La paradoja de los derechos humanos

en la era de covid–19[*]

Alejandro Anaya Muñoz[**]

 

Resumen: El artículo se centra en los efectos de las medidas de distanciamiento social, principal herramienta adoptada por los gobiernos para intentar controlar la propagación del SRAS–CoV–2, causante de la enfermedad covid–19. Para ello explora la medida en que estas medidas están y seguirán afectando los derechos económicos y sociales, poniendo especial atención en el caso de México. Este análisis nos lleva a concluir que estaremos enfrentando la peor crisis socioeconómica en la era de los derechos humanos en el país y el mundo, lo que nos lleva a una paradoja perturbadora: para salvaguardar el derecho a la vida de cientos de miles de personas se están afectando los derechos económicos y sociales de muchas más. Con base en ello se subrayan tres tensiones entre los derechos humanos en la práctica y lo que plantean propuestas teóricas tradicionales o dominantes sobre los derechos humanos, sus principios y su papel como doctrina moral pública con un estatus especial.

Palabras clave: derechos humanos, covid–19, derechos económicos y sociales, interdependencia, consecuencialismo, indivisibilidad

 

Abstract: The article focuses on the effects of social distancing measures, the main tool adopted by governments to control the spread of the SARS–CoV–2 virus, the cause of the disease known as covid–19. It explores the extent to which these measures are now affecting and will continue to affect economic and social rights, paying special attention to the case of Mexico. This analysis leads us to conclude that we will be facing the worst socio–economic crisis of the country’s and the world’s human rights era, which suggests a disturbing paradox: to safeguard the right to life of hundreds of thousands of people, the economic and social rights of many more are being compromised. On this basis, the author highlights three tensions between human rights in practice and traditional or mainstream theoretical proposals regarding human rights, their principles and their role as public moral doctrine with a special status.

Key words: human rights, covid–19, economic and social rights, interdependence, consequentialism, indivisibility

 

La pandemia de covid–19 está causando cientos de miles de muertes y afectando la salud de millones de personas en todo el mundo. Los gobiernos se han visto obligados a adoptar medidas radicales para salvaguardar la vida de las personas y evitar la saturación de sus sistemas de salud. Con ese fin adoptaron medidas generalizadas y agresivas de “distanciamiento social”,[1] las cuales están afectando la dinámica económica de manera brutal en el mundo entero. México, por supuesto, no es la excepción. En términos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), aunque estamos ante “una crisis sanitaria, la pandemia también tendrá un inevitable impacto en la economía, el comercio, los empleos, el bienestar y las condiciones de vida de la población”.[2] Las medidas de distanciamiento social adoptadas para limitar la propagación de covid–19 están afectando y continuarán afectando en el corto y mediano plazos la vigencia de derechos, como el derecho al trabajo y a un ingreso que posibilite una vida digna, a la seguridad social, al acceso a servicios médicos adecuados, a la educación y la vivienda de calidad, entre otros derechos económicos y sociales (DES).

El presente artículo empieza explorando la extensión en que las medidas de distanciamiento social están y seguirán afectando distintos des, con un énfasis empírico particular en el caso de México, en el que encuentra un panorama desolador. El artículo concluye que estaremos enfrentando la peor crisis de des en el país, al menos desde la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). A partir de este análisis empírico el artículo resalta la paradoja de los derechos humanos en la era del covid–19: para salvaguardar el derecho a la vida de cientos de miles (tal vez millones) de personas se están afectando los des de muchas más. A la luz de esta paradoja el artículo identifica tres tensiones entre los derechos humanos en la práctica y lo que plantean propuestas teóricas tradicionales o dominantes sobre los derechos humanos, sus principios y su papel como doctrina moral pública con un estatus especial.

 

  1. El covid–19, el distanciamiento social y los des

Como sugerí líneas arriba, las afectaciones más directas e inmediatas de la pandemia del covid–19 se han dado sobre la vigencia de los derechos a la vida y la salud. Hacia mediados de junio 2020 más de 348 mil personas habían muerto en el mundo por esta enfermedad. En México la cifra era de más de 17,600 fallecidos.[3] Por otro lado, como es bien conocido, el SRAS–CoV–2, causante de la enfermedad covid–19, es un virus altamente contagioso, que genera procesos de propagación que si no son objeto de medidas oportunas de intervención (como la instrumentación a tiempo de medidas de distanciamiento social) pueden darse de manera exponencial y salirse de control, ocasionando así un gran número de muertes. A pesar de la adopción de medidas de distanciamiento social hasta mediados de junio se habían identificado más de 8 millones de personas infectadas a escala mundial; poco más de 150 mil de ellas en México. Muchas de estas personas han requerido acceso a servicios de salud especializados y los sistemas de salud no estaban preparados para ello, ni siquiera en las naciones más desarrolladas.[4]

El derecho a la vida ha sido, pues, afectado por la pandemia de covid–19 en sí, y el derecho al acceso a servicios de salud adecuados por la falta de capacidades de los sistemas de salud o la falta de debida diligencia o la corrupción de los gobiernos. Sin embargo, más allá de ello, como sugerí en la introducción, las medidas de distanciamiento social adoptadas para intentar disminuir el número de contagios —y por lo tanto el número de personas enfermas y muertas— han ocasionado una crisis económica sin precedentes. En un primer momento las bolsas de valores de todo el mundo y los precios del petróleo se desplomaron, y aunque los mercados parecen haberse estabilizado un poco se espera que la mayoría de las principales economías del mundo entren en recesión este año. En este contexto millones de personas han perdido sus empleos.[5] En el caso de México, hacia finales de mayo de 2020 el Banco de México estimó que la economía del país podría caer hasta 8.8% en el año.[6] El impacto en el empleo formal ha sido ya brutal: hacia principios de mayo se habían perdido más de 700 mil puestos de trabajo en la economía formal,[7] mientras que hacia finales del mes el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, calculó que se perderían un millón de empleos formales en el año.[8] El Banco Interamericano de Desarrollo (bid), por su parte, estimó que si la recesión económica se prolonga se podrían perder más de dos millones y medio de empleos formales.[9] A principios de junio, no obstante, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), encontró, mediante la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE)[10] —levantada en abril de
2020— que solo en el cuarto mes del año entre 9.1 y 14.9 millones de personas dejaron de ser parte de la población económicamente activa (PEA) en México (es decir, dejaron de trabajar sin buscar un empleo nuevo), “principalmente por encontrarse en un estado de suspensión laboral temporal [sin percepción de ingresos] ocasionado por la cuarentena”.[11] Por otro lado, según la ETOE, la tasa de subocupación pasó de 5.1 millones de personas en marzo de 2020 a un rango de entre 9.8 y 12.2 millones de personas en abril. Los datos de la ETOE coinciden de manera parcial con los del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, que encontró, también mediante una encuesta telefónica, que hacia la primera mitad de abril de 2020 en cerca de 40% de los hogares del país uno o más de sus miembros había perdido su empleo o había interrumpido su actividad económica, mientras que más de 60% de los hogares había perdido ingreso (cerca de 50% del ingreso familiar, en promedio).[12]

Con base en datos mucho más conservadores u optimistas en materia de pérdida de empleo el Coneval había estimado (antes de la
publicación de los datos de la ETOE) que, como consecuencia de
la crisis económica, 9.8 millones de personas más caerán en situación de pobreza y 10.7 millones en pobreza extrema.[13] Otras fuentes fueron aún más pesimistas, calculando estas cifras en hasta 12 y 12.3 millones de personas más en pobreza y pobreza extrema, respectivamente.[14]

Más allá de la adopción de las medias diligentes que podría adoptar el gobierno, orientadas a reducir o paliar el impacto negativo sobre la economía, los empleos y los niveles de pobreza (y por lo tanto sobre la vigencia de los des), en el caso de México, como el de muchos otros países con una infraestructura muy débil y limitada de seguridad social, la situación actual pone de manifiesto la medida en que en un sistema capitalista el ejercicio de los des depende de la existencia de una economía fuerte y dinámica que, a su vez, genere el mayor número posible de empleos formales. En contextos como el nuestro, de ausencia de un estado de bienestar funcional y robusto, el acceso al empleo formal se vuelve entonces una especie de “derecho llave”, que permite la vigencia de otros derechos, como la seguridad social, el acceso a servicios de salud adecuados, a educación de mayor calidad, a una mejor vivienda, a una alimentación más adecuada y en general a un mayor nivel de vida.

