedir más contaminación y empezar a sanear el lago y su ribera.

 

[*] Doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social, por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) de Occidente. Profesor e investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), actualmente inscrito al Departamento de Estudios Socio Políticos y Jurídicos. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entre sus líneas de investigación se encuentran: derechos humanos, democracia participativa, movimientos sociales y el derecho humano al agua y al saneamiento.

 

[1]. Azar López, Bernardo. Derecho humano de acceso al agua y su relación con la gestión del vital líquido y el sistema jurídico mexicano. Instituto de Investigaciones Jurídicas–UNAM, México, 2018. Recuperado de https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4733/20.pdf

[2]. Este comentario lo realizó en la inauguración de la sesión del tribunal de 2018 en Guadalajara, pero se sustenta también en el documento: Tribunal Latinoamericano del Agua. “Por una justicia ambiental”, San José Costa Rica, s.f.

[3]. Azar López, Bernardo, op. cit.

[4]. Universidad Nacional Autónoma de México. Diagnóstico ambiental en la cuenca del río Sonora afectada por el derrame del represo “Tinajas 1” de la mina Buenavista del Cobre, Cananea, Sonora. Informe final, UNAM, s.l.,10 de octubre de 2016, p.5.

[5]. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Recomendación No. 10 / 2017. Sobre la violación a los derechos humanos a un medio ambiente sano, saneamiento del agua y acceso a la información, en relación con la contaminación de los ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes; en agravio de quienes habitan y transitan en los municipios de San Martín Texmelucan y Huejotzingo, en el estado de Puebla; y en los municipios de Tepetitla de Lardizábal, Nativitas e Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, en el estado de Tlaxcala, cndh, Ciudad de México, 21 de marzo de 2017. La recomendación se puede consultar en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2017/Rec_2017_010.pdf

[6]. Ibidem, p.81.

[7]. Este caso fue estructurado por un equipo de investigación del ITESO liderado por Carlos Peralta, con el apoyo de las auxiliares de investigación Ana Sofía Macías y Loreto Soto. Fue estructurado jurídicamente para presentarse ante el tribunal por el licenciado Agustín Verduzco.

[8]. Palacios, Daniela.  “Especialista confirma epidemia de insuficiencia renal crónica en Poncitlán”, en UdeG Noticias, 11 de junio de 2017. Recuperado de http://www.udg.mx/es/noticia/especialista-confirma-epidemia-de-insuficiencia-renal-cronica-en-poncitlan

[9]. El Informador. “Con daño renal, la mitad de habitantes muestreados en Agua Caliente”, en El Informador, 30 de enero de 2017. Recuperado de https://www.informador.mx/Jalisco/Con-dano-renal-la-mitad-de-habitantes-muestreados-en-Agua-Caliente-20170130-0035.htm

[10]. Rodríguez, Trini. “Entrevista, Dr. Alfredo Celis de la Rosa. Director Preservación de la Salud”, C7 Jalisco [canal de televisión], el 2 de febrero del 2017. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=sEjGcNzwiuE. La transcripción de la cita es del minuto 5’30’’ al 12’04’’.

[11]. Organización de las Naciones Unidas (ONU). “Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo”, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Desarrollo Sostenible, Principio 15. Recuperado de http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm