Seis meses de la 4T, un primer balance del sexenio

Jorge Enrique Rocha Quintero[*]

 

Resumen: En este artículo se hace un balance de los primeros seis meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para lo que se retoman varios aspectos importantes de la vida nacional, entre ellos: la política social y migratoria, la construcción de la Guardia Nacional, la política exterior de la actual administración, sus niveles de aprobación, el nuevo modelo de comunicación política, y se analiza el primer proceso electoral local efectuado dentro de este gobierno.

Palabras clave: Andrés Manuel López Obrador, cuarta transformación, balance, polarización, Guardia Nacional, política social, migración, elecciones 2019.

 

Abstract: This article makes an assessment of the first six months of Andrés Manuel López Obrador’s government, focusing on several important aspects of national life: social and migratory policy, the construction of the National Guard, the administration’s foreign policy, its approval levels, and the new model of political communication, among others. It also analyzes the first local electoral process to take place within this presidential term.

Key words: Andrés Manuel López Obrador, fourth transformation, assessment, polarization, National Guard, social policy, migration, 2019 elections

 

Trascurrieron seis meses del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, al que genéricamente se le denominó la cuarta transformación (4T). Aunque todavía es muy prematuro para pedir resultados contundentes, o constatar el cambio de grandes tendencias sociales, sí es posible hacer un primer balance sobre la actual administración pública federal, en varios aspectos que me parecen clave para entender el nuevo derrotero del gobierno en turno. Sin duda los temas abordados en este tiempo son muchos, ya que una de las características del nuevo gobierno es la velocidad con la que se procesan los debates públicos; sin embargo, muchos de ellos se quedan en auténticos “amagues” que no logran generar cambios objetivos y concretos en la dinámica social, pero que sí producen un gran revuelo en la opinión pública.

A continuación expongo los asuntos que me parecen más sobresalientes en el comienzo de la gestión lopezobradorista.

 

  1. Polarización, las mañaneras y la prensa “fifí”

Desde la campaña electoral de 2018 y durante los primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha generado en la opinión pública una profunda dinámica de polarización social. Frente a casi cualquier hecho, que puede ir desde un acto de extrema violencia, la limpieza de los zapatos del presidente o la posibilidad de una reforma político–electoral, se vierten argumentos en la opinión pública en blanco y negro, los matices y los grises están ausentes y se produce una dinámica de relación entre los actores sociales y políticos en líneas muy tajantes, que plantean posiciones irreconciliables; no hay medias tintas en la opinión pública y los que buscan elevar los debates o plantear puntos de vista desde varios ángulos, o desde una perspectiva estructural, son criticados por su falta de firmeza y convicciones. Uno de los peores resultados de estos lamentables debates son las nuevas geometrías políticas que ahora se utilizan, donde se divide a los actores sociales y políticos entre “chairos” (pro Andrés Manuel López Obrador) y “fifís” (opositores a López Obrador). Existen opinadores que defienden estos debates, porque argumentan que hay mayor grado de politización en el país, donde quedan claras las desigualdades sociales preexistentes. Estando de acuerdo en que estos procesos sí tienen estos tintes positivos, lo que resulta problemático es que no se generan capacidades de consenso social y el encono entre colectivos sociales se incrementa.

Ahora bien, desde mi análisis hay por lo menos tres razones que nos explican la aparición de este fenómeno de polarización de la opinión pública nacional: el primero es que precisamente no contamos con herramientas de discernimiento que nos permitan ponderar con mayor claridad los sucesos; el segundo es que los modelos de comunicación política que están utilizando los actores políticos colaboran para generar estas polarizaciones, y hay que decirlo claro, no es para desentrañar causas y efectos que se hace este tipo de comunicación, es para generar adeptos y simpatías políticas. Este tipo de comunicación no
es para proporcionar mayores elementos para generar un mejor juicio, es para lograr convencer a los ciudadanos de que las acciones de un político son mejores que las acciones de sus adversarios. La tercera razón, que me parece la más importante y determinante, es que la sociedad mexicana ya estaba polarizada desde antes, es decir, la acumulación de desigualdades que hemos tenido por años ha generado una situación social en la que unos pocos tienen acceso a casi todo y muchos tienen poco o ningún acceso a casi nada. Es decir, en una sociedad plagada de múltiples desigualdades (de ingreso, de acceso a la justicia, de acceso a la salud y la educación, entre otras) es complemente normal que tengamos una plataforma propicia para el desarrollo de la polarización social en el espacio público.