En suma, debemos esperar que la caída de la actividad económica y la pérdida de empleo (formal e informal) en México (así como en el resto del mundo), generadas a su vez por las medidas extremas de distanciamiento social adoptadas para intentar controlar la propagación del SRAS–CoV–2 tendrán un enorme impacto en el ejercicio de derechos como el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a la alimentación y en general a un nivel de vida adecuado de decenas de millones de personas en el país. Solo utilizando como criterio la cantidad de personas afectadas podemos incluso plantear que estamos en la antesala de la peor crisis en materia de des en México, al menos desde la adopción de la DUDH y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); la cual, aunada a la brutal crisis de derechos a la integridad física en el marco de la ola de violencia armada y la militarización que vivimos desde hace 15 años, hará de 2020, y con mucha probabilidad a 2021, los peores años en la historia de los derechos humanos en el México POSDUDH.

 

  1. Derechos humanos, consecuencias e interdependencia

El panorama anterior muestra una característica de los derechos humanos en la práctica,[15] que quizá se manifiesta con mayor crudeza en situaciones excepcionales y extremas, como la que estamos viviendo: medidas adoptadas con el fin de salvaguardar derechos concretos —que son en particular afectados en un momento dado o por una circunstancia particular— pueden tener consecuencias negativas sobre la vigencia de otros derechos, en el corto, mediano y largo plazo. Las medidas de distanciamiento social, tomadas en principio con el fin de salvaguardar el derecho a la vida y, en segunda instancia, el acceso a servicios de salud adecuados, están ocasionando una enorme crisis en materia de otros derechos económicos y sociales, como los derechos a la seguridad social, la educación, la vivienda, la alimentación y en general el derecho a un nivel de vida adecuado. Incluso la vigencia de los mismos derechos en origen priorizados (la vida y el acceso a servicios de salud adecuados) se verá también afectada por las medidas tomadas para salvaguardarlos, en casos o situaciones relacionadas con enfermedades distintas al covid–19. Por ejemplo, al reconvertir camas y hospitales para atender la pandemia se pierden esos espacios para atender el flujo normal de pacientes con otro tipo de enfermedades, en tanto que personas con algún otro padecimiento pueden decidir postergar su tratamiento, por temor a contagiarse al asistir a un centro de salud, complicando así su propia salud e incluso poniendo en riesgo su vida.[16] Más aún, la crisis de des afectará a un mayor número de personas al de aquellas beneficiadas por las medidas de distanciamiento social. La paradoja es clara y desconcertante: parece ser que la única manera de salvaguardar algunos derechos de algunas personas es afectando otros derechos de millones más. Esta constatación me lleva a señalar tres tensiones entre los derechos humanos en la práctica y algunos planteamientos teóricos “tradicionales” o dominantes (en buena medida dogmáticos) sobre los derechos humanos, sus características y su papel como doctrina moral pública con un estatus especial o incluso como “cartas ganadoras” en la toma e instrumentación de decisiones públicas.[17]

La primera tensión que sugiere la paradoja de los derechos humanos en la era del coronavirus tiene que ver con el principio de interdependencia. Distintas generaciones de profesionales de los derechos humanos (activistas, académicos y funcionarios de órganos oficiales nacionales e internacionales) nos hemos formado y hemos operado bajo la idea o el argumento de que los derechos humanos son interdependientes entre sí: es decir, la violación de un derecho afecta la vigencia de todos los demás, mientras que el respeto de otro derecho beneficia al resto.[18] Esta lógica es simplista en la medida en que sugiere que las dinámicas de interacción entre derechos pueden darse solo en la misma dirección (es decir, una acción positiva produce un impacto positivo y viceversa) y elimina la posibilidad de que existan relaciones de dependencia con signo negativo.

