Sueños y realidades del poder político

Héctor Eduardo Castañón Reyes[*]

 

Resumen: Frente a lo que puede entenderse como la primera gran crisis de la democracia en el siglo XXI, se hace una revisión de las tensiones y reconfiguraciones entre los poderes estatal, económico y social ocurridas desde la caída del muro de Berlín, con la intención de identificar tendencias para comprender el ejercicio del poder político en México en el plano federal y estatal, tomando el caso del estado de Jalisco en lo que respecta a la relación entre el gobierno y las organizaciones sociales.

Palabras clave: sociedad civil, estado, gobernanza, participación, movimientos sociales

 

Abstract: In the face of what could be conceived as the first great crisis of democracy in the 21st century, this text reviews the tensions and reconfigurations of state, economic and social power that have occurred since the fall of the Berlin Wall, for the purpose of identifying trends that shed light on the exercise of power in Mexico at the federal and state levels, focusing on the state of Jalisco and the relationship between the government and social organizations.

Key words: civil society, state, governance, participation, social movements

 

Han pasado 30 años desde que cayera el muro de Berlín y junto con él la idea en la conciencia histórica del siglo XX de que un gobierno totalitario es posible. Esta experiencia histórica demostraría una vez más la incapacidad de los gobiernos de alcanzar hasta el último rincón y controlar todas las dimensiones de la vida. La sociedad reiteraría ser inabarcable para un estado.

Tras refrendar la insuficiencia del aparato gubernamental para atender los problemas y aspiraciones de una sociedad se reafirmó la necesidad de buscar más allá del gobierno y acudir a las capacidades de decisión, influencia y acción de los actores no gubernamentales.

Pero a pesar de las evidencias de su inviabilidad, persisten hasta la fecha las pretensiones totalitarias de actores estatales que buscan concentrar y centralizar el poder, mientras que en el plano social se sigue alimentando una larga tradición de afiliación a estructuras jerárquicas, que nos ha acostumbrado a mirar hacia “arriba” en busca de soluciones.

Así lo ha sugerido Louis Dumont en Homo Hierarchicus,[1] quien sostiene que aun en un sistema liberal e igualitario se mantiene el espacio para ideologías totalitarias y racistas, como perversiones jerárquicas que naturalizan las desigualdades y estructuran la sociedad de forma vertical, creando una distancia entre superiores e inferiores; entre quienes mandan y quienes obedecen. Demoler el muro que divide a una ciudad ha demostrado ser más fácil que desmontar las edificaciones del imaginario social.

En el proceso de reorganización política y económica que devino tras la caída del muro, la mayoría de los países del sur global adoptaron las políticas de ajuste indicadas por el Fondo Monetario Institucional y el Banco Mundial como condición para obtener recursos financieros que les permitieran recuperarse de los efectos que habían dejado las crisis de la década que terminaba.

A comienzos de los años noventa es cuando estas organizaciones internacionales promueven la idea de gobernanza como un modelo a seguir, instando a los gobiernos a adoptar un nuevo papel como facilitador del desarrollo del mercado, a partir de una reconfiguración institucional que implicaría una menor participación directa del estado en la economía y en la prestación de servicios públicos.

Si bien la idea de gobernanza fue impulsada por distintos organismos multilaterales como una fórmula de gobierno que “trasciende al Estado e incluye a las organizaciones de la sociedad civil y al sector privado”,[2] serían en realidad los agentes del mercado los que se convertirían en los mayores beneficiarios de esta nueva configuración política. El sector social estaría solo incluido en la definición del concepto pero no en la práctica de este nuevo esquema, dado que se le culparía de haber engrosado el gasto público y las estructuras de gobierno como resultado de sus movilizaciones de finales de los años sesenta.

En los hechos, el modelo de gobernanza impulsado en los años ochenta y noventa dio pie a una estrecha asociación entre las élites en turno del poder político y las élites establecidas del poder económico. Esta alianza respondía a varios factores. El primero, y más importante, es que compartieron un paradigma de desarrollo centrado en el crecimiento económico, en el que se dio por entendido que la prioridad del estado es garantizar el crecimiento del producto interno bruto, la inversión extranjera y la creación de empleos. Lo anterior sería posible lograrlo de la mano de las cúpulas empresariales, facilitando trámites, removiendo obstáculos, otorgando incentivos y disminuyendo cargas a las empresas. Así se construiría la fórmula del progreso.

