La apuesta democrática de la reforma laboral 2018

Eleocadio Martínez Silva[*]

 

Resumen: Desde una mirada sociológica este texto aborda los alcances de la reforma laboral de 2018. Más que ofrecer conclusiones que hagan un cierre para el debate acerca del impacto del paquete democratizador de la reforma en el futuro del trabajo se busca abrir la discusión con la incorporación de interrogantes, como hasta qué grado de autonomía el nuevo régimen político estará dispuesto a conceder al movimiento obrero.

Palabras clave: Reforma laboral, sindicatos, democracia.

 

Abstract: From a sociological perspective, this text addresses the scope of the 2018 labor reform. Rather than offer conclusions to close the debate regarding the
impact of the democratizing package on the future of labor, it seeks to open up the discussion by posing questions, such as how much autonomy the new political regime is willing to grant the workers movement.

Key words: Labor reform, unions, democracy.

 

Las crisis de la deuda externa y del auge petrolero en los albores de la década de los ochenta produjeron una prolongada crisis económica que en el mundo del trabajo se expresó en el incremento del desempleo y la desindustrialización. Crisis que dejó con malos salarios a los que conservaron sus empleos y en peores condiciones a millones de sub-empleados y desempleados. La propuesta a la salida a la crisis se dio a través de la transición al neoliberalismo integrando al país en la cadena de producción global. Para atraer y mantener la inversión extranjera el trabajo tendría que adaptarse a las necesidades de producción de los capitales globales que operan en el espacio nacional, lo que derivó en el control de los salarios y de las organizaciones de los trabajadores.

La trasformación neoliberal en el mundo del trabajo no ha sido obra de las comunidades que lo conforman. Los modelos político–administrativos que han guiado la trasformación del mundo laboral fueron diseñados por organizaciones supranacionales (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio), importados por el gobierno federal y operacionalizados por la alta burocracia sindical, gubernamental y empresarial. A los sindicatos le correspondió solo la instrumentación de los cambios dictados a pesar del daño causado a los trabajadores.[1]

Todo indica que el actual modelo globalizador neoliberal ha entrado en crisis después de 40 años de existencia. En lo externo se expresa en las acciones proteccionistas de Estados Unidos e Inglaterra. En el plano interno en los límites que el nuevo gobierno de izquierda surgido de las elecciones presidenciales de 2018 ha impuesto a la agenda neoliberal en temas como las privatizaciones y la inversión extranjera directa en áreas estratégicas como la energética y telecomunicaciones. La narrativa predominante es mejorar las condiciones salariales de los trabajadores.

En el mundo del trabajo la autollamada “cuarta transformación” está redefiniendo las relaciones entre el capital y el trabajo, así como la autonomía de los trabajadores frente al estado. En esta nueva coyuntura de cambio de régimen el gobierno lopezobradorista decretó aumentos en los salarios mínimos por encima de la inflación, con lo que se cuestionó uno de los pilares macroeconómicos del modelo neoliberal que alertaba sobre el impacto inflacionario de los salarios. En este mismo tenor el ejecutivo federal incrementó los salarios en la frontera norte del país, sin que los empresarios presentaran resistencia velada.

En esta nueva coyuntura también asistimos al surgimiento de nuevos sindicatos, como la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT) que disputan la hegemonía a las grandes y antiguas organizaciones obreras, como la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Las trabajadoras y los trabajadores de las maquilas llevan a cabo movimientos huelguísticos inusitados por aumentos salariales sin que los patrones presenten una resistencia a ultranza como en tiempos no muy remotos y el estado asume un papel activo facilitando una salida negociada, por una parte, tranquilizando a las trasnacionales, y por otra concediendo el aumento a los trabajadores.

En este contexto de cambio de régimen “súbitamente” los trabajadores obtuvieron un regalo inesperado del estado mexicano en el ámbito de la democracia sindical con la reforma laboral de 2018. Esta acción estatal sorprendió a propios y extraños debido a que aparentemente la democracia sindical no formaba parte de la agenda de los trabajadores, al menos desde la insurgencia sindical en la década de los setenta. Tampoco el paquete democratizador de la vida sindical sorprendió a los grandes sindicatos corruptos y organizaciones empresariales, por lo que no se presentaron resistencias.

