24 precandidatos presidenciales demócratas, ¿es en serio?

David Foust Rodríguez[*]

 

Resumen: 24 personas están disputando la candidatura presidencial demócrata en Estados Unidos de América. Es el mayor número de precandidatos en la historia de ese país. ¿Qué está detrás de esta extraordinaria cantidad? ¿Cuáles son las opciones de fondo que tendrán los electores demócratas en las primarias y los caucus (asambleas) en los estados? ¿Podrá salir algún candidato o candidata que derrote a Trump en su esfuerzo por reelegirse? ¿Cuál tendría que ser su estrategia? Estas son las preguntas que intentamos responder en este artículo.

Palabras clave: elecciones en Estados Unidos de América, Partido Demócrata, Bernie Sanders, Trump.

 

Abstract: Twenty–four candidates are vying for the Democratic Party’s nomination for the US presidential election. What explains this extraordinary number? What meaningful options will Democratic voters have in the state primaries and caucuses? Will they find a candidate who can stand in the way of Trump’s hopes for re–election? What strategy will s/he need to use? These are the questions we address in this article.

Key words: us elections, Democratic Party, Bernie Sanders, Trump.

 

  1. Las candidaturas

24 precandidatos demócratas para presidente de Estados Unidos de América se han registrado ya en la Comisión Federal Electoral[1] y han anunciado su precandidatura: Michael Bennett, Joe Biden, Cory Booker, Steve Bullock, Pete Buttigieg, Julian Castro, Bill de Blasio, John Delaney, Tulsi Gabbard, Kirsten Gillibrand, Mike Gravel, Kamala Harris, John Hickenlooper, Jay Inslee, Amy Klobuchar, Wayne Messam, Seth Moulton, Beto O’Rourke, Tim Ryan, Bernie Sanders, Eric Swalwell, Elizabeth Warren, Marianne Williamson, Andrew Yang. En la tabla 8.1 se presentan las características más sobresalientes de los más populares.

Hasta mediados de junio de 2019, en presencia mediática y en encuestas, lideran la campaña Biden, Sanders, Warren, Harris y Buttigieg; en recaudación, Biden (sin dato), Bernie (20.7 millones, 84% de pequeños donantes), Delaney (18.3 millones, solo 7% de pequeños donantes), Warren (16.5, 70.3%), Harris (13.2, 36.8%).[2] Pero es muy temprano para sacar conclusiones de estos números. Hay, sin embargo, otros datos reveladores.

24 precandidaturas presidenciales es un nuevo récord que desbanca a los 17 republicanos de 2016 y a los 16 demócratas de 1976 y 1972. Este es un indicador de la percepción de alta probabilidad de ganar por parte de los demócratas,[3] pues en otras elecciones presidenciales el número de precandidatos registrados varía en forma proporcional a la percepción de probabilidad de triunfo. Como comentamos en una colaboración anterior en Análisis Plural,[4] preocupa este dato. Pudiera ser un indicador de que el Partido Demócrata no ha tomado nota —¡aún!— del triunfo de Trump y de su significado político. O pudiera apuntar hacia un fervor y entusiasmo adelantados por querer participar en la contienda.[5]

Como señala Jonathan Martin, “el crecimiento explosivo de las redes sociales, la creciente diversidad del electorado demócrata y los cambios en el calendario y en el formato de debate han creado una [elección] primaria como no se había visto”.[6] Estamos viendo el desarrollo de una elección interna diferente: se ha reducido el peso que tenían la “primaria invisible”[7] —en la que los candidatos fuertes recaudaban toneladas de dinero y sumaban respaldos del establishment— y las primeras primarias y caucus, en particular Iowa y Nueva Hampshire. Para darnos una idea del gran peso de estos primeros eventos basta mencionar un par de datos: Barack Obama pasó 89 días en Iowa,[8] y Lyndon B. Johnson no se nominó para la reelección porque ganó la primaria de Nueva Hampshire por solo 7% sobre Eugene McCarthy y lo tomó como una señal de su impopularidad a causa de la guerra de Vietnam.[9]

Otro cambio importante es el mayor peso del Supermartes, en el que se disputa cerca de 40% de los delegados para la Convención Nacional (incluidos los poderosos estados de Texas y California), por lo que la disputa parece haberse acelerado.

Biden ha liderado las encuestas, incluso antes de oficializar su precandidatura y hasta ahora. Exvicepresidente con Obama y senador durante muchos años, se le conoce por ser un negociador para buscar acuerdos y convertirlos en leyes, programas y presupuestos. También se le conoce por haber bloqueado la instrumentación de la política de trasporte escolar para buscar la integración racial de las escuelas al inicio de su carrera en el Senado; por haber sido duro contra Anita Hill en las audiencias sobre la nominación de Clarence Thomas a la Suprema Corte; por haber impulsado las políticas de criminalización (que han afectado principalmente a los jóvenes pobres, negros e hispanos), y por haber aceptado 200 mil dólares para promover a un candidato republicano en las elecciones intermedias.[10] “Resulta desconcertante que esto se sepa y se concluya que es el candidato más elegible; un hombre blanco, viejo y fuertemente asociado con acoso sexual y racismo”.[11]

Bernie Sanders, el senador independiente por Vermont, autodenominado socialista democrático, está en segundo lugar en las encuestas y en recaudación de fondos. Algunos piensan que su nivel previo de exposición podría limitar su crecimiento en popularidad.[12] Algunos analistas identifican otros riesgos en su precandidatura: la palabra “socialismo” puede asustar a los votantes; se percibe poco abierto a la negociación; los programas universales pueden ser —o percibirse como— muy costosos; “no entiende la complejidad de los temas”.[13] Sin embargo, según algunos sondeos, podría recuperar los estados del llamado rust belt (el cinturón industrial) y robarle votos antisistema y antiélite a Trump. Su principal ventaja es su clara identificación con la clase trabajadora.[14]

 

  1. El dilema no resuelto: la estrategia dual

El dilema de fondo sigue siendo el que Edsall llama “la estrategia dual”;[15] puesto de manera simplificada: cómo capturar a los votantes de centro y centroderecha, apelando a problemas más generales sobre impuestos y sistema de salud, sin descuidar los temas clave para sectores de votantes muy identificados (feministas, lgbtqi, procontrol de armas, promigrantes, entre otros) y viceversa. Para los electores de las primarias y asambleas de este ciclo electoral se trata de escoger entre alguien de centro, en apariencia muy “elegible” (no necesariamente Biden, podría ser Klobuchar o alguien más),[16] o alguien de izquierda (hay una docena para escoger). Ahora bien, ¿se trata realmente de un dilema?

Estudios previos habían concluido que los electores que participaban en las primarias eran más cargados a la izquierda que los votantes de la elección general.[17] Si bien elegir un candidato extremoso puede llegar a costar hasta 10% y 13% de los sufragios.[18] Otros estudios permiten afirmar que estos dos perfiles no están tan distantes.[19] Schaffner cita datos de la encuesta Cooperative Congressional Election Study,[20] la que se muestra en la tabla 8.2.

Conviene considerar que esta contienda interna se aproximará más a una primaria nacional, con lo cual podría desdibujarse todavía más la diferencia entre los electores típicos de las últimas elecciones primarias presidenciales y los votantes demócratas de las generales.

Filipovic llama la atención sobre un dato que suele perderse de vista en este tipo de análisis: “Quedar electo no es un asunto de apelar a la mediana blanda. Se trata de atraer a las personas que realmente se sentirán motivadas para salir y votar”.[21] Nicholas A. Valentino et al. demuestran la relevancia de la ira y el entusiasmo como emociones que pueden incrementar la participación de la ciudadanía y determinar una elección.[22] En igualdad de recursos —económicos, de tiempo e información disponible— participan más las personas que están enojadas y entusiasmadas, y que perciben que podrían establecer una diferencia.

La polarización que Trump ha acentuado podría jugar en su contra. Alan Abramowitz y Charles Boix, entre otros, coinciden en que la figura de Trump ha polarizado a la ciudadanía y ha obligado, por así decirlo, a muchos a moverse hacia la izquierda.[23] La identificación partidista y el sentimiento antiTrump desempeñarán un papel decisivo.[24] En cambio, la moderación podría no ayudar.[25]

 

  1. ¿Podría ser derrotado Trump en su intento
    de reelección?

A diferencia de 2016, cuando Trump tuvo que disputar la candidatura contra otros contendientes, el escenario de ver al Partido Republicano con otro candidato presidencial es poco probable, empezando porque —a la manera de Stalin en sus inicios— se ha asegurado de garantizar para sí el control del partido.[26] Un triunfo demócrata sobre Trump tendrá que fincarse más en sus propios recursos que en la mínima esperanza de una derrota interna.

En mayor medida dependerá de la capacidad de comunicación de los precandidatos demócratas para convencer a los estadunidenses que se involucran de manera temprana y para enviarles estos mensajes: que pueden ser elegibles; que sus propuestas son viables y no extremistas sino de sentido común, como, por cierto, ha insistido Sanders; que son liberales, mas no progresistas.[27] Es decir, que pueden y quieren negociar, y que el triunfo es posible.

Abundo un poco más en la distinción entre liberal y progresista: las encuestas y las opiniones de muchos politólogos ya citados aquí indican que será más elegible una persona que diga que quiere universalizar el acceso a los servicios de salud pero que no cancelará los seguros privados; que buscará hacer más accesible la educación universitaria pero que no ofrecerá cubrir la colegiatura de todos aquellos que quieran estudiar (esto incluiría a los que sí pueden pagar); que buscará que haya más empleos altamente productivos y bien remunerados pero que no ofrecerá garantía de empleo, entre otros aspectos.[28]

Un último dato: es posible que tenga más probabilidades una mujer que un hombre. En las elecciones intermedias de 2018 las mujeres lograron récord en posiciones clave: “Si la elección de 2018 es indicación de algo, será de que las mujeres son más elegibles que los hombres, especialmente entre demócratas”.[29] ¿Tal vez una combinación de alguna de las mujeres (Kamala Harris o Elizabeth Warren) con alguno de los hombres (Bernie Sanders o Pete Buttigieg)?[30] Ya lo veremos.

 

[*]  Profesor investigador del Departamento de Economía, Administración y Mercadología (DEAM) del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Doctor en Ciencias Sociales (Sociología) por la Universidad de Guadalajara. Miembro de la Red Mexicana de Investigación en Política Social y de la Red Nacional de Investigadores(as) en los Estudios Socioculturales de las Emociones. Correo electrónico: foust@iteso.mx

 

[1].     Uno más, Richard Ojeda, se había registrado, pero declinó antes del primer debate.

[2].    Lee, J.C. et al. “Which Democrats are leading the 2020 Presidential race?”, The New York Times, 14 de junio de 2019. Recuperado el 14 de junio de 2019, de  https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/elections/democratic-polls.html

[3].    Ember, S. “A ‘Beat Trump’ fervor is producing big turnouts for 2020 Democrats”, The New York Times, 8 de marzo de 2019. Recuperado el 8 de marzo de 2019, de https://www.nytimes.com/2019/03/08/us/politics/trump-democrats-2020-election.html

[4].    Foust, D. “La derrota de la extrema derecha, aún lejos en Estados Unidos”, Análisis Plural, ITESO, Tlaquepaque, segundo semestre de 2018. Recuperado de http://hdl.handle.net/11117/5382

[5].        Ibidem.

[6].    Martin, J. “‘You don’t have to be in Des Moines’, Democrats expand primary map, spurred by social media”, The New York Times, 1 de junio de 2019. Recuperado el 1 de junio de 2019, de https://www.nytimes.com/2019/06/01/us/politics/2020-democratic-primaries.html

[7].    “2020 Democratic Party Presidential primary”, Wikipedia, s.f. Recuperado el 14 de junio de 2019, de https://en.wikipedia.org/wiki/2020_Democratic_Party_presidential_primaries

[8].    Idem.

[9].    “List of Democratic Party Presidential primaries”, Wikipedia, s.f. Recuperado el 19 de abril de 2019, de https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Democratic_Party_presidential_primaries

[10].       Callahan, M. “‘Gropey Uncle’ Joe Biden has always been creepy and should stay out of 2020 race”, New York Post, 1 de abril de 2019. Recuperado el 19 de abril de 2019, de https://nypost.com/2019/04/01/gropey-uncle-joe-biden-has-always-been-creepy-and-should-stay-out-of-2020-race/; Filipovic, J. “Does anyone actually want Joe Biden to be President?”, The New York Times, 17 de mayo de 2019. Recuperado el 17 de mayo de 2019, de https://www.nytimes.com/2019/05/17/opinion/joe-biden-president.html, y Roy, J. “9 times Joe Biden creepily whispered in women’s ears”, New York Magazine, Intelligencer, 17 de febrero de 2015. Recuperado el 19 de abril de 2019, de http://nymag.com/intelligencer/2015/02/9-times-joe-biden-whispered-in-womens-ears.html

[11].    Filipovic, J. Op. cit.

[12].       Lee, J.C. et al. Op. cit.

[13].       Bhagwati, citado en Edsall, T.B. “Bernie Sanders scares a lot of people, quite a few of them are Democrats”, The New York Times, 24 de abril de 2019. Recuperado el 24 de abril de 2019, de https://www.nytimes.com/2019/04/24/opinion/sanders-2020-trump.html

[14].       Ibidem, así como Martin, J. “‘Stop Sanders’ Democrats are agonizing over his momentum”, The New York Times, 19 de abril de 2019. Recuperado 16 de abril de 2019, de https://www.nytimes.com/2019/04/16/us/politics/bernie-sanders-democratic-party.html

[15].       Edsall, T.E. “The Democratic party picked an odd time to have an identity crisis”, The New York Times, 2 de agosto de 2018. Recuperado el 6 de noviembre de 2018, de https://www.nytimes.com/2018/08/02/opinion/democrats-midterm-identity-crisis.html  y “The deepening ‘racialization’ of American politics”, The New York Times, 27 de febrero de 2019. Recuperado el 27 de febrero de 2019, de https://www.nytimes.com/2019/02/27/opinion/trump-obama-race.html

[16].       Cfr. Leonhardt, D. “A dose of moderation would help Democrats”, The New York Times, 3 de marzo de 2019. Recuperado el 3 de marzo de 2019, de https://www.nytimes.com/2019/03/03/opinion/2020-moderate-democrats.html

[17].       Cfr. Foust, D. Op. cit.

[18].       Hall, citado en Edsall, T.B. “How left is too far left for 2020 Democrats?”, The New York Times, 10 de abril de 2019. Recuperado el 10 de abril de 2019, de https://www.nytimes.com/2019/04/10/opinion/democratic-candidates-primaries.html

[19].       Sides y Warshaw, Vavreck y Tausanovitch, Utych, Schaffner, politólogos citados en Edsall, T.B. “The political magic of Us vs. them”, The New York Times, 13 de febrero de 2019. Recuperado el 13 de febrero de 2019, de https://www.nytimes.com/2019/02/13/opinion/trump-2020-us-them.html  y “The deepening ‘racialization’ of American politics”, op. cit.

[20].   Citado en Edsall, T.B. “The political magic of Us vs. them”, op. cit.

[21].       Filipovic, J. Op. cit. Las cursivas son añadidas.

[22].      Valentino, N.A. et al. “Election night’s alright for fighting: The role of emotions in political participation”, The Journal of Politics, vol.73, num.1, 17 de junio de 2011.

[23].      Citados en Edsall, T.B. “The ‘rotten equilibrium’ of Republican politics”, The New York Times, 30 de enero de 2019. Recuperado el 30 de enero de 2019, de https://www.nytimes.com/2019/01/30/opinion/republicans-democrats-2018-economy-prosperity.html; “The political magic of Us vs. them”, op. cit, y “Bernie Sanders scares a lot of people…”, op. cit; cfr. Filipovic, J. op. cit.

[24].      Sievert y McKee, Sabato, Jacobson, citados en Edsall, T.B. “When it comes to the Senate, the Democrats have their work cut out for them”, The New York Times, 5 de junio de 2019. Recuperado el 5 de junio de 2019, de https://www.nytimes.com/2019/06/05/opinion/senate-democrats-2020.html

[25].      Abramowitz, citado en idem.

[26].      Burns, A. y Martin, J. “Trump’s takeover of the Republican Party is almost complete”, The New York Times, 3 de abril de 2019. Recuperado el 3 de abril de 2019, de  https://www.nytimes.com/2019/04/03/us/politics/trump-republican-party.html

[27].   Weiner, G. “When liberals become progressives, much is lost”, The New York Times, 13 de abril de 2018. Recuperado el 22 de diciembre de 2018, de  https://www.nytimes.com/2018/04/13/opinion/moynihan-liberals-progressives-lost.html

[28].   Podhorzer y Cowan, citados en Edsall, T.B. “There are really two distinct white working classes”, The New York Times, 26 de junio de 2019. Recuperado el 28 de junio de 2019, de https://www.nytimes.com/2019/06/26/opinion/pelosi-white-working-class.html

[29].   Filipovic, J. Op. cit.

[30].   Bruni, F. “And now, the dream of a Harris-Buttigieg ticket”, The New York Times, 28 de junio de 2019. Recuperado el 28 de junio de 2019, de https://www.nytimes.com/2019/06/28/opinion/debate-harris-buttigieg-biden.html

La cuarta transformación y la militarización de la seguridad pública: la Guardia Nacional

César Octavio Pérez Verónica[*]

  

Resumen: Nadie puede dudar de que son muchos los problemas que vivimos en México, creo que los más graves y exponenciales en los últimos años son la violencia y la inseguridad. El problema no es menor cuando se trata de poner en marcha a una institución integrada con personal militar con facultades para ejercer tareas de seguridad pública, y las de investigación para prevenir delitos, entre otras. La historia reciente nos advierte sobre la utilización de las Fuerzas Armadas en el tema de seguridad, que a la fecha han dejado una larga lista de dolor irreparable como huella indeleble en la memoria colectiva.

Palabras clave: seguridad pública, militarización, derechos humanos, Guardia Nacional, violencia.

 

Abstract: No one disputes the fact that we are facing many problems in Mexico, but I believe that the most serious ones in recent years are violence and insecurity. The problem is not a minor one when the policy is to launch an institution made up of military personnel with the authority to undertake public security functions and crime-prevention investigation, among others. Recent history warns us against using the Armed Forces for public security; up to this point they have left in their wake a long list of irreparable pain, and an indelible mark on the collective memory.

Key words: Public security, militarization, human rights, National Guard, violence.

 

Nadie puede dudar de que son muchos los problemas que vivimos en México, pero quizás los más graves y exponenciales en los últimos años son la violencia y la inseguridad, al grado de que hay voces que señalan que después de la revolución mexicana no se habían violentado tanto los derechos de la población civil como en los últimos 12 años, esto en el marco de la mal llamada “guerra contra el narcotráfico” iniciada por Felipe Calderón Hinojosa (FCH) (2006–2012), y prolongada por Enrique Peña Nieto (EPN) (2012–2018).

Desde luego que, para llegar a los niveles de inseguridad de estos últimos 12 años solamente se puede entender por la corrupción y la impunidad de quienes han gobernado el país, los estados y sus municipios, desobligándose a garantizar y proteger los derechos constitucionales y convencionales de la mayoría de la población.

Los resultados de estos años dan cuenta de la tragedia en la que han dejado al país y enlutado a millones de hogares, incluso se ha llamado “crisis humanitaria” o “crisis en materia de derechos humanos” por la dimensión de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas a lo largo y ancho del territorio nacional. En este periodo se registraron 228,367 homicidios dolosos (el estado incluye los feminicidios), 102,859 en la administración de FCH y 125,508 de EPN.[1] En el primer de año de FCH se registraron 8,867 homicidios dolosos, la cifra más baja de los próximos 11 años. El número se elevaría en 2018 a 34,202.

No puedo omitir mencionar la grave situación de las personas desaparecidas en el país de manera forzada o por particulares, que de acuerdo con cifras oficiales registradas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RENPED), creado por mandato de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda,[2] sumaban 40,180 hasta mediados de enero de 2019, según señaló el entonces Comisionado Nacional de Búsqueda, Roberto Cabrera Alfaro, en el marco de su último informe de actividades.[3]

La magnitud del dolor de los familiares de cuyos seres queridos se ignora su paradero es proporcional a la incapacidad de las autoridades para garantizar los derechos a la vida, a la libertad personal e integridad, a la justicia, a la verdad y a la reparación integral del daño. Los familiares son quienes realizan las investigaciones y las búsquedas de sus desaparecidos, incluso no pocos han perdido la vida de manera violenta por intentarlo. Han echado mano de sus propios recursos para encontrar fosas clandestinas con tal de encontrar a sus familiares. El número de fosas clandestinas identificadas es indeterminado, tan solo de 2006 a 2016 se descubrieron más de dos mil en casi las dos terceras partes del territorio nacional, así lo refleja la investigación El país de las 2 mil fosas, realizada por tres periodistas mexicanas, y que nos permite acercarnos con mucha claridad y respeto a la tragedia de sus familiares.[4]

Tampoco puedo dejar de mencionar otras graves violaciones a los derechos humanos cometidas en este periodo como son las torturas, las ejecuciones extrajudiciales, los desplazamientos forzados por los megaproyectos o la violencia, o ambas, incluyendo la pobreza. Todo este terrible escenario era del conocimiento de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante el tiempo que fue candidato presidencial de oposición, ya contra FCH, ya contra EPN, y ahora como presidente de la república pone como columna vertebral de su gobierno para resolver el problema de la inseguridad y la violencia a la Guardia Nacional.

El problema no es menor cuando se trata de poner en marcha a una institución integrada con personal militar con facultades para ejercer tareas de seguridad pública, y las de investigación para prevenir delitos, entre otras. La historia nos advierte sobre la utilización de las Fuerzas Armadas para resolverle a los gobiernos en turno los “problemas sociales y políticos”, de los cuales hay una larga lista de casos que han dejado una estela de dolor irreparable como huella indeleble en la memoria colectiva.

 

  1. Breves antecedentes de las Fuerzas Armadas
    en tareas de seguridad pública (1999–2019)

Antes de finalizar el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994–2000) se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de la Policía Federal Preventiva (PFP),[5] cuya institución tendría como función principal la de proteger a las personas y sus derechos, así como prevenir violaciones a la ley y mantener la paz y la tranquilidad pública, dependiente entonces de la Secretaría de Gobernación (Segob). Incorporaron a esa institución de 1999 a marzo de 2007 a 5 mil 721 efectivos de la policía militar, lo que le significó un ingreso de 250 millones de pesos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).[6]

Con Vicente Fox Quezada (VFQ) (2000–2006) se crea la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a la que pasan a integrar a la PFP, la Policía Federal de Caminos, entre otras dependencias de seguridad, así como la incorporación de más militares. También se incorporó a su gabinete de seguridad el exprocurador de Justicia Militar, general de Brigada Rafael Macedo de la Concha, para ocupar la titularidad de la Procuraduría General de la República (PGR), pese a los reclamos de Amnistía Internacional y de organizaciones de defensa de derechos humanos.[7]

Por su parte, FCH inició su sexenio de la mano del Ejército mexicano, pues VFQ, todavía presidente de la República, minutos antes de dejar el cargo le entregó la banda presidencia a personal militar, para hacérsela llegar a su vez al presidente del Congreso de la Unión, y por fin, entregársela al nuevo presidente de México.[8] A los pocos días de iniciar su administración atestiguó “la supuesta transferencia de 7 mil 500 elementos del Ejército y 2 mil 500 de la Armada a la PFP”,[9] la que luego desaparecería para crear la Policía Federal en 2009.[10] A junio de 2019 —a menos no lo he encontrado— el estudio, diagnóstico, informe o cualquier documento que justifique la utilización de las Fuerzas Armadas, ni la estrategia para sacarlas de sus instalaciones y enfrentar a las bandas criminales en su “guerra contra el narcotráfico”, incluso viendo las cifras de homicidios dolosos de su primer año de gestión, fue la más baja del siglo XXI. Llama la atención que durante su administración desertaron más de 55 mil efectivos de las

Fuerzas Armadas, 49 mil 471 efectivos del Ejército mexicano, 4 mil 671 de la Armada de México y 987 de la Fuerza Aérea Mexicana.[11]

El expresidente EPN mantuvo a las Fuerzas Armadas en las calles, además creó con el apoyo del Congreso de la Unión una institución con personal militar para garantizar la seguridad y la paz, la Gendarmería. El resultado fue un fracaso, incluso mandos castrenses así lo visualizaban, en gran parte por la mala experiencia de incorporar personal del Ejército y la Marina a la PFP.[12] Los reclamos contra las Fuerzas Armadas por diversas violaciones a los derechos humanos en diversas partes del país provocó que el General Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, manifestara: “Quieren que estemos en los cuarteles, adelante, yo sería el primero en levantar no una, las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales”.[13]

Las denuncias contra los elementos militares por violaciones a los derechos humanos fueron aumentando, así como los reclamos de organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y regionales respecto a la inconstitucionalidad y la ausencia de los marcos legales que los facultara para realizar las tareas de seguridad pública. El mismo general Cienfuegos amenazaba a la clase política con las siguientes palabras: “Los soldados ya mejor piensan si le entran a enfrentar a los grupos delictivos con el riesgo de ir a la cárcel acusados de violar derechos humanos o que sean procesados por desobedecer (órdenes)”.[14] También es relevante mencionar que en estos dos sexenios perdieron la vida 542 militares en enfrentamientos con bandas del crimen organizado, accidentes terrestres o aéreos y ejecuciones.[15]

En 2016, a 10 años de iniciada la política de seguridad, el gobierno de EPN se propuso generar el marco constitucional para facultar ampliamente a las Fuerzas Armadas en sus tareas de seguridad pública. Por otro lado, organismos civiles, sociales, académicos, empresariales y personas que en lo individual se sumaron para crear un gran colectivo denominado #Seguridad Sin Guerra,[16] con el propósito de impedir la aprobación de cualquier iniciativa que dejara a la seguridad pública en la línea del autoritarismo, sin controles ciudadanos y altos riesgo de continuar con las graves violaciones a los derechos humanos y la impunidad. Al final, el Congreso de la Unión y los Congresos locales aprobaron la Ley de Seguridad Interior (LSI), la cual se publicó el 21 de diciembre de 2017.

En un hecho histórico para el país, la LSI fue impugnada a través de acciones de inconstitucionalidad, y el 15 de noviembre de 2018 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió invalidar la LSI en su totalidad.[17]

Con todo lo anterior, llega a la presidencia de la república AMLO el 1 de diciembre de 2018, con una extraordinaria situación de inseguridad y violencia en la gran mayoría del territorio del país. Ya en sus diversas campañas políticas presidenciales había expresado la inviabilidad de que la seguridad pública estuviera en manos de los militares. Sin embargo, ya como presidente electo presentó en un acto público su Plan Nacional de Seguridad y Paz, junto con su futuro Gabinete de Seguridad, y sus ocho puntos claves para lograr revertir la situación en el país en esos asuntos. El último punto clave se refiere a “Repensar la seguridad nacional y reorientar el papel de las fuerzas armadas; crear una Guardia Nacional, y establecer Coordinaciones Regionales”.[18]

 

  1. Las Fuerzas Armadas y las graves violaciones
    a los derechos humanos en México

Durante décadas las Fuerzas Armadas han desempeñado un papel fundamental para contener conflictos sociales originados por las malas decisiones o políticas públicas instrumentadas en todo o en alguna parte del país, y vaya que tenemos muchos ejemplos: el asesinato del líder agrarista Rubén Jaramillo en 1962; la masacre del 2 de octubre de 1968; las acciones antiguerrilleras en el estado de Guerrero en los años sesenta y setenta; la detención, tortura y desaparición de personas en la también mal llamada “guerra sucia” de los años sesenta a mediados de los ochenta, por mencionar solamente algunos de aquellos años.

Los casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por militares mexicanos han llegado a Tribunales e instancias de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto una cantidad importante de casos contra el estado mexicano donde están involucrados personal militar, como son los casos de Rosendo Radilla Pacheco; los campesinos ecologistas Cabrera García y Montiel Flores; las mujeres de comunidades indígenas de Guerrero, Inés y Valentina, respectivamente; la familia Alvarado, y otros casos como las mujeres de Atenco, donde uno de los autores intelectuales de la brutal represión era en ese momento un militar con licencia.

A partir de la política de seguridad puesta en marcha por la administración de FCH hasta la fecha son innumerables los casos en los que se ha visto involucrado personal militar en graves violaciones a los derechos humanos, muchos de ellos documentados por organizaciones y organismos multilaterales de derechos humanos. Existen casos emblemáticos que han llamado fuertemente la atención de la sociedad mexicana por muchas razones, quizás por la vulnerabilidad de las víctimas, también, quizás, por tratarse de militares los perpetradores de los crímenes. Veamos.

  • Caso Estudiantes del Tec del Monterrey. A las 00:38 horas del 19 de marzo de 2010 los estudiantes Jorge Antonio Mercado y Javier Francisco Arredondo fueron asesinados por personal militar dentro del Campus del Tec de Monterrey, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde cursaban estudios de doctorado, además alteraron la escena del crimen, robaron sus pertenencias para ocultar su identidad y les colocaron armas de fuego para justificar que eran sicarios. De acuerdo con la Recomendación 45/2010 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), publicada el 12 de agosto de ese año, su titular señala que “destaca que todas las autoridades estatales y federales involucradas en la investigación bloquearon el acceso a documentos a los visitadores que pretendían verificar la verdad histórica de los hechos”.[19]
  • Caso Tlatlaya. El 30 de junio de 2014, en el poblado de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, en el Estado de México, hubo un enfrentamiento entre elementos del Ejército y civiles armados en el que murieron 22 personas, civiles todas. De acuerdo con la Recomendación 51/2014 de la CNDH, fueron ocho los militares que ingresaron a la bodega donde se encontraban los civiles para ejecutar a 15 de ellos. La PGR informó que fueron tres los militares los que ejecutaron a ocho de los civiles heridos. Este caso también fue documentado ampliamente por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, acompañante de testigos sobrevivientes.[20]
  • Caso ejecución de jóvenes en Tepatitlán. El 27 de enero de 2016 Abraham Rodríguez y Luis Enrique Machuca, de 20 y 19 años, respectivamente, fueron golpeados junto con otros amigos por elementos militares dentro del domicilio de Abraham en la colonia Santa Mónica, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Después de sufrir el allanamiento y torturas se los llevaron los militares, junto con uno de sus amigos, con rumbo desconocido. El 29 de enero se localizó a Abraham, a José Luis y a su amigo, los tres tirados junto a la carretera a Tototlán, los dos primeros sin vida, todos con huellas de tortura.[21]

Hasta ahora no se sabe cuántos civiles han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos y abusos por parte de personal del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, pero lo que es un hecho es la impunidad con las que se cometen, pues tan solo de 2007 a principios de 2017 se había sentenciado a 13% de los perpetradores.[22] Son muchos los casos documentados y muchas voces que critican la militarización de la seguridad pública del país. Entre esas voces se escuchó hace años la del actual presidente de la república: “No continuar con la política coercitiva, pues no se resuelve nada con el uso del Ejército, Marina, policías, cárceles, amenazas de mano dura, con leyes más severas, dado que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia”.[23]

 

  1. La cuarta transformación y la militarización
    de la seguridad pública

La sentencia de la SCJN que invalidó la LSI resultó una fuerte bocanada de esperanza y un mensaje a los poderes ejecutivo y legislativo a evitar seguir intentando constitucionalizar la militarización de la seguridad pública del país.

Como ya mencioné en párrafos anteriores, y para sorpresa, frustración, desilusión y coraje de muchas personas, el Plan Nacional de Paz y Seguridad indica en el punto 8, inciso C que: “La Guardia Nacional quedará, pues, expresamente encargada de prevenir y combatir el delito en todo el territorio nacional y estará dotada de la disciplina, la jerarquía y el escalafón propios de las Fuerzas Armadas”.[24]

Pese a todo, AMLO presentó la iniciativa de Ley de la Guardia Nacional, la cual motivó nuevamente una fuerte participación del colectivo #Seguridad Sin Guerra y de familiares, organizaciones de derechos humanos, académicos/as, incluso de organismos internacionales, con el propósito de que el Senado de la República modificara disposiciones que perpetuaban la estrategia de seguridad puesta en marcha hace 12 años.

En otro hecho sin precedente el Senado de la República por unanimidad aprobó la Ley de la Guardia Nacional.[25]

Entre las cosas positivas de la Ley de la Guardia Nacional y de su implementación, según algunos expertos, están:

  • El mando será civil.
  • Dependerá de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
  • Un plazo de cinco años con personal militar.

Ahora, las cosas negativas expresadas por expertos y expertas son:

  • La estructura del organismo es de corte militar.
  • Su integración será con personal mayoritariamente militar.
  • La Sedena será la que se encargue de reclutar, formar y disciplinar a personal civil.
  • No existen controles internos que garanticen imparcialidad.
  • El Senado de la República será quien reciba un informe anual del secretario de seguridad.
  • El comandante es un militar a punto del retiro.
  • No se prevé la instancia o control ciudadano que observe el respeto a los derechos humanos.
  • Facultades para solicitar la georreferenciación de equipos móviles y la intervención de comunicaciones.
  • Inspeccionar, si las personas son extranjeras, y sus documentos, según las leyes migratorias.

La balanza no es muy esperanzadora, algunas de las observaciones son de fondo y otras de forma, pero ahí están solo algunas.

 

  1. Una reflexión final

Quizás muchas personas jóvenes, y algunas no tanto, se han de preguntar cómo cambiar la situación actual de violencia e inseguridad que se vive en el país. La respuesta es tan sencilla como compleja, esto dependerá de cómo vemos nuestras vidas, integrantes de una familia, de una sociedad, de un país y un mundo para las futuras generaciones.

 

[*]  Licenciado en Derecho y Maestro en Derechos Humanos y Paz por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Profesor titular de la asignatura de Derechos Humanos del Departamento de Formación Humana de la misma universidad. Miembro fundador del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC (CEPAD) y actualmente su director ejecutivo.

 

[1].     Ángel, A. “Sexenio de Peña Nieto cerró con 14% más homicidios que el de Felipe Calderón”, Animal Político, 21 de diciembre de 2018. Recuperado de https://www.animalpolitico.com/2018/12/homicidios-sexenio-epn/

[2].    La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 17 de noviembre de 2017. Recuperado de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/lgmdfp_171117.pdf

[3].    Boletín 006/2019 de fecha 17 de enero de 2019. Recuperado de https://www.gob.mx/segob/prensa/mensaje-del-comisionado-nacional-roberto-cabrera-alfaro-sobre-las-acciones-realizadas-por-la-comision-nacional-de-busqueda?idiom=es

[4].    Guillén, A., Torres, M. y Turati, M. “El país de las 2 mil fosas”, A dónde van nuestros desaparecidos, 12 de noviembre de 2018. Recuperado de https://adondevanlosdesaparecidos.org/2018/11/12/2-mil-fosas-en-mexico/

[5].    La Ley de la Policía Federal Preventiva fue publicada en el DOF el 4 de enero de 1999. Recuperado de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lpfp/lpfp_orig_04ene99.pdf

[6].    Castillo García, G. “La participación de militares en la PFP ha costado más de 250 millones de pesos”, La Jornada, 8 de julio de 2007. Recuperado de https://www.jornada.com.mx/2007/07/08/index.php?section=politica&article=005n1pol

[7].    “Pese a todo, Macedo de la Concha es procurador”, Proceso, 9 de diciembre de 2000. Recuperado de https://www.proceso.com.mx/184381/pese-a-todo-macedo-de-la-concha-es-procurador

[8].    “Se anticipa Fox: Entrega en Los Pinos banda presidencial al Ejército”, Proceso, 1 de diciembre de 2006. Recuperado de https://www.proceso.com.mx/223554/se-anticipa-fox-entrega-en-los-pinos-banda-presidencial-al-ejercito

[9].    Castillo García, G. “La participación de militares…”, op. cit.

[10].    La Ley de la Policía Federal fue publicada en el DOF el 1 de junio de 2009. Recuperado de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPF.pdf

[11].    Camacho, Z. “Más de 55 mil deserciones en las Fuerzas Armadas”, Contralínea, 9 de junio de 2013. Recuperado de https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2013/06/09/mas-de-55-mil-deserciones-en-las-fuerzas-armadas/

[12].    Aranda, Jesús. “Militares pronostican fracaso a Gendarmería propuesta por Peña Nieto”, La Jornada, 4 de enero de 2013. Recuperado del portal de Vanguardia MX https://vanguardia.com.mx/militarespronosticanfracasoagendarmeriapropuestaporpenanieto-1452999.html

[13].    Alzaga, I. “Militares no estudian para perseguir a delincuentes: Cienfuegos”, Milenio, 8 de diciembre de 2016. Recuperado de https://www.milenio.com/policia/militares-no-estudian-para-perseguir-a-delincuentes-cienfuegos

[14].    Ibidem.

[15].    Corona, S. y Monroy, J. “Contabilizan 542 militares muertos”, El Economista, 7 de enero de 2019. Recuperado de https://www.eleconomista.com.mx/politica/Contabilizan-542-militares-muertos-20190107-0012.html

[16].    #Seguridad Sin Guerra. Recuperado de https://www.seguridadsinguerra.org/

[17].       Acción de Inconstitucionalidad 6/2018. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recuperado de http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=229953

[18].    Jiménez N., Muñoz E., A. y García Dennis, A. “Ocho puntos clave del Plan Nacional de Paz y Seguridad de AMLO”, La Jornada, 14 de noviembre de 2018. Recuperado de https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/11/14/ocho-puntos-clave-del-plan-nacional-de-paz-y-seguridad-3573.html

[19].    Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recomendación 45/2010. 12 de agosto de 2010.

[20].   Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Tlatlaya a un año: la orden fue abatir. Junio de 2015. Recuperado de http://centroprodh.org.mx/impunidadayeryhoy/wp-content/uploads/2017/02/DossierTlatlaya.pdf

[21].    Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recomendación 54/2017 del 6 de diciembre de 2017.

[22].   Gallegos, Z. “Solo el 13% de los militares mexicanos investigados por violar derechos humanos han sido sentenciados”, El País, 18 de abril de 2017. Recuperado de https://elpais.com/internacional/2017/04/26/mexico/1493167782_990627.html

[23].   Almazán, J. “AMLO pide que Ejército regrese a los cuarteles”, Milenio, 8 de junio de 2016. Recuperado de https://www.milenio.com/politica/amlo-pide-que-ejercito-regrese-a-los-cuarteles

[24]    Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024. “Plan de Seguridad Pública, 8”. Página 13. Recuperado de https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2018/11/Plan-Nacional-de-Paz-y-Seguridad_.pdf

[25]    La Ley de la Guardia Nacional, fue publicada en el DOF, el 27 de mayo de 2019. Recuperado de https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5561285&fecha=27/05/2019

 

Seis meses de la 4T, un primer balance del sexenio

Jorge Enrique Rocha Quintero[*]

 

Resumen: En este artículo se hace un balance de los primeros seis meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para lo que se retoman varios aspectos importantes de la vida nacional, entre ellos: la política social y migratoria, la construcción de la Guardia Nacional, la política exterior de la actual administración, sus niveles de aprobación, el nuevo modelo de comunicación política, y se analiza el primer proceso electoral local efectuado dentro de este gobierno.

Palabras clave: Andrés Manuel López Obrador, cuarta transformación, balance, polarización, Guardia Nacional, política social, migración, elecciones 2019.

 

Abstract: This article makes an assessment of the first six months of Andrés Manuel López Obrador’s government, focusing on several important aspects of national life: social and migratory policy, the construction of the National Guard, the administration’s foreign policy, its approval levels, and the new model of political communication, among others. It also analyzes the first local electoral process to take place within this presidential term.

Key words: Andrés Manuel López Obrador, fourth transformation, assessment, polarization, National Guard, social policy, migration, 2019 elections

 

Trascurrieron seis meses del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, al que genéricamente se le denominó la cuarta transformación (4T). Aunque todavía es muy prematuro para pedir resultados contundentes, o constatar el cambio de grandes tendencias sociales, sí es posible hacer un primer balance sobre la actual administración pública federal, en varios aspectos que me parecen clave para entender el nuevo derrotero del gobierno en turno. Sin duda los temas abordados en este tiempo son muchos, ya que una de las características del nuevo gobierno es la velocidad con la que se procesan los debates públicos; sin embargo, muchos de ellos se quedan en auténticos “amagues” que no logran generar cambios objetivos y concretos en la dinámica social, pero que sí producen un gran revuelo en la opinión pública.

A continuación expongo los asuntos que me parecen más sobresalientes en el comienzo de la gestión lopezobradorista.

 

  1. Polarización, las mañaneras y la prensa “fifí”

Desde la campaña electoral de 2018 y durante los primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha generado en la opinión pública una profunda dinámica de polarización social. Frente a casi cualquier hecho, que puede ir desde un acto de extrema violencia, la limpieza de los zapatos del presidente o la posibilidad de una reforma político–electoral, se vierten argumentos en la opinión pública en blanco y negro, los matices y los grises están ausentes y se produce una dinámica de relación entre los actores sociales y políticos en líneas muy tajantes, que plantean posiciones irreconciliables; no hay medias tintas en la opinión pública y los que buscan elevar los debates o plantear puntos de vista desde varios ángulos, o desde una perspectiva estructural, son criticados por su falta de firmeza y convicciones. Uno de los peores resultados de estos lamentables debates son las nuevas geometrías políticas que ahora se utilizan, donde se divide a los actores sociales y políticos entre “chairos” (pro Andrés Manuel López Obrador) y “fifís” (opositores a López Obrador). Existen opinadores que defienden estos debates, porque argumentan que hay mayor grado de politización en el país, donde quedan claras las desigualdades sociales preexistentes. Estando de acuerdo en que estos procesos sí tienen estos tintes positivos, lo que resulta problemático es que no se generan capacidades de consenso social y el encono entre colectivos sociales se incrementa.

Ahora bien, desde mi análisis hay por lo menos tres razones que nos explican la aparición de este fenómeno de polarización de la opinión pública nacional: el primero es que precisamente no contamos con herramientas de discernimiento que nos permitan ponderar con mayor claridad los sucesos; el segundo es que los modelos de comunicación política que están utilizando los actores políticos colaboran para generar estas polarizaciones, y hay que decirlo claro, no es para desentrañar causas y efectos que se hace este tipo de comunicación, es para generar adeptos y simpatías políticas. Este tipo de comunicación no
es para proporcionar mayores elementos para generar un mejor juicio, es para lograr convencer a los ciudadanos de que las acciones de un político son mejores que las acciones de sus adversarios. La tercera razón, que me parece la más importante y determinante, es que la sociedad mexicana ya estaba polarizada desde antes, es decir, la acumulación de desigualdades que hemos tenido por años ha generado una situación social en la que unos pocos tienen acceso a casi todo y muchos tienen poco o ningún acceso a casi nada. Es decir, en una sociedad plagada de múltiples desigualdades (de ingreso, de acceso a la justicia, de acceso a la salud y la educación, entre otras) es complemente normal que tengamos una plataforma propicia para el desarrollo de la polarización social en el espacio público.

Ahora bien, uno de los mecanismos que nutre, con o sin quererlo, estas dinámicas de polarización, son las famosas “mañaneras”, que son las conferencias de prensa que el presidente concede todos los días a distintos medios de comunicación nacionales y donde se habla de múltiples asuntos. A lo largo de los seis primeros meses de gobierno López Obrador ha colocado a través de ellas la agenda mediática nacional, y ningún actor sociopolítico le genera contrapeso alguno. Es más, los temas de agenda del presidente son desplazados por el mismo presidente y, salvo en contadas ocasiones, otros actores políticos logran colocar sus temas.

Uno de los asuntos que más polémica ha generado son las expresiones de réplica del presidente hacia algunos medios de comunicación que han sido permanentemente críticos de su gestión. Resalta el caso de Grupo Reforma, al que López Obrador ha calificado como uno de los principales exponentes de la “prensa fifí”. En este proceso se tiene que reconocer que algunas críticas vertidas hacia la presidencia no tienen sustento empírico o que demandan al jefe del Ejecutivo federal resolver problemas que claramente no son resolubles en tan poco tiempo de gobierno, o que no son parte de sus competencias.

Ahora bien, frente a este escenario tenemos un diálogo de sordos entre un presidente que impone su agenda casi todo el tiempo y una prensa que, a veces con razón y otras sin tenerla, crítica sí o sí las acciones y dichos del titular del Poder Ejecutivo federal. Esta forma de proceder no abona a la resolución de los problemas y tampoco alimenta un debate constructivo frente a agendas urgentes.

 

  1. La inseguridad y la Guardia Nacional

El jueves 21 de febrero de 2019 el Senado de la República aprobó por unanimidad la creación de la Guardia Nacional, con 127 votos a favor y ninguno en contra. Los días anteriores a la aprobación de la Guardia Nacional hubo un gran rejuego político, ya que 11 de los 12 gobernadores priistas del país apoyaban el dictamen original; sin embargo, los senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) y Partido Verde se oponían públicamente a aprobar la propuesta sin más.

Luego de una fuerte presión en la opinión pública, sobre todo por parte de organismos defensores de los derechos humanos de la sociedad civil que cuestionaron la propuesta de la Guardia, ya que significaba un paso más en el proceso de militarización de la seguridad pública, la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados cedieron en varios asuntos importantes, que a continuación enumero:

a) La Guardia Nacional tendría un mando civil; será parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y se suprimió la propuesta de una Junta de Estado Mayor que intervendría en su dirección.

b) Se obliga a que la actuación de los miembros de la Guardia Nacional estará apegada a los compromisos en derechos humanos que ha contraído México en el ámbito internacional.

c) Se legisla el respeto de la soberanía de estados y municipios, dado que la presencia de la Guardia será a petición de gobernadores.

d) Se estableció un control del Senado en sus acciones.

e) Se sujetará a sus miembros a la competencia jurisdiccional civil, con lo cual se evita que tengan fuero militar.

f) Se les otorgó un plazo de 180 días a los gobernadores de los estados a que presenten en el Consejo Nacional de Seguridad Pública un diagnóstico y un programa para fortalecer las capacidades de las policías estatales y municipales.

g) Las fuerzas armadas participarán en el establecimiento de la estructura
jerárquica, regímenes de disciplina, cumplimiento de responsabilida-des y tareas, instrumentación de las normas de ingreso, educación,
capacitación, profesionalización, ascensos y prestaciones de la Guardia

h) Mientras la Guardia Nacional se estructura, las fuerzas armadas podrán seguir en labores de seguridad pública hasta por cinco años (2024).

Los aspectos positivos que tuvo este dictamen son varios: se evitó que la conformación de la Guardia Nacional fuera de carácter plenamente militar, ya que sus controles de mando, revisión y sanciones estarán bajo la tutela de civiles. Se evitó el fuero militar para sus miembros y además se supone que actuará bajo los marcos de las policías civiles y del respeto a los derechos humanos. El triunfo político que está atrás de este dictamen es el hecho de que todas las fuerzas políticas y sociales del país pudieron construir un amplio consenso en torno al tema. No hubo ningún derrotado y más bien todos los actores implicados tuvieron grandes victorias políticas.

Lo que no fue tan positivo del dictamen es que queda, en buena medida, en manos de las fuerzas armadas la forma de estructurar la Guardia Nacional, quienes formarán a sus efectivos con los parámetros de una carrera militar. Habrá que ver qué se impone al final: los marcos normativos o las prácticas reales. El otro aspecto negativo es que prácticamente durante todo su sexenio el presidente López Obrador estará facultado para utilizar las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública; esto significa que en el corto y mediano plazo las cosas seguirán más o menos igual.

El asunto que deja muchas dudas se refiere a la capacidad real que tengan los gobernadores de los estados para poder reestructurar y reformar a fondo las policías estatales y municipales, que, a decir de muchos especialistas, es el proceso al que se le tiene que apostar en el largo plazo, para que entonces los soldados y marinos vuelvan a sus cuarteles.

En el mes de abril se nombró a los que serán responsables de echar a andar la Guardia Nacional, todos militares, y quienes serán liderados por el general de brigada del Estado Mayor Presidencial, Luis Rodríguez Bucio. Además, integrarán la coordinación de la Guardia Nacional el general Xicoténcatl Núñez Márquez (Secretaría de la Defensa Nacional), el contraalmirante Gabriel García Chávez (Secretaría de Marina) y Patricia Rosalinda Trujillo Mariel (Policía Federal). A pesar de la insistencia de que este cuerpo de seguridad tuviera una clara actuación civil, los responsables de la implementación son casi todos militares.

Ahora bien, las cifras de inseguridad en el comienzo de este sexenio no han mostrado reducción. Al contrario, hay un incremento en algunos delitos. Por ejemplo, el periódico digital Animal Político mostró los siguientes datos:

Este 12 de abril el presidente sostuvo que el promedio de víctimas de homicidios dolosos en diciembre de 2018 fue de 79.9; en enero de 75; febrero de 83.1 y marzo 77.5. Pero los datos del Secretariado Ejecutivo muestran que el promedio diario de víctimas de homicidios fue de 92.7 en diciembre; 99.89 en enero y 92.03 en febrero. También existe una subestimación en el número total de homicidios mensuales que registra el equipo de López Obrador. Según los datos recopilados por el equipo del presidente, en enero se registraron 2 mil 326 víctimas de homicidio doloso y 2 mil 392 en febrero. El Secretariado Ejecutivo, por su parte, registró 2 mil 853 víctimas de homicidio doloso en enero y 2 mil 796 en febrero. Esto significa que las cifras de López Obrador presentaron un subregistro de 14.45% y 18.47% para enero y febrero, respectivamente.[1]

Junto con este desfase entre los propios datos oficiales se presentaron otros hechos violentos a lo largo del país. Por ejemplo, el viernes 19 de abril de 2019 se perpetró una terrible masacre donde murieron 13 personas (entre ellas un bebé) en la ciudad de Minatitlán, en el estado de Veracruz; mientras que, en junio, en el estado de Jalisco se consumaron varios ataques en contra de la Fiscalía del estado que terminaron
en la muerte de tres agentes investigadores. Estos hechos colocaron en la palestra pública el grave problema de violencia que nos aqueja desde hace más de una década. Es cierto que esta espiral de violencia se fue acuñando desde hace dos sexenios, y que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no es el responsable de la situación en la que nos encontramos hoy en el país; sin embargo, lo que efectivamente sí se puede reprochar al presidente en turno es que hasta el momento las estrategias puestas en marcha al respecto parecen que no están dando los resultados deseados, y que el camino de ocultar cifras y mantener un velo sobre la realidad de violencia que estamos padeciendo no es el camino correcto para encarar el problema.

 

  1. Los programas sociales y el combate a la pobreza

En el discurso de toma de posesión del presidente una de las frases centrales del mensaje fue “primero los pobres”, y con ello apuntaba al tipo de política social que se iba a impulsar en este sexenio. Los cambios en las políticas de apoyos gubernamentales hacia las estancias infantiles, las becas a los jóvenes aprendices en empresas, la duplicación en el monto de la pensión para adultos mayores, entre otros, son algunos de los programas sociales que propiciaron gran controversia por las nuevas directrices del nuevo gobierno federal en la materia, ya que algunas personas apoyan estas medidas y otras las critican severamente. Desde mi particular punto de vista, lo que está en el fondo de estos debates es la política social del gobierno de López Obrador, que considero representa un cambio frente a las fórmulas utilizadas por sus antecesores.

Una de las críticas más importantes de la forma de proceder del presidente en este tema es que este tipo de acciones y políticas gubernamentales fomentan el paternalismo estatal y desincentiva el emprendurismo y el desarrollo autónomo de las personas. Para los que argumentan esta crítica afirman que este tipo de políticas generaron una excesiva dependencia gubernamental en ciertas regiones de México, que a la larga se convirtió en un lastre para el desarrollo de esos territorios.

La crítica más fuerte y más sólida es la que expresan algunos opinadores de que este tipo de apoyos directos a las personas es una plataforma ideal para el desarrollo de un nuevo clientelismo político, que a la postre se puede convertir en una enorme fuerza electoral, ya que no estará mediada por ningún tipo de actor político intermedio sino que puede desarrollarse en un gran conglomerado de votantes plenamente convencidos por el proyecto político de Morena, al ser beneficiarios directos de estos apoyos.

Los argumentos a favor de este tipo distinto de política social que se empieza a implementar son: en primer lugar, que hay evidencias de que los intermediarios gubernamentales y administrativos de este tipo de procesos caían en corrupción, ya sea desviando recursos o dándoselos a personas que no eran merecedoras de ellos. Por supuesto que nunca se proporcionó una lista de casos específicos para comprobar tales prácticas, pero hay reportajes periodísticos que han mostrado estas formas de corrupción. Un segundo argumento a favor de esta política social es que en algunos casos los condicionantes que se ponían para que las personas pudieran acceder a estos apoyos eran muy grandes, con lo cual, lo más pobres de los más pobres tampoco eran destinatarios de estas ayudas. El tercer argumento a favor es que los apoyos directos son políticas compensatorias frente a las grandes ayudas que han recibido empresas y el sector privado durante el periodo neoliberal; se habla de un doble discurso mal intencionado, donde los apoyos a empresarios se catalogan como acciones para el desarrollo y a los apoyos a los pobres se les nombra como acciones “populistas”; los que concuerdan con el presidente expresan que este tipo de política social ayuda a generar equilibrios sociales y atemperar la enorme desigualdad que hay en el país. El cuarto argumento a favor expresa que, precisamente al no tener intermediarios para las ayudas, se elimina la tentación de coaccionar el voto de las personas en tiempos electorales, ya que no existe la posibilidad de condicionar el sufragio a cambio de recibir los beneficios de un programa de desarrollo social.

Me parece que más allá de estas consideraciones a favor y en contra de la forma como López Obrador está implementando la política social, lo que tenemos que hacer es una profunda y aguda evaluación de lo que ha sido la política de desarrollo social en México durante las tres últimas décadas, porque lo que sí está claro es que la pobreza no disminuyó, que la desigualdad aumentó y que, hoy por hoy, hay regiones de México donde los efectos positivos del desarrollo simplemente no llegaron.

 

  1. Corrupción, austeridad y megaproyectos

Una de las banderas de campaña de Andrés Manuel López Obrador fue acabar con la corrupción, bajar sustantivamente los gastos suntuarios del gobierno y no subir impuestos. Siempre se daban cifras poco creíbles sobre los recursos que se redireccionarían para lograr miles de proyectos. La realidad no ha sido así en este primer semestre de gobierno.

Después de no concretarse ningún caso en específico durante los primeros meses, el combate a la corrupción empezó a tener casos de gran impacto; por ejemplo, se giraron órdenes de aprehensión en contra de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y se capturó a Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México. A estos dos personajes se les acusa de estar implicados en graves casos de corrupción ligados a compraventas irregulares. Este caso parece que abre una puerta para comenzar a realizar acciones en contra de la corrupción y de la impunidad con más fortaleza.

En general se implementó una política de austeridad en el gobierno federal que ha implicado recortes salariales, una nueva ley en torno a los salarios gubernamentales, disminución de gastos suntuarios y la petición expresa del presidente para que todos sus funcionarios acaten la austeridad republicana. Hay que recalcar que uno de los asuntos que más indignan a la ciudadanía era constatar los lujos y gastos innecesarios de servidores públicos de alto nivel. Estas acciones fueron acompañadas de la supresión de las pensiones a los expresidentes de México, poner en venta el avión presidencial y hacer de la residencia oficial de Los Pinos un lugar abierto al público. Estas medidas fueron muy bien recibidas por buena parte de la población.

Por otro lado, los recortes presupuestales que está haciendo el presidente López Obrador también han tenido efectos negativos, ya que en algunos casos se disminuyó presupuesto en salud, educación, cultura e investigación científica. Efectivamente es loable la decisión de disminuir el despilfarro, pero este proceso se tuvo que analizar e implementar de mejor manera, ya que se hizo a rajatabla sin ponderar los efectos negativos posteriores.

Otros asuntos que han sido muy polémicos en este inicio de gestión presidencial son los proyectos del tren maya, el corredor en el Istmo de Tehuantepec y la refinería de Dos Bocas en el estado de Tabasco, que siguen generando enormes dudas en cuanto a los impactos sociales y ambientales que tendrán. Organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales e indígenas han denunciado los posibles riesgos de implementación de estos proyectos y han criticado severamente las posturas del presidente en estos temas.

De hecho, para varios de estos colectivos el gobierno de López Obrador tiene las mismas prácticas y problemas de administraciones federales anteriores; es decir, para ellos el nuevo presidente solo representa continuidad en las políticas.

 

  1. Política exterior y relación con Estados Unidos

En el mes de junio se dio el mayor encontronazo entre López Obrador y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya que este último amenazó a México con un arancel de 5% a productos mexicanos, además de poner en riesgo la firma del T-MEC (el acuerdo comercial que sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del Norte o TLCAN). Esto generó pánico en muchos sectores económicos y, luego de varios acuerdos, se logró evitar la medida.

Después de este nuevo acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos frente al tema arancelario y el reforzamiento del control migratorio en la frontera sur de México, los defensores del presidente López Obrador señalan que la medida era necesaria y que fue un éxito que no se implementara el incremento en los aranceles, ya que podría tener efectos muy negativos en la economía nacional. Por otro lado, los detractores del presidente expresaron que el nuevo gobierno se subordinó a las peticiones de Donald Trump y que aceptó hacerle el trabajo sucio al gobierno estadunidense en materia migratoria.

Más allá de quedarnos encerrados en la coyuntura, haciendo balances de quién ganó y quién perdió, me parece fundamental llevar el análisis de este asunto hacia comprensiones más estructurales que nos permitan ampliar la mirada y nos ayuden a explicarnos de mejor forma lo que puede significar esta agenda para el futuro.

Lo primero que tenemos que señalar es que, luego de tres décadas de expansión de la economía global, muchas naciones pusieron en entredicho las bondades y las promesas de desarrollo que proponía esta nueva forma de capitalismo (a la que genéricamente se le llama neoliberalismo), al darse cuenta de que los beneficios que supuestamente llegarían nunca se hicieron realidad; que hubo territorios donde se desmantelaron las estructuras productivas locales y que en países como el nuestro la pobreza no se superó y la desigualdad social se incrementó. En todo el orbe se está experimentando el empuje de fuerzas políticas y sociales que tienden al cierre de las fronteras en términos económicos, que plantean un regreso al fortalecimiento del mercado interno y que ven con recelo creciente las políticas económicas que impulsan el libre mercado internacional. Este proceso es mundial e implica para nuestro país dos retos de mediano plazo: el primero es la capacidad de generar procesos económicos endógenos y el fortalecimiento del mercado interno; el segundo es la necesidad de incrementar las relaciones comerciales con otras economías distintas a la estadunidense, como Europa, China o Sudamérica. Si no se generan estrategias económicas en esta dirección estaremos condenados a los dictados económicos de los presidentes estadunidenses en turno, como ahora fue el caso.

La segunda dinámica es que el tema del cierre de fronteras y control de la migración se ha convertido en una agenda electoral. Partidos de derecha y de corte nacionalista en todo el planeta han tomado la bandera del control migratorio como una agenda para ganar votos y elecciones. Este tipo de casos son cada vez más recurrentes en muchos países, y por supuesto que hay figuras políticas como Donald Trump y Jair Bolsonaro (presidente de Brasil) que exacerban estas dinámicas sociopolíticas. Para este tipo de grupos políticos hablar en contra de los migrantes les ha dado ganancias y réditos electorales, porque todavía en buena parte de la población mundial subsisten ideas racistas, clasistas e hipernacionalistas, que culpabilizan a los migrantes por la falta de trabajos y el incremento de la violencia.

El tercer asunto que necesitamos vislumbrar en esta compleja trama de problemas es la trasformación del sujeto migrante que empieza a pasar de un sujeto pasivo individual a un sujeto político colectivo. Desde 2005, cuando se empieza a documentar de forma más precisa el fenómeno de la migración centroamericana hacia Estados Unidos en su paso por México, tanto los estados como las organizaciones civiles y religiosas se relacionaban con los migrantes fundamentalmente desde una lógica de ayuda humanitaria, y en algunos casos de promoción de sus derechos, pero en la mayor parte de los casos la relación era desde un sujeto empoderado (iglesias, organizaciones y estado) hacia un sujeto depositario de su acción. La aparición de las caravanas migrantes coloca al sujeto migrante desde otra perspectiva, ya que se organiza, pide sus derechos y realiza acciones que pueden o no estar acordes con la ley, pero que descuadran la ecuación de los acuerdos que pueden tomar estados y organizaciones, ya que se empiezan a movilizar desde sus propias lógicas de acción e intereses. Esto sin duda representa un reto mayúsculo en el fenómeno migratorio.

Todas estas dinámicas estarán presentes a lo largo del sexenio de López Obrador y en un escenario donde muy posiblemente Donald Trump obtenga la reelección en su cargo.

 

  1. La aprobación presidencial

Cuando se cumplieron los primeros 100 días de la administración de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México se dieron a conocer varias encuestas en las que se medía la aprobación del mandatario, y lo que era innegable hasta ese momento es que la popularidad de López Obrador estaba por los cielos. Las encuestadoras que midieron sus índices de aceptación lo situaban con una gran valoración positiva entre la mayoría de los mexicanos. Por ejemplo, según El Financiero, 86% de los ciudadanos estaba contento con el actual gobierno; Grupo Reforma lo colocaba con 78% de aprobación, mientras que para Consulta Mitofsky el presidente tenía un nivel de aceptación de 67%, lo que lo ubicaba como el mandatario mejor evaluado en América Latina y en tercer lugar entre los presidentes de 31 países a lo largo del mundo.

Pasados los primeros seis meses de gobierno algunas casas encuestadoras, como Demotecnia, dieron a conocer la medición de la aprobación del presidente a 180 días de tomar el cargo. La aprobación de López Obrador de acuerdo con esta encuestadora era de 70%, mientras que 21% desaprobaba su mandato. Estos datos significan que la aprobación del presidente bajó en 10 puntos porcentuales entre marzo y mayo de 2019, mientras que la desaprobación se incrementó en 7 puntos en ese mismo periodo. Efectivamente, la actual administración comenzó con el desgaste político en el ejercicio de gobierno y una parte de la población empieza a creer que el primer mandatario está cometiendo graves errores en su gestión. Ahora bien, no se puede dejar de señalar que contar con 70% de aceptación de la ciudadanía representa un enorme capital político y que la legitimidad política del nuevo gobierno sigue siendo muy alta. Era de esperarse que López Obrador descendiera en las encuestas, pero hace falta ver si esta baja se convierte en tendencia, es decir, si la aprobación presidencial sigue experimentando descenso sistemático en la aprobación.

 

  1. Resultados electorales del año 2019

El 2 de junio de 2019 se realizaron elecciones locales en seis entidades: Puebla eligió un gobernador y cinco ayuntamientos; en Aguascalientes se disputaron 11 ayuntamientos; Baja California tuvo elecciones de gobernador, Congreso local (25 diputados) y de cinco ayuntamientos; en Durango eligieron 39 ayuntamientos, mientras que en Quintana Roo hubo comicios para el Congreso local (25 diputados) y en Tamaulipas eligieron el Congreso local (36 diputados). Es decir, se pusieron en juego dos gubernaturas, tres congresos locales y 60 alcaldías.

Cabe señalar que las dos gubernaturas en disputa eran encabezadas por el PAN, que en el caso de Baja California venía gobernando desde 1989, es decir, tres décadas de gobiernos panistas de forma ininterrumpida; mientras que en Puebla llevaban tres elecciones ganadas y gobernaba el estado desde 2011.

Los resultados de la elección con los cómputos preliminares disponibles fueron los siguientes:

En Puebla, con 100% de actas computadas, Luis Miguel Barbosa, candidato de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo (PT), obtuvo 44.67% de los votos; seguido de Enrique Cárdenas (PAN, PRD, MC), que tuvo 33.23%, y en tercer lugar se ubicó Alberto Jiménez, del PRI, con 18.45% de los sufragios. De los cinco ayuntamientos en disputa el PRI ganó cuatro y el pt uno. Un dato relevante es que solo participó 33.41% de los poblanos; es decir, la participación electoral fue muy baja.

En Baja California la coalición Morena–Partido Verde–PT se llevó el carro completo en las elecciones locales, ya que ganó los 17 distritos en disputa, triunfó en las cinco alcaldías que pusieron el juego y en la elección de gobernador su candidato, Jaime Bonilla, obtuvo 50.28% de los votos, seguido por José Óscar Vega del PAN, con 23.23% de los sufragios, y en tercer lugar se ubicó Jaime Martínez Veloz del PRD con 8.5%. Estos datos son con 100% de las casillas computadas y con una precaria participación de 29.64% de los electores.

En Quintana Roo se eligió el Congreso local y, con 100% de las actas computadas, la coalición Morena–Partido Verde–PT ganó en 11 distritos, seguido de la coalición PAN-PRD-PES, que obtuvo tres distritos, en tanto que el PRI ganó en un distrito. La participación electoral en esta entidad fue la más baja de la jornada, con solo 22.15% de los votantes.

En Tamaulipas también hubo elecciones para definir al Congreso local. Con 100% de las actas computadas y solo 32.95% de la participación de la ciudadanía el PAN arrasó llevándose 21 distritos electorales, por solo uno para Morena, en Matamoros.

En el vecino estado de Aguascalientes también hubo comicios para elegir 11 alcaldías y ahí también Acción Nacional fue el ganador, ya que se llevó cinco ayuntamientos, entre ellos la capital del estado, seguido del Partido Verde, con dos alcaldías, y luego el PRD, PT, Morena y el PRI con un ayuntamiento cada uno.

Finalmente, en Durango, también con la totalidad de actas computadas, la coalición PAN-PRD se llevó 17 ayuntamientos; el PRI ganó en 15, el PAN y Morena en dos cada uno, en tanto que el Partido Duranguense, el PT y el PRI ganaron un ayuntamiento cada uno.

Los saldos de la elección del 2 de junio fueron los siguientes:

  • Morena y sus aliados ganaron dos gubernaturas.
  • Morena y sus aliados ganaron dos congresos locales.
  • El PAN solo y en coalición ganó 24 ayuntamientos y un Congreso local.
  • El PRI ganó 21 ayuntamientos.
  • Morena ganó en ocho ayuntamientos.
  • La participación ciudadana en estos comicios fue muy baja, ya que en promedio solo participó uno de cada tres votantes.

En la tabla 6.1 se muestran los ganadores de las 60 alcaldías en disputa.

Sin duda alguna que el gran ganador de la elección del domingo 2 de junio fue Morena y sus aliados, que aumentaron a siete las entidades que gobiernan, mientras que el PAN bajó de 12 a 10 entidades (varias de ellas en coalición con el PRD). De los tres congresos locales que se renovaron Morena se llevó dos y el PAN retuvo uno. Las ganancias electorales más importantes del PAN fueron en las elecciones municipales, sobre todo en Aguascalientes y Durango; sin embargo, Morena arrasó en Baja California, ya que se llevó el carro completo en los comicios.

Con los resultados anteriores podemos afirmar entonces que el tsunami Morena de hace un año todavía mantiene un oleaje muy fuerte, ya que las ganancias electorales fueron grandes. Además, este proceso electoral no fue significativo para los electores, ya que la participación en los comicios fue muy baja.

 

[*] Es titular de la Dirección de Integración Comunitaria del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Es licenciado en Sociología por la Universidad de Guadalajara y en Filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac (Univa). Tiene una maestría en Impactos Territoriales de la Globalización por la Universidad Internacional de Andalucía y es doctor en Estudios Científico–Sociales por el ITESO. Colabora semanalmente en Zona 3, Radio Metrópoli, Megacable, Imagen San Luis Potosí y como articulista en el Semanario de Guadalajara y la Méndiga Política, y en las revistas El Puente y Christus. Es profesor invitado en la Universidad Iberoamericana León. Correo electrónico: jerqmex@hotmail.com

 

[1].     Ángel, A. y Ávila, Y. “El Sabueso: AMLO presumió baja en inseguridad, pero los datos lo desmienten”, Animal Político, 13 de abril de 2019. Recuperado de https://www.animalpolitico.com/elsabueso/sabueso-amlo-presume-baja-inseguridad-datos/

 

Brasil en la era del populismo de la derecha

Rudá Ricci[*]

Resumen: este artículo trata del proceso electoral desarrollado en 2018 en Brasil, en que se eligió como presidente de la república al exdiputado federal Jair Bolsonaro, candidato populista de derecha. Se analiza el perfil de este liderazgo de derecha, la división de Brasil en bloques electorales distintos (noreste, más a la izquierda, y centro–sur, más a la derecha), la plataforma política del nuevo bloque en el poder y, finalmente, las características y perspectivas de la oposición, liderada por el Partido de los Trabajadores.
Palabras clave: política, Brasil, populismo de la derecha, gobierno brasileño.

Abstract: This article looks at the 2018 electoral process in Brazil, which elected the former federal congressman and right–wing populist candidate Jair Bolsonaro to be the country’s next president. It analyzes the profile of this right–wing leadership, the division of Brazil into distinct electoral blocs (northeast tending left, and center–south tending right), the political platform of the new bloc in power, and finally, the characteristics and prospects of the opposition, led by the Workers’ Party.
Key words: politics, Brazil, right–wing populism, Brazilian government.

 

En este momento, se discute en Brasil si vivimos en una democracia o en un estado de excepción. La victoria de Jair Bolsonaro, quien estaba afiliado a un partido que hasta las elecciones de octubre de 2018 era muy pequeño, impulsa a este último y le permite pasar a ocupar el segundo lugar en cuanto al número de diputados en la cámara baja (atrás de su mayor adversario, el Partido de los Trabajadores, creado por Luiz Inácio Lula da Silva). Esta combinación de factores encendió las luces amarillas, que indican peligro.

Algunos autores interesados en el tema de la crisis de las democracias occidentales, como Steve Levitsky, David Runciman y John Keane, entre los anglosajones, y Luciano Canfora y Manuel Castells, entre los latinos, señalan que Brasil ha entrado en la ronda de los ejemplos de crisis democrática en las gradas de la escalera de las elecciones de Donald Trump en los Estados Unidos de América.

Nancy Bermeo, en medio de la discusión acerca de la ascensión del estado de excepción —la cual reacciona en los bordes de la legislación, sin alterar el orden democrático en su lógica, pero suspendiendo derechos en virtud de la manutención del orden o contra actos presuntamente terroristas— esbozó una tipología de golpes de estado a partir del propio gobierno establecido vía electoral, ampliando la noción clásica de intervención externa para derribar al presente gobierno. La tipología presentada es la siguiente:

a. Golpes ejecutivos, cuando los que están en el poder suspenden el funcionamiento de las instituciones democráticas.

b. Fraude electoral, cuando el proceso electoral es manipulado.

c. Golpe promisorio, cuando la democracia es tomada por personas que enseguida convocan elecciones para legitimar su gobierno.

d. Ampliación del poder del ejecutivo, cuando los que ocupan el poder desgastan las instituciones democráticas sin llegar a derribarlas.

e. Manipulación estratégica de las elecciones, cuando las elecciones no son exactamente libres, pero tampoco son claramente fraudulentas.

El Brasil de hoy parece estar situado entre los dos últimos tipos sistematizados por Bermeo.

Hace 27 años, cuando era diputado federal, Jair Bolsonaro presentó alrededor de 170 propuestas como político profesional —como la que pretende suspender el uso del nombre social para travestis y transexuales— y solo dos de ellas fueron aprobadas por la Cámara de Diputados. Se trata de un político al que se denomina en Brasil de “bajo clero”; es decir, es un diputado de poca envergadura, que no se destaca públicamente, que vive solo para aumentar su base electoral con obras, nombramientos y recursos públicos. Un político de engranaje clientelista.

Sin embargo, el discurso de Bolsonaro, inflamado, escatológico y de extrema derecha, navega en la ola de las frustraciones y en la caída en el consumo de los estratos más vulnerables, además de que se suma a la ofensiva empresarial, a líderes evangélicos de grupos juveniles financiados por el Atlas Network, a grupos fascistas y de activismo jurídico de varias instancias del sistema judicial brasileño contra las políticas keynesianas y los avances en los derechos sociales para negros, grupos LGBTT, mujeres, entre otros.

El nuevo presidente de la república brasileña es conocido por varias frases polémicas, basadas en los valores de la extrema derecha. Veamos algunas:

Pueblos tradicionales
“Yo estuve en un ‘quilombola’ en El Dorado Paulista. Mira, el afrodescendiente más delgado pesaba siete arrobas. ¡No hacen nada! Yo creo que ni para procrear sirven. Más de mil millones por año se gasta en ellos”.
Conferencia en el Club Hebreo, abril de 2017.

Las mujeres
“Detente, Maria do Rosário [diputada federal de la izquierda], detente. Hace pocos días, tú me llamaste violador en el Salón Verde, y yo dije que no iría a violarte porque no lo mereces. Quédate aquí para oír (durante el discurso en la Cámara, 2003) […] Ella no merece (ser violada) porque es ruin, porque es fea, no es atractiva para mí… jamás la violaría. Yo no soy violador, pero, si lo fuera, no la violaría porque lo no merece”.
“[…] tuve cuatro hijos y en el quinto fui débil y nació una mujer”.
En la Palestra del Club Hebreo, abril de 2017.

Los homosexuales
“El hijo empieza a quedarse así, medio afeminado, recibe una golpiza y él cambia su comportamiento. ¿Es cierto? Ya escuché a algunos aquí, mira, menos mal que recibí unas palmadas, ya que mi padre me enseñó a ser hombre”.
Programa de TV Cámara, noviembre de 2010.
“No voy combatir ni a discriminar, pero, si yo observo a dos hombres que se están besando en la calle, les voy a pegar”.
Entrevista en la que aparecía una foto con Fernando Henrique Cardoso con una bandera gay y defendiendo la unión civil, mayo de 2002.

Tortura
“Yo soy favorable a la tortura, tú sabes de eso”.
Programa de TV, 1999.
“El error de la dictadura fue torturar y no matar”.
Entrevista en la radio, junio de 2016.

1. El drama de una elección tutelada por el sistema judicial llena de fake news

Lula, expresidente, dirigente del Partido de los Trabajadores, figuraba en primer lugar en las encuestas de intención de votos hasta que fue llevado preso y se le prohibiera registrar su candidatura por parte del sistema judicial. Hasta ese momento, tenía el doble de las intenciones de voto que Bolsonaro. Sin su candidatura, Bolsonaro apareció en primer lugar, con 20% de las intenciones. Su situación parecía un poco rara, presentando oscilaciones de sus índices en las encuestas, hasta el momento que recibió una cuchillada (todavía hasta hoy, este ataque, acontecido en una de sus caravanas de campaña por el país, es motivo de mucha polémica, entre si fue solo una puesta en escena o un hecho real).

El atentado consolidó su candidatura y la hizo crecer, aunque de manera gradual hasta el final de la primera vuelta (las elecciones en Brasil se llevan a cabo en dos vueltas). Atrás de Bolsonaro se encontraban cuatro candidatos, uno de ellos era el escogido por el partido de Lula, Fernando Haddad.

