Desabasto, oportunidades perdidas, mentiras y muerte en la guerra contra el huachicol

Jorge Valdivia García[*]

 

Resumen: El 27 de diciembre de 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró la guerra contra el huachicol, que llevó al mayor desabasto de combustible en la historia moderna de México, generó enormes pérdidas económicas e incluso víctimas mortales, por las deficiencias en la estrategia y táctica puestas en marcha. Pese a no realizar ajustes ni establecer un plan de lucha a largo plazo, el gobierno federal ya cantó victoria en la materia.

Palabras clave: AMLO, guerra, huachicol, desabasto, gasolina, México.

 

Abstract: On December 27, 2018, President Andrés Manuel López Obrador declared war on huachicol (gasoline theft), which led to the greatest fuel shortage in Mexico’s modern history, generating huge economic losses and even fatalities due to shortcomings in the strategy and tactics employed. Despite not making adjustments or formulating a long–term plan, the federal government has trumpeted its victory over huachicol.

Key words: AMLO, war, huachicol, shortage, gasoline, Mexico.

 

El 27 de diciembre de 2018 será recordado como el día en que arrancó la guerra contra el huachicol del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero también como el del inicio de lo que se convirtió en un calvario para millones de mexicanos, al generarse el mayor desabasto de gasolina en la historia moderna del país, debido a la falta de una adecuada instrumentación de las acciones contra el robo de combustible. Enormes pérdidas económicas e incluso víctimas mortales fueron otros daños colaterales de una crisis energética que también puso en evidencia una falta de liderazgo y hasta dolo por parte de los actores políticos. La nota positiva la dieron los consumidores, con su capacidad de apoyo, organización e inventiva para conseguir el energético y seguir con sus actividades.

 

  1. La declaración de guerra

Con el fin de combatir el robo de hidrocarburos a Petróleos Mexicanos (Pemex), que según el presidente Andrés Manuel López Obrador generaba una pérdida “del orden de 60 mil millones de pesos” anuales para las arcas de la paraestatal, el 27 de diciembre de 2018 se dio a conocer la puesta en marcha del Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex.[1]

Al identificar al robo de pipas y la ordeña de ductos como las principales causas de la sangría de Pemex, el jefe del Ejecutivo federal encargó su vigilancia a las fuerzas armadas. La estrategia de combate al huachicol también incluyó la “toma” y el control de refinerías e instalaciones de la paraestatal por parte de elementos del Ejército y la Marina, así como el cierre de algunos de los ductos usados para la distribución de combustible en el país.

De hecho, las acciones para frenar el robo de combustible comenzaron una semana antes del anuncio oficial, el 20 de diciembre, con la participación de 15 dependencias del gobierno federal, según informó el presidente, que en el marco de la conferencia de prensa de la declaratoria de guerra al huachicol dio el primer parte oficial sobre la contienda, que presentó con un saldo positivo, al reportar “una reducción inicial del 17.4 por ciento en la incidencia de este delito, en comparación con el mes anterior”.[2]

Como complemento de las acciones contra el huachicol, el mandatario anunció la presentación de una reforma legal para considerar a la extracción ilegal de combustibles como un delito grave sin derecho a fianza. Y advirtió: “No va a importar la cantidad de lo robado […] Queremos que se sepa que no va a haber tolerancia en el robo”.[3]

También aprovechó la presencia de los representantes de diversos medios de comunicación para realizar un llamado a los trabajadores de Pemex, a los concesionarios, los dueños de gasolineras y a la población en general para apoyarle en su cruzada contra el robo y comercialización de hidrocarburos extraídos ilegalmente. Lejos estaban de saber todos los implicados lo que tal llamado acarrearía.

 

  1. Daños colaterales

2.1 El calvario para los consumidores

Uno de los más influyentes historiadores y teóricos de la ciencia militar, Karl von Clausewitz, en su tratado sobre la guerra, indica que para afrontar con éxito cualquier conflicto hay dos actividades esenciales sobre las que se debe trabajar: la táctica y la estrategia. A esta última la considera un factor “fundamental” en el resultado de la contienda, ya que contempla la serie de actos que conducirán a alcanzar el propósito buscado,[4] que en el caso de un conflicto bélico es la victoria sobre el enemigo. La táctica involucra la preparación y conducción de los actos individuales o aislados que se desarrollan como parte de la guerra, que la estrategia se encarga de combinar “unos con otros para alcanzar el objetivo”[5] previsto.

En el caso de la guerra contra el huachicol se puso en evidencia que tanto la táctica como la estrategia fallaron, lo que afectó a un elemento que, por su relevancia para alcanzar o facilitar el éxito en una contienda, Von Clausewitz considera importante atender y cuidar: “el pueblo”[6] y su apoyo.[7]

Largas colas de automóviles en los alrededores de las estaciones de servicio, que aparecieron en distintos lugares de la república, principalmente en el centro y occidente del país, a los pocos días del arranque de las acciones contra el huachicol mostraron una de las grandes deficiencias de la estrategia oficial: el suministro de combustible a los consumidores. Situación que se agravó por las compras de pánico[8] que se generaron al difundirse la noticia, incluso en estados donde no había desabasto, ante la incertidumbre y la falta de una respuesta adecuada por parte de las autoridades.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador apostó por el uso de pipas para distribuir el carburante que se enviaba a través de gasoductos, luego de que se optara por cerrar varios de ellos como parte de la estrategia para evitar que las bandas de “huachicoleros” extrajeran gasolina mediante tomas clandestinas.

La flota de vehículos de Pemex resultó insuficiente para la tarea. Analistas del diario El Financiero estimaron que “para garantizar el abasto en el país [se requería] echar mano de unas 5,500 pipas diarias para trasportar 200 millones de litros de diversos petrolíferos”.[9] Sin embargo, el parque vehicular de la paraestatal era de 1,485 pipas y 511 carro tanques al comenzar la guerra contra el huachicol.[10] El gobierno rentó 3,400 pipas[11] y ordenó la compra de 671 para tratar de remediar el problema, sin éxito inmediato.

La vigilancia de los ductos tampoco funcionó adecuadamente. La labor encomendada a los militares era a todas luces titánica. En el país hay 54 mil kilómetros de ductos, de los que el gobierno federal tiene identificados 13 mil como problemáticos y de ellos considera críticos a 6 mil.[12] Se destinaron inicialmente 3,200 efectivos militares para el cuidado de los ductos y las instalaciones de Pemex, número que a partir del 16 de enero de 2019 se incrementó a 5,800 elementos, más 14 aeronaves, para custodiar los 11 ductos principales de la paraestatal, según informó el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sánchez.[13] El despliegue no logró impedir que siguieran las tomas clandestinas, por lo que no se pudo reabrir en el corto plazo esta fuente de abastecimiento.

Tales fallas tácticas propiciaron una escasez de combustible, que fue en aumento con el paso de los días. Para mediados de enero de 2019 el desabasto ya afectaba a 16 entidades de la república: Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Tamaulipas; las cuales generan casi 70% del producto interno bruto (PIB) del país (véase la tabla 5.1).

En Jalisco el desabasto llegó a afectar hasta a 85% de las estaciones de servicio, mientras que en Guanajuato solo operó 10% de las gasolineras los días más críticos de la crisis, según informaron los gobiernos locales.[14] Ello obligó a la gente a pasar varias horas haciendo cola, junto con sus automotores, para conseguir carburante y encontrarse muchas veces con que el esfuerzo era inútil, pues ya se había agotado el combustible cuando lograban llegar al principio de la fila.

La situación llegó a tal extremo que los afectados tuvieron que emplear diversas tácticas para conseguir el combustible necesario para continuar con sus actividades, como dormir en sus vehículos junto a gasolineras, “cazar” pipas de Pemex y seguirlas hasta su destino, así como crear chats para notificar los lugares en donde se podían abastecer sus autos. Facebook, Twitter, WhatsApp y otras redes sociales cibernéticas fueron utilizadas por los consumidores para intercambiar información en tiempo real de las gasolineras que estaban en servicio o por abrir, si había combustible a la venta y su tipo, cantidad que se podía comprar y forma de pago admitida, el tamaño de la fila y el tiempo estimado de espera para cargar.[15] La conexión vía celular y por Internet también se aprovechó para intercambiar vivencias y ofrecer consejos, como aquellos que enumeraban tips para hacer más llevadera la experiencia de cargar gasolina:

  1. Ir acompañado, para que la otra persona se baje a preguntar directamente a los despachadores si hay combustible y el tiempo aproximado que durará el servicio.
  2. Llevar bebida hidratante.
  3. Llevar cargador para celular de auto.
  4. Llevar una bacinica para hacer del uno en caso de que se requiera (no es broma, hubo gente que posteó que necesitaba ir al baño, pero no podía dejar su auto para no entorpecer la fila o perder su lugar en ella).
  5. Paciencia, mucha paciencia.[16]

El ingenio de la gente logró reducir el tiempo de espera e incrementar las posibilidades de éxito para cargar sus vehículos, pero no impidió que se siguiesen acumulando cientos de miles de horas–persona perdidas por la cacería de gasolina, con el consiguiente impacto en la vida cotidiana de las personas, principalmente de aquellas cuyo principal medio de trasporte o de trabajo es el automóvil.

 

2.2 Alto impacto económico

La economía en general padeció los efectos de la guerra emprendida por el presidente. La Confederación de Cámaras Nacionales de Servicios, Comercio y Turismo (Concanaco Servytur) contabilizó en 26 mil millones de pesos las pérdidas durante el mes de enero de 2019 para el sector. Manuel López Campos, presidente del organismo, informó de una baja en sus ventas de 15% en el primer mes del año (frente al tradicional declive de 5% de la “cuesta de enero”). La vinculó a la escasez de combustible y anticipó que de extenderse la crisis “la cifra podría alcanzar los 30 mil millones de pesos al cierre de febrero”.[17]

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) estimó en 20 mil millones de pesos el quebranto, solo para la primera quincena del año, ocasionado por la contingencia entre sus agremiados, según informó su presidente, Francisco Cervantes Díaz. Tras explicar que el desabasto impactaba “en ventas no realizadas, la reducción en la capacidad de producción, falta de suministros y retrasos en la entrega” de mercancía, el industrial advirtió que, de no lograrse reestablecer el suministro en su totalidad, cada quincena podría haber una merma similar a la anunciada.[18]

Solo uno de los estados afectados, Guanajuato, estimó pérdidas por cerca de 30 mil millones de pesos en el primer mes del año por el impacto del desabasto. El presidente de la delegación estatal de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC), Francisco Javier Padilla, reveló que para su sector la escasez de carburante “llegó a generar pérdidas no solamente en los asuntos relacionados con
la productividad, sino en las esperas para el suministro de los vehículos que requerían el combustible, hasta por 15 mil millones de pesos” en las dos semanas de enero en que la entidad sufrió de mayor desabasto. El gobernador del estado, Diego Sinuhe, indicó por su parte que el saldo negativo se duplicaba al incluir al comercio y al turismo.[19]

Un estudio presentado por CitiBanamex estimó que la pérdida neta por la escasez de gasolina rondaría los 23,600 millones de pesos en el caso de que la crisis se resolviera a principios de la segunda mitad de enero, pero que podría catapultarse hasta los 39 mil millones de pesos si la contingencia se extendía por más días y crecía el número de estados afectados.[20] Grupo Financiero Banorte consideró que el impacto acumulado por la falta de suministro de gasolinas rondaría los 39,823 millones de pesos si se prolongaba hasta finales de enero y que escalaría hasta 70,276 millones de pesos (0.3% del PIB) si continuaba todo febrero.[21]

La gasolina escaseó durante todo el mes de enero y buena parte de febrero, por lo que, de acuerdo con los datos ofrecidos por la Concanaco, la Concamin, CitiBanamex y Banorte, se puede hablar de un impacto negativo para la economía superior a los 60 mil millones de pesos. A lo que hay que sumar los 92 millones de dólares, algo así como 1,840 millones de pesos al tipo de cambio de 20 pesos por dólar,
que desembolsó el gobierno para la adquisición de 671 pipas; los cientos de millones de pesos que destinó para la renta de los vehículos de los que se auxilió para el traslado de combustible (487 millones de pesos únicamente en los primeros 16 días de enero[22]) y lo que se pagó por tener fondeados, durante semanas, a decenas de buques tanque sin poder descargar —porque los centros de almacenamiento en las terminales de Pemex estaban llenos con el combustible que no se podía distribuir por el cierre de ductos—, a un costo promedio de renta de entre 25 mil y 30 mil dólares por día por embarcación.[23] Más otros muchos costos, aún desconocidos o indirectos, como el de la intervención militar para la vigilancia de las instalaciones y ductos de Pemex, y el incuantificable valor de las horas invertidas por millones de personas en buscar y hacer fila para adquirir el carburante.

De hecho, con base en una encuesta realizada entre inversionistas nacionales y extranjeros, Credit Suisse calculó que la crisis de abasto de gasolinas habría tenido un impacto adverso de hasta 0.49% en el pib, lo que significaría alrededor de 5,600 millones de dólares, o 112,000 millones de pesos a un tipo de cambio de 20 unidades por dólar.[24]

Si se toma en cuenta que Andrés Manuel López Obrador había cuantificado en 60 mil millones de pesos la merma anual ocasionada por el robo de combustible a Pemex, el presunto beneficio para el erario, buscado por el presidente con la guerra contra el huachicol, se fue al traste en menos de dos meses.

Incluso entidades oficiales como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Banco de México reconocieron el impacto negativo para la economía. El primero informó que el PIB del país se contrajo 0.2% en el primer trimestre del año, frente a los tres meses previos,[25] ante la debilidad que se registró en los sectores industrial y de servicios. “El desabasto de gasolina que se registró en las primeras semanas de enero, los bloqueos ferroviarios en Michoacán y los paros laborales en las maquilas del norte fueron tres de los factores que contribuyeron a la desaceleración de la economía nacional en el primer trimestre del año”, explicó por su parte Daniel Chiquiar, director general de Investigación Económica en el Banco de México.[26]

El comportamiento del PIB en el primer trimestre de 2019 rompió la tendencia registrada durante una década en el arranque del año, ya que la última vez que este indicador decreció en términos reales en los tres primeros meses del año, respecto al trimestre precedente, fue en 2009 (véase la tabla 5.2).

 

2.3 Ceguera y sordera gubernamental

No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír, se dice, y este parecía ser el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador que, pese a la evidente falta de gasolina en la mitad de los estados del país y a los reclamos de la gente, empresarios y gobernantes, tanto de las entidades afectadas como a escala nacional, se empeñaba en negar que tal fenómeno fuese real. “Le puedo decir a todos los mexicanos que tenemos gasolina suficiente, no hay problema de desabasto”,[27] repetía sin cesar el mandatario e incluso se trasmitió por diferentes medios una campaña a escala nacional para recalcar tal mensaje.[28]

Pero como el sol no se puede tapar con un dedo se terminó por aceptar que había escasez de carburante, aunque el jefe del Ejecutivo federal, Pemex y demás instancias involucradas minimizaron el problema, argumentando que “la situación que se vive en algunas regiones es sólo por un ajuste logístico” en la distribución,[29] así como por la imposibilidad de reabrir los ductos porque aún seguían operando las “redes que se crearon para extraer, para robarse las gasolinas”.[30]

En lugar de revisar la estrategia y tácticas puestas en marcha en la guerra contra el huachicol, y realizar los ajustes necesarios para adecuar y hacer más eficientes las acciones para la vigilancia de la infraestructura de Pemex y para la distribución de combustible, se conminó a la población a tener paciencia y evitar las compras de pánico, insistiéndose en asegurar que la demanda estaba asegurada debido a que se contaba con “suficiente inventario” en las terminales de almacenamiento y despacho de Pemex.[31] Tal postura terminaría por elevar aún más el costo de la guerra contra el huachicol.

 

2.4 La tragedia se hace presente

La desesperación obliga a las personas a realizar acciones que comúnmente no hacen. Tal fue el caso de la gente que, en su afán de tener gasolina, comenzó a utilizar bidones y otros recipientes, para trasportar y almacenar el carburante, ya fuera para volver a echar a andar sus vehículos, que se habían quedado sin gota de combustible, o para tener una reserva por si acaso, pues desde que comenzó la contingencia el
presidente y su equipo aseguraban que “en breve” se normalizaría el abasto,[32] pero no decían para cuándo.

La falta de contenedores portátiles adecuados para acarrear gasolina y de pericia para manejarlos llevó a que se registraran incidentes como el incendio de una gasolinera en Ocotlán, Jalisco, el 9 de enero, en el que se quemaron dos vehículos y parte de las instalaciones de la estación de servicio.[33] No se reportaron personas lesionadas. No hubo tanta suerte en el siguiente incidente vinculado al fuego en la guerra contra el huachicol.

El 18 de enero se reportó una toma clandestina en el ducto Tuxpan–Tula, en la localidad de San Primitivo del municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo. En su afán de hacerse de combustible, para su uso personal o para comercializarlo, decenas de pobladores se acercaron al chorro que fluía y que alcanzó hasta los seis metros de altura, para tratar de llenar diversos contenedores. En la zona se hicieron presentes elementos de la Policía Federal y de las fuerzas armadas, pero poco hicieron por alejar a la gente, que por varias horas estuvo ordeñando el ducto, hasta que sobrevino una explosión,[34] que terminó con la vida con más de 130 personas.

Ante la magnitud de la tragedia el presidente Andrés Manuel López Obrador reculó de su política de cero tolerancia al huachicol. En lugar de abrir procesos penales contra quienes no fueron víctimas del incendio y estaban sustrayendo ilegalmente el combustible —que es un delito tipificado en la ley—, dijo que no habría acciones legales contra ellos e incluso justificó su accionar:

Nosotros no vamos a enfrentar el fuego con el fuego […] No se puede enfrentar el mal con el mal […] eso no es solución. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien.

Esto no es un asunto policiaco, militar, no se resuelve con medidas coercitivas. Por eso se agravó la situación en el país.

Nosotros vamos a seguir convenciendo, persuadiendo a la gente. Nosotros tenemos la convicción de que el pueblo es honesto. Que, si ha llegado a estos extremos, a estas prácticas, es porque se le abandonó.[35]

En el marco de la rueda de prensa para expresar sus condolencias a los familiares de las víctimas el presidente reconoció que ya se había hecho de la vista gorda antes, pues el 14 de enero su administración tuvo conocimiento de hechos similares en Acambay, “parecidos en cuanto a la práctica”, pero que no lo revelaron para no criminalizar a las personas. “Hasta dijimos que para no estigmatizar a los pueblos no íbamos a dar a conocer estas imágenes, pero […] se repiten”. Asimismo, admitió otra falla en la estrategia de la guerra contra el huachicol: “La gente llegó a estas prácticas [robo de combustible] porque no se les dieron opciones. Nunca se pensó en un plan para atender a la gente que ya estaba participando en estas actividades”.[36]

 

  1. Campanas al vuelo

La distribución de combustible se regularizó paulatinamente. Para mediados de marzo había dejado de ser un problema nacional y unas semanas más tarde el gobierno federal comenzó a lanzar las campanas al vuelo en la guerra contra el huchicol. También evidenció que hubo dolo en el manejo de la información.

En abril, al hacer el balance del primer trimestre de la declaratoria de guerra, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, en el marco de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció que no se había podido reducir el número de las tomas clandestinas, pero aseguró que estaba completamente regularizado el abasto de combustible en el país, pues la demanda sin atender bajó desde los 5.2 millones de litros registrados el 1 de marzo, a solo 0.02 millones el 22 de abril. En ello ayudó la reactivación y mejora en la eficiencia del trasporte de carburante por ductos, por los que en enero circulaba el equivalente a 618 mil barriles, en febrero 727 mil, en marzo 811 mil y en abril 900 mil barriles. En cuanto al robo de gasolinas indicó que había bajado considerablemente, al pasar de 56 mil barriles diarios a un promedio de cuatro mil al día. “Hay muy buenos resultados en los tres meses que se ha implementado la estrategia contra el robo de combustibles en el país, y […] si se pudo con el ‘huachicol’ se podrá con todo”, indicó por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador.[37]

El 22 de mayo, a cuatro meses de que arrancó la guerra contra el huachicol, López Obrador informó que se logró “bajar de 80 mil barriles diarios de robo [de combustible] a cuatro mil, 95 por ciento”. Mientras que, sobre la escasez, aseguró: “Hoy recibimos el informe de abasto, creo que hay cero y ayer, antier, cuatro estaciones sin gasolina de las más de 12 mil [registradas durante] la crisis, que llegamos a tener la mitad en el país de las gasolineras sin abasto. Algo que nunca dije en su momento por una cuestión estratégica”.[38]

Las palabras del presidente evidenciaron que no estaba ciego ni sordo sino que simplemente ocultó información, y que hubo un manejo doloso de esta, sobre la magnitud de la contingencia energética: “Yo no dije cuando la crisis que llegamos a tener reservas de gasolinas sólo para una semana, y ahora tenemos reservas de 20 días, es decir, combustible suficiente en el país”.[39]

Para el 1 de julio, ante miles de seguidores, en el marco de su segundo informe trimestral, López Obrador clamó victoria en la guerra contra el robo de combustible, al indicar que “se resolvió el problema de abasto de gasolinas y diésel en el país y […] prácticamente se acabó con el famoso huachicol”. Asimismo, presumió que “con eso nos vamos a ahorrar 50 mil millones de pesos”.[40]

La reducción de diez mil millones de pesos en el ingreso extra para Pemex, previsto inicialmente, pasó prácticamente inadvertida.

 

  1. Oportunidad perdida

Se sabe que las crisis son tiempo de oportunidad y la de desabasto de gasolina era una muy grande para demostrar liderazgo, sensibilidad, capacidad de respuesta y de organización. Sin embargo, fue desperdiciada por aquellos que se supone deben velar por los intereses de las personas que los eligieron para gobernar, que no quisieron o no supieron aprovechar la situación para mostrar a la gente que no se equivocó al votar por ellos.

No hubo nadie en el gobierno federal, estatal o municipal, que saliera al ruedo y tomara el toro por los cuernos, para ofrecer opciones a la gente, si no para solucionar el problema de raíz, sí para paliar de la mejor manera posible la escasez de combustible. Ni siquiera hubo quien ofreciera información confiable sobre el estatus de la situación.

El más cercano fue el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien hizo las gestiones necesarias para facilitar la compra e importación de gasolina desde Texas, para abastecer a las estaciones de servicio de su entidad.[41] Otros, como el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se quedaron con los brazos cruzados, a la espera de que el gobierno de López Obrador resolviera el problema, aduciendo que el abasto de combustible es un tema federal.[42]

Establecer un calendario para surtir gasolina, topar el máximo de carga por vehículo e incluso decretar un asueto laboral para dar oportunidad a las gasolineras de abastecerse al 100%, para reanudar el servicio una vez que hubiera combustible suficiente para todos, eran acciones viables de tomar por las autoridades. Incluso se pudo aprovechar la coyuntura para promover la movilidad alternativa, como el uso de
la bicicleta pública o el auto compartido, así como para avanzar en materia de trasporte público y el uso de vehículos que no requieren gasolina para moverse. La situación era favorable para llevar adelante iniciativas en la materia, en especial entre aquellos que solo ven al automóvil y a los motores de combustión interna como medio para desplazarse. Pero la creatividad y el interés en la materia brillaron por su ausencia.

 

  1. Más caro el caldo que las albóndigas

Nadie discute la necesidad de combatir el huachicol. Desde el año 2000, en que Pemex documentó las primeras tomas clandestinas en sus ductos, la sustracción, almacenamiento y comercialización ilegal
de combustible creció hasta convertirse en un ilícito mayúsculo y uno de los negocios que mayores ingresos económicos aportaban al crimen organizado.[43] Por ello, la iniciativa presidencial para enfrentar este problema recibió el respaldo de todos los sectores, pero la torpe instrumentación de la estrategia y la táctica, unida a la cerrazón por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para escuchar los
reclamos y hacer los ajustes requeridos, terminó por hacer que la guerra contra el huachicol tuviese un elevado impacto económico y social.

Las fallas en la logística para la distribución de combustible provocaron que fuese más caro el caldo que las albóndigas, como se dice coloquialmente, pues el costo para la economía del país, en los dos meses que hubo escasez de carburante, superó con creces el presunto “ahorro” que el presidente espera lograr al erradicar el huachicol.

No fallarle ni mentirle al pueblo son dos de las principales banderas políticas de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, en este caso faltó a la verdad al aseverar, primero, que no había desabasto y, luego, al asegurar que había gasolina suficiente para atender las necesidades del país; a lo que se suma que el principal afectado por la guerra contra el huachicol resultó ser el pueblo, que sufrió para abastecerse del combustible necesario para realizar sus actividades cotidianas, y que incluso registró víctimas mortales en Tlahuelilpan por la torpe actuación de las autoridades.

Empezando por el presidente, fallaron prácticamente todos los eslabones en la cadena gubernamental, tanto a escala federal como estatal y municipal, para atender y resolver de forma eficiente el desabasto de combustible y las afectaciones secundarias derivadas por esto mismo.

Y como cereza en el pastel se tiene que se echaron las campanas al vuelo y se cantó victoria a las primeras de cambio, cuando el huachicol es una actividad que, por el beneficio económico que reporta, no será fácil de erradicar y lo más probable es que reaparezca en cuanto las autoridades desvíen la mirada hacia otro lado, en especial porque la estrategia puesta en marcha no es la adecuada, no se le han hecho los ajustes necesarios para que funcione mejor y, hasta donde se sabe, no se tiene previsto qué hacer a largo plazo para desincentivar esta práctica, pues, como reconoció el propio presidente, “Nunca se pensó en un plan para atender a la gente que ya estaba participando en estas actividades”,[44] y aún no se hace.

 

[*]  Es licenciado en Ciencias de la Comunicación. Fue reportero y subeditor en la sección de Economía del diario Siglo 21 y editor de las secciones de Negocios, Ciudad y Región, Universitarios y El Tema en el periódico Público (hoy Milenio Jalisco). Coordinó la colección Análisis Plural de 2015 a 2017. Actualmente es editor en la Oficina de Publicaciones del ITESO. Correo electrónico: jorgevaldivia@iteso.mx

 

[1].     Presidencia de la República. “Presidente López Obrador presenta Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex: ‘No habrá tolerancia para nadie’” (comunicado de prensa), Ciudad de México, 27 de diciembre de 2018. Recuperado el 17 de mayo de 2019, de https://www.gob.mx/presidencia/prensa/presidente-lopez-obrador-presenta-plan-conjunto-de-atencion-a-instalaciones-estrategicas-de-pemex-no-habra-tolerancia-para-nadie?idiom=es

[2].    Idem.

[3].    Idem.

[4].    Clausewitz, C. von. De la guerra. Librodot.com, 2002. Recuperado el 21 de mayo de 2019, de https://lahaine.org/amauta/b2-img/Clausewitz%20Karl%20von%20-%20De%20la%20guerra.pdf

[5].    Ibidem, p.54.

[6].    Ibid, p.144.

[7].        Pese al impacto económico y las incomodidades que generó el desabasto, la popularidad del presidente se mantuvo alta, según reportaron diversas encuestas, lo que algunos analistas atribuyeron al respaldo popular al discurso de Andrés Manuel López Obrador sobre el combate al crimen y la corrupción, que se vinculó a la guerra contra el huachicol, así como a que la falta de combustible no afectó de forma importante a la gente que utiliza el trasporte colectivo u otros medios para sus traslados, que es una parte importante de la población. Véase: Soto Viterbo, F. “¿Por qué la popularidad de AMLO creció en plena escasez de gasolina?, Negocios Inteligentes, 14 de enero de 2019. Recuperado el 20 de julio de 2019, de https://negocios-inteligentes.mx/por-que-la-popularidad-de-amlo-crecio-en-plena-escasez-de-gasolina/; Abundis, F. “¿Por qué el desabasto no afecta al Presidente?”, Milenio, 18 de enero de 2019. Recuperado el 21 de julio de 2019, de https://www.milenio.com/opinion/francisco-abundis/columna-francisco-abundis/por-que-el-desabasto-no-afecta-al-presidente

[8].    Véase: “Escasez de gasolina desata compras de pánico en al menos seis estados”, El Universal, 6 de enero de 2019. Recuperado el 19 de julio de 2019, de https://www.eluniversal.com.mx/estados/escasez-de-gasolina-desata-compras-de-panico-en-al-menos-seis-estados; Flores, L. “Compras de pánico de gasolina provocan desabasto en Nuevo León”, El Economista, 22 de enero de 2019. Recuperado el 19 de julio de 2019, de https://www.eleconomista.com.mx/estados/Compras-de-panico-de-gasolina-provocan-desabasto-en-Nuevo-Leon-20190122-0076.html

[9].    “Se necesitarán 5 mil 500 pipas diarias”, El Financiero (columna de opinión “Cuarta Transformación”), 8 de enero de 2019. Recuperado el 20 de febrero de 2019, de https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/cuarta-transformacion/se-necesitaran-5-mil-500-pipas-diarias

[10].    García Bello, A. “Gasolina en México ¿desabasto, escasez o un problema de logística?”, 14 de enero de 2019. Recuperado el 10 de junio de 2019, de https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/dnoticias/articles/gasolina-en-mexico-problema-de-logistica.html

[11].    “Renta Pemex 3 mil 400 pipas para cubrir desabasto de gasolina”, Línea Directa, 11 de enero de 2019. Recuperado el 5 de febrero de 2019, de https://lineadirectaportal.com/mexico/renta-pemex-3-mil-400-pipas-para-cubrir-desabasto-de-gasolina/

[12].    La Jornada. “5 mil militares vigilan 6 mil kilómetros de ductos ‘críticos’ de Pemex”, Vanguardia, 15 de enero de 2019. Recuperado el 22 de mayo de 2019, de https://vanguardia.com.mx/articulo/5-mil-militares-vigilan-6-mil-kilometros-de-ductos-criticos-de-pemex

[13].    García Caudillo, A. “Reforzarán la vigilancia en once ductos de Pemex”, Notisistema, 16 de enero de 2019. Recuperado el 22 de mayo de 2019, de https://www.notisistema.com/noticias/reforzaran-la-vigilancia-en-once-ductos-de-pemex/

[14].    Gutiérrez, E.M. “En Jalisco, 85% de estaciones cerradas por falta de gasolina”, Milenio, 22 de enero de 2019. Recuperado el 25 de enero de 2019, de https://www.milenio.com/politica/comunidad/jalisco-85-estaciones-cerradas-falta-gasolina ; Álvarez, X. “Gobernador de Guanajuato da por terminada crisis de desabasto de gasolina”, El Universal, 15 de febrero de 2019. Recuperado el 6 de junio de 2019, de https://www.eluniversal.com.mx/estados/gobernador-de-guanajuato-da-por-terminada-crisis-de-desabasto-de-gasolina

[15].    Valdivia García, J. “Ante el desabasto de gasolina, ciudadanos salen al quite”, Expansión, 31 de enero de 2019. Recuperado el 3 de junio de 2019, de https://expansion.mx/opinion/2019/01/31/opinion-ante-el-desabasto-de-gasolina-ciudadanos-salen-al-quite

[16].    Idem.