De esta manera, y contrariamente a lo que ocurrió en materia de prestación de servicios públicos e inversión y gasto social, el estado incrementó su participación como patrocinador e impulsor de proyectos de las élites del sector privado. Insisto en la categoría de élite porque las facilidades y los privilegios otorgados de forma selectiva a ciertos grupos como exenciones fiscales, recortes de impuestos, concesiones y asignaciones de contratos no llegan a la micro, pequeña y mediana empresa, incluso ni a la totalidad de las grandes empresas, sino que se concentran en aquellas empresas que son propiedad de actores que tienen acceso para cabildear, seducir y eventualmente corromper y capturar a tomadores de decisión, sea por vía de un beneficio económico personal, de un juego de aspiraciones políticas y sociales, o simplemente por la ficción profundamente arraigada de que el que más tiene más sabe, lo cual les lleva a pensar que están haciendo lo correcto.

Y bajo esta lógica, al interior de esta díada de poder económico y estatal, ¿la sociedad civil qué puede aportar? ¿Recursos para la inversión? ¿Facilidades para la gestión? ¿Opinión pública favorable? Con frecuencia aporta todo lo contrario. “Distrae” recursos que deberían recaudarse o ahorrarse para ampliar el erario y gasto públicos; exige que se observen regulaciones ambientales y derechos económicos, sociales y culturales en las inversiones públicas y privadas; denuncia la opacidad, la discrecionalidad, la falta de rendición de cuentas y los abusos, y contradice la narrativa del progreso por goteo (trickle down).

Ciertamente no siempre funciona así. Al emerger como espacio de poder la sociedad civil también ha sido usada como vía para evadir impuestos, legitimar estructuras y decisiones, y reproducir la narrativa neoliberal de “por el bien de todos, primero los Forbes”.

Tras décadas de erosión de los bienes públicos, de precarización salarial, de explotación laboral, de extracción y deterioro de los recursos comunes para beneficio privado, de aumento de las desigualdades y de una corrupción rampante se ha hecho evidente la manera en que el estado, bajo este modelo de inclusión selectiva, ha sido funcional a la concentración de riqueza en muy pocas manos y a la crisis ambiental que hoy vivimos.

El reclamo principal del estallido social en Chile en octubre de 2019 no ha sido por los 30 pesos que aumentó el transporte colectivo sino por los 30 años de políticas neoliberales en detrimento de lo público. En distintos países de la región se han presentado estas movilizaciones como respuesta al progresivo avance del estado que actúa para favorecer el beneficio privado sacrificando los bienes públicos. Estas manifestaciones contra el estado son una muestra de que ha crecido la conciencia acerca del papel central que puede desempeñar el estado, como dispositivo social y político, para materializar o no las visiones de lo que debería ser una sociedad. Por ello se ha intensificado la disputa y la polarización en torno a los proyectos de estado.

Este renovado clamor de las mayorías excluidas por que regrese el estado a tutelar y garantizar sus derechos fundamentales, y la exigencia de las minorías selectas para que éste no elimine sus privilegios y siga facilitando la reproducción de sus capitales y el aumento de su riqueza, ha puesto a los actores políticos en el centro del debate.

Sin embargo, en lugar de que esta conflictividad social sea atendida con renovados recursos democráticos, parece que está ocurriendo lo contrario: están de vuelta las ilusiones totalitarias, las narrativas populistas y las pulsiones autoritarias de quienes aspiran a unificar al pueblo, gobernarlo y conducirlo a la tierra prometida, como lo planteara en su momento el nacionalsocialismo alemán con su “Ein Volk, ein Reich, ein Führer” (“un pueblo, un imperio, un dirigente”).

La referencia podría parecer exagerada, pero el crecimiento del fascismo social sobre el que nos advierte Boaventura de Sousa Santos es un llamado de atención por la manera en que las prácticas sociales inciden en las narrativas y las formas de gobierno .[3] Lo que observamos hoy de los regímenes políticos con los que termina la segunda década del siglo XXI es una fuerte tendencia a la centralización y concentración de poder, una creciente brecha entre las formas de vivir y expresar distintas realidades, y una fuerte divergencia entre diversos proyectos civilizatorios. Esto nos coloca en una situación de crisis política, que se ve agravada por la ausencia de espacios, mecanismos e instituciones confiables, plurales y capaces de procesarla.

En este contexto, la reducción del espacio cívico es otra de las tendencias que se ha acentuado en los años recientes, de acuerdo con el Monitor del Espacio Cívico de la organización Civicus.[4] Entre sus hallazgos esta iniciativa reporta que en 2019 la sociedad civil fue objeto de graves ataques en 111 de los 196 países analizados. Esta cifra es superior a la actualización anterior de marzo de 2018, en la que se contabilizaron 109 países bajo estas condiciones. En términos demográficos, solo 4% de la población mundial vive en países donde los gobiernos respetan debidamente las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión, de acuerdo con los criterios de esta organización.