Ahora bien, uno de los mecanismos que nutre, con o sin quererlo, estas dinámicas de polarización, son las famosas “mañaneras”, que son las conferencias de prensa que el presidente concede todos los días a distintos medios de comunicación nacionales y donde se habla de múltiples asuntos. A lo largo de los seis primeros meses de gobierno López Obrador ha colocado a través de ellas la agenda mediática nacional, y ningún actor sociopolítico le genera contrapeso alguno. Es más, los temas de agenda del presidente son desplazados por el mismo presidente y, salvo en contadas ocasiones, otros actores políticos logran colocar sus temas.

Uno de los asuntos que más polémica ha generado son las expresiones de réplica del presidente hacia algunos medios de comunicación que han sido permanentemente críticos de su gestión. Resalta el caso de Grupo Reforma, al que López Obrador ha calificado como uno de los principales exponentes de la “prensa fifí”. En este proceso se tiene que reconocer que algunas críticas vertidas hacia la presidencia no tienen sustento empírico o que demandan al jefe del Ejecutivo federal resolver problemas que claramente no son resolubles en tan poco tiempo de gobierno, o que no son parte de sus competencias.

Ahora bien, frente a este escenario tenemos un diálogo de sordos entre un presidente que impone su agenda casi todo el tiempo y una prensa que, a veces con razón y otras sin tenerla, crítica sí o sí las acciones y dichos del titular del Poder Ejecutivo federal. Esta forma de proceder no abona a la resolución de los problemas y tampoco alimenta un debate constructivo frente a agendas urgentes.

 

  1. La inseguridad y la Guardia Nacional

El jueves 21 de febrero de 2019 el Senado de la República aprobó por unanimidad la creación de la Guardia Nacional, con 127 votos a favor y ninguno en contra. Los días anteriores a la aprobación de la Guardia Nacional hubo un gran rejuego político, ya que 11 de los 12 gobernadores priistas del país apoyaban el dictamen original; sin embargo, los senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) y Partido Verde se oponían públicamente a aprobar la propuesta sin más.

Luego de una fuerte presión en la opinión pública, sobre todo por parte de organismos defensores de los derechos humanos de la sociedad civil que cuestionaron la propuesta de la Guardia, ya que significaba un paso más en el proceso de militarización de la seguridad pública, la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados cedieron en varios asuntos importantes, que a continuación enumero:

a) La Guardia Nacional tendría un mando civil; será parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y se suprimió la propuesta de una Junta de Estado Mayor que intervendría en su dirección.

b) Se obliga a que la actuación de los miembros de la Guardia Nacional estará apegada a los compromisos en derechos humanos que ha contraído México en el ámbito internacional.

c) Se legisla el respeto de la soberanía de estados y municipios, dado que la presencia de la Guardia será a petición de gobernadores.

d) Se estableció un control del Senado en sus acciones.

e) Se sujetará a sus miembros a la competencia jurisdiccional civil, con lo cual se evita que tengan fuero militar.

f) Se les otorgó un plazo de 180 días a los gobernadores de los estados a que presenten en el Consejo Nacional de Seguridad Pública un diagnóstico y un programa para fortalecer las capacidades de las policías estatales y municipales.

g) Las fuerzas armadas participarán en el establecimiento de la estructura
jerárquica, regímenes de disciplina, cumplimiento de responsabilida-des y tareas, instrumentación de las normas de ingreso, educación,
capacitación, profesionalización, ascensos y prestaciones de la Guardia

h) Mientras la Guardia Nacional se estructura, las fuerzas armadas podrán seguir en labores de seguridad pública hasta por cinco años (2024).

Los aspectos positivos que tuvo este dictamen son varios: se evitó que la conformación de la Guardia Nacional fuera de carácter plenamente militar, ya que sus controles de mando, revisión y sanciones estarán bajo la tutela de civiles. Se evitó el fuero militar para sus miembros y además se supone que actuará bajo los marcos de las policías civiles y del respeto a los derechos humanos. El triunfo político que está atrás de este dictamen es el hecho de que todas las fuerzas políticas y sociales del país pudieron construir un amplio consenso en torno al tema. No hubo ningún derrotado y más bien todos los actores implicados tuvieron grandes victorias políticas.