[17].    Hernández, L. “Concanaco advierte pérdidas por 30 mil mdp si continúa el desabasto de combustible”, El Financiero, 6 de febrero de 2019. Recuperado el 20 de marzo de 2019, de https://www.elfinanciero.com.mx/economia/concanaco-advierte-perdidas-por-30-mil-millones-de-pesos-si-continua-el-desabasto-de-combustible

[18].    González, L. “Industria ha perdido 20,000 millones de pesos por desabasto de gasolina”, El Economista, 17 de enero de 2019. Recuperado el 30 de enero de 2019, de https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Industria-nacional-alcanzo-perdidas-por-20000-millones-de-pesos-por-el-desabasto-de-gasolina-Concamin-20190117-0082.html

[19].       “Guanajuato tuvo pérdidas por 15 mil mdp durante desabasto de combustible: constructores”, Vanguardia, 15 de febrero 2019. Recuperado el 28 de febrero de 2019, de https://vanguardia.com.mx/articulo/guanajuato-tuvo-perdidas-por-15-mil-mdp-durante-desabasto-de-combustible-constructores

[20].   CitiBanamex. “México, interrumpido”, 15 de enero de 2019. Recuperado el 8 de junio de 2019, de https://www.banamex.com/sitios/analisis-financiero/pdf/Economia/InflacionyPoliticaMonetaria/Mexicointerrumpido190115.pdf

[21].    “Pérdidas por $28 mil 110 millones por desabasto de gasolinas”, La Jornada, 28 de enero de 2019. Recuperado el 20 de junio de 2019, de https://vanguardia.com.mx/articulo/perdidas-por-28-mil-110-millones-por-desabasto-de-gasolinas. Véase también: Banorte. “Nota especial: Anticipamos un impacto moderado en el PIB ante la falta de suministro de combustibles”, en Boletín Semanal, 25 de enero 2019, pp. 17–19.

[22].   “Uso de pipas por desabasto le costó 487 mdp a Pemex”, am, 21 de febrero de 2019. Recuperado el 26 de junio de 2019, de https://www.am.com.mx/noticias/Uso-de-pipas-por-desabasto-le-costo-487-mdp-a-Pemex-20190221-0084.html

[23].   “Varados, 24 buques en Veracruz; suman hasta un mes sin descargar combustibles”, Excelsior, 11 de enero de 2019. Recuperado el 15 de junio de 2019, de https://www.excelsior.com.mx/nacional/varados-24-buques-en-veracruz-suman-hasta-un-mes-sin-descargar-combustibles/1289625

[24].   De la Rosa, T. “Desabasto de gasolina con impacto de 0.49% al pib”, Eje Central, 15 de febrero de 2019. Recuperado de http://www.ejecentral.com.mx/desabasto-gasolina-impacto-0-49-del-pib/

[25].      Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). “Producto interno bruto de México durante el primer trimestre de 2019” (comunicado de prensa núm. 292/19), 24 de mayo de 2019. Recuperado el 12 de junio de 2019, de https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=5010

[26].   Franco, F. “Desabasto de gasolina impactó en el crecimiento del país: Banxico”, El Heraldo de México, 30 de abril de 2019. Recuperado el 15 de mayo de 2019, de https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/desabasto-de-gasolina-impacto-en-el-crecimiento-del-pais-banxico/

[27].      Presidencia de la República. “En México tenemos gasolina suficiente; se normalizará abasto garantizando que no haya robo de combustibles, afirma presidente López Obrador” (comunicado de prensa), 7 de enero de 2019. Recuperado el 17 de junio de 2019, de https://www.gob.mx/presidencia/prensa/en-mexico-tenemos-gasolina-suficiente-se-normalizara-abasto-garantizando-que-no-haya-robo-de-combustibles-afirma-presidente-lopez-obrador

[28].   El mensaje en Twitter y el video se puede ver en: https://twitter.com/GobiernoMX/status/1082810751386030087

[29].   “Pemex niega desabastecimiento de gasolina en cdmx y pide evitar compras de pánico”, Reporte Índigo, 8 de enero de 2019. Recuperado el 20 de junio de 2019, de https://www.reporteindigo.com/reporte/pemex-niega-desabastecimiento-de-gasolina-en-cdmx-y-pide-evitar-compras-de-panico/

[30].   “Fuga en ducto agravó desabasto de gasolina: AMLO pide paciencia y no caer en pánico”, Animal Político, 9 de enero de 2019. Recuperado el 15 de enero de 2019, de https://www.animalpolitico.com/2019/01/fuga-ducto-desabasto-gasolina-amlo-paciencia/

[31].    Petróleos Mexicanos. “Pemex exhorta a los mexicanos a evitar compras de pánico” (comunicado de prensa 05/2019), 9 de enero de 2019. Recuperado el 20 de mayo de 2019, de http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2019-005-nacional.aspx

[32].   Presidencia de la República. “En México tenemos gasolina suficiente…”, op. cit.

[33].   Neri, A. “Por cargar bidón, se incendia gasolinera en Ocotlán, Jalisco”, W Radio, 9 de enero de 2019. Recuperado el 26 de mayo de 2019, de http://wradio.com.mx/emisora/2019/01/10/guadalajara/
1547090545_457857.html

[34].   “Cómo ocurrió la explosión, antecedentes de ordeña y la actuación del Ejército: Lo que se sabe de la tragedia en Tlahuelilpan”, Animal Político, 20 de enero de 2019. Recuperado de https://www.animalpolitico.com/2019/01/como-exploto-ducto-tlahuelilpan-hidalgo/

[35].   Presidencia de la República. “Conferencia de prensa encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador 19 de enero de 2019”. Recuperado de https://www.gob.mx/presidencia/prensa/conferencia-de-prensa-encabezada-por-el-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-19-de-enero-de-2019?idiom=es

[36].   Idem.

[37].   Noticieros Televisa. “Completamente regularizado el abasto de combustible en México, anuncia Pemex”, Televisa.News, 23 de abril de 2019. Recuperado de https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/pemex-completamente-regularizado-abasto-combustible-mexico/

[38].   Presidencia de la República. “Conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, del 22 de mayo de 2019″ (versión estenográfica). Recuperado el 25 de mayo de 2019, de https://www.gob.mx/presidencia/prensa/conferencia-de-prensa-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-22-de-mayo-de-2019-201282

[39].   Idem.

[40].   “Discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en su segundo informe trimestral”, 1 de julio de 2019. Recuperado el 2 de julio de 2019, de https://lopezobrador.org.mx/2019/07/01/discurso-de-andres-manuel-lopez-obrador-presidente-constitucional-de-los-estados-unidos-mexicanos-en-su-segundo-informe-trimestral/

[41].    “Guanajuato recibe 9.7 millones de gasolina proveniente de Texas”, Excelsior, 15 de enero de 2019. Recuperado el 20 de mayo de 2019, de https://www.excelsior.com.mx/nacional/guanajuato-recibe-97-millones-de-gasolina-proveniente-de-texas/1290375

[42].      “Gobernador de Jalisco tacha de ‘ocurrente’ a Diego Sinhue por querer comprar gasolina en Texas”, Correo, 14 de enero de 2019. Recuperado el 18 de mayo de 2019, de https://periodicocorreo.com.mx/gobernador-de-jalisco-tacha-de-ocurrente-a-diego-sinhue-por-querer-comprar-gasolina-en-texas/

[43].   Arroyo Macías, E.M. “Huachicoleros, la naturalización del mercado de la ilegalidad”, Delinquir sin castigo, la marca del sexenio (Análisis Plural, primer semestre de 2017), ITESO, Guadalajara, 2017, pp. 65–78.

[44].   Presidencia de la República. “Conferencia de prensa encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador 19 de enero de 2019”, op. cit.

 

La apuesta democrática de la reforma laboral 2018

Eleocadio Martínez Silva[*]

 

Resumen: Desde una mirada sociológica este texto aborda los alcances de la reforma laboral de 2018. Más que ofrecer conclusiones que hagan un cierre para el debate acerca del impacto del paquete democratizador de la reforma en el futuro del trabajo se busca abrir la discusión con la incorporación de interrogantes, como hasta qué grado de autonomía el nuevo régimen político estará dispuesto a conceder al movimiento obrero.

Palabras clave: Reforma laboral, sindicatos, democracia.

 

Abstract: From a sociological perspective, this text addresses the scope of the 2018 labor reform. Rather than offer conclusions to close the debate regarding the
impact of the democratizing package on the future of labor, it seeks to open up the discussion by posing questions, such as how much autonomy the new political regime is willing to grant the workers movement.

Key words: Labor reform, unions, democracy.

 

Las crisis de la deuda externa y del auge petrolero en los albores de la década de los ochenta produjeron una prolongada crisis económica que en el mundo del trabajo se expresó en el incremento del desempleo y la desindustrialización. Crisis que dejó con malos salarios a los que conservaron sus empleos y en peores condiciones a millones de sub-empleados y desempleados. La propuesta a la salida a la crisis se dio a través de la transición al neoliberalismo integrando al país en la cadena de producción global. Para atraer y mantener la inversión extranjera el trabajo tendría que adaptarse a las necesidades de producción de los capitales globales que operan en el espacio nacional, lo que derivó en el control de los salarios y de las organizaciones de los trabajadores.

La trasformación neoliberal en el mundo del trabajo no ha sido obra de las comunidades que lo conforman. Los modelos político–administrativos que han guiado la trasformación del mundo laboral fueron diseñados por organizaciones supranacionales (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio), importados por el gobierno federal y operacionalizados por la alta burocracia sindical, gubernamental y empresarial. A los sindicatos le correspondió solo la instrumentación de los cambios dictados a pesar del daño causado a los trabajadores.[1]

Todo indica que el actual modelo globalizador neoliberal ha entrado en crisis después de 40 años de existencia. En lo externo se expresa en las acciones proteccionistas de Estados Unidos e Inglaterra. En el plano interno en los límites que el nuevo gobierno de izquierda surgido de las elecciones presidenciales de 2018 ha impuesto a la agenda neoliberal en temas como las privatizaciones y la inversión extranjera directa en áreas estratégicas como la energética y telecomunicaciones. La narrativa predominante es mejorar las condiciones salariales de los trabajadores.

En el mundo del trabajo la autollamada “cuarta transformación” está redefiniendo las relaciones entre el capital y el trabajo, así como la autonomía de los trabajadores frente al estado. En esta nueva coyuntura de cambio de régimen el gobierno lopezobradorista decretó aumentos en los salarios mínimos por encima de la inflación, con lo que se cuestionó uno de los pilares macroeconómicos del modelo neoliberal que alertaba sobre el impacto inflacionario de los salarios. En este mismo tenor el ejecutivo federal incrementó los salarios en la frontera norte del país, sin que los empresarios presentaran resistencia velada.

En esta nueva coyuntura también asistimos al surgimiento de nuevos sindicatos, como la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT) que disputan la hegemonía a las grandes y antiguas organizaciones obreras, como la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Las trabajadoras y los trabajadores de las maquilas llevan a cabo movimientos huelguísticos inusitados por aumentos salariales sin que los patrones presenten una resistencia a ultranza como en tiempos no muy remotos y el estado asume un papel activo facilitando una salida negociada, por una parte, tranquilizando a las trasnacionales, y por otra concediendo el aumento a los trabajadores.

En este contexto de cambio de régimen “súbitamente” los trabajadores obtuvieron un regalo inesperado del estado mexicano en el ámbito de la democracia sindical con la reforma laboral de 2018. Esta acción estatal sorprendió a propios y extraños debido a que aparentemente la democracia sindical no formaba parte de la agenda de los trabajadores, al menos desde la insurgencia sindical en la década de los setenta. Tampoco el paquete democratizador de la vida sindical sorprendió a los grandes sindicatos corruptos y organizaciones empresariales, por lo que no se presentaron resistencias.

Del mismo modo llama la atención que la agenda democrática de la reforma laboral despertara poco entusiasmo entre las bases trabajadoras y menos aun entre la población en general, no así en el gremio de abogados laborales, académicos y en algunos sindicatos independientes que por años lucharon por democratizar la vida sindical.

El escaso entusiasmo sobre el paquete democrático se puede explicar por el hecho de que desde la década de los ochenta, tras la derrota de la insurgencia sindical de los años setenta, la energía social de trasformación del país se canalizara al cambio institucional para garantizar la democracia electoral mexicana con el subsecuente “abandono” en el interés por las luchas obreras.[2] Asimismo, el desinterés social se explicaría por la debilidad de la clase trabajadora tras la brutal desindustrialización del país a lo largo de seis sexenios neoliberales, basta recordar que actualmente la mayoría de los asalariados mexicanos se encuentran ubicados en el sector servicio y comercio, seguido por el secundario y muy atrás por el agrícola, después de que México se abriera unilateralmente al mercado de bienes y capitales, primero cuando ingresó a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y luego cuando firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Más allá del escaso entusiasmo en la sociedad mexicana, la realidad es que la reforma laboral de 2018 representa un cuestionamiento radical de prácticas corruptas en el mundo del trabajo como son, entre otras: el contratismo de protección, la intervención sesgada de las Juntas de Conciliación y Arbitraje en los procesos de negociación colectiva, el control empresarial sobre la formación de sindicatos a través de la manipulación de los procedimientos estatutarios.

La reforma laboral introduce cambios en:

  • Justicia laboral. Se sustituyeron las tripartitas Juntas de Conciliación y Arbitraje, con una larga historia de tutelaje de los trabajadores para su control, por tribunales del Poder Judicial (federal y local): instancia encargada de resolver los conflictos entre trabajadores y patrones cuando se haya agotado la instancia conciliadora, es decir, el trabajo de los nuevos centros de Conciliación y Registro Laboral que también se planea crear. Estarían bajo la dirección de los poderes judiciales federal y de los estados y su resolución sería definitiva.
  • Libertad sindical. En la parte política a los trabajadores se les dará el voto. Decidirán de manera libre, directa y secreta su afiliación sindical. Tendrán el derecho de construir sindicatos sin necesidad de autorización previa (toma de nota). Además, podrá existir más de
    un sindicato en las empresas, pero solamente uno, el que tenga el mayor respaldo de los trabajadores, tendrá la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Sus sindicatos podrán adherirse libremente a las Federaciones de Sindicatos.
  • Contratación colectiva. Se constituirán centros de Conciliación y Registro Laboral para legitimar las contrataciones colectivas de los trabajadores, evitando así la práctica de los contratos de protección
    (sindicatos falsos) que tanto deslegitimaron la contratación colectiva y al sindicalismo. Con la reforma laboral los contratos
    colectivos deberán de contar con treinta por ciento de las firmas de los trabajadores.

En suma, se cambiaron medios institucionales que permiten a los trabajadores presionar a favor de sus intereses, democratizando el mundo del trabajo al impulsar el voto personal, libre, secreto y directo de los trabajadores en la elección del sindicato, de liderazgos y sancionar los contratos colectivos de trabajo.

Una de las principales interrogantes y poco atendidas respecto de la reforma laboral es sobre los alcances y consecuencias que tendrá como mecanismo democratizador en el mundo del trabajo. Durante el primer semestre de 2019, la discusión ha sido monopolizada, salvo algunas excepciones, por los abogados laborales, que han presentado una mirada atrapada en la fetichización de los códigos y reglamentos de la reforma laboral dejando de lado la interacción de los actores sociales involucrados: trabajadores, empresarios y estado, algo que los ha llevado a asumir una postura muy optimista y estrecha sobre el impacto de la reforma en el futuro del trabajo. La hipótesis es que la competencia por la titularidad de la representación sindical derivará en mejoras en las negociaciones de los contratos colectivos de trabajo.

Captar la magnitud de la reforma laboral para el futuro del trabajo requiere un análisis que vaya más allá de la discusión de códigos, reglamentos y apartados, o a su instrumentación y el acceso a recursos
públicos para su funcionamiento. Se requiere una perspectiva sociológica que capte la interacción entre sindicatos, empresarios y estado.

Un punto de partida en este sentido es ubicar el origen de la reforma laboral de 2018 y a partir de ahí hacer inferencias sobre el futuro del trabajo en México. En esta dirección, la generalidad de los analistas de la reforma sitúa su “hechura” en actores sociales internacionales: en el tema democrático a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el salarial a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, así como a los sindicatos de estos países, todo en el contexto del nuevo acuerdo comercial conocido como T-MEC.

Como se recordará, en diciembre de 2015 el presidente Enrique Peña Nieto (2012–2018) firmó el convenio 98 de la OIT. En 2018 el Senado de la República, dominado por la izquierda mexicana, lo ratificó. En términos generales el mencionado convenio es un llamado de la OIT a los países miembros para que se garantice la protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo (artículo 1);  que las organizaciones de trabajadores y de empleadores gocen de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras, ya se realice directamente o por medio de sus agentes o miembros, en su constitución, funcionamiento o administración (artículo 2).

Este hecho fue relevante para los trabajadores del país pues tuvieron que pasar cuatro décadas para que el tema obrero volviera a ocupar un lugar central en la agenda nacional. En el plano del derecho internacional ratificar el convenio por el gobierno ubicaba a México en la ruta de democracia sindical de otros países democráticos. Una especie de proceso civilizatorio del que el país ya no podría estar al margen.

Pocos meses después de la ratificación del convenio 98, en el contexto de los acuerdos para la renegociación del tratado de libre comercio de Estados Unidos–México–Canadá se empezó a plantear desde Estados Unidos la necesidad de que México llevara a cabo una reforma laboral tendiente a reducir la brecha salarial entre los tres países, sobre todo en el sector manufacturero, pues se aseguraba que con la elevación de los estándares laborales en México habría un menor incentivo para que las empresas se muevan al país por los bajos salarios. Hay que recordar que los promotores del libre comercio y del TLCAN prometieron la convergencia entre los niveles de vida de los dos países. Pero, como es de conocimiento general, con el TLCAN no se cerró la grieta en el ingreso medio.

Otra versión acerca del origen del paquete democrático lo ubica como parte de la agenda del gobierno de izquierda que asumió el poder en 2018. Se conoce que un grupo de abogados laboristas cercanos a la “cuarta transformación” e impulsores históricos del cambio democrático en la vida sindical trabajaron arduamente en la propuesta de reforma laboral del ejecutivo federal y que aprobó el Senado de la República en el que el partido del presidente, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), es mayoría.

Como se podrá apreciar, en las versiones sobre la “hechura” de la reforma laboral los trabajadores y sus organizaciones sindicales están ausentes, hecho que sesga el análisis sobre las consecuencias que podría tener el paquete democrático de la reforma. Subestimar a la clase trabajadora es recurrente en los análisis en América Latina. A decir de Viviane Brachet:

En la periferia capitalista, se ha tendido a subestimar o ignorar la influencia democratizadora que tuvieron las luchas obreras sobre las sociedades principalmente a causa de la situación incipiente y fragmentaria del proletariado en las sociedades que la conforman. En tales contextos, las concesiones a los asalariados han sido interpretadas, por lo general, como el resultado de intervenciones estatales para promover el desarrollo político.[3]

Viviane Brachet nos recuerda que en el antiguo régimen político la piedra angular del Poder Ejecutivo era su habilidad para designar las direcciones de los tres sectores del partido oficial, léase el Partido Revolucionario Institucional (PRI): obrero, CTM; campesino, la Confederación Nacional Campesina (CNC), y popular, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) (suprimiendo la democracia al interior de estos).

Más que un sistema de representación de intereses este corporativismo es comprendido, en el contexto mexicano, como un mecanismo para limitar la articulación de los intereses de las clases subordinadas mediante el control estatal de los líderes de los sectores, quienes por su lado deben de garantizar que sus afiliados voten por el partido oficial.[4]

La imagen que se tenía en la década de los setenta era la de una base de trabajadores desactivada y un liderazgo popular cooptado, realidad que se ha trasformado en años recientes por la mayor pluralidad política en las legislaturas desde la década de los ochenta.

Aun en un contexto corporativo de máximo control y coerción, en momentos ocasionales en la agenda del movimiento obrero mexicano la lucha por la democracia sindical ha estado presente, desafiando con protestas el control del estado, no solo en asuntos políticos sino también en temas contractuales, así se expresan en la deserción masiva de los sindicatos oficiales y en los combates por la democracia sindical en la década de los cuarenta, como nos lo recuerda el famoso episodio —conocido como el “charrazo” sindical— en el que se destituyó (y encarceló) a Luis Gómez Zepeda de la dirigencia del Sindicato Nacional de Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM). Esta fórmula ha sido utilizada con frecuencia para suprimir la democracia sindical en México.[5]

Un episodio de lucha de los trabajadores por la autonomía sindical, piedra angular de la reforma laboral de 2018, se presentó en un contexto de fin del partido de estado que imperó en México durante más de siete décadas. En plena transición política el Sindicato Nacional de Trabajadores, Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM) cuestionó abiertamente el pacto del gobierno federal con los máximos dirigentes de la CTM aglutinando a un amplio espectro de organizaciones, como las que adhieren a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), en acciones de confrontación con el estado.[6]

La autonomía sindical posibilitó beneficios para los trabajadores siderúrgicos y mineros en materia salarial y contractual. Por ejemplo, en 2005 la sección 271 del sindicato minero–metalúrgico logró, mediante una huelga de más de un mes de duración, arrancar a lo que fue Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas (Sicartsa) un incremento salarial de 8% al tabulador, de 34% en prestaciones, además de un bono de 7,250 pesos para cada trabajador. En ese mismo año la sección sindical 147 de mineros había enfrentado al Grupo Acerero del Norte (GAN) por violaciones a los derechos de los trabajadores. En el primer sexenio panista el sindicato había logrado incrementos en salarios de 12% y 14%, así como aumentos en las prestaciones, en términos de educación, de seguros de vida, de vivienda, de protección a la vida y a la salud de los trabajadores. Los salarios de los trabajadores han estado por arriba de la inflación 4, 5 o 6 puntos porcentuales, resultando con incrementos de 9% directo al salario y por lo menos 4% o 5% en prestaciones.[7]

Para Francisco Zapata la negociación exitosa del contrato colectivo por el sindicato minero puso en aprietos la política de contención salarial del gobierno.

Esa negociación cambió los términos de la relación que el sindicalismo corporativo había mantenido hasta ese momento con la política macroeconómica, de apoyo incondicional, que se había manifestado en los acuerdos de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, con el concurso de los representantes de la CTM en dicho organismo.[8]

Esta lucha por la autonomía sindical frente al estado fue frenada por el gobierno de la primera transición política mexicana de Vicente Fox (2000–2006) y por los subsecuentes gobiernos de Felipe Calderón (2006–2012) y Enrique Peña Nieto (2012–2018), como también por los patrones, desconociendo a la dirigencia sindical encabezada por Napoleón Gómez Urrutia.[9]

La lección que deja esta reacción del estado mexicano, en un contexto de transición democrática conservadora, ante la demanda de los trabajadores de mayores márgenes de autonomía sindical fue poner en claro los límites que estaba dispuesto a conceder en la materia, que en esencia fue refrendar el pacto corporativo con las grandes centrales obreras nacionales, principalmente con la CTM.[10]

De lo hasta aquí expuesto se desprenden algunas claves que ayudan a comprender las posibles consecuencias de la reforma laboral de 2018 para el futuro del trabajo no solo en términos políticos sino también en los contractuales.

  • Primera. La agenda democrática ha estado presente en momentos ocasionales en el movimiento obrero nacional apareciendo según la coyuntura política y económica, así como el clima ideológico.[11] La reforma laboral de 2018 forma parte de la segunda “ola” democratizadora del país del siglo XXI.[12] El triunfo de la izquierda en las elecciones presidenciales abrió una ventana para que el anhelo democrático se expandiera a sectores de la sociedad como el de los sindicatos.
  • Segunda. El proceso de cambio institucional en el mundo del trabajo está siendo acompañado por el surgimiento de nuevos actores sindicales. Por ejemplo, el denominado Petroleros de México (Petromex) le disputa la titularidad del contrato colectivo de trabajo al sindicato petrolero, el Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (SNTPRM); emerge la CIT para disputarle la hegemonía corporativa a la CTM. Lo mismo acontece en el Seguro Social, en donde el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores del Seguro Social (SNDTSS) surge para disputarle la titularidad al poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS); coaliciones sindicales independientes como la UNT se fortalecen construyendo vínculos con el nuevo régimen. Por otro lado, los tribunales judiciales emergen como un nuevo actor en sustitución de las juntas de conciliación y arbitraje.

La reforma laboral de 2018 sin duda representa avances significativos por la creación de una institucionalidad laboral en la que se suprime el control sobre los márgenes de acción de los sindicatos. La reforma reduce significativamente las posibilidades de que los capitalistas y los sindicatos corruptos violenten los derechos democráticos de los trabajadores. De ahí la posibilidad de que la reforma laboral abra un nuevo espacio inédito en el que los capitalistas y los trabajadores habrán de aprender a convivir, tal como lo han venido haciendo —en condiciones asimétricas— desde la promulgación del 123 constitucional.

Lo que nos ha enseñado la historia del movimiento obrero es que las reformas laborales obreristas a lo largo del siglo XX son importantes porque los trabajadores pueden recurrir a ellas en cada uno de los enfrentamientos que sostienen con el capital para mejorar su situación de clase.[13] En este sentido, los trabajadores con seguridad recurrirán ocasionalmente al paquete democrático de la reforma laboral de 2018, tal como lo han hecho con el artículo 123 constitucional, para legitimar sus luchas. Pero dado el carácter fragmentado del proletariado mexicano la democratización sindical se dará de manera también fragmentada según la empresa, el sector, la región.

Las interrogantes que se abren es conocer hasta qué grado de autonomía el nuevo régimen político estará dispuesto a conceder al movimiento obrero, y si estamos frente a un nuevo escenario donde la relación
histórica podría experimentar una readecuación que cambiaría la relación de subordinación del sindicalismo al estado.[14] Interrogantes que solo podrán ser respondidas en el mediano plazo. En lo que
no hay duda es en una continuidad de la subordinación del sindicalismo mexicano al estado, lo que no se conoce es el grado de autonomía a ceder por el nuevo régimen inaugurado en 2018.

 

[*]  Doctor en Sociología por El Colegio de México. Profesor de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Línea de investigación en identidades laborales y profesionales.

 

[1].     Zapata Schaffeld, F. “Hacia una sociología del desempleo”, Boletín Editorial de El Colegio de México, núm. 138, México, marzo–abril de 2009, pp.20–27.

[2].    Como dato anecdótico, el primer presidente del Instituto Federal Electoral, José Woldenberg, fue un prominente analista y militante del movimiento obrero en la década de los setenta.

[3].    Brachet, V. El pacto de dominación. Estado, clase y reforma social en México (1910–1995), El Colegio de México, Ciudad de México, 1994, p.16.

[4].    Ibidem, p.42.

[5].    Op. cit.

[6].    Zapata, F. “Del corporativismo a la autonomía sindical. Las estrategias del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM) (2005-2015)” en Belmont, E., Martínez, E. y Rojas, G. (coords.), Emerger de los escombros. Nuevos contextos y actores de la reestructuración productiva en México, Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad Autónoma de Nuevo León, Plaza y Valdez, Ciudad de México, 2018.

[7].    La industria siderúrgica en México. INEGI, Ciudad de México, 2009.

[8].    Zapata, F. Op. cit. p.145.

[9].     En el proceso electoral de 2018 Gómez Urrutia fue electo senador de la república a través de Morena.

[10].    Zapata, F. Op. cit.

[11].    Brachet, dixit.

[12].    Una primera “ola” democratizadora se presentó en 2000 con el fin del régimen priista.

[13].    Brachet, dixit.

[14].    Zapata, dixit.

 

Promesas, metas y resultados

Francisco J. Núñez de la Peña[*]

 

Resumen: Con base en la tendencia reciente de los indicadores económicos más usuales prevemos una recesión. El nuevo gobierno no ha demostrado capacidad para hacer crecer a la economía conforme a sus declaraciones (4% anual). Los pronósticos más optimistas del crecimiento del pib en 2019 indican 1.8%. Tal vez esto es inaceptable. En el Plan Nacional de Desarrollo 2019–2024 se dice: “Una de las tareas centrales del actual gobierno federal es impulsar la reactivación económica y lograr que la economía vuelva a crecer a tasas aceptables”.

