¿El fin del neoliberalismo?

Luis Ignacio Román Morales[*]

 

Resumen: El “neoliberalismo” ha sido objeto de incalculables críticas a diversas políticas y estrategias específicas, pero raramente se ha precisado el sentido general de aquello que lo caracteriza en términos fácticos. Andrés Manuel López Obrador ha declarado el fin del neoliberalismo y el presente artículo compara tal afirmación con el contenido de las principales políticas gubernamentales en contraste con los diez componentes esenciales del Consenso de Washington.

Palabras clave: Neoliberalismo, Consenso de Washington, AMLO, política económica

 

Abstract: “Neo–liberalism” has been the target of countless critiques with respect to different specific policies and strategies, but what actually characterizes it overall in factual terms is seldom articulated. Andrés Manuel López Obrador has announced the end of neo–liberalism, and this article compares his announcement with the content of his government’s main policies as contrasted with the ten essential components of the Washington Consensus.

Key words: Neo–liberalism, Washington Consensus, AMLO, economic policy.

 

 

El término “neoliberalismo” ha sido el distintivo de gran parte de las críticas a las estrategias económicas que han predominado a escala mundial, sobre todo desde los años ochenta, cuando predominaba en la teoría el monetarismo de Milton Friedman y el Reaganomics como la práctica de defensa del libre mercado, impulsada por el entonces presidente de Estados Unidos.

El 17 de marzo del 2019 el presidente de México declaró formalmente el fin del neoliberalismo en el país. Con la frase “Declaramos formalmente el fin de la política neoliberal” pareció no solo fijarse una postura gubernamental, sino el vuelco de la visión que había predominado durante 37 años: “En México no llevamos a cabo un simple cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Es el momento de expresar que para nosotros ya se terminó con esa pesadilla que fue la política neoliberal”, señaló Andrés Manuel López Obrador (AMLO).[1]

¿A qué se refirió el presidente con “el fin de la política neoliberal”, a qué se refiere por “neoliberalismo”?

El término ha sido tan recurrente como impreciso. El liberalismo económico ha sido una de las formas predominantes en la economía desde mediados del siglo xviii, cuando los fisiócratas enarbolaron
la defensa del libre mercado frente a la protección de los imperios. La frase “laissez faire, laissez passer” (“dejar hacer, dejar pasar”) marcó la bandera de la libertad del mercado, el Tableau Économique de Quesnay (1764) se erguía como el primer texto científico de economía de la historia. Apenas 12 años después Adam Smith, el moralista defensor del individualismo frente a la ineficiencia del estado, publicó La riqueza de las naciones, una de las tres mayores obras de la historia de la economía. Por último, en 1817, David Ricardo terminó de avasallar la lógica feudal y de reivindicar la capitalista internacional con los Principios de economía política y tributación. La defensa del libre mercado, la crítica a la intervención y a las regulaciones gubernamentales, la defensa del libre comercio internacional frente al proteccionismo, la preminencia del individuo sobre la colectividad, el elogio de la productividad y del capital y, en suma, gran parte de los tópicos que actualmente se siguen debatiendo están presentes en las grandes obras de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX. Así, ¿dónde está lo “neo” del neoliberalismo?

Enrique Ghersi refiere al menos cuatro posibles orígenes con significados profundamente divergentes:[2]