El principio de interdependencia implica suponer que los gobiernos enfrentan dos opciones y escenarios: una positiva o virtuosa, que implica respetar un derecho o actuar con mayor diligencia para garantizarlo y de esta manera obtener un impacto multiplicador y de signo positivo sobre la vigencia del resto de los derechos, o una negativa o viciada, que consiste en violar un derecho o menospreciar su garantía, lo cual tendrá un impacto por igual multiplicador, pero de signo negativo en todos los demás.

Pero la realidad de los derechos humanos en la práctica es más compleja que eso. Lo que esta pandemia está mostrando de manera dolorosa es que las dinámicas de interacción entre derechos y el menú de decisiones que tienen los gobiernos ante sí son más complejos de lo que parece sugerir la visión tradicional esbozada líneas arriba. La dependencia entre derechos puede también seguir una dinámica “negativa”. Es decir, los resultados pueden darse en la dirección contraria a la medida original: acciones tomadas para salvaguardar algunos derechos pueden tener consecuencias no deseadas y afectar la vigencia de otros derechos. En el caso actual del covid–19 se podría plantear que los efectos negativos sobre otros derechos económicos y sociales, de las medidas tomadas para salvaguardar los derechos a la vida y al acceso a servicios de salud adecuados, son “indirectos”. Esto es, que son resultado de una cadena de efectos, en la que las medidas tomadas para salvaguardar estos derechos están generando una crisis económica, la cual a su vez afecta (sobre todo, como he subrayado en el marco de un sistema económico capitalista y en contextos de una estructura institucional de seguridad social endeble) la vigencia de los des. Sin embargo, el que la relación sea indirecta o esté mediada por algún otro fenómeno, o por la vigencia de cierto modelo económico, es poco consuelo. El resultado final es el mismo: la consecuencia de intentar salvaguardar dos derechos en la práctica está afectando la vigencia de varios derechos más —afectando a un número mayor de personas que las beneficiadas por la medida original— y la visión dominante del principio de interdependencia oscurece esta característica —llamémosle de “dependencia potencialmente negativa”— de los derechos humanos en la práctica.

La segunda tensión que quiero poner sobre la mesa es que sociedades que creen en el valor o los méritos de los derechos humanos y que han aceptado que estos tienen un estatus moral o jurídico especial —incluso superior a otros principios o bienes públicos— pueden, bajo condiciones particulares —extraordinarias y extremas—, privilegiar acercamientos o modelos de toma de decisiones consecuencialistas. Es decir, las sociedades pueden —considero que legítimamente— identificar objetivos colectivos o públicos prioritarios y buscar maximizar su obtención, a pesar de los costos o de las consecuencias negativas sobre otros objetivos o bienes públicos.[19] En el caso de la actual pandemia las sociedades[20] decidieron privilegiar el derecho a la vida, de manera independiente de las consecuencias que ello pudiera tener sobre otros objetivos públicos, como el desarrollo económico, o incluso sobre otros derechos humanos. Esto puede ser desconcertante para las teorías tradicionales o dominantes sobre los derechos humanos, que suelen plantear que estos son principios morales o jurídicos con un estatus no solo especial sino incluso superior con respecto a otros marcos de principios o valores de referencia. Los derechos humanos suelen entenderse como “cartas ganadoras” que, de entrada, invalidan otras bases morales para la toma de decisiones y la acción pública. De manera particular, las visiones teóricas tradicionales sobre los derechos humanos como doctrina para la acción moral en el ámbito de lo público suelen considerarla una doctrina moral superior al consecuencialismo.[21] Desde una perspectiva de derechos humanos el consecuencialismo es inaceptable porque, al final de cuentas, al buscar a toda costa alcanzar el objetivo colectivo determinado antes, este último puede —si no es que suele— afectar los objetivos de algunas personas o grupos en particular. En este sentido, dentro de un marco consecuencialista suele haber perdedores[22] y el principio de universalidad —entendido como no discriminación, más que como homogeneidad cultural[23]— se opone de manera tajante a ello. Las personas —o los derechos de las personas— no pueden ser “sacrificadas” para alcanzar cierto fin social o colectivo, por muy legítimo que sea. Sin embargo, como ya señalé líneas arriba, en la práctica las sociedades, aun las que creen en los derechos humanos, pueden legítimamente actuar de manera consecuencialsita y definir a algún o algunos derechos humanos en particular —como, en este caso, el derecho a la vida— como el objetivo social o colectivo a perseguir, y en este sentido optan por aceptar o tolerar las consecuencias negativas sobre otros bienes públicos, incluyendo otros derechos humanos. Por lo general, esto implicará también privilegiar los derechos de algunas personas y tolerar o aceptar la consecuente violación de los derechos de otros.