Palabras clave: incertidumbre, recesión, indicadores económicos, pronósticos, corrupción.

 

Abstract: Based on recent trends in the most–cited economic indicators, recession is on the horizon. The new government has not shown itself capable of stimulating economic growth to the levels it announced (4% annually). The most optimistic forecasts project only 1.8% growth in the gdp in 2019. This might be unacceptable. The 2019–2024 National Development Plan states: “One of the current federal government’s key tasks is to spark economic reactivation and make the economy grow at acceptable rates.”

Key words: Uncertainty, recession, economic indicators, forecasts, corruption.

 

Es desafortunado que la agencia Fitch Ratings penalice doblemente
el balance financiero del país. Por el lado soberano, argumentan
que los riesgos a las finanzas públicas se han incrementado
porque la deuda de Pemex representa pasivos contingentes
para el Gobierno Federal, asumiendo así un apoyo inminente
a la entidad. Al mismo tiempo, la agencia penaliza la calificación
de Pemex por considerar que el respaldo del Gobierno Federal
es moderado e insuficiente. El Gobierno expresa su fuerte
desacuerdo con el enfoque aplicado por esta calificadora.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público [1]

Se crea el Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión,
el Empleo y Crecimiento Económico como una instancia
de vinculación al Ejecutivo Federal, integrado por los sectores
público, privado, sociedad civil y académico.
El Consejo Nacional será una instancia de consulta
que coadyuvará en la planeación, diseño y coordinación
de las acciones del sector público, privado y social,
a fin de promover la inversión, fomentar el desarrollo económico
y fortalecer las fuentes de empleo en el país.

Andrés Manuel López  Obrador[2]

La sumisión al poder presidencial alcanza grados de abyección
que de no ser por la naturaleza del sistema
serían del todo incomprensibles.

Rafael Ruiz Harrell[3]

 

En la introducción del Reporte de estabilidad financiera de junio de 2019 se afirma lo siguiente:

Desde la publicación de la última edición del Reporte, en octubre de 2018, la economía mexicana ha enfrentado un entorno de marcada incertidumbre. En el ámbito internacional destacaron la intensificación del conflicto comercial entre Estados Unidos y China, una desaceleración más pronunciada que lo previsto en la economía global, el apretamiento momentáneo y posterior relajamiento de las condiciones financieras e inestabilidad política en algunos países. En el ámbito interno prevaleció un ambiente de incertidumbre que generó una volatilidad elevada en los mercados financieros nacionales, una depreciación del tipo de cambio y un aumento de las primas de riesgo durante el último trimestre de 2018. Entre los factores que contribuyeron a este comportamiento sobresalen que no se ha ratificado aún el acuerdo comercial para la región de América del Norte, la incertidumbre sobre los efectos de algunas políticas públicas sobre la inversión —como el anuncio de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), los cambios en las políticas públicas en ciertos ámbitos y sectores, como el energético, así como la incertidumbre sobre las perspectivas crediticias de Petróleos Mexicanos (Pemex).

No obstante, desde mediados de diciembre se observó un mejor desempeño de los mercados financieros nacionales debido, en parte, a la aceptación de los inversionistas de la oferta de recompra de bonos del NAIM y el Paquete Económico para 2019 aprobado por el H. Congreso de la Unión, el cual considera un superávit primario de 1% del PIB. Si bien estos factores contribuyeron a un mejor desempeño de los mercados financieros durante los primeros meses de 2019, esta tendencia se revirtió en las últimas semanas debido a: la intensificación del conflicto comercial entre Estados Unidos y China, las tensiones y posibles afectaciones en la relación comercial entre México y Estados Unidos, así como por los anuncios de algunas agencias calificadoras que disminuyeron las calificaciones crediticias, o sus perspectivas, de la deuda de Pemex y del país.

En particular, dos calificadoras asignaron una perspectiva negativa para el riesgo soberano y una de ellas redujo en un escalón su calificación. Las agencias sustentaron las revisiones de calificación y perspectivas de la deuda del país en: i) la incertidumbre sobre la implementación de las políticas públicas y su efecto en la confianza de los inversionistas, ii) cambios en la política energética y, iii) la incertidumbre sobre la situación financiera de Pemex y su plan de negocios. Adicionalmente, las agencias señalaron que estos factores podrían tener implicaciones para las finanzas públicas y el crecimiento económico. Con respecto a la deuda de Pemex, en lo que va del año, dos calificadoras modificaron su perspectiva crediticia de estable a negativa. Otra agencia redujo su calificación en tres escalones, colocándola por debajo del grado de inversión. Esta agencia calificadora argumentó que dicho ajuste es acorde con: i) el descenso de un grado que asignó a la calificación crediticia del soberano, ii) el continuo deterioro del perfil financiero de la empresa y, iii) la falta de inversión para revertir la disminución en su capacidad de producción. El deterioro en la calificación crediticia soberana y de Pemex es un importante factor de riesgo que debe ser atendido.[4]

Según lo anterior, hay mucha incertidumbre. Pero, a mi juicio, hay una certidumbre: el gobierno de Andrés Manuel López Obrador parece incapaz de hacer crecer (más o a una tasa aceptable) a la economía. El foco del discurso presidencial ha sido el combate a la corrupción[5] y la redistribución del ingreso, no el aliento a la productividad de la economía.[6]

Los discursos, las promesas, las buenas intenciones y los anuncios, como, por ejemplo, “Apuesta AMLO a reencuentro con ip para crecer 4%”,[7] tal vez influyen en las expectativas de los agentes económicos, pero no sirven para evaluar la evolución o el estado de una economía. Para ello existen indicadores económicos (producción, empleo, entre otros), pero no se usan en el Plan Nacional de Desarrollo 2019–2024, del cual trascribimos a continuación dos párrafos:

El objetivo de la política económica no es producir cifras y estadísticas armoniosas sino generar bienestar para la población. Los macroindicadores son un instrumento de medición, no un fin en sí. Retomaremos el camino del crecimiento con austeridad y sin corrupción, disciplina fiscal, cese del endeudamiento, respeto a las decisiones autónomas del Banco de México, creación de empleos, fortalecimiento del mercado interno, impulso al agro, a la investigación, la ciencia y la educación […]

Una de las tareas centrales del actual gobierno federal es impulsar la reactivación económica y lograr que la economía vuelva a crecer a tasas aceptables. Para ello se requiere, en primer lugar, del fortalecimiento del mercado interno, lo que se conseguirá con una política de recuperación salarial y una estrategia de creación masiva de empleos productivos, permanentes y bien remunerados.[8]

 

El comportamiento del precio del dólar en pesos, un indicador financiero muy sensible a las señales de incertidumbre, no registró preocupaciones extraordinarias de los participantes en el mercado cambiario entre noviembre de 2018 y mayo de 2019. En promedio, el peso se apreció en este periodo (véase la tabla 3.1).

Sin embargo, si utilizamos el indicador económico más oportuno, el número de asegurados, en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), asociados a un empleo, podemos concluir que la actividad productiva va en descenso,[9] pues el número de asegurados fue menor en mayo de 2019 que en noviembre de 2018, cuando terminó el periodo presidencial anterior (véanse las tablas 3.2 y 3.3).[10] ¿En periodos similares ha ocurrido lo mismo? No (véanse las tablas 3.4 y 3.5).

Por otra parte, según el indicador global de la actividad económica (IGAE), la economía mexicana se encamina hacia una recesión.[11] Y esta tendencia (véase la tabla 3.6) no se debe solo a lo que ocurre en la minería, donde se incluye a la industria petrolera.

La minería ha descendido desde 2005 (véase la figura 3.1) y su ascenso probablemente no ocurrirá en el corto plazo (véase la tabla 3.7).[12]

En términos reales, las variaciones de los ingresos por los impuestos sobre la renta y al valor agregado (dos indicadores de las finanzas públicas) también reflejan la debilidad de la actividad económica en México. Asimismo, el menor gasto público ha contribuido al decrecimiento de la demanda agregada (véase la tabla 3.8).

Con base en las cifras desestacionalizadas, en el primer trimestre de 2019, el producto interno bruto (PIB) fue apenas 0.2% mayor que el de un año antes, y en las actividades secundarias —dos de las cuales son minería y construcción— hubo decremento (–2.1% anual). Con respecto al cuarto trimestre, las variaciones fueron –0.2% y –0.6%, respectivamente (véase la tabla 3.9).

Finalmente, los pronósticos de los economistas en México son cada vez menos optimistas.[13]

 

[*]  Economista. Profesor emérito del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Correo electrónico: fnunez@iteso.mx

 

[1].     Secretaría de Hacienda y Crédito Público. “Comunicado No. 055 Sobre el cambio en las calificaciones crediticias a México y Pemex”, 6 de junio de 2019.

[2].    López Obrador, A.M. “Decreto por el que se crea el Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión, el Empleo y Crecimiento Económico”, Diario Oficial de la Federación, 17 de mayo de 2019

[3].    Ruiz Harrell, R. Exaltación de ineptitudes, Editorial Posada, México, 1986, p.19.

[4].    Banco de México. Reporte de estabilidad financiera, junio 2019. Banxico, 10 de junio de 2019, p.2.

[5].    Las palabras corrupción, corruptas, corrupto o corrupta se utilizan 35 veces en el Plan nacional de desarrollo 2019–2024.

[6].    En términos de la economía mexicana en su conjunto, la corrupción en el gobierno implica una trasferencia —ilegal— de recursos públicos a un determinado grupo de la población (un funcionario público, un sindicato, un partido político, un proveedor de medicinas, un constructor, un familiar, un amigo). Por ejemplo, quien se benefició por haber cobrado de más a una entidad pública, probablemente usará esos ingresos en su provecho (con los recursos mal habidos tal vez construirá un edificio y eso, en la contabilidad nacional, se registrará como formación bruta de capital fijo; además, ese nuevo edificio quizá reportará a su dueño un flujo de ingresos durante algún periodo). Si el gobierno eliminara esas fugas ilegales su gasto sería ser menor, y los excedentes generados podrían destinarse, por ejemplo, a trasferencias legales a otros beneficiarios (los pobres, los artistas, las viudas, los científicos) o a aumentar la capacidad instalada de alguna empresa pública eficiente. El gobierno también podría reducir los impuestos a las empresas o las personas y estas seguramente destinarían esos recursos a la inversión o el consumo. Sin embargo, la cancelación de una obra inconclusa, aunque en su proceso de licitación o construcción haya habido irregularidades, es un desperdicio, incluso si el gobierno recuperara la trasferencia indebidamente otorgada a un beneficiario. El desperdicio es una destrucción de valor.

[7].    Luna, B. “Apuesta AMLO a reencuentro con ip para crecer 4%”, La Razón, 19 de febrero de 2019. Recuperado el 27 de junio, de https://www.razon.com.mx/negocios/apuesta-amlo-a-reencuentro-con-ip-para-crecer-4/

[8].    Plan Nacional de Desarrollo 2019–2024, pp.9 y 51.

[9].    La decisión de contratar personal en un momento determinado (y registrarlo en el IMSS) no depende de las intenciones presidenciales, ni solo de las necesidades presentes, también influyen las expectativas de los empleadores en relación con el futuro próximo en los ámbitos interno y externo.

[10]     Cuando el 19 de junio de 2019 el IMSS dio a conocer sus cifras (comunicado No.169 / 2019) indicó: “En lo que va del año se han creado más de 300 mil empleos. Al 31 de mayo de 2019 se tienen registrados ante el Instituto 20,382,910 puestos de trabajo, de los cuales el 85.7% son permanentes y el 14.3% eventuales”. Pero como el presidente siempre tiene “otra información”, obviamente más favorable (véase al respecto la nota publicada en el periódico Mural el 21 de junio de 2019: “Descalifica López Obrador cifras del Seguro Social”), en el comunicado No.171 / 2019, del 20 de junio, titulado “Creación de empleos de enero a mayo de 2019 es superior al promedio de administraciones anteriores: Zoé Robledo”, se añadió: “De sumar a los Jóvenes Construyendo el Futuro, el número de empleos creados sería de 785 mil en los primeros 5 meses. El titular del IMSS destacó que de los 481 mil 548 jóvenes registrados en este Programa, 259 mil nunca habían estado inscritos en el Instituto. El Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que la creación de empleos en los primeros cinco meses de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador asciende a 303 mil 545 plazas formales, cifra superior a la registrada en las tres administraciones pasadas, que se ubicó en 251 mil en el mismo periodo”.

[11].    En los Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública: primer trimestre 2019 (30 de abril de 2019), aún se percibe cierto optimismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: “En el primer bimestre de 2019, la actividad económica en el país, medida a través del IGAE, continuó mostrando un crecimiento positivo, aunque con una desaceleración, situándose en un incremento real anual de 1.2% respecto al primer bimestre de 2018”.

[12].    Los lectores pueden formar su propio juicio leyendo: “A medio sexenio, Pemex será palanca del desarrollo nacional: presidente AMLO”, 21 de mayo de 2019. Recuperado de https://lopezobrador.org.mx/2019/05/21/a-medio-sexenio-pemex-sera-palanca-del-desarrollo-nacional-presidente-amlo/); el comunicado de prensa “Fitch baja calificaciones de Pemex acorde con soberano”, del 6 de junio de 2019. Recuperado de https://www.fitchratings.com/site/pr/10078344); las notas: Albarrán, E., Monroy, J. y González, L. “López Obrador se enfrenta con agencias calificadoras, El Economista, 7 de junio de 2019, y Ramírez, S. “Bajo lupa, calificadoras que no sean ‘objetivas’”, La Razón, 7 de marzo de 2019; el informe Petróleos Mexicanos, y sus empresas productivas subsidiarias y sus compañías subsidiarias. Estados financieros consolidados por los años terminados el 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016 (con el informe de los auditores independientes), firmado por el director general de Pemex y el director corporativo de finanzas; el “Comunicado No.046 El Presidente López Obrador firma decreto para reducir la carga fiscal de Petróleos Mexicanos y robustecer sus finanzas. Se establecen diversos estímulos fiscales orientados a fortalecer la posición financiera de Pemex”, del 13 de mayo de 2019. También pueden analizar las estadísticas de Pemex disponibles en su portal.

[13].       En marzo de 2019 la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el Fondo Monetario Internacional y las calificadoras de crédito modificaron a la baja sus pronósticos acerca del PIB de México.

 

¿El fin del neoliberalismo?

Luis Ignacio Román Morales[*]

 

Resumen: El “neoliberalismo” ha sido objeto de incalculables críticas a diversas políticas y estrategias específicas, pero raramente se ha precisado el sentido general de aquello que lo caracteriza en términos fácticos. Andrés Manuel López Obrador ha declarado el fin del neoliberalismo y el presente artículo compara tal afirmación con el contenido de las principales políticas gubernamentales en contraste con los diez componentes esenciales del Consenso de Washington.

Palabras clave: Neoliberalismo, Consenso de Washington, AMLO, política económica

 

Abstract: “Neo–liberalism” has been the target of countless critiques with respect to different specific policies and strategies, but what actually characterizes it overall in factual terms is seldom articulated. Andrés Manuel López Obrador has announced the end of neo–liberalism, and this article compares his announcement with the content of his government’s main policies as contrasted with the ten essential components of the Washington Consensus.

Key words: Neo–liberalism, Washington Consensus, AMLO, economic policy.

 

 

El término “neoliberalismo” ha sido el distintivo de gran parte de las críticas a las estrategias económicas que han predominado a escala mundial, sobre todo desde los años ochenta, cuando predominaba en la teoría el monetarismo de Milton Friedman y el Reaganomics como la práctica de defensa del libre mercado, impulsada por el entonces presidente de Estados Unidos.

El 17 de marzo del 2019 el presidente de México declaró formalmente el fin del neoliberalismo en el país. Con la frase “Declaramos formalmente el fin de la política neoliberal” pareció no solo fijarse una postura gubernamental, sino el vuelco de la visión que había predominado durante 37 años: “En México no llevamos a cabo un simple cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Es el momento de expresar que para nosotros ya se terminó con esa pesadilla que fue la política neoliberal”, señaló Andrés Manuel López Obrador (AMLO).[1]

¿A qué se refirió el presidente con “el fin de la política neoliberal”, a qué se refiere por “neoliberalismo”?

El término ha sido tan recurrente como impreciso. El liberalismo económico ha sido una de las formas predominantes en la economía desde mediados del siglo xviii, cuando los fisiócratas enarbolaron
la defensa del libre mercado frente a la protección de los imperios. La frase “laissez faire, laissez passer” (“dejar hacer, dejar pasar”) marcó la bandera de la libertad del mercado, el Tableau Économique de Quesnay (1764) se erguía como el primer texto científico de economía de la historia. Apenas 12 años después Adam Smith, el moralista defensor del individualismo frente a la ineficiencia del estado, publicó La riqueza de las naciones, una de las tres mayores obras de la historia de la economía. Por último, en 1817, David Ricardo terminó de avasallar la lógica feudal y de reivindicar la capitalista internacional con los Principios de economía política y tributación. La defensa del libre mercado, la crítica a la intervención y a las regulaciones gubernamentales, la defensa del libre comercio internacional frente al proteccionismo, la preminencia del individuo sobre la colectividad, el elogio de la productividad y del capital y, en suma, gran parte de los tópicos que actualmente se siguen debatiendo están presentes en las grandes obras de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX. Así, ¿dónde está lo “neo” del neoliberalismo?

Enrique Ghersi refiere al menos cuatro posibles orígenes con significados profundamente divergentes:[2]

  • Von Mises (escuela austriaca), durante los años veinte del siglo XX distinguió entre la discusión que se dio entre los siglos xviii y mediados del XIX sobre los factores que generan la riqueza (metales preciosos, comercio, tierra, trabajo, capital), de la teoría subjetiva del valor, a partir de fines del siglo xix, según la cual el valor de un producto estaría determinado por el margen de utilidad que le reportara a su consumidor. En este caso, el neoliberalismo estaría empatado con la teoría económica neoclásica de fines del siglo XIX que en lo esencial se sigue estudiando en la mayor parte de los cursos de microeconomía.
  • En la víspera de la segunda Guerra Mundial se efectuó en París un encuentro entre destacados pensadores económicos liberales, sobre todo alemanes y austriacos (entre ellos Rueff, Von Hayek, Von Mises, Rustow, Roepcke, Detauoff, Condliffe, Polanyi, Lippman y Baudin), que se pronunciaron en favor de un desarrollo económico no controlado por el estado (más que justificable con Hitler en el poder alemán).
    En particular, se pronunciaban a favor de la fijación de precios por el mercado (luego de la desastrosa hiperinflación alemana de los años veinte), el estado de derecho, incluyendo a los diversos acto-
    res sociales, así como la trasparencia y consenso en el uso de los recursos públicos. Si bien esta visión del nuevo liberalismo añade elementos al liberalismo clásico, sobre todo en términos de participación social, no implica una contradicción con el liberalismo clásico.
  • Una tercera visión sigue en boga en el siglo XXI, aunque no con el nombre de neoliberalismo sino de economía social de mercado. Se trata del modelo predominante en Alemania, propuesto por de Mueller–Armack, Walter Eucken, Franz Böhm, Friedrich Hayek, Wilheim Roepcke, Alexander Rustow y el canciller surgido de la posguerra Konrad Adenauer. Se trata de un liberalismo en la esfera de la producción y del mercado, pero con un altísimo papel del estado en la regulación, la fiscalidad y la esfera social. Se plantea poca participación del estado en los procesos productivos (salvo para la producción de bienes públicos), libre formación de precios en el mercado y libre establecimiento de contratos privados, pero con estrictas regulaciones antimonopolio (en particular en la producción de bienes de bajo valor agregado y del comercio), fuertes sindicatos (tanto empresariales como de trabajadores), muy altos impuestos y una intensa participación social y redistributiva del estado en favor de la educación (base de la educación dual), el desarrollo tecnológico, los subsidios frente al desempleo, el cuidado del medio ambiente, la protección de la salud. Para financiar todo ello se requiere que el estado se apropie de la mayor parte posible del excedente, por la vía impositiva. En suma, se trata de una política de producción y mercado liderada por el sector privado, pero una regulación y distribución de la riqueza liderada por el sector público. A diferencia del liberalismo clásico, en donde el libre mercado es un resultado natural de la acción humana (las leyes de la oferta y la demanda), en la economía social de mercado no hay leyes naturales previas: el mercado es construido por las sociedades mediante acciones deliberadas del estado.
  • Una cuarta visión de un nuevo liberalismo es la italiana (Antoni y Einaudi). En este caso se trataría de una oposición al liberalismo político económico del siglo XIX, marcado por un fuerte contenido anticlerical (la separación del poder político con respecto al religioso). El liberalismo planteado en Italia, sede justamente del poder religioso católico, implicaría la lógica filantrópica de la consideración de la otredad, no a partir de la acción pública sino de la responsabilidad de los agentes del mercado ante los actores de la sociedad. Esto puede asociarse actualmente con las lógicas de “responsabilidad social” (empresarial, corporativa, universitaria).

 

Ninguna de estas cuatro interpretaciones del “nuevo liberalismo” se corresponde con las características que generalmente le asignamos al neoliberalismo. Ghersi concluye juzgando el uso de “neoliberalismo” como el de una palabra comadreja, sin un significado preciso, que se usa para cuestionar de manera ambigua aquello que cuestionamos de las políticas económicas liberales. En el mismo sentido que lo señalado por Ghersi podríamos ubicar al neoliberalismo como el reverso de la medalla del populismo, que más allá de tener orígenes analíticos válidos, es usado como denostación de todo aquello que vaya contra el libre mercado, sin mayor claridad de su sentido económico o social. En América Latina, en lo particular, el debate entre “neoliberales” y “populistas” tiende al mismo nivel de profundidad que la confrontación entre “fifís” y “chairos”.

Si nos quedamos en el plano del uso retórico de la terminología, el “fin del neoliberalismo” no significa absolutamente nada. ¿Ello significa que el discurso presidencial sea intrascendente o carente de sentido? No.

Si bien el término neoliberalismo es impreciso, aquello que se ha concretado en la práctica consiste básicamente en diez puntos en común entre las principales instituciones financieras internacionales (entre ellas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Tesoro Norteamericano, la Reserva Federal de ese país). Es lo que Williamson denominó en 1989 el “Consenso de Washington”.[3] El decálogo comprende:

  1. La disciplina fiscal: el estado no debe tener gastos superiores a sus ingresos.
  2. El gasto público debe reorientarse en función de su rentabilidad económica y social (privilegiar el gasto de inversión con alianzas privadas sobre el corriente, el gasto social focalizado sobre el universal).
  3. Reformas fiscales para favorecer la captación proveniente del gasto sobre la del ingreso (impuesto al valor agregado e impuestos especiales sobre producción y servicios frente a impuestos sobre la renta).
  4. Liberalización financiera en favor de los sectores bancario, bursátil, hipotecario, asegurador, inmobiliario.
  5. Paridad monetaria libre frente al control del tipo de cambio por parte del estado.
  6. Liberalización del comercio: sustitución de permisos previos de importación por aranceles, reducción de aranceles, acuerdos de libre comercio e inversión.
  7. Facilitación de la inversión extranjera directa frente a regulaciones nacionales relativas a la protección de sectores paraestatales o de tenedores de capital nacionales.
  8. Privatización de bienes y servicios públicos, a lo que sigue el otorgamiento de concesiones sobre derechos de uso, desde los espacios carreteros, ferroviarios o marítimos, hasta la estratósfera (sistemas satelitales).
  9. Desregulación de las actividades económicas: desde permisos y licencias hasta regulaciones laborales, sociales o ambientales.
  10. Garantía de los derechos de propiedad frente a figuras consideradas ineficientes, como lo fue con el ejido, en tanto usufructo particular–comunitario y de propiedad social.

 

¿Decretó AMLO el fin del Consenso de Washington en México o subsisten sus elementos nodales? La respuesta no es absoluta: el actual gobierno actúa en concordancia con la mayor parte del decálogo de Williamson, en tanto que se enfrenta a él en otra serie de sus puntos críticos.

 

  1. La disciplina fiscal

El primer punto se ha convertido en “el primer mandamiento” del libre mercado concebido de manera casi religiosa. Las crisis de deuda de los años ochenta y noventa han conducido a estrictas prácticas de estabilidad fiscal que anteceden cualquier otro criterio de políticas económicas o sociales. A las políticas antidéficit se les ha calificado en los documentos oficiales, como “moderadas”, “serias”, “responsables”, “realistas”. Ello no responde a una lógica teórica o empírica incuestionable. Diversos modelos económicos poskeynesianos ubican al déficit como una opción de inversión para generar beneficios económicos y sociales posteriores. De hecho, a escala global el mundo vive, al menos desde mediados del siglo pasado, en economías de crédito. La economía más deficitaria del mundo en términos relativos, con respecto a su producto interno bruto (PIB), es la japonesa, mientras que la más deficitaria en términos absolutos es la estadunidense.

El problema esencial no es el déficit sino cómo se utiliza ese déficit y qué implicaciones tiene para su reembolso a futuro. Evidentemente, si el déficit implica gastos faraónicos, gigantescas corruptelas, obras que quedan como elefantes blancos o cualquier otro tipo de ineficiencias sociales y económicas, el déficit es perverso. Sin embargo, si el déficit implica el reforzamiento de capacidades productivas efectivas, la satisfacción de necesidades sociales que permiten un mejor funcionamiento económico general y la garantía de derechos sociales, el déficit no es necesariamente condenable.

Sin embargo, la postura de la administración de AMLO ha sido reiteradamente compatible con el primer mandamiento del consenso. “No vamos a gastar de más”, “no nos vamos a endeudar”, “si es necesario, pasaremos de la medianía republicana a la pobreza franciscana”, son algunas de las expresiones que han caracterizado el discurso del mandatario mexicano.

La Ley de Ingresos de la Federación para 2019 calcula un ingreso público de 5.8 billones (millones de millones) de pesos, de los que 0.54 (9.3%) son derivados de financiamientos, esto es, endeudamiento interno y déficit de empresas productivas del estado, sobre todo Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En contraparte, el gasto programable, sobre el cual el estado mexicano puede decidir su destino, es de 4.1 billones (2.5 de gasto corriente, 0.9 de pensiones y jubilaciones, 0.7 de gasto de inversión).

En otros términos, el estado debe de ejercer un gasto de 1.7 millones de millones de pesos en rubros sobre lo que no tiene elección (gasto no programable), lo que no financia la operación de las instituciones del gobierno federal. Este dinero se concentra esencialmente en dos rubros: participaciones a estados y municipios (0.92 billones) y la suma de deuda pública y adeudos fiscales de años anteriores (0.77 billones).

Esto significa que el estado mexicano previó un endeudamiento por 540,000 millones de pesos y pagar deudas anteriores por 770,000 millones, o lo que es lo mismo, el estado le dedica 230,000 millones de pesos adicionales a su endeudamiento para pagar deudas previas. Tal monto equivale al pago de 6.2 millones de salarios mínimos anuales.

La coyuntura de 2019 y en especial la presión ejercida por el gobierno de Donald Trump sobre la economía mexicana genera incertidumbre sobre la dinámica de las exportaciones mexicanas y la recepción de remesas, lo que a su vez puede crear presiones sobre el tipo de cambio.

Por otra parte, la baja de calificación de la deuda pública del gobierno mexicano y de Pemex presiona hacia un incremento en las tasas de interés sobre la deuda mexicana (a mayor riesgo de los créditos es más caro contratarlos y pagarlos). Una depreciación de la moneda junto con un aumento de las tasas de interés generaría un peso cada vez mayor de la proporción del gasto público dedicado a pagar deuda y, por ende, una reducción en la disponibilidad de recursos para los gastos sociales, económicos y de infraestructura del sector público. Ante ello, el gobierno está optando por una política en extremo conservadora con el fin de disminuir las presiones. Pero tal política implica una subordinación tácita a la óptica esencial del Consenso de Washington.

 

  1. Orientación del gasto público

El gasto en inversión representa más que 12% del gasto estimado en el Presupuesto de Egresos para 2019, lo que significa un monto menor que el destinado al pago de deuda o al de pensiones y jubilaciones.

Las grandes obras propuestas por el Ejecutivo están planeadas para ser realizadas mediante mecanismos de alianzas público–privadas, en las que la inmensa mayoría del financiamiento corra a cargo de empresas privadas, como en los casos del Tren Maya, el Transístmico, el México–Toluca, la siembra de árboles “sembrando vida”, el aeropuerto de Santa Lucía, la renovación de los generadores eléctricos en las hidroeléctricas e inclusive en los contratos para la construcción de la refinería de Dos Bocas.

Es natural la contratación amplia de empresas privadas para la realización de la obra pública, pero si la inversión es sobre todo privada, los juegos de interés económico se tornan complicados: el interés básico del empresario es la rentabilidad privada mientras que en teoría el interés expreso del gobernante es el beneficio público. Si salvo excepciones (Dos Bocas), casi toda la inversión será privada, ¿cómo garantizará el estado la preminencia del interés público sobre el privado en el sentido y realización de las obras?

En la lógica de inversión hay una ruptura parcial con el Consenso de Washington, especialmente en cuanto a generación de infraestructura energética (petrolera y eléctrica) y de control de la nueva edificación aeroportuaria (aunque mezclado con la preminencia del interés privado) y por lo tanto en la determinación de gran parte del sentido de la nueva infraestructura.