  • Von Mises (escuela austriaca), durante los años veinte del siglo XX distinguió entre la discusión que se dio entre los siglos xviii y mediados del XIX sobre los factores que generan la riqueza (metales preciosos, comercio, tierra, trabajo, capital), de la teoría subjetiva del valor, a partir de fines del siglo xix, según la cual el valor de un producto estaría determinado por el margen de utilidad que le reportara a su consumidor. En este caso, el neoliberalismo estaría empatado con la teoría económica neoclásica de fines del siglo XIX que en lo esencial se sigue estudiando en la mayor parte de los cursos de microeconomía.
  • En la víspera de la segunda Guerra Mundial se efectuó en París un encuentro entre destacados pensadores económicos liberales, sobre todo alemanes y austriacos (entre ellos Rueff, Von Hayek, Von Mises, Rustow, Roepcke, Detauoff, Condliffe, Polanyi, Lippman y Baudin), que se pronunciaron en favor de un desarrollo económico no controlado por el estado (más que justificable con Hitler en el poder alemán).
    En particular, se pronunciaban a favor de la fijación de precios por el mercado (luego de la desastrosa hiperinflación alemana de los años veinte), el estado de derecho, incluyendo a los diversos acto-
    res sociales, así como la trasparencia y consenso en el uso de los recursos públicos. Si bien esta visión del nuevo liberalismo añade elementos al liberalismo clásico, sobre todo en términos de participación social, no implica una contradicción con el liberalismo clásico.
  • Una tercera visión sigue en boga en el siglo XXI, aunque no con el nombre de neoliberalismo sino de economía social de mercado. Se trata del modelo predominante en Alemania, propuesto por de Mueller–Armack, Walter Eucken, Franz Böhm, Friedrich Hayek, Wilheim Roepcke, Alexander Rustow y el canciller surgido de la posguerra Konrad Adenauer. Se trata de un liberalismo en la esfera de la producción y del mercado, pero con un altísimo papel del estado en la regulación, la fiscalidad y la esfera social. Se plantea poca participación del estado en los procesos productivos (salvo para la producción de bienes públicos), libre formación de precios en el mercado y libre establecimiento de contratos privados, pero con estrictas regulaciones antimonopolio (en particular en la producción de bienes de bajo valor agregado y del comercio), fuertes sindicatos (tanto empresariales como de trabajadores), muy altos impuestos y una intensa participación social y redistributiva del estado en favor de la educación (base de la educación dual), el desarrollo tecnológico, los subsidios frente al desempleo, el cuidado del medio ambiente, la protección de la salud. Para financiar todo ello se requiere que el estado se apropie de la mayor parte posible del excedente, por la vía impositiva. En suma, se trata de una política de producción y mercado liderada por el sector privado, pero una regulación y distribución de la riqueza liderada por el sector público. A diferencia del liberalismo clásico, en donde el libre mercado es un resultado natural de la acción humana (las leyes de la oferta y la demanda), en la economía social de mercado no hay leyes naturales previas: el mercado es construido por las sociedades mediante acciones deliberadas del estado.
  • Una cuarta visión de un nuevo liberalismo es la italiana (Antoni y Einaudi). En este caso se trataría de una oposición al liberalismo político económico del siglo XIX, marcado por un fuerte contenido anticlerical (la separación del poder político con respecto al religioso). El liberalismo planteado en Italia, sede justamente del poder religioso católico, implicaría la lógica filantrópica de la consideración de la otredad, no a partir de la acción pública sino de la responsabilidad de los agentes del mercado ante los actores de la sociedad. Esto puede asociarse actualmente con las lógicas de “responsabilidad social” (empresarial, corporativa, universitaria).

 

Ninguna de estas cuatro interpretaciones del “nuevo liberalismo” se corresponde con las características que generalmente le asignamos al neoliberalismo. Ghersi concluye juzgando el uso de “neoliberalismo” como el de una palabra comadreja, sin un significado preciso, que se usa para cuestionar de manera ambigua aquello que cuestionamos de las políticas económicas liberales. En el mismo sentido que lo señalado por Ghersi podríamos ubicar al neoliberalismo como el reverso de la medalla del populismo, que más allá de tener orígenes analíticos válidos, es usado como denostación de todo aquello que vaya contra el libre mercado, sin mayor claridad de su sentido económico o social. En América Latina, en lo particular, el debate entre “neoliberales” y “populistas” tiende al mismo nivel de profundidad que la confrontación entre “fifís” y “chairos”.

Si nos quedamos en el plano del uso retórico de la terminología, el “fin del neoliberalismo” no significa absolutamente nada. ¿Ello significa que el discurso presidencial sea intrascendente o carente de sentido? No.

Si bien el término neoliberalismo es impreciso, aquello que se ha concretado en la práctica consiste básicamente en diez puntos en común entre las principales instituciones financieras internacionales (entre ellas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Tesoro Norteamericano, la Reserva Federal de ese país). Es lo que Williamson denominó en 1989 el “Consenso de Washington”.[3] El decálogo comprende:

  1. La disciplina fiscal: el estado no debe tener gastos superiores a sus ingresos.
  2. El gasto público debe reorientarse en función de su rentabilidad económica y social (privilegiar el gasto de inversión con alianzas privadas sobre el corriente, el gasto social focalizado sobre el universal).
  3. Reformas fiscales para favorecer la captación proveniente del gasto sobre la del ingreso (impuesto al valor agregado e impuestos especiales sobre producción y servicios frente a impuestos sobre la renta).
  4. Liberalización financiera en favor de los sectores bancario, bursátil, hipotecario, asegurador, inmobiliario.
  5. Paridad monetaria libre frente al control del tipo de cambio por parte del estado.
  6. Liberalización del comercio: sustitución de permisos previos de importación por aranceles, reducción de aranceles, acuerdos de libre comercio e inversión.
  7. Facilitación de la inversión extranjera directa frente a regulaciones nacionales relativas a la protección de sectores paraestatales o de tenedores de capital nacionales.
  8. Privatización de bienes y servicios públicos, a lo que sigue el otorgamiento de concesiones sobre derechos de uso, desde los espacios carreteros, ferroviarios o marítimos, hasta la estratósfera (sistemas satelitales).
  9. Desregulación de las actividades económicas: desde permisos y licencias hasta regulaciones laborales, sociales o ambientales.
  10. Garantía de los derechos de propiedad frente a figuras consideradas ineficientes, como lo fue con el ejido, en tanto usufructo particular–comunitario y de propiedad social.

