Panorámica del antineoliberalismo obradorista

Sergio Negrete Cárdenas[*]

Resumen: el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha marcado un alejamiento claro de la política económica seguida desde 1982. El propio presidente dice que su gobierno es “antineoliberal”, y así lo está demostrando con diversas acciones de política económica. Destacadamente, se busca en forma activa, hasta agresiva, una mayor participación del estado en la economía, destacadamente en el sector energético. Otras políticas igualmente muestran una actitud de escepticismo hacia la relevancia del sector privado y de las fuerzas del mercado.
Palabras clave: México, neoliberalismo, política económica, López Obrador, aeropuerto.

Abstract: Andrés Manuel López Obrador’s government has decidedly turned its back on the economic policy that has guided Mexican economic policy since 1982. The president himself states that his government is “anti–neoliberal,” and has demonstrated as much with a number of economic policy initiatives. Most notably, he is actively, even aggressively, seeking a larger role for the state in the economy, above all in the energy sector. Other policies likewise turn a skeptical eye to the relevance of the private sector and market forces.
Key words: Mexico, neoliberalism, economic policy, López Obrador, airport.

 

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) será un presidente histórico, como aspira a serlo y declara constantemente. El presentar a su gobierno como una trasformación de envergadura similar a la independencia, la reforma y la revolución, pero sin violencia, muestra una ambición fuera de serie, o también una megalomanía impresionante.

Pocos meses de gobierno es poco para juzgar a un gobierno, pero en cierta forma AMLO lleva más tiempo, puesto que su contundente victoria le confirió de inmediato un poder político enorme que no dudó en utilizar como candidato ganador y presidente electo. Antes de tomar formalmente posesión, ya anunciaba nombramientos, proyectos y decisiones. El tiempo es ciertamente corto, pero el material para análisis es abundante.

1. El antineoliberal

López Obrador repite constantemente que su gobierno es antineoliberal. La referencia es constante a las casi cuatro décadas de “neoliberalismo” que su gobierno ha dado por concluido. Dicha condena repite aquello que reside en el imaginario de muchos mexicanos que se encuentran en su espectro ideológico: los seis sexenios transcurridos entre 1982 y 2018, entre Miguel de la Madrid y Enrique Peña Nieto, fueron nefastos para México.

Ciertamente hay mucho de antineoliberal en la política económica de AMLO, aunque obviamente no todo. Le gusta decir que las finanzas públicas durante su administración serán sanas y nula la acumulación de nueva deuda. Pocas cosas tan aplaudidas por la ortodoxia económica como la rigidez fiscal. Por otra parte, se declara un proteccionista comercial. Una de sus obsesiones es la autosuficiencia, destacadamente en las áreas alimentaria y energética, pero apoyó la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el nuevo T–MEC (que no ha sido ratificado todavía por ningún poder legislativo, por lo que sigue en vigor el primero).

Obviamente no hay purezas al gobernar, puesto que es imperativo el pragmatismo. Pero muchas de las acciones de AMLO ciertamente son contrarias al liberalismo económico. Una de ellas es su menosprecio por los contratos y las instituciones. La mejor prueba de ello la dio como presidente electo, al cancelar el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco.

2. La cancelación de Texcoco

Dicha cancelación, anunciada el 29 de octubre de 2018, no tiene defensa alguna. No la hay desde una perspectiva técnica o financiera, tampoco política o ideológica. Es el primer desastre de magnitud en la historia de México que comete un presidente electo. Con ese acto AMLO minó la confianza en su persona y gobierno semanas antes de colocarse la banda presidencial.