En cuanto a la focalización de la política social, el razonamiento del Consenso (y sobre todo del Posconsenso) de Washington, parte de una sinonimia entre mercado y sociedad. Se atribuyen los problemas sociales a factores individuales (baja escolaridad, mala alimentación, pobre atención a la salud), por lo que su solución se efectuaría “invirtiendo” en las características de la persona “emproblemada”, por lo general pobre, para que tenga la escolaridad, fuerza, salud, entre otros factores, que le permitan obtener un trabajo que le reditúe lo suficiente para superar su situación.

Bajo tal concepción hay tres tipos de errores básicos de política social: uno, otorgarle apoyo a quien no lo necesita (supone un estímulo perverso antiproductivo); dos, no otorgárselo a quien sí lo necesita, y tres, que salga más caro diferenciar sobre quién lo necesita y quién no que ofrecerlo de manera universal. En otros términos, la política social no va dirigida a la sociedad sino a quienes quedan fuera de la sociedad (igualada al mercado), para que estos puedan insertarse en ella.

En este aspecto el gobierno de AMLO sí rompe con el Consenso. La orientación del gasto público en términos de trasferencias monetarias no condicionadas hacia mayores de 68 años, estudiantes, aprendices, población indígena, habitantes de zonas en que se encuentran los poliductos de Pemex y la cfe, población con discapacidad, entre otros. Implica el bosquejo de una política de derechos en una economía
de mercado. En esta economía gran parte de los satisfactores se obtiene mediante recursos monetarios y la mayor parte de estos proceden de los empleos de los trabajadores. Sin embargo, en una sociedad que está envejeciendo, en la que la población se integra a edades muy tempranas al empleo, en la que la dinámica económica y los cambios tecnológicos implican una generación cada vez menor y más precaria de empleo, el hecho de garantizar un ingreso mínimo para amplios grupos sociales, independientemente de su condición laboral, implica una política redistributiva en función de los derechos de tales grupos para satisfacer sus necesidades básicas.

No obstante, algunos elementos de tales programas, como en el caso de los aprendices de “jóvenes construyendo el futuro”, mantiene elementos de tipo inversión en capital humano, suponiendo que el aprendiz no es rentable para el sector privado (por eso el estado sufraga su pago) y el periodo de formación es el de la rentabilización del propio trabajador.

 

  1. Reforma fiscal

En este aspecto no hay ruptura sino una adecuación al financiamiento público en los márgenes que le permite la actual normatividad fiscal, pero sin proponerse, al menos en los primeros tres años, modificación alguna.

El principal medio de búsqueda de nuevos recursos financieros del gobierno de AMLO proviene de la reducción de créditos y exoneraciones fiscales (en otros términos, de la elusión fiscal). En efecto, dependiendo de los cálculos presentados por diversos funcionarios y por la propia plataforma electoral del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), los perdones y reembolsos a los pagos de impuestos se sitúan entre los 200,000 y los 700,000 millones de pesos anuales. Esto representaría entre 3.4% y 12% del gasto público total. Si el estado mexicano cobrara el conjunto de los impuestos que en teoría podría cobrar obtendría un recurso cercano al monto total que le dedica al pago de su deuda pública.

Los principales beneficiarios de los créditos y exoneraciones fiscales son los grandes corporativos privados. El problema es que ellos son los agentes con mayor poder económico y, por lo tanto, con mayor poder para desestabilizar económicamente al país. Si los intereses de tales organizaciones se viesen amenazados, como por ejemplo con el pago de impuestos, su capacidad de reacción sería extraordinariamente fuerte.

El gasto programable aprobado para 2018 fue de 3.8 billones de pesos y el de 2019 de 4.1 billones, lo que representa un incremento de 300,000 millones (7.9%). Sin embargo, como la inflación fue de 4.83% en 2018, el incremento real solo fue de 2.9% (como si el incremento en el presupuesto hubiese sido de 100,000 millones). Además, como el crecimiento del PIB fue de 2.0%, el incremento presupuestal apenas superó al del PIB. Un aumento del PIB significa un aumento en las ventas y en los ingresos brutos, lo que significa una mayor captación de impuestos sin cambio de la lógica fiscal. Si dos tercios de la nueva captación real puede atribuirse al crecimiento del PIB, el efecto de una mejora en la capacidad de captación parece haber sido marginal. Es decir, si bien parece haber existido un comportamiento menos permisivo en cuanto a los créditos y exoneraciones fiscales, este no se refleja de manera significativa en el crecimiento en la disponibilidad de recursos financieros del estado.

En lo fundamental, lo anterior supone una continuidad de la política fiscal con respecto a las reformas fiscales de anteriores gobiernos, en concordancia con el Consenso de Washington. El compromiso asumido por el gobierno de López Obrador de no aumentar los impuestos y no establecer nuevos impuestos (además de las reducciones —no en su totalidad aplicadas— en la frontera norte), consolida aún más la consistencia financiera de su gobierno con la disciplina establecida con lo que él mismo denomina “políticas neoliberales”.

 

  1. Liberalización financiera

Luego de confrontaciones entre la Cámara de Diputados y el sector bancario, derivadas de una iniciativa para reducir y eliminar comisiones bancarias, la Cámara de Diputados se retractó (y se ratificó tal retractación por AMLO en la Convención Nacional Bancaria) y el gobierno ha establecido una política de fuerte acercamiento con el sector financiero y en específico con el bancario.

De hecho, en la Convención Nacional Bancaria realizada en marzo de 2019 se planteó como un objetivo fundamental, en acuerdo con el Banco de México, el reducir de forma significativa el uso de dinero en efectivo (billetes y monedas) en las transacciones económicas, para impulsar en contraparte las transacciones digitales, como por ejemplo con el código digital (CODI). Esto implica una revolución en el uso del dinero, pues la preponderancia del dinero digital presupone la existencia de cuentas bancarias de débito o crédito para quien efectúe las transacciones. A su vez ello supone un gigantesco crecimiento de la
financiarización y de la bancarización, a lo que le han denominado inclusión financiera, de las actividades económicas.

El gobierno actual está favoreciendo la penetración de los bancos comerciales en todos los rincones y hacia todos los hogares del país, inclusive mediante las cuentas para las trasferencias sociales gubernamentales, lo que conlleva un empoderamiento cada vez mayor del capital financiero privado y de los grandes bancos.

A manera de ejemplo cabe referir la declaración del director de BBVA en México, Eduardo Osuna, durante la Convención:

El nivel de diálogo que estamos teniendo con esta administración (gobierno federal, legislativo y Banco de México) es espectacular […] en pocas administraciones hemos tenido a estas alturas de la administración un entendimiento tan claro de hacia dónde queremos llevar el sistema financiero mexicano, que simultáneamente tiene que ver con hacia dónde queremos llevar la economía […] la sociedad son los clientes de la banca.[4]

Aunado a lo anterior, el presidente ha reiterado en múltiples ocasiones su respeto a la autonomía del Banco de México, lo que supone uno de los pilares básicos del monetarismo promovido por Milton Friedman y de la gestión privada del dinero en la sociedad.

En este punto, luego de señales encontradas al inicio de la administración, aparece una plena identidad del gobierno con el Consenso de Washington.

 

  1. Paridad monetaria

La paridad sigue determinada por el mercado y, en todo caso, las intervenciones en términos de oferta de divisas están determinadas por el Banco de México de manera autónoma. Los dos subgobernadores del Banco de México, que fueron propuestos por AMLO, Jonathan Heath y Gerardo Esquivel, responden en lo esencial a perspectivas acordes con las visiones financieras históricas del Banco de México, aunque con una perspectiva social más amplia que en la ortodoxia tradicional. En suma, no existe hasta ahora un cuestionamiento significativo a la política monetaria consistente con el Consenso de Washington.

 

  1. Liberalización del comercio

Este es un punto paradójico: existe cierta retracción con respecto a las tendencias mostradas entre 1986, cuando México entró al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), hoy Organización Mundial del Comercio (OMC), y 2018, pero en concordancia o reacción a lo planteado por el gobierno estadunidense y por el propio escenario internacional.

En efecto, la firma del Tratado México–Estados Unidos–Canadá (T–MEC) integra 12 capítulos más que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), incluyendo regulaciones en materia de
nuevos sectores, comercio electrónico, micro, pequeña y mediana empresas, capítulos laboral y ambiental, equidad de género. Todo ello representa una serie de restricciones sobre la lógica más ortodoxa liberal del TLCAN.

A ello cabe añadir la imposición, y meses después el retiro, de los aranceles especiales sobre el acero y el aluminio y, durante la actual administración mexicana, la amenaza de imposición de aranceles crecientes a todas las exportaciones mexicanas a Estados Unidos. A lo anterior cabe agregar las reiteradas amenazas a las exportaciones automotrices y de autopartes o de manera estacional a ciertos productos agrícolas.

Más allá de Estados Unidos, el ascenso electoral de los partidos ultranacionalistas en Europa ha fortalecido las posturas frente al libre comercio y a la migración internacional, como lo mostraron los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo, en que cuatro de los cinco partidos que obtuvieron más diputaciones fueron surgidos de estas fuerzas: el Brexit (Reino Unido), la Unión Nacional (anterior Frente Nacional, Francia), la Liga Italiana y Derecho y Justicia (Polonia). Asimismo, en América Latina resalta la elección de Bolsonaro en Brasil.

En tales circunstancias, más la postura de AMLO de defensa de sectores estratégicos, mantener una defensa indefectible del libre comercio implicaría en la actualidad remar a contracorriente. El gobierno mexicano ha planteado la protección amplia de algunos productos agropecuarios (maíz, arroz, frijol, trigo y leche) y la recuperación del sector energético nacional (petróleo, petroquímica y electricidad), lo que de manera explícita enfrenta la visión globalizadora del Consenso de Washington.

 

  1. Facilitación de la inversión extranjera directa

El gobierno de López Obrador maneja un discurso favorable a la inversión extranjera directa, aunque con dificultad establecerá el mismo nivel de privilegios que se definieron bajo la orientación de la estrategia económica hacia el mercado externo. Los grandes corporativos que se han instalado en México desde mediados de los años ochenta se han orientado de forma preponderante hacia el sector exportador, aprovechando las ventajas estáticas de México: altas concesiones fiscales y de otorgamiento de bienes inmuebles e infraestructura; su cercanía con el mercado norteamericano; los bajos costos laborales aunados a la alta flexibilidad laboral y la baja resistencia sindical, así como, probablemente, la alta permisibilidad en materia medioambiental.

Bajo el actual discurso gubernamental, la mayor parte de tales “ventajas” puede reducirse para los corporativos trasnacionales. Las concesiones y los privilegios fiscales tenderán a disminuir, los salarios mínimos están aumentando de manera significativa en términos reales y las reformas a la Ley Federal del Trabajo podrán permitir un sindicalismo más combativo, en tanto que la permisibilidad de afectación medioambiental podrá limitarse cada vez más. El impulso a la inversión extranjera podría reorientarse en su mayoría hacia los grandes proyectos de infraestructura planteados por el gobierno más que hacia la promoción de las exportaciones.

En otros términos, sí habrá una promoción, pero no siempre una “facilitación” a la inversión extranjera, en los términos en que se ha entendido en los últimos años. Esto no obsta para que se siga promoviendo la inversión orientada a la exportación, mediante promociones fiscales más generales, como la reducción impositiva en la frontera norte o en el planteamiento de un amplio corredor industrial, paralelo a la vía del ferrocarril transístmico.

Con la información disponible hasta el primer trimestre de 2019 la inversión extranjera directa en el cuarto trimestre de 2017 fue de 7,126 millones de dólares, frente a 6,109 en el mismo trimestre de 2018, en tanto en los primeros trimestres de 2018 y de 2019 fue de 12,644 millones y 10,162 millones, respectivamente. Esto implica que al comparar el último trimestre de 2018 y el primero de 2019 con los periodos respectivos de 2017 y de 2018 se habría presentado una caída de 17.7%.

Este comportamiento muestra una creciente desconfianza a la inversión en México, lo que se deriva no solo de las facilidades que México retire sino de la tensión con la administración de Donald Trump y las bajas expectativas de crecimiento de la economía mexicana.

Lo que se advierte no es una ruptura con el Consenso de Washington, pero sí su matización con respecto a las condiciones de tal facilitación y su importancia relativa en la estrategia de desarrollo.

 

  1. Privatización de bienes y servicio públicos, desregulación y derechos de propiedad

En estos tres últimos aspectos la estrategia actual parece ser nini: ni privatizaciones ni nacionalizaciones; ni nuevas regulaciones ni más desregulaciones; ni nuevas garantías ni reversión de las existentes.

La economía mexicana es una de las más privatizadas en el plano internacional. Si bien la administración de AMLO no se plantea nuevas privatizaciones (como podría ser su generalización en el agua o el sector energético, o la seguridad social), no parecen existir indicios en ese sentido.

Tampoco hay planteamiento alguno en el sentido opuesto, el de la nacionalización de empresas o sectores, como han sido en otros países las administradoras de Fondos para el Retiro (Afores). En el sentido de las
desregulaciones federales no han destacado modificaciones significativas al respecto, con excepción de las relaciones laborales, en donde la lógica corporativa contenía fuertes regulaciones en detrimento de los trabajadores. Sin embargo, la lógica de desregulación del Consenso de Washington no ha ido justo en una desregulación favorable al trabajo.

En términos de los derechos de propiedad tampoco hay cambios al respecto. En particular se mantiene la desaparición del ejido, aunque se mantenga la nomenclatura, en tanto una base de organización comunitaria en un espacio de propiedad pública.

 

  1. Comentarios finales y conclusión

El Consenso de Washington se basa en un supuesto implícito, inherente a toda lógica de libre mercado: la libre movilidad de los factores. Esto significa que los capitales bursátiles, divisas, mercancías y trabajo pueden fluir sin barreras alrededor del mundo. Si este supuesto se altera también lo hace el conjunto de elementos sobre los que se argumentan los beneficios del libre mercado y de la competencia.

En efecto, los mercados se desplazan en un instante de un lugar a otro. Los paraísos financieros internacionales, así como los escándalos de los Panama papers, Bahamas leaks, Paradise papers o Singapur papers, así como el funcionamiento global de las bolsas de valores, dan cuenta de la facilidad con la que los grandes capitales pueden trasladarse de un lugar a otro.

En los casos de los mercados de dinero y de mercancías no es así. Hay ciertamente una internacionalización, pero al nivel de grandes bloques liberalizados en su interior y protegidos unos de los otros. La égida del dólar en nuestro continente, la del euro en Europa y parte de África, o la dupla yuan–yen en Asia, muestran grandes bloques compitiendo unos con otros en el mercado monetario. Sería muy difícil que se aceptara pagar con dólares en París o en Berlín, con yuanes o yenes en Nueva York o Chicago, o con euros en Tokio o Shanghai. De igual modo, el Tratado de Asociación Transpacífico implica una protección de 11 países frente a la competencia asiática, de la misma manera que el T–MEC impide formar acuerdos de libre comercio con China. La Unión Europea busca contrapesar el poder estructural de Estados Unidos y el crecimiento asiático. China juega.

En el mercado de trabajo la globalización es solo para la gente poderosa: se plantean lógicas de libre tránsito para dirigentes de negocios, pero no para los trabajadores y familiares desplazados por la violencia, la miseria o las afectaciones medioambientales. La lógica del libre mercado es la de pasar a los países ricos los capitales, pero no las personas. Sin embargo, al igual que cualquier otro ser vivo, los humanos buscan ir a donde hay alimentos, condiciones suficientes para seguir viviendo y reproducirse. Si los recursos de gran parte del mundo son extraídos y enviados por unas cuantas empresas, a unas cuantas naciones, donde se benefician unos cuantos individuos con respecto al resto de la humanidad, es natural que ese resto de la humanidad busque ir a donde están los recursos. Ahí es donde topa el libre mercado, donde el Consenso de Washington ya no promueve la libre movilidad del factor.

Por desgracia la administración de López Obrador, entrampada entre el poder económico y la miseria humana, ha optado por favorecer el libre tránsito de mercancías, pues tratar de impedirla derivaría en la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas sobre el tránsito de los seres humanos que huyen de sus dramáticas condiciones de vida, de países como Honduras, El Salvador, Guatemala y el propio México, que han seguido durante décadas el decálogo del Consenso de Washington. Los resultados van más allá de lo “económico”. Los niveles de violencia, corrupción y deterioro ambiental dan cuenta de ello.

¿López Obrador realmente ha renunciado al Consenso de Washington? Se ha roto con él en algunos aspectos, en otros se ha distanciado, en unos más lo mantiene de manera parcial y en otros lo sigue aceptando fielmente.

En términos de disciplina fiscal, liberalización financiera y tipo de cambio, lo que hace el gobierno actual podría ser firmado sin objeciones por Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto. No hay mayor trasformación en los planos financieros. Por otra parte, en cuanto a la reducción del gasto en la administración pública (funcionamiento del gobierno), AMLO se ha colocado en una posición “más papista que el papa”, con enormes recortes presupuestales en el funcionamiento interno de las instituciones, no solo de los sueldos y prestaciones de los altos funcionarios.

Sobre la reforma fiscal, no hay cambio en las reglas del Consenso, lo que a mediano plazo amenaza con estrangular financieramente al propio gobierno. No obstante, sí parece haber un cambio en las prácticas, aun dentro de las reglas existentes: la reducción de los créditos fiscales y exoneraciones en favor de los grandes corporativos.

En cuanto a privatizaciones, desregulación y derechos de propiedad, la estrategia es “las cosas se quedan como están”. No hay un empuje mayor hacia las liberalizaciones, pero tampoco una reversión de las políticas de los últimos 37 años, salvo de forma ligera en materia petrolera.

En la orientación del gasto público se conserva la lógica del estado facilitador, vía alianzas público privadas, pero para entidades que terminarán siendo públicas. Sí existe una ruptura parcial cuando se redefine una política industrial en factor del sector energético, la autosuficiencia de productos alimenticios básicos, la creación de infraestructura ferroviaria y la inversión en desarrollo forestal.

Otro cambio parcial se presenta en la estrategia de facilitación a la inversión extranjera. Las formas de tal facilitación no están siendo las mismas que han predominado bajo el esquema del Consenso de Washington, aunque se sigue considerando primordial tal inversión.

Por último, en cuanto a la concepción del gasto social hay un giro radical en favor de la universalización, lo que representa una ruptura clave con la estrategia previa.

En suma, el gobierno de López Obrador no representa “más de lo mismo”, pero tampoco un cambio radical. Parece dominar el pragmatismo político económico, tratando de establecer alianzas con grandes empresarios, en algunos casos con antecedentes altamente cuestionables, enfrentando a otros. Quitándole grandes negocios a Carlos Slim, como en las obras del aeropuerto de Texcoco, pero otorgándole otros, como la expansión de 50,000 kilómetros de fibra óptica para completar la cobertura de Internet. Recortando gasto en cuestiones sociales, culturales y deportivas esenciales, pero estableciendo grandes apoyos monetarios directos en favor de la población marginada. Argumentando en favor del combate a la violencia atacando sus causas sociales más que sus efectos, pero creando la Guardia Nacional. En resumen, cuestionando de manera radical al neoliberalismo, pero aceptando a pie juntillas una parte significativa de los preceptos que se asocian a ese término.

Da la impresión de que el gobierno no hace lo que cree que debe ni lo que quiere sino lo que cree que puede, aunque tal vez puede hacer algo más o diferente. Para poder más busca centralizar más, pero esa mayor centralización también conlleva grandes riesgos sociales y económicos. Sí hay cambios, pero no siempre en el sentido de los que se requieren. Sí hay inercias que se mantienen y se deberían de romper. Sí hay riesgos y amenazas, pero también hay la posibilidad de hacer por primera vez en 37 años algo distinto en favor de la sociedad.

 

[*] Es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y doctor en Estructuras Productivas por la Universidad París vii y en Trabajo y Política Social por la Universidad París x. Profesor del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Correo electrónico: iroman@iteso.mx

 

[1].     “Declara AMLO el fin del neoliberalismo en México”, ABC Noticias.mx, 17 de marzo de 2019. Recuperado de https://www.abcnoticias.mx/declara-amlo-fin-del-neoliberalismo-en-mexico/130651

 

[2].    Ghersi, E. “El mito del neoliberalismo”, El Instituto Independiente, 26 de marzo de 2007. Recuperado de https://independent.typepad.com/elindependent/2007/03/el_mito_del_neo.html

 

[3].    Williamson, J. “A Short History of the Washington Consensus”, artículo encargado por la Fundación CIDOB para una conferencia “From the Washington Consensus towards a new Global Governance”, PIIE, Barcelona, 24 de septiembre de 2004. Recuperado de https://www.piie.com/commentary/speeches-papers/short-history-washington-consensus

 

[4].     Véase https://cnnespanol.cnn.com/video/82-convencion-bancaria-acapulco-amlo-banxico-bancomer-digital-nat-pkg-perspectivas-mexico/

 

Andrés Manuel López Obrador y las contradicciones del estado capitalista

[*]

Luis José Guerrero Anaya[**]

 

Resumen: La contradicción principal del Estado es que debe promover el crecimiento y la acumulación del capital para poder realizar su función de socializador de la producción. Esta contradicción también es propia del estado mexicano, en particular al gobierno actual, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, por lo que las acciones y las palabras de AMLO están signadas por este rasgo del sistema. En este artículo se muestran algunos casos que ilustran esa contradicción: la política fiscal y las señales que el gobierno actual ha enviado a los mercados de capitales.

Palabras clave: estado mexicano, sociedad, capitalismo moderno, AMLO, iniciativa privada.

 

Abstract: The fundamental contradiction of the state is that it is expected to promote the growth and accumulation of capital in order to carry out its function of socializing production. This contradiction also applies to the Mexican state, particular to the current government headed by Andrés Manuel López Obrador; thus, AMLO’S actions and words are marked by this feature of the system. This article looks at some cases that illustrate this contradiction: tax policy, and signals that the current government has sent to capital markets.

Key words: Mexican state, society, modern capitalism, AMLO, private enterprise.

 

 

A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) haya afirmado “que ya se terminó con esa pesadilla que fue la política neoliberal [y] declaramos formalmente, desde Palacio Nacional, el fin de la política neoliberal”,[1] este artículo sostiene que la sociedad mexicana continúa inmersa en el orden global que domina el mundo, que aquí se denominará capitalismo moderno, para evitar entrar en la polémica sobre la caracterización del régimen económico actual.

Este texto plantea que una buena parte de la coyuntura que vive México se puede explicar si se recurre al análisis estructural del estado en la sociedad capitalista, pues aun cuando el gobierno —que es parte del
estado— cambió, como resultado de las elecciones presidenciales de julio de 2018, el país sigue siendo capitalista, término en el que se incluye al estado mexicano y, por consiguiente, al Poder Ejecutivo, cuya principal figura es el presidente de la república.

 

  1. La ineludible estructura

Para sostener lo antes expuesto es necesario hacer un paréntesis teórico que será árido, pero que iluminará —así lo espera quien esto escribe— lo sucedido en los primeros meses de 2019.

El planteamiento teórico, basado íntegramente en Anthony Giddens,[2] es que la contradicción primaria del estado en el capitalismo moderno se puede discernir si analizamos la manera en que la esfera “privada”, la llamada sociedad civil, es engendrada por la esfera “pública” del estado, separada de esta, pero en tensión con ella.

En este sentido, se considera erróneo sostener que la sociedad civil es cuanto cae fuera del alcance del estado, si con esta afirmación se entiende que hay instituciones y organizaciones que preceden al poder estatal y que no han podido integrarse a su ámbito.

Es decir, en el origen del estado moderno está también el origen de la sociedad civil. Y es en este último ámbito en donde se genera la acumulación de capital que se alimenta de los mecanismos de los precios, las ganancias y las inversiones, y que entrará en contradicción con el estado en cuanto que este trata de socializar los beneficios de la producción, mientras que la esfera privada trata de apropiársela para sí misma.

De manera más concreta: en el capitalismo el poder político no puede organizar la producción de acuerdo con criterios políticos y, por tanto, depende del volumen de la acumulación privada. Esta dependencia es indirecta, pues se da por medio de la recaudación de impuestos y de lo que sucede en el mercado de capitales, lo que significa que el proceso de acumulación cae fuera de la esfera del poder estatal, por lo que cualquier ocupante de este poder tendrá un interés esencial en promover las condiciones más favorables para que la acumulación siga su marcha. En suma, “el estado capitalista es una forma social contradictoria porque las condiciones mismas que hacen posible la existencia del Estado ponen en juego mecanismos que contrarían un poder estatal a la vez que nacen de estos. Una apropiación privada exige una producción socializada, al mismo tiempo que la niega”.[3]

Por todo lo dicho, el gobierno de AMLO está atrapado en esta contradicción, a la que debe atenerse si su intención es mantener el país en pie y, más aún, si desea mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

 

  1. La inconstante coyuntura

Todo lo anterior puede explicar algunos de los acontecimientos de estos primeros meses del nuevo gobierno. Ahora bien, como resultaría muy extenso exponerlos en su totalidad, aquí solo se reseñan aquellos que pueden ayudar a una mejor comprensión de la coyuntura actual.

Como se verá enseguida, la expresión de la contradicción primaria del estado capitalista es muy variable en sus manifestaciones, porque la teoría, como se sabe, no es una simple réplica de lo real sino solo una especie de mapa que guía a quien intenta comprender la realidad.

 

2.1 Los impuestos

Arriba se decía que el estado, para socializar los beneficios de la producción depende, en parte, de la recaudación de impuestos.

En su discurso del 1 de julio de 2018, al conocerse su victoria en las elecciones presidenciales, AMLO señaló que: “No habrá necesidad de aumentar impuestos en términos reales”;[4] lo que ha seguido sosteniendo desde entonces, como lo hizo el 9 de abril de 2019:

No hay aumentos de impuestos, ni hay impuestos nuevos, los compromisos se cumplen. Digo esto porque ayer salió la noticia de que se iba a reestablecer el impuesto de la tenencia. Eso no es cierto, eso es lo que quisieran nuestros adversarios, que nosotros incumpliéramos nuestros compromisos; se van a quedar con las ganas.[5]

Hasta ahora no hay indicios de cambios respecto a la política fiscal, aunque ya se habla de una reforma para mediados del sexenio. La recaudación actual equivale a 17.4% del producto interno bruto (PIB), el menor porcentaje de ingresos tributarios entre los países que forman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuyo promedio de recaudación es 34.3% del PIB.[6]

La razón es que en México hay un sistema recaudatorio que no tiene una amplia base de contribuyentes, que grava escasamente los dividendos y ganancias bursátiles, que no afecta las herencias y que no cobra a los capitales llamados “golondrinos”. En suma, que no cobra impuestos a los ricos.[7]

Así las cosas, no será posible incrementar los niveles de vida de los más pobres ni redistribuir la riqueza ni incrementar la inversión pública si no se realiza una reforma fiscal a fondo. Es decir, la socialización de los beneficios de la producción seguirá frenada, como lo ha estado en los últimos 36 años, mientras no se realicen cambios radicales en la recaudación de los impuestos.

En otras palabras, el gobierno de AMLO podrá, quizá, instrumentar algunos de los programas sociales que tanto se han difundido, pero no por ello habrá una disminución significativa de la pobreza, que afecta, cuando menos, a 40% de los mexicanos.

 

2.2 Las señales a los mercados de capitales

Como se decía previamente, el estado capitalista también depende de la evolución de los mercados de capitales. Por ello el estado requiere incentivar la inversión privada y resguardar las ganancias del capital, pues si esto no sucede el estado deja de recibir recursos y, por tanto, se encuentra ante una dificultad enorme para cumplir con su papel de socializador de la riqueza.

El gobierno de AMLO se ha visto deseoso de conservar y aumentar la actividad económica privada, pero como al mismo tiempo se mantiene de manera cotidiana un discurso que proclama la llamada “cuarta transformación” del país, es probable que se hayan enviado señales que pueden interpretarse de forma distinta y que, por tanto, resultan ambiguas para los mercados. Los ejemplos siguientes intentan ilustrar esta afirmación.

 

2.2.1 El aeropuerto

Parece que la suspensión de la obra del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México (NAIM) —que se construía en Texcoco— y la decisión de reacondicionar el actual aeropuerto de la misma ciudad,
el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía, constituyeron una mala señal para los mercados. Las reacciones iniciales confirmaron esta hipótesis: depreciación del peso, preocupación de las organizaciones empresariales ante la incertidumbre causada por las medidas anunciadas por el gobierno y pesadumbre de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).[8] Sin embargo, hasta ahora no parece que la cancelación de la obra sea la causa eficiente de lo que sucede en la esfera de las inversiones privadas.

Lo que se puede afirmar es que el pronóstico de crecimiento del PIB de México ha bajado de 2.1% a 1.6% entre diciembre de 2018 y marzo de 2019, aunque un factor de peso para pronosticar este decremento fue la desaceleración de la actividad económica registrada en el cuarto trimestre de 2018; además de factores más bien transitorios, como el impacto de la escasez de combustible y las huelgas, sin olvidarse de los factores estructurales como los bajos niveles de inversión, el ínfimo aprovechamiento educativo, la debilidad del mercado interno y el pausado ritmo de innovación tecnológica de las organizaciones económicas.[9]

En síntesis: hay voces que consideran que las consecuencias de la cancelación del NAIM están a la vista en la baja de la actividad económica, pero no parece que esa sola decisión lo sea todo, de manera que el significado de lo que hace y dice el gobierno de la república es, por lo menos, ambiguo.

Y esta ambigüedad nos lleva de nuevo a la contradicción que afecta al estado, pues debe, al mismo tiempo, alentar la inversión privada y dar señales de una real intención de beneficiar a todos, no solo a unos cuantos privilegiados.