Del mismo modo llama la atención que la agenda democrática de la reforma laboral despertara poco entusiasmo entre las bases trabajadoras y menos aun entre la población en general, no así en el gremio de abogados laborales, académicos y en algunos sindicatos independientes que por años lucharon por democratizar la vida sindical.

El escaso entusiasmo sobre el paquete democrático se puede explicar por el hecho de que desde la década de los ochenta, tras la derrota de la insurgencia sindical de los años setenta, la energía social de trasformación del país se canalizara al cambio institucional para garantizar la democracia electoral mexicana con el subsecuente “abandono” en el interés por las luchas obreras.[2] Asimismo, el desinterés social se explicaría por la debilidad de la clase trabajadora tras la brutal desindustrialización del país a lo largo de seis sexenios neoliberales, basta recordar que actualmente la mayoría de los asalariados mexicanos se encuentran ubicados en el sector servicio y comercio, seguido por el secundario y muy atrás por el agrícola, después de que México se abriera unilateralmente al mercado de bienes y capitales, primero cuando ingresó a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y luego cuando firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Más allá del escaso entusiasmo en la sociedad mexicana, la realidad es que la reforma laboral de 2018 representa un cuestionamiento radical de prácticas corruptas en el mundo del trabajo como son, entre otras: el contratismo de protección, la intervención sesgada de las Juntas de Conciliación y Arbitraje en los procesos de negociación colectiva, el control empresarial sobre la formación de sindicatos a través de la manipulación de los procedimientos estatutarios.

La reforma laboral introduce cambios en:

  • Justicia laboral. Se sustituyeron las tripartitas Juntas de Conciliación y Arbitraje, con una larga historia de tutelaje de los trabajadores para su control, por tribunales del Poder Judicial (federal y local): instancia encargada de resolver los conflictos entre trabajadores y patrones cuando se haya agotado la instancia conciliadora, es decir, el trabajo de los nuevos centros de Conciliación y Registro Laboral que también se planea crear. Estarían bajo la dirección de los poderes judiciales federal y de los estados y su resolución sería definitiva.
  • Libertad sindical. En la parte política a los trabajadores se les dará el voto. Decidirán de manera libre, directa y secreta su afiliación sindical. Tendrán el derecho de construir sindicatos sin necesidad de autorización previa (toma de nota). Además, podrá existir más de
    un sindicato en las empresas, pero solamente uno, el que tenga el mayor respaldo de los trabajadores, tendrá la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Sus sindicatos podrán adherirse libremente a las Federaciones de Sindicatos.
  • Contratación colectiva. Se constituirán centros de Conciliación y Registro Laboral para legitimar las contrataciones colectivas de los trabajadores, evitando así la práctica de los contratos de protección
    (sindicatos falsos) que tanto deslegitimaron la contratación colectiva y al sindicalismo. Con la reforma laboral los contratos
    colectivos deberán de contar con treinta por ciento de las firmas de los trabajadores.

En suma, se cambiaron medios institucionales que permiten a los trabajadores presionar a favor de sus intereses, democratizando el mundo del trabajo al impulsar el voto personal, libre, secreto y directo de los trabajadores en la elección del sindicato, de liderazgos y sancionar los contratos colectivos de trabajo.

Una de las principales interrogantes y poco atendidas respecto de la reforma laboral es sobre los alcances y consecuencias que tendrá como mecanismo democratizador en el mundo del trabajo. Durante el primer semestre de 2019, la discusión ha sido monopolizada, salvo algunas excepciones, por los abogados laborales, que han presentado una mirada atrapada en la fetichización de los códigos y reglamentos de la reforma laboral dejando de lado la interacción de los actores sociales involucrados: trabajadores, empresarios y estado, algo que los ha llevado a asumir una postura muy optimista y estrecha sobre el impacto de la reforma en el futuro del trabajo. La hipótesis es que la competencia por la titularidad de la representación sindical derivará en mejoras en las negociaciones de los contratos colectivos de trabajo.

