El primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entre claroscuros y esperanzas

Jorge Rocha Quintero[*]

 

Resumen: En este texto se analizan algunos de los principales tópicos del primer año de gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, enfatizando la agenda de seguridad, su relación con los organismos públicos autónomos y, sobre todo, se hace un análisis pormenorizado de los índices de aprobación del primer mandatario, la imagen de los gobernadores y las perspectivas electorales rumbo a los procesos electorales de los años 2020 y 2021.

Palabras clave: Andrés Manuel López Obrador, aprobación presidencial, tendencias electorales, primer año de gobierno

 

Abstract: This text analyzes some of the key aspects of the first year in power of President Andrés Manuel López Obrador, with an emphasis on his security agenda, on his relationship with autonomous public organizations, and especially on a detailed analysis of his approval ratings, the image of state governors, and the electoral projections of the 2020 and 2021 electoral processes.

Key words: Andrés Manuel López Obrador, presidential approval, electoral trends, first year in power

 

1. LOS NIVELES DE APROBACIÓN AL PRIMER AÑO
DE GOBIERNO

Al cumplir un año de la actual administración pública federal en México
se dieron a conocer algunas encuestas sobre la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se realizaron a finales del mes de noviembre de 2019. Ya es tradición que al término de un periodo de este tipo se hagan ejercicios estadísticos para ponderar el desempeño del gobernante, reconocer los principales logros y señalar los errores más importantes.

En la tabla 1.1 presento algunos de los resultados más sobresalientes de las encuestas que se publicaron al finalizar el primer año de gobierno de López Obrador.

En todas las encuestas hay coincidencia acerca de que la inseguridad pública es el problema más serio que aqueja a la ciudadanía. También la mayoría afirma que, en los primeros doce meses, los principales avances están en materia de combate a la corrupción.

En lo referente a la perspectiva electoral el diario Reforma afirmó en su encuesta que, si hubiera elecciones al finalizar el primer año, 66% votaría a favor de que López Obrador permanezca en el cargo, mientras que 27% dijo que debe renunciar. En julio de 2019 era 69% el porcentaje de los que apoyaban la permanencia del presidente y 24% quienes se pronunciaban porque tendría que renunciar. En el caso de El Financiero se hizo la misma pregunta y también 66% apoyaba que se quede en el cargo, en tanto que 31% expresó que no debería continuar en su puesto.

El Financiero también nos otorgó una comparación de los niveles de aprobación presidencial después del primer año de gobierno y señaló que Vicente Fox Quezada tuvo 61% de aprobación, Felipe Calderón Hinojosa 64%, Enrique Peña Nieto 44% y Andrés Manuel López Obrador obtuvo 68%. Es decir, en las últimas dos décadas el actual titular del Poder Ejecutivo es el que tuvo mayor popularidad al término de su primer año de gobierno.

El diario Reforma también midió la intención del voto en torno a los partidos políticos y señaló que, para finales de 2019, los mexicanos, tanto mujeres como hombres, votarían en 49% por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), seguido del Partido Acción Nacional (PAN) en 17%, luego el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 14%. El resto de los institutos políticos tendrían menos de 5% de las preferencias electorales.

También al finalizar noviembre Consulta Mitofsky presentó un ranking en el que se evalúa a las gobernadoras y los gobernadores del país, y de acuerdo con esos resultados y de sus propias mediciones del presidente de México, solo Mauricio Vila, del estado de Yucatán (PAN), y Quirino Ordaz, de Sinaloa (PRI), tendrían una aprobación superior a López Obrador, quienes junto con Carlos Mendoza, de Baja California (PAN), Claudia Sheinbaum, de la Ciudad de México (Morena), y Rutilio Escandón, de Chiapas (Morena), superan la barrera de los 50 puntos de aprobación positiva.

De acuerdo con los resultados anteriores se puede hacer las siguientes afirmaciones:

• López Obrador terminó su primer año con un alto nivel de aprobación de la ciudadanía, a pesar de que se reconoce que en materia de seguridad las cosas no están caminado de acuerdo con las demandas de la población.

• La ciudadanía está premiando al presidente por las acciones que está realizando en materia de combate a la corrupción. Esta agenda es la que más dividendos políticos le dejó a López Obrador en su primer año.