De todo lo anterior, ¿qué está pasando en México y a escala local? En el monitoreo realizado por Civicus el espacio cívico del país se califica como reprimido, en una escala que se despliega entre abierto, reducido, obstruido, reprimido y cerrado. Si revisamos las evidencias en la práctica de los gobiernos actuales en los planos federal y estatal para el caso de Jalisco encontramos varias similitudes que reflejan algunas de las tendencias planteadas desde el inicio de este texto, y que han sido reconocidas en distintos espacios de diálogo entre organizaciones sociales a escala local y nacional. Entre ellas se mencionan las siguientes:

    • Tendencia a la centralización y personalización en el ejercicio del poder.
    • Ausencia de canales de participación social para la toma de decisiones y diseño de políticas públicas.
    • Designaciones de titulares de organismos autónomos afines al partido en el poder.
    • Ataques verbales a medios de comunicación.
    • Ausencia de medidas efectivas de protección a periodistas y defensoras de derechos humanos.
    • Descalificación de críticas a decisiones gubernamentales como resistencias al cambio.
    • Diseño e instrumentación de programas sin base en evidencias y participación de personas beneficiarias.
    • Control de órganos responsables de la generación de estadística e información.
    • Operación de programas sociales por perfiles partidistas.
    • Integración de consejos de empresarios para el Ejecutivo, sin participación de la sociedad civil.
    • Reducción de fondos de coinversión ente gobierno y sociedad civil.
    • Retrasos en la puesta en marcha de los sistemas anticorrupción.

Por otro lado, entre los aspectos que pudieran ser muestras de mayor apertura hacia las organizaciones sociales desde el gobierno, en ambos casos, tanto el gobierno federal como el gobierno de Jalisco han incorporado perfiles de sociedad civil en sus gabinetes, reconociendo con ello el valor y los aportes de un sector social que en su práctica de gobierno invisibilizan.

Para favorecer la participación social ambos gobiernos han recurrido a ejercicios de consulta y a mecanismos de democracia directa para tomar ciertas decisiones, sin embargo, lo hacen sin el debido rigor metodológico y manteniendo el control de los procesos a través de los aparatos de su propio partido o gobierno.

Entre las diferencias que se pueden encontrar en estos gobiernos de distinto signo y escala es que en el caso de Jalisco se vandaliza la protesta social, mientras que el gobierno federal se ha comprometido reiteradamente a no usar la fuerza pública para contener manifestaciones. Por otro lado, el gobierno federal ha señalado abiertamente que uno de sus objetivos es desligar el poder político del poder económico, mientras que en Jalisco las principales alianzas del ejecutivo son con las élites empresariales. El lema del gobierno federal que plantea “Por el bien de todos, primero los pobres” ha sido una guía clara para impulsar políticas públicas que contribuyan a reducir las desigualdades, mientras que en Jalisco las estrategias de reducción de desigualdades están desdibujadas y no se observan muestras de voluntad para generar equilibrios en términos de distribución del ingreso y de oportunidades en el territorio. Bajo estas condiciones se mantendrían o agravarían las desigualdades económicas, sociales y políticas.

Ambos proyectos de gobierno excluyen y deslegitiman cualquier otra fuente de poder que no sea el estatal, y entienden a la ciudadanía más como votantes que como sujetos de derechos y obligaciones. El pueblo se entiende como una masa electoral homogénea, cuya única fuente de poder es el voto y el dispositivo para gestionarlo es el partido. Por ello una gran parte de la polarización se da por las disputas y operaciones partidistas en el territorio en busca de simpatizantes y lealtades a cambio de compromisos y concesiones, que siguen moldeando los programas y las estructuras gubernamentales.

Por otro lado, en esta disputa narrativa los partidos y gobiernos terminan encerrados en su propio discurso, negando sus fracturas, debilidades y limitaciones, y cancelando las posibilidades de un desarrollo democrático de su gestión. Sus actos de gobierno y, por tanto, sus actos de comunicación se quedan en la superficie, porque saben que un abordaje más profundo obligaría a que surgieran las contradicciones y las indeterminaciones propias de la complejidad e interseccionalidad de los asuntos públicos, que reclaman apuestas compartidas y consensuadas con amplios y diversos sectores.

Por ello, los espacios consultivos y mecanismos de participación diseñados y programados por los gobiernos son deliberadamente acotados. La participación ciudadana se queda en el primer nivel y en las vitrinas, mientras que las decisiones trascendentes se toman a puertas cerradas y en los pisos de arriba a donde no llega el elevador de la participación social. Por otro lado, los mecanismos de participación social se conciben desde la lógica de la oferta gubernamental y no desde las de la demanda ciudadana, que requieren de herramientas y procesos que correspondan con las realidades y posibilidades de su práctica política.