Captar la magnitud de la reforma laboral para el futuro del trabajo requiere un análisis que vaya más allá de la discusión de códigos, reglamentos y apartados, o a su instrumentación y el acceso a recursos
públicos para su funcionamiento. Se requiere una perspectiva sociológica que capte la interacción entre sindicatos, empresarios y estado.

Un punto de partida en este sentido es ubicar el origen de la reforma laboral de 2018 y a partir de ahí hacer inferencias sobre el futuro del trabajo en México. En esta dirección, la generalidad de los analistas de la reforma sitúa su “hechura” en actores sociales internacionales: en el tema democrático a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el salarial a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, así como a los sindicatos de estos países, todo en el contexto del nuevo acuerdo comercial conocido como T-MEC.

Como se recordará, en diciembre de 2015 el presidente Enrique Peña Nieto (2012–2018) firmó el convenio 98 de la OIT. En 2018 el Senado de la República, dominado por la izquierda mexicana, lo ratificó. En términos generales el mencionado convenio es un llamado de la OIT a los países miembros para que se garantice la protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo (artículo 1);  que las organizaciones de trabajadores y de empleadores gocen de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras, ya se realice directamente o por medio de sus agentes o miembros, en su constitución, funcionamiento o administración (artículo 2).

Este hecho fue relevante para los trabajadores del país pues tuvieron que pasar cuatro décadas para que el tema obrero volviera a ocupar un lugar central en la agenda nacional. En el plano del derecho internacional ratificar el convenio por el gobierno ubicaba a México en la ruta de democracia sindical de otros países democráticos. Una especie de proceso civilizatorio del que el país ya no podría estar al margen.

Pocos meses después de la ratificación del convenio 98, en el contexto de los acuerdos para la renegociación del tratado de libre comercio de Estados Unidos–México–Canadá se empezó a plantear desde Estados Unidos la necesidad de que México llevara a cabo una reforma laboral tendiente a reducir la brecha salarial entre los tres países, sobre todo en el sector manufacturero, pues se aseguraba que con la elevación de los estándares laborales en México habría un menor incentivo para que las empresas se muevan al país por los bajos salarios. Hay que recordar que los promotores del libre comercio y del TLCAN prometieron la convergencia entre los niveles de vida de los dos países. Pero, como es de conocimiento general, con el TLCAN no se cerró la grieta en el ingreso medio.

Otra versión acerca del origen del paquete democrático lo ubica como parte de la agenda del gobierno de izquierda que asumió el poder en 2018. Se conoce que un grupo de abogados laboristas cercanos a la “cuarta transformación” e impulsores históricos del cambio democrático en la vida sindical trabajaron arduamente en la propuesta de reforma laboral del ejecutivo federal y que aprobó el Senado de la República en el que el partido del presidente, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), es mayoría.

Como se podrá apreciar, en las versiones sobre la “hechura” de la reforma laboral los trabajadores y sus organizaciones sindicales están ausentes, hecho que sesga el análisis sobre las consecuencias que podría tener el paquete democrático de la reforma. Subestimar a la clase trabajadora es recurrente en los análisis en América Latina. A decir de Viviane Brachet:

En la periferia capitalista, se ha tendido a subestimar o ignorar la influencia democratizadora que tuvieron las luchas obreras sobre las sociedades principalmente a causa de la situación incipiente y fragmentaria del proletariado en las sociedades que la conforman. En tales contextos, las concesiones a los asalariados han sido interpretadas, por lo general, como el resultado de intervenciones estatales para promover el desarrollo político.[3]

Viviane Brachet nos recuerda que en el antiguo régimen político la piedra angular del Poder Ejecutivo era su habilidad para designar las direcciones de los tres sectores del partido oficial, léase el Partido Revolucionario Institucional (PRI): obrero, CTM; campesino, la Confederación Nacional Campesina (CNC), y popular, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) (suprimiendo la democracia al interior de estos).

Más que un sistema de representación de intereses este corporativismo es comprendido, en el contexto mexicano, como un mecanismo para limitar la articulación de los intereses de las clases subordinadas mediante el control estatal de los líderes de los sectores, quienes por su lado deben de garantizar que sus afiliados voten por el partido oficial.[4]

La imagen que se tenía en la década de los setenta era la de una base de trabajadores desactivada y un liderazgo popular cooptado, realidad que se ha trasformado en años recientes por la mayor pluralidad política en las legislaturas desde la década de los ochenta.