• En términos generales, lo que podemos afirmar es que siete de cada diez apoyan al presidente y tres de cada diez mexicanos están en desacuerdo con las acciones del titular del Poder Ejecutivo.

• Comparativamente, López Obrador no tiene adversarios políticos relevantes, ya que los partidos no cuentan con una proyección política que los posicione como rivales relevantes del presidente, y la gran mayoría de los gobernadores del país están en desventaja frente al titular del Poder Ejecutivo federal.

• La fuerza electoral del lopezobradorismo se mantiene boyante,
y si estas tendencias continúan durante todo el año 2020 veremos a Morena como el candidato a vencer en las elecciones federales y locales de 2021.

 

2. LA INSEGURIDAD. EL TALÓN DE AQUILES

Por otro lado, y pesar de que la ciudadanía le está concediendo al presidente el beneficio de la duda, Andrés Manuel López Obrador sí admitió que el incremento en las cifras de inseguridad en su primer año de gobierno se mantuvo y que es una agenda pendiente del nuevo gobierno poder revertir esta delicada situación. En este escenario reconoció la tarea de las fuerzas armadas y reiteró su compromiso con el respeto a los derechos humanos. Cabe señalar que, para finales del mes de agosto, antes de su primer informe, la Comisión Nacional de Búsqueda, en palabras de su titular, Karla Quintana, señaló que de 2006 al 14 de agosto de 2019 se habían encontrado 3,024 fosas clandestinas con 4,974 cuerpos. Los estados más afectados por esta grave situación fueron Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas y Jalisco.

Luego de que Alfonso Durazo expresó que las cifras de violencia en el país estaban comenzando a bajar en el mes de octubre tres hechos cimbraron al país y mostraron la crudeza de la realidad de violencia que estamos viviendo en México. El primer acontecimiento fue el asesinato de 14 policías en Aguililla, Michoacán, a manos de un grupo de la delincuencia organizada el día 14 de octubre de 2019; el segundo hecho fue la detención y liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “el Chapo” Guzmán que, a decir del presidente, se justificó por el riesgo que significaba para los habitantes de Culiacán, Sinaloa, su posible aprehensión y los posibles enfrentamientos entre la delincuencia organizada y las fuerzas armadas. Este hecho fue el día 17 de octubre. Finalmente, la familia LeBaron, del estado de Chihuahua, sufrió un ataque por parte de la delincuencia organizada en el que fueron asesinados nueve de sus miembros, entre ellos dos menores de edad.

Mucho se habló y se debatió en la opinión pública sobre estos asuntos. Incluso el Grupo Reforma publicó una encuesta en la que se muestra cómo frente al hecho de dejar libre a Ovidio Guzmán 49% de la gente se mostró en desacuerdo con esta acción, pero 45% de los entrevistados justificó la actuación de los cuerpos de seguridad, es decir, se generó una fuerte división de opiniones al respecto.

Estos tres asuntos ameritan una reflexión profunda para el gobierno y para la sociedad, de las cuales comparto algunas impresiones:

• La ruta para “demostrar” que la violencia está bajando no es el llamado “combate estadístico” de la delincuencia, en que autoridades federales y locales quieren demostrar a toda costa que los índices delictivos están disminuyendo. Es cierto que la información cuantitativa es una valiosa herramienta de análisis, pero a la par de esto deberían incorporarse variables territoriales y generar estrategias de pacificación vinculadas con el territorio. Es decir, se trata de pacificar zonas, regiones y localidades del país.

• Siguiendo con esta línea de pensamiento, desde hace años sabemos de estados de la república donde las dinámicas de violencia permanecen y parece que no se ha dado en el clavo en las estrategias adecuadas para resolver de forma satisfactoria este problema. Entidades como Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas, Jalisco, Veracruz y el Estado de México son algunos casos donde la crisis de violencia tiene varios años, en tanto que también encontramos entidades donde estas situaciones se han hecho presentes en los últimos tiempos, por ejemplo, Guanajuato. Es fundamental contar con estrategias de seguridad que claramente incorporen las variables territoriales para su diseño e implementación.