 

¿Decretó AMLO el fin del Consenso de Washington en México o subsisten sus elementos nodales? La respuesta no es absoluta: el actual gobierno actúa en concordancia con la mayor parte del decálogo de Williamson, en tanto que se enfrenta a él en otra serie de sus puntos críticos.

 

  1. La disciplina fiscal

El primer punto se ha convertido en “el primer mandamiento” del libre mercado concebido de manera casi religiosa. Las crisis de deuda de los años ochenta y noventa han conducido a estrictas prácticas de estabilidad fiscal que anteceden cualquier otro criterio de políticas económicas o sociales. A las políticas antidéficit se les ha calificado en los documentos oficiales, como “moderadas”, “serias”, “responsables”, “realistas”. Ello no responde a una lógica teórica o empírica incuestionable. Diversos modelos económicos poskeynesianos ubican al déficit como una opción de inversión para generar beneficios económicos y sociales posteriores. De hecho, a escala global el mundo vive, al menos desde mediados del siglo pasado, en economías de crédito. La economía más deficitaria del mundo en términos relativos, con respecto a su producto interno bruto (PIB), es la japonesa, mientras que la más deficitaria en términos absolutos es la estadunidense.

El problema esencial no es el déficit sino cómo se utiliza ese déficit y qué implicaciones tiene para su reembolso a futuro. Evidentemente, si el déficit implica gastos faraónicos, gigantescas corruptelas, obras que quedan como elefantes blancos o cualquier otro tipo de ineficiencias sociales y económicas, el déficit es perverso. Sin embargo, si el déficit implica el reforzamiento de capacidades productivas efectivas, la satisfacción de necesidades sociales que permiten un mejor funcionamiento económico general y la garantía de derechos sociales, el déficit no es necesariamente condenable.

Sin embargo, la postura de la administración de AMLO ha sido reiteradamente compatible con el primer mandamiento del consenso. “No vamos a gastar de más”, “no nos vamos a endeudar”, “si es necesario, pasaremos de la medianía republicana a la pobreza franciscana”, son algunas de las expresiones que han caracterizado el discurso del mandatario mexicano.

La Ley de Ingresos de la Federación para 2019 calcula un ingreso público de 5.8 billones (millones de millones) de pesos, de los que 0.54 (9.3%) son derivados de financiamientos, esto es, endeudamiento interno y déficit de empresas productivas del estado, sobre todo Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En contraparte, el gasto programable, sobre el cual el estado mexicano puede decidir su destino, es de 4.1 billones (2.5 de gasto corriente, 0.9 de pensiones y jubilaciones, 0.7 de gasto de inversión).

En otros términos, el estado debe de ejercer un gasto de 1.7 millones de millones de pesos en rubros sobre lo que no tiene elección (gasto no programable), lo que no financia la operación de las instituciones del gobierno federal. Este dinero se concentra esencialmente en dos rubros: participaciones a estados y municipios (0.92 billones) y la suma de deuda pública y adeudos fiscales de años anteriores (0.77 billones).

Esto significa que el estado mexicano previó un endeudamiento por 540,000 millones de pesos y pagar deudas anteriores por 770,000 millones, o lo que es lo mismo, el estado le dedica 230,000 millones de pesos adicionales a su endeudamiento para pagar deudas previas. Tal monto equivale al pago de 6.2 millones de salarios mínimos anuales.

La coyuntura de 2019 y en especial la presión ejercida por el gobierno de Donald Trump sobre la economía mexicana genera incertidumbre sobre la dinámica de las exportaciones mexicanas y la recepción de remesas, lo que a su vez puede crear presiones sobre el tipo de cambio.

Por otra parte, la baja de calificación de la deuda pública del gobierno mexicano y de Pemex presiona hacia un incremento en las tasas de interés sobre la deuda mexicana (a mayor riesgo de los créditos es más caro contratarlos y pagarlos). Una depreciación de la moneda junto con un aumento de las tasas de interés generaría un peso cada vez mayor de la proporción del gasto público dedicado a pagar deuda y, por ende, una reducción en la disponibilidad de recursos para los gastos sociales, económicos y de infraestructura del sector público. Ante ello, el gobierno está optando por una política en extremo conservadora con el fin de disminuir las presiones. Pero tal política implica una subordinación tácita a la óptica esencial del Consenso de Washington.

