Los acaparadores del agua

María González Valencia[*]

 

Resumen: El agua es un bien común para la vida. Sin embargo, en la actualidad se encuentra amenazada por el poder económico y político que ejercen las empresas, nacionales y trasnacionales, en la toma de decisiones sobre las políticas hídricas y en el acaparamiento de los principales acuíferos. Este texto da cuenta de la situación del agua en México, y en particular en Jalisco, y describe el actual modelo de gestión del agua y su marco normativo. Explica las consecuencias del sistema de concesiones, la captura corporativa del agua y revela las principales empresas que acaparan el agua en el estado. Busca ser un llamado a la construcción de una nueva Ley general de aguas, en la que se aborde de manera trasversal el derecho humano al agua y al saneamiento, así como de un tratado vinculante de empresas y derechos humanos con el que se sancionen las violaciones cometidas por las empresas.

Palabras clave: Agua, concesiones, acaparamiento, captura corporativa, empresas, derecho humano al agua y al saneamiento.

 

Abstract: Water is a common good that is essential for life. Today, however, it is threatened by the economic and political power wielded by corporations, both national and transnational, who influence decision–making on water policy and try to secure the main aquifers for their own use. This text looks at the water situation in Mexico, and particularly in Jalisco; it describes the water management model currently in use and its regulatory framework. It also explains the consequences of the concession system, corporate water capture, and names the leading companies that have gained control over much of the water in the state. The article calls for a new General Water Law that will address the human right to water and sanitation in a comprehensive way, and provide for binding penalties on companies that violate this right.

Key words: Water, concessions, corporate capture, corporations, human right to water and sanitation.

 

El agua es un elemento fundamental para la vida. En tiempos de cambio climático y de la crisis civilizatoria que enfrentamos, de ella depende la sobrevivencia del planeta. Los datos son preocupantes, en México 9.9 millones de personas no tienen acceso al agua en sus viviendas;[1] pero si tomamos en cuenta que el agua debe estar libre de contaminantes, debe ser accesible y estar disponible cuando sea necesario se estima que solo 40% cuenta con agua potable,[2] es decir, alrededor de 70 millones de personas no tienen agua de manera suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico.

De acuerdo con el estudio “Protección de ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva de los Derechos Humanos” realizado por la Universidad Nacional Autónona de México (UNAM) para la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se documentó que la disponibilidad de agua renovable per cápita se redujo en 2015 a 3,338 (m3 / habitante / año), cuando en 1950 era de 18,035 (m3/habitante/año). Por otra parte, el mismo estudio detalla que en el caso de las comunidades indígenas 1.5 millones no tienen servicio de agua entubada en su vivienda y 3.2 millones carecen de drenaje.

En relación con el saneamiento del agua en México el estudio señala que solo se sanea 35.36% de las aguas residuales, y explica que cada segundo se vierte a las redes de descarga y cuerpos de agua 89.2
m3/segundo de aguas contaminadas sin tratamiento alguno y 138.74 m3 / segundo de aguas residuales de origen industrial. Además, documenta que 54% de las aguas negras se descargan directamente en ríos o arroyos, provocando que más de 70% de los ríos, lagos y presas se encuentren con algún grado de contaminación. Por último, el estudio describe que se ha incrementado la cifra de acuíferos sobrexpotados; en la actualidad, de 653 acuíferos que existen en el país 144 están sobrexplotados.[3]

 

  1. Modelo de gestión del agua en México

Uno de los principales factores de la crisis del agua que actualmente enfrentamos en México se debe al deficiente y obsoleto modelo de gestión, puesto en marcha por décadas en las instituciones del agua y que se ha impuesto a la ciudadanía.

Este modelo centraliza las decisiones sobre nuestra agua en pocas manos bajo un esquema de “representatividad y participación” que excluye a las comunidades y a las personas de la toma de decisiones y del control social del agua. Asimismo, privilegia las grandes y costosas obras de ingeniería hidráulica, generando procesos de corrupción. Solo considera como voz exclusiva la de los expertos técnicos gubernamentales e inversionistas, rechazando la instrumentación de alternativas sustentables, equitativas, ecológicas, baratas y limpias.