• Es evidente que las anheladas estrategias de inteligencia para el combate a la delincuencia no son prácticas generalizadas en los cuerpos de seguridad de este país. Se ha dicho hasta la saciedad que generar estrategias con base en diagnósticos multidisciplinares del fenómeno delictivo es clave para incrementar de forma sustantiva su eficacia. Sin embargo, parece que seguimos teniendo serias deficiencias en este aspecto, ya que muchas corporaciones siguen haciendo las cosas como siempre, cuando es evidente que la violencia y la delincuencia en este país tiene características muy distintas a cuando este fenómeno explotó.

• La Guardia Nacional hasta este momento no ha dado los resultados deseados y sus capacidades de contener la delincuencia organizada parecen estar lejos de lo que necesitamos y de lo que el presidente había prometido. En contraparte, los grupos delincuenciales han demostrado una enorme capacidad de fuerza que acumularon a lo largo de los años y que ahora muestran de forma nítida y preocupante. El vacío de Estado y de institucionalidad en muchas localidades de México está siendo llenado por esta clase de grupos que asumen este tipo de funciones.

• La seguridad es la agenda que más le preocupa a la población y es donde se esperan más resultados. Hasta este momento parece que hay paciencia de parte de la gente para ver avances nítidos y contundentes, sin embargo, el tiempo del que dispone López Obrador en esta agenda es cada vez más corto y es en este asunto donde efectivamente la popularidad del presidente puede empezar a menguar.

Los hechos de Culiacán pasaron de mostrar una crisis de seguridad a convertirse en la primera crisis mediática para el gobierno de López Obrador en lo que va de su mandato. Durante el primer año de gobierno el presidente había salido airoso de varios errores, malas decisiones y problemas de gestión, aduciendo que eso le habían dejado los gobiernos anteriores o justificándose por nuevas formas y mecanismos para llevar la administración pública federal. En algunas ocasiones los argumentos fueron sólidos e irrebatibles, en otros no tenían tanta contundencia, pero la habilidad política del presidente bastaba para resolver. En los casos ya citados, además de los notorios errores de estrategia e instrumentación, se sumó una crisis mediática que sin duda descolocó por primera vez al titular del Poder Ejecutivo federal.

El primer grave error en términos comunicacionales fue que la primera versión de los hechos sobre la detención de Ovidio Guzmán contenía información falsa; primero afirmaron que Guzmán no había sido detenido y luego que sí había estado retenido por las fuerzas armadas y luego liberado. Después se informó y aceptó que el operativo había sido pedido por el gobierno de Estados Unidos, con lo cual se puso en entredicho la soberanía de los cuerpos de seguridad del país al actuar a solicitud de otro gobierno. Otro de los graves errores en cuanto a la forma de informar este asunto es que nominalmente la Secretaría de Seguridad, de la cual depende la Guardia Nacional, es la responsable de este tipo de operativos, sin embargo, fue el Ejército el que estaba dando cuentas de esta acción, con lo cual no se sabe quién al final de cuentas fue el responsable. A lo anterior se sumó que López Obrador dio a conocer el nombre del responsable del operativo, con lo cual varias legislaciones que marcan cómo se tiene que actuar en este tipo de situaciones no fueron respetadas por el propio presidente. Esta cadena de errores terminó con un franco y crudo enfrentamiento entre López Obrador y algunos de los medios de comunicación más críticos con su gobierno por la forma como se abordó este tema. Sin duda alguna este fue el momento más crítico del primer año de gestión de la actual administración pública federal.

 

3. EL PRESIDENTE Y LOS ORGANISMOS PÚBLICOS AUTÓNOMOS 

El nombramiento de la nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, vulneró aún más la situación que prevalece en este organismo público autónomo. El proceso de selección en el Senado de la República fue desaseado y dejó muchas dudas sobre la legitimidad del nombramiento, y a pesar de que la nueva titular de la CNDH ha sido activista y víctima de violaciones a derechos humanos, su cercanía con Morena y con el propio presidente de la república puso en entredicho su autonomía frente al poder público. Este proceso llevó a que cinco consejeros de la CNDH renunciaran a su cargo, y las peticiones para que se repusiera el proceso y para que Piedra renunciara al puesto no se hicieron esperar.