En efecto, los objetivos públicos privilegiados o priorizados en el marco de una decisión consecuencialista pueden ser algunos derechos humanos en concreto. Esto me lleva a la tercera tensión que quiero resaltar. Otro de los principios consagrados en la dogmática de los derechos humanos es el de la indivisibilidad de los derechos humanos, que establece que no debemos tener categorías de derechos. Sobre todo, que no debemos suponer que un “tipo” de derechos tiene más valor —y por lo tanto jerarquía o prioridad— que otros. El principio se estableció en buena medida en respuesta a la decisión tomada en el marco de la Guerra Fría de adoptar dos tratados de derechos humanos por separado: uno sobre derechos civiles y políticos y otro sobre derechos económicos, sociales y culturales.[24] Más allá de plantear que no debemos dividir o separar a los derechos humanos en grupos como estos, lo que el principio de indivisibilidad sugiere es que no debe haber jerarquías entre derechos, que todos los derechos humanos tienen el mismo valor. Lo que estamos viendo en la práctica, como ya enfaticé, es que las sociedades pueden legítimamente priorizar y por lo tanto asignar valores diferenciados a distintos derechos humanos. En el caso de la pandemia de covid–19 se ha optado por privilegiar el derecho a la vida, por encima de otros derechos humanos, notablemente los derechos económicos y sociales que serán afectados por las medidas de distanciamiento social que se adoptaron para salvar vidas. Los gobiernos están obligados (de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos) a tomar medidas progresivas, a actuar con debida diligencia y a conservar o proteger un “contenido mínimo” de los des afectados por sus decisiones en el marco de la pandemia. Actuar de esta manera podría disminuir las consecuencias no deseadas de afectación a los derechos económicos y sociales. Ello no implica, no obstante, que una lógica consecuencialista se esté imponiendo, que sea legítima y que ello ponga en cuestión el principio de indivisibilidad.

 

  1. Conclusiones

Las medidas de distanciamiento social, adoptadas para garantizar el derecho a la vida y el derecho al acceso a servicios de salud adecuados en el marco de la pandemia de covid–19, están generando una crisis sin precedentes en materia de derechos económicos y sociales en México y el mundo. Esta es la paradoja de los derechos humanos en la era del coronavirus: para salvaguardar algunos derechos específicos de millones de personas parece que es inevitable afectar otros derechos de mucha más gente. Esta paradoja hace visibles ciertas tensiones y cuestiona algunas “certezas” establecidas en los acercamientos teóricos dominantes sobre los derechos humanos. En efecto, en un mundo ideal los gobiernos no tendrían que enfrentar canjes o sacrificios (tradeoffs) entre derechos humanos ni entre ciertos derechos de algunas personas y los derechos de otras, mientras que ningún derecho debería de tener un mayor valor o peso que los demás. Sin embargo, el mundo de los derechos humanos en la práctica es mucho más complejo, las opciones reales para los tomadores de decisiones pueden ser menos nítidas y los resultados pueden ser inevitablemente imperfectos. La interdependencia no siempre es la lógica dominante en los procesos de interacción entre los distintos derechos humanos y la realidad en ocasiones obliga a las sociedades a priorizar e incluso “canjear” entre derechos. Más aún, no siempre las decisiones públicas en materia de derechos humanos podrán escapar de la lógica del consecuencialismo. Una teoría —o las teorías— sobre los derechos humanos debe tomar en cuenta todo esto y problematizar un poco más algunas de sus “certezas”. Reconociendo la complejidad de los derechos humanos en la práctica, saliendo de su zona de confort y renunciando a sus dogmas —que no pueden ser una buena base para las ciencias sociales—, los acercamientos teóricos dominantes podrán aportar más a nuestro entendimiento de los fenómenos sociales, políticos y económicos relativos a los derechos humanos y así contribuir más al objetivo de avanzar en su vigencia en la práctica.