El actual modelo de gestión del agua está enmarcado en una lógica de privatización que considera al vital líquido una mercancía y negocio. A través de leyes, programas y políticas este modelo debilitó la gestión pública[4] del agua, eliminando casi por completo la gestión comunitaria,[5] impulsando y fortalecido la gestión privada.[6]

En México desde 2012 se elevó a rango constitucional el derecho humano al agua y al saneamiento. El artículo 4, párrafo 6, establece que

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.[7]

No obstante, esta reforma trascendental se ha incumplido. El transitorio tercero mandató que “El Congreso de la Unión contará con un plazo de 360 días para emitir una Ley General de Aguas”,[8] pero han pasado siete años y el estado mexicano y las autoridades del agua no han emitido una nueva Ley General de Aguas que aborde de manera trasversal y garantice los derechos al agua y al saneamiento, su acceso equitativo y sustentable, ni garantías que aseguren que el agua tenga como uso prioritario el consumo humano, la protección de los ecosistemas, la soberanía alimentaria y la salud por encima de cualquier otro uso de negocio.

 

  1. La Ley de Aguas Nacionales y su inequitativo sistema de concesiones

En México la legislación en materia de agua ha venido en retroceso, desprotegiendo cada vez más los derechos humanos y fortaleciendo a los actores económicos. Como no se ha emitido una nueva Ley General de Aguas en el país la ley vigente es la Ley de Aguas Nacionales (LAN),[9] aprobada en 1992 con un enfoque del agua privatizador y mercantilista.

La ley vigente, en su capítulo cuarto, permite el acaparamiento de agua por actores económicos a través del sistema de concesiones y trasferencia de derechos sobre el agua a privados. El régimen de concesiones vulnera el principio de equidad y sustentabilidad del agua, es responsable de diversos conflictos y disputas por el agua entre comunidades y empresas, en el campo y la ciudad; ocasiona la sobrexplotación de acuíferos, su contaminación. En esencia, mantiene el control político y económico de nuestra agua por encima de los derechos y territorios de los pueblos indígenas, del acceso al agua paras las mujeres, los niños, las niñas y las poblaciones rurales y urbanas de bajos ingresos.

Según el artículo 20 de la LAN el sistema de concesiones permite acceder al agua a los particulares en cada cuenca mediante la obtención de una concesión ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua),
logrando así un derecho prácticamente irrevocable debido a los siguentes factores:

  • Las concesiones otorgadas pueden tener una vigencia de hasta 30 años con derecho a prórroga por la misma cantidad de años, es decir, pueden acaparar el agua de manera continua mínimo por 60 años (artículo 24 de la LAN).
  • Las concesiones pueden ser trasferibles, y por lo tanto un agricultor o campesino puede trasmitir su título de concesión a una compañía minera, constructora o cervecera a través de la firma de un convenio o contrato entre particulares (artículos 33 al 37, 23 y 37 bis de la LAN).
  • Las concesiones pueden cambiar el uso por el que originalmente fueron otorgadas, por ejemplo, de uso agrícola puede cambiarse para uso industrial al amparo del mismo título (artículo 25, párrafo cuarto de LAN).

El otorgamiento o no de las concesiones en teoría depende de la disponibilidad del agua en las cuencas. La triste realidad es la carencia de estudios e información científica confiable, sistemática y en tiempo real de la calidad, disponibilidad, dinámica del agua y volúmenes reales que se extraen del subsuelo, así como de la deficiente supervisión que la Conagua realiza de las concesiones.

Basta mencionar que en 2016 la Conagua atendió solo 37.9% (7,447) de las 19,640 solicitudes para el otorgamiento de títulos de concesión y asignación, por lo que 12,193 (62.1%) continuaban pendientes. Por otra parte, inscribió en el Registro Público de Derechos de Agua 52.8% (23,596) de los 44,675 requerimientos y 21,079 (47.2%) permanecían en rezago,[10] déficit que necesariamente influye en la administración del agua y, por lo tanto, en los datos aportados para determinar la disponibilidad.