Aunado a esto, en el presupuesto de la federación de 2020 hay una importante reducción de los recursos asignados al Instituto Nacional Electoral (INE) que también ha provocado un fuerte debate sobre la pertinencia de este tipo de decisiones presupuestarias.

Desde hace tiempo se ha montado en la agenda pública la idea de que para el presidente Andrés Manuel López Obrador este tipo de organismos le resultan incómodos y por lo tanto ha buscado controlarlos, ya sea por la vía del presupuesto o colocando personajes allegados a su persona en los puestos de dirección. Parece que los hechos antes descritos confirman estas hipótesis y provocan malos augurios.

En torno a este asunto conviene hacer algunas reflexiones que van más allá de discutir si Rosario Piedra tiene que renunciar a la CNDH o si el presupuesto de 2020 del INE es el adecuado, y que están en la línea de una perspectiva del sentido de este tipo de instituciones. 

• Los organismos públicos autónomos surgen por las falencias del sistema político mexicano, que no ha sido capaz de garantizar derechos humanos clave para la vida del país. Por esta razón aparecen instituciones como la CNDH, el INE o el INAI (Instituto Nacional de Acceso a la Información) que, aunque viven del presupuesto público, se supone que están diseñados para ser autónomos e independientes de los poderes públicos y fácticos. En la historia de estos organismos esta autonomía ha sido cuestionada, ya que hay casos en los que más bien se ha documentado —por académicos o por organizaciones civiles— que la actuación de estas instituciones, en no pocos casos, ha sido acomodaticia a los intereses políticos.

• El segundo gran cuestionamiento que ha recibido este tipo de organismos es que su presupuesto resulta muy elevado y a veces parece no justificarse las asignaciones de recursos que han tenido a lo largo de los años. En el tema electoral se ha hablado de la imperiosa necesidad de abaratar estos procesos, mientras que en el caso de la CNDH hay un claro desbalance entre resultados y recursos invertidos. Desde hace años los recursos públicos destinados a estos organismos públicos autónomos han sido materia de discusión pública.

• Varias de estas instituciones ya tienen muchos años funcionando, por ejemplo, la CNDH existe desde 1994 (25 años de su creación), el INE tiene al menos dos décadas de organizar elecciones y el INAI también va por los 20 años de su creación; la pregunta es ¿hoy México garantiza los derechos humanos de la mayoría de la población? ¿Hoy contamos con una democracia más robusta? ¿Hoy los mexicanos tenemos más acceso a la información y los funcionarios públicos rinden más cuentas de su trabajo? En varios casos las respuestas no son satisfactorias, y sin negar importantes y valiosos avances en estas agendas, parece que los motivos de la existencia de estos organismos siguen en pie, pero se pone en entredicho si la estrategia ha sido la correcta.

Sin dejar de criticar el actual proceso de selección de la presidenta de la CNDH o el manoseo presupuestal del INE, en México nos debemos un profundo debate en el que evaluemos a conciencia el desempeño de estas instituciones, parafortalecerlas en lo sustantivo y eviten hacer lo que no ha funcionado. Dejar el debate entre las filias y fobias del presidente hacia este tipo de organismos es empequeñecer el debate.

 

4. SER GOBERNADOR EN TIEMPOS DE LÓPEZ OBRADOR

Después del 26 de septiembre de 2014, cuando se generó la crisis del gobierno de Enrique Peña Nieto por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, la desaprobación de su administración empezó a descender y jamás se pudo recuperar, teniendo su punto más bajo en el llamado gasolinazo, cuando el repudio al entonces presidente creció hasta llegar a 88%, de acuerdo con varias encuestas.

Ser gobernador luego de 2014 fue una tarea relativamente sencilla en su relación con el presidente de México, ya que casi en todos los casos los titulares del Poder Ejecutivo de los estados contaban con una mejor imagen pública que Enrique Peña Nieto, quien tuvo como uno de sus propósitos centralizar la mayor parte de las decisiones de la administración pública, pero que, con el transcurrir de su gobierno, este objetivo fue cada vez más complicado de realizar. Incluso en el caso de Jalisco, Aristóteles Sandoval llegó a tener posiciones públicas distintas al presidente Peña, a pesar de ser del mismo partido y de que la disciplina partidista en el pri se sabe que siempre fue muy férrea.