Sin embargo, con el atentado a Bolsonaro, ocurrido el 6 de septiembre de 2018, su candidatura recibió un soplo de vida. Primero, porque la conmoción generada lo hizo superar el 25% de las intenciones de votos rápidamente. Segundo, porque el episodio consolidó su candidatura como la única capaz de enfrentar el campo de la izquierda. Finalmente, por concederle el pretexto principal para silenciarse y no participar en ningún debate público con sus adversarios. Se mantuvo en ayuno. Escaparse de los debates disminuyó el riesgo de un percance en su campaña. Así, en la última semana de campaña de la primera vuelta,
la candidatura de Bolsonaro continuaba creciendo (superando el 35%), y su principal adversario, Haddad, se estabilizó en un 22%. Haddad había sobre pasado a los otros adversarios en la medida en que el electorado de Lula fue lentamente cambiando hacia la candidatura de su sucesor en esta disputa.

En la segunda vuelta, el ataque de fake news distribuidas abundantemente (en proporciones jamás vistas en una elección brasileña) en los grupos de WhatsApp, en especial, involucrando comunidades evangélicas, ayudó a que la candidatura de Bolsonaro se mantuviera al frente hasta su elección. Es importante destacar que la campaña de Bolsonaro recibió asesoramiento directo de Steve Bannon, asesor político estadunidense que sirvió como estratega en jefe de la campaña victoriosa de Donald Trump y quien aún permanece como asesor del gobierno de Estados Unidos, tras la victoria de su cliente.

La elección reveló un país dividido. Haddad venció, paradójicamente, en la mayoría de los municipios brasileños: el petista ganó en 2,810 municipios; Jair Bolsonaro venció en 2,760 municipios. Por otro lado, Bolsonaro venció en 97% de las ciudades más ricas, mientras que
Haddad lo hizo en 98% de las más pobres. Entre los mil municipios con los mayores índices de desarrollo humano del país, Bolsonaro ganó en 967, mientras Haddad conquistó 33. Ya en las mil ciudades menos desarrolladas, Haddad ganó en 975 y Bolsonaro en 25. La campaña lulista, por lo tanto, consiguió penetrar los hogares más lejanos del país. En las 500 ciudades brasileñas con mayor porcentaje de electores con más de 60 años, Bolsonaro venció en 382.

Jair Bolsonaro consiguió posicionarse mejor en los estados con mayor número de electores. Ganó la elección en 16 estados, incluyendo el Distrito Federal, mientras que Fernando Haddad se mantuvo al frente en 11 unidades de la federación (en el nordeste). Venció con una diferencia de 16 puntos porcentuales en Minas Gerais (58%), segundo colegio electoral estatal del país, representando a 10% de los electores. Pero fue São Paulo, el mayor colegio electoral estatal del país (20% de los electores), el que garantizó la victoria de Bolsonaro: 63% de los votos válidos.

En suma, hubo una confrontación entre los dos mayores colegios electorales regionales del país: el sudeste (con más de 43% de los electores) y el nordeste (con poco más de 26% de los electores).

2. El plan para los primeros 100 días del gobierno

La dificultad que enfrenta Bolsonaro en este momento es superar las divergencias internas: entre los militares nacionalistas y los economistas y los empresarios ultraliberales. Esta tensión puede ser exagerada en el caso de la agenda económica (ultraliberal, ya anunciada por su principal asesor del área, el banquero Paulo Guedes), cercana a aquella adoptada por Michel Temer (presidente que tomó posesión después el impeachment de Dilma Rousseff y que sufrió altísimos índices de rechazo).

La frustración del electorado más pobre deberá seguir el camino de la impopularidad que tuvo el gobierno de Dilma Rousseff en 2015 y de Michel Temer (que adoptaron justamente esta misma agenda). Bolsonaro necesitará enfrentar una crisis económica y de empleo que, de acuerdo con agencias internacionales, debe mantenerse en el primer año.

En la agenda del gobierno para los 100 primeros días de gestión, divulgada ampliamente por la comisión de transición del equipo de Jair Bolsonaro, se perciben orientaciones generales y administrativas, sin contenido para el inicio del gobierno. El sentido de esta agenda es la inexperiencia y descalificación de gran parte de los miembros de su equipo con relación a la gestión pública.[1]

Ejemplo de ello es la serie de errores cometidos por el ministro de Economía, Paulo Guedes, quien reveló desconocer las normas para la elaboración del presupuesto público en Brasil.[2]

Durante la campaña y después del anuncio oficial de la victoria electoral, Jair Bolsonaro divulgó informalmente algunas de las prioridades de su gobierno. En un inicio, anunció que estas prioridades serían la reforma de la Previdencia[3] y la reforma tributaria, además de un conjunto de medidas para la seguridad pública. La reforma de la Previdencia sigue las propuestas del gobierno de Michel Temer, que no prosperaron en el Congreso Nacional y generaron un profundo desgaste de la imagen pública del gobierno que antecedió a Bolsonaro.

Según Thomas Piketty, se trata de una agenda elitista que hace a un lado las bases de la seguridad social para los más desvalidos del país (que es considerado como uno de los de mayor desigualdad en
el planeta) y que es radicalmente defendida por los órganos de representación empresarial. La posibilidad de que exista un desgaste que pueda repetirse no es depreciable. El ejemplo definido como referencia del nuevo gobierno es el sistema de seguridad social privada de Chile, el cual da señas de un profundo fracaso.[4]

Paulo Guedes defendió públicamente las privatizaciones para eliminar el 20% de la deuda pública brasileña. Permitió la venta de las dos mayores empresas estatales nacionales, Petrobrás y Banco do Brasil. En las cuentas de Guedes, esto rendiría cerca de 206 mil millones de dólares (20% de la deuda pública federal, calculada en 3.6 billones de reales). Hoy son 103 mil millones de dólares, aunado a los intereses anuales. Defiende el destino de los recursos ahorrados con el pago de la deuda con el argumento de que se enfocarán hacia la salud, la seguridad y la educación, redistribuyéndolos para los estados y municipios.

Paulo Gala, economista de renombre, sostiene que:

Tal vez en 2020 consigamos alcanzar el nivel del PIB de 2014. Quizá en 2021 el desempleo se acerque a los niveles más bajos, cercano al 7%. Pero esa recuperación no traerá desarrollo económico y enriquecimiento. Se trata, en la jerga de los economistas, de una recuperación cíclica de coyuntura y no de un cambio estructural que lleve al enriquecimiento. Para Brasil el enriquecimiento de hecho necesitaría que hubiera una transformación de nuestra estructura productiva en el sentido de sofisticación: industrias high tech y servicios empresariales sofisticados.[5]

Bolsonaro también hizo una defensa de la preservación de la familia como una de sus prioridades. Como se percibe, existe una agenda que se mueve entre un cierto populismo de la derecha (seguridad y defensa de la familia) y un ultraliberalismo (ya rechazado por más de 80% de los brasileños, según encuestas de opinión publica).[6]

Permanecen las políticas de seguridad, con el permiso de compra de armas por los ciudadanos y otras medidas de aumento de represión pública, incluyendo ataques a los movimientos sociales tradicionales del país.

La familia y la seguridad son temas relevantes a la población pobre brasileña, además de la garantía al consumo, profundamente ampliados en las gestiones de Lula (2003–2010), pero se retiraron a partir de las gestiones de Dilma Rousseff y Michel Temer.

Durante su campaña, Bolsonaro buscó acercarse a las fuerzas políticas ultraconservadoras. La aproximación con Steve Bannon es una noticia difundida en la prensa nacional como un movimiento articulado. El periódico español El País señala que Bannon compró un antiguo monasterio del año 1204, en el sudeste de Roma, para instalar “una especie de universidad del populismo”, donde se han estado reuniendo líderes de la extrema derecha de países como Italia, Francia, Polonia, Alemania y Suecia.[7]

Bolsonaro también se acercó a Benjamín Netanyahu, quien enfrenta en su país un escándalo de corrupción y que fue forzado a convocar elecciones anticipadas para abril. Netanyahu estuvo en Brasil a finales de diciembre de 2018, poco antes de la toma de posesión de Bolsonaro, e intercambiaron una serie de elogios y promesas al parecer inéditas. El encuentro es una importante inflexión en la política diplomática brasileña, la cual siempre transcurrió en la moderación en los conflictos del Oriente Medio. Es la primera vez que un primer ministro de Israel viene a Brasil desde la creación del estado judío en 1948.

Pero es en el terreno interno que los arrebatos de extrema derecha despuntan más claramente en el discurso del nuevo presidente, tanto por las amenazas a los movimientos sociales, el ataque explícito a los partidos de izquierda, como la institucionalización de la violencia como solución política (en 2003 mencionaba su apoyo a los grupos de exterminio[8]).

3. Oposición y división interna en el nuevo gobierno

Los movimientos sociales y grupos de activistas por los derechos están divididos desde hace algunos años. Se cerraron agendas propias y pasaron a relacionarse con agencias estatales especializadas para encaminar sus demandas específicas. Algunos movimientos sociales tradicionales como el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST) tuvieron un impacto importante relacionado con las políticas de trasferencia de renta de los gobiernos lulistas.

Como gran parte de su base social era oriunda de exagricultores pobres que migraron hacia las periferias de las ciudades en búsqueda de sobrevivencia, como parte de las políticas sociales como el Programa de Bolsa Familia, una parte de este segmento social se enraizó definitivamente en las ciudades y la otra regresó al campo, apoyada por políticas de inversión a la agricultura familiar.

En el otro extremo, las diversas políticas desarrolladas por el gobierno de Michel Temer generaron una fuerte caída de recaudación de los sindicatos. La legislación profundizó la tercerización del trabajo y la reforma laboral que desmontaron las fuentes tradicionales de financiamiento sindical.

Por último, Brasil vive una transición en la forma de organización de los segmentos sociales demandantes de derechos. La sociedad brasileña está segmentada, más cerrada en estructuras comunales, menos abierta a las plataformas universales o globales.

No obstante, después de la victoria de Jair Bolsonaro, hubo una significativa reacción de activistas de derechos humanos. La Universidad Católica de São Paulo (PUC–SP) contabilizó recientemente 5,200 redes en defensa de los derechos humanos o derechos sociales en Brasil. Una parte fue creada después de las elecciones nacionales de 2018. No se trata de una nueva articulación del campo progresista, pero revela un potencial social de oposición a las políticas defendidas por Bolsonaro y un nuevo bloque en el poder.

Mientras tanto, la dificultad inicial que el nuevo gobierno tendrá, parece estar presente en el propio campo institucional, en particular, en el Congreso Nacional. Pasamos de la hegemonía de tres partidos en el sistema partidario —Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), Partido de los trabajadores (PT) y Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB)— a la pulverización partidaria después de esta última elección: son ahora 32 partidos representados en el Congreso Nacional (Cámara de los Diputados y el Senado).

El PT mantiene la mayor bancada en la Cámara de los Diputados y la segunda en el Congreso, aunque haya perdido parlamentarios con relación a su legislatura anterior.

El PMDB sufrió la mayor caída: de 142 electos en 2014, el partido cayó a 93 en 2018, un retroceso de 35% que demuestra el desgaste de la agenda ultraliberal, que ha reducido la popularidad de la segunda gestión de Dilma Rousseff y generó una gran desaprobación de la gestión de Michel Temer.

En síntesis, la Cámara de Diputados, palco institucional de las definiciones políticas más importantes del país, se encuentra dividido en el gobierno de Bolsonaro: son 256 diputados pro Bolsonaro, 117 sin definición y 140 en contra.

Tal situación exigirá una gran capacidad de atracción de parlamentarios que en los últimos años fueron acusados de buscar ventajas en el cambio de votos. Un Congreso pulverizado en una miríada de demandas puntuales y personales. Esta lógica clientelista de la microfísica del poder parlamentario brasileño ha sido la base de los escándalos sucesivos que involucraron personajes políticos en una trama de desvío de los recursos públicos para alimentar esta red de intereses.

Como se puede percibir, la historia no ha terminado. Solamente se rehace en otro contexto y en un paisaje más hostil e intenso. La gran trasformación es que, por primera vez en la historia republicana brasileña, la extrema derecha llega al poder por el voto. Eso significa que sus principios fueron acogidos por una parte significativa del electorado del país.

Pero la vida da vueltas y el juego político no es fruto del pensamiento mágico, donde la mente dicta lo que ocurre en un abrir y cerrar de ojos.

Bolsonaro tendrá que aprender a gobernar. Tendrá que aprender a sumar. Tendrá que aprender a proponer, y no solo a criticar. Tendrá que presentar resultados. Un aprendizaje duro, pero que es el fundamento de toda la democracia.

Hay quienes tienen miedo, pues la tentación de un golpe en el estilo no tradicional, sugerido por Nanncy Bermeo, está en un horizonte más cercano de lo previsto, pero es posible que el camino de Jair Bolsonaro sea el mismo que vemos en el desempeño de Donald Trump: promesas que se van desgastando a punto de parecer bravatas de un novicio. Lo anterior, nos hace pensar en la respuesta de un importante dramaturgo brasileño, Nelson Rodrigues, cuando lo cuestionó un periodista acerca de lo que él esperaba de los jóvenes… su respuesta fue: “que envejezcan”.

 

[*] Sociólogo. Maestro en Ciencias Políticas y doctor en Ciencias Sociales. Presidente del Instituto Cultiva. Correo electrónico: ricciruda@gmail.com

 

[1] La inexperiencia es tal, que 22 futuros ministros fueron invitados a participar en un curso de capacitación sobre gobernabilidad pública el día 22 de diciembre, algunos días antes de la posesión del nuevo presidente.

[2] Las acciones normativas de los cien primeros días del gobierno de Bolsonaro fueran definidas así: Para los primeros diez días: a) Nombramiento de los cargos clave; b) Conocer el modelo de gobernanza del órgano; c) Reunir los principales comisionados; d) Elaboración del plan de gobierno; e) Identificar las propuestas prioritarias. Para los primeros 30 días: a) Revisar el modelo de gobernanza del órgano; b) Agenda legislativa; c) Envío de actos normativos prioritarios; d) Sentencias del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) pendientes de solución. Para los primeros 60 días: a) Revisión de los consejos y comités que hacen parte el órgano (verificar viabilidad de extinción del colegiado o crianza de estructuras más simples); b) Relatoría de gestión para el TCU. Para los primeros 90 días: a) Encaminar el balance de los 100 días de gobierno; b) Evaluación de políticas; c) Evento de balance de los 100 días. Cfr. Gabinete de Transição. “Agenda de Governo–Novo.indd”, 3 de noviembre de 2017. Recuperado el 29 de diciembre de 2018, de https://static.poder360.com.br/2018/12/Agenda-de-Governo.pdf

[3] Sistema de Seguridad Social.

[4] El sistema de seguridad social implantado en Chile en 1981, durante la dictadura de Augusto Pinochet, citado como ejemplo, vive una profunda crisis. Los trabajadores dependientes son obligados a reservar 10% de su sueldo mensual para la jubilación. Las mujeres empiezan a recibir el beneficio a los 60 años y los hombres a los 65. El dinero es manejado por administradoras de fondos de pensiones (AFP), que invierten ese ahorro en la bolsa de valores y otras herramientas financieras. La principal crítica al sistema de las afp es que, en el momento de jubilarse, el dinero que los trabajadores reciben es muy reducido y no da para sobrevivir en un país donde servicios básicos como la salud y la educación públicas viven en medio de una crisis.

[5] Cfr. Gala, Paulo. “La recuperación económica ocurrirá en Brasil, pero continuaremos como un país pobre”, en Paulo Gala Economia & Finanças, 10 de julio de 2018. Recuperado el 29 de diciembre de 2018, de http://www.paulogala.com.br/a-recuperacao-economica-vai-ocorrer-no-brasil-mas-continuaremos-um-pais-pobre/

[6] Las propuestas ultraliberales que predican la austeridad fiscal no han logrado llegar al objetivo esperado en Brasil. El producto interno bruto (PIB) nacional cayó 3.5% en 2015 y otro 3.5% en 2016, acumulando una caída de 7%. En 2017, el crecimiento fue solamente de 1.1% y en 2018, no se prevé una aceleración expansiva. En el mismo periodo hubo una caída acumulada en las inversiones totales, públicas y privadas, del orden de 26%.

[7] Cfr. Charleaux, João Paulo. “A relação de Bolsonaro com a extrema direita internacional”, en Nexo, 3 de octubre de 2018. Recuperado el 29 de diciembre de 2018, de https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/10/03/A-rela%C3%A7%C3%A3o-de-Bolsonaro-com-a-extrema-direita-internacional

[8] Cfr. Costa, Yuri. “Grupos de extermínio tem meu apoio”, en Esquerda Diário, 25 de junio de 2018. Recuperado el 29 de diciembre de 2018, de http://www.esquerdadiario.com.br/Grupos-de-exterminio-tem-meu-apoio-disse-Bolsonaro-em-2003-em-troca-da-pena-de-morte

¿Qué pasó en las elecciones intermedias estadunidenses?

David Foust Rodríguez[*]

Resumen: el 6 de noviembre de 2018, se realizaron las elecciones intermedias en Estados Unidos de América. Muchas posiciones políticas estaban en juego: la Cámara de Representantes (cámara baja), un total de senadurías equivalente a la representación de 75% de la población total, gubernaturas y legislaturas locales, alcaldías. Pero sin duda lo más importante: las midterm elections son tomadas como un voto de confianza o de censura para el presidente de la república en turno, y como un sismógrafo de los movimientos que podrían llevarlo a la reelección o a su sustitución. En este artículo, analizaremos el proceso y los resultados electorales para tratar de comprender qué pasó en las recientes elecciones intermedias estadunidenses.
Palabras clave: Trump, Partido Demócrata, elecciones intermedias, Estados Unidos.

Abstract: On November 6, 2018, mid–term elections were held in the United States. Many political positions were at stake: the House of Representatives (lower house), a total of Senate seats representing 75% of the total population, governorships and state legislatures, mayoralties. But undoubtedly the most important reading is that the mid–terms are seen as a vote of confidence or rejection of the sitting president, a sort of seismograph of the movements that might lead to his reelection or defeat. This article analyzes the electoral process and results, in order to try to understand what happened in the latest u.s. mid–term elections.
Key words: Trump, Democratic Party, mid–term elections, United States.

 

1. Votación y resultados históricos

A diferencia de otros países de Primer Mundo, que tienen porcentajes mayores a 80% de votación, Estados Unidos tiene niveles de participación electoral relativamente bajos (en los últimos 50 años ha votado, en promedio, la mitad del padrón). Aunque, en general, se puede votar de forma anticipada y hasta por correo, el país tiene ciertas particularidades para poder sufragar: hay que registrarse, y el día de la elección es el martes (no el domingo, como en México); los patrones no están obligados a ceder el día para que los trabajadores vayan a votar. Además, en no pocas ocasiones y estados ha habido y hay problemas de padrones rasurados u objeciones legaloides que impiden votar a amplios sectores de la población. Existen, pues, incentivos para no votar.[1]

En las pasadas elecciones intermedias estadunidenses, de noviembre de 2018, participaron 113 millones de votantes, cerca de 50% del padrón. Pareciera estar dentro de la media, de acuerdo con lo que acabamos de decir. Sin embargo, ha sido la mayor participación en elecciones intermedias desde hace más de 50 años (según algunos cálculos, desde 1914).[2]

Los demócratas no solo recuperaron la cámara baja, lograron tener el control total (gubernaturas y legislaturas locales) de seis estados más (con lo cual suman 14); ganaron en bastiones históricamente republicanos en California, y recuperaron posiciones relevantes en Nevada, Carolina del Sur, Virginia, Minnesota, Texas. Estuvieron a punto de hacerse de las difíciles gubernaturas de Texas, Florida y Georgia con candidatos abiertamente de izquierda y antirracistas. En suma, los demócratas se apuntaron el mejor resultado de elecciones intermedias de los últimos 40 años, apenas equiparable al de 1976, después de la debacle republicana de Richard Nixon y el Watergate.[3]

2. Entonces, ¿ganaron los demócratas? Fue un voto de censura contra Trump?

Ari Melber y Rachel Maddow, ambos comentaristas en MSNBC, hicieron un entusiasta balance de la jornada comicial: “los demócratas aplastaron a Trump en la mayor barrida de elecciones intermedias de los últimos 40 años”, cabeceó Melber. Maddow, a su vez, destacó la influencia contraproducente de Trump: las y los candidatos con espaldarazo del presidente, algunos de estados de voto duro republicano, perdieron, en su mayoría, contra mujeres de perfil liberal o progresista.[4] David Leonhardt presentó en su columna del New York Times varios testimonios de votantes republicanos, hombres y mujeres, que, esta vez, votarían por los demócratas en el afán de hacer un poco de contrapeso a Trump.[5]

El juicio a favor de los Demócratas parecería claro: fue un voto de censura contra Trump. ¿Por qué rechazan algunos analistas la existencia de una “ola azul” y hablan de “un voto dividido” o una “América dividida”?[6] Por un mero sesgo ideológico, y por un déficit democrático, diría Melber. Hillary Clinton —insiste el analista de MSNBC— ganó el voto popular, pero el hecho de que Trump sea el presidente solo puede explicarse por un vestigio antidemocrático del sistema político estadunidense. ¿Es así?

Veamos esto en una perspectiva más amplia (hagamos zoom out). Es verdad que el Colegio Electoral es un recordatorio constante del carácter elitista y antidemocrático del sistema político estadunidense.[7] No obstante, seguir pensando así es negar la realidad: Trump es el presidente de Estados Unidos y, pese a la abrumadora evidencia, no hay, ni siquiera después de las elecciones intermedias, condiciones políticas para proceder al juicio político (impeachment). El Partido Demócrata recuperó la cámara baja, pero el Senado sigue teniendo mayoría republicana, y la elección de Brett Kavanaugh confirmó el viraje a la derecha en la Suprema Corte. Estados Unidos sigue cargado a la derecha, y a una derecha trumpificada, como dicen Scott Isbell y algunos analistas.[8] Empecinarse en alegar que hay un “déficit democrático”[9] es querer buscar explicaciones del tipo: “si nuestro sistema fuera más representativo, nadie como Trump (es decir: racista, xenofóbico, cínico, misógino, ultra–derechista, etcétera) podría ser presidente”; es negarse a aceptar que el Partido Demócrata sigue perdido en su laberinto y que la sociedad estadunidense está en una crisis muy grave. Tan grave que algunos han caracterizado como “una epidemia de soledad”.[10]

3. La “estrategia dual” y el dilema del partido Demócrata

Contra Melber, podemos argumentar que el Congreso 116 es el más diverso de toda la historia de Estados Unidos, en términos de edades, género, etnia y religión.[11] En este sentido, es más representativa de la población estadunidense. Los filtros y las inercias antidemocráticos no fueron capaces de impedir que estas sacudidas de la base se tradujeran en más legisladores representantes de jóvenes, mujeres, minorías étnicas o religiosas.

El modelo de William Winders[12] podría ser el más adecuado para explicar este viraje; propone que hay tres elementos que explican un mayor porcentaje de participación electoral en Estados Unidos: conflicto o consolidación entre los segmentos de clase dominantes (conflicto, en este caso); actividad de movimientos sociales, y movilización de los partidos políticos. Steve Phillips[13] enfatiza el papel de la movilización, entendida como trabajo electoral de base: visitas casa por casa, mítines, reuniones vecinales, etcétera.

Pero no solo hubo “ola azul” de izquierda.[14] “El Partido Demócrata escogió mal momento para tener crisis de identidad”, fue el título que escogió Thomas Edsall para su columna del 2 de agosto de 2018.[15] En su siguiente columna, el mismo Edsall escribía sobre los dos futuros alternativos del Partido Demócrata.[16] Y poco antes de la elección (octubre 22), David Brooks criticaba con acritud al partido “materialista” (el Demócrata) por no comprender que el momento actual no era uno de debate sobre política económica sino de lucha cultural.[17] Esta tensión —estrategia dual, le llama Edsall[18]— puede remontarse mucho más atrás.

La Convención Demócrata de 1968 fue un desastre: los jefes del partido hicieron la convención en Chicago, sede de uno de los cacicazgos más fuertes de esa maquinaria política. Esos mismos jefes, mediante sus delegados, nominaron al vicepresidente Hubert Humprey como candidato; un hombre del sistema que rechazó exponerse a elecciones primarias, como sí lo hizo el senador Eugene McCarthy. Hubo protestas antiguerra de Vietnam que fueron reprimidas con severidad, misma que fue criticada por un senador desde la tribuna; a la vez, el alcalde de Chicago gritó groserías al senador. El candidato del Partido Demócrata perdió contra Nixon.

Después se formó la comisión McGovern–Fraser, que logró modificar el sistema de elección de delegados a la convención, dando más poder a las minorías y a los movimientos de base e iniciando el sesgo hacia cuestiones de identidad.[19] En 1972, grupos de base —pacifistas, socialistas, feministas, lésbico–gays, proafroamericanos y latinos— lograron tener representación mayoritaria en la Convención Demócrata y elegir al senador George McGovern, un candidato presidencial abiertamente antiguerra de Vietnam y de izquierda. La campaña fue un desastre por la confluencia de tres factores: los trucos sucios de Nixon y su equipo (que salieron a la luz con el escándalo de Watergate), la inexperiencia electoral de las dirigencias de movimientos sociales y el boicot de la misma maquinaria demócrata. McGovern solo ganó en Massachusetts, quizá impulsado por el poderoso senador Ted Kennedy.