En ese sentido la Auditoría Superior de la Federación reveló que hasta 2013 la Conagua inspeccionaba tan solo 1% de los títulos de concesión otorgados, lo cual resulta marginal para garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones derivadas de los títulos de concesión. Este mismo informe señala que en el caso de los concesionarios inspeccionados la obligación que más se incumplió fue la referente a no acatar las condiciones del título de concesión, como aprovechar aguas nacionales en un punto diferente al autorizado.[11]

 

  1. Investigación #AcaparadoresDelAgua en Jalisco

El estado de Jalisco también es parte de la política hídrica de acaparamiento del agua. En consecuencia, enfrenta severos problemas de contaminación, sobrexplotación de sus cuencas y sobreconcesionamiento de los acuíferos, como lo demuestra nuestra investigación “Los acaparadores del agua en Jalisco”,[12] realizada por el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, AC (IMDEC), presentada el 22 de marzo de 2019.

La investigación #AcaparadoresDelAgua tuvo por objetivo demostrar quiénes tienen acaparada nuestra agua y por ende el control político y económico del vital líquido en Jalisco. La averiguación se centra en esta primera parte del estudio, en la región hidrológica núm.12 Lerma–Santiago, que incluye los principales cuerpos de agua de Jalisco (lago de Chapala, río Verde, lago de Cajititlán, río Santiago, subcuencas y microcuencas de la zona metropolitana de Guadalajara), y que concentra la mayor conflictividad socioambiental en el estado.

A través del derecho de acceso a la información y trasparencia se obtuvieron los datos de las 50 mayores concesiones de aguas superficiales y subterráneas, otorgadas por la Conagua[13] en la región hidrológica núm. 12 Lerma–Santiago hasta septiembre de 2018.

De los principales hallazgos encontrados en la investigación se destaca que los mayores volúmenes de agua están en manos de actores económicos poderosos, que disminuyen la disponibilidad y la calidad del agua. Sobresalen cerveceras, constructoras, embotelladoras, inmobiliarias, refresqueras, tequileras, químicas, de agroexportación y fraccionamientos residenciales, con concesiones otorgadas de 10 hasta 50 años y con volúmenes máximos de extracción anual de 102’166,496 m3 de agua subterránea y 2,955’520,000 m3 de agua superficial, como se puede apreciar en las tablas 12.1 y 12.2.

Entre las empresas con mayores volúmenes de agua concesionados están la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma–Heineken y la Cervecería Grupo Modelo, las refresqueras Coca–Cola y Jugos del Valle, y las tequileras Tequila Sauza y Brown Forman.

En la lista se econtraron también empresas químicas consideradas de las más contaminantes, como las estadounidenses Grupo Celanese y Hutsman, así como la mexicana Mexichem, todas ubicadas en la cuenca del río Santiago, a las que a través de estudios oficiales e independientes se les ha comprobado sus altos niveles de contaminación.[14]

Destacan también empresas agrícolas y de agroexportanción ubicadas en la ribera de los lagos de Chapala y Cajititlán, en donde la población enfrenta un grave problema de salud pública derivado de
la contaminación ambiental, como la empresa mexicana Agropecuaria Sanfandila y la estadounidense Naturesweet.

Por otra parte, sorprendió el elevado número de empresas inmobiliarias, constructoras y fraccionamientos residenciales que acaparan el agua: 16 empresas encabezan la lista, entre ellas Urbi Construcciones, Casas Geo, Casas Javier, Bienes y Raíces Jardín Real y los fraccionamientos residenciales El Río Country Club, Bugambilias y Santa Anita. Lo anterior comprueba la sobrexplotación de las subcuencas y microcuencas del área metropolitana de Guadalajara en beneficio del sector inmobiliario y el uso desmedido e irracional del agua en zonas residenciales, en detrimento de la población urbana que habita en
las zonas marginadas de la ciudad y no tiene acceso al agua.

 

  1. La captura corporativa del agua

Desde hace más de 30 años la política hídrica del país ha sido decidida por élites económicas, nacionales y trasnacionales en acuerdo con la clase política. Lo que la Red Internacional DESC define como la “captura corporativa”, es decir, “las maneras en que una élite económica socava la realización de los derechos humanos y perjudica el medio ambiente mediante el ejercicio de una influencia indebida sobre los encargados de tomar las decisiones en el ámbito nacional e internacional, y sobre las instituciones”.[15]

En materia de agua en México esta práctica la podemos constatar a través del trabajo que realiza el Consejo Consultivo del Agua (CCA), conformado en 2000 en su mayoría por empresas del sector energético, minería, embotelladoras, constructoras y empresas que promueven la privatización de los sistemas de agua en el país.