La desestimación de los gobiernos de la participación organizada de la sociedad ha propiciado el debilitamiento del sector de sociedad civil en dos sentidos, por un lado, porque se han limitado los recursos oficiales y otros incentivos que contribuyen al fomento de las organizaciones sociales. Por el otro, porque el discurso oficial de descalificación y ataques a la sociedad civil ha creado la idea de que su capacidad de incidencia formal se ha reducido, y en consecuencia los donativos por parte del sector privado han disminuido o se han eliminado por temor a que el sector oficial asocie a determinado donante con alguna organización social que el gobierno entienda como oposición.

Sin embargo, y contrario a lo que pudiera esperarse, hoy vemos una sociedad civil más activa y conectada, desarrollando fórmulas de resiliencia y aprendizaje que les permiten articularse y apoyarse mutuamente de manera más orgánica y autónoma y distribuida, frente a lógicas de mercado, política y religión que conspiran contra la compartición, la comunidad y la colectividad.

Hoy sabemos que el poder es colectivo o no es, porque el poder individual radica en la capacidad de convocar, organizar y construir comunidad. De eso hablamos cuando hablamos de sociedad organizada, más allá de los límites que pudiera connotar la noción de una sociedad “civil”, al suponer derechos formalmente reconocidos. La sociedad no es estática y los campos para la ampliación de derechos colectivos se expanden, por eso se habla de una ciudadanía insurgente, que reclama derechos y reivindica identidades políticas aún no reconocidas en el cuerpo legal.

La sociedad civil entendida desde esta perspectiva, o bien sociedad organizada si esta comprensión está a debate, va por delante del estado como fuerza instituyente; no siempre va a su ritmo y es por ello que constantemente genera tensiones, pero no por definición. Entender a la sociedad organizada como oposición es reducirla a la lógica del subsector social de los partidos políticos. La sociedad organizada a través de sus distintos sectores tiene las capacidades e interés de proponer, acompañar, vigilar y retroalimentar la instrumentación de políticas que inciden de forma muy distinta en diversas realidades y en contextos cambiantes.

Esta organización social debe necesariamente pasar por una discusión sobre el interés y el beneficio colectivo desde la perspectiva de derechos, porque de otra forma se reduce a un grupo de interés particular. Es por ello que el sujeto de la democracia es el demos, asociado, conectado, dialogante, solidario, consciente, en colaboración, y no una masa inconexa de individuos.

Si bien el individuo es el cuerpo político indivisible portador de derechos y obligaciones, lo es solo en tanto parte de una colectividad. Esta condición es necesariamente intersubjetiva. Por tanto, no hay sujeto político sin colectividad. Como propone Paul Ricoeur en Sí mismo como otro entendamos al individuo como singular de la colectividad, y no la colectividad como el plural del individuo.[5]

La sociedad es por definición asociación y la colectividad es la base de la polis. La organización es base y fundamento de la política y por ello carecen de sentido las afirmaciones de que la sociedad organizada es una mera intermediación o una malintencionada oposición. Se trata, en todo caso, de discursos pretendida y deliberadamente despolitizantes y desmovilizantes, que intentan ocultar las lecciones de la historia que nos ha enseñado que no hay gobierno que lo sepa todo, que lo pueda todo, que lo abarque todo. Parafraseando al marakame wixarika Meterio: Solo entre todos podemos todo.

 

[*] Doctor en Ciencias sociales con especialidad en Antropología social por el Centro de Investigaciones y Estudios Sociales en Antropología Social (CIESAS). Ha sido docente en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), el Tec de Monterrey, la Universidad de Guadalajara y la Universidad del Medio Ambiente. Integra diversos colectivos sociales, como Tómala!, Jalisco Cómo Vamos y la Asamblea sobre Desigualdades. castanion.hector@gmail.com

 

[1]  Dumont, Louis. Homo Hierarchicus. The caste system and its implications, University of Chicago Press, Chicago, 1966.

[2]  UNDP. Reconceptualising Governance, Discussion Paper num. 2, Management, Development and Governance Division, Bureau for Policy and Programme Support, undp, Nueva York, 1997, p.9.

[3] Santos, Boaventura de Sousa. “A crise do contrato social da modernidade e a emergência do fascismo social”, en A gramática do tempo. Para uma nova cultura política, Afrontamento, Porto, 2006, pp. 295–316.

[4]  Véase https://monitor.civicus.org

[5]  Ricoeur, Paul. Sí mismo como otro, Siglo XXI, Madrid, 1996.