En 1976 ganó Jimmy Carter, pero luego perdió la reelección contra Ronald Reagan. No hubo presidente demócrata hasta Bill Clinton, en 1992.[20] En ese lapso, la llamada revolución conservadora de Reagan et al logró derechizar al Partido Republicano, pero también al Demócrata.[21] Al mismo tiempo, se colapsó el bloque soviético y se inició la reconversión de un capitalismo centrado en la manufactura a una economía de la información, las telecomunicaciones y las finanzas. Las ventajas de esta nueva economía fueron capturadas por profesionistas con formación en tecnología, muchos de ellos votantes demócratas.[22] ¿Los perdedores? Trabajadores manuales, muchos de ellos de color.[23]

Tras la derrota de 1972 y la de 1980, se conformó la Comisión Hunt.  La lógica era la siguiente: si las elecciones primarias están cada vez más sesgadas hacia los extremos (como lo muestra el estudio de Seth Hill y Chris Tausanovich),[24] entonces los “superdelegados” corregirán este sesgo y lograrán la nominación de un candidato moderado, de centro, que conquiste el electorado y dé buenos resultados… como Hillary Clinton (!).[25] El aparente retroceso de la comisión Hunt partía de una premisa de suyo cierta: “el informe de 1981 del Consejo Nacional Demócrata notó diferencias significativas entre los electores que participaban en las primarias y en la elección general; los primeros tendían a tener mayor escolaridad y eran de clase media”.[26]

El sesgo de las primarias es claro: participan votantes con mayor grado de escolaridad y de ingresos, más jóvenes que el promedio, educados (as) en las mejores universidades de las costas, este y oeste, con una puntuación alta hacia el polo liberal en el eje liberal–autoritario; es decir, otorgan más prioridad a temas como derechos lésbico–gay, igualdad de género y equidad racial.[27] Si los votantes de las primarias sesgan la elección hacia la izquierda, ¿deberán los superdelegados orientarla hacia el centro y favorecer candidatos moderados o de centro–derecha? En mi opinión, es un dilema mal planteado: más que a la izquierda (eje de las X), los electores de las primarias inclinan la balanza hacia el polo liberal (eje de las Y). Por lo tanto, el contrapeso necesario no ha de estar en el eje izquierda–derecha sino en el liberal–autoritario (o liberal–conservador).[28]

Como está mal planteado el dilema, se constituye en premisa falsa y lleva a un falso corolario, a saber: que la estrategia correcta es optar por un candidato, hombre o mujer, moderado (Hillary Clinton), en lugar
de uno más izquierdista (Bernie Sanders). Bajo esta premisa, candidatos demócratas de “estados rojos” fueron tímidos en presentarse como antitrump; algunos incluso cedieron en algunas posiciones y discursos.

Pero esta estrategia está condenada al fracaso, como atinadamente advierte Phillips:[29]

La sabiduría convencional dictaría que tanto el Sr. Gillum [candidato a gobernador en Florida], como la Señorita Abrams [candidata a gobernadora en Georgia] no representaban la mejor opción Demócrata; candidatos blancos más tradicionales y moderados serían más competitivos. Bajo esta perspectiva, los candidatos moderados pueden atraer más a votantes blancos indecisos.

Los resultados de las elecciones intermedias constituyen una demostración del carácter falaz de esta perspectiva. En Missouri, Claire Mc Caskill, la senadora Demócrata en campaña para reelegirse, perdió contra John Hawley por seis puntos porcentuales.

La senadora McCaskill subrayó sus credenciales moderadas en campaña y lanzó un anuncio en la radio distanciándose de su partido: “Claire no es una de esas locas Demócratas”, decía el narrador. “Ella trabaja desde el centro y busca llegar a acuerdos” [comentaré sobre este punto más adelante].

En Tennessee, Phil Bredesen, el exgobernador del estado, perdió la senaduría por más de 10 puntos a pesar de tratar de conquistar a los que apoyan a Trump al apoyar la confirmación de Kavanaugh para la Suprema Corte.

El Sr. Gillum y la Srita. Abrams hicieron exactamente lo que hizo el Sr. Obama: inspiraron a personas en todo el espectro racial a participar y votar, y lo hicieron siendo francamente progresistas. No fueron
tímidos en enarbolar la expansión del Medicaid, ni en promover la reforma del sistema penal y las políticas de control de armas.

Coincido con Phillips cuando afirma que es un error seguirle apostando a un centro difuso y tímido. Las y los candidatos demócratas necesitan ser abiertamente de izquierda para lograr una coalición ganadora. En lo que no coincido es en criticar la disposición a la negociación y en presentarse como progresistas. Insisto: se trata de un ajuste en el eje liberal–autoritario, no en el eje izquierda–derecha. Yascha Mounk, profesor investigador de Harvard lo puso en estos términos en un correo a Edsall:[30]

Si los demócratas codifican sus luchas contra las evidentes injusticias que todavía prevalecen en nuestro país [en Estados Unidos] en un lenguaje universal que tiene profundas raíces en la tradición americana, entonces tendrán altas probabilidades de ganar elecciones —y de hacer una diferencia real para la mayoría de los miembros vulnerables de nuestra sociedad. Si, por el contrario, siguen capturados en juegos de lenguaje que solo entienden los activistas progresistas más politizados y con mayor escolaridad, entonces alejarán a muchos de sus potenciales votantes —incluyendo a un gran número de mujeres y de personas de color.

Apoyados en el análisis que Pierre Bourdieu[31] hace en La Distinción, parece lógico que los votantes demócratas de altos ingresos y educados en las universidades de élite se posicionen como progresistas con un acento en los temas culturales:

a. Una reforma fiscal que hiciera sustentable un sistema de seguro social universal y uno de educación pública gratuita alcanzaría a afectar sus intereses económicos.[32]

b. Parece políticamente correcto ser feminista, prodiversidad sexual, proequidad racial, etcétera.

c. Aunque tienen altos ingresos, no se equiparan a los de los capitalistas de más alto ingreso; su capital es, principalmente, de tipo cultural. Pero ese mismo énfasis —en los derechos lésbico–gay, la equidad de género y racial— aleja a los segmentos de clase trabajadora y pobres, quienes identifican esta corrección política con cierto elitismo de personas instruidas; también podrían sentirse ridiculizados en sus creencias y en sus gustos; como si se les quisiera “imponer un modo de ser y de sentir, con una actitud condescendiente”.[33]

“En estos días, la cultura es más importante que la economía”, dice David Brooks.[34] No estoy de acuerdo. Para ganar, los candidatos demócratas han de ser izquierdistas, y hablar de reforma fiscal, de seguro social universal y educación pública y gratuita, pero han de ser liberales, más que progresistas.

Morris Fiorina, de la Universidad de Stanford, cita un libro de Mary Ann Glendon, Right Talks: the Impoverishment of Political Discourse. Poner las cosas en clave de derechos le quita la dimensión “liberal” (negociación) y el discurso se codifica en clave “progresista” (o sea: esto es “lo bueno”, “lo justo”, a lo que “tenemos derecho”). Hacer menos que lo que se considera justo y bueno es considerado una traición y una negación del derecho y, por lo tanto, “está mal”. A su vez, Glendon, en un correo electrónico dirigido a Edsall,[35] define liberal como “tolerante, abierto, y no tan seguro de estar en lo correcto”. Glendon agrega que el Partido Demócrata se convirtió en lo contrario: intolerante, autoritario, no dialogante. “Esta actitud de ‘el ganador se lleva todo’ debilita el capital social que está a la base del pacto social”.[36]

Greg Weiner hace la misma advertencia: “el progresista es inherentemente hostil a la moderación porque el progreso es un bien inagotable […] Las negociaciones y los acuerdos, en tanto que representan menos progreso, no solo es desaconsejable, sino irracional”.[37]

Bien dicen por separado Bret Stephens,[38] Weiner[39] y Glendon:[40] para Estados Unidos, en este momento, es fundamental rescatar la república y el pacto social que ha de estar a la base. Convendría desempolvar el espíritu de humildad, inclusión y empatía que exuda el texto de Richard Rorty,[41] Contingencia, ironía y solidaridad.

 

[*] Responsable de proyectos estratégicos de investigación, Coordinación de Investigación y Posgrado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Doctor en Ciencias Sociales (Sociología) por la Universidad de Guadalajara. Miembro de la Red Mexicana de Investigación en Política Social y de la Red Nacional de Investigadores (as) en los Estudios Socioculturales de las Emociones. Excoordinador del Centro de Reflexión y Acción Laboral (cereal) y, en tal carácter, en su momento miembro del comité directivo de la red internacional de derechos laborales y ambientales GoodElectronics. Correo electrónico: foust@iteso.mx

 

[1] McDonald, Michael. United States Elections Project, sitio web de un proyecto de investigación con información histórica de las elecciones estadounidenses. Recuperado de http://www.electproject.org/national-1789-present; Winders, William. “The roller coaster of class conflict: class segments, mass mobilization, and voter turnout in the U.S., 1840–1996”, en Social Forces, vol.77, núm.3, 1999, pp. 833–860; Vesoulis, Abby. “The 2018 Elections Saw Record Midterm Turnout”, en Time, 13 de noviembre  de 2018. Recuperado el 23 de diciembre de 2018, de http://time.com/5452258/midterm-elections-turnout/

[2] Vesoulis, Abby, op. cit; McDonald, Michael, op. cit.

[3] Maddow, Rachel. “gop Hurt by Donald Trump bungling in democratic midterm victories”, en msnbc, 7 de noviembre de 2018. Recuperado el 22 de diciembre de 2018, de https://www.youtube.com/watch?v=sWFPbYjRkcs; Melber, Ari. “Ari: Dems. Crushed Trump in biggest midterm blowout in 40 Years”, en The Beat with Ari Melber, msnbc, 8 de noviembre de 2018. Recuperado el 22 de diciembre de 2018, de https://www.youtube.com/watch?v=JcCKhhYt7vE

[4] Más adelante hablaré de la significativa diferencia entre ambos términos.

[5] Leonhardt, David. “Republicans for democrats”, en The New York Times, 26 de octubre de 2018. Recuperado el 22 de diciembre de 2018, de https://www.nytimes.com/2018/10/26/opinion/nevertrumprepublicansmidtermsdemocrats.html

[6] Melber, Ari, op. cit.

[7] Romano, Silvia. “Efecto anti–Trump: el triunfo de la ideología hegemónica”, en Gandásegui, M.A. (hijo) & Preciado, J.A. (coords.), Hegemonía y democracia en disputa. Trump y la geopolítica del neoconservadurismo, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, 2017, pp. 161–187, y Dahl, Robert. ¿Es democrática la Constitución de Estados Unidos?, fce, México, 2003, citado en Romano, Silvia, op. cit.

[8] Foust, David. “La derrota de la extrema derecha, aún lejos en Estados Unidos”, en #19S Nueva sacudida, nuevas interrogantes (Análisis Plural, segundo semestre de 2017), iteso, Guadalajara, 2018, pp. 125–135.

[9] Melber, Ari, op. cit.

[10] Brooks, Arthur. “How Loneliness is Tearing America Apart”, en The New York Times, 23 de noviembre de 2018. Recuperado el 24 de diciembre de 2018, de https://www.nytimes.com/2018/11/23/opinion/loneliness-political-polarization.html

[11] Timm, Jane. “116th Congress is the most diverse in history”, en nbc News, 3 de enero de 2019. Recuperado el 8 de enero de 2019, de https://www.nbcnews.com/nightly-news/video/116th-congress-is-the-most-diverse-in-history-1419402307879

[12] Winders, William, op. cit.

[13] Phillips, Steve. “Do the math. Moderate democrats will not win in 2020”, en The New York Times, 12 de noviembre de 2018. Recuperado el 22 de diciembre de 2018, de https://www.nytimes.com/2018/11/12/opinion/democrats-midterms-progressives.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fopinion

[14] Collins, Gail & Stephens, Bret. “One wave, two waves, red wave, blue wave. The conversation”, en The New York Times, 6 de noviembre de 2018. Recuperado el 22 de diciembre de 2018, de https://www.nytimes.com/2018/11/06/opinion/midterms-elections-predictions.html

[15] Edsall, Thomas. “The democratic party picked an odd time to have an identity crisis”, en The New York Times, 2 de agosto de 2018. Recuperado el 6 de noviembre de 2018, de https://www.nytimes.com/2018/08/02/opinion/democrats-midterm-identity-crisis.html

[16] Edsall, Thomas. “The democratic party has two futures”, en The New York Times, 9 de agosto de 2018. Recuperado el 8 de noviembre de 2018, de https://www.nytimes.com/2018/08/09/opinion/democratic-party-midterms-elections.html

[17] Edsall, Thomas. “The democratic party has two futures”, en The New York Times, 9 de agosto de 2018. Recuperado el 8 de noviembre de 2018, de https://www.nytimes.com/2018/08/09/opinion/democratic-party-midterms-elections.html

[18] Edsall, Thomas. “The democratic party picked an odd time…”, op. cit.

[19] Marcetic, Branko. “The secret history of superdelegates”, en These Times, 20 de mayo de 2016. Recuperado el 18 de octubre de 2018, de http://inthesetimes.com/features/superdelegates_bernie_sanders_hillary_clinton.html

[20] Entre 1968 y 1992, los republicanos ganaron cinco de siete elecciones presidenciales.

[21] Como respondió en alguna ocasión Margaret Thatcher cuando le preguntaron cuál era su mayor logro: “Tony Blair and the New Labour. We force our opponent to change their minds”. Burns, C. “Margaret Thatcher’s greatest achievment: New Labour”, en Conservative Home. The home of conservatism [blog], 11 de abril de 2018. Recuperado el 24 de diciembre de 2018, de https://conservativehome.blogs.com/centreright/2008/04/making-history.html

[22] Edsall, Thomas. “Can the democrats rise above?”, en The New York Times, 20 de septiembre de 2018. Recuperado el 8 de noviembre de 2018, de https://www.nytimes.com/2018/09/20/opinion/democrats-inequality-policy-midterms.html

[23] Ibidem.

[24] Hill, Seth & Tausanovich, Chris. “Southern realignment, party sorting, and the polarization of american primary electorates, 1958-2012”, University of California, San Diego, 3 de junio de 2016.

[25] Marcetic, Branko, op. cit.

[26] Ibidem; las cursivas son propias.

[27] Hill, Seth & Tausanovich, Chris, op. cit; Edsall, Thomas, “The Democratic Party Picked an Odd Time…”, op. cit, citando a Fiorina, quien a su vez se apoya en la encuesta 2016 Voter Study Group Survey.

[28] Cfr. artículo de Wikipedia sobre la escala dw–nominate (acrónimo para Dynamic Weighted Nominal Three–Step Estimation, una escala multidimensional para indicar el posicionamiento político en Estados Unidos de América, desarrollada por Keith Poole y Howard Rose).

[29] Phillips, Steve, op. cit. Las cursivas son del autor.

[30] Edsall, Thomas. “The democrat’s left turn is not an illusion”, en The New York Times, 18 de octubre 2018. Recuperado el 8 de noviembre de 2018, de https://www.nytimes.com/2018/10/18/opinion/democrat-electorate-left-turn.html. Las cursivas son del autor.

[31] Bourdieu, Pierre. Distinction: a social of the judgment of taste. University Press, Cambridge, Harvard, 1979 / 1996.

[32] Edsall, Thomas. “The democrat’s left turn…”, op. cit.

[33] Stenner, Karen y Schnurer, Eric, citados por Edsall, Thomas. “Liberals need to take their fingers out of their ears”, en The New York Times, 7 de diciembre de 2017. Recuperado de https://www.nytimes.com/2017/12/07/opinion/liberals-conservatives-trump.html; Hochschild, Arlie. Strangers in their own land. Anger and mourning on the american right, The New Press, Nueva York, 2016; Weiner, Greg. “When liberals become progressives, much is lost”, en The New York Times, 13 de abril de 2018. Recuperado el 22 de diciembre de 2018, de https://www.nytimes.com/2018/04/13/opinion/moynihan-liberals-progressives-lost.html

[34] Brooks, David, op. cit.

[35] Edsall, Thomas. “The democratic party picked an odd time…”, op. cit.

[36] Ibidem.

[37] Weiner, Greg, op. cit.

[38] Collins, Gail & Stephens, Bret, op. cit.

[39] Weiner, Greg, op. cit.

[40] Citado en Edsall, Thomas. “The democratic party picked an odd time…”, op. cit.

[41] Rorty, Richard. Contingency, irony, solidarity, Cambridge University Press, Cambridge, 1989.

Avance y fortalecimiento de los sistemas anticorrupción desde la ética pública: un enfoque de política pública

Erika Ledezma[*]
Pablo Ayala[**]
Karla Inzunza[***]

 

Resumen: el artículo se inserta en la discusión sobre las políticas anticorrupción y la ética pública. Sus aportaciones se encuentran divididas en dos: en primer lugar, en relación con el avance en la conformación de los sistemas estatales anticorrupción, para ello se realiza un análisis cuantitativo de ponderación para evaluar su avance hasta finales de 2018. En segundo lugar, se realiza una revisión de instrumentos de política anticorrupción desde una perspectiva de la ética pública, insistiendo en diferenciar e integrar acciones destinadas a reducir la discrecionalidad de los funcionarios y aquellas que tienen que ver con la promoción de un comportamiento ético.
Palabras clave: corrupción, política pública, ética pública, sistemas anticorrupción.

Abstract: The article takes part in the discussion of anti–corruption policies and public ethics. Its contributions are twofold: First, it undertakes a weighted quantitative analysis to assess the progress made in the creation of state anti–corruption systems up to the end of 2018. Second, it reviews anti–corruption policy instruments from a perspective of public ethics, with an insistence on distinguishing and integrating actions aimed at reducing public officials’ ability to make discretional decisions and those aimed at promoting ethical behavior.
Key words: corruption, public policy, public ethics, anti–corruption systems.

 

México se encuentra en un momento clave para estructurar y consolidar una serie de aparatos institucionales cuya meta es el combate a la corrupción. Una política anticorrupción y de promoción de la ética pública busca erigirse en el país, sin embargo, sus cimientos no parecen tener todavía la solidez necesaria para soportar la dimensión del problema, extenso y complejo.

El presente artículo se ubica en la discusión en relación con las herramientas o instrumentos para consolidar las políticas anticorrupción, específicamente con los avances del sistema anticorrupción y la necesidad de incorporar un enfoque desde la ética pública como un complemento ineludible de una política anticorrupción integral.

Las contribuciones del presente texto fueron divididas en tres secciones: la primera, en la que se da cuenta del progreso de los sistemas anticorrupción (2016–2018) y revisa el avance relativo de los sistemas en los estados de la república, formulado a partir de solicitudes de información e investigación en redes. En la segunda y tercera, se analiza una propuesta a nivel teórico y de diseño de política pública para incorporar la ética pública en el marco de política anticorrupción. A grandes rasgos, se insiste en la distinción entre los instrumentos destinados a la disminución de la discrecionalidad del funcionario y aquellos destinados al fortalecimiento de la competencia ética.

1. Los sistemas anticorrupción y sus avances a nivel estatal

María Amparo Casar[1] ha señalado que la corrupción es un lastre para México por los enormes costos económicos, políticos y sociales que conlleva, lo que obstaculiza cualquier forma de desarrollo que el país quiera tomar.  Se padece como un hábito cotidiano, como una práctica “normal” o “natural”, la cual es necesario conocer a profundidad para dimensionar y diseñar políticas públicas adecuadas para su prevención y control.

En este contexto, surge el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), como un dispositivo desde el cual se han ido formando una serie de leyes e instituciones, para reducir, de manera progresiva, prácticas corruptoras en la administración pública. En julio de 2016, se dieron a conocer en el Diario Oficial de la Federación, las normas relativas a la constitución del SNA. Un año después, entró en operaciones el proceso de construcción de este.

El Manual sobre el Sistema Nacional Anticorrupción[2] define al SNA como una instancia de coordinación entre distintas autoridades federales y locales para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como para la fiscalización y control del uso de recursos públicos. El SNA está integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; así como por los representantes del Consejo de la Judicatura Federal y un Comité de Participación Ciudadana (CPC), del que, el presidente, es el mismo que preside el comité coordinador.

La participación de la ciudadanía se integra a través del CPC, el cual tiene como función el establecer mecanismos eficientes de coordinación y colaboración entre las instancias públicas, sociales y académicas que forman parte del sistema. A su vez, “este tiene las facultades de plantear políticas anticorrupción, metodologías e indicadores de evaluación, además de vigilar la actividad del SNA”.[3] En el Diario Oficial de la Federación se estableció que el CPC deberá estar compuesto por cinco ciudadanas o ciudadanos de comprobada probidad social con experiencia en rendición de cuentas, fiscalización, combate a
la corrupción o afines.

Los sistemas estatales anticorrupción (SEA) son los aparatos estatales, que coordinan los procesos en las entidades federativas y son los que finalmente tienen mayor posibilidad de ejecución de la política anticorrupción. Estos, a su vez, tienen sus propios comités de participación ciudadana o social, con objetivos, estructura y funciones similares al CPC nacional. Los SNA han complementado su normatividad, armonizada al SNA, así como la integración de las instancias que participan dentro de los sea. Sin embargo, poco puede decirse aún de los sistemas municipales, ya que son contados aquellos que han logrado integrarse. Las limitaciones presupuestales y estructurales, donde destaca la captura de puestos, decisiones y recursos, han traído como consecuencia que muchos sistemas no tengan la infraestructura, ni las herramientas básicas para su operación, como se registraba hasta finales de 2018. Por su parte, los CPC de los sistemas estatales no han logrado conformarse en las mejores condiciones. En la mayoría de los estados del país, la profesionalización se ha visto limitada, ya que la irregularidad y la sobrepolitización han marcado los procesos de selección.

Aunado a lo anterior, para la formación del SNA a nivel federal y estatal, persisten lagunas sobre la naturaleza de conformación y ejercicio del sistema en la dimensión municipal. En esos términos, se pude establecer que los municipios, a pesar de formar parte importante dentro del esquema organizativo, no están categorizados como un elemento central de la lucha contra la corrupción. Esta deficiencia requiere ser considerada a profundidad si se busca alcanzar la coordinación y penetración de diversos niveles de gobierno tal como lo estipula la Ley General del SNA.

En mayo de 2017, solo los estados de Nayarit y Chiapas quedaron debidamente implementados para el arranque de sus respectivos SEA.[4] En algunos casos, como los de Jalisco, Sinaloa y Veracruz, surgieron constantes denuncias de intromisión por parte del gobierno, incidiendo negativamente en la consolidación del sea, al promover perfiles que no cumplen con los criterios establecidos en el decreto, ni en las directrices establecidas por el CPC. De ahí que una tendencia al día de hoy sea la de la captura de los puestos tanto del sea como de las instancias públicas vinculadas a su misión, desvirtuando con ello el horizonte establecido por el marco normativo del SNA para combatir la corrupción.

A septiembre de 2018, la mayoría de los sistemas estatales se encontraban en la fase de elaborar sus reglamentos internos, en los que se especifiquen códigos de integridad, buenas prácticas y el cumplimiento de los principios y valores. Además, los CPC de 14 estados se han articulado a través de la Red Nacional de CPCS del Sistema Nacional Anticorrupción, lo que ha significado un esfuerzo por fomentar el intercambio de las mejores prácticas y la reducción de riesgos de corrupción. Destaca en este sentido, el trabajo que llevaron a cabo para definir los requerimientos mínimos para lograr una fiscalía nacional eficiente. Igualmente, como fruto del trabajo conjunto, se enfatiza la necesidad de fiscalías independientes, las cuales hasta ahora han brillado por su ausencia debido a resistencias e inercias de la clase política.

Uno de los avances de los sea (Sonora, Coahuila, Nuevo León, Jalisco y Querétaro) es que se han planteado la idea de desarrollar un buzón ciudadano, como instrumento de vigilancia y monitoreo mediante la denuncia. Se busca que sea una herramienta tecnológica, habilitada a través de una plataforma (app), que funja como buzón anónimo sobre actos de corrupción y malas prácticas. Se pretende que no solo sea utilizada por la ciudadanía sino también por funcionarios que puedan denunciar a sus pares. Dicha herramienta también servirá para vigilar prácticas de organismos empresariales que ejerzan recursos públicos. La eficacia de su implementación está por verse.

2. Hallazgos sobre el avance de los sistemas estatales anticorrupción

Para determinar el grado de avance de los sistemas estatales anticorrupción hasta septiembre de 2018, desde una perspectiva empírica, se investigaron una serie de variables que se muestran en la tabla 3.1. Estos indicadores fueron considerados de acuerdo con su importancia relativa (“valor item”) para generar interacción con otras variables; posteriormente, se sumaron y ponderaron para crear un valor por estado (“campo y ponderación”). Finalmente, los resultados arrojados se agruparon en quintiles según su avance relativo (según su posición en relación con otros estados).

Para su elaboración se investigó en las páginas oficiales disponibles en Internet, se emitieron solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia[5] (con un 76% de respuestas generales, y solo 26% de respuestas útiles de 128 solicitudes enviadas). Además, se estableció contacto vía electrónica con los CPC que contaban con dicho canal de comunicación para hacerles llegar el requerimiento de información (véase tabla 3.1).