 

2.2.2 La gasolina

En el discurso ya citado del 1 de julio de 2018 AMLO dijo que ya no habría “gasolinazos”. El 1 de diciembre modificó un tanto su postura para afirmar que la gasolina aumentaría de acuerdo con la inflación.[10]

No se aborda ahora el problema del “huachicoleo”, por exceder los límites de lo que se desea mostrar en este texto. Por eso solo se trata el tema de los precios de los combustibles, que sí se relaciona con la contradicción ya expuesta al comienzo. En particular, se retoma la polémica iniciada por AMLO el 9 de abril de 2019. Ese día, en su conferencia de prensa matutina, el presidente aseguró que “se está cumpliendo con que no aumente el precio de los combustibles, sin embargo, hay aumento porque ha crecido el margen de utilidad de las empresas de distribución de combustibles”. Y agregó: “Si logramos que haya precios justos, que no haya abusos, hasta ahí nos quedamos, si no se entiende, entonces pensaríamos en crear nosotros un grupo de estaciones de venta en el país, no muchas, las suficientes como para que en esas estaciones se venda a precio justo”.[11]

Después de unos días se sabe que hay una iniciativa en la Cámara de Diputados, del grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), para establecer un mecanismo temporal de control de precios de los combustibles, a lo que AMLO responde el 15 de abril. Se cita de manera extensa esta respuesta, porque en sus palabras se pueden encontrar los rastros de la multicitada contradicción del sistema:

No estoy de acuerdo con eso, no creo en el control de precio, así por decreto. Creo que, si hay competencia de verdad, auténtica, puede haber control de precio, sin necesidad de imponerlo. Y vamos a caminar en ese sentido.

También lo quiero dejar muy claro, porque si no los conservadores nos acusarían de estatistas, de estar actuando de manera autoritaria. Lo que pasa con la política neoliberal, conservadora, es que hasta en eso engañaron, de veras son falsos. Hablaron de la libre competencia, de la libertad de mercado y la aplicaron en los bueyes de sus compadres. No se habló de neoliberalismo.

¿Qué es eso? Pues es la libertad económica, la libertad comercial, que no existan monopolios. ¿Y cómo dejaron al país? Lleno de monopolios, en todo. Entonces, no al control de precios. Competencia.[12]

Estas expresiones de AMLO denotan con claridad que su postura responde a la necesidad que tiene el estado de promover la inversión privada para poder cumplir con su función. Por ello insiste en la libre competencia y en que el mercado sea quien regule los precios.

Así, aun cuando AMLO aboga por la disminución de precios de los combustibles, se opone a que el estado implante el control de precios en la materia.

Se reitera, pues, el leitmotiv de este artículo: el estado, en el sistema capitalista, no está en posibilidad de imponer trabas a la empresa privada, pues si lo hace se priva de las fuentes que lo hacen viable: la recaudación fiscal y la acumulación del capital.

No se sabe si AMLO se engaña a sí mismo, pues su prédica constante en relación con el fin del neoliberalismo en México no corresponde a las prácticas de su gobierno, que no son otra cosa sino las típicas respuestas del Poder Ejecutivo del estado en un régimen capitalista.

Otro asunto distinto es si el gobierno mexicano actual, en cuanto que es una parte medular del estado, puede cambiar de manera radical el rumbo de la economía tal como está configurada en este momento. Todo indica que esto no es viable y que, por tanto, las probabilidades de que lo haga son mínimas, pues si este gobierno quiere entregar buenas cuentas no tiene otra alternativa que atenerse a las condiciones vigentes, generadas por la historia; es cierto, y, por lo mismo, fincadas en las estructuras sociales que son inmunes a la acción de un solo individuo, por más que este posea una gran legitimidad (cuando menos hasta el momento).

 

2.2.3 La presencia estadunidense

El último ejemplo será útil para exponer otra dimensión teórica que ampliará la comprensión de la coyuntura que ha envuelto los primeros meses del gobierno actual.

En primer lugar, la noticia. El 12 de abril de 2019, en Mérida, Yucatán, AMLO funge como testigo de la firma del acuerdo entre el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de México y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, a la que asiste el director general de BlackRock, Lawrence Fink, que es la administradora de activos más importante del mundo.[13]

En su mensaje AMLO dice lo siguiente, citando a Fink, cuando este se refiere a la relación entre México y Estados Unidos:

Trabajando juntos y escuchándonos unos a otros podemos encontrar puntos en común que necesitamos […] nos necesitamos unos a otros, necesitamos entendernos unos a otros, al hacerlo podemos crear una mayor prosperidad, tanto para los ciudadanos de México, como para los ciudadanos de los Estados Unidos, y de este modo podemos acercar a nuestras dos naciones.

Y agrega:

Por eso creo que este encuentro es un ejemplo de esa política que debemos de procurar, que debemos de seguir, una política que se puede mantener cuando hay voluntad sincera en los sectores productivos y en los gobiernos de las dos naciones […]

Nos comprometemos con la estrategia que estamos poniendo en práctica de impulsar el desarrollo de sur a norte, con proyectos como el Tren Maya, como la modernización del sector energético, el proyecto del Istmo de Tehuantepec, para acercar a los países de Asia con la costa este de Estados Unidos.

Nos comprometemos a continuar con la política de fomento a la inversión reduciendo impuestos y aumentando salarios sin afectar la estabilidad de las empresas en los tres mil 180 kilómetros de la franja fronteriza con Estados Unidos.[14]

Ahora la teoría. Hay una contradicción secundaria del estado capitalista moderno que “se concentra en la tensión entre la internacionalización del capital y la consolidación interna de los Estados nacionales”.[15]

Como las apariencias son que ambos elementos empujan en direcciones contrarias, parece que las relaciones entre ellos son accidentales, pero en realidad la separación del ámbito “económico” del “político” se debe a que el poder del estado moderno es el motor del cambio continuado y rápido de la esfera económica en las sociedades capitalistas. Esto significa, además, que los estados nacionales actuales se encuentran en un mundo, por así decirlo, interestatal.[16]

La conclusión es, pues, doble.

Por un lado, AMLO debe, porque se trata de un imperativo sistémico, impulsar, desde su posición, que la economía crezca lo más rápido posible y para ello debe contar con los capitales internacionales. Otro asunto es si la manera más eficaz para hacerlo consiste en los proyectos que más se han difundido en estos meses, que son los mencionados por él mismo en las palabras que pronunció en Mérida.

Por otra parte, los organismos empresariales y las organizaciones económicas, como BlackRock, están inherentemente vinculados a la acción que realicen los estados nacionales, como el mexicano y el estadunidense. Por algo invitaron al presidente de México a servir de testigo y por algo estaba presente el secretario de Comercio estadunidense en la ceremonia del acuerdo entre el CCE y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos.

 

  1. Dos reflexiones

En su discurso de año nuevo en 1990 Václac Havel, presidente de Checoeslovaquia entre 1988 y 1993 y presidente de la República Checa desde 1993 hasta 2003, dijo: “Deseo ser un presidente que hable menos y trabaje más”.[17] Parece que AMLO es un presidente que trabaja más que sus antecesores, pero también habla más. No se abunda aquí en la imagen y el impacto que tienen sus palabras entre quienes lo escuchan, pues los públicos que lo hacen son tan heterogéneos que no se puede ahondar aquí en cuál es y cómo se da la recepción de los mensajes presidenciales.

La primera reflexión, por tanto, es que AMLO debería cuidar al presidente de la república, al Poder Ejecutivo y, por tanto, al estado mexicano. Y no parece hacerlo cuando niega la realidad por decreto, como lo hizo al declarar que el neoliberalismo está muerto en México, cuando la realidad es que el sistema social vigente no puede cambiarse a voluntad y que la contradicción principal del estado capitalista es, como se decía, ineludible. Lo mejor sería que hablara menos o, siquiera, que pensara dos veces las cosas antes de decirlas.

Las acciones de AMLO, como se ha tratado de mostrar en este texto, responden a la función que tiene el estado en el capitalismo moderno. Y, por supuesto, el estado mexicano, por tanto, el gobierno de amlo puede tener más probabilidades de socializar los beneficios de la producción si, como dice Havel, trabaja más, es decir, si recauda más y mejor, si los impuestos son progresivos y gravan los rubros que generan más desigualdad, como las herencias, si los programas sociales se planean y se realizan de manera racional y eficaz, si se abate la corrupción y se combate la impunidad.

La segunda reflexión es que a la iniciativa privada no le conviene enfrentar de manera directa al presidente de la república. Se entiende que AMLO no sea santo de su devoción, pero los dueños de las empresas, los inversionistas, los bancos y los organismos que los agrupan harían bien en entender que colaborar con el fortalecimiento del estado los favorece, pues un estado fuerte tiene mayor capacidad para auspiciar la prosperidad de los negocios. También deben entender que abatir la desigualdad y propiciar la inclusión los beneficia, porque mientras más se distribuyan los recursos más se amplían los mercados, más se eleva la productividad y, por tanto, más se acumula el capital.

 

[*] Con información hasta el 17 de abril de 2019.

[**] Licenciado en Estudios Latinoamericanos y maestro en Filosofía Social. Profesor numerario del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

 

[1].     Cfr. “Se acabó la pesadilla del neoliberalismo: AMLO”, Proceso, 17 de marzo de 2019. Recuperado el 15 de abril de 2019, de https://www.proceso.com.mx/575646/se-acabo-la-pesadilla-del-neoliberalismo-amlo

 

[2].    Cfr. Giddens, A. La constitución de la sociedad, Amorrortu, Buenos Aires, 1995, pp. 226 y 339.

 

[3].    Ibid, p.339.

 

[4].    Patiño, D. “¿Qué significa que los impuestos no aumenten en términos reales?”, Expansión, 17 de agosto de 2018. Recuperado el 16 de abril de 2019, de https://expansion.mx/economia/2018/08/17/que-significa-que-los-impuestos-no-aumenten-en-terminos-reales

 

[5].    “Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina y el encuentro con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet”, 9 de abril de 2019. Recuperado el 16 de abril de 2019, de https://lopezobrador.org.mx/2019/04/09/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-y-el-encuentro-con-la-alta-comisionada-de-las-naciones-unidas-para-los-derechos-humanos-michelle-bachelete/

 

[6].    Cfr. Morales, Y. “México, entre los países que menos recauda de AL: Cepal”, El Economista, 27 de marzo de 2018. Recuperado el 16 de abril de 2019, de https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-entre-los-paises-que-menos-recauda-de-AL-Cepal-20180327-0134.html

 

[7].    Cfr. “Necesaria, una reforma fiscal que permita la modernización del sistema tributario”, La Jornada Zacatecas, 23 de febrero de 2019. Recuperado el 16 de abril de 2019, de http://ljz.mx/2019/02/23/necesaria-una-reforma-fiscal-que-permita-la-modernizacion-del-sistema-tributario/, y Paullier, Juan. “¿Por qué México es el único país de América Latina que no reduce la pobreza?”, BBC Mundo, 24 de julio de 2015. Recuperado el 16 de abril de 2019, de https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/07/150724_mexico_aumenta_pobreza_combate_jp

 

[8].    Cfr. “Así fueron las reacciones a la cancelación del NAIM en Texcoco”, 29 de octubre de 2018. Recuperado el 16 de abril de 2019, de https://www.forbes.com.mx/asi-fueron-las-reacciones-a-la-cancelacion-del-naim-en-texcoco/

 

[9].    Cfr. “Fitch baja su pronóstico de crecimiento económico para México en 2019”, Expansión, 20 de marzo de 2019. Recuperado el 16 de abril de 2019, de https://expansion.mx/economia/2019/03/0/fitch-baja-su-pronostico-de-crecimiento-economico-para-mexico-en-2019, y Castañeda, Diego. “Presente y futuro del crecimiento económico de México”, Nexos, 5 de mayo de 2016. Recuperado el 16 de abril de 2019, de https://economia.nexos.com.mx/?p=70

 

[10].    López, J. “Gasolina sólo aumentará con la inflación: AMLO”, Milenio, 1 de diciembre de 2018. Recuperado el 17 de abril de 2019, de https://www.milenio.com/politica/gasolina-solo-aumentara-con-la-inflacion-amlo

 

[11].    Hernández, L. “Gasolineros impiden que se abarate gasolina: AMLO”, El Economista, 10 de abril de 2019. Recuperado el 17 de abril de 2019, de https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Gasolineros-impiden-que-se-abarate-gasolina-amlo-20190410-0017.html

 

[12].    “Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador”, 15 de abril de 2019. Recuperado el 17 de abril de 2019, de https://lopezobrador.org.mx/2019/04/15/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-65/

 

[13].    Cfr. Hernández López, J. “Astillero”, La Jornada, 15 de abril de 2019. Recuperado el 17 de abril de 2019, de https://www.jornada.com.mx/2019/04/15/opinion/008o1pol

 

[14].    “Versión estenográfica. Firma del Acuerdo entre sectores privados de México y Estados Unidos, en Mérida, Yucatán”, 12 de abril de 2019. Recuperado el 17 de abril de 2019, de https://lopezobrador.org.mx/2019/04/12/version-estenografica-firma-del-acuerdo-entre-sectores-privados-de-mexico-y-estados-unidos-en-merida-yucatan/

 

[15].    Giddens, A. Op. cit., p.227.

 

[16].    Cfr. Loc. cit.

 

[17].    Havel, V. La responsabilidad como destino, FCE, México, 1991, p.222. Le agradezco la cita a Francisco Núñez.

 

2019: esperanza y costo de una visión alternativa

Luis Ignacio Román Morales[*]

Resumen: la economía estudia la gestión de recursos escasos. Cualquier estrategia económica implica cierta concepción sobre la forma de producir y de repartir la riqueza. La “cuarta transformación” promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador supone una lógica diferente respecto a la que ha predominado durante 36 años en México y, por consiguiente, implica incertidumbres, tensiones distributivas y riesgos. Sin embargo, la nueva estrategia también despierta esperanzas y posibilidades de mejora económica para amplios grupos sociales. ¿Qué rasgos se van esbozando de la nueva estrategia en términos de las decisiones concretas del nuevo gobierno federal? Tal es la pregunta que buscamos abordar en el presente documento.
Palabras clave: López Obrador, estrategia económica, política financiera, papel del estado, mercado interno, redistribución, política social.

Abstract: Economics studies the management of scarce resources. Any economic strategy implies a certain approach to the question of producing and distributing wealth. The “fourth transformation” promoted by President Andrés Manuel López Obrador obeys a logic that is different from the one that predominated in Mexico for 36 years and therefore entails uncertainties, distributive tensions and risks. However, the new strategy also raises hopes and possibilities of economic improvement for broad sectors of society. What characteristic features are beginning to emerge from the new federal government’s specific decisions? That is the question addressed in this article.
Key words: López Obrador, economic strategy, financial policy, role of the state, domestic market, redistribution, social policy.

 

En el número previo de Análisis Plural, referido al “efecto AMLO”, concluimos el apartado “La economía mexicana en términos de López Obrador” con una expectativa incierta: entre un cambio retórico, pero con prácticas inerciales dominantes, o bien, un cambio real, pero con posibilidades de enfrentamientos significativos con grandes grupos de poder económico y riesgo de consecuencias económicas mayores.[1]

Los primeros meses de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador nos muestran un comportamiento que no puede resolverse en posturas dicotómicas. No se ha generado un viraje extremo de la política económica, pero estamos ante una estrategia que dista mucho del precedente. Predomina un complicado balance entre el pragmatismo y la búsqueda de un cambio radical en el quehacer socioeconómico.

Hay tantos elementos para cuestionar al gobierno federal por reproducir los juegos de poder preexistentes (contratos en favor de grandes empresarios, discurso elusivo de las diferencias con los Estados Unidos, mantenimiento de los poderes sindicales corporativos fuertemente cuestionados), como para afirmar que el estado enfrenta el poder económico predominante (frente a la corrupción relativa al robo de combustibles, la práctica de la “austeridad republicana” de los gobernantes, el aumento a los salarios mínimos, los precios de garantía agropecuarios, la recuperación de trasporte ferrocarrilero, etcétera). También se trata de un actuar que oscila entre elementos de ortodoxia económica financiera y fuertes cuestionamientos a tal ortodoxia en materia productiva, laboral y social. El gobierno transita sobre una delgada línea limítrofe entre la continuidad y el cambio. Su base social puede crecer, la descalificación de sus acciones y las respuestas especulativas contra el gobierno, también.

Más allá de lo que fue su discurso de campaña, la plataforma electoral del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del Partido del Trabajo, o aun de Encuentro Social, la práctica socioeconómica gubernamental la podríamos clasificar en cinco ejes.

1. El mantenimiento de la estabilidad financiera sin alteraciones de corto plazo

Durante el primer bimestre del actual gobierno, el índice de precios y cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores aumentó en 5.4%. Nada mal, una ganancia especulativa de tal proporción en dos meses bajo un gobierno catalogado de izquierda.

Durante la gestión de Enrique Peña Nieto (2012–2018) el balance fue negativo: el 30 de noviembre de 2012, la bolsa cerró en 41,834 puntos, superior a los 41,732 con los que cerró el 30 de noviembre de 2018, sin contar los deterioros derivado de la inflación y de la depreciación del peso. Por su parte, el peso cerró la administración pasada con una paridad de $20.37 por dólar, frente a $19.03 el 5 de febrero de 2019, lo que equivale a una revaluación de la moneda nacional de 6.6%. En noviembre de 2012, la paridad promedio fue de $12.87 pesos por dólar, por lo que la devaluación en el periodo de Peña Nieto fue de 58.2%.[2] Evidentemente, los datos de la actual administración cambian día con día y, cuando usted lea los que aquí menciono, la situación habrá podido cambiar sustantivamente.

En todo caso, parece paradójico que con AMLO haya ganancias especulativas y revaluación de la moneda, cuando ocurrió todo lo contrario con el gobierno previo, el cual se anunciaba como un responsable defensor de la “estabilidad macroeconómica” y de los equilibrios financieros. ¿Qué es lo que mantiene hasta ahora un comportamiento financiero favorable con la actual administración?

En primer lugar, el mantenimiento de un discurso conservador en materia financiera, pues de lo contrario podría ocurrir una salida más drástica de capitales.

• Respeto a la autonomía del Banco de México, particularmente respecto a que el gobierno le pueda pedir prestado al banco central. Pese a ello, durante su gestión, AMLO propondrá a cuatro de los cinco subgobernadores del Banxico, lo que indirectamente incidirá en su capacidad de influencia. Los nombramientos de Gerardo Esquivel y de Jonathan Heath reflejan perfiles técnicos de alta calificación cercanos a las posturas tradicionales del banco, pero sin la ortodoxia que lo ha caracterizado. Además, en el caso de Esquivel, destaca un perfil de análisis e incidencia social relevante, especialmente en materia de estudio sobre distribución de la riqueza.

• Superávit primario en el balance fiscal: que el gobierno no gaste más de lo que ingresa, excluidos los pagos de intereses de la deuda.

Esto representa la disciplina financiera más ortodoxa a los principios del Consenso de Washington.

• Reducción de la carga fiscal a Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que permitió que la calificadora Standard & Poor’s mantuviese la calificación crediticia de México.

• Mantenimiento de la deuda (excluidas las variaciones de tasas de interés) en niveles similares. No endeudarse más allá del aumento de inflación.

En segundo lugar, el establecimiento de fuertes acuerdos financieros con acreedores, comenzando con los inversionistas en el aeropuerto que se iba a construir en Texcoco.

En tercer lugar, el estrechamiento de vínculos con grandes empresarios seleccionados: Carlos Slim, el Consejo de Asesores Empresariales, el otorgamiento de contratos sin licitación a grandes empresas influyentes, para la realización de las mayores obras de infraestructura (Tren Maya, Ferrocarril Transítsmico, refinería de Dos Bocas) y la distribución de apoyos sociales.

Todos estos aspectos parecen referir más a un tradicional gobierno políticamente conservador y económicamente partidario de la liberalización de los mercados, más que a uno que ofrezca una cuarta trasformación y el divorcio del poder político ante el económico.

2. Recuperación del papel del estado como base de la organización económica

En su crítica al neoliberalismo, especialmente insistente en su discurso de toma de posesión,[3] AMLO refiere básicamente el deterioro social que ha acompañado a la implantación de las políticas de liberalización económica e inclusive les ha atribuido, en sus conferencias mañaneras, una responsabilidad primaria en el crecimiento de la corrupción, la inseguridad y hasta de la desintegración familiar.

Ante tal escenario, el nuevo gobierno pretende retomar el liderazgo del estado en las decisiones económicas y una fuerte articulación entre estas y las políticas sociales. Los instrumentos de los que goza el estado, particularmente el gobierno (excluyendo al manejo monetario, por pertenecer este al ente autónomo Banco de México), se centran en tres aspectos: obtención de ingresos (cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, enajenaciones y deuda), orientación del gasto (sectorial, regional, por grupos sociales específicos), y elaboración y aplicación de regulaciones.

Entre los aspectos en los que prima el interés gubernamental se encuentra la definición de una política industrial (sectorial) claramente definida:

a. Reactivar el sector agropecuario con una doble lógica:

• Por una parte, manteniendo el impulso a los productos de exportación, con el fin de generar atracción de divisas (mantenimiento de un saldo comercial superavitario en el sector), una buena relación con los grandes empresarios agropecuarios y generación de empleo.

• Por otra parte, diseñando una estrategia simultánea de promoción a la producción de productos básicos (maíz, frijol, arroz, trigo y leche), mediante la implantación de precios de garantía en favor de pequeños productores.

• Incorporando a la canasta básica de Segalmex (Seguridad Alimentaria Mexicana–Diconsa / Liconsa) nuevos productos agropecuarios, tales como carnes de res, cerdo, pollo y pescado; huevo, frutas y verduras, garbanzo, chícharo, ajonjolí y chía.

b. Rescatar para el poder público sectores transversales del conjunto de la actividad económica. Especialmente el rescate del sector energético, sobre todo el petrolero, mediante:

i. El combate a la corrupción en el trasiego de crudo y combustibles.

ii. La reactivación y modernización de las seis refinerías existentes.

iii. La construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco.

iv. La modernización de las plantas hidroeléctricas y presas, con base en nuevas tecnologías que incrementen la generación de electricidad a partir de la infraestructura existente.

En estas estrategias se plantea el recurso amplio a asociaciones público privadas, tanto con capital nacional como internacional, en el caso eléctrico sobre todo canadiense.

c. La intervención regulatoria más intensa en sectores específicos:

• Mayor regulación y vigilancia del sector minero.

• Apoyo orientado a la producción de básicos agroindustriales.

• Fomento a la construcción de infraestructura, a partir de las mayores obras planeadas.

• Presupuesto creciente de manera especial en telecomunicaciones.

d. Reducción sustantiva en el gasto ligado a la administración pública y generación de ingresos mediante la enajenación de bienes públicos

• La lógica de fortalecimiento del estado no viene aparejada con la del incremento del gasto en las tareas de la administración pública. De hecho, se están generando recortes históricos en los ingresos y prestaciones de los altos mandos de la administración pública y hasta la cuasi desaparición de uno de los rangos (director general adjunto). La reducción de ingresos es creciente conforme se aumenta en el nivel jerárquico (Ley de Salarios Máximos).

• Paralelamente, se ha generado un fuerte proceso de despidos de trabajadores al servicio del estado, en especial entre los perceptores de ingresos por honorarios, lo que ha ocasionado desajustes significativos en la operación gubernamental y condiciones de incertidumbre laboral en el sector público.

• Como reducción de gasto, también destaca por su carácter
demostrativo, la disminución en el número de choferes, guardias, consultores, seguros de vida y de gastos médicos mayores, de celulares, de remodelación de oficinas, de viajes (particularmente aéreos en primera clase), etcétera.

• En cuanto a los ingresos, los recursos y gastos considerados como ostentosos están siendo vendidos o cambiados de función. Tales son los casos de la antigua residencia oficial de “Los Pinos”, la venta de los aviones presidenciales, de la mayor parte de la flota aérea y de automóviles del sector público.

e. Política fiscal

• Reducción de las tasas impositivas en los municipios fronterizos con Estados Unidos: a 20% en el impuesto sobre la renta (ISR) y a 8% en el impuesto al valor agregado (IVA).

• Compromiso de no generación de nuevos impuestos durante los primeros tres años de la actual administración.

• No obstante, queda por definir —hasta la redacción de este texto— la estrategia específica en materia de créditos y exoneraciones fiscales. Los periodos de declaraciones fiscales anuales (personas morales en marzo y personas físicas en abril) serán un campo de prueba sobre lo estricto o laxo que sea el actual gobierno en materia de cobro de impuestos. Hasta ahora, las grandes corporaciones han sido objeto de tratamientos fiscales condescendientes, con el fin de alentar la inversión y las buenas relaciones con los grandes capitales privados. Sin embargo, la actual administración ha reiterado su postura de efectuar plenamente los cobros requeridos legalmente, lo que podría implicar, por una parte, una importante fuente de financiación pública y, por la otra, una lógica de desestímulo a las empresas con mayor dominio de mercado, en favor de las micro, pequeñas y medianas. En este aspecto es probable que la decisión no sea dicotómica sino que las exoneraciones y créditos se reduzcan significativamente, pero manteniendo una relación fuerte y cercana con algunos grandes capitales, evitando la formación de un frente empresarial unitario que confronte al estado.

3. Reorientación de la estrategia económica sobre una base de promoción al mercado interno y conservación primordial del externo

Desde su dimensión territorial, el mercado —particularmente el de bienes y crecientemente el de servicios— se divide en dos grandes direcciones: el externo, dirigido a la demanda internacional, y el interno, orientado a la satisfacción directa de la demanda nacional. A partir de la incorporación de México, en 1986, al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT, hoy OMC, Organización Mundial del Comercio), la estrategia productiva del país se trasformó radicalmente. Se trata de una trasformación no incluida por amlo en su referencia a las tres trasformaciones previas de México, pero que ha tenido un impacto igualmente grande.

La estrategia desarrollada desde entonces implicó orientar la economía mexicana hacia la obtención de divisas (indispensables para cumplir el servicio de la deuda externa en la década de los ochenta del siglo XX). Para ello, se privilegió la producción orientada al mercado externo, vía la sustitución de cultivos tradicionales por cultivos de exportación; la continuidad de la industrialización mediante las maquiladoras y no a través de los encadenamientos productivos locales; la centralización de apoyos a las empresas con amplio dominio de mercado (oligopólicas “de calidad mundial”) y el abandono de sectores tradicionales (vestido, calzado, juguete, mueble y aun bienes intermedios y de capital).

Para promover las ventajas comparativas (ricardianas) de México, había que aprovechar los bajos costos salariales (salarios reales en continuo deterioro), los bajos riesgos de paros y huelgas (control sindical corporativizado), la baja normatividad ambiental o su poca aplicación real (reducción de costos por protección al medio ambiente) y los elevados subsidios gubernamentales para invertir (otorgamiento de terrenos, perdones fiscales, exenciones al cobro de cuotas a la seguridad social, energía eléctrica, agua, etcétera), construcción de infraestructura ad hoc para las grandes empresas (vialidades), etcétera.

En materia de servicios, se generó una desregulación pública y una amplia apertura financiera, la cual comenzó con la privatización de la banca, su quiebra, su nuevo rescate público y su nueva privatización, ahora en favor de la gran banca internacional. Fenómenos similares ocurrieron con las carreteras, las líneas aéreas, los puertos, los ingenios azucareros, la industria siderúrgica, etcétera.

La economía mexicana se ha trasformado radicalmente: a mediados de los años setenta del siglo pasado, el sector externo representaba el equivalente a 10% del producto interno bruto (PIB) nacional y ahora representa cerca de 75%. Bajo tales circunstancias, la estructura productiva, y especialmente la industrial, no están en condiciones de desvincularse de sus encadenamientos internacionales.

Ante tal panorama, el actual gobierno se incorporó a la negociación del nuevo Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá (T-MEC), generándose una cierta protección en sectores prioritarios, como el petróleo, pero una mayor dependencia del mercado norteamericano, sobre todo por las nuevas restricciones a las relaciones económicas con China. En materia social destacan capítulos en términos de igualdad de género, mejora en las condiciones laborales y regulaciones ambientales. Ante la competencia de México basada en precariedad laboral y desatención ambiental, las nuevas regulaciones podrán jugar en favor de la búsqueda de una estructura económica menos polarizada en el país.

En cuanto a la promoción al mercado interno, destacan la política salarial y los apoyos sociales, mismos que incentivarán la demanda interna de manera significativa. Estos serán abordados en el siguiente apartado.

4. Política económica redistributiva

A pesar de que no hay una meta general explícita de la nueva administración en materia redistributiva, como pudiera ser un descenso en el valor del índice de Gini en materia de distribución del ingreso, existe un amplio abanico de estrategias y programas orientados en tal sentido. Este es el aspecto en el que se diferencia mayormente la administración actual de sus predecesoras recientes.

La principal fuente de ingreso de los hogares mexicanos, el trabajo, representa 64% de sus ingresos totales.[4] De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo,[5] 34.7 millones de trabajadores, de los 56 millones que integran la población económicamente activa (PEA) son asalariados (62%) y de ellos, 20 millones son derechohabientes de algún sistema de salud (proxi de la formalidad). La mayor parte de los asalariados con seguridad social (10.7 millones) obtienen remuneraciones máximas de tres salarios mínimos. En tales condiciones, un aumento a los salarios mínimos, hasta montos tales que les permitan adquirir la canasta básica, implica la posibilidad real de mejorar el mercado interno. Sin embargo, la mejora requerirá ser continua para que:

a. Integre los nuevos componentes de la canasta básica Segalmex, particularmente los que no se encuentran en la canasta básica del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

b. Permita una mejora real no solo de los salarios mínimos generales sino también de los hoy denominados “profesionales”, que abarquen con mayor precisión y diversidad las ocupaciones (se encuentra en proceso la incorporación de trabajadoras domésticas remuneradas y de jornaleros agrícolas a los “salarios mínimos profesionales”).

c. Favorezca una negociación real y libre entre sindicatos no corporativizados ni de protección (es decir, que operen conforme al Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a libre sindicalización, al que México se adscribió al inicio de la actual legislatura federal) con los dirigentes de las empresas. La postura manifestada a inicio de 2019, por parte de la Secretaría del Trabajo y Protección Social en el sentido de no imponer línea a los sindicatos sino de acercar las negociaciones libres, parece ir en tal dirección.