 

  1. Orientación del gasto público

El gasto en inversión representa más que 12% del gasto estimado en el Presupuesto de Egresos para 2019, lo que significa un monto menor que el destinado al pago de deuda o al de pensiones y jubilaciones.

Las grandes obras propuestas por el Ejecutivo están planeadas para ser realizadas mediante mecanismos de alianzas público–privadas, en las que la inmensa mayoría del financiamiento corra a cargo de empresas privadas, como en los casos del Tren Maya, el Transístmico, el México–Toluca, la siembra de árboles “sembrando vida”, el aeropuerto de Santa Lucía, la renovación de los generadores eléctricos en las hidroeléctricas e inclusive en los contratos para la construcción de la refinería de Dos Bocas.

Es natural la contratación amplia de empresas privadas para la realización de la obra pública, pero si la inversión es sobre todo privada, los juegos de interés económico se tornan complicados: el interés básico del empresario es la rentabilidad privada mientras que en teoría el interés expreso del gobernante es el beneficio público. Si salvo excepciones (Dos Bocas), casi toda la inversión será privada, ¿cómo garantizará el estado la preminencia del interés público sobre el privado en el sentido y realización de las obras?

En la lógica de inversión hay una ruptura parcial con el Consenso de Washington, especialmente en cuanto a generación de infraestructura energética (petrolera y eléctrica) y de control de la nueva edificación aeroportuaria (aunque mezclado con la preminencia del interés privado) y por lo tanto en la determinación de gran parte del sentido de la nueva infraestructura.

En cuanto a la focalización de la política social, el razonamiento del Consenso (y sobre todo del Posconsenso) de Washington, parte de una sinonimia entre mercado y sociedad. Se atribuyen los problemas sociales a factores individuales (baja escolaridad, mala alimentación, pobre atención a la salud), por lo que su solución se efectuaría “invirtiendo” en las características de la persona “emproblemada”, por lo general pobre, para que tenga la escolaridad, fuerza, salud, entre otros factores, que le permitan obtener un trabajo que le reditúe lo suficiente para superar su situación.

Bajo tal concepción hay tres tipos de errores básicos de política social: uno, otorgarle apoyo a quien no lo necesita (supone un estímulo perverso antiproductivo); dos, no otorgárselo a quien sí lo necesita, y tres, que salga más caro diferenciar sobre quién lo necesita y quién no que ofrecerlo de manera universal. En otros términos, la política social no va dirigida a la sociedad sino a quienes quedan fuera de la sociedad (igualada al mercado), para que estos puedan insertarse en ella.

En este aspecto el gobierno de AMLO sí rompe con el Consenso. La orientación del gasto público en términos de trasferencias monetarias no condicionadas hacia mayores de 68 años, estudiantes, aprendices, población indígena, habitantes de zonas en que se encuentran los poliductos de Pemex y la cfe, población con discapacidad, entre otros. Implica el bosquejo de una política de derechos en una economía
de mercado. En esta economía gran parte de los satisfactores se obtiene mediante recursos monetarios y la mayor parte de estos proceden de los empleos de los trabajadores. Sin embargo, en una sociedad que está envejeciendo, en la que la población se integra a edades muy tempranas al empleo, en la que la dinámica económica y los cambios tecnológicos implican una generación cada vez menor y más precaria de empleo, el hecho de garantizar un ingreso mínimo para amplios grupos sociales, independientemente de su condición laboral, implica una política redistributiva en función de los derechos de tales grupos para satisfacer sus necesidades básicas.

No obstante, algunos elementos de tales programas, como en el caso de los aprendices de “jóvenes construyendo el futuro”, mantiene elementos de tipo inversión en capital humano, suponiendo que el aprendiz no es rentable para el sector privado (por eso el estado sufraga su pago) y el periodo de formación es el de la rentabilización del propio trabajador.

 

  1. Reforma fiscal

En este aspecto no hay ruptura sino una adecuación al financiamiento público en los márgenes que le permite la actual normatividad fiscal, pero sin proponerse, al menos en los primeros tres años, modificación alguna.

El principal medio de búsqueda de nuevos recursos financieros del gobierno de AMLO proviene de la reducción de créditos y exoneraciones fiscales (en otros términos, de la elusión fiscal). En efecto, dependiendo de los cálculos presentados por diversos funcionarios y por la propia plataforma electoral del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), los perdones y reembolsos a los pagos de impuestos se sitúan entre los 200,000 y los 700,000 millones de pesos anuales. Esto representaría entre 3.4% y 12% del gasto público total. Si el estado mexicano cobrara el conjunto de los impuestos que en teoría podría cobrar obtendría un recurso cercano al monto total que le dedica al pago de su deuda pública.