3. Resultados

El ejercicio realizado muestra un panorama desalentador, a pesar de los considerables avances en la materia durante 2018, ya que la mayor parte de los estados se encuentran rezagados en la implementación de los sistemas estatales anticorrupción, incluso en los casos considerados más avanzados. En términos generales: hay bajos presupuestos para su operación y en ocasiones no existen; las titularidades aún no han sido integradas; en algunos casos, las normativas no se encuentran publicadas o armonizadas; se tienen deficiencias para informar y comunicar a la ciudadanía. Incluso, 14 estados incumplieron en proveer información relevante a través de solicitudes de información públicas, denotando deficiencias administrativas e incumplimiento con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En materia de promoción de un comportamiento ético, se encontró que los esfuerzos son dispersos y erráticos. Aunque algunos estados de la república han realizado diplomados, capacitaciones y conferencias dirigidas a servidores públicos de todos los poderes y municipios, referentes a la integridad, estas no difieren de las capacitaciones previas a la existencia de los sistemas anticorrupción (véase figura 3.1).

A continuación, mencionamos potenciales sesgos de los resultados asociados al estudio de un fenómeno en constante cambio:

• La baja disponibilidad de información en plataformas y a través de medios oficiales.

• La volatilidad de los contextos políticos estatales y nacionales tras las elecciones pueden afectar el funcionamiento de los sea.

• La exclusión de estudios de criterios relevantes de fuentes periodísticas y de opinión (para estudios cualitativos).

Es de resaltar, que se observó un factor que ejerce una gran influencia sobre el avance los sea:  si los CPC fueron seleccionados con criterios político–partidistas o si, por el contrario, se tomaron en cuenta criterios de profesionalidad con base al mérito, lo que abre una vertiente para realizar posterior indagación.

Encontramos que los sistemas anticorrupción tienen un largo camino que recorrer para consolidarse, y para desarrollar algo más allá que atención a denuncias o robustecimiento de la ley, las cuales han predominado hasta el momento. Por tanto, es evidente la falta de diversidad de instrumentos de política, así como una estrategia articulada tanto para reducir la discrecionalidad, como para facilitar el desarrollo moral de los funcionarios de forma simultánea (generar una “infraestructura ética”). En los siguientes apartados, abordaremos cómo es que los sistemas anticorrupción pueden fortalecerse desde dichas perspectivas.

 

4. Aproximaciones para promover un comportamiento ético en los sistemas anticorrupción: los modelos de conformidad e integridad

La carencia de claridad sobre los instrumentos de política por parte de los actores políticos, aunado a otras circunstancias, ha llevado a una gran falta de articulación de los esfuerzos anticorrupción. Es por ello que en las siguientes secciones, proponemos un modo de aproximación que permita integrar los instrumentos de política, contemplando a la ética pública como un factor de relevancia. Inicialmente, se dará una breve exploración teórica y, posteriormente, la revisión de los instrumentos de política.

Podemos definir a la ética pública como el aspecto que estudia y analiza el perfil, la formación y el comportamiento responsable y comprometido de las personas que se ocupan de los asuntos públicos, con el fin de generar un cambio de actitud al inculcarles valores de servicio.[6] La perspectiva de la ética pública busca acentuar el trabajo institucional en la formación ética y el desarrollo moral de los funcionarios, para así reducir prácticas que propician la corrupción.

A continuación, revisaremos algunas de las principales perspectivas que ayudan a interpretar y explicar la corrupción y los comportamientos no éticos, para ello, utilizaremos dos enfoques que encontramos en Menzel,[7] fundamentados en el análisis de modelos adaptados por distintas administraciones públicas: el Modelo de Conformidad y el de Integridad. Esta revisión permitirá posteriormente generar una propuesta para complementar el enfoque de ética pública del SNA.

Desde la perspectiva o Modelo de Conformidad[8] o de Cumplimiento, se interpreta que la corrupción o los comportamientos poco éticos, suceden debido a las siguientes circunstancias:

• Las posibilidades de ser detectado que identifica el funcionario.

• Las posibilidades de que exista una sanción en caso de ser detectado.

• El conocimiento o desconocimiento de su rol como funcionario.

• Los incentivos o alicientes que tenga para comportarse de manera correcta.

Estos cuatro componentes se centran en guiar de manera externa al individuo en su toma de decisiones para inhibir la corrupción y que decida adecuadamente. En otras palabras y de modo más simple, se limitan al máximo los espacios para la discrecionalidad del funcionario.

En contraste con este modelo, el de Integridad se centra en la capacidad de discernimiento ético del funcionario.[9] Esta perspectiva parte de que las organizaciones, en su cultura y prácticas, no proveen generalmente al funcionario con guías éticas o morales para tomar decisiones correctas. Por ello, en el Modelo de Integridad los incentivos para realizar lo correcto, la educación y capacitación (formación), así como la claridad de los valores y la misión de la organización tienen una mayor influencia en la toma de decisiones éticas de los funcionarios. Este enfoque supone que en la función pública los funcionarios siempre tendrán un componente de discrecionalidad, de manera que, cualquier política holística contra la corrupción deberá lidiar necesariamente con el discernimiento ético del sujeto;[10] es decir, fomentar una ética pública.

5. Otra aproximación internacional: infraestructura de ética sólida

Vale la pena también revisar —para el propósito de vislumbrar las perspectivas  internacionales sobre ética pública— un enfoque que ha surgido desde finales de los años noventa del siglo xx, denominado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la “infraestructura de ética sólida”, la cual puede ser interpretada como: una combinación de incentivos y sanciones integrados en “las instituciones, sistemas, herramientas y condiciones que los gobiernos usan para promover la integridad en el sector público”.[11]

En este sentido, agrupan distintos elementos de “infraestructura de ética sólida” según su función: orientación (liderazgo, códigos, socialización, capacitación), administración (coordinación, políticas y prácticas) y control (investigación, dirección, trasparencia y participación). La infraestructura ética, al igual que el Modelo de Integridad, enfatiza en las condiciones y circunstancias que permiten que los funcionarios consoliden un modo de interpretación y acción éticos, más allá de únicamente limitar o inhibir la discrecionalidad del funcionario (la perspectiva más común del caso mexicano).

6. Rutas e instrumentos de política pública para fortalecer los sistemas anticorrupción desde la ética pública

Hay una imperante necesidad de reconocer la complejidad de una política anticorrupción. Para ello, se necesita generar un inventario de instrumentos y acciones de política anticorrupción y articularlos
de manera apropiada según cada caso. Sin embargo, existen escasos esfuerzos o documentos que den fe de intentos coherentes para articular una política nacional desde los sistemas anticorrupción. En la líneas siguientes, se presenta un modelo de diseño de política (véase la tabla 3.2) que ayuda a vincular distintas acciones desde la ética pública.

En este modelo, las acciones para la reducción de la discrecionalidad (Modelo de Conformidad) son una serie de correcciones institucionales que delimitan la acción del funcionario público para realizar sus actividades como se espera. La “reducción de discrecionalidad” se presenta como externa al funcionario y se centra sobre procedimientos, supervisión o sanciones por un mal comportamiento.

De acuerdo a lo anterior, podemos vislumbrar acciones específicas asociadas al monitoreo y la vigilancia como lo son: espacio para (I) denuncias y la protección del denunciante, así como (II) supervisión y (III) evaluación, internas o externas, gubernamentales o ciudadanas. También, aquellas de procesos como: (IV) estandarización de procedimientos en todas las dependencias, lo cual implica proceso
de aprendizaje, prueba y error, sistematización e institucionalización de todo tipo de procedimientos gubernamentales.  Además de aquellas acciones relacionadas con la ley, como (V) actualizar / robustecer normas actuales, y garantizar la (VI) aplicación de la ley.

Es importante resaltar que es deseable que el componente de “reducción de discrecionalidad” sea aplicado de manera simultánea en todas sus acciones para lograr una mayor efectividad. Se ha observado que en diversas ocasiones, un buen diseño e implementación de instrumentos específicos puede verse obstaculizado por la ausencia de otras acciones complementarias. Por ejemplo, una buena evaluación sin aplicación de la ley en las resoluciones, o la estandarización de procedimientos sin soporte de actualización de las normas aplicables, entre otros. Por ello la insistencia de la simultaneidad de acciones.

Las acciones para fomentar el comportamiento ético (Modelo de Integridad) se centran en la construcción del comportamiento individual a partir del contexto donde se forman las subjetividades. Las acciones de política pública para el fomento de comportamientos adecuados de los individuos tienen un fundamento en la ética pública. Para ello, se requiere trabajar a nivel individual, directamente con el sujeto y sus percepciones, y, a su vez, a nivel colectivo, donde se construye la identidad organizacional, así como los hábitos, cultura y relaciones significativas.

A nivel individual, se contemplan las acciones de (I) profesionalización de los servidores públicos como requerimiento para fungir como servidor; la (II) capacitación para tener competencia ética y poder discernir lo correcto en el contexto del servicio público; así como la (III) evaluación de personal para identificar carencias y descartar también actuales o potenciales trasgresores de la ley y sus principios.

A nivel colectivo, encontramos los procesos de (IV) gestión organizativa interna de fomento de un buen servicio público, los cuales se pueden dar de una diversidad de formas, en los que se resaltan los mecanismos internos de resolución positiva de conflictos. Otra acción está relacionada con la generación de (V) los códigos de ética y otros acuerdos internos que bien realizados y socializados ayudan a articular una estrategia compartida para un servicio público de calidad al interior de las dependencias.

A diferencia del componente de “reducción de discrecionalidad” (Conformidad), el de “promoción del comportamiento ético” (Integridad) puede ser empleado de manera preventiva y es deseable que sea permanente. Los alcances del modelo de la política pública propuesta son mayores, al ser implementados en una estrategia simultánea de aplicación. Empero, es de gran importancia reconocer las diferencias de los componentes y las acciones, ya que en la implementación tienen considerables diferencias y objetivos.

7. Conclusiones

A lo largo de este artículo, se detectaron algunos avances en la integración de las políticas anticorrupción nacionales y estatales implementadas a través de los sistemas anticorrupción. Se encontraron limitaciones para definir concretamente la fundamentación teórica y la operatividad institucional de la ética pública como proyecto de estado. Existen una gran cantidad de componentes de política que necesitan ser definidos con precisión, que deben articularse para lograr integralidad en su acción, y evitar “buenas acciones” pero que al estar aisladas deriven en pobres resultados.

Es necesario romper un desarrollo moral bajo, o la visión “individualista” que permite la corrupción, de acuerdo con Mauricio Merino.[12] Este explica que la tolerancia a la corrupción tiene que ver con una relación de poder entre lo público y lo privado, que deriva en la satisfacción y beneficio privado sobre el institucional. Es por ello, que es imperativa la inclusión de la ética pública en la lucha contra la corrupción.

En este sentido, es preciso distinguir entre acciones permanentes que tienen que ver con reducir la discrecionalidad de los servidores (vigilancia, estandarización de procedimientos, aplicación de la ley, etcétera) y aquellas destinadas a la ética pública para avanzar con el desarrollo moral de los funcionarios (formación, profesionalización, autoorganización, etcétera) ya que ambas líneas de política se instalan en momentos y con características diferentes (la primera correctiva y contingente; la segunda preventiva y permanente). Además, insistimos enfáticamente en la simultaneidad y complementariedad de ambas aproximaciones para lograr integralidad en la política anticorrupción.

La relevancia que tiene la lucha contra la corrupción en la coyuntura actual de México ofrece una oportunidad inigualable para una política anticorrupción de mayor alcance e integralidad. Sin embargo, persisten enormes retos en las instituciones privadas y públicas en los tres niveles de gobierno, para identificar las problemáticas específicas, así como los instrumentos necesarios para empujar una agenda de política anticorrupción con verdaderas posibilidades de transformación que integre la ética pública.

 

[*] Licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y maestra en Historia de México por la Universidad de Guadalajara. Asesora en temas de corrupción y tecnologías digitales. Colabora para el programa de ICMA Consolidación de la Ética Pública.

[**] Politólogo por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y maestro en Development Studies por la Universidad de Lund. Colabora para el programa de ICMA Consolidación de la Ética Pública.

[***] Licenciada en Gestión Cultural. Colaboradora en la integración del Sistema Anticorrupción de Jalisco y con ICMA México.

 

[1] Casar, María Amparo. México Anatomía de la corrupción (2a ed.), CIDE / IMCO, México, 2016.

[2] Secretaría de la Función Pública. Manual sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, Gobierno de México, México, 2017.

[3] Sistema Nacional Anticorrupción. Libro blanco del Sistema Nacional Anticorrupción, Gobierno de México, México, 2017.

[4] Instituto Mexicano para la Competitividad. “Semáforo anticorrupción: Monitoreo de los Sistemas Locales Anticorrupción”, actualizado al 17 de septiembre de 2017. Recuperado de https://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/semaforo-anticorrupcion-monitoreo-de-los-sistemas-locales-anticorrupcion/

[5] Sistema Nacional Anticorrupción. Seguimiento: Sistemas Locales Anticorrupción de las Entidades Federativas, actualizado al 2 de octubre de 2018. Recuperado de http://sna.org.mx/SistemasLocales/

[6] Naessens, Hilda. Ética pública y transparencia, hal Archives, 2011.

[7]  Menzel, Donald. Ethic moments in government, American Society for Public Administration / CRC / Taylor and Francis Group, Florida, 2010.

[8] Ibidem.

[9]  Ibidem.

[10] Villoria Mendieta, Manuel. Ética pública y corrupción: curso de ética administrativa (Temas de gestión y administración pública), Técnos / Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, 2000.

[11] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Confianza en el gobierno. Medidas para fortalecer el marco ético en los países de la OCDE, OCDE, México, 2000.

[12] Merino, Mauricio. Opacidad y corrupción: las huellas de la captura, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Ciudad de México, 2018.

 

El debate sobre derechos humanos y la apuesta de AMLO en materia de seguridad

Fernando Ríos Martínez[*]

Resumen: el 1 de julio, México vivió un entusiasmo masivo por el triunfo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). La narrativa que cautivó a gran parte de los electores fue su propuesta económica, la crítica a la violencia y la apuesta por el cambio de condiciones que favorecen la corrupción y violación de derechos humanos. En este artículo, analizaremos cuáles han sido las propuestas del presidente electo y su gabinete en materia de derechos humanos, en relación con la atención de la seguridad, con especial énfasis en la propuesta de la Guardia Nacional.
Palabras clave: Guardia Nacional, derechos humanos, seguridad pública.

Abstract: On July 1st, a wave of enthusiasm overcame Mexico after the electoral victory of Andrés Manuel López Obrador (AMLO). The narrative that captivated a significant part of the electorate was his economic proposal, his denunciation of violence, and the strategy of changing the conditions that encouraged corruption and human rights violations. This article analyzes the human rights proposals put forth by the president and his cabinet as they relate to security policy, with particular emphasis on the proposed National Guard.
Key words: National Guard, human rights, public security.

 

1. La violencia creciente

En los últimos años, México ha sufrido una doble crisis de seguridad y de derechos humanos que ha desembocado en una polarización violenta y riesgosa para nuestra sociedad. Ciertamente, ha habido un fortalecimiento del crimen organizado con la presunta participación de algunas instituciones gubernamentales, lo que ha tenido como resultado decenas de miles de personas desaparecidas, así como de víctimas de otros delitos y violaciones de derechos humanos. Por otro lado, las organizaciones de derechos humanos hemos documentado el grave deterioro institucional de las herramientas del estado mexicano para cumplir con su obligación de garantizar los derechos consagrados en la Constitución y en los diversos tratados internacionales.

El sexenio de Enrique Peña Nieto (2012–2018) registró 123 mil homicidios dolosos, 19% más que el sexenio de Felipe Calderón (2012–2018).[1] En 2018, el número de asesinatos se desbordó. En el fuero común, se cometieron un total de 30,499 homicidios dolosos[2] con lo que se convirtió en el periodo más sangriento desde que se tiene registro y muestra una tendencia creciente. Este fenómeno ha tenido consecuencias muy concretas y dolorosas para cientos de miles de familias, además de que ha nutrido el miedo colectivo.

Otra de las expresiones de la crisis de derechos humanos que vivimos son las personas desaparecidas; sin embargo, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) no provee una cifra fidedigna. La magnitud del problema es subestimada, pues hay un total de 37,435 personas reportadas como desaparecidas o “no localizadas” (1,170 del fuero federal y 36,265 del fuero común)[3], sin considerar a quienes han estado en esta condición y han aparecido muertos o vivos con daños muy severos.

Regiones enteras experimentan una percepción de inseguridad creciente en sus ciudadanos[4], como lo muestra la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). Resulta evidente que la militarización del país no ha cumplido con regresar la paz sino que ha ahondado la violencia, las graves violaciones a derechos humanos y la confrontación social. Hasta el momento de la redacción de este artículo, ya en 2019, se habían registrado al menos dos incidentes entre militares y civiles en el contexto de la estrategia de combate al robo de hidrocarburos. En ambos casos comunidades “sospechosas” confrontadas con el ejército alegaban ejecuciones extrajudiciales de civiles.[5]

El gobierno de Enrique Peña Nieto terminó de manera pasiva su sexenio: mostró un total desinterés por los casos de violaciones a los derechos humanos o corrupción, que fueron emblemáticos en su periodo. Por su parte, su sucesor, Andrés Manuel López Obrador, tomó en sus manos la agenda pública del país desde el 3 de julio. Formó un gabinete extremadamente plural y hasta podría pensarse que contradictorio. Sus perfiles van desde Alfonso Romo, jefe de gabinete, uno de los empresarios más ricos del país, hasta Adelfo Regino, un abogado indígena muy cercano a algunas organizaciones de derechos humanos. Esta conformación es fruto de las alianzas con sectores empresariales, académicos, de las fuerzas armadas y de cierto sector social. Se ha caracterizado a sí mismo como un gobierno “para ricos y pobres”, lo que tendrá implicaciones en las diferentes políticas públicas que está impulsando.

2. La promesa de los foros: escuchar a las víctimas y nuevas propuestas en seguridad

Los foros de pacificación organizados por el nuevo gobierno alentaron las expectativas de participación de toda la sociedad, pero muy especialmente de las víctimas, de los familiares de personas desaparecidas, asesinadas o ejecutadas de forma extrajudicial.  Se plantearon como un ejercicio inédito que alentó a pensar en un proceso de justicia transicional y en propuestas novedosas que atendieran la crisis de derechos humanos.

Sin embargo, en los hechos se pudo ver una inadecuada metodología de mesas de trabajo que favoreció el desorden y la dispersión. Las víctimas tomaban constantemente la palabra, expresando su sufrimiento, cansancio y frustración ante la inoperancia del sistema de justicia y la falta de voluntad política de los funcionarios. La situación fue tan complicada y los responsables tan omisos, que los foros previstos en Veracruz, Sinaloa, Tamaulipas, Tabasco y Morelos, entre el 9 y el 22 de octubre de 2018, ya no se llevaron a cabo.[6]

Incapaces de responder a las expectativas, los foros se desdibujaron poco a poco, como la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de que el 1 de diciembre pediría perdón a las víctimas, cosa que no sucedió. Fueron una mala señal de cómo se acercarían a quienes se han visto agraviados en estos 12 años por la violencia imperante. También se trató de un pésimo precedente de construcción de acuerdos.

3. Los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normal de Ayotzinapa

En este contexto desolador, no cabe duda de que el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 14 de septiembre de 2014, es uno de los más emblemáticos. A más de cuatro años, el caso prácticamente no tiene avances.

Resulta muy llamativo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), unos días antes de que terminara el sexenio, se pronunciara por apuntalar en cierto modo la hipótesis de que una parte de los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula.[7] Es importante recordar que la llamada “verdad histórica”[8], como se le conoce a esta hipótesis, ha sido ampliamente cuestionada.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) emitió un comunicado al día siguiente del anuncio de la CNDH, en el cual “discrepa profundamente con una parte importante de las formulaciones del ámbito forense contenidas en la Recomendación”[9] citada.

Por otro lado, una de las promesas de Andrés Manuel López Obrador fue crear una Comisión de la Verdad para el caso. El decreto presidencial se firmó el 3 de diciembre de 2018, con la presencia de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas.

Si bien, el caso parece haber tenido un avance por el compromiso político del nuevo gobierno, el gran reto es que las acciones trasciendan al caso de los 43 e impulse soluciones y resultados para las miles de personas desaparecidas.

4. Aportes desde instancias internacionales de derechos humanos

La intervención de instancias internacionales tuvo como resultado importantes recomendaciones en el cierre de 2018 para México. Cabe recordar que el Examen Periódico Universal (EPU) es uno de los mecanismos recientes instaurados en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que los países son revisados por sus pares, en un ejercicio trasparente, donde se realizan recomendaciones en derechos humanos. En México, se respondió a este proceso con el ejercicio de articulación de más de 200 organizaciones de la sociedad civil mexicanas agrupadas en torno al #Colectivoepumx.

En noviembre pasado, le correspondió a México su tercer ciclo. Destacan las recomendaciones de Alemania, Estados Unidos, Austria, Reino Unido, Costa Rica, Nueva Zelanda y Países Bajos, que versaron sobre la necesidad de la creación de una fiscalía autónoma e independiente; otras muchas fueron por la situación que se vive en torno a las personas desaparecidas, los feminicidios y la situación de las personas defensoras de derechos humanos.

Dentro de las recomendaciones emitidas en este ciclo del EPU, se encuentran: aceptar la competencia del Comité de Desapariciones Forzadas para recibir y considerar comunicaciones individuales; fortalecer la estrategia de seguridad pública para combatir el crimen organizado y eliminar los altos niveles de violencia que continúan afectando a las mujeres y niñas en particular y, por último, fortalecer el mecanismo de protección de personas defensoras.

De la misma forma, en diciembre de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitió dos nuevas sentencias al estado mexicano. Ambas están muy relacionadas con el manejo estatal de temas de seguridad y justicia.

El caso de las mujeres de Atenco es reivindicado por once mujeres que fueron víctimas de tortura sexual y se centra en la actuación de las autoridades de seguridad al desarrollar operativos policiales el 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco. La sentencia encontró responsable a México de la violencia sexual, violación y tortura. También determinó que los operativos se caracterizaron por el uso de la fuerza de manera indiscriminada y excesiva contra toda persona que los agentes de seguridad asumieron como parte de las manifestaciones. En particular, condena la conducta de las autoridades policiales al momento de detener a las víctimas, por no haber sido ni legítima ni necesaria, pero además por excesiva e inaceptable, así como por la naturaleza sexual y discriminatoria de las agresiones sufridas.

La CIDH también falló contra México en el Caso Alvarado. En su sentencia, encontró al estado mexicano internacionalmente responsable por la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado Reyes. Un aspecto fundamental es que estos hechos se produjeron en el contexto de la implementación del Operativo Conjunto Chihuahua y la lucha contra el crimen organizado en México, con la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad.

En este sentido, la corte reafirmó que, como regla general, las tareas de seguridad deben estar asignadas a cuerpos policiales civiles y que cuando excepcionalmente exista participación de fuerzas armadas en tareas de seguridad, debe tratarse de una acción extraordinaria, temporal y subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles. Al profundizar en estos criterios, la corte realiza un aporte fundamental a un debate de actualidad en México.

5. El debate sobre la Guardia Nacional

El contexto aquí planteado se ha sumado a otros elementos importantes en el inicio de 2019, para dejar ver la naturaleza compleja del reto al que se enfrenta el nuevo gobierno. La lucha contra el robo de combustible es un buen ejemplo. En este tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que instituciones y empresarios se han visto coludidos con el crimen organizado en detrimento grave del país. La propuesta presidencial ha sido la Guardia Nacional, como una iniciativa híbrida entre el paradigma militar y el policial.

Históricamente, la Red TDT y sus organizaciones parte han denunciado y documentado la inconveniencia de la estrategia militarizada para enfrentar la inseguridad en el país, porque ha significado abusos probados por parte del estado en contra de la población civil, especialmente aquella que tiene posiciones críticas al estado o a los grupos de poder hegemónicos. Precisamente el problema más evidente del nuevo modelo de Guardia Nacional es que los componentes de esta propuesta son muy similares a las estrategias que se han utilizado en los dos sexenios anteriores. El bajo nivel de certificación de confianza de las policías no debe constituirse en un pretexto para conformar nuevas estrategias que fortalezcan a estas.

La conversación sobre el tema ha evolucionado desde afirmar inicialmente que la Guardia Nacional no sería una propuesta del nuevo gobierno, a volverla a proponer con un mando militar pleno que además se incorporaba en la Constitución, con un matiz que lo limitaba a cinco años. Después de despertar críticas muy fuertes por parte de sectores importantes de la sociedad que se habían articulado contra la Ley de Seguridad Interior, se abrieron una serie de audiencias realizadas entre el 8 y 12 de enero de 2019. En ellas, los legisladores tuvieron la oportunidad de escuchar múltiples puntos de vista y ahí mismo, el
secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, anunció que se abandonaba la idea de este mando militar y se incorporaba a esta fuerza en la recién creada secretaría a su cargo.

Es importante destacar que en la raíz del problema de la violencia y la inseguridad actuales se encuentran equivocadas decisiones de estado, tomadas al más alto nivel, y que no pueden ni deben quedar en la impunidad.