Lo que no fue tan positivo del dictamen es que queda, en buena medida, en manos de las fuerzas armadas la forma de estructurar la Guardia Nacional, quienes formarán a sus efectivos con los parámetros de una carrera militar. Habrá que ver qué se impone al final: los marcos normativos o las prácticas reales. El otro aspecto negativo es que prácticamente durante todo su sexenio el presidente López Obrador estará facultado para utilizar las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública; esto significa que en el corto y mediano plazo las cosas seguirán más o menos igual.

El asunto que deja muchas dudas se refiere a la capacidad real que tengan los gobernadores de los estados para poder reestructurar y reformar a fondo las policías estatales y municipales, que, a decir de muchos especialistas, es el proceso al que se le tiene que apostar en el largo plazo, para que entonces los soldados y marinos vuelvan a sus cuarteles.

En el mes de abril se nombró a los que serán responsables de echar a andar la Guardia Nacional, todos militares, y quienes serán liderados por el general de brigada del Estado Mayor Presidencial, Luis Rodríguez Bucio. Además, integrarán la coordinación de la Guardia Nacional el general Xicoténcatl Núñez Márquez (Secretaría de la Defensa Nacional), el contraalmirante Gabriel García Chávez (Secretaría de Marina) y Patricia Rosalinda Trujillo Mariel (Policía Federal). A pesar de la insistencia de que este cuerpo de seguridad tuviera una clara actuación civil, los responsables de la implementación son casi todos militares.

Ahora bien, las cifras de inseguridad en el comienzo de este sexenio no han mostrado reducción. Al contrario, hay un incremento en algunos delitos. Por ejemplo, el periódico digital Animal Político mostró los siguientes datos:

Este 12 de abril el presidente sostuvo que el promedio de víctimas de homicidios dolosos en diciembre de 2018 fue de 79.9; en enero de 75; febrero de 83.1 y marzo 77.5. Pero los datos del Secretariado Ejecutivo muestran que el promedio diario de víctimas de homicidios fue de 92.7 en diciembre; 99.89 en enero y 92.03 en febrero. También existe una subestimación en el número total de homicidios mensuales que registra el equipo de López Obrador. Según los datos recopilados por el equipo del presidente, en enero se registraron 2 mil 326 víctimas de homicidio doloso y 2 mil 392 en febrero. El Secretariado Ejecutivo, por su parte, registró 2 mil 853 víctimas de homicidio doloso en enero y 2 mil 796 en febrero. Esto significa que las cifras de López Obrador presentaron un subregistro de 14.45% y 18.47% para enero y febrero, respectivamente.[1]

Junto con este desfase entre los propios datos oficiales se presentaron otros hechos violentos a lo largo del país. Por ejemplo, el viernes 19 de abril de 2019 se perpetró una terrible masacre donde murieron 13 personas (entre ellas un bebé) en la ciudad de Minatitlán, en el estado de Veracruz; mientras que, en junio, en el estado de Jalisco se consumaron varios ataques en contra de la Fiscalía del estado que terminaron
en la muerte de tres agentes investigadores. Estos hechos colocaron en la palestra pública el grave problema de violencia que nos aqueja desde hace más de una década. Es cierto que esta espiral de violencia se fue acuñando desde hace dos sexenios, y que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no es el responsable de la situación en la que nos encontramos hoy en el país; sin embargo, lo que efectivamente sí se puede reprochar al presidente en turno es que hasta el momento las estrategias puestas en marcha al respecto parecen que no están dando los resultados deseados, y que el camino de ocultar cifras y mantener un velo sobre la realidad de violencia que estamos padeciendo no es el camino correcto para encarar el problema.

 

  1. Los programas sociales y el combate a la pobreza

En el discurso de toma de posesión del presidente una de las frases centrales del mensaje fue “primero los pobres”, y con ello apuntaba al tipo de política social que se iba a impulsar en este sexenio. Los cambios en las políticas de apoyos gubernamentales hacia las estancias infantiles, las becas a los jóvenes aprendices en empresas, la duplicación en el monto de la pensión para adultos mayores, entre otros, son algunos de los programas sociales que propiciaron gran controversia por las nuevas directrices del nuevo gobierno federal en la materia, ya que algunas personas apoyan estas medidas y otras las critican severamente. Desde mi particular punto de vista, lo que está en el fondo de estos debates es la política social del gobierno de López Obrador, que considero representa un cambio frente a las fórmulas utilizadas por sus antecesores.