En materia salarial cabe resaltar, de manera particular, el incremento de 100% en el salario mínimo general en la nueva zona salarial de la frontera norte, mismo que podría desincentivar ligeramente la migración hacia los Estados Unidos y generar mejores condiciones —incluyendo la cohesión familiar, al mantenerse en el país el conjunto de sus miembros— a la población de la frontera norte.

La combinación de políticas progresivas en materia salarial y fiscal permitiría establecer una “pinza” en favor de una estructura de distribución del ingreso más equitativa.

Además de los ingresos para los trabajadores formales, los precios de garantía en favor de los pequeños productores agropecuarios de bienes básicos, representaron históricamente una especie de “salario mínimo” campesino, que no solo incentiva la producción de bienes básicos, en favor del consumo nacional, sino que desincentivó el cultivo de otros productos, como los de carácter ilegal, tales como la mariguana y la amapola. Los precios de garantía son —además de una política productiva y social— un mecanismo clave de reducción de inseguridad, delincuencia y, en el caso de la amapola, deterioro en la salud.

Además de las políticas salarial y agropecuaria, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro se plantea no solo la incorporación de alrededor de 2.6 millones de jóvenes en actividades productivas sino un fuerte desincentivo para su incorporación en actividades ilegales. La lógica del programa responde a esquemas tradicionales de “inversión en capital humano”, con el riesgo de que el ingreso de trabajadores jóvenes desplace a trabajadores de mayor edad. Sin embargo, una regulación adecuada del programa, si se dirigiera preponderantemente hacia la micro, pequeña y mediana empresa y si garantizara un aumento neto del empleo y no solo la sustitución de trabajadores, mejoraría el empleo, su formalización y las competencias de los jóvenes.

Sin embargo, no todos los ingresos de la población provienen del trabajo. Considerando los ingresos monetarios más lo no monetarios, juega un papel fundamental el valor imputado a la renta de la vivienda en que se habita. Esto es, no la renta en sí sino el monto equivalente a renta que representa el disfrute del lugar en que se habita. En el índice nacional de precios al consumidor (INPC), la estimación del valor de renta mensual de la vivienda es el factor más significativo, representando el equivalente a más de 11% del gasto total de los mexicanos.[6]

En tal sentido, el diseño de una estrategia de apropiación real de la vivienda social, a partir de la facilitación de los pagos hipotecarios en el proceso de compra, representa un cambio mayor. El anuncio de febrero en la estrategia de vivienda del Infonavit, para congelar intereses y establecer rebajas en los pagos del principal para los deudores de ingresos de hasta cuatro salarios mínimos, representa una descarga mayor en favor de la mejora en el poder de compra de los trabajadores.

Los programas sociales representan otra serie de iniciativas mayores que permitirían dinamizar el mercado interno:

• La generalización de becas para estudiantes de preparatorias públicas reducirá la deserción de los jóvenes y retardará su ingreso a la actividad económica, lo que a su vez presionará en pos de mejoras de ingresos para los trabajadores (la oferta de trabajo disminuiría) y, cuando estos se incorporen, podrán desarrollarse con mayores niveles de productividad. A diferencia del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con este programa de becas el mercado de trabajo podría tender a una mayor retención de los trabajadores mayores y a una menor inestabilidad laboral.

• El aumento de la pensión para adultos mayores, en la mayor parte del país, significará igualmente un fuerte incentivo al mercado interno, de igual manera que la pensión para población con discapacidad, para madres solteras y para la población que habita en las localidades por donde pasan los poliductos de Pemex.

• El aseguramiento social universal, como se pretende para la actual administración, permitiría una reducción significativa de gastos médicos, especialmente de gastos catastróficos, lo que también liberaría recursos para una mayor diversificación del mercado interno.

• El incremento en la canasta básica Segalmex presionará a mayores compras públicas de productos básicos, impulsando el mercado interno.

5. Política social focalizada, pero de amplia cobertura

Las políticas enunciadas en el apartado previo no refieren necesariamente una universalización de los derechos sociales sino la aplicación focalizada a grupos concretos, pero con tal nivel de cobertura que avance a la universalización mediante una focalización extendida.

Algunos elementos centrales no parecen estar en primer plano, aunque deberían integrarse de manera transversal, como la perspectiva de género y la dimensión ambiental. Los indicios marcados por un gabinete paritario en cuanto a género y las consideraciones de conservación del vaso de Texcoco en la disputa sobre la ubicación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, pueden advertir que sí hay una visión en tal sentido. Lo mismo puede referirse con respecto al amplio programa de reforestación, en el que se presenta la plantación de más de un millón de árboles, empleando principalmente a población indígena que cuidaría su propio hábitat. Sin embargo, la reducción presupuestal federal en materia ambiental corre en sentido opuesto.

6. Comentarios finales

Sería ilusorio suponer que los cambios anunciados por el nuevo gobierno no tendrán igualmente efectos contraproducentes, de la misma manera que sería utópico imaginar que en la actual administración no habrá corruptelas mayores, errores, inexperiencia, desorganización e incompetencia. Ninguna organización es monolítica y la centralización del poder y de las decisiones implica riesgos aún mayores.

Por otra parte, las respuestas provenientes de los principales intereses económicos y de quienes han concentrado el poder político durante las últimas décadas no son ni serán menores. Quienes resulten más afectados ejercerán reacciones proporcionales a las acciones que se están tomando, lo que a su vez conduce a estrategias cada vez más claras de formaciones de “quintas columnas”, es decir, de alianzas con grupos de poder muy consolidado, tanto a nivel político como económico, con el fin de sostener el poder político del nuevo gobierno y su estrategia.

En otros términos, tanto por factores internos al propio gobierno como por factores externos, habrá efectos socialmente adversos que se conjuguen con la posibilidad de impactos social, económica y culturalmente benéficos.

En todo este torbellino cabe una pregunta final: ¿vale la pena todo esto a sabiendas de los riesgos que implica? A mi parecer, sí, pero cada quién tendrá su respuesta. Los riesgos son altos, pero el no hacerlo implica una condena a profundizar la polarización social, la violencia, la degradación ambiental, el rezago económico y el desmoronamiento de una cultura de más de tres mil años. Sin embargo, el reconocimiento a una estrategia alternativa a lo que llevamos viviendo por décadas, no puede ni debe ser acrítica ni simple subordinación a los nuevos poderes. La única manera de mantener viva la posibilidad de cambio es manteniendo viva nuestra capacidad crítica y el sentido de fondo de planteamientos y propuestas que no vayan en favor de un personaje, gobierno, estrategia ni teoría, sino en función de los objetivos esenciales de una sociedad en la que podamos vivir cohesionados y dignos.

 

[*]  Es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y doctor en Estructuras Productivas por la Universidad París vii y en Trabajo y Política Social por la Universidad París x. Profesor del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Correo electrónico: iroman@iteso.mx

 

[1]. “La economía mexicana en términos de López Obrador, en El efecto AMLO (Análisis Plural, primer semestre 2018), ITESO, Guadalajara, 2018, pp.103–117.

[2]. Banco de México. “Índice de precios y cotizaciones (CF47)”, Sistema de Información Económica, 2019. Recuperado de http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF57; Banco de México. “Serie histórica del tipo de cambio peso–dólar – (CF373)”, Sistema de Información Económica, 2019. Recuperado de http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF373

[3]. El País. directo | La toma de posesión de López Obrador como presidente de México [Video], México, 2019.

[4]. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016. Recuperado de https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2016/

[5]. Inegi. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2018 (INEGI–ENOE), cifras durante el tercer trimestre de 2018. Recuperado de http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/enoe_ie/enoe_ie2018_11.pdf

[6]. Inegi. Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Recuperado de https://www.inegi.org.mx/programas/inpc/2018/

 

Panorámica del antineoliberalismo obradorista

Sergio Negrete Cárdenas[*]

Resumen: el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha marcado un alejamiento claro de la política económica seguida desde 1982. El propio presidente dice que su gobierno es “antineoliberal”, y así lo está demostrando con diversas acciones de política económica. Destacadamente, se busca en forma activa, hasta agresiva, una mayor participación del estado en la economía, destacadamente en el sector energético. Otras políticas igualmente muestran una actitud de escepticismo hacia la relevancia del sector privado y de las fuerzas del mercado.
Palabras clave: México, neoliberalismo, política económica, López Obrador, aeropuerto.

Abstract: Andrés Manuel López Obrador’s government has decidedly turned its back on the economic policy that has guided Mexican economic policy since 1982. The president himself states that his government is “anti–neoliberal,” and has demonstrated as much with a number of economic policy initiatives. Most notably, he is actively, even aggressively, seeking a larger role for the state in the economy, above all in the energy sector. Other policies likewise turn a skeptical eye to the relevance of the private sector and market forces.
Key words: Mexico, neoliberalism, economic policy, López Obrador, airport.

 

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) será un presidente histórico, como aspira a serlo y declara constantemente. El presentar a su gobierno como una trasformación de envergadura similar a la independencia, la reforma y la revolución, pero sin violencia, muestra una ambición fuera de serie, o también una megalomanía impresionante.

Pocos meses de gobierno es poco para juzgar a un gobierno, pero en cierta forma AMLO lleva más tiempo, puesto que su contundente victoria le confirió de inmediato un poder político enorme que no dudó en utilizar como candidato ganador y presidente electo. Antes de tomar formalmente posesión, ya anunciaba nombramientos, proyectos y decisiones. El tiempo es ciertamente corto, pero el material para análisis es abundante.

1. El antineoliberal

López Obrador repite constantemente que su gobierno es antineoliberal. La referencia es constante a las casi cuatro décadas de “neoliberalismo” que su gobierno ha dado por concluido. Dicha condena repite aquello que reside en el imaginario de muchos mexicanos que se encuentran en su espectro ideológico: los seis sexenios transcurridos entre 1982 y 2018, entre Miguel de la Madrid y Enrique Peña Nieto, fueron nefastos para México.

Ciertamente hay mucho de antineoliberal en la política económica de AMLO, aunque obviamente no todo. Le gusta decir que las finanzas públicas durante su administración serán sanas y nula la acumulación de nueva deuda. Pocas cosas tan aplaudidas por la ortodoxia económica como la rigidez fiscal. Por otra parte, se declara un proteccionista comercial. Una de sus obsesiones es la autosuficiencia, destacadamente en las áreas alimentaria y energética, pero apoyó la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el nuevo T–MEC (que no ha sido ratificado todavía por ningún poder legislativo, por lo que sigue en vigor el primero).

Obviamente no hay purezas al gobernar, puesto que es imperativo el pragmatismo. Pero muchas de las acciones de AMLO ciertamente son contrarias al liberalismo económico. Una de ellas es su menosprecio por los contratos y las instituciones. La mejor prueba de ello la dio como presidente electo, al cancelar el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco.

2. La cancelación de Texcoco

Dicha cancelación, anunciada el 29 de octubre de 2018, no tiene defensa alguna. No la hay desde una perspectiva técnica o financiera, tampoco política o ideológica. Es el primer desastre de magnitud en la historia de México que comete un presidente electo. Con ese acto AMLO minó la confianza en su persona y gobierno semanas antes de colocarse la banda presidencial.

Cuando no hay justificación real, no hay comprensión posible. Es imposible estimar el impacto en futuras inversiones, pero será siempre un elemento a considerar: un gobernante que por sus pistolas toma una decisión desastrosa desde cualquier punto de vista, y usando como pretexto una “consulta popular” que fue una farsa. Aunque hubiese sido una consulta seria, una cuestión técnica, con un proyecto ya avanzado en su construcción, no puede ser determinada por una masa ciudadana que, en su 99% (siendo generosos), sabrá mucho menos que los expertos que definieron Texcoco como el mejor lugar para el aeropuerto. El circo de motivos aducidos para cuestionar el proyecto fue risible: se empezó alegando corrupción en los contratos, se pasó por la calidad del suelo, y se acabó defendiendo un “lago” que muchos confundieron con el largamente extinto de Texcoco.

Simplemente, poner a votación lo que no debe votarse fue una acción demagógica, quizá aceptable como jugada política para justificar la continuación del proyecto, inaceptable para cancelarlo. A ello deben añadirse los numerosos elementos (casillas selectivamente colocadas a lo largo del país, el desaseado proceso para “votar”) que tampoco permiten tomar esa consulta con seriedad. La excusa no fue solo demagógica sino un insulto a la inteligencia.

La cancelación adelantada de Texcoco mostró que, sin tomar posesión, AMLO ya gobernaba. Enrique Peña Nieto terminó su sexenio siendo un presidente humillado en funciones, obligándose a guardar silencio para ganar buena voluntad por parte de su sucesor.

3. El estatismo como principio rector

Si el antineoliberalismo es la visión general, un principio rector es el estatismo. Se trata de “recuperar” el potente papel de actor activo que tuvo el estado antes de empezar a ser “desmantelado” por ese detestado neoliberalismo. La mejor muestra de ello es el sector energético. Para López Obrador debe ser un motor de la economía, como lo es, pero dominado por el sector público. Compagina, además, con la estrecha asociación que existe en el ideario obradorista entre riqueza y recursos naturales. AMLO es ajeno al concepto de productividad como motor del crecimiento económico. Lo que entiende es que un país “rico” en recursos naturales debe ser rico, de lo contrario es que hay corruptelas. Su mejor ejemplo, claro, es el sureste mexicano.

Por ende, la lógica no es financiera o técnica sino nacionalista–estatista: ¿cómo es posible que México, país petrolero, importe cantidades masivas de gasolinas? En la mente presidencial es como producir aguacate e importar guacamole. Por ello, la propuesta de construir una nueva refinería, la primera en varias décadas (no se construyó ninguna durante la era “neoliberal”). Su localización geográfica puede ser defendida bajo ciertos parámetros, pero el nuevo gobierno no presentó ninguna justificación para ubicarla en Tabasco, el estado presidencial, en Dos Bocas. Se supone que esa refinería producirá para inicios de 2022, en tres años, 170,000 barriles diarios de gasolina, así como 120,000 barriles diarios de diésel. Se estableció que costará 8,000 millones de dólares.

¿Es realista? El costo, quizá, con una planeación y ejecución extremadamente cuidadosa, que en muchas ocasiones no es el fuerte de ningún gobierno mexicano. El plazo para que funcione es ilusorio. Pero así lo dictó el Señor Presidente: en tres años, México habrá dejado de importar gasolinas, para posteriormente dejar de exportar crudo, que sería totalmente refinado en las petroquímicas nacionales. Un círculo cerrado de nacionalismo petrolero. En el marco de un inicio de año marcado por el desabasto severo de gasolina en varios estados, dichas expectativas parecen todavía más ilusorias. El mayor problema es el financiero. Los costos de la futura refinería, y de reconfigurar las seis existentes, pueden ser astronómicos. Por varios años, las refinerías de Pemex han operado con pérdidas. Lo que propone la administración puede convertirse en un agujero negro para las finanzas públicas.

El estatismo también regresó con fuerza al sector eléctrico. El ideal para López Obrador sería regresar al México anterior de 1992, con un sector eléctrico en todas sus partes dominado totalmente por el estado, y con ninguna participación privada. No plantea nacionalizar, simplemente acotar. En tanto se habla de expandir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), toda clase de subastas para atraer inversión privada fueron canceladas. Al parecer, como en el caso petrolero, se espera que donde el estado antes registraba pérdidas financieras gigantescas, ahora llegarán las ganancias.

4. Minando el aparato administrativo

El gobierno obradorista necesita, por ello, mucho dinero. Una forma de obtenerlo ha sido buscar reducir radicalmente el costo de la burocracia. El recorte salarial en los altos niveles del funcionariado del sector público, junto con la eliminación de prestaciones, fue radical. Algunos organismos, como ProMéxico, simplemente fueron abolidos, mientras que otros serán fusionados. El número de subsecretarías fue radicalmente reducido. La cifra de empleados federales de confianza que fueron despedidos es enorme, aunque se desconozcan números precisos. A esto debe agregarse el problema logístico y operativo que implicará el movimiento discrecional de diversas dependencias a lo largo y ancho del país.

Una estrategia que, paradójicamente, sería aplaudida por un neoliberal radical, incluso un anarquista: el adelgazamiento brutal del aparato estatal. Lo indudable es que llevará a la destrucción parcial de la capacidad operativa y la memoria institucional del sector público. La tradicional curva de aprendizaje para los nuevos funcionarios era muchas veces suavizada por el funcionariado que permanecía, aparte de que, incluso, cuando había cambio de partido político en el gobierno muchas veces se designaba a personas con experiencia en el ramo. Muchos de los designados por el presidente López Obrador son a la par neófitos en su cartera y arrogantes. El impacto de ese minado del aparato administrativo en el corto, mediano y largo plazos es imposible de medir, pero probablemente será significativo.

5. El descontrol del gasto

López Obrador siempre destacó, como candidato y presidente, que su gobierno sería cuidadoso en el manejo de las finanzas públicas, incluso prometiendo que no habría déficit fiscal y tampoco nuevo
endeudamiento público. Las propuestas de ingreso y gasto presentadas, y aprobadas por el Congreso, tenían números agregados aceptables, destacadamente alcanzar un superávit primario equivalente a 1% del producto interno bruto (PIB). Esto es, sin considerar los gastos que implica la deuda pública (sobre todo el pago de intereses), tener un excedente significativo.

Es posible que se logre, pero las presiones sobre el gasto serán enormes a lo largo de todo el sexenio. Los nuevos programas, como becar a ninis para entrar a trabajar a una empresa, el aumento en las pensiones y la institución de una pensión universal, los costosísimos proyectos como la refinería o el tren maya implicarán recursos que será complicado encontrar. Promesas hechas ya como presidente en funciones, como la de que México tendrá en dos años un sistema de salud semejante al canadiense o el inglés, no son solo fantasías irrealizables sino que implicarán un gasto gigantesco buscando cumplirlas.

A ello hay que agregar la inclinación presidencial por asignar recursos en forma discrecional. El desabasto de gasolina a inicios de 2019 mostró esa peligrosa faceta (desde una perspectiva de política económica). Igual dijo que se pagaría 8,000 pesos al mes a aquellos “huachicoleros” que dejaran de robar combustible que ordenó una compra inmediata de cientos de carrostanque en Estados Unidos para distribuir gasolina en lugar de hacerlo por ductos (cuando lo segundo es mucho más barato), además dictaminando un generoso sueldo (30 mil pesos mensuales) para los choferes de esas pipas.

Tal discrecionalidad puede llevar a un descontrol del gasto público no visto desde los sexenios de los presidentes Luis Echeverría (1970–1976) y José López Portillo (1972–1982). El problema es que AMLO no considera que dicho gasto sea adicional sino que sería financiado con el “ahorro” logrado en el combate al robo de gasolinas. Ello sin considerar el impacto económico (incluyendo la recaudación fiscal) que implicó el desabasto. En un sentido económico, el presidente no vio pérdida alguna, mientras que, en el financiero, contabilizó generosas ganancias.

Las cifras presupuestales para 2019 fueron muy ortodoxas sobre el papel. El resultado final puede ser muy diferente.

6. Decretando crecimiento económico

Aparte de ordenar gasto público no planeado, AMLO ha mostrado otra faceta preocupante con respecto a la economía: el dictar cifras de crecimiento. Cuando Bank of America redujo su pronóstico de crecimiento del PIB de México de 2% a 1%, su respuesta fue que sería por lo menos el doble. Cuando el Fondo Monetario Internacional redujo su expectativa, pero a 2.1%, tampoco fue de su agrado, y dijo “los vamos a sorprender”.

El último presidente en obstinarse en sus propios números fue José López Portillo. Casi despide a Jesús Silva Herzog como titular de Hacienda y Crédito Público cuando este mencionó una cifra de crecimiento inferior a la que el presidente había establecido. Al director general del Banco de México, Gustavo Romero Kolbeck, le dictaba las cifras de inflación, por supuesto menores a las estimaciones del banco central (entonces carente de autonomía).

El presidente López Obrador sustenta sus pronósticos en una fantasía que peculiarmente tiene un sólido sustento teórico. El presidente argumentó que, como no habría corrupción en su administración, entonces habría más crecimiento. Ciertamente, instituciones fuertes implican menor corrupción, lo que impulsa la inversión y el crecimiento de largo plazo. La construcción de esas instituciones toma tiempo y su impacto es importante, aunque paulatino.

AMLO, en cambio, sigue una senda mesiánica: no habrá corrupción porque él así lo ha establecido con su ejemplo. Sus actos muestran que no habrá construcción de instituciones fuertes sino, en todo caso, su perversión o desmantelamiento, en parte buscando ahorrar recursos presupuestales. Por ello, no puede esperarse un mayor crecimiento sino lo contrario. Crisis coyunturales (y auto infligidas), como la del desabasto de gasolina, también pueden impactar crecimiento e inflación de corto plazo (en forma negativa).

7. El regreso al… populismo macroeconómico

Cuando habla de tener un referente económico, el presidente López Obrador se ha referido al “desarrollo estabilizador”, y en lo particular al titular de Hacienda que piloteó la política económica durante buena parte de su vigencia: Antonio Ortiz Mena, quien encabezó la dependencia de 1958 a 1970 (el desarrollo estabilizador puede ubicarse de 1954 a 1972).

Ciertamente, el desarrollo estabilizador tiene muchos elementos que pueden atraer a un estatista–nacionalista, como fue un fuerte proteccionismo comercial y cierto rechazo a la inversión extranjera. Pero lo que muestra la política económica obradorista es un desarrollo estabilizador exacerbado, si a ello se agrega un descontrol en las finanzas públicas: el llamado “populismo macroeconómico”[1] que encabezaron Luis Echeverría y José López Portillo. Es obvio que no se refiere a ellos como referentes dado que ambos sexenios acabaron en crisis. Es un final que no puede descartarse dado el principio que ha tenido el sexenio.

 

[*] Es profesor investigador del Departamento de Economía, Administración y Mercadología del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Doctor en Economía y maestro en Economía Internacional por la Universidad de Essex, Reino Unido. Trabajó en el Fondo Monetario Internacional (2004–2009). Es colaborador del periódico El Financiero. Correo electrónico:
snegcar@iteso.mx

 

[1]. Los economistas Rudiger Dornbusch y Sebastian Edwards desarrollaron el concepto (que no debe confundirse con el estudiado por la Ciencia Política) en un artículo académico publicado en 1990, definiéndolo como “un enfoque económico que enfatiza el crecimiento y la distribución del ingreso, y desestima los riesgos de la inflación y el financiamiento deficitario, restricciones externas y la reacción de los agentes económicos a políticas anti–mercado agresivas”. Véase: Dornbusch, Rudiger & Edwards, Sebastian, “The Macroeconomics of Populism in Latin American”, Journal of Development Economics, vol.32, núm.2, 1990, pp. 247–277 [publicado en español en El Trimestre Económico, vol.lvii, núm.225, FCE, México, 1990].

Esperar y ver

[*]

Francisco J. Núñez de la Peña[**]

Resumen: cada que hay un nuevo presidente, la población se pregunta ¿cómo gobernará? Acerca del futuro económico de México no hay certezas, solo indicios: criterios generales de política económica, presupuesto de egresos, Ley de ingresos, expectativas, pronósticos. Es decir, deseos y adivinaciones. Las intenciones, declaraciones y decisiones de cualquier presidente no bastan. La clave está en la ejecución impecable.
Palabras clave: México, declaraciones, expectativas, incertidumbre, intenciones, pronósticos económicos.

Abstract: Whenever a new president takes office, citizens wonder how he or she will govern. About Mexico’s economic future, there are no certainties, only indications: general criteria for economic policy, the budget, the Income Law, expectations, forecasts. In other words, hopes and guesses. The intentions, statements and decisions of any president are never enough. The key is impeccable execution.
Key words: Mexico, statements, expectations, uncertainty, intentions, economic forecasts.

Andrés Manuel López Obrador ya hizo historia
como líder social y político, como candidato presidencial.
Nadie puede regatearle ese sitio. Pero su aspiración
a hacer historia como presidente, aunque legítima,
no está asegurada.
Enrique Krauze[1]

Es un incansable creador de eventos mediáticos,
de pequeños acontecimientos que le dan foro para hablar,
curiosamente, no de los problemas específicos
de cada comunidad, sino de su agenda nacional.
Carlos Puig[2]

Errar es humano, pero echarle la culpa a otro
es más humano todavía.
Les Luthiers

Hacia el final de su periodo en el Distrito Federal, el periodista Ciro Gómez Leyva escribió: “Y según el riguroso trabajo de Consulta Mitofsky […] se va con el amor de sus gobernados, a pesar de que ellos piensan que no les resolvió uno solo de sus agobios cotidianos; a pesar de que no lo consideran ni muy honesto, ni muy tolerante. Pero así es el fenómeno López Obrador: pasional, indescifrable”.[3]

Cuando se aproximan las elecciones presidenciales en México, la población se pregunta ¿quién ganará?, y cada que hay un nuevo presidente, ¿cómo gobernará el ganador?

Cambiar no equivale a mejorar. Cancelar o interrumpir un proyecto del gobierno anterior es más fácil que emprender uno mejor, sobre todo si no se tiene la capacidad para hacerlo bien a la primera. Destruir es más fácil que construir. Decir (amenazar, anunciar, criticar, mentir, predicar, prometer, etcétera) es mucho más fácil que hacer que las cosas funcionen correctamente. Las intenciones (buenas), las declaraciones (sonoras) y las decisiones (valientes) de cualquier presidente no bastan. La clave está en la ejecución impecable.[4]

Ha pasado poco tiempo desde que comenzó la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO); por tanto, aún no podemos hablar de cambios en la economía mexicana sino de algunas intenciones, decisiones y acciones, y, principalmente, de expectativas basadas en información acerca del pasado (palabras, obras y omisiones) y esperanzas.

El presidente de la república, en la carta que envió a la Cámara de Diputados con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, afirmó:

Este Proyecto […] parte del compromiso de preservar la estabilidad macroeconómica, mediante la obtención de un balance primario superavitario que permita mantener estable el nivel de endeudamiento público, sin que para ello se incrementen los impuestos existentes, se creen nuevos gravámenes o se modifiquen las reglas de coordinación fiscal vigentes con las entidades federativas. Aunado al compromiso anterior, se propone una nueva visión del quehacer gubernamental, en el que el erario esté destinado de manera prioritaria a atender el bienestar social y revertir la situación de desigualdad social; a impulsar el desarrollo económico para promover la creación de empleos dignos y mejorar las condiciones de vida de quienes menos tienen y […] financiar las tareas de desarrollo del país. Las erogaciones para el ejercicio fiscal 2019 se sujetarán a las medidas de austeridad republicana para el uso eficiente de los recursos públicos; asimismo, se establecerá un gobierno honesto que represente a todas las clases sociales, a todos los sectores económicos y a todos los ciudadanos. Cada una de las líneas de acción del presente Proyecto de Presupuesto está orientada a garantizar la transparencia y combatir la corrupción, ya que esta última es la causa principal de la violencia y la desigualdad económica y social que el Gobierno de México busca erradicar (p.I).[5]

Pero aún no sabemos si, en los hechos, AMLO será conservador en términos fiscales. A Michael Reid, editor en jefe de temas relacionados con América Latina y España en The Economist, le parece que así será.[6]

Podemos encontrar indicios acerca del futuro económico en los Criterios generales de política económica 2019, documento técnico elaborado anualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que sirve de base para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Ahí se expresan supuestos e intenciones; por ejemplo, en uno de sus anexos está el “marco macroeconómico” que se muestra en la tabla 6.1.

Según las cifras expuestas en la tabla 6.1, se espera para México un crecimiento económico y una inflación menores que en 2018, un estancamiento de la producción petrolera, un decremento de la exportación de petróleo crudo y un precio menor, en dólares, de este hidrocarburo. Además, Hacienda prevé más gasto público (muy probable) y más ingresos petroleros (en mi opinión, poco probable) (véase la tabla 6.2).[7]

Según la Ley de Ingresos aprobada por el Congreso de la Unión, los ingresos estimados para el ejercicio fiscal 2019 serán de 5,838,059.7 millones de pesos, de los cuales 9.2% se derivarán de financiamientos. El gasto neto total incluido en el Presupuesto de Egresos es del mismo monto y el déficit presupuestario, 503,841.3 millones de pesos.[8]

Como suele suceder, en promedio, las expectativas de los economistas del sector privado para 2019[9] son menos optimistas que las de Hacienda, pero no muy distintas (véase la tabla 6.3).

El pronóstico publicado el 7 de noviembre de 2018 en The Economist tampoco es muy diferente (véase la tabla 6.4).

Sin embargo, el crecimiento del producto interno bruto (PIB) previsto para México por este semanario y por el Fondo Monetario Internacional (FMI)[10] es menor que el de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay (véase la tabla 6.5).