El CCA se define como la “única organización de la sociedad civil del país, dedicada exclusivamente a temas de agua”,[16] y como un consejo vinculante, al cual “le corresponde ser consultado por la Conagua para elaborar propuestas, recomedaciones, análisis y evaluaciones respecto de los problemas nacionales prioritarios, relacionados con el uso del agua, según las leyes nacionales e internacionales”.[17]

De manera excepcional, en 2017 se conformó en Jalisco el Consejo Consultivo del Agua —Capítulo Jalisco—, único en todo el país, presidido por Francisco Javier Mayorga Castañeda, político y secretario de Agricultura en el gobierno de Felipe Calderón. Varias de las empresas que acumulan la mayor parte del agua en Jalisco, de la investigación #AcaparadoresDelAgua, son parte del CCA.

Tal es el caso de las Cervecerías Modelo, Cuauhtémoc–Heineken y de Coca–Cola, empresas que impulsan, además, el cuestionado “Pacto Social por el Agua”,[18] a través del cual pretende imponer el Plan Nacional Hídrico 2019–2024 y una Ley General de Aguas que continúe defendiendo sus intereses económicos por encima de los derechos humanos.

Es preocupante que la relación cada vez más profunda entre el gobierno y las empresas está debilitando a las instituciones estatales y los procesos responsables de garantizar, respetar, proteger y cumplir los derechos humanos. En este sentido, la captura corporativa actúa como una causa de muchos abusos contra los derechos humanos por parte de las empresas.

En México está claro el proceso de captura del sector hídrico, su captura en la toma de decisiones, en la gestión del agua y su acaparamiento. Las empresas definen las políticas del agua, se benefician de ella, controlan y ejercen las decisiones sobre este bien común.

 

  1. Hacia un tratado vinculante de empresas
    y derechos humanos

En 2016, durante su visita oficial a México, el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas constató, en al menos 67 casos,[19] que a pesar del creciente número de conflictos socioambientales, sobre todo por el agua, entre empresas y comunidades, la legislación en la materia a escala nacional e internacional es muy deficiente. Situación que se ve agravada por la falta de una reglamentación eficaz tanto en los estados de origen como en los estados que acogen empresas, y por la ausencia de una garantía de un acceso efectivo a la reparación y a la rendición de cuentas.

Sin embargo, se han dado pasos importantes desde las organizaciones de derechos humanos para elevar el debate y las propuestas en la materia. En primer lugar se reconoce que las empresas son actores no estatales que violan derechos humanos y por lo tanto están obligados a respetarlos y a reparar todas las consecuencias negativas sobre los derechos humanos que hayan provocado o contribuido a provocar.

En 2011 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció 31 principios rectores sobre empresas y derechos humanos,[20] una norma de conducta en el plano mundial para todas las empresas, tanto trasnacionales como de otro tipo, independientemente del tamaño, sector, ubicación, propietarios y estructura, así como para todos los estados.

Los principios se basan en el reconocimiento de las obligaciones que tienen los estados de respetar, proteger y cumplir con los derechos humanos; el papel de las empresas y su obligación de cumplir todas las leyes aplicables y respetar los derechos humanos, haciendo énfasis en que los derechos y obligaciones deben ir acompañados de recursos adecuados y efectivos en caso de incumplimiento.

El establecimiento de estos principios representa las primeras bases en términos de justicia contra el poder corporativo, no obstante, al no ser vinculantes, las empresas continúan vulnerando derechos, en muchos casos con total impunidad.

Debido a que los principios no son vinculantes, en 2014 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó la resolución A/HRC/RES/26/9,[21] en la que estableció un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta, con el mandato de elaborar un tratado internacional de derechos humanos legalmente vinculante para regular sus actividades, prevenir y remediar las violaciones de derechos humanos cometidas por empresas trasnacionales y otras empresas.

Han pasado diez años y en este proceso se han involucrado comunidades afectadas, movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos de todo el mundo, que han incluido temas esenciales como la participación y el acceso a información, la diligencia debida en materia de derechos humanos, las obligaciones extraterritoriales, la responsabilidad penal empresarial y el acceso a la justicia. Se cuenta con un “Borrador cero”[22] del tratado que fue discutido en octubre de 2018 en la cuarta sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental, y en octubre de 2019 se presentará y discutirá el “Borrador 1”.