Los principales beneficiarios de los créditos y exoneraciones fiscales son los grandes corporativos privados. El problema es que ellos son los agentes con mayor poder económico y, por lo tanto, con mayor poder para desestabilizar económicamente al país. Si los intereses de tales organizaciones se viesen amenazados, como por ejemplo con el pago de impuestos, su capacidad de reacción sería extraordinariamente fuerte.

El gasto programable aprobado para 2018 fue de 3.8 billones de pesos y el de 2019 de 4.1 billones, lo que representa un incremento de 300,000 millones (7.9%). Sin embargo, como la inflación fue de 4.83% en 2018, el incremento real solo fue de 2.9% (como si el incremento en el presupuesto hubiese sido de 100,000 millones). Además, como el crecimiento del PIB fue de 2.0%, el incremento presupuestal apenas superó al del PIB. Un aumento del PIB significa un aumento en las ventas y en los ingresos brutos, lo que significa una mayor captación de impuestos sin cambio de la lógica fiscal. Si dos tercios de la nueva captación real puede atribuirse al crecimiento del PIB, el efecto de una mejora en la capacidad de captación parece haber sido marginal. Es decir, si bien parece haber existido un comportamiento menos permisivo en cuanto a los créditos y exoneraciones fiscales, este no se refleja de manera significativa en el crecimiento en la disponibilidad de recursos financieros del estado.

En lo fundamental, lo anterior supone una continuidad de la política fiscal con respecto a las reformas fiscales de anteriores gobiernos, en concordancia con el Consenso de Washington. El compromiso asumido por el gobierno de López Obrador de no aumentar los impuestos y no establecer nuevos impuestos (además de las reducciones —no en su totalidad aplicadas— en la frontera norte), consolida aún más la consistencia financiera de su gobierno con la disciplina establecida con lo que él mismo denomina “políticas neoliberales”.

 

  1. Liberalización financiera

Luego de confrontaciones entre la Cámara de Diputados y el sector bancario, derivadas de una iniciativa para reducir y eliminar comisiones bancarias, la Cámara de Diputados se retractó (y se ratificó tal retractación por AMLO en la Convención Nacional Bancaria) y el gobierno ha establecido una política de fuerte acercamiento con el sector financiero y en específico con el bancario.

De hecho, en la Convención Nacional Bancaria realizada en marzo de 2019 se planteó como un objetivo fundamental, en acuerdo con el Banco de México, el reducir de forma significativa el uso de dinero en efectivo (billetes y monedas) en las transacciones económicas, para impulsar en contraparte las transacciones digitales, como por ejemplo con el código digital (CODI). Esto implica una revolución en el uso del dinero, pues la preponderancia del dinero digital presupone la existencia de cuentas bancarias de débito o crédito para quien efectúe las transacciones. A su vez ello supone un gigantesco crecimiento de la
financiarización y de la bancarización, a lo que le han denominado inclusión financiera, de las actividades económicas.

El gobierno actual está favoreciendo la penetración de los bancos comerciales en todos los rincones y hacia todos los hogares del país, inclusive mediante las cuentas para las trasferencias sociales gubernamentales, lo que conlleva un empoderamiento cada vez mayor del capital financiero privado y de los grandes bancos.

A manera de ejemplo cabe referir la declaración del director de BBVA en México, Eduardo Osuna, durante la Convención:

El nivel de diálogo que estamos teniendo con esta administración (gobierno federal, legislativo y Banco de México) es espectacular […] en pocas administraciones hemos tenido a estas alturas de la administración un entendimiento tan claro de hacia dónde queremos llevar el sistema financiero mexicano, que simultáneamente tiene que ver con hacia dónde queremos llevar la economía […] la sociedad son los clientes de la banca.[4]

Aunado a lo anterior, el presidente ha reiterado en múltiples ocasiones su respeto a la autonomía del Banco de México, lo que supone uno de los pilares básicos del monetarismo promovido por Milton Friedman y de la gestión privada del dinero en la sociedad.

En este punto, luego de señales encontradas al inicio de la administración, aparece una plena identidad del gobierno con el Consenso de Washington.

 

  1. Paridad monetaria

La paridad sigue determinada por el mercado y, en todo caso, las intervenciones en términos de oferta de divisas están determinadas por el Banco de México de manera autónoma. Los dos subgobernadores del Banco de México, que fueron propuestos por AMLO, Jonathan Heath y Gerardo Esquivel, responden en lo esencial a perspectivas acordes con las visiones financieras históricas del Banco de México, aunque con una perspectiva social más amplia que en la ortodoxia tradicional. En suma, no existe hasta ahora un cuestionamiento significativo a la política monetaria consistente con el Consenso de Washington.