Aun en un contexto corporativo de máximo control y coerción, en momentos ocasionales en la agenda del movimiento obrero mexicano la lucha por la democracia sindical ha estado presente, desafiando con protestas el control del estado, no solo en asuntos políticos sino también en temas contractuales, así se expresan en la deserción masiva de los sindicatos oficiales y en los combates por la democracia sindical en la década de los cuarenta, como nos lo recuerda el famoso episodio —conocido como el “charrazo” sindical— en el que se destituyó (y encarceló) a Luis Gómez Zepeda de la dirigencia del Sindicato Nacional de Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM). Esta fórmula ha sido utilizada con frecuencia para suprimir la democracia sindical en México.[5]

Un episodio de lucha de los trabajadores por la autonomía sindical, piedra angular de la reforma laboral de 2018, se presentó en un contexto de fin del partido de estado que imperó en México durante más de siete décadas. En plena transición política el Sindicato Nacional de Trabajadores, Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM) cuestionó abiertamente el pacto del gobierno federal con los máximos dirigentes de la CTM aglutinando a un amplio espectro de organizaciones, como las que adhieren a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), en acciones de confrontación con el estado.[6]

La autonomía sindical posibilitó beneficios para los trabajadores siderúrgicos y mineros en materia salarial y contractual. Por ejemplo, en 2005 la sección 271 del sindicato minero–metalúrgico logró, mediante una huelga de más de un mes de duración, arrancar a lo que fue Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas (Sicartsa) un incremento salarial de 8% al tabulador, de 34% en prestaciones, además de un bono de 7,250 pesos para cada trabajador. En ese mismo año la sección sindical 147 de mineros había enfrentado al Grupo Acerero del Norte (GAN) por violaciones a los derechos de los trabajadores. En el primer sexenio panista el sindicato había logrado incrementos en salarios de 12% y 14%, así como aumentos en las prestaciones, en términos de educación, de seguros de vida, de vivienda, de protección a la vida y a la salud de los trabajadores. Los salarios de los trabajadores han estado por arriba de la inflación 4, 5 o 6 puntos porcentuales, resultando con incrementos de 9% directo al salario y por lo menos 4% o 5% en prestaciones.[7]

Para Francisco Zapata la negociación exitosa del contrato colectivo por el sindicato minero puso en aprietos la política de contención salarial del gobierno.

Esa negociación cambió los términos de la relación que el sindicalismo corporativo había mantenido hasta ese momento con la política macroeconómica, de apoyo incondicional, que se había manifestado en los acuerdos de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, con el concurso de los representantes de la CTM en dicho organismo.[8]

Esta lucha por la autonomía sindical frente al estado fue frenada por el gobierno de la primera transición política mexicana de Vicente Fox (2000–2006) y por los subsecuentes gobiernos de Felipe Calderón (2006–2012) y Enrique Peña Nieto (2012–2018), como también por los patrones, desconociendo a la dirigencia sindical encabezada por Napoleón Gómez Urrutia.[9]

La lección que deja esta reacción del estado mexicano, en un contexto de transición democrática conservadora, ante la demanda de los trabajadores de mayores márgenes de autonomía sindical fue poner en claro los límites que estaba dispuesto a conceder en la materia, que en esencia fue refrendar el pacto corporativo con las grandes centrales obreras nacionales, principalmente con la CTM.[10]

De lo hasta aquí expuesto se desprenden algunas claves que ayudan a comprender las posibles consecuencias de la reforma laboral de 2018 para el futuro del trabajo no solo en términos políticos sino también en los contractuales.