Una de las críticas más importantes de la forma de proceder del presidente en este tema es que este tipo de acciones y políticas gubernamentales fomentan el paternalismo estatal y desincentiva el emprendurismo y el desarrollo autónomo de las personas. Para los que argumentan esta crítica afirman que este tipo de políticas generaron una excesiva dependencia gubernamental en ciertas regiones de México, que a la larga se convirtió en un lastre para el desarrollo de esos territorios.

La crítica más fuerte y más sólida es la que expresan algunos opinadores de que este tipo de apoyos directos a las personas es una plataforma ideal para el desarrollo de un nuevo clientelismo político, que a la postre se puede convertir en una enorme fuerza electoral, ya que no estará mediada por ningún tipo de actor político intermedio sino que puede desarrollarse en un gran conglomerado de votantes plenamente convencidos por el proyecto político de Morena, al ser beneficiarios directos de estos apoyos.

Los argumentos a favor de este tipo distinto de política social que se empieza a implementar son: en primer lugar, que hay evidencias de que los intermediarios gubernamentales y administrativos de este tipo de procesos caían en corrupción, ya sea desviando recursos o dándoselos a personas que no eran merecedoras de ellos. Por supuesto que nunca se proporcionó una lista de casos específicos para comprobar tales prácticas, pero hay reportajes periodísticos que han mostrado estas formas de corrupción. Un segundo argumento a favor de esta política social es que en algunos casos los condicionantes que se ponían para que las personas pudieran acceder a estos apoyos eran muy grandes, con lo cual, lo más pobres de los más pobres tampoco eran destinatarios de estas ayudas. El tercer argumento a favor es que los apoyos directos son políticas compensatorias frente a las grandes ayudas que han recibido empresas y el sector privado durante el periodo neoliberal; se habla de un doble discurso mal intencionado, donde los apoyos a empresarios se catalogan como acciones para el desarrollo y a los apoyos a los pobres se les nombra como acciones “populistas”; los que concuerdan con el presidente expresan que este tipo de política social ayuda a generar equilibrios sociales y atemperar la enorme desigualdad que hay en el país. El cuarto argumento a favor expresa que, precisamente al no tener intermediarios para las ayudas, se elimina la tentación de coaccionar el voto de las personas en tiempos electorales, ya que no existe la posibilidad de condicionar el sufragio a cambio de recibir los beneficios de un programa de desarrollo social.

Me parece que más allá de estas consideraciones a favor y en contra de la forma como López Obrador está implementando la política social, lo que tenemos que hacer es una profunda y aguda evaluación de lo que ha sido la política de desarrollo social en México durante las tres últimas décadas, porque lo que sí está claro es que la pobreza no disminuyó, que la desigualdad aumentó y que, hoy por hoy, hay regiones de México donde los efectos positivos del desarrollo simplemente no llegaron.

 

  1. Corrupción, austeridad y megaproyectos

Una de las banderas de campaña de Andrés Manuel López Obrador fue acabar con la corrupción, bajar sustantivamente los gastos suntuarios del gobierno y no subir impuestos. Siempre se daban cifras poco creíbles sobre los recursos que se redireccionarían para lograr miles de proyectos. La realidad no ha sido así en este primer semestre de gobierno.

Después de no concretarse ningún caso en específico durante los primeros meses, el combate a la corrupción empezó a tener casos de gran impacto; por ejemplo, se giraron órdenes de aprehensión en contra de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y se capturó a Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México. A estos dos personajes se les acusa de estar implicados en graves casos de corrupción ligados a compraventas irregulares. Este caso parece que abre una puerta para comenzar a realizar acciones en contra de la corrupción y de la impunidad con más fortaleza.

En general se implementó una política de austeridad en el gobierno federal que ha implicado recortes salariales, una nueva ley en torno a los salarios gubernamentales, disminución de gastos suntuarios y la petición expresa del presidente para que todos sus funcionarios acaten la austeridad republicana. Hay que recalcar que uno de los asuntos que más indignan a la ciudadanía era constatar los lujos y gastos innecesarios de servidores públicos de alto nivel. Estas acciones fueron acompañadas de la supresión de las pensiones a los expresidentes de México, poner en venta el avión presidencial y hacer de la residencia oficial de Los Pinos un lugar abierto al público. Estas medidas fueron muy bien recibidas por buena parte de la población.