 

  1. Liberalización del comercio

Este es un punto paradójico: existe cierta retracción con respecto a las tendencias mostradas entre 1986, cuando México entró al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), hoy Organización Mundial del Comercio (OMC), y 2018, pero en concordancia o reacción a lo planteado por el gobierno estadunidense y por el propio escenario internacional.

En efecto, la firma del Tratado México–Estados Unidos–Canadá (T–MEC) integra 12 capítulos más que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), incluyendo regulaciones en materia de
nuevos sectores, comercio electrónico, micro, pequeña y mediana empresas, capítulos laboral y ambiental, equidad de género. Todo ello representa una serie de restricciones sobre la lógica más ortodoxa liberal del TLCAN.

A ello cabe añadir la imposición, y meses después el retiro, de los aranceles especiales sobre el acero y el aluminio y, durante la actual administración mexicana, la amenaza de imposición de aranceles crecientes a todas las exportaciones mexicanas a Estados Unidos. A lo anterior cabe agregar las reiteradas amenazas a las exportaciones automotrices y de autopartes o de manera estacional a ciertos productos agrícolas.

Más allá de Estados Unidos, el ascenso electoral de los partidos ultranacionalistas en Europa ha fortalecido las posturas frente al libre comercio y a la migración internacional, como lo mostraron los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo, en que cuatro de los cinco partidos que obtuvieron más diputaciones fueron surgidos de estas fuerzas: el Brexit (Reino Unido), la Unión Nacional (anterior Frente Nacional, Francia), la Liga Italiana y Derecho y Justicia (Polonia). Asimismo, en América Latina resalta la elección de Bolsonaro en Brasil.

En tales circunstancias, más la postura de AMLO de defensa de sectores estratégicos, mantener una defensa indefectible del libre comercio implicaría en la actualidad remar a contracorriente. El gobierno mexicano ha planteado la protección amplia de algunos productos agropecuarios (maíz, arroz, frijol, trigo y leche) y la recuperación del sector energético nacional (petróleo, petroquímica y electricidad), lo que de manera explícita enfrenta la visión globalizadora del Consenso de Washington.

 

  1. Facilitación de la inversión extranjera directa

El gobierno de López Obrador maneja un discurso favorable a la inversión extranjera directa, aunque con dificultad establecerá el mismo nivel de privilegios que se definieron bajo la orientación de la estrategia económica hacia el mercado externo. Los grandes corporativos que se han instalado en México desde mediados de los años ochenta se han orientado de forma preponderante hacia el sector exportador, aprovechando las ventajas estáticas de México: altas concesiones fiscales y de otorgamiento de bienes inmuebles e infraestructura; su cercanía con el mercado norteamericano; los bajos costos laborales aunados a la alta flexibilidad laboral y la baja resistencia sindical, así como, probablemente, la alta permisibilidad en materia medioambiental.

Bajo el actual discurso gubernamental, la mayor parte de tales “ventajas” puede reducirse para los corporativos trasnacionales. Las concesiones y los privilegios fiscales tenderán a disminuir, los salarios mínimos están aumentando de manera significativa en términos reales y las reformas a la Ley Federal del Trabajo podrán permitir un sindicalismo más combativo, en tanto que la permisibilidad de afectación medioambiental podrá limitarse cada vez más. El impulso a la inversión extranjera podría reorientarse en su mayoría hacia los grandes proyectos de infraestructura planteados por el gobierno más que hacia la promoción de las exportaciones.

En otros términos, sí habrá una promoción, pero no siempre una “facilitación” a la inversión extranjera, en los términos en que se ha entendido en los últimos años. Esto no obsta para que se siga promoviendo la inversión orientada a la exportación, mediante promociones fiscales más generales, como la reducción impositiva en la frontera norte o en el planteamiento de un amplio corredor industrial, paralelo a la vía del ferrocarril transístmico.

Con la información disponible hasta el primer trimestre de 2019 la inversión extranjera directa en el cuarto trimestre de 2017 fue de 7,126 millones de dólares, frente a 6,109 en el mismo trimestre de 2018, en tanto en los primeros trimestres de 2018 y de 2019 fue de 12,644 millones y 10,162 millones, respectivamente. Esto implica que al comparar el último trimestre de 2018 y el primero de 2019 con los periodos respectivos de 2017 y de 2018 se habría presentado una caída de 17.7%.