Metas e intenciones (deseos) y pronósticos (adivinaciones) no son certezas. En las primeras nueve páginas de la minuta de la Reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México, con motivo de la decisión de política monetaria anunciada el 20 de diciembre de 2018, en la que estuvieron presentes algunas de las personas mejor informadas en nuestro país acerca de la economía mexicana —el gobernador y tres subgobernadores; el secretario y un subsecretario de Hacienda— las palabras “incertidumbre” y “riesgo” se mencionaron en más de 60 ocasiones, por ejemplo:

• “Un integrante destacó que el entorno de crecimiento para 2019 está sujeto a una elevada incertidumbre y dependerá tanto de las políticas públicas que se implementen, como de sus efectos en la inversión privada y el consumo”.[11]

• “Todos destacaron que desde la última decisión de política
monetaria [15 de noviembre de 2018] los precios de los activos financieros en México continuaron mostrando una marcada volatilidad. La mayoría coincidió en que […] este entorno continuó reflejando la incertidumbre en torno a las políticas de la nueva administración, añadiendo uno de ellos que […] este último factor ha sido el más relevante. La mayoría señaló que entre los elementos que han propiciado el ambiente de incertidumbre destacan: la intención de cancelar el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, la preocupación por el modelo de negocios de Pemex y el posible efecto de distintos proyectos legislativos”.[12]

• “Con respecto a la consolidación de las finanzas públicas, la mayoría destacó que el paquete económico para 2019 presentado por la SHCP […] es consistente con el fortalecimiento requerido en este rubro y que fue elaborado con base en un escenario macroeconómico con supuestos realistas […] Algunos consideraron que la implementación estricta de las metas fiscales constituye un reto, dado lo ambicioso de los nuevos proyectos del Gobierno Federal y la incertidumbre inherente a los supuestos macroeconómicos utilizados. Un miembro destacó que este reto es el de mayor trascendencia para las finanzas públicas en 2019 en virtud del deterioro de la confianza. Entre los riesgos a los que están sujetos estos supuestos para 2019, la mayoría señaló la posibilidad de que las menores tasas impositivas en la frontera ocasionen una disminución en la recaudación mayor a la prevista; de que la tasa de crecimiento de la economía sea menor al 2% contemplado en el presupuesto, derivado por ejemplo de un menor crecimiento mundial al esperado; y de que la plataforma de producción de petróleo resulte inferior a la contemplada en la Ley de Ingresos de la Federación. Uno de ellos señaló como riesgos adicionales que se intensifique la disminución del gasto público que típicamente ocurre al inicio de una nueva administración como resultado de la salida de servidores públicos con mayor experiencia a consecuencia de las medidas de austeridad y que tenga lugar una revisión de la calificación crediticia soberana que conduzca a un mayor costo financiero de la deuda pública”.[13]

Los economistas del sector privado también perciben incertidumbre. Durante muchos años, el Banco de México ha encuestado mensualmente a un pequeño conjunto (entre 22 y 39) de estos profesionales acerca de los “Factores que podrían obstaculizar el crecimiento de la actividad económica de México en los próximos 6 meses”. Las amenazas (internas o externas) mencionadas antes de cada elección no son las mismas que al principio de cada gobierno. Por ejemplo, en junio de 2000, antes de la victoria de Vicente Fox, la respuesta más frecuente fue “Incertidumbre política interna”; pero en diciembre de 2000 nadie la mencionó. En junio de 2006, antes de la elección de Felipe Calderón, la respuesta más frecuente fue “Incertidumbre política interna”; en diciembre de 2006, ya no fue la primera. En junio y diciembre de 2012 la “Incertidumbre política interna” no fue una preocupación; pero entre junio y diciembre de 2018 fue la principal y no disminuyó (véase la tabla 6.6).

En 2018, las preocupaciones principales de esos especialistas fueron las que se muestran en la tabla 6.7.

Yo no estoy muy preocupado… todavía. Prefiero esperar y ver… un poco más.

 

[*] El presente texto fue elaborado Con información disponible hasta el 10 de enero de 2019. Agradezco los comentarios de G. Barba, G. Cruz, L.J. Guerrero y S.O. Rodríguez.

[**] Economista. Profesor emérito del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Correo electrónico: fnunez@iteso.mx

 

[1]. Krauze, Enrique. “El presidente historiador”, en Letras Libres, 2 de enero de 2019.

[2]. Puig, Carlos. “Historias del más allá”, en Público, 9 de febrero de 2008.

[3]. Gómez Leyva, Ciro. “Los asombrosos números de López Obrador”, en Público, 28 de julio de 2005.

[4]. Por ejemplo, para eliminar hoy el robo de gasolina en México hay que hacer algo más que nombrar a quienes robaron en el pasado. El 8 de enero de 2019, un encabezado de La Jornada fue: “‘Se adoptaron acciones inmediatas’. Admite Nahle error de logística en distribución de combustibles. El problema, donde hay más tomas clandestinas, dice”. Ese mismo día, en la portada, se informó: “amlo: sin vuelta atrás, la lucha contra el robo de combustible”. El día 10, Raymundo Riva Palacio, en El Financiero, opinó: “El equipo energético del Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha hundido como resultado, se puede argumentar, de su novatez. Pemex ha difundido comunicados consecutivos donde afirma que hay suficiente gasolina para abastecer al país, con la petición de que no hagan compras de pánico, porque la sobredemanda siempre le ganará la carrera al suministro de combustible. Pero entre más lo hace, más gente apresura sus vehículos a las gasolineras. No es un problema de abasto, sino de distribución, dice el Presidente López Obrador. Pero la distribución, se supone, estaba prevista y organizada, según la secretaria de Energía, Rocío Nahle. La secretaria dice que la estrategia se empezó a preparar desde el 27 de diciembre, cuando el Presidente anunció el programa contra el robo de combustible […] Si el programa del 27 de diciembre se anticipaba tan exitoso en el corto plazo y se cerraron los ductos para impedir nuevos robos, ¿qué hicieron Romero Oropeza y Nahle para evitar el desabasto? […] Entre los dos, por su incompetencia profesional, provocaron una crisis donde no la había, que de no atajarse crecerá hasta afectar el aparato productivo y el transporte terrestre y aéreo”.

[5]. En esta carta, la única mención a los aeropuertos es: “Para el subsector aeroportuario, se contemplan recursos por 18 mil millones de pesos, que estarán enfocados a la modernización y rehabilitación de la infraestructura y la conectividad, las cuales ya consideran las acciones necesarias para asegurar y mejorar la operación de la infraestructura del Sistema Metropolitano de aeropuertos” (pp. 7 y 8).

[6]. Gascón, Daniel. “’La izquierda latinoamericana cree que el anticapitalismo y la justicia social son mucho más importantes que las libertades y la democracia’. Entrevista a Michael Reid”, en Letras Libres, 1 de diciembre de 2018, p.15.

[7]. Ibidem, p.131.

[8]. “Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019”, en Diario Oficial de la Federación, 28 de diciembre de 2018. La Cámara de Diputados hizo adecuaciones a la iniciativa. Por ejemplo, redujo 3,428.9 millones de pesos a los ramos autónomos (entre ellos, al Poder Judicial, 1,700.0 millones) y aumentó, entre otros, los de los ramos 08 (Agricultura y Desarrollo Rural, 8,091.8 millones), 11 (Educación Pública, 7,860.2 millones), 28 (Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, 5,320.7 millones), 16 (Medio Ambiente y Recursos Naturales, 4,500.0 millones), 13 (Marina, 2,500.0 millones), 20 (Bienestar, 2,115.0 millones), y 33.

[9]. Banco de México. “Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: diciembre de 2018”, 14 de diciembre de 2018. Recuperado de http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-de-los-especialis/%7B17D9b6d1-2fda-d129-63e1-8d6aa77de223%7d.pdf

[10]. Fondo Monetario Internacional. World Economic Outlook: challenges to steady growth, FMI, Washington, octubre de 2018.

[11]. Banco de México. “Minuta número 64. Reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México, con motivo de la decisión de política monetaria anunciada el 20 de diciembre de 2018”, 19 de diciembre de 2018, p.3. Recuperado de http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/minutas-de-las-decisiones-de-politica-monetaria/%7B5EC61A9B-E408-3DA8-C647-97B441EC6D76%7D.pdf

[12]. Ibidem, p.5.

[13]. Ibidem, p.6.

 

Los efectos y las limitaciones del TLCAN

Bernardo Martínez Lutteroth[*]

Resumen: el Tratado de Libre Comercio fue promocionado por Carlos Salinas de Gortari como una medida que salvaría a México en términos socio−económicos, sin embargo, esa función queda más allá de las posibilidades de un acuerdo de comercio exterior. En el presente artículo, analizo qué es y qué no es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para la realidad social y económica del país, empezando por sus metas inmediatas y posibles, y terminando por las últimas metas prometidas que, quizás, no se deberían esperar de tal legislación. Terminamos con una reflexión acerca de los efectos creados por la postura del presidente Donald Trump la cual es fuente de incertidumbre para el futuro del TLCAN.
Palabras clave: TLCAN, producción, distribución, ingreso, inversión extranjera directa.

Abstract: The Free Trade Agreement was promoted by Carlos Salinas de Gortari as an initiative that would save Mexico in socio-economic terms; such a result, however, is beyond the scope of a foreign trade agreement. This article analyzes what the North America Free Trade Agreement (NAFTA) is and is not for the country’s social and economic reality, starting with its immediate and possible goals, and ending with the ultimate goals that were promised and that perhaps should not be expected from this kind of legislation. The article concludes with a reflection on the effects created by the stance taken by President Donald Trump, which has sown uncertainty about the future of NAFTA.
Key words: NAFTA, production, distribution, income, foreign direct investment.

 

  1. Introducción

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es el acuerdo que define la dirección económica que el gobierno mexicano ha decidido tomar en las últimas tres décadas. Bajo el liderazgo de Carlos Salinas de Gortari, ante la gran crisis de 1982, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) decidió buscar la estabilización y el eventual crecimiento de la economía en una apuesta total al comercio exterior, especialmente con Estados Unidos. Frente a la ascendencia de Donald Trump y la nueva era política y económica que declara en Norteamérica, se ha sembrado duda en el futuro del TLCAN y las relaciones económicas entre Estados Unidos y sus vecinos. Al escribir este texto, se encuentra en renegociación el Tratado, es decir que están siendo revisados sus términos por políticos de los tres países integrantes. Es, entonces, momento idóneo para reflexionar acerca del desempeño que ha tenido el acuerdo, sus efectos, consecuencias, fuerzas y debilidades.

En el presente trabajo, busco llevar a cabo un análisis de los efectos que ha tenido dicho tratado para la economía del país, si ha logrado las metas propuestas de promover el libre intercambio comercial con Estados Unidos y Canadá. Para cumplir con tal propósito, destaco los indicadores económicos proporcionados por la Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) correspondientes al comercio exterior del país comparado con el de los otros dos integrantes del tratado. Después analizo, a partir de indicadores socio–económicos, qué consecuencias han tenido aquellos cambios para la vida del pueblo mexicano, a quien corresponderían los beneficios de una economía creciente.

Por último, entablo una reflexión acerca de las limitaciones del TLCAN y las propuestas económicas neoliberales del PRI, las cuales han invertido su mayor esfuerzo en mejorar la producción y, en cambio, han ignorado replantear el esquema de distribución de la riqueza. En la conclusión, nos quedamos con la siguiente pregunta: ¿qué se puede buscar con la renegociación del TLCAN para mejorar las condiciones socio–económicas de la sociedad mexicana?

 

  1. Contexto y planteamiento del TLCAN

La apertura a lograr algún acuerdo de libre comercio con Estados Unidos o, más bien, la determinación a realizarlo fue dada a conocer en 1990. La tasa de inflación del peso se había estabilizado paulatinamente desde que habían estallado las devaluaciones en 1982, y otra vez regresaba un vago sentimiento de estabilidad para la moneda. Ahora, para echar adelante la economía, que prácticamente no había crecido desde la década de los años setenta, se creía fundamental atraer capital extranjero y así “revertir la tendencia en la trasferencia de recursos”.[1] La fuente más grande e influyente de inversión extranjera de México siempre ha sido el vecino del norte, y eso no cambiaría en los planes del gobierno de Salinas. Un acuerdo con Estados Unidos, y posiblemente Canadá, para fomentar la inversión directa sería un impulso seguro y fuerte a la economía del país.

Lo que terminó siendo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte partió, entonces, de una necesidad desesperada de inversión extranjera ante lo que, aparentemente, había sido la falla desastrosa de la apuesta por la industria nacional petrolera de la década de los años setenta. La nacionalización y la inversión interna del PRI cardenista habían terminado en la desilusión y, ahora por contrario, la esperanza caía en una lógica neoliberal del PRI salinista. México necesitaba abrir su comercio hacia el norte, aumentando su exportación de todo tipo de bienes, junto con la importación de materiales de calidad, y finalmente, atraer al empresario norteamericano y los financieros internacionales y así, lograr un crecimiento acelerado.

Hoy, han pasado 24 años desde la entrada en vigencia del TLCAN, el primer día de enero del 1994, durante los cuales también la medición de indicadores económicos ha mejorado considerablemente, por lo que hoy se dispone de la información necesaria y relevante para analizar el impacto que este ha tenido sobre la economía mexicana. Si analizamos los datos concernientes a la importación y exportación, es decir, la participación internacional del comercio mexicano, puede notarse claramente que ha aumentado considerablemente desde la firma del tratado (véanse figuras 1.1 y 1.2).

 

  1. Comercio internacional e inversión extranjera

En los ocho años después del comienzo efectivo del tratado, México creció porcentualmente más que Canadá y Estados Unidos en exportaciones totales y sufrió menos los años de caída, con cifras similares en cuanto a importaciones. Mientras que, en términos totales de dinero, Estados Unidos ha aumentado mucho más que los otros dos países del acuerdo (un crecimiento de 90 mil millones de dólares en exportaciones anuales desde 1991), México, que empezó con menos de la mitad de los 12 mil millones anuales de Canadá en 1993, ha alcanzado una diferencia de menos de mil millones respecto a los canadienses (34.1 y 35 miles de millones, respectivamente).

Asimismo, las cantidades que se han invertido directamente en los negocios mexicanos desde el extranjero se han incrementado a saltos desde que se implementó el TLCAN (véase figura 1.3). De 1991 a 1993, apenas pasábamos de los 4,000 millones de dólares de inversión extranjera directa (IED), pero en cuanto entró en vigencia el tratado, las cantidades aumentaron año tras año hasta llegar a un punto alto de 30 mil millones en el año 2001, y para estabilizarse un poco y luego volver a subir hasta los 47 mil millones de dólares anuales en 2013. Eso constituye un crecimiento de 974%, en cantidades brutas de dólares, en 20 años. Un aumento de esa magnitud resulta inimaginable si no se hubiera firmado dicho acuerdo.

Sin embargo, los meros números totales del crecimiento del comercio internacional, en cuanto inversión directa, no son suficientes para analizar claramente la importancia que ha tenido dentro de la economía mexicana. Las cantidades solamente nos señalan cuánto ha sido el crecimiento y no nos dice cuánta importancia ha cobrado dicho sector o ámbito como fuerza en las dinámicas de la economía del país. Para eso nos sirve calcular, además de las cantidades totales, la inversión extranjera directa como porcentaje del producto interno bruto (PIB) total de la nación; así vemos el peso que tiene dentro de la producción de capital.

Entonces, se puede estimar que los 4,300 millones de inversión de 1993 constituyeron, en ese momento, menos de 1% de la producción económica de México, y en el año 2016, los 34 mil millones constituyeron 3.2%. La inversión extranjera tiene, por lo tanto, más del triple de peso en la economía mexicana que antes del TLCAN.

El crecimiento, aquí expuesto, del comercio internacional y la atracción de inversión ciertamente ayudaron a que se recuperara la economía de México y comenzara a crecer a un ritmo saludable. Que los 4,000 millones de dólares de 1993 fueran casi 1% del PIB y que en el 2016, los 34 mil millones fueran poco más de 3% del PIB nos dice que, en ese plazo, la producción económica del país creció bastante. Con las cifras anteriores parece que las metas inmediatas del TLCAN se cumplieron, y deberíamos entonces considerar que ha sido un absoluto beneficio para el país. Sin embargo, debemos considerar las metas finales del tratado. La razón de ser del acuerdo, y su objetivo final, no es simplemente el crecimiento de los mencionados indicadores sino alcanzar un mejoramiento en las condiciones sociales del pueblo a través de tal crecimiento.[2]

Carlos Salinas de Gortari dio, en 1993, un discurso en la graduación del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) en el que señaló que “En este fin de siglo, el comercio global y el comercio más libre es la manera de mejorar el nivel de vida de nuestras poblaciones. Es por eso que en México, le hemos propuesto a Estados Unidos y Canadá un tratado de libre comercio”.[3] Salinas continúa:

El TLCAN, quiero destacar, es un acuerdo de creación de empleos. […] El TLCAN es un acuerdo de mejoras salariales, porque estamos comprometidos con el aumento de los salarios reales en México, más de lo que ya han aumentado, cuando el TLCAN sea ratificado. Y el TLCAN es un acuerdo de reducción de la migración, porque los mexicanos no tendrán que emigrar hacia el norte en busca de trabajo en este país, sino que serán capaces de encontrarlos en el mío, que es mi compromiso principal”.[4]

Uno debe preguntarse: si los objetivos inmediatos del tratado se lograron fácilmente, ¿cómo se ha visto la realización de sus metas últimas? ¿Tanto crecimiento en la producción y comercio del país se ha podido traducir en una mejora para la vida del pueblo? Habrá de investigar otra gama de indicadores para responder estas preguntas, empezando por los señalados por el expresidente en su discurso.

 

  1. Ingresos

En la figura 1.4 se puede observar que el crecimiento de México, en términos de ingreso nacional bruto (INB) per cápita, ha sido extremadamente mediocre. Es fácil esgrimir el argumento de que, aunque el crecimiento de México no sea extraordinario, sería aún peor sin el TLCAN, y por eso he incluido en las cifras una comparación con algunos países ejemplares de Latinoamérica.

En 1993, México contaba con un INB por persona de casi 4,500 dólares, el segundo más alto de los países incluidos en la tabla detrás de Argentina, y con una ventaja considerable sobre los últimos cuatro. Cerca de 19 años después, en 2012, México había caído al penúltimo lugar en tanto a cantidad total e igualmente en cuanto a porcentaje de crecimiento con apenas 37% de crecimiento en casi dos décadas.

Mientras tanto, Brasil (con una población de casi el doble de la mexicana) y Chile aumentaron su INB per cápita en más de 140% y superaron a nuestra nación, y aunque Costa Rica seguía en último lugar en cantidad total, logró un crecimiento de 109%, casi triple al nuestro. Actualmente, por las crisis políticas en Brasil y Venezuela, los datos han cambiado drásticamente, sin embargo, el hecho de que se hundan economías vecinas por crisis políticas de corrupción no enaltece, de alguna manera, la efectividad del TLCAN en nuestro país, y también, a partir del 2016, México se encuentra en niveles inferiores de INB por persona que en el 2012.

 

  1. Salario

No es adecuado analizar la mejora salarial desde la cantidad bruta del salario mínimo ni el ingreso medio real, ambas cifras han crecido (aunque de manera minúscula). Una medida que refleje la realidad de lo que significa el salario mínimo para aquel trabajador que lo recibe sería relacionar los cambios de este con aquellos en los costos de la canasta básica o canasta alimentaria recomendable (CAR). Midiendo la cantidad de salarios mínimos necesarios para poder cumplir con la CAR, que es el nivel de vida mínimo para que una familia de cinco personas cuente con alimento, vestido, vivienda, salud, trasporte y educación de la manera más básica, podemos calcular el cambio de poder adquisitivo que brinda el salario en México (véanse figuras 1.5 y 1.6).

Pese a que la figura 1.6 sea solamente del 2005 en adelante, nos muestra la tendencia real de los salarios en México: que aun cuando en cantidad de pesos corrientes, el ingreso laboral promedio esté aumentando, el valor de ese ingreso está decreciendo más rápidamente. Los 1,309 pesos que se ganaban en 2005 valían mucho más que los 1,583 que se ganaban en 2014.

En la figura 1.5 vemos otras cifras sobre el mismo fenómeno. En 1992, antes de que se firmara el TLCAN, se necesitaban 3.7 salarios mínimos para que una familia urbana cubriera sus necesidades más básicas, y 2.5 para que lo hiciera una familia rural. Después de 22 años, en 2014, una familia urbana necesitaría 5.3 salarios mínimos para cumplir con lo mismo y una rural 3.6. En este último año (2014), incluso si una familia urbana pusiera su ingreso entero en alimentos, ignorando la vivienda, comida, trasporte y otras necesidades, necesitaría más de dos salarios mínimos y medio para comer adecuadamente.

Entonces, aunque han subido nominalmente los salarios mínimos año tras año, se observa una pérdida fuerte en el poder adquisitivo que proporcionan (véase figura 1.6). El salario mínimo del año 2014, al ser nominalmente mayor, brinda un poder adquisitivo casi 35% menor que el salario de 1992. Por lo tanto, el TLCAN ha mostrado no ser un acuerdo de mejoras salariales, como lo había declarado Salinas de Gortari.

  1. Migración

La última promesa de la cita anterior del expresidente fue que el tratado, además, y precisamente por cumplir las promesas anteriores, reduciría de manera significativa la emigración de los mexicanos hacia

las mejores oportunidades del norte. Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario, ya que la década de los años noventa vio el auge de la emigración masiva hacia Estados Unidos. El sitio del Instituto de Política Migratoria exhibe las cifras que allá se han elaborado sobre la llegada de migrantes desde México (véase figura 1.8). Claramente queda expuesto el hecho de que lo que fue apenas más de cuatro millones de migrantes en 1990 se duplicó y más para rebasar los nueve millones en el año 2000. Se podría argumentar que el efecto del TLCAN, seguramente, no sería inmediato, sin embargo, la tendencia siguió toda la siguiente década hasta llegar a su tope en el año 2010. Ahora, Estados Unidos cuenta con casi el triple de migrantes mexicanos que cuando Salinas hizo aquella promesa.

  1. Producción vs. Distribución: Causas de la desigualdad

Al analizar las tendencias desde la perspectiva de la economía política, es decir, aplicada a una sociedad real, la finalidad de las acciones económicas no es mejorar algunas cifras o acelerar el crecimiento de tal sector sino que se busca como meta final una mejor vida para los ciudadanos de dicha sociedad. El gobierno y las instituciones económicas públicas de México son elegidas como representantes del pueblo para tomar decisiones que nos beneficien como nación y mejoren nuestras condiciones de vida; tal es la justificación democrática del uso del poder.

La economía parte de dos principios elementales: la producción y la distribución, por ende, no se puede tener una economía estable y duradera si se ignora a alguno de esos fundamentos. El neoliberalismo globalizante que ha caracterizado al PRI salinista, maneja los asuntos económicos bajo una lógica de producción de bienes y crecimiento de mercados y ha omitido, desde la década de los años ochenta, otorgar similar atención al asunto de una distribución justa que conceda al pueblo mexicano los frutos de su productividad. De nada sirve tener corazón de atleta si no se tuviera también el sistema meticuloso de venas que sirve para regar de sangre a todos los puntos vitales del cuerpo.
Lo que ha resultado, en México, por ignorar la organización de la distribución se puede ver en las tablas anteriores: mientras los negocios del país avanzan, su gente se queda atrás, lo que resulta en una extrema desigualdad.

Uno de los indicadores que se utilizan internacionalmente para medir la desigualdad de los países es el coeficiente de Gini. Según el sitio enciclopediafinanciera.com se dice que:

El coeficiente de Gini mide la desigualdad entre los valores de una distribución de frecuencias (por ejemplo, niveles de ingreso). Un coeficiente de Gini de cero expresa la perfecta igualdad donde todos los valores son los mismos (por ejemplo, donde todo el mundo tiene un ingreso exactamente igual). Un coeficiente de Gini de uno (100%) expresa la desigualdad máxima entre los valores (por ejemplo, cuando solo una persona tiene todos los ingresos).[5]

Gerardo Esquivel consulta a dos fuentes para calcular el coeficiente de México, que resulta estar entre .441 y .483 mientras que el promedio mundial está entre .373 o .404. Eso quiere decir que “al ordenar a los países por desigualdad ascendente, México ocupa el lugar 107 de 132; es decir, 80% de los demás países tienen menor desigualdad”.[6] Tal cifra pone en evidencia un problema grave y profundo en la economía mexicana que no se puede corregir dejando que la distribución de la riqueza, ignorada por la organización gubernamental, se coagule lentamente en los centros del poder económico y yazca, robada, en las manos de los pocos (tal tendencia se muestra en la figura 1.9).

  1. Conclusión

Tras el análisis de los efectos socio–económicos que ha tenido el TLCAN, se muestra que las consecuencias inmediatas, aquellos aumentos de producción, crecimiento e inversión, no llevan automáticamente a una mejora social sino que requieren un gran esfuerzo organizado que, por vías legislativas, establezca una distribución que beneficie a la sociedad en general. No queda de más aclarar que las fuertes caídas de los indicadores sociales y económicos que hemos analizado, como lo son los salarios, el poder adquisitivo, desde 1994 no fueron causadas por la introducción del tratado. Afirmar eso sería una seria falta de criterio histórico y económico. Sin embargo, lo que sí se puede afirmar desde los indicadores analizados es que el TLCAN no ha podido causar una recuperación significativa ante la crisis económica que ocurrió entre 1994 y 1995. Las tablas nos muestran que, desde aquella crisis, las condiciones socio–económicas de México han estado relativamente estancadas. La apuesta a que la economía nacional se reactive y que, de alguna manera, se rectifique la vida económica de los ciudadanos por medio del comercio exterior y la inversión extranjera, ha fallado.

En lo que concierne a la renegociación actual del TLCAN, no se debería, y no se puede, buscar en un acuerdo de apertura comercial la solución de la economía mexicana: por tal tratado no va a realizarse la autosuficiencia ni la mejoría de la condición socio–económica del pueblo. Sin embargo, lo que sí se puede buscar establecer en las negociaciones es la exigencia y defensa de los derechos de los obreros y trabajadores mexicanos que, en el ámbito del comercio internacional, son explotados y desechados según las conveniencias y trampas de las grandes trasnacionales. Los acuerdos internacionales deben servir para respaldar y complementar una economía que es bien manejada; una riqueza bien distribuida. Ante las mañas de la industria internacional, aquellos derechos serían un paso correcto que le correspondería al TLCAN en el camino a una sociedad próspera, productiva y saludable.

 

  1. La era de inestabilidad bajo Trump

Mi interés por escribir este artículo sobre un acuerdo de hace 25 años es que, a pesar de haber sido siempre polémico conforme a varias opiniones, ha sido totalmente desenterrado por Donald Trump y la corriente reaccionaria estadounidense que añora un ideal de la “era dorada” de la posguerra, en la que todo hombre podía conseguir un empleo de manufactura que le permitiera comprar casa y coche. Mientras sus ciudadanos despiertan del sueño americano, Trump ha estado repartiendo la culpa, primero a los “bad hombres” mexicanos, después a los musulmanes, y ahora, impersonalmente, a Canadá y toda Europa.

Trump se volvió, como es común en estos tiempos, simultáneamente popular y controversial en el momento que decidió hablar sin filtro y culpar a los mexicanos por los males del obrero norteamericano. Su política se define por la confrontación, y para México, eso ha significado amenazarnos con deshacer el TLCAN, que él mismo definió como “el peor acuerdo jamás firmado, posiblemente en cualquier lugar, pero definitivamente en este país”.[7] En los primeros meses de 2018, Trump buscó, en lugar de un acuerdo entre los tres países del TLCAN, quedarse con un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Canadá, indeciso sobre qué acciones concretas tomar contra México.[8] Apenas cinco días después, el consejero comercial de Trump declaró que Justin Trudeau y el gobierno de Canadá tienen toda la culpa de que se hayan descarrilado las negociaciones del tratado porque “Simplemente no están jugando limpio. Deshonesto. Débil”.[9] Los conflictos entre nuestros aliados del norte provienen de un desacuerdo sobre la propuesta de Trump que el TLCAN tenga que ser renovado cada cinco años o, de lo contrario, anularse.

Como hemos observado previamente, el TLCAN no ha sido la gran salvación de la sociedad mexicana que prometió Salinas, ni tiene por qué serlo, ya que es un acuerdo de comercio internacional y nada más. Sin embargo, no se debería subestimar el impacto que ha tenido en la economía mexicana, especialmente la interacción entre esta economía y las de los otros países del acuerdo.

Trump representa la inestabilidad más que cualquier otra cosa, y las acciones de su gobierno, en torno al Tratado de Libre Comercio, significan una total inhabilidad de predecir cómo se verá la dinámica económica entre nuestros tres países en el futuro cercano. México está viviendo una época de profunda inestabilidad en términos políticos y sociales, y lo último que necesita en este momento es regresar a la inestabilidad económica de generaciones pasadas.

Sin embargo, Trump parece estar convencido de que, para que prospere su país, sus vecinos tienen que salir perdiendo. A finales de mayo de este año, sin provocación alguna, anunció aranceles al acero (25%) y el aluminio (10%), materiales que comúnmente importa de México, Canadá y Brasil, además de varios aranceles a más de sus aliados comerciales.[10] Los gobiernos de México y Canadá respondieron imponiendo sus propios aranceles estratégicos a bienes importantes para ciertos sectores de la industria de Estados Unidos y, a su vez, Trump ha reaccionado con adicionales amenazas en lo que podría escalar fácilmente a una “guerra comercial”. Muchas empresas y comerciantes buscan alianzas alternas, ya sea con Asia, Europa, o Sudamérica, ya que, si el TLCAN proporcionaba algún rasgo de seguridad económica general mientras México sufría una violencia social, estos nuevos sucesos apuntan a una época inestable en la que los efectos del incremento, visto de intercambio internacional (véanse figuras 1.1 y 1.2), es revertido y el comercio de México, en el escenario global, podría caer en la incertidumbre.