El mismo caso Alvarado, citado arriba, permitió que la CIDH recordara la necesidad de “que los Estados actúen en todo momento dentro de los límites y conforme a los procedimientos que permitan preservar tanto la seguridad pública como los derechos humanos”[10]. En este sentido, es contundente escuchar la voz de las víctimas. María José Alvarado recuerda: “La noche del 29 de diciembre de 2009 el ejército llegó por ellos. Se los llevaron a la fuerza, sin ninguna explicación y no los hemos vuelto a ver”.[11]

Múltiples organismos y procedimientos especiales de la ONU coinciden en señalar en que la participación de las fuerzas armadas en labores de policía judicial o ministerial puede resultar contraria a determinados principios del estado de derecho, tales como la separación de poderes, independencia y autonomía de los tribunales judiciales y la subordinación a las autoridades civiles. Por tanto, coinciden en la necesidad de implementar mecanismos de rendición de cuentas a través de cuerpos independientes de todas las fuerzas de seguridad relacionadas con operativos y tareas de orden público.

Así, una de las principales preocupaciones que nos despierta el modelo de Guardia Nacional propuesto es que, precisamente, entra en contradicción con otros esfuerzos del estado mexicano para garantizar el acceso a la justicia, como lo es la nueva Fiscalía General de la República. Este riesgo queda claramente ejemplificado en la propuesta de modificación al artículo 21 constitucional, según la cual “tratándose de hechos que puedan ser constitutivos de delitos del orden federal, la Guardia Nacional actuará bajo la Condición Jurídica del Ministerio Público Federal”.

Esta propuesta es muy grave porque, por una parte involucra a personal militar en la investigación de delitos a pesar de las graves violaciones a derechos humanos documentadas en años recientes por el ejército y la marina; pero es aún más preocupante porque debilita estructuralmente el nacimiento de la nueva Fiscalía General de la República al incorporar cuerpos militares en la investigación de delitos, cuando precisamente ese ha sido uno de los principales obstáculos para una impartición de justicia eficaz, al generalizarse la tortura, la fabricación de culpables y el mal manejo de las evidencias.

La pretensión de borrón y cuenta nueva, o “punto final”, además de agraviante, representa un riesgo de repetir los mismos errores cometidos hasta ahora. Será una ruta de análisis si el nuevo gobierno está dispuesto a correr este riesgo, pues los discursos pueden estar dirigidos a otros actores, mientras que Andrés Manuel López Obrador ha sido caracterizado por sus votantes como un político que cambiará el acceso a la justicia.

La grave situación que se vive en gran parte del territorio nacional requiere de acciones decididas y contundentes como la sociedad demanda. Pero a partir de nuestra experiencia en el acompañamiento a víctimas y comunidades afectadas por la violencia, sabemos que la reparación de los daños solo es posible a partir de un cambio de enfoque que ponga a la sociedad en el centro de la estrategia y que no anteponga los intereses de ningún sector a la construcción de una solución sensata, verificable y modificable a partir de las evaluaciones que se vayan realizando.

La experiencia misma nos demuestra que no es viable una propuesta unidireccional sino solo las que impliquen la incorporación de diferentes componentes, como la construcción de paz, la ampliación al acceso a la justicia y el apego al artículo primero constitucional. Esto implica reconocer la excepcionalidad de la situación que, sin embargo, también está contemplada en los estándares internacionales que señalan que las medidas extraordinarias, especialmente las de carácter militar, deben limitarse al máximo y responder a criterios de estricta excepcionalidad para enfrentar situaciones de criminalidad o violencia interna. Esto obedece a que el entrenamiento que reciben las fuerzas militares responde a una lógica diferente a la de protección y seguridad ciudadana, enfoque que debiera corresponder a las instituciones policiales.

Hoy tenemos la oportunidad de iniciar la historia de nuevo y sentarnos como sociedad a construir un modelo de seguridad y protección ciudadana que nos incluya a todos. La propuesta de las organizaciones de la sociedad civil, en virtud de la complejidad de la situación, es que el diseño de esta estrategia se concrete en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. Este documento, al ser una guía programática del ejercicio de gobierno, permite salvaguardar las facultades del estado al no tocar la Constitución y permite que la ciudadanía construya una paz verdadera basada en el ejercicio de los derechos para todas y todos.

6. Conclusiones

El arribo de un nuevo gobierno bajo el signo de la contradicción ha traído intentos inconclusos, como los foros de pacificación, una lucha continua contra los huachicoleros, promesas como la Comisión de la Verdad de los 43 y una apuesta en seguridad con presagios de tormenta.

A pesar de las iniciativas controvertibles, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuenta con más apoyo y es evidente que se mantiene la confianza de la ciudadanía para enfrentar retos estructurales que no habían sido afrontados en los sexenios previos por indolencia, incapacidad y falta de voluntad política.

Es fundamental, en este régimen de transición, que el acceso a la verdad para las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos, y para la sociedad en su conjunto sea un componente de las políticas públicas. Solo conociendo la verdad de nuestra historia reciente estaremos en condiciones de generar alternativas que nos saquen del círculo de violencia e impunidad.

Ante la propuesta de la Guardia Nacional es evidente que tiene que haber un reconocimiento expreso de lo erróneo de la estrategia militar, de las graves violaciones a derechos humanos ocurridas en estos dos sexenios trágicos y de un compromiso claro de investigar las responsabilidades derivadas de ello. Se trata de una tarea que surge desde los anhelos más democráticos que hicieron posible el triunfo del candidato que, por tercera ocasión, contendió por la presidencia de nuestro país.

 

[*] Es secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT). Egresado de la licenciatura de Filosofía y Ciencias Sociales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), de Ciencias Teológicas y la maestría en Políticas Públicas por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Con más de 20 años de trabajo en organizaciones sociales y de derechos humanos, actualmente representa políticamente a la RedTDT, conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República.

 

[1] Redacción. “Sexenio de Enrique Peña Nieto rompe récord en homicidios, en Excelsior, 22 de diciembre de 2018. Recuperado de https://bit.ly/2RqKdxQ

[2] Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública / Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Incidencia delictiva del fuero común 2018. Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de Delitos y las Víctimas CNSP/38/15, Centro Nacional de Información, diciembre de 2018. Recuperado de https://bit.ly/2EOE17s

[3] Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. “Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, RNPED”, Gobierno de México. Recuperado de https://bit.ly/2gAdu86

[4] La percepción de inseguridad de la población de 18 años y más, en las entidades federativas al momento del levantamiento de la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en la primera quincena de diciembre de 2018; durante ese mes 73.7% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro. Este porcentaje representa un cambio significativo respecto a septiembre de 2018 y con respecto a diciembre 2017. Inegi. “Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU)”. Recuperado de http://www.beta.inegi.org.mx/programas/ensu/default.html

[5] Montoya, Juan Ricardo. “Liberan a los soldados en Hidalgo; los presentan al MP”, en La Jornada, 13 de enero de 2019. Recuperado de https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/01/13/liberan-a-los-soldados-secuestrados-en-hidalgo-3839.html

[6]  Durazo, Alfonso. “La cancelación de los Foros Presenciales Escucha para la Pacificación y la Reconciliación Nacional en los estados de Veracruz, Sinaloa, Tabasco, Morelos y Tamaulipas, obedece a la necesidad ya urgente de sistematizar las propuestas recogidas…”, en @AlfonsoDurazo, 7 de octubre de 2018. Recuperado de https://bit.ly/2VPW86S

[7] Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Recomendación No. 15vg / 2018. “Caso Iguala”, Ciudad de México, 28 de noviembre de 2018. Recuperado de https://bit.ly/2QxmFly

[8] Castillo García, Gustavo. “Guerreros Unidos asesinó a los 43 normalistas: Murillo”, en La Jornada, 28 de enero de 2015. Recuperado de https://bit.ly/2DTCFu1

[9] Equipo Argentino de Antropología Forense. “Comunicado del eaaf sobre información relativa a la investigación forense del basurero de Cocula y río San Juan dada a conocer el día de ayer por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México”, Ciudad de México, 29 de noviembre de 2018. Recuperado de http://centroprodh.org.mx/2018/11/29/comunicado-del-eaaf-sobre-la-recomendacion-de-cndh-en-caso-ayotzinapa/

[10] Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Bulacio vs. Argentina, Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia del 18 de septiembre de 2003. Serie C, No. 100, párr. 124, y Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú. Supra, párr. 240. Serie C, No. 370, párr. 178”, citados en Caso Alvarado Espinoza y otros vs. México. Sentencia de 28 de noviembre de 2018 (Fondo de Reparaciones y costas). Recuperado de https://bit.ly/2UY2Giz

[11] Rojas, Ana Gabriela. “El dramático ‘caso Alvarado’ que llevó a la CorteIDH a juzgar por primera vez a México por desapariciones forzadas”, en BBC Mundo, 27 de abril de 2018. Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43921261

 

La transición de gobierno y el impasse gubernamental

Jorge Rocha Quintero[*]

Resumen: en este artículo, se hace un balance final del sexenio de Enrique Peña Nieto y se aborda el periodo de transición de gobiernos que fue inédito en la experiencia mexicana, donde el presidente en funciones terminó su gobierno con una gran debilidad política, mientras que el presidente electo comenzó a tomar decisiones que afectaron fuertemente la vida política nacional. Aquí se describe este proceso, con los acontecimientos políticos más importantes de esta etapa.
Palabras clave: transición de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto, sexenio 2012–2018, partidos políticos, gobierno federal.

Abstract: This article undertakes a final reckoning of Enrique Peña Nieto’s administration and looks at the period of transfer of power, which was unprecedented in Mexican experience inasmuch as the outgoing president finished his term in a severely weakened political position, while the president–elect did not hesitate to make decisions that had a strong impact on national political life. The process is described here, including the most important political events of the transition stage.
Key words: transition of power, Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto, 2012–2018 administration, political parties, federal government.

 

Luego de las elecciones del 1 de julio de 2018, en las que Andrés Manuel López Obrador ganó de forma contundente la Presidencia de la República y que su partido Morena obtuviera la mayoría del Congreso de la Unión en sus dos cámaras, se registró un periodo de impasse y un fenómeno político que nunca se había experimentado en otros procesos de transición, el cual llevó a muchos analistas políticos a señalar que tuvimos un presidente electo gobernando de facto y un presidente en funciones totalmente ajeno a las decisiones importantes del país. El presente artículo tiene como propósito analizar este periodo inédito y valorar el cierre del sexenio de Peña Nieto.

1. El periodo de transición

México es uno de los países en donde el periodo de transición —el lapso entre la realización de las elecciones y la toma de posesión del nuevo gobernante— es muy largo; para el último proceso el periodo corrió del 1 de julio al 1 de diciembre del 2018, es decir, cinco largos meses. En este lapso, se declara la validez del proceso electoral, se configura la composición de la cámara de senadores y de diputados, luego de la asignación de los legisladores de representación proporcional por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), toma posesión el nuevo Congreso de la Unión y los futuros miembros del gabinete presidencial, y las personas que se quedan a cargo de organismos públicos descentralizados hacen el proceso de entrega recepción con los funcionarios públicos salientes; es decir, es un periodo de preparación para que
los servidores públicos que dejan sus cargos cierren los procesos
de administración pública y que los funcionarios entrantes tengan claridad de los asuntos que deben retomar.

Es completamente normal que el presidente saliente empiece a cerrar su administración y a no tomar decisiones trascendentales para el país, aunque esto no es una regla: por ejemplo, en el ocaso del gobierno de Felipe Calderón (2006–2012) se aprobó la reforma a la Ley Federal del Trabajo, hecho que sin duda impactó el mundo laboral en el país.

También es normal que el presidente electo tome un periodo vacacional luego de las campañas electorales, que espere que el Tribunal Federal Electoral declare la validez de su elección, y que poco a poco vaya generando algunos temas de agenda en la vida pública. Otro asunto nodal en este periodo es la conformación de su equipo de gobierno, es decir, empiezan las especulaciones sobre los miembros del gabinete, la designación de funcionarios de organismos trascendentales para el país y se especula sobre quiénes son los “hombres fuertes y de confianza” del futuro mandatario.

Esto es lo que más o menos se ha hecho en los procesos de transición presidencial anteriores, sin embargo, estas prácticas fueron rotas en este periodo entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

2. Saldos de un sexenio

Para poder entender el fenómeno político que se registró en el segundo semestre de 2018, es necesario hacer un balance del sexenio que recién terminó para ver los efectos de gobernabilidad que tuvo.

A continuación, se presenta un balance de la administración saliente.

2.1 El Pacto por México: la luna de miel

Hace seis años, en 2012, Enrique Peña Nieto sorprendió a propios y extraños cuando a través de un pacto cupular con las dirigencias de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), logró concretar las llamadas reformas estructurales, las cuales eran las piezas sueltas que faltaban para lograr que las medidas neoliberales en el país terminaran por implementarse.

La forma como los defensores del neoliberalismo justificaron la falta de resultados de este modelo fue a través del argumento de que hacían falta ciertas reformas al marco normativo para que las políticas pudieran funcionar de forma satisfactoria, y este fue el pretexto para llevar adelante estas modificaciones a la carta magna.

Entre las principales reformas que se llevaron a cabo, estuvieron: la energética, en telecomunicaciones, la fiscal, la política y la educativa. Las dos reformas que fueron más controvertidas y en lo que hubo más discusión fueron la reforma educativa y la energética, que encontraron muchas resistencias sociales y sindicales. Sin embargo, en aquel momento muchos actores políticos y económicos de México y
del
extranjero alabaron el arranque del sexenio de Peña Nieto, el cual lo llevó a las portadas de prestigiosas revistas internacionales.

Desde aquel momento, hubo grupos sociales y académicos que criticaron esta forma de proceder y el contenido de las reformas, sin embargo, no encontraron eco en la opinión pública y más bien se impuso una narrativa que favorecía al presidente de la república.

2.2 Los 43 desaparecidos de Ayotzinapa,

la crisis de derechos humanos y la inseguridad en el país

Si se observan con detenimiento las mediciones de aprobación que tuvo Peña Nieto a lo largo de su mandato, es muy evidente que el deterioro de su imagen comenzó con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, a finales de 2014. Este caso fue el detonante de la crisis de personas desaparecidas que había comenzado con el sexenio de Felipe Calderón, pero este evento en particular mostró la crudeza y la profundidad del problema.

La actuación de la Procuraduría General de la República (PGR) exhibió las enormes falencias y deficiencias del sistema de justicia en México y la expresión del entonces procurador, Jesús Murillo Karam, de “ya me cansé”, en una rueda de prensa que se viralizó mundialmente en redes sociales, fue la expresión de la incapacidad de esta institución de procesar de forma adecuada el caso.

El caso Ayotzinapa se transformó en una crisis política para el presidente de México que no pudo atajar de forma apropiada, ya que, al término de su sexenio, el asunto nunca se resolvió y las investigaciones realizadas por la PGR fueron fuertemente criticadas y no aceptadas ni por las víctimas, ni por expertos en la materia, ni por buena parte de la sociedad. La desaparición de estos estudiantes se sumó a la lista de casos donde el derecho a la verdad y a la justicia no se cumplieron; en la actualidad, continúan como situaciones que siguen alimentando el problema de la impunidad.

Durante el sexenio que acaba de terminar, se dieron a conocer múltiples informes de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de organizaciones civiles que mostraron de forma muy clara que nuestro país atraviesa por una profunda crisis de derechos humanos, donde destaca el problema de la desaparición forzada y de la falta de garantías para ejercer la libertad de expresión, solo por citar algunos.

Ante estos informes, el gobierno de Peña Nieto, a diferencia de otras administraciones, se dedicó a descalificar estos hallazgos y a negar la crisis que existe en esta materia; incluso empezó a tener confrontaciones políticas con algunos organismos internacionales.

La última pieza de esta política claramente opuesta al respeto de los derechos humanos, fue la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, la cual legitimaba y otorgaba soporte jurídico a la actuación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública y que le concedían un enorme poder al titular del Poder Ejecutivo federal en esta materia.

En lo que se refiere a las contabilidades de delitos de alto impacto, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012–2018) se experimentó una clara tendencia al alza, donde el año 2017 fue el más violento en varios sexenios. Por ejemplo, de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2014, el número de casos registrados de homicidios dolosos fue de 17,336 y aumentaron año con año hasta que en 2017 se llegó a 28,717 casos. En el primer semestre del año 2018, estados como Nayarit y Guanajuato incrementaron sustancialmente los homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes; en el caso del primer estado, el aumento fue de 300% y en Guanajuato de 128%, siendo esta entidad la que tuvo mayor número de asesinatos, con casi 2,000. Las tendencias apuntan a que 2018 será aún más violento que el año 2017.

En materia de desapariciones, según el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, en 2012, se conoció de 3,288 casos de personas desaparecidas y está cifra creció año con año (salvo de 2014 a 2015, que decreció un poco), pero para 2017, las personas reportadas como desaparecidas fueron 5,426, y hasta mediados de 2018, se habla de más de 30,000 personas desaparecidas, de acuerdo a cifras oficiales.

Sin duda alguna que este fue uno de los asuntos donde mayor deterioro se tuvo en el sexenio que acaba de terminar.

2.3 La corrupción sexenal

Otra de las marcas del sexenio de Enrique Peña Nieto fue la corrupción. Desde hace muchas décadas, se hablaba de la corrupción y la impunidad en este país, pero en dicho sexenio hubo dos aspectos distintos que en otras administraciones federales no habían estado presentes; uno de ellos, es que por primera vez el presidente de la república estuvo directamente implicado en uno de estos asuntos cuando estaba en la primera parte de su gestión.

En otros momentos, se acusó a exmandatarios de casos de corrupción, pero era hasta el final de su sexenio o cuando ya habían dejado el poder, pero en lo que se refiere a Peña Nieto, el caso “Casa Blanca” lo involucró directamente, ya que se presumía que Grupo Higa —que había sido favorecido sistemáticamente en obras de infraestructura en el gobierno peñanietista en el Estado de México, cuando este era gobernador de esa entidad— había obtenido también la concesión de buena parte de la construcción del tren México–Querétaro. Se especuló sobre una posible devolución de este favor a través de la venta de la llamada Casa Blanca, que habría comprado la esposa del presidente. La Secretaría de la Función Pública analizó el asunto y determinó que no había delito que perseguir, pero las explicaciones del caso nunca convencieron a la opinión pública y marcó la figura presidencial.

Lo segundo es que se conocieron casos en donde se pudo conocer la magnitud de la corrupción, es decir, se habló de formas de proceder y de cifras de dinero desviado. El reportaje más ejemplar sobre esta dinámica fue el publicado por Mexicanos contra la Corrupción y el periódico digital Animal Político, titulado “La estafa maestra”, donde se narra cómo se desviaron 7,600 millones de pesos a través de diversas redes de corrupción y de un modelo de subcontrataciones sucesivas. En este proceso, intervenían universidades públicas y al final de la ruta del dinero, se descubría que las obras definidas no fueron realizadas. La segunda versión de la Estafa Maestra, con un proceso similar, calculó un desvío de 1,700 millones de pesos.

En este mismo rubro, se tienen que agregar los escándalos de corrupción de gobernadores de los estados, donde destacan los casos de Javier Duarte en Veracruz, César Duarte en Chihuahua, Roberto Borge en Quintana Roo, Guillermo Padrés en Sonora y Roberto Sandoval en Nayarit. Lo paradójico del asunto es que varios de estos personajes fueron los rostros renovados de lo que se llamó la generación del “nuevo PRI” y que resultaron los priistas con más señalamientos de corrupción.

También es necesario señalar que durante esta administración de Peña Nieto se creó el Sistema Nacional Anticorrupción y en varias entidades los sistemas estatales en la materia. Este proyecto fue bien recibido en la opinión pública, sin embargo, al cierre del sexenio la capacidad de acción de este sistema ha dejado mucho que desear, incluso ha sido fuertemente criticado por consejeros ciudadanos que formaron parte de él, ya que sus resultados han sido mínimos y de muy poco impacto.

2.4 La política social fallida

Uno de los programas más ambiciosos del sexenio de Peña Nieto fue la erradicación de la pobreza alimentaria a través del programa México sin Hambre, que tenía como inspiración el programa brasileño Hambre Cero, el cual tuvo mucho impacto en aquel país de Sudamérica.

En la política social, se mantuvo la estrategia de combate a la pobreza con la modalidad de focalización, se construyeron comedores comunitarios en ayuntamientos considerados de alta marginación, entre otras acciones, las cuales tuvieron como propósito sacar a miles de personas de su condición de pobreza.

Lo primero que sucedió en esta materia fue el escándalo que detonó cuando el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la última medición sobre el fenómeno, cambió su forma de ponderar la pobreza de los mexicanos y hubo severas críticas a esta acción, ya que se consideró que los nuevos estándares de medición favorecían el ocultamiento del fenómeno de la pobreza; incluso el sexenio terminó con un proceso de cooptación política del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), por parte de los partidos políticos, que ponen en riesgo la autonomía de la institución y con ello caer en un posible manejo político de los datos.

Ahora bien, aun con esta modificación de la metodología de medición, no hubo gran avance en la materia. En la tabla 1.1 se presentan los tres cortes del CONEVAL a lo largo del sexenio de Peña Nieto.

Como se puede observar, los impactos de la política social en el sexenio fueron prácticamente nulos, ya que comenzó con 53 millones de pobres y termina con 53 millones de pobres; es decir, las acciones emprendidas fueron incapaces de modificar esta situación. Los cambios que se tuvieron fue que alrededor de dos millones de personas en pobreza extrema pasaron a ser pobres moderados, sin embargo, prácticamente ningún pobre dejó de ser pobre.

Con estos resultados, podemos afirmar que dicho sexenio fue un periodo con una política social a todas luces fallida.

La reforma energética había sido la gran promesa de esta administración federal, al afirmar que se convertiría en la palanca del desarrollo del país. No fue así. La apuesta del presidente de México fue un rotundo fracaso, ya que las intenciones de generar recursos energéticos más baratos y de incrementar las inversiones en el sector energético nunca se logró. El punto más crítico durante el sexenio en esta agenda fue el llamado “gasolinazo”, en enero del año 2017, donde se incrementó el costo de este combustible, situación que generó un fuerte repudio social, incluso fue el peor momento de desaprobación que tuvo Peña Nieto a lo largo de su mandato.

El otro proceso que fue muy lesivo para buena parte de la población, fue la liberalización de los precios de gasolina y del gas LP, que supuso nuevos aumentos en el costo de estos recursos y la entrada de empresas trasnacionales al mercado de las gasolinas. Todos estos procesos provocaron que en 2017 se experimentaran incrementos sustantivos en la inflación, llegando a cifras que no se habían tenido en tres lustros.

Entre los aspectos positivos de este sexenio en materia económica, podemos señalar la reforma en telecomunicaciones, que elevó a rango constitucional el derecho a la Internet de banda ancha, la concesión de un nuevo canal de televisión a nivel nacional (Imagen) y el no cobro de las llamadas de larga distancia en todo el país. Estas políticas derivaron en un abaratamiento en este tipo de servicios y una ampliación en la cobertura de la Internet, pero todavía falta avanzar para que efectivamente sea un derecho universalizado.

3. Los impactos en la imagen del presidente

Ni Ernesto Zedillo, ni Vicente Fox, ni Felipe Calderón tuvieron tantos detractores al final de sus sexenios, y si hablamos en términos gruesos, tres encuestas nacionales que se publicaron en noviembre de 2018 (de los diarios El Universal y El Financiero, y del Grupo Reforma) coincidieron en que al menos siete de cada diez mexicanos le otorgaron una calificación reprobatoria al presidente saliente, Enrique Peña Nieto.

El presidente saliente afirmó en una de sus últimas entrevistas como primer mandatario, que había cumplido con 97% de sus compromisos de campaña (asunto que nadie creyó), y además, al final de su gestión otorgó el Águila Azteca, máxima condecoración de nuestro país a un extranjero, al yerno de presidente estadunidense Donald Trump, Jared Kushner. Este último acto generó una enorme controversia en redes sociales y le ganó al entonces presidente Peña Nieto la última gran ola de críticas a su mandato.

De acuerdo a Consulta Mitofsky, de los últimos cuatro sexenios, Peña Nieto es el único presidente que se fue con una aprobación menor a 50%. En la figura 1.1 se presenta una gráfica con esta información.

4. El cierre de sexenio y el vacío de poder

Como se dijo antes, el proceso de transición en México es muy largo, ya que pasan cinco meses entre el día de la elección y la toma de posesión del presidente electo. En esta ocasión, se generó un fenómeno político muy particular y que en otros momentos de la historia reciente no se había presentado, ya que Peña Nieto se ausentó del escenario político de forma muy radical y Andrés Manuel López Obrador tomó las riendas del país sin estar gobernando oficialmente; es decir, el presidente en funciones renunció de facto a sus labores y el presidente electo comenzó a gobernar de facto.

 

La evaluación del periodo de gobierno anterior y los malos resultados de la gestión peñanietista, que ya se documentaron antes, a la par de una votación masiva e histórica por Andrés Manuel López Obrador, que obtuvo el triunfo con 53% de los votos, que representan más de 30 millones de electores, generó la combinación perfecta para tener un presidente saliente con una enorme debilidad política, frente a un presidente electo con un altísimo grado de legitimidad social. El resultado fue inevitable, un presidente en funciones sin capacidades de gobernar frente a un presidente electo que comenzó a gobernar desde el 2 de julio de 2018. Por supuesto que muchas decisiones de la administración pública federal las siguió tomando Peña Nieto y su equipo, sin embargo, las grandes decisiones políticas del país las tomó López Obrador.