Como es de imaginar, este proceso ha provocado resistencia por parte de varios países, sobre todo de la Unión Europea y Estados Unidos.[23] Es urgente seguir empujando este marco internacional para frenar los abusos generalizados y sistemáticos de derechos humanos por parte de las empresas.

 

  1. Conclusiones

La problemática del agua es compleja y nos involucra a todas las personas, pues de ella dependemos para vivir y, en los próximos años, para sobrevivir y no desaparecer. No importa nuestra condición social ni el lugar donde habitemos, lo que está en riesgo es la vida frente a un modelo económico que nos impone a diario proyectos de muerte, como le dicen los pueblos indígenas y campesinos.

La defensa de nuestra agua como un bien común es una tarea urgente. Existen más de 500 conflictos ambientales en México y en todos el agua es uno de los elementos en disputa,[24] pero al mismo tiempo el agua también nos une, nos hermana y nos moviliza.

Defender el agua es defender culturas, costumbres e identidades, es defender cosmovisiones y modos de vida de pueblos ancestrales, de comunidades campesinas y también de lo que significa el agua en las ciudades.

Los desafíos, como los describimos en el presente artículo, son muchos: lograr la democratización de las decisiones sobre nuestra agua es fundamental, para así evitar que siga siendo controlada y acaparada por las grandes corporaciones económicas en contubernio con las autoridades.

Transitar hacia un nuevo paradigma de manejo y gestión del agua es vital, un nuevo modelo en el que sea considerada el sustento de la vida y las culturas por encima de una oportunidad de negocio, que respete y
garantice los derechos humanos a la salud, la alimentación, al agua, a la vida, a la libre determinación de los pueblos y los derechos de la naturaleza sobre los derechos del capital. Este modelo debe reducir las brechas de desigualdad en el acceso al agua, garantizar su equidad, sustentabilidad, disponibilidad, calidad y el abastecimiento a lo largo del tiempo, para las generaciones presentes y futuras y los ecosistemas.

 

[*] Defensora de derechos humanos, egresada del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Especialista en agua, conflictos sociambientales y estrategias para la defensa de la tierra y el territorio. Feminista, activista y educadora popular. Es fundadora de diversas redes de agua y derechos humanos en México. Coordinadora del Área de Acción para la Defensa del Territorio del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, AC (IMDEC). Correo electrónico: maria@imdec.net

 

[1].  Comisión Nacional del Agua. Estadísticas del Agua en México, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ciudad de México, 2018, pp.101–124. Recuperado el 17 de junio de 2019, de http://sina.conagua.gob.mx/publicaciones/eam_2018.pdf

[2].  Gobierno de la República. “Informe nacional voluntario para el foro político de alto nivel sobre desarrollo sostenible: bases y fundamentos en México para una visión del desarrollo sostenible a largo plazo. Avance en el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, México”, Gobierno de la República, 2018, p.48. Recuperado el 16 de junio de 2019, de https://www.coparmex.org.mx/downloads/envios/InfNalVol.pdf

[3].    Sandoval Moreno, A., et al. Protección de ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva de los derechos humanos, UNAM/CNDH, Ciudad de México, mayo de 2018, p.17. Recuperado el 17 de junio de 2019, de http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/estudio_rios_lagos_acuiferos.pdf

[4].    Manejo del agua desde las instituciones del estado.

[5].    Manejo y control del agua desde las comunidades campesinas e indígenas.

[6].    Manejo del agua por las empresas nacionales y trasnacionales.

[7].    Cámara de Diputados. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4. Diario Oficial de la Federación, Ciudad de México, 8 de febrero de 2012. Recuperado el 17 de junio de 2019, de http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/012_comisioneslxii/01_ordinarias/002_agua_potable_y_saneamiento/13_marco_juridico/01_constitucion_politica_de_los_estados_unidos
_mexicanos

[8].    Ibidem.