Por otro lado, los recortes presupuestales que está haciendo el presidente López Obrador también han tenido efectos negativos, ya que en algunos casos se disminuyó presupuesto en salud, educación, cultura e investigación científica. Efectivamente es loable la decisión de disminuir el despilfarro, pero este proceso se tuvo que analizar e implementar de mejor manera, ya que se hizo a rajatabla sin ponderar los efectos negativos posteriores.

Otros asuntos que han sido muy polémicos en este inicio de gestión presidencial son los proyectos del tren maya, el corredor en el Istmo de Tehuantepec y la refinería de Dos Bocas en el estado de Tabasco, que siguen generando enormes dudas en cuanto a los impactos sociales y ambientales que tendrán. Organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales e indígenas han denunciado los posibles riesgos de implementación de estos proyectos y han criticado severamente las posturas del presidente en estos temas.

De hecho, para varios de estos colectivos el gobierno de López Obrador tiene las mismas prácticas y problemas de administraciones federales anteriores; es decir, para ellos el nuevo presidente solo representa continuidad en las políticas.

 

  1. Política exterior y relación con Estados Unidos

En el mes de junio se dio el mayor encontronazo entre López Obrador y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya que este último amenazó a México con un arancel de 5% a productos mexicanos, además de poner en riesgo la firma del T-MEC (el acuerdo comercial que sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del Norte o TLCAN). Esto generó pánico en muchos sectores económicos y, luego de varios acuerdos, se logró evitar la medida.

Después de este nuevo acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos frente al tema arancelario y el reforzamiento del control migratorio en la frontera sur de México, los defensores del presidente López Obrador señalan que la medida era necesaria y que fue un éxito que no se implementara el incremento en los aranceles, ya que podría tener efectos muy negativos en la economía nacional. Por otro lado, los detractores del presidente expresaron que el nuevo gobierno se subordinó a las peticiones de Donald Trump y que aceptó hacerle el trabajo sucio al gobierno estadunidense en materia migratoria.

Más allá de quedarnos encerrados en la coyuntura, haciendo balances de quién ganó y quién perdió, me parece fundamental llevar el análisis de este asunto hacia comprensiones más estructurales que nos permitan ampliar la mirada y nos ayuden a explicarnos de mejor forma lo que puede significar esta agenda para el futuro.

Lo primero que tenemos que señalar es que, luego de tres décadas de expansión de la economía global, muchas naciones pusieron en entredicho las bondades y las promesas de desarrollo que proponía esta nueva forma de capitalismo (a la que genéricamente se le llama neoliberalismo), al darse cuenta de que los beneficios que supuestamente llegarían nunca se hicieron realidad; que hubo territorios donde se desmantelaron las estructuras productivas locales y que en países como el nuestro la pobreza no se superó y la desigualdad social se incrementó. En todo el orbe se está experimentando el empuje de fuerzas políticas y sociales que tienden al cierre de las fronteras en términos económicos, que plantean un regreso al fortalecimiento del mercado interno y que ven con recelo creciente las políticas económicas que impulsan el libre mercado internacional. Este proceso es mundial e implica para nuestro país dos retos de mediano plazo: el primero es la capacidad de generar procesos económicos endógenos y el fortalecimiento del mercado interno; el segundo es la necesidad de incrementar las relaciones comerciales con otras economías distintas a la estadunidense, como Europa, China o Sudamérica. Si no se generan estrategias económicas en esta dirección estaremos condenados a los dictados económicos de los presidentes estadunidenses en turno, como ahora fue el caso.

La segunda dinámica es que el tema del cierre de fronteras y control de la migración se ha convertido en una agenda electoral. Partidos de derecha y de corte nacionalista en todo el planeta han tomado la bandera del control migratorio como una agenda para ganar votos y elecciones. Este tipo de casos son cada vez más recurrentes en muchos países, y por supuesto que hay figuras políticas como Donald Trump y Jair Bolsonaro (presidente de Brasil) que exacerban estas dinámicas sociopolíticas. Para este tipo de grupos políticos hablar en contra de los migrantes les ha dado ganancias y réditos electorales, porque todavía en buena parte de la población mundial subsisten ideas racistas, clasistas e hipernacionalistas, que culpabilizan a los migrantes por la falta de trabajos y el incremento de la violencia.