Cuando no hay justificación real, no hay comprensión posible. Es imposible estimar el impacto en futuras inversiones, pero será siempre un elemento a considerar: un gobernante que por sus pistolas toma una decisión desastrosa desde cualquier punto de vista, y usando como pretexto una “consulta popular” que fue una farsa. Aunque hubiese sido una consulta seria, una cuestión técnica, con un proyecto ya avanzado en su construcción, no puede ser determinada por una masa ciudadana que, en su 99% (siendo generosos), sabrá mucho menos que los expertos que definieron Texcoco como el mejor lugar para el aeropuerto. El circo de motivos aducidos para cuestionar el proyecto fue risible: se empezó alegando corrupción en los contratos, se pasó por la calidad del suelo, y se acabó defendiendo un “lago” que muchos confundieron con el largamente extinto de Texcoco.

Simplemente, poner a votación lo que no debe votarse fue una acción demagógica, quizá aceptable como jugada política para justificar la continuación del proyecto, inaceptable para cancelarlo. A ello deben añadirse los numerosos elementos (casillas selectivamente colocadas a lo largo del país, el desaseado proceso para “votar”) que tampoco permiten tomar esa consulta con seriedad. La excusa no fue solo demagógica sino un insulto a la inteligencia.

La cancelación adelantada de Texcoco mostró que, sin tomar posesión, AMLO ya gobernaba. Enrique Peña Nieto terminó su sexenio siendo un presidente humillado en funciones, obligándose a guardar silencio para ganar buena voluntad por parte de su sucesor.

3. El estatismo como principio rector

Si el antineoliberalismo es la visión general, un principio rector es el estatismo. Se trata de “recuperar” el potente papel de actor activo que tuvo el estado antes de empezar a ser “desmantelado” por ese detestado neoliberalismo. La mejor muestra de ello es el sector energético. Para López Obrador debe ser un motor de la economía, como lo es, pero dominado por el sector público. Compagina, además, con la estrecha asociación que existe en el ideario obradorista entre riqueza y recursos naturales. AMLO es ajeno al concepto de productividad como motor del crecimiento económico. Lo que entiende es que un país “rico” en recursos naturales debe ser rico, de lo contrario es que hay corruptelas. Su mejor ejemplo, claro, es el sureste mexicano.

Por ende, la lógica no es financiera o técnica sino nacionalista–estatista: ¿cómo es posible que México, país petrolero, importe cantidades masivas de gasolinas? En la mente presidencial es como producir aguacate e importar guacamole. Por ello, la propuesta de construir una nueva refinería, la primera en varias décadas (no se construyó ninguna durante la era “neoliberal”). Su localización geográfica puede ser defendida bajo ciertos parámetros, pero el nuevo gobierno no presentó ninguna justificación para ubicarla en Tabasco, el estado presidencial, en Dos Bocas. Se supone que esa refinería producirá para inicios de 2022, en tres años, 170,000 barriles diarios de gasolina, así como 120,000 barriles diarios de diésel. Se estableció que costará 8,000 millones de dólares.

¿Es realista? El costo, quizá, con una planeación y ejecución extremadamente cuidadosa, que en muchas ocasiones no es el fuerte de ningún gobierno mexicano. El plazo para que funcione es ilusorio. Pero así lo dictó el Señor Presidente: en tres años, México habrá dejado de importar gasolinas, para posteriormente dejar de exportar crudo, que sería totalmente refinado en las petroquímicas nacionales. Un círculo cerrado de nacionalismo petrolero. En el marco de un inicio de año marcado por el desabasto severo de gasolina en varios estados, dichas expectativas parecen todavía más ilusorias. El mayor problema es el financiero. Los costos de la futura refinería, y de reconfigurar las seis existentes, pueden ser astronómicos. Por varios años, las refinerías de Pemex han operado con pérdidas. Lo que propone la administración puede convertirse en un agujero negro para las finanzas públicas.

El estatismo también regresó con fuerza al sector eléctrico. El ideal para López Obrador sería regresar al México anterior de 1992, con un sector eléctrico en todas sus partes dominado totalmente por el estado, y con ninguna participación privada. No plantea nacionalizar, simplemente acotar. En tanto se habla de expandir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), toda clase de subastas para atraer inversión privada fueron canceladas. Al parecer, como en el caso petrolero, se espera que donde el estado antes registraba pérdidas financieras gigantescas, ahora llegarán las ganancias.