[*]Es originario de Tijuana, Baja California. Es estudiante de Filosofía y Ciencias Sociales en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores (ITESO) en la ciudad de Guadalajara. Correo electrónico: berny.ml@protonmail.com

[1].     Lustig, Nora Claudia & Székely, Miguel. México: evolución económica, pobreza y desigualdad, Washington D.C., 1997. Recuperado el 24 de agosto de 2018, de http://fundacionmerced.org/bibliotecadigital/wp-content/uploads/2013/05/M%C3%A9xico-Evoluci%C3%B3n-econ%C3%B3mica-pobreza-y-desigualdad-Lustig.

[2].    La importancia y validez de separar el análisis del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en objetivos inmediatos y objetivos finales se establece en: Esquivel, Gerardo. “El TLCAN: 20 años de claroscuros”, en Foreign Affairs Latinoamérica, 8 de diciembre de 2014. Recuperado el 24 de agosto de 2018, de http://revistafal.com/el-tlcan-20-anos-de-claroscuros-2/#

[3].    Traducción del autor. Un video del discurso completo se puede consultar en https://www.youtube.com/watch?v=XstC7SuLotE

[4].    Esquivel, Gerardo, op. cit. Las cursivas son del autor.

[5].    Enciclopedia Financiera. Recuperado el 24 de agosto de 2018, de https://www.enciclopediafinanciera.com/definicion-coeficiente-de-gini.html

[6].    Esquivel Hernández, Gerardo. Desigualdad extrema en México: concentración del poder económico y político, OXFAM, México, 2015.

[7].    Esta declaración se hizo en su primer debate presidencial en 2016 contra Hillary Clinton y se puede ver por video en la siguiente liga: https://www.youtube.com/watch?v=kl2QShtOwbU

[8].    Dopp, Terrence; Wingrove, Josh & Leonard, Jenny. “Trump Wants Bilateral NAFTA Talks But He Won’t Quit Accord”, en Blomberg, 5 de junio de 2018. Recuperado el 24 de agosto de 2018, de https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-05/trump-wants-separate-nafta-talks-for-canada-mexico-kudlow-says

[9].    Wingrove, Josh. “Trump aide pins breakdown in nafta talks on Canada, says Trudeau is hell–bound”, en The Boston Globe, 10 de junio de 2018. Recuperado el 24 de agosto de 2018, de https://www.bostonglobe.com/business/2018/06/10/trump-aide-pins-nafta-failure-canada-and-hell-bound-trudeau/KYY3jdIEVw2VHANfwJAWgI/story.html

[10].    Lynch, David J.; Dawsey, Josh & Paletta, Damian. “Trump imposes steel and aluminum tariffs on the E.U., Canada and Mexico”, en The Washington Post, 31 de mayo de 2018. Recuperado el 24 de agosto de 2018, de https://www.washingtonpost.com/business/economy/trump-imposes-steel-and-aluminum-tariffs-on-the-european-union-canada-and-mexico/2018/05/31/891bb452-64d3-11e8-a69c-b944de66d9e7_story.html?utm_term=.2c237cbdb047

La economía mexicana en tiempos de López Obrador

Luis Ignacio Román Morales[*]

Resumen: el artículo aborda algunas de las posibles estrategias económicas que podrían caracterizar la administración de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de México. Se plantea la paradoja de llagar al poder con una significativa fuerza política, derivada del resultado electoral del 1 de julio, pero con una igualmente significativa debilidad económica, ante la concentración del poder privado en el país. Ante este escenario, se abordan cinco posibles ejes de política, en materia de: austeridad gubernamental, crecimiento económico, empleo y salarios, política social, financiera y de relaciones económicas con el exterior, particularmente con Estados Unidos.
Palabras clave: estrategia socioeconómica, López Obrador, elecciones, política económica.

Abstract: The article addresses some of the economic strategies that might characterize Andrés Manuel López Obrador’s presidential term. It looks at the paradox of assuming office with considerable political strength, on the heels of the electoral landslide of July 1st, but with an equally considerable economic weakness, given the concentration of power in the country’s private sector. This scenario suggests five possible policy thrusts: government austerity, economic growth, jobs and wages, social financial policy, and foreign economic relations, in particular with the United States.
Key words: socioeconomic strategy, López Obrador, elections, economic policy.

 

¿México es un país de 130 millones de habitantes o de 52 empresarios? He ahí el dilema.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO en lo sucesivo) refirió reiteradamente la necesidad de un cambio de raíz, de un cambio radical. En contraste, durante las primeras semanas posteriores a su victoria electoral, los empresarios se han congratulado de que no haya propuestas ni actitudes radicales por parte del virtual presidente electo.

No es para menos, la historia política de las candidaturas presidenciales de Cuauhtémoc Cárdenas y de Andrés Manuel López Obrador han estados cubiertas de descalificaciones (sobre todo para este último)
y de la siembra de temores con respecto a su eventual llegada a la presidencia. San Juan Victoria señala: “Según la crítica ilustrada y liberal, AMLO, el mesías tropical, excita a las bajas pasiones de las masas peligrosas, incultas, atrapadas en un pasado ya muerto, y los orienta en su sed de poder absoluto hacia la destrucción de la representación moderna”.[1]

De parte de AMLO, las críticas verbales también han sido significativas: desde el “cállate chachalaca”, dirigido hacia Vicente Fox cuando él era presidente de la república, hasta la expresión “mafia del poder”, dirigida a la oligarquía mexicana, pasando por “al diablo con las instituciones”, expresión referida al uso discrecional del poder institucionalizado en favor de los grupos que detentan el poder económico y político. La retórica de AMLO reflejaba un profundo rechazo al sistema político–económico imperante.

El primero de julio de 2018, AMLO venció con más de 30 millones de votos, equivalentes a 55% de la votación válida (votación total menos votos anulados, los otorgados a Margarita Zavala y los asignados a “otros candidatos” —no registrados—); antes de esta elección, ningún candidato había alcanzado 20 millones de votos. Tal resultado le otorga, al nuevo presidente, una legitimidad inédita: el respaldo no solo se traduce en la obtención de la presidencia de la república sino en que la coalición que encabezó, Juntos Haremos Historia —integrada por los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES)—, obtuvo la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, más de 300 diputados y cerca de 70 senadores.[2]

Tal coalición también logró la mayoría absoluta en cuanto menos 18 congresos locales, lo que le otorga la posibilidad de que le sean aprobados cambios constitucionales federales si lograra obtener mayorías calificadas en votaciones del Congreso de la Unión (diputados federales y senadores). Adicionalmente, triunfó en cinco de las nueve elecciones que se efectuaron para elegir gobernador y en ayuntamientos y alcaldías clave, incluidas 12 de las 16 delegaciones de la Ciudad de México; municipios centrales del Estado de México, como la capital (Toluca), el municipio más poblado (Ecatepec) y los más industrializados (Naucalpan y Tlalnepantla); ciudades turísticas relevantes, como Acapulco, Puerto Juárez (Cancún), La Paz y Los Cabos; fronterizas, como Ciudad Juárez y Piedras Negras; el principal puerto al océano pacífico, Manzanillo; diversas capitales, además de Toluca y La Paz, como Villahermosa, Tuxtla Gutiérrez, Culiacán, Oaxaca, Hermosillo, Cuernavaca, Zacatecas, etcétera.

Lo anterior no implica que el gobierno de López Obrador carezca de contrapoderes significativos sino que estos no se encuentran solo en los poderes políticos formales, en donde la oposición estará fuertemente debilitada al nivel del Congresos de la Unión sino a nivel de los gobiernos estatales y municipales, así como fuera de dichos poderes, especialmente en el entorno del poder económico.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) continuará como la entidad que detenta más gubernaturas, 12; seguido por el Partido Acción Nacional (PAN), 11; Morena, 5; Partido de Revolución Democrática (PRD), dos; Movimiento Ciudadano (MC) e independientes, una cada uno. De los 24 estados con más de mil municipios en que se efectuaron comicios, dos fueron para el PAN y la coalición que tuvo con el PRD y MC; venció en 410; el PRI (solo y en alianzas), en 365; y Morena, en 303. En otros términos, el poder territorial se encontrará repartido.

El PRI continuará predominando en las zonas rurales, pero perderá gran parte de su presencia urbana. La única capital en que triunfó fue Saltillo, así como en algunas zonas populosas colindantes con la Ciudad de México, como Chimalhuacán e Ixtapaluca.

La alianza PAN / PRD / MC manifiesta su fuerza principal en el centro del país: particularmente MC en Jalisco, el PAN en Guanajuato (única entidad en que el candidato presidencial del PAN superó a López Obrador); y junto con el PRD, en algunas demarcaciones de la Ciudad de México (Coyoacán, Venustiano Carranza, Benito Juárez, etcétera) y municipios conurbados (como Ciudad Netzahualcóyotl y Huixquilucan). Este frente también logró vencer en algunas ciudades capitales y áreas metropolitanas, particularmente importantes como Guadalajara, Monterrey, León, Querétaro, Irapuato y Mérida.

En cuanto al contrapeso empresarial, la concentración del ingreso y de la riqueza le otorga, a quienes detentan el mayor poder económico, la posibilidad de modificar súbitamente el entorno, principalmente en los mercados bursátiles y cambiarios. Un derrumbe en la bolsa de valores o en la paridad del peso sería sinónimo de una crisis de gran envergadura.

En consecuencia, el nuevo gobierno mexicano se encuentra en una situación paradójica: cuenta con una enorme fortaleza y respaldo político, al tiempo que se ubica en una situación económica vulnerable. Por una parte, de manera independiente a de su estrategia de desarrollo económico, debe de mantener una relación cordial con los grandes empresarios con el fin de evitar una desestabilización económica y, por otra parte, requiere enfrentar los grandes intereses económicos, para obtener los recursos que permitan reactivar el papel económico del estado, contribuir a una mejor distribución del ingreso y la riqueza, regular la actividad económica para equilibrar el papel de la mayor parte de las micro, pequeñas y medianas empresas frente a los grandes corporativos, así como para procurar un desarrollo sustentable.

El arbitraje entre “cordialidad” y primacía del interés público sobre el privado, dicho en otros términos, entre continuidad y cambio, implica caminar al filo de la navaja. Es claro que no hacer cambios sustantivos en la estrategia económica permitiría el apoyo de los grandes capitales, pero también implicaría mantener la inercia de polarización económica y social, lo que, a su vez, generaría un mayor descontento social, alimentado con la frustración social de haber optado por un rumbo económico distinto y no verlo en la práctica. De generarse tal situación, difícilmente podría garantizarse la estabilidad política y legitimidad del nuevo gobierno, lo que —en un entorno de debilidad de la oposición— podría generar un entorno aún más grave y caótico que el actual.

La moneda está en el aire y lo seguirá estando al menos hasta el momento en que el nuevo presidente se haga cargo de la chequera del país.

La plataforma electoral de la coalición Juntos Haremos Historia (en lo sucesivo, Plataforma) se plantea como objetivo “generar políticas públicas que permitan al país romper la inercia de bajo crecimiento económico, incremento de la desigualdad social y económica y pérdida de bienestar para las familias mexicanas”.[3] Se advierte pues, una búsqueda de atención a los problemas productivos y distributivos, sin efectuar referencia específica al funcionamiento de los mercados. Los principales problemas nacionales que advierte el documento son la corrupción, el estancamiento, la desigualdad y el deterioro.

En materia de legalidad y lucha frente a la corrupción, se plantean los siguientes ejes:

  1. Una reorganización gubernamental que impida el mal uso de los recursos públicos.
  2. En materia de lucha contra la pobreza, la recuperación de un enfoque de derechos sociales (alimentación, educación, salud, trabajo, vivienda digna, cultura y deporte).
  3. Recuperación de la paz.
  4. Viabilidad financiera y austeridad (sin aumentos ni nuevos impuestos y sin endeudamiento para financiar gasto corriente). En este aspecto vale mencionar la aceptación tácita del primer postulado del Consenso de Washington, relativo al cuidado de los “equilibrios macroeconómicos”, en especial en lo relativo al equilibrio fiscal. En contraste, se expresa una reorientación de presupuesto públicos hacia la inversión y los programas sociales.
  5. Equidad de género, étnica y desarrollo sostenible.

En el plano económico, los puntos clave son los siguientes:

1. La política de austeridad hacia altos funcionarios. La Plataforma y diversos mensajes reiterados de AMLO, refieren como prioritaria la reducción de los gastos ostentosos y las percepciones económicas de los más altos niveles gobierno. Después de las elecciones, propuso un salario máximo de $108,000 pesos mensuales para el presidente de la república (equivalente a $6,000 dólares), mismo que fungiría como tope para todas las remuneraciones del poder ejecutivo federal. En ese mismo tenor, van la reducción de prestaciones para tales funcionarios, la eliminación del Estado Mayor Presidencial, de la mayor parte de las aeronaves al servicio de los funcionarios, de los seguros de gastos médicos mayores, de la pensión especial para expresidentes y de la residencia oficial de Los Pinos, así como la no renovación de la flota de automóviles, los ahorros en telefonía celular, mobiliarios, etcétera.

¿Es económicamente significativo el ahorro que pueda generarse? Tomemos como referencia el gasto previsto para 2018 de la Oficina de la Presidencia de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación: $1,797.4, millones de pesos. Tal monto solo representa 0.04% del monto presupuestal total distribuible por ramos. Por mucho que se pudiera reducir el gasto directo de la oficina de la presidencial, el monto ahorrado no impactaría mayormente al conjunto del presupuesto. ¿Ello significa que las medidas de austeridad son intrascendentes? No. El planteamiento de una ley de salarios máximos impactaría no solo al gasto de la presidencia sino al de todas las dependencias públicas. Por otra parte, la lógica de la austeridad hacia los altos mandos rompe con los supuestos no demostrados de que a mayor salario, había funcionaros más preparados y menos proclives a la corrupción. En lugar de ellos, se establecería la idea de que los altos funcionarios asumirían sus quehaceres en función de su identificación con el interés público, con su identificación con el país, y no con el beneficio privado, salarial u otros, que le proporcione el asumir un alto cargo. De ser así, la toma de decisiones podría asociarse, mayormente, con el auténtico interés público. En otros términos, la austeridad gubernamental reduciría la propensión al manejo corrupto de los espacios de poder y de las decisiones de gobierno.

2. Crecimiento económico. En materia de crecimiento, el nuevo gobierno plantea un repunte significativo de la inversión pública, especialmente en materia energética, de infraestructura económica en general y apoyo al campo, en particular para la producción de básicos.

En materia energética, se busca revertir el declive de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la producción de petroquímicos, por lo cual se ha anunciado una fuerte inversión para reactivar las seis refinerías existentes y la construcción de dos más. Lo anterior implica reducir la vulnerabilidad del país en materia energética, al tiempo que se desarrolla la infraestructura de transición hacia la diversificación de las fuentes de energía, principalmente la eólica y la solar.

En el plano agropecuario se pretende la reducción de la dependencia que tiene México de las importaciones de los principales productos agrícolas de consumo básico, especialmente en cereales (arroz, maíz y trigo).

La estrategia de crecimiento implica la definición de una política industrial que priorice sectores, a diferencia de una lógica de libre mercado, en la que la orientación sectorial depende del libre juego de las fuerzas del mercado. En términos de la disyuntiva en el uso de recursos, cabría preguntarse sobre la jerarquía de prioridades entre la asignación de recursos públicos para el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México o para la construcción y reactivación de la refinerías o bien en un segundo caso, sobre el uso de la frontera agrícola para producir cultivos de exportación tales como las frutillas (berries), el aguacate o los frutos tropicales, o en lugar de ello, para producir los productos esenciales para la alimentación nacional (maíz, frijol, arroz, trigo).

3. Empleo y política salarial. En la antigua estrategia de sustitución de importaciones, que predominó desde fines de la década de los años treinta hasta finales de la década de los años setenta del siglo XX, la mejora en el poder adquisitivo de los asalariados era clave para mantener el crecimiento económico, fuera por la vía del crecimiento en el número de asalariados, o por el aumento de los salarios reales. A mayor capacidad de compra de los asalariados, el mercado de bienes y servicios se expande y con ello el conjunto de la economía.

A partir de la década de los años ochenta, el salario se interpretó de manera opuesta: el salario es un costo de producción y su aumento implica un desincentivo para la inversión, al tiempo que genera un poder de compra no sustentado en una producción previa, por lo que provoca inflación. En la primera interpretación, la mejora en el poder adquisitivo de los asalariados es una fuente de mejora económica, en la segunda, de deterioro. Para el desarrollo de la primera perspectiva, se requería que los trabajadores adquirieran productos fabricados localmente; para la segunda, lo que importa es producir para los mercados globales, y con las divisas obtenidas se adquieren, en el resto del mundo, los bienes que consumimos.

La estrategia, basada en la internacionalización de la economía mexicana, se ha acompañado de una creciente polarización interna, tanto en la distribución del ingreso y del patrimonio de los hogares, como de la concentración del mercado en favor de un grupo selecto de empresas exportadoras y pequeños nichos de integración de empresas pequeñas y medianas altamente capitalizadas, sobre todo en áreas de alta tecnología. Sin embargo, la inmensa mayoría de los empleos y las empresas se ubican, crecientemente, en bajos rangos de ingresos laborales y en micro y pequeñas empresas.

Lo anterior implica la redefinición de la política salarial en la nueva administración. Esta puede ser poco o muy significativa, más allá del monto que se establezca para el salario mínimo general. Para los años 2017 y 2018, los incrementos a los salarios mínimos generales se asignaron con dos criterios complementarios: por una parte, se otorgaron aumentos de alrededor de 4% en cada año (en conjunto, inferiores a la inflación) y, por otra, se fijó para cada año un incremento de cinco pesos diarios —denominado Monto Independiente de Recuperación (MIR)—. Tal división implicó que los salarios superiores al mínimo general, comenzando por los salarios mínimos profesionales, no aumentasen más que en función del incremento fijado en porcentaje y no por el MIR, de modo tal que, por ejemplo, un oficial de albañilería tuvo un incremento inferior a la propia inflación y por consiguiente un deterioro en su poder de compra. El objetivo del MIR implicó que los incrementos reales al salario mínimo general no se propagaran a los trabajadores con ingresos mayores, lo que a su vez se tradujo en una reconcentración del empleo en los rangos más bajos de ingreso, especialmente entre uno y tres salarios mínimos. De continuarse con la misma estrategia, se mantendría un comportamiento paradójico de mejora en el poder de compra de quienes, estrictamente, perciben el salario mínimo general, acompañado de un deterioro de la gran mayoría de los asalariados.

Si realmente se pretende relanzar al mercado interno por la vía del poder adquisitivo de los asalariados, se requeriría no solo una política de incremento de los mínimos generales sino la mejora gradual en el poder de compra de al menos el conjunto de los trabajadores que perciban de uno a tres salarios mínimos (en el 2018, de entre $2,600 y $7,800 pesos mensuales).

4. Política social con perspectiva de derechos. Desde que se presentaron los resultados de la elección del pasado 1 de julio, AMLO refirió el aumento al doble de las pensiones federales para adultos mayores, para igualarlas a las de la Ciudad de México, así como la inclusión de personas con discapacidad. Asimismo, adelantó el diseño de una estrategia de apoyo a la población indígena y otra de apoyo a los jóvenes, en materia de educación y empleo.

A reserva de que los programas sociales sean precisados, perece haber un enfoque de derechos que no se restringe al mero asistencialismo que conduce al clientelismo y al uso partidista de los recursos. Sin embargo, el desarrollo de la política social se enfrentará a la auténtica disponibilidad de recursos, a los intereses corporativos para su asignación y a las trabas institucionales que implican la existencia de estructuras tan heterogéneas como la existente en términos de salud y seguridad social.

5. Conservadurismo financiero: finanzas sanas, autonomía del Banco de México. Entre las posturas predominantes de la plataforma de AMLO, Morena y Juntos Haremos Historia, se encuentra una lógica de continuidad en los aspectos financieros–macroeconómicos clave, como lo son el equilibrio fiscal y la autonomía del Banco de México.

El equilibrio fiscal es el primer precepto del denominado Consenso de Washington (coloquialmente referido cono neoliberalismo) y plantea que el estado no gaste más de lo que ingresa. En términos generales, en México esto se ha traducido en el denominado superávit financiero primario, es decir en el hecho de que el estado ingrese más de lo que gasta antes de considerar el pago de la deuda pública. Pongamos por caso una persona que gana $10,000 pesos mensuales y que gasta $9,000, pero debe de pagar mensualmente $2,000 para la tarjeta de crédito. Aunque gaste menos de lo que ingresa, está cada vez más endeudada. ¿Se vale entonces el endeudamiento? El debate económico se basa en los beneficios que puede generar este. Si se dedica a gasto de inversión y puede generar una rentabilidad posterior, la deuda de hoy puede ser un beneficio para mañana. En ese sentido, la lógica propuesta por AMLO implica el no endeudamiento para gasto corriente, pero no se menciona que no lo habrá para gasto de inversión.

En todo caso, la estabilidad financiera es un asunto crítico para la nueva administración, pues la deuda pública interna del sector público es de 6.8 billones de pesos (millones de millones) al mes de mayo del 2018, en tanto que la deuda externa es de 201.7 miles de millones de dólares.[4] Si la deuda es creciente tanto por los empréstitos, como por las colocaciones de bonos públicos y el aumento en las tasas de interés, el gasto dedicado al pago de tales deudas se irá “comiendo” al dinero disponible tanto para el gasto económico como para el social. Asimismo, la acumulación de deuda para el pago de la seguridad social, especialmente de jubilaciones, también agravará la deuda interna. En conjunto, el dilema es cómo impulsar tanto el gasto de inversión como el cumplimiento de los derechos sociales y la sostenibilidad con una disponibilidad decreciente de recursos y la promesa de que no habrá aumento de impuestos ni la instauración de nuevos.

La respuesta no está dada, pero es previsible pensar que el no aumento o fijación de nuevos impuestos sí vaya acompañado de un aumento en la recaudación fiscal, principalmente por medio de la eliminación de exoneraciones y reducciones fiscales discrecionales. Ello implicaría, por la vía de los hechos, en el cobro real de los impuestos, que los grandes corporativos y otros grupos de poder económico deben pagar. De ser así, es previsible la generación de una fuerte tensión entre los grupos empresariales y el gobierno. En caso de que, efectivamente, se generen los recursos adecuados, las propuestas económicas y sociales de AMLO son viables, pero en caso contrario la estrategia económica podría tender a reproducir en lo fundamental las inercias de los gobiernos precedentes.

En el caso del Banco de México, se presenta una situación igualmente compleja. En la ortodoxia economía, principalmente a partir del monetarismo, la Banca Central tiene como única función la estabilidad de precios y se considera que la inflación es un fenómeno monetario. Por consiguiente, el Banco de México tendría como único fin el evitar que la demanda de bienes y servicios se expanda más allá de lo que lo hace la producción, con el fin de evitar el aumento de precios. ¿Cómo evitar el aumento de la demanda? Incidiendo sobre las tasas de interés y la cantidad de dinero. A mayor tasa de interés, sale más caro pedir prestado y por ende gastar, del mismo modo que es un incentivo para el ahorro en lugar del consumo. Entre más dinero emita la banca, más bienes se demandarán, pero si la producción de estos no aumenta proporcionalmente, los mismos bienes serán más caros. Bajo tal perspectiva, el Banco Central debe ser autónomo y tiene prohibido prestarle al gobierno.

AMLO ha prometido respetar la autonomía del Banco de México, lo que implica que los funcionarios de esta institución mantengan el control del dinero y, por ende, de los grupos financieros que integran su consejo de administración. Sin una incidencia real en el manejo de la moneda, se estrecha, enormemente, el margen de maniobra para que el gobierno cumpla con sus fines, pues los grandes grupos de poder económicos, especialmente del poder financiero, impulsan estrategias monetarias orientadas a la rentabilidad de la inversión, no al uso de los recursos financieros orientados a una mayor equidad social o a la sostenibilidad ambiental o social. Una posibilidad de compaginar la autonomía de la banca central con un uso alternativo de los recursos, sería el integrar al Banco de México, como ocurre en Estados Unidos y en Europa, objetivos no solo de estabilidad de precios sino de crecimiento y sostenibilidad, integrando la participación de agentes no solo financieros a la toma de decisiones.

6. La relación con Estados Unidos: No te pongas con Sansón a las patadas. En julio pasado, se reestablecieron las negociaciones para la segunda versión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la moneda está en el aire. La perspectiva delineada por AMLO ha implicado dos aspectos no necesariamente complementarios.

Por una parte, durante su campaña, y sobre todo después de vencer en los comicios, AMLO ha propuesto una estrategia de negociación integral que no solo incluya comercio e inversión sino migración y cooperación para el desarrollo, integrando, igualmente, el apoyo para las economías centroamericanas. La idea es que, si el gobierno norteamericano no quiere tener más migrantes indocumentados provenientes de México y Centroamérica, se requeriría la construcción de condiciones, en el conjunto de la región, que no obliguen a mexicanos y centroamericanos a migrar hacia Estados Unidos en búsqueda de empleo.

Sin embargo, en la negociación específica del TLCAN parece haber otra visión. En materia comercial, no parece haber visiones fuertemente contrapuestas entre la postura del nuevo gobierno y la del equipo negociador de Peña Nieto, con excepción de algunos puntos clave, como son las reglas de origen de la industria automotriz y la pretensión norteamericana de que México aumente sus salarios en las industrias de exportación.

En el primer aspecto, que parece ser la llave de la negociación, la perspectiva que hasta ahora ha tenido México es la de ensamblar vehículos con el fin de exportarlos. Ahora, Estados Unidos busca recuperar la integración de cadenas de producción local, incluyendo al acero y al aluminio, frente a lo que considera competencia desleal extranjera. En cuanto a los salarios, la productividad física por trabajador de la industria automotriz de México es similar a la norteamericana, pero en condiciones de pago al trabajador, es significativamente menor.

¿Es posible mantener la inversión extranjera, especialmente norteamericana, bajo condiciones laborales y de mayor integración de cadenas de valor en México? De tener una respuesta negativa, aunque el gobierno norteamericano cediera a lo que hasta ahora ha sido la propuesta mexicana, México profundizaría aún más una estructura maquiladora, con bajas remuneraciones y una inversión extranjera altamente dependiente de los subsidios y privilegios que le otorgue el gobierno. En caso contrario, México podría generar estrategias alternativas de diversificación de producción, mercados e investigación investigación y desarrollo.

Estados Unidos cuenta con grandes recursos para hacer presión sobre México: los aranceles (como los fijados al acero y al aluminio); su propia reforma fiscal, que alimenta la fuga de divisas de México hacia el vecino del norte; la represión anti–inmigratoria (expresada en la separación de familias, el fin del DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) o la construcción del muro fronterizo), así como la propia dependencia mexicana de las importaciones norteamericanas, de su saldo comercial superavitario (que permite el déficit comercial mexicano con el resto del mundo) y de la gran importancia de las remesas de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, que implican un ingreso de divisas que se aproxima a los 30,000 millones de dólares anuales.

Bajo tales condiciones, la salida mexicana debe implicar una reducción de su dependencia ante Estados Unidos, lo que pasa tanto por un reforzamiento del mercado interno nacional, como por una diversificación del internacional, principalmente en materia exportadora.

 

Conclusión

El panorama sigue siendo incierto, la postura del nuevo gobierno mexicano aún no es suficientemente clara y parece centrarse en un pragmatismo que pretende hacer modificaciones sustantivas, pero sin entrar en confrontaciones mayores con los grupos empresariales no con la administración estadounidense.

En caso de que AMLO, realmente, procure los cambios de raíz que ha pretendido, en materia redistributiva, de eliminación de la corrupción, crecimiento económico, sustentabilidad y empleo, tendría que enfrentar juegos de interés económico con enorme poder que, en caso de verse amenazados, podrían implicar un fuerte golpe productivo y, sobre todo, financiero al país.

En caso de que AMLO privilegiara la buena relación con tales grupos de poder, se reducirían significativamente las posibilidades de financiamiento para establecer cambios mayores, la redistribución de los recursos públicos en favor de las empresas más pequeñas y de los hogares con mayores carencias, así como del establecimiento de regulaciones que condujeran a una política industrial definida. De ser el caso, el gobierno mantendría fuertes elementos inerciales con respecto a sus predecesores.

En suma, México se encontrará ante un intenso proceso de negociación y de definiciones políticas sociales y económicas.

[*]. Profesor del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) desde 1997 y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SIN) desde 1999. Economista por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); D.E: A y Doctorado por las universidades de París X y VII, respectivamente. Principalmente, se orienta al estudio de problemas de empleo, coyuntura económica y estrategias de desarrollo. Correo electrónico: iroman@iteso.mx

[1].     San Juan Victoria, Carlos. “¿Qué sigue en México? Cinco puntos sobre el horizonte que se abre”, ALAI, América Latina en Movimiento, 12 de julio de 20018. Recuperado el 27 de agosto de 20018, de https://www.alainet.org/es/articulo/194063

[2].    Al momento de la entrega de este artículo, aún no estaba determinada la asignación final de las diputaciones y senadurías plurinominales.

[3].    Instituto Nacional Electoral (INE). Juntos Haremos Historia (PT–Morena–Encuentro Social). Recuperado el 27 de agosto de 2018, de http://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/convenios-de-coalicion/

[4].    Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública, enero–mayo de 2018.