Ahora el escenario es distinto. Durante el primer año de gobierno el presidente López Obrador contó con mayores simpatías que los gobernadores de los estados y parece que la agenda del gobierno federal se impone día con día a las agendas de los estados. El periódico El Financiero dio a conocer en el mes de septiembre de 2019 dos encuestas, una sobre los niveles de aprobación de los gobernadores y la otra sobre la popularidad de López Obrador en cada una de las entidades federativas. Sobre la primera encuesta los resultados más relevantes fueron los siguientes:

• Los cinco gobernadores mejor evaluados fueron: Mauricio Vila (PAN), de Yucatán, con 78% de aprobación; Quirino Ordaz (PRI),
de Sinaloa, con 65%; Claudia Pavlovich (PRI), de Sonora, con 62% de aprobación; Francisco Domínguez (PAN), de Querétaro, con 60%, y José Rosas (PAN), de Durango, con 57% de aprobación.

• Los cinco gobernadores peor evaluados en esa encuesta fueron: Francisco Vega (PAN), de Baja California, con 19% de aprobación; Jaime Rodríguez “el Bronco” (independiente), de Nuevo León, con 21%; Silvano Aureoles (PRD), de Michoacán, con 30% de aprobación; Cuauhtémoc Blanco (PES), de Morelos, con 35%, y Héctor Astudillo (PRI), de Guerrero, con 36% de aprobación.

• Si midiéramos la aprobación de los gobernadores como una calificación escolar solo cuatro estarían aprobados (tienen un porcentaje arriba de 60%) y 28 titulares de los poderes ejecutivos estatales estarían reprobados. Además, solo doce gobernadores tienen una aprobación arriba de 50%; los otros 20 están por debajo de este 50% de percepciones positivas. El promedio de los 32 gobernadores es de 46% de aprobación y de 41% de desaprobación; es decir, de acuerdo con la percepción ciudadana tenemos gobernadores que tienden a tener un mal desempeño en su cargo.

Los resultados de la popularidad del presidente López Obrador en los estados son los siguientes:

• Los cinco estados donde el presidente tiene mayor aprobación son: Tabasco (86%), Nayarit (84%), Oaxaca (81%), Veracruz (79%) y Tlaxcala (77%).

• Los cinco estados donde López Obrador tiene menos aprobación de la ciudadanía son: Guanajuato (48%), Ciudad de México (50%), Querétaro (56%), Aguascalientes (57%) y Baja California (57%).

• Si tomáramos la aprobación del presidente como una calificación escolar López Obrador estaría aprobado en 17 estados y reprobaría en cinco entidades. Además, tiene en 31 estados un nivel de percepciones positivas por arriba del 50% de los encuestados y solo en una entidad estaría por debajo del 50%. El promedio de aprobación del presidente en los estados es de 69% y de desaprobación de 28%.

Si comparamos los resultados de ambas encuestas tenemos que solo dos gobernadores tuvieron mayor nivel de aprobación que el presidente: Mauricio Vila (PAN) de Yucatán y Francisco Domínguez (PAN) de Querétaro, y un gobernador tiene la misma aprobación que López Obrador y es Martín Orozco (PAN) de Aguascalientes. Si hablamos de promedios el presidente está por arriba de los gobernadores por 23 puntos porcentuales.

Ser gobernador en el lopezobradorismo es muy complicado, ya que los titulares de los poderes ejecutivos estatales se mueven entre dos grandes opciones, llevar una relación tersa en que la agenda federal se impone a la local, o convertirse en oposición con un costo político que puede ser muy alto. Esta situación obliga a los gobernadores a emplearse a fondo en sus capacidades políticas y de negociación con la Federación.

Otro de los asuntos por resaltar es que esta situación corrobora que el presidente, en su primer año de gestión, no tuvo rivales políticos capaces de disputarle la arena pública.

 

5. INTENCIÓN DEL VOTO AL FINALIZAR EL AÑO 2019

El periódico El Financiero publicó una encuesta sobre las tendencias electorales luego del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Como sabemos, a mediados de 2021 se elegirá a 500 diputados, además de varias gubernaturas y congresos locales que estarán en juego en ese año; mientras que para el año próximo (2020) se renovará el Congreso local de Coahuila (16 diputados de mayoría relativa y nueve de representación proporcional) y se elegirá a 84 alcaldes en el estado de Hidalgo.