4. Minando el aparato administrativo

El gobierno obradorista necesita, por ello, mucho dinero. Una forma de obtenerlo ha sido buscar reducir radicalmente el costo de la burocracia. El recorte salarial en los altos niveles del funcionariado del sector público, junto con la eliminación de prestaciones, fue radical. Algunos organismos, como ProMéxico, simplemente fueron abolidos, mientras que otros serán fusionados. El número de subsecretarías fue radicalmente reducido. La cifra de empleados federales de confianza que fueron despedidos es enorme, aunque se desconozcan números precisos. A esto debe agregarse el problema logístico y operativo que implicará el movimiento discrecional de diversas dependencias a lo largo y ancho del país.

Una estrategia que, paradójicamente, sería aplaudida por un neoliberal radical, incluso un anarquista: el adelgazamiento brutal del aparato estatal. Lo indudable es que llevará a la destrucción parcial de la capacidad operativa y la memoria institucional del sector público. La tradicional curva de aprendizaje para los nuevos funcionarios era muchas veces suavizada por el funcionariado que permanecía, aparte de que, incluso, cuando había cambio de partido político en el gobierno muchas veces se designaba a personas con experiencia en el ramo. Muchos de los designados por el presidente López Obrador son a la par neófitos en su cartera y arrogantes. El impacto de ese minado del aparato administrativo en el corto, mediano y largo plazos es imposible de medir, pero probablemente será significativo.

5. El descontrol del gasto

López Obrador siempre destacó, como candidato y presidente, que su gobierno sería cuidadoso en el manejo de las finanzas públicas, incluso prometiendo que no habría déficit fiscal y tampoco nuevo
endeudamiento público. Las propuestas de ingreso y gasto presentadas, y aprobadas por el Congreso, tenían números agregados aceptables, destacadamente alcanzar un superávit primario equivalente a 1% del producto interno bruto (PIB). Esto es, sin considerar los gastos que implica la deuda pública (sobre todo el pago de intereses), tener un excedente significativo.

Es posible que se logre, pero las presiones sobre el gasto serán enormes a lo largo de todo el sexenio. Los nuevos programas, como becar a ninis para entrar a trabajar a una empresa, el aumento en las pensiones y la institución de una pensión universal, los costosísimos proyectos como la refinería o el tren maya implicarán recursos que será complicado encontrar. Promesas hechas ya como presidente en funciones, como la de que México tendrá en dos años un sistema de salud semejante al canadiense o el inglés, no son solo fantasías irrealizables sino que implicarán un gasto gigantesco buscando cumplirlas.

A ello hay que agregar la inclinación presidencial por asignar recursos en forma discrecional. El desabasto de gasolina a inicios de 2019 mostró esa peligrosa faceta (desde una perspectiva de política económica). Igual dijo que se pagaría 8,000 pesos al mes a aquellos “huachicoleros” que dejaran de robar combustible que ordenó una compra inmediata de cientos de carrostanque en Estados Unidos para distribuir gasolina en lugar de hacerlo por ductos (cuando lo segundo es mucho más barato), además dictaminando un generoso sueldo (30 mil pesos mensuales) para los choferes de esas pipas.

Tal discrecionalidad puede llevar a un descontrol del gasto público no visto desde los sexenios de los presidentes Luis Echeverría (1970–1976) y José López Portillo (1972–1982). El problema es que AMLO no considera que dicho gasto sea adicional sino que sería financiado con el “ahorro” logrado en el combate al robo de gasolinas. Ello sin considerar el impacto económico (incluyendo la recaudación fiscal) que implicó el desabasto. En un sentido económico, el presidente no vio pérdida alguna, mientras que, en el financiero, contabilizó generosas ganancias.

Las cifras presupuestales para 2019 fueron muy ortodoxas sobre el papel. El resultado final puede ser muy diferente.