El tercer asunto que necesitamos vislumbrar en esta compleja trama de problemas es la trasformación del sujeto migrante que empieza a pasar de un sujeto pasivo individual a un sujeto político colectivo. Desde 2005, cuando se empieza a documentar de forma más precisa el fenómeno de la migración centroamericana hacia Estados Unidos en su paso por México, tanto los estados como las organizaciones civiles y religiosas se relacionaban con los migrantes fundamentalmente desde una lógica de ayuda humanitaria, y en algunos casos de promoción de sus derechos, pero en la mayor parte de los casos la relación era desde un sujeto empoderado (iglesias, organizaciones y estado) hacia un sujeto depositario de su acción. La aparición de las caravanas migrantes coloca al sujeto migrante desde otra perspectiva, ya que se organiza, pide sus derechos y realiza acciones que pueden o no estar acordes con la ley, pero que descuadran la ecuación de los acuerdos que pueden tomar estados y organizaciones, ya que se empiezan a movilizar desde sus propias lógicas de acción e intereses. Esto sin duda representa un reto mayúsculo en el fenómeno migratorio.

Todas estas dinámicas estarán presentes a lo largo del sexenio de López Obrador y en un escenario donde muy posiblemente Donald Trump obtenga la reelección en su cargo.

 

  1. La aprobación presidencial

Cuando se cumplieron los primeros 100 días de la administración de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México se dieron a conocer varias encuestas en las que se medía la aprobación del mandatario, y lo que era innegable hasta ese momento es que la popularidad de López Obrador estaba por los cielos. Las encuestadoras que midieron sus índices de aceptación lo situaban con una gran valoración positiva entre la mayoría de los mexicanos. Por ejemplo, según El Financiero, 86% de los ciudadanos estaba contento con el actual gobierno; Grupo Reforma lo colocaba con 78% de aprobación, mientras que para Consulta Mitofsky el presidente tenía un nivel de aceptación de 67%, lo que lo ubicaba como el mandatario mejor evaluado en América Latina y en tercer lugar entre los presidentes de 31 países a lo largo del mundo.

Pasados los primeros seis meses de gobierno algunas casas encuestadoras, como Demotecnia, dieron a conocer la medición de la aprobación del presidente a 180 días de tomar el cargo. La aprobación de López Obrador de acuerdo con esta encuestadora era de 70%, mientras que 21% desaprobaba su mandato. Estos datos significan que la aprobación del presidente bajó en 10 puntos porcentuales entre marzo y mayo de 2019, mientras que la desaprobación se incrementó en 7 puntos en ese mismo periodo. Efectivamente, la actual administración comenzó con el desgaste político en el ejercicio de gobierno y una parte de la población empieza a creer que el primer mandatario está cometiendo graves errores en su gestión. Ahora bien, no se puede dejar de señalar que contar con 70% de aceptación de la ciudadanía representa un enorme capital político y que la legitimidad política del nuevo gobierno sigue siendo muy alta. Era de esperarse que López Obrador descendiera en las encuestas, pero hace falta ver si esta baja se convierte en tendencia, es decir, si la aprobación presidencial sigue experimentando descenso sistemático en la aprobación.

 

  1. Resultados electorales del año 2019

El 2 de junio de 2019 se realizaron elecciones locales en seis entidades: Puebla eligió un gobernador y cinco ayuntamientos; en Aguascalientes se disputaron 11 ayuntamientos; Baja California tuvo elecciones de gobernador, Congreso local (25 diputados) y de cinco ayuntamientos; en Durango eligieron 39 ayuntamientos, mientras que en Quintana Roo hubo comicios para el Congreso local (25 diputados) y en Tamaulipas eligieron el Congreso local (36 diputados). Es decir, se pusieron en juego dos gubernaturas, tres congresos locales y 60 alcaldías.

Cabe señalar que las dos gubernaturas en disputa eran encabezadas por el PAN, que en el caso de Baja California venía gobernando desde 1989, es decir, tres décadas de gobiernos panistas de forma ininterrumpida; mientras que en Puebla llevaban tres elecciones ganadas y gobernaba el estado desde 2011.

Los resultados de la elección con los cómputos preliminares disponibles fueron los siguientes:

En Puebla, con 100% de actas computadas, Luis Miguel Barbosa, candidato de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo (PT), obtuvo 44.67% de los votos; seguido de Enrique Cárdenas (PAN, PRD, MC), que tuvo 33.23%, y en tercer lugar se ubicó Alberto Jiménez, del PRI, con 18.45% de los sufragios. De los cinco ayuntamientos en disputa el PRI ganó cuatro y el pt uno. Un dato relevante es que solo participó 33.41% de los poblanos; es decir, la participación electoral fue muy baja.