Por lo pronto, de acuerdo con lo que presenta El Financiero, las tendencias electorales al finalizar el año 2019 fueron las siguientes:

• Luego de preguntar por cuál partido votaría si fueran las elecciones para diputados federales, 36% de los encuestados respondieron que votarían por Morena. Hay que decir que el pico más alto estuvo en los meses de febrero y abril de este año, cuando 46% afirmaron que votarían por los candidatos a legisladores de este partido. El nivel más bajo lo tuvo en el mes de julio con el 32% de apoyo y en los últimos meses del año se mantuvo con 36% de las preferencias electorales. Esto significa que en términos gruesos el partido del presidente perdió 10 puntos porcentuales y terminó este periodo con un pequeño repunte que se ha mantenido estable. En cuanto a las percepciones, Morena mantiene una buena imagen en 42% de los encuestados, mientras que en 28% tiene una mala imagen, es decir, mantiene un saldo de +14 puntos en lo referente a la imagen del partido.

• En lo concerniente al Partido Acción Nacional (PAN), si fueran las elecciones para diputados federales en diciembre de 2019 este partido obtendría el apoyo de 12% de los encuestados, que representa su valor más alto junto con el mes de mayo de este año. Hay que decir que durante siete meses la intención del voto para este partido fue de 10%, con lo cual podemos afirmar que el blanquiazul terminóel año con un leve crecimiento. En lo referente a la imagen, 18% de los encuestados tiene una imagen positiva de este partido, mientras que 54% tiene una mala imagen de Acción Nacional. El saldo de imagen de este instituto político es de –36 puntos porcentuales.

• En lo que respecta al Partido Revolucionario Institucional (PRI), si fueran los comicios para diputados federales al finalizar el año 2019, el 9% de los encuestados emitirían su voto a favor de ellos. Los tres meses anteriores el PRI había obtenido una intención del voto de 7% de forma sistemática, siendo su mayor nivel en el mes de julio con 10% y el menor en diciembre de 2018 con solo 4%. Con esto se puede afirmar que el tricolor terminó el año 2019 con un leve repunte en la intención del voto. En lo concerniente a la imagen, el pritiene una visión negativa del electorado en 73% de los encuestados, mientras que 10% tiene una imagen positiva de este partido; es decir su saldo de imagen es de –63 puntos porcentuales. 

Con los datos que nos proporcionó este periódico nacional se pueden hacer las siguientes afirmaciones:

• A pesar de que la intención del voto ha bajado para el partido Morena, este instituto político se presenta como el candidato a vencer, ya que la diferencia con su más cercano perseguidor, el PAN, es de tres a uno, con una diferencia de 24 puntos porcentuales. Habrá que decir que en el hipotético caso de que los panistas y priistas unieran su voto, aun así, Morena mantendría una diferencia de 15 puntos porcentuales frente a una eventual alianza entre PAN y PRI.

• En cuanto a la imagen pública el único partido en México que mantiene un saldo positivo es Morena, mientras que el PAN, el PRI y el PRD (–38 puntos porcentuales) mantienen una mayoritaria imagen negativa frente al electorado, situación que en un futuro escenario electoral sería un gran obstáculo para su crecimiento en la intención del voto.

Parece que en las elecciones intermedias de 2021 y en los dos procesos electorales locales de 2020 Morena se enfila a un triunfo electoral, pero es menester recordar que, en materia de elecciones, siempre puede haber sorpresas.

Hasta aquí se presenta un análisis sociopolítico del primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

 

[*] Es director de Integración Comunitaria del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Es licenciado en Sociología por la Universidad de Guadalajara y en Filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac. Tiene una maestría en Impactos Territoriales de la Globalización por la Universidad Internacional de Andalucía y es doctor en Estudios Científico–Sociales por el ITESO. Colabora semanalmente en Zona 3 (radio), Megacable (televisión) y en el podcast En la Misma Mesa. Es articulista en el Semanario de Guadalajara y en las revistas El Puente y Christus. Es profesor invitado en la Universidad Iberoamericana León.