6. Decretando crecimiento económico

Aparte de ordenar gasto público no planeado, AMLO ha mostrado otra faceta preocupante con respecto a la economía: el dictar cifras de crecimiento. Cuando Bank of America redujo su pronóstico de crecimiento del PIB de México de 2% a 1%, su respuesta fue que sería por lo menos el doble. Cuando el Fondo Monetario Internacional redujo su expectativa, pero a 2.1%, tampoco fue de su agrado, y dijo “los vamos a sorprender”.

El último presidente en obstinarse en sus propios números fue José López Portillo. Casi despide a Jesús Silva Herzog como titular de Hacienda y Crédito Público cuando este mencionó una cifra de crecimiento inferior a la que el presidente había establecido. Al director general del Banco de México, Gustavo Romero Kolbeck, le dictaba las cifras de inflación, por supuesto menores a las estimaciones del banco central (entonces carente de autonomía).

El presidente López Obrador sustenta sus pronósticos en una fantasía que peculiarmente tiene un sólido sustento teórico. El presidente argumentó que, como no habría corrupción en su administración, entonces habría más crecimiento. Ciertamente, instituciones fuertes implican menor corrupción, lo que impulsa la inversión y el crecimiento de largo plazo. La construcción de esas instituciones toma tiempo y su impacto es importante, aunque paulatino.

AMLO, en cambio, sigue una senda mesiánica: no habrá corrupción porque él así lo ha establecido con su ejemplo. Sus actos muestran que no habrá construcción de instituciones fuertes sino, en todo caso, su perversión o desmantelamiento, en parte buscando ahorrar recursos presupuestales. Por ello, no puede esperarse un mayor crecimiento sino lo contrario. Crisis coyunturales (y auto infligidas), como la del desabasto de gasolina, también pueden impactar crecimiento e inflación de corto plazo (en forma negativa).

7. El regreso al… populismo macroeconómico

Cuando habla de tener un referente económico, el presidente López Obrador se ha referido al “desarrollo estabilizador”, y en lo particular al titular de Hacienda que piloteó la política económica durante buena parte de su vigencia: Antonio Ortiz Mena, quien encabezó la dependencia de 1958 a 1970 (el desarrollo estabilizador puede ubicarse de 1954 a 1972).

Ciertamente, el desarrollo estabilizador tiene muchos elementos que pueden atraer a un estatista–nacionalista, como fue un fuerte proteccionismo comercial y cierto rechazo a la inversión extranjera. Pero lo que muestra la política económica obradorista es un desarrollo estabilizador exacerbado, si a ello se agrega un descontrol en las finanzas públicas: el llamado “populismo macroeconómico”[1] que encabezaron Luis Echeverría y José López Portillo. Es obvio que no se refiere a ellos como referentes dado que ambos sexenios acabaron en crisis. Es un final que no puede descartarse dado el principio que ha tenido el sexenio.

 

[*] Es profesor investigador del Departamento de Economía, Administración y Mercadología del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Doctor en Economía y maestro en Economía Internacional por la Universidad de Essex, Reino Unido. Trabajó en el Fondo Monetario Internacional (2004–2009). Es colaborador del periódico El Financiero. Correo electrónico:
snegcar@iteso.mx

 

[1]. Los economistas Rudiger Dornbusch y Sebastian Edwards desarrollaron el concepto (que no debe confundirse con el estudiado por la Ciencia Política) en un artículo académico publicado en 1990, definiéndolo como “un enfoque económico que enfatiza el crecimiento y la distribución del ingreso, y desestima los riesgos de la inflación y el financiamiento deficitario, restricciones externas y la reacción de los agentes económicos a políticas anti–mercado agresivas”. Véase: Dornbusch, Rudiger & Edwards, Sebastian, “The Macroeconomics of Populism in Latin American”, Journal of Development Economics, vol.32, núm.2, 1990, pp. 247–277 [publicado en español en El Trimestre Económico, vol.lvii, núm.225, FCE, México, 1990].