En Baja California la coalición Morena–Partido Verde–PT se llevó el carro completo en las elecciones locales, ya que ganó los 17 distritos en disputa, triunfó en las cinco alcaldías que pusieron el juego y en la elección de gobernador su candidato, Jaime Bonilla, obtuvo 50.28% de los votos, seguido por José Óscar Vega del PAN, con 23.23% de los sufragios, y en tercer lugar se ubicó Jaime Martínez Veloz del PRD con 8.5%. Estos datos son con 100% de las casillas computadas y con una precaria participación de 29.64% de los electores.

En Quintana Roo se eligió el Congreso local y, con 100% de las actas computadas, la coalición Morena–Partido Verde–PT ganó en 11 distritos, seguido de la coalición PAN-PRD-PES, que obtuvo tres distritos, en tanto que el PRI ganó en un distrito. La participación electoral en esta entidad fue la más baja de la jornada, con solo 22.15% de los votantes.

En Tamaulipas también hubo elecciones para definir al Congreso local. Con 100% de las actas computadas y solo 32.95% de la participación de la ciudadanía el PAN arrasó llevándose 21 distritos electorales, por solo uno para Morena, en Matamoros.

En el vecino estado de Aguascalientes también hubo comicios para elegir 11 alcaldías y ahí también Acción Nacional fue el ganador, ya que se llevó cinco ayuntamientos, entre ellos la capital del estado, seguido del Partido Verde, con dos alcaldías, y luego el PRD, PT, Morena y el PRI con un ayuntamiento cada uno.

Finalmente, en Durango, también con la totalidad de actas computadas, la coalición PAN-PRD se llevó 17 ayuntamientos; el PRI ganó en 15, el PAN y Morena en dos cada uno, en tanto que el Partido Duranguense, el PT y el PRI ganaron un ayuntamiento cada uno.

Los saldos de la elección del 2 de junio fueron los siguientes:

  • Morena y sus aliados ganaron dos gubernaturas.
  • Morena y sus aliados ganaron dos congresos locales.
  • El PAN solo y en coalición ganó 24 ayuntamientos y un Congreso local.
  • El PRI ganó 21 ayuntamientos.
  • Morena ganó en ocho ayuntamientos.
  • La participación ciudadana en estos comicios fue muy baja, ya que en promedio solo participó uno de cada tres votantes.

En la tabla 6.1 se muestran los ganadores de las 60 alcaldías en disputa.

Sin duda alguna que el gran ganador de la elección del domingo 2 de junio fue Morena y sus aliados, que aumentaron a siete las entidades que gobiernan, mientras que el PAN bajó de 12 a 10 entidades (varias de ellas en coalición con el PRD). De los tres congresos locales que se renovaron Morena se llevó dos y el PAN retuvo uno. Las ganancias electorales más importantes del PAN fueron en las elecciones municipales, sobre todo en Aguascalientes y Durango; sin embargo, Morena arrasó en Baja California, ya que se llevó el carro completo en los comicios.

Con los resultados anteriores podemos afirmar entonces que el tsunami Morena de hace un año todavía mantiene un oleaje muy fuerte, ya que las ganancias electorales fueron grandes. Además, este proceso electoral no fue significativo para los electores, ya que la participación en los comicios fue muy baja.

 

[*] Es titular de la Dirección de Integración Comunitaria del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Es licenciado en Sociología por la Universidad de Guadalajara y en Filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac (Univa). Tiene una maestría en Impactos Territoriales de la Globalización por la Universidad Internacional de Andalucía y es doctor en Estudios Científico–Sociales por el ITESO. Colabora semanalmente en Zona 3, Radio Metrópoli, Megacable, Imagen San Luis Potosí y como articulista en el Semanario de Guadalajara y la Méndiga Política, y en las revistas El Puente y Christus. Es profesor invitado en la Universidad Iberoamericana León. Correo electrónico: jerqmex@hotmail.com

 

[1].     Ángel, A. y Ávila, Y. “El Sabueso: AMLO presumió baja en inseguridad, pero los datos lo desmienten”, Animal Político, 13 de abril de 2019. Recuperado de https://www.animalpolitico.com/elsabueso/sabueso-amlo-presume-baja-inseguridad-datos/