 

[*] Agradezco los comentarios de Ilsse Torres y Luis Daniel Vázquez a una versión preliminar de este artículo. Sus comentarios y observaciones me llevaron a complejizar o matizar distintas partes del argumento. Los errores u omisiones siguen siendo, claro, enteramente mías.

[**] Doctor en Gobierno y maestro en Teoría y Práctica de los Derechos Humanos por la Universidad de Essex, Inglaterra. Profesor del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos y coordinador de la Maestría en Derechos Humanos y Paz del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (nivel 2) de México. Autor de múltiples publicaciones sobre derechos humanos y las dinámicas políticas trasnacionales alrededor de ellos.

 

[1]       De acuerdo con Amnistía Internacional este tipo de medidas “sólo pueden estar justificadas en virtud del derecho internacional si son proporcionadas, tienen límites temporales, se imponen con fines legítimos, son estrictamente necesarias, son voluntarias siempre que sea posible y se aplican de forma no discriminatoria. Las cuarentenas se deben imponer de una manera segura y respetuosa. Deben respetarse y protegerse los derechos de las personas en cuarentena, incluida la garantía de acceso a atención médica, alimento y otras necesidades”. Amnistía Internacional. “Siete maneras en que el coronavirus afecta a los derechos humanos”, 5 de febrero de 2020. Recuperado el 15 de mayo 2020, de https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/02/explainer-seven-ways-the-coronavirus-affects-human-rights/

[2]       Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. La política social en el contexto de la pandemia por el SARS–CoV–2 (covid–19) en México, Coneval, Ciudad de México, 2020, p.10. Recuperado de https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/iepsm/Documents/Politica_Social_covid-19.pdf

[3]       Los datos de números de muertos, tasas de mortandad y número de personas contagiadas los tomo del Centro de Recursos de Coronavirus de la Universidad Johns Hopkins (https://coronavirus.jhu.edu/map.html) (datos actualizados al 17 de junio de 2020).

[4]       Emanuel, E.J. et al. “Fair Allocation of Scarce Medical Resources in the Time of Covid–19”, en The New England Journal of Medicine, 23 de marzo de 2020. Recuperado de https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/nejmsb2005114

[5]       Jones, L., Palumbo, D. y Brown, D. “Coronavirus: A visual guide to the economic impact”, en BBC News, 30 de abril de 2020. Recuperado el 15 de mayo de 2020, de https://www.bbc.com/news/business-51706225

[6]       Caso, D. “Prevé Banxico caída del PIB de hasta 8.8% este año”, en El Financiero, 27 de mayo de 2020. Recuperado el 29 de mayo de 2020, de https://www.elfinanciero.com.mx/economia/en-el-peor-escenario-mexico-tendra-su-peor-contraccion-desde-1932-banxico; ver también Solís, B. “Se acelera la recesión y la pérdida de empleos en México”, en El Financiero, 28 de abril de 2020. Recuperado el 15 de mayo de 2020, de https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/benito-solis/se-acelera-la-recesion-y-la-perdida-de-empleos-en-mexico, y González, L.M. “Covid–19: se perdieron 707,000 empleos entre el 18 de marzo y el 28 de abril”, en El Economista, 10 de mayo de 2020. Recuperado el 15 de mayo de 2020, de https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Covid-19-se-perdieron-707000-empleos-entre-el-18-de-marzo-y-el-28-de-abril-20200510-0078.html

[7]       González, L.M. Op. cit.