[9].    Ley de Aguas Nacionales, Ciudad de México. Diario Oficial de la Federación, Ciudad de México, 24 de marzo de 2016. Recuperado el 18 de junio de 2019, de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/16_240316.pdf

[10].    Auditoría Superior de la Federación y Comisión Nacional del Agua. Gestión Integral y Sustentable del Agua, Administración del Agua Auditoría de Desempeño: 16–5–16B00–07–0410 410, p.156. Recuperado el 10 de junio de 2018, de http://informe.asf.gob.mx/Entrega3/Documentos/Fichas/Ficha_de_a.pdf

[11].        Auditoría Superior de la Federación y Comisión Nacional del Agua. Preservación del Agua en Cantidad, Auditoría de Desempeño: 13–0–16B00–07–0144, 2014, p.20. Recuperado el 10 de junio de 2018, de https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/ir2013i/Documentos/Auditorias/2013_0144_a.pdf

[12].       Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, AC, IMDEC. Los 50 mayores acaparadores del agua en Jalisco, Guadalajara, 2019. Recuperado el 19 de junio de 2019, de http://www.imdec.net/docs/2019/territorio/50mayorescaparadoresAguaJaliscoPresentacion.pdf

[13].       Solicitud de transparencia otorgada al IMDEC, AC, por la Comisión Nacional del Agua, Folio infomex: 1610100302518. Datos hasta septiembre de 2018.

[14].       Labunska, I., Brigden, K. y Santillo, D. Metales pesados y contaminantes orgánicos en descargas de aguas residuales de la empresa Huntsman en Atotonilquillo (México), Greenpeace, 2012. Recuperado el 18 de junio de 2019, de https://www.greenpeace.org/archive-mexico/es/Footer/Descargas/reports/Toxicos/Metales-pesados-y-contaminantes-organicos/#a0

[15].    Red DESC. Rendición de Cuentas Corporativa del proyecto Captura Corporativa. Recuperado el 19 de junio de 2019, de https://www.escr-net.org/es/derechoshumanosyempresas/capturacorporativa/acerca-captura-corporativa

[16].       Consejo Consultivo del Agua, AC. Inicio. Recuperado el 19 de junio de 2019, de http://www.aguas.org.mx/sitio/index.php/quienes

[17].    Consejos Consultivos Nacionales en Materia Agropecuaria y Ambiental. ¿Qué es? Recuperado el 19 de junio de 2019, de https://consejosconsultivos.mx/consejo-consultivo-del-agua.html

[18].    Pacto Social por el Agua. ¿Qué es el Pacto Social por el Agua? Recuperado el 19 de junio de 2019, de https://pactosocialagua.mx/

[19].    Greenpeace México. México: empresas y derechos humanos, compendio de información que presenta la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, Ciudad de México, 2016. Recuperado el 19 de junio de 2019, de https://www.greenpeace.org/archive-mexico/Global/mexico/Docs/2016/Informe_Mx_Empresas
_ddhh.pdf

[20].   Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ACNUR. Principios rectores sobre las empresas y los Derechos Humanos, Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para ‘proteger, respetar y remediar’, ONU, Nueva York/Ginebra, 2011. Recuperado el 19 de junio de 2019, de https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinesshr_sp.pdf

[21].       Resolución A/HRC/RES/26/9, aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Asamblea General de las Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos. Ginebra, 14 de julio de 2014. Recuperado el 20 de junio de 2019, de https://documents-dds-ny.un.org/doc/undoc/gen/G14/082/55/pdf/G1408255.pdf?OpenElement

[22].      Borrador Cero del Tratado Vinculante de Empresas y Derechos Humanos (solo en inglés). Recuperado el 19 de junio de 2019, de https://www.ohchr.org/Documents/hrbodies/HRCouncil/wgTransCorp/Session4/ZeroDraftOPLegally.PDF

[23].      López de Miguel, Alejandro. “La UE y EEUU se oponen al proyecto de la ONU para obligar a las multinacionales a respetar los derechos humanos”. Público, 29 de junio de 2014. Recuperado de https://www.publico.es/internacional/ue-y-eeuu-oponen-al.html

[24].   Espinosa, Verónica. “El caos ambiental y sus 500 puntos rojos, un grito de alarma a los presidenciables”. Proceso, 11 de abril de 2018. Recuperado de https://www.proceso.com.mx/529432/el-caos-ambiental-y-sus-500-puntos-rojos-un-grito-de-alarma-a-los-presidenciables