Este comportamiento muestra una creciente desconfianza a la inversión en México, lo que se deriva no solo de las facilidades que México retire sino de la tensión con la administración de Donald Trump y las bajas expectativas de crecimiento de la economía mexicana.

Lo que se advierte no es una ruptura con el Consenso de Washington, pero sí su matización con respecto a las condiciones de tal facilitación y su importancia relativa en la estrategia de desarrollo.

 

  1. Privatización de bienes y servicio públicos, desregulación y derechos de propiedad

En estos tres últimos aspectos la estrategia actual parece ser nini: ni privatizaciones ni nacionalizaciones; ni nuevas regulaciones ni más desregulaciones; ni nuevas garantías ni reversión de las existentes.

La economía mexicana es una de las más privatizadas en el plano internacional. Si bien la administración de AMLO no se plantea nuevas privatizaciones (como podría ser su generalización en el agua o el sector energético, o la seguridad social), no parecen existir indicios en ese sentido.

Tampoco hay planteamiento alguno en el sentido opuesto, el de la nacionalización de empresas o sectores, como han sido en otros países las administradoras de Fondos para el Retiro (Afores). En el sentido de las
desregulaciones federales no han destacado modificaciones significativas al respecto, con excepción de las relaciones laborales, en donde la lógica corporativa contenía fuertes regulaciones en detrimento de los trabajadores. Sin embargo, la lógica de desregulación del Consenso de Washington no ha ido justo en una desregulación favorable al trabajo.

En términos de los derechos de propiedad tampoco hay cambios al respecto. En particular se mantiene la desaparición del ejido, aunque se mantenga la nomenclatura, en tanto una base de organización comunitaria en un espacio de propiedad pública.

 

  1. Comentarios finales y conclusión

El Consenso de Washington se basa en un supuesto implícito, inherente a toda lógica de libre mercado: la libre movilidad de los factores. Esto significa que los capitales bursátiles, divisas, mercancías y trabajo pueden fluir sin barreras alrededor del mundo. Si este supuesto se altera también lo hace el conjunto de elementos sobre los que se argumentan los beneficios del libre mercado y de la competencia.

En efecto, los mercados se desplazan en un instante de un lugar a otro. Los paraísos financieros internacionales, así como los escándalos de los Panama papers, Bahamas leaks, Paradise papers o Singapur papers, así como el funcionamiento global de las bolsas de valores, dan cuenta de la facilidad con la que los grandes capitales pueden trasladarse de un lugar a otro.

En los casos de los mercados de dinero y de mercancías no es así. Hay ciertamente una internacionalización, pero al nivel de grandes bloques liberalizados en su interior y protegidos unos de los otros. La égida del dólar en nuestro continente, la del euro en Europa y parte de África, o la dupla yuan–yen en Asia, muestran grandes bloques compitiendo unos con otros en el mercado monetario. Sería muy difícil que se aceptara pagar con dólares en París o en Berlín, con yuanes o yenes en Nueva York o Chicago, o con euros en Tokio o Shanghai. De igual modo, el Tratado de Asociación Transpacífico implica una protección de 11 países frente a la competencia asiática, de la misma manera que el T–MEC impide formar acuerdos de libre comercio con China. La Unión Europea busca contrapesar el poder estructural de Estados Unidos y el crecimiento asiático. China juega.

En el mercado de trabajo la globalización es solo para la gente poderosa: se plantean lógicas de libre tránsito para dirigentes de negocios, pero no para los trabajadores y familiares desplazados por la violencia, la miseria o las afectaciones medioambientales. La lógica del libre mercado es la de pasar a los países ricos los capitales, pero no las personas. Sin embargo, al igual que cualquier otro ser vivo, los humanos buscan ir a donde hay alimentos, condiciones suficientes para seguir viviendo y reproducirse. Si los recursos de gran parte del mundo son extraídos y enviados por unas cuantas empresas, a unas cuantas naciones, donde se benefician unos cuantos individuos con respecto al resto de la humanidad, es natural que ese resto de la humanidad busque ir a donde están los recursos. Ahí es donde topa el libre mercado, donde el Consenso de Washington ya no promueve la libre movilidad del factor.

Por desgracia la administración de López Obrador, entrampada entre el poder económico y la miseria humana, ha optado por favorecer el libre tránsito de mercancías, pues tratar de impedirla derivaría en la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas sobre el tránsito de los seres humanos que huyen de sus dramáticas condiciones de vida, de países como Honduras, El Salvador, Guatemala y el propio México, que han seguido durante décadas el decálogo del Consenso de Washington. Los resultados van más allá de lo “económico”. Los niveles de violencia, corrupción y deterioro ambiental dan cuenta de ello.