[8]       Reuters. “Crisis por pandemia de Covid–19 provocará la pérdida de un millón de empleos en México: AMLO”, en El Economista, 24 de mayo 2020. Recuperado el 29 de mayo de 2020, de https://www.eleconomista.com.mx/politica/Crisis-por-pandemia-de-Covid-19-provocara-la-perdida-de-un-millon-de-empleos-en-Mexico-amlo-20200524-0038.html

[9]       Banco Interamericano de Desarrollo. “¿Cómo impactará la covid–19 al empleo? Posibles escenarios para América Latina y el Caribe. Abril 2020”. Recuperado el 29 de mayo de 2020, de https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/C%C3%B3mo_impactar%C3%A1_la_covid-19_al_empleo_Posibles_escenarios_para_Am%C3%A9rica_Latina_y_el_Caribe.pdf

[10]     El Inegi aclaró que los datos de la ETOE no son comparables con los de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). “Hay diferencias en la implementación, en la tasa de no respuesta y sobre todo en los tamaños de muestra, equilibrio y robustez de datos que caracterizan a la ENOE. Sin embargo, resultan una aproximación a los indicadores que tradicionalmente capta la ENOE, por lo que la comparación es útil como medida de referencia”. Inegi. “Resultados de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE). Cifras oportunas de abril de 2020”, comunicado de prensa 264/20, 1 de junio de 2020, p.1. Recuperado el el 6 de junio de 2020, de https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/enoe_ie/etoe.pdf

[11]     Ibidem, p.2.

[12]     “La Ibero presenta encuesta de seguimiento de los efectos del covid en el bienestar de los hogares mexicanos #encovid19”, comunicado de prensa. Recuperado el 16 de mayo 2020, de https://ibero.mx/sites/default/files/comunicado_encovid-19_completo.pdf

[13]     Coneval. Op. cit.

[14]     Gutiérrez, J. “Prevé BBVA 12 millones 300 mil mexicanos más en pobreza extrema”, en La Jornada en línea, 12 de mayo de 2020. Recuperado el 21 de mayos 2020, de https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/05/21/preve-bbva-12-millones-300-mil-mexicanos-en-pobreza-extrema-9027.html

[15]     Por la noción de los derechos humanos en la práctica me refiero al terreno de la aplicación de la doctrina de los derechos humanos en el mundo real, en contraste con el de la construcción dogmática o idealizada de un concepto o una doctrina.

[16]     En este sentido, el dilema puede bien ser no entre el derecho a la vida y otros derechos humanos, sino también entre distintas manifestaciones del derecho a la vida en sí.

[17]     Véase Jones, P. Rights, MacMillan Press, Houndmills/Basingstoke/Hampshire/Londres, 1994, pp. 45–64 y 115–117.

[18]     Serrano, S. y Vázquez, D. Los derechos en acción. Obligaciones y principios de derechos humanos, flacso, Ciudad de México, 2013, pp. 34–26.

[19]     Para un acercamiento al consecuencialismo ver Jones, P. Op cit.

[20]     Encorcheto aquí una discusión complicada y extensa sobre si la decisión de privilegiar los intentos por salvar vidas mediante la contención de la pandemia fue realmente tomada por “las sociedades” o si fue más bien impuesta por los gobiernos. Para favorecer la continuación del argumento parto del supuesto de que si bien fue una decisión que en la práctica tomaron los gobiernos, ha sido en su mayoría apoyada o validada por las sociedades.

[21]     Véase Jones, P. Op cit.

[22]     Más allá de que los grupos perdedores suelen ser a menudo los mismos.

[23]     Serrano, S. y Vázquez, D. Op cit, pp. 17–33.

[24]     Ibidem, pp. 34–46.