  • Primera. La agenda democrática ha estado presente en momentos ocasionales en el movimiento obrero nacional apareciendo según la coyuntura política y económica, así como el clima ideológico.[11] La reforma laboral de 2018 forma parte de la segunda “ola” democratizadora del país del siglo XXI.[12] El triunfo de la izquierda en las elecciones presidenciales abrió una ventana para que el anhelo democrático se expandiera a sectores de la sociedad como el de los sindicatos.
  • Segunda. El proceso de cambio institucional en el mundo del trabajo está siendo acompañado por el surgimiento de nuevos actores sindicales. Por ejemplo, el denominado Petroleros de México (Petromex) le disputa la titularidad del contrato colectivo de trabajo al sindicato petrolero, el Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (SNTPRM); emerge la CIT para disputarle la hegemonía corporativa a la CTM. Lo mismo acontece en el Seguro Social, en donde el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores del Seguro Social (SNDTSS) surge para disputarle la titularidad al poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS); coaliciones sindicales independientes como la UNT se fortalecen construyendo vínculos con el nuevo régimen. Por otro lado, los tribunales judiciales emergen como un nuevo actor en sustitución de las juntas de conciliación y arbitraje.

La reforma laboral de 2018 sin duda representa avances significativos por la creación de una institucionalidad laboral en la que se suprime el control sobre los márgenes de acción de los sindicatos. La reforma reduce significativamente las posibilidades de que los capitalistas y los sindicatos corruptos violenten los derechos democráticos de los trabajadores. De ahí la posibilidad de que la reforma laboral abra un nuevo espacio inédito en el que los capitalistas y los trabajadores habrán de aprender a convivir, tal como lo han venido haciendo —en condiciones asimétricas— desde la promulgación del 123 constitucional.

Lo que nos ha enseñado la historia del movimiento obrero es que las reformas laborales obreristas a lo largo del siglo XX son importantes porque los trabajadores pueden recurrir a ellas en cada uno de los enfrentamientos que sostienen con el capital para mejorar su situación de clase.[13] En este sentido, los trabajadores con seguridad recurrirán ocasionalmente al paquete democrático de la reforma laboral de 2018, tal como lo han hecho con el artículo 123 constitucional, para legitimar sus luchas. Pero dado el carácter fragmentado del proletariado mexicano la democratización sindical se dará de manera también fragmentada según la empresa, el sector, la región.

Las interrogantes que se abren es conocer hasta qué grado de autonomía el nuevo régimen político estará dispuesto a conceder al movimiento obrero, y si estamos frente a un nuevo escenario donde la relación
histórica podría experimentar una readecuación que cambiaría la relación de subordinación del sindicalismo al estado.[14] Interrogantes que solo podrán ser respondidas en el mediano plazo. En lo que
no hay duda es en una continuidad de la subordinación del sindicalismo mexicano al estado, lo que no se conoce es el grado de autonomía a ceder por el nuevo régimen inaugurado en 2018.

 

[*]  Doctor en Sociología por El Colegio de México. Profesor de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Línea de investigación en identidades laborales y profesionales.

 

[1].     Zapata Schaffeld, F. “Hacia una sociología del desempleo”, Boletín Editorial de El Colegio de México, núm. 138, México, marzo–abril de 2009, pp.20–27.

[2].    Como dato anecdótico, el primer presidente del Instituto Federal Electoral, José Woldenberg, fue un prominente analista y militante del movimiento obrero en la década de los setenta.

[3].    Brachet, V. El pacto de dominación. Estado, clase y reforma social en México (1910–1995), El Colegio de México, Ciudad de México, 1994, p.16.

[4].    Ibidem, p.42.

[5].    Op. cit.

[6].    Zapata, F. “Del corporativismo a la autonomía sindical. Las estrategias del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM) (2005-2015)” en Belmont, E., Martínez, E. y Rojas, G. (coords.), Emerger de los escombros. Nuevos contextos y actores de la reestructuración productiva en México, Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad Autónoma de Nuevo León, Plaza y Valdez, Ciudad de México, 2018.

[7].    La industria siderúrgica en México. INEGI, Ciudad de México, 2009.

[8].    Zapata, F. Op. cit. p.145.

[9].     En el proceso electoral de 2018 Gómez Urrutia fue electo senador de la república a través de Morena.

[10].    Zapata, F. Op. cit.

[11].    Brachet, dixit.

[12].    Una primera “ola” democratizadora se presentó en 2000 con el fin del régimen priista.

[13].    Brachet, dixit.

[14].    Zapata, dixit.