¿López Obrador realmente ha renunciado al Consenso de Washington? Se ha roto con él en algunos aspectos, en otros se ha distanciado, en unos más lo mantiene de manera parcial y en otros lo sigue aceptando fielmente.

En términos de disciplina fiscal, liberalización financiera y tipo de cambio, lo que hace el gobierno actual podría ser firmado sin objeciones por Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto. No hay mayor trasformación en los planos financieros. Por otra parte, en cuanto a la reducción del gasto en la administración pública (funcionamiento del gobierno), AMLO se ha colocado en una posición “más papista que el papa”, con enormes recortes presupuestales en el funcionamiento interno de las instituciones, no solo de los sueldos y prestaciones de los altos funcionarios.

Sobre la reforma fiscal, no hay cambio en las reglas del Consenso, lo que a mediano plazo amenaza con estrangular financieramente al propio gobierno. No obstante, sí parece haber un cambio en las prácticas, aun dentro de las reglas existentes: la reducción de los créditos fiscales y exoneraciones en favor de los grandes corporativos.

En cuanto a privatizaciones, desregulación y derechos de propiedad, la estrategia es “las cosas se quedan como están”. No hay un empuje mayor hacia las liberalizaciones, pero tampoco una reversión de las políticas de los últimos 37 años, salvo de forma ligera en materia petrolera.

En la orientación del gasto público se conserva la lógica del estado facilitador, vía alianzas público privadas, pero para entidades que terminarán siendo públicas. Sí existe una ruptura parcial cuando se redefine una política industrial en factor del sector energético, la autosuficiencia de productos alimenticios básicos, la creación de infraestructura ferroviaria y la inversión en desarrollo forestal.

Otro cambio parcial se presenta en la estrategia de facilitación a la inversión extranjera. Las formas de tal facilitación no están siendo las mismas que han predominado bajo el esquema del Consenso de Washington, aunque se sigue considerando primordial tal inversión.

Por último, en cuanto a la concepción del gasto social hay un giro radical en favor de la universalización, lo que representa una ruptura clave con la estrategia previa.

En suma, el gobierno de López Obrador no representa “más de lo mismo”, pero tampoco un cambio radical. Parece dominar el pragmatismo político económico, tratando de establecer alianzas con grandes empresarios, en algunos casos con antecedentes altamente cuestionables, enfrentando a otros. Quitándole grandes negocios a Carlos Slim, como en las obras del aeropuerto de Texcoco, pero otorgándole otros, como la expansión de 50,000 kilómetros de fibra óptica para completar la cobertura de Internet. Recortando gasto en cuestiones sociales, culturales y deportivas esenciales, pero estableciendo grandes apoyos monetarios directos en favor de la población marginada. Argumentando en favor del combate a la violencia atacando sus causas sociales más que sus efectos, pero creando la Guardia Nacional. En resumen, cuestionando de manera radical al neoliberalismo, pero aceptando a pie juntillas una parte significativa de los preceptos que se asocian a ese término.

Da la impresión de que el gobierno no hace lo que cree que debe ni lo que quiere sino lo que cree que puede, aunque tal vez puede hacer algo más o diferente. Para poder más busca centralizar más, pero esa mayor centralización también conlleva grandes riesgos sociales y económicos. Sí hay cambios, pero no siempre en el sentido de los que se requieren. Sí hay inercias que se mantienen y se deberían de romper. Sí hay riesgos y amenazas, pero también hay la posibilidad de hacer por primera vez en 37 años algo distinto en favor de la sociedad.

 

[*] Es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y doctor en Estructuras Productivas por la Universidad París vii y en Trabajo y Política Social por la Universidad París x. Profesor del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Correo electrónico: iroman@iteso.mx

 

[1].     “Declara AMLO el fin del neoliberalismo en México”, ABC Noticias.mx, 17 de marzo de 2019. Recuperado de https://www.abcnoticias.mx/declara-amlo-fin-del-neoliberalismo-en-mexico/130651

 

[2].    Ghersi, E. “El mito del neoliberalismo”, El Instituto Independiente, 26 de marzo de 2007. Recuperado de https://independent.typepad.com/elindependent/2007/03/el_mito_del_neo.html

 

[3].    Williamson, J. “A Short History of the Washington Consensus”, artículo encargado por la Fundación CIDOB para una conferencia “From the Washington Consensus towards a new Global Governance”, PIIE, Barcelona, 24 de septiembre de 2004. Recuperado de https://www.piie.com/commentary/speeches-papers/short-history-washington-consensus

 

[4].     Véase https://cnnespanol.cnn.com/video/82-convencion-bancaria-acapulco-amlo-banxico-bancomer-digital-nat-pkg-perspectivas-mexico/