Desde mi punto de vista, en este proceso de transición, hubo dos asuntos claves que se resolvieron en este periodo y que tendrán un fuerte impacto político y económico para el futuro. El primero fue el proceso de cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y el segundo la reconfiguración del Congreso de la Unión para darle a Morena una mayoría aplastante en ambas cámaras. Por supuesto que hubo otros procesos que se implementaron desde el equipo del presidente electo, los cuales tuvieron mucho reflector mediático, pero que no tuvieron trascendencia, por ejemplo los Foros de Pacificación, que fueron suspendidos luego de un diseño poco útil y que sus magros resultados no fueron retomados después en ninguna política pública de gran calado. Sin embargo, los asuntos anteriores sí tendrán y tienen un enorme impacto futuro.

Durante la campaña, Andrés Manuel López Obrador criticó la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en lo que fue el lago de Texcoco, dichos que le valieron fuertes críticas de parte de los empresarios más ricos del país. Luego de ganar la elección, el presidente electo de México y los miembros de su partido político realizaron una consulta (con ningún rigor metodológico) para preguntarle a la población sobre su posición en torno a continuar con la construcción del aeropuerto en Texcoco, o comenzar la construcción de dos pistas en la antigua base militar de Santa Lucía. Después de la participación de casi un millón de personas, Andrés Manuel López Obrador decidió la cancelación de la obra en Texcoco, hecho que generó un gran revuelo social, que terminó con la aceptación de la decisión por parte de los empresarios más encumbrados del país y que incluso tuvo algunos impactos macroeconómicos.

Durante este proceso, el presidente en funciones estuvo ausente del debate público y luego de la decisión del presidente electo, se concretó a decir que las obras del nuevo aeropuerto seguirían hasta que concluyera su mandato; sin embargo, por la vía de los hechos, el proyecto fue sepultado. Lo relevante de este asunto es que la obra icónica del sexenio de Peña Nieto se derrumbó con la decisión de un presidente que todavía no gobernaba en términos formales.

Hoy por hoy no sabemos a ciencia cierta los impactos económicos de esta determinación, pero desde la perspectiva política, fue la primera gran decisión de López Obrador sin ser presidente en funciones.

El segundo asunto fue el cambio en la conformación de la Cámara de Diputados. Durante el periodo de transición se fraguó un nuevo escenario en la configuración de la cámara baja por las diversas trasferencias de legisladores del Partido Encuentro Social (PES), del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde, hacia el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), con lo cual el nuevo mapa de diputados es el que se muestra en la tabla 1.2.

Con estos traspasos, el partido Morena tiene mayoría absoluta en el Congreso. Es decir, cuenta con 50% + 2 de los 500 diputados que conforman la cámara baja. Con esta mayoría, este partido puede aprobar presupuestos y leyes reglamentarias. Si a esto le agregamos los 61 legisladores del pes y del pt, que fueron parte de la coalición Juntos Haremos Historia, solo necesitaría 62 diputados más para contar con la mayoría calificada y hacer reformas constitucionales; es decir, la “Súper Bancada” de Morena tiene el escenario puesto para imponer su agenda y los partidos de oposición están condenados a perder sistemáticamente todas las votaciones.

También en este periodo de transición, se configuraron alianzas de gobierno que cambiaron las geometrías políticas del país. La alianza entre el PRI, el Partido Verde y Nueva Alianza se desmoronó. El Partido Verde dio por concluido este enlace político que duró casi diez años y Nueva Alianza perdió el registro como partido político. Luego de este quiebre, el Partido Verde abrió una nueva relación de alianza con Morena; esto es, se convierte en el tercer partido político satélite del partido mayoritario, junto con el PES y el PT.

Por otro lado, el Frente por México no trascendió la coyuntura electoral y cada una de las tres fuerzas políticas que lo conformaron tomaron sus propios caminos políticos.

Con lo anterior, vimos como el presidente electo influyó de manera determinante en el Poder Legislativo para modificar la configuración del mismo y con ello contar con una fuerza determinante para aprobar la mayor parte de sus iniciativas. Frente a este movimiento político, el presidente en funciones no tuvo ninguna capacidad de contención.

Como podemos ver, fue un periodo de transición inédito, con un escenario político que nunca habíamos tenido y donde quedó muy clara la escisión entre el poder político real y el poder político formal. Es difícil que volvamos a tener un escenario con estas características, pero algo de lo que nos ha mostrado la coyuntura presente, es que tenemos muchos fenómenos políticos nuevos que es necesario analizar con detalle.

 

[*] Es académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Es licenciado en Sociología por la Universidad de Guadalajara y en Filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA). Tiene una maestría en Impactos Territoriales de la Globalización por la Universidad Internacional de Andalucía y es doctor en Estudios Científico–Sociales por el ITESO. Colabora semanalmente en Zona 3, Radio Metrópoli, Quiero tv, Megacable, Imagen San Luis Potosí y como articulista en el Semanario de Guadalajara, la Méndiga Política, Cuarta mx y en las revistas El Puente y Christus. Es profesor invitado en la Universidad Iberoamericana León. Correo electrónico: jerqmex@hotmail.com

 

 

Narrativas sobre el agua en la agenda electoral: observación de la presencia en medios de comunicación y redes sociales de candidatos, partidos y OSC durante la elección para gobernador de Jalisco 2018

Susana Herrera–Lima[*]

Hernán Muñoz Acosta[**]

 

Resumen: los problemas de agua y territorio se presentan en el ámbito rural y urbano en Jalisco, en prácticamente toda la superficie del estado, en un contexto de crisis ambiental regional. En el marco del proceso electoral 2018, se observaron y analizaron las propuestas de candidatos a la gubernatura de Jalisco y las demandas de la sociedad civil en torno a problemas de agua, en medios y redes. Los resultados muestran sentidos y orientaciones divergentes por parte de estos actores sociales, y una incidencia de las acciones de las organizaciones de la sociedad civil en las narrativas de los candidatos.[1]
Palabras clave: elecciones 2018, conflictos socioambientales, agua, Jalisco.

Abstract: Problems involving water and territory arise in both rural and urban settings in Jalisco, in practically all parts of the state, in a context of regional environmental crises. Within the framework of the 2018 election, water-related proposals made by the candidates for governor of Jalisco in the media and on social networks were observed and analyzed, along with water-related demands made by civil society. The results show that these social actors subscribe to very different meanings and orientations, and that the actions of citizens’ organizations have an impact on the candidates’ narratives.
Key words: 2018 elections, socio-environmental conflicts, water, Jalisco.

 

  1. Problemas y conflictos de agua en Jalisco

Los problemas relacionados con agua y territorio son una vertiente de los problemas socioambientales contemporáneos, que, en el actual contexto de crisis global múltiple, derivan y se manifiestan en conflictos socioambientales. En alguna medida, todas las prácticas que originan los problemas socioambientales de agua y territorio están vinculadas a modelos de relación inequitativos, fundamentados en garantizar el desarrollo económico antes que el equilibrio ecológico y el bienestar social. La privatización de los sistemas de abastecimiento, saneamiento y distribución, y el riesgo latente de la privatización del agua misma, en la propuesta de modificación de la Ley de Aguas y en los recién publicados Decretos de reserva de agua,[2] configuran el posible marco jurídico y escenario en el que se gestan y desarrollan los conflictos por agua y territorio en México en general, y en Jalisco en particular.

El amplio espectro de problemas acerca del agua en el país abarca, entre otros, acceso y calidad inequitativos, disponibilidad, contaminación, severas afectaciones de salud, impactos en la calidad del suelo y los alimentos, desplazamientos forzados.

Las múltiples y complejas articulaciones de causas incorporan, desde los megaproyectos extractivos y de producción de energía, procesos industriales y agroindustria, manejo inadecuado de desechos, los marcos legales insuficientes o inadecuados, hasta la gestión ineficiente y la expansión urbana desordenada y descontrolada. La difusión y visibilidad de estos conflictos se realiza en medios de comunicación, redes sociales y espacios públicos; emana de múltiples actores sociales y voces, con implicaciones y afectaciones diferenciadas en los problemas, y a su vez, con accesos desiguales a los medios y espacios de comunicación.

En el estado de Jalisco, los problemas de agua y territorio se presentan en el ámbito rural y urbano en prácticamente toda la superficie del estado, en un contexto de crisis ambiental regional.[3] En las ciudades, los problemas más evidentes son la mala calidad del agua por contaminación y la escasez por el acceso y la distribución diferenciados. Estos problemas están relacionados con prácticas productivas e industriales, construcción en zonas de recarga de aguas subterráneas, cambios y falta de regulación en el uso del suelo, deforestación, expansión urbana descontrolada, mal manejo de cuencas y mala gestión.[4] En el entorno rural, además de estos problemas, se presenta una creciente degradación en los suelos que da lugar a procesos de desertificación, alta contaminación en los cuerpos de agua y el suelo por procesos industriales, de agroindustria, productivos y de minería, que están vinculados a procesos de despojo y desplazamiento. En las zonas costeras se agregan los problemas relacionados con los megadesarrollos turísticos que devastan zonas de manglares, espacios de hábitat de flora y fauna, y contaminan ríos, esteros y océanos, además del mal manejo que hacen de las cuencas marítimas.

Los megaproyectos hidroeléctricos, las presas y otras intervenciones en los ríos y cuerpos de agua provocan daños ambientales y desequilibrio ecosistémico. Los problemas de salud, derivados de la falta de acceso a agua de buena calidad y a la contaminación de suelos y de vegetales y animales comestibles, van en aumento en el estado, en particular los casos de insuficiencia renal en la ribera de Chapala y región sur. En la ribera del Río Santiago, los casos de cáncer, leucemia y enfermedades renales por descargas industriales, de aguas negras y lixiviados, se documentan desde hace más de diez años y aumentan constantemente.[5]

Los actores políticos involucrados en la toma de decisiones, en la elaboración de políticas públicas y actualización de las normas y leyes que rigen la dinámica social, son interpelados constantemente por las organizaciones de la sociedad civil (OSC). La atención que se otorga a peticiones y demandas, así como los conflictos derivados de la relación entre las afectaciones y su impacto en la agenda pública, tienen diversos grados de visibilidad en el espacio público y en medios de comunicación.

El contexto del proceso electoral 2018, en particular las campañas para elegir al gobernador del estado de Jalisco, ha sido un fértil escenario de observación de la interacción discursiva entre actores políticos y las OSC acerca de los problemas y conflictos relacionados con el agua en esta región. Se partió de la premisa de que estarían presentes en la contienda electoral, en acciones y discursos de actores sociales con intereses muchas veces inconciliables. Las propuestas y declaraciones de los principales actores políticos de la contienda, por una parte, y las demandas y peticiones de las OSC, por otra, abordaron, efectivamente, estos problemas y conflictos, con sentidos y orientaciones diferentes a lo largo del proceso electoral, afectándose mutuamente y dando lugar a la incorporación paulatina de algunos temas y asuntos en la agenda de los candidatos y a ciertos desplazamientos en sus orientaciones.

 

  1. Observación del proceso electoral 2018

La observación del proceso electoral en el estado de Jalisco se realizó en el marco del Observatorio de Comunicación y Cultura ETIUS, del Departamento de Estudios Socioculturales (DESO) del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO),[6] en el proyecto ETIUS Electoral 2018. En la línea de observación de agua y territorio, se observaron y analizaron las declaraciones y propuestas de los candidatos a la gubernatura y las demandas y peticiones de las OSC sobre los conflictos en el estado de Jalisco en diversos medios y espacios de comunicación durante los periodos de pre campañas y campañas.

El objetivo de la observación fue dar cuenta de las tensiones y disputas por la visibilidad y sentido de los conflictos, así como por las formas de inclusión de estos en las agendas de los candidatos. Esto, a
través de las interacciones discursivas que se establecieron entre las OSC y los contendientes en espacios mediáticos.

El análisis dirigió la mirada a enmarcar y explicar, desde lo social, discursos delimitados por su relación con el proceso electoral de Jalisco, a través de observaciones, enunciaciones y articulaciones emergentes desde las posturas de cada actor.[7] El estudio se inscribe en la producción de conocimiento sobre problemas socioambientales desde la comunicación, que se nutre del enfoque construccionista, referido a estudios que “examinan la forma en la que medios y formas de comunicación proveen un cuerpo de evidencia sobre la centralidad de la comunicación para entender los orígenes sociales y políticos de los problemas ambientales”.[8]

Las campañas para elegir gobernador de Jalisco trascurrieron del 30 de marzo al 27 de junio de 2018, con un periodo de pre campañas que inició el 14 de diciembre de 2017. En estos meses, las OSC del estado se mantuvieron activas en la realización de foros, encuentros, asambleas, entre otros, que derivaron en diferentes agendas conjuntas con respecto al tema del agua.

Se analizaron piezas de comunicación presentadas en las redes sociales Facebook y Twitter, monitoreo de prensa y páginas oficiales de candidatos, partidos políticos y OSC, así como las intervenciones de los candidatos en los tres debates organizados por la autoridad electoral. En la tabla 11.1 se presenta el corpus completo.

 

  1. Resultados

La observación estuvo guiada por tres ejes para la exploración descriptiva de temas que relacionaran agua y elecciones: actores, problemas y relaciones (véase tabla 8.2). A partir de ahí, se trazaron las principales

líneas temáticas en perspectiva con la dimensión espacial y temporal del contexto; en la etapa final, se hizo una inducción analítica con los datos obtenidos para mostrar las principales narrativas en torno al agua presentes durante el proceso. Las categorías temáticas que organizaron los resultados fueron: abastecimiento, calidad, distribución, privatización, contaminación, salud, infraestructura, calidad, uso de suelo, industria, minería, agropecuario, energía y urbanización.

En la fase de pre campañas se registraron un total de 148 notas de prensa, 280 publicaciones en Facebook y Twitter, incluyendo retuits y compartir, sumando un total de 348 piezas de comunicación codificadas. De estas, solo 20 fueron publicaciones de Organizaciones de la Sociedad Civil y el resto de partidos políticos y candidatos. Al llegar al término de las campañas y la parte final de la observación, correspondiente al periodo de campañas, se tienen un total de 715 entradas codificadas. En el conteo de piezas relacionadas con cada categoría, hubo 152 relacionadas a la categoría de abastecimiento, con lo que este fue el tema más recurrente relacionado al agua abordado por los candidatos a la gubernatura; 113 piezas tuvieron su énfasis en la contaminación de cuerpos de agua, 69 se centraron en explicar un problema de agua desde la infraestructura, mientras que solo 26 se enfocaron en la salud como tema central.

Las cuentas en redes de las OSC y sus apariciones en medios se mostraron más activas hacia el final de las campañas. Diferentes OSC realizaron encuentros y foros relacionados con el agua y el proceso electoral, y cuestionaron de forma directa a los candidatos a través de publicaciones en redes sociales sobre la presencia del tema en su agenda.

Dentro de los eventos de las OSC en el contexto del periodo formal de campañas, destaca el encuentro de un grupo de organizaciones, afectados y defensores del agua articulados por el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (Imdec), que organizaron el Segundo Encuentro por el Agua, la Salud y el Territorio, evento que se llevó a cabo el 5 de mayo en San Pedro Itzicán. El evento convocado por el Imdec

fue el antecedente para la conformación de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio (UPOJAST), la cual fue fundada por representantes de comunidades, organizaciones y universidades en el marco del Día Mundial del Agua y el Primer Encuentro de Pueblos de Jalisco por el Agua, el Territorio y la Vida. Los integrantes decidieron articularse y conformar la unión como medida urgente “después de analizar la grave situación del agua en Jalisco”.[9]

Posteriormente, la UPOJAST organizó el foro y la rueda de prensa, #AguasConLxsCandidatxs que se llevó a cabo el 5 de junio, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, y en el que se analizó la agenda del agua en las campañas de los candidatos a la gubernatura del estado. La unión de organizaciones analizó los sitios web de los candidatos, los dos debates que se habían llevado a cabo hasta la fecha y las declaraciones de los candidatos en notas de la prensa.

La organización civil Tómala presentó el 11 de junio el informe “Nuestras Miradas, Agendas desde la Sociedad Civil 2018”, en el que las organizaciones que conforman este colectivo delinearon 13 temas fundamentales para Jalisco desde la perspectiva de la sociedad civil. Las agendas fueron entregadas a “los distintos candidatos y candidatas a puestos de elección popular a nivel municipal y estatal y para el Congreso Local”.[10] Otros hechos que se resaltaron en el monitoreo del periodo de observación incluyen el conflicto que se presentó entre el gobierno de Guadalajara y los vecinos de Arboledas Sur[11] y la presentación de propuestas por parte del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua.

En el periodo de campañas se realizaron los tres debates con los candidatos a la gubernatura organizados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), con formatos y temas determinados por la misma institución. Resalta, en nuestro tema de interés, el primer debate —realizado el domingo 13 de junio de 2018 en las instalaciones del canal 44— pues se abordaron las temáticas de movilidad, desarrollo económico, empleo y salario, destacando el eje temático de medio ambiente, con frecuente mención de tópicos asociados al agua. En el segundo y tercer debate, se hicieron menciones sobre problemas de agua, pero de forma subordinada a los temas preestablecidos por el IEPC Jalisco.

 

  1. Las trasformaciones en el tiempo de campañas 

El análisis de narrativas se apoyó de referentes en los que el seguimiento a las menciones públicas sobre un asunto o política se hace tanto de forma sincrónica como diacrónica.[12] La visualización, en forma de líneas temporales paralelas, representa en un proceso simultáneo e interdependiente la secuencia de menciones a problemas de agua por parte de actores políticos y OSC; esto serviría para observar la forma en que se van incorporando y afectando, mutuamente, narrativas y discursos ante nuevas condiciones y contextos.[13] En la visualización pueden distinguirse los eventos en los que se plantearon agendas conjuntas desde la sociedad civil, posteriormente retomadas por los candidatos, o bien las confrontaciones directas como la iniciativa #aguasconloscandidatxs en redes sociales. Se pueden establecer momentos clave o hitos en los que se incorporaron ciertos temas a la agenda de los candidatos u organizaciones.

El propósito es que sea una herramienta libre para el seguimiento de los temas de agua antes y después de la elección, al ser un contenedor de evidencias útil para analistas, medios, organizaciones, candidatos o ciudadanos que quieran hacer uso de esta información, ya sea a través de la aplicación de filtros en la visualización o directamente en los enlaces a las notas periodísticas y otras piezas de comunicación accesibles desde la versión interactiva.

 

  1. La localización de los problemas como categoría de observación

La tipología de problemas, así como el rastreo de los lugares referidos por los actores, se representa en un mapa interactivo (figura 8.1) que muestra la importancia del aspecto territorial en la construcción de los problemas y las narrativas desde las diferentes perspectivas. Cada uno de los puntos está marcado con una iconografía que corresponde a la categoría temática que se aborda con relación al agua.[14]

Entre los resultados que se pueden inferir, a partir de esta forma interactiva de visualización, se aprecia la concentración de las referencias a aspectos problemáticos en las zonas urbanas, principalmente en la zona metropolitana de Guadalajara, la región de los Altos y la ribera Lerma–Chapala; asimismo, es notable el desequilibrio en referencia a las regiones sur, norte y costa de Jalisco.

 

  1. El trazo de las posturas: narrativas

Como producto de un análisis de segundo grado, se propusieron categorías para agrupar las principales narrativas sobre agua y territorio en las campañas. Estas no son una réplica de lo que acontece sino la construcción de una trama que retoma lo previo y lo configura. Podrían resumirse como la interpretación analítica de la forma en la que los sujetos estudiados retoman hechos o ideas en una secuencia lógica.[15]

La organización de los datos, en respuesta a categorías narrativas sobre agua en el contexto de las campañas, aporta otra perspectiva sobre las posiciones de los actores durante el proceso electoral. Se asume que las narrativas existen, de forma independiente a los actores y las instituciones, pero que son retomadas en contextos particulares que les otorgan un sentido determinado. En la tabla 8.3 se hace una breve descripción de cada una de las narrativas con su respectivo nombre y clave para su visualización.

Lo anterior se tradujo en una representación gráfica de la interacción en red de todos los actores observados en redes sociales, prensa y el primer debate —candidatos, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil— con el cruce de las narrativas (véase figura 8.2). Se registró un total de 407 relaciones entre los actores y las narrativas. Los nodos o puntos representan un actor o narrativa, y su respectiva arista (línea) indica el color del actor que utilizó la narrativa. El tamaño de cada nodo corresponde a la cantidad de relaciones, por lo que su mayor número significa un incremento en el tamaño del nodo.

La categorización por narrativas otorgó nuevas lecturas a partir del reensamble de los datos a la luz de la identificación de patrones distintivos en los que aparecieron las intervenciones y declaraciones públicas de los sujetos estudiados en relación con el contexto electoral. Destaca, por ejemplo, la uniformidad de las narrativas de los candidatos entre sí y la diferencia de los mismos con las organizaciones de la sociedad civil. Aun cuando ambos tipos de actores se refirieron a los mismos problemas, en el mismo territorio y con conceptos similares, se notaron lógicas argumentativas y sentidos muy distintos entre ellos, lo que los colocó en diferentes narrativas. Destaca la categoría referente a las obras de infraestructura como solución a los problemas de agua, retomada por cada uno de los candidatos. En contraste, destacan también los registros de las narrativas sobre el agua como bien común y sobre la extensión de las decisiones sobre el agua fuera del gobierno como dominio casi único de las OSC.

Las narrativas permiten analizar la reinterpretación de las categorías temáticas y la enunciación de ciertos conceptos o términos incorporados a las propuestas de candidatos, pues el que los mencionaran no significa que hayan desarrollado sus propuestas o posturas en consecuencia con esos discursos, como los aspectos relacionados a la “sustentabilidad” o el “derecho humano al agua”. En el apartado de resultados del tercer informe de la línea de investigación en el sitio de ETIUS Electoral se analiza cada candidato y OSC en relación con las narrativas identificadas.[16]

Conclusiones

Las narrativas sobre los problemas de agua y territorio en el periodo electoral 2018 se nutrieron de tres formas de lectura y análisis a lo largo de este trabajo de observación. El aspecto temporal permitió ver la forma en que fueron incrementando, gradualmente, las apariciones del tema del agua en las agendas de los candidatos en sincronía con el aumento en las demandas directas realizadas por la sociedad civil, que en este periodo se mostró activa y generando alianzas para promover agendas comunes. En el aspecto espacial, queda en evidencia la concentración de la discusión sobre los temas de agua en las zonas urbanas, en especial en la capital del estado, así como en zonas estratégicas por su relevancia económica y electoral. Finalmente, al conjuntar los datos en un análisis narrativo, destaca la uniformidad en los discursos de los actores políticos y su interés fundamental en promover obras de infraestructura, con su contrapeso en las organizaciones de la sociedad civil, más centradas en exponer una contra narrativa en la que el bien común y el derecho humano tienen prioridad.

El análisis muestra la falta de una visión sistémica en todos los candidatos, lo que no permite articular los problemas de agua con otras problemáticas de la región: salud, pobreza, inequidad en el acceso, marcos legales, regulación territorial, aspectos de orden cultural, así como la falta de propuestas de inclusión de los ciudadanos en la toma de decisiones en torno a problemas que atañen a su propia vida. La mención de problemas de agua responde a la presión de las OSC a lo largo de las campañas; sin embargo, esto no llevó a una toma de postura o a propuesta de soluciones específicas —más allá de obras de infraestructura— ni a abundar en los significados de términos como “gestión integral del agua” o “la sustentabilidad del agua”, entre otros, que se vuelven autoevidentes en las narrativas de los actores políticos.

Los recursos de visualización de los datos obtenidos en la observación sistematizada de medios, enfocada en las narrativas y los discursos sobre un tema, son una aportación metodológica para la observación de otros escenarios y contextos.

La combinación de estrategias de procesamiento de datos, así como las visualizaciones de tiempo, espacio y redes, permite la producción de conocimiento sobre los problemas de agua, más allá de la expresión escrita o el lenguaje de la comunicación académica, abriendo la posibilidad de que se dé uso a la información desde diferentes marcos de interpretación, o bien que cumplan una función política presentando visualizaciones alternativas de los problemas.

 

[*] Profesora investigadora del Departamento de Estudios Socioculturales (DESO) del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), doctora en Estudios Científico–Sociales, maestra en Comunicación de la Ciencia y la Cultura. Líneas de investigación: Comunicación Pública de la Ciencia y Comunicación de problemas socio ambientales. Desarrolla proyectos de Comunicación pública de la ciencia con participación ciudadana. Coordinadora de la línea de investigación en Agua y Territorio del Observatorio de Comunicación y Cultura ETIUS. Fundadora y coordinadora de la colección “De la academia al espacio público. Comunicar ciencia en México” (ITESO). Correo electrónico: shl@iteso.mx

[**] Licenciado en Ciencias de la Comunicación y egresado de la Maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura del ITESO. Coordinador de la línea de investigación en Agua y Territorio en ETIUS. Correo electrónico: hernanmunoz@live.com.mx

[1].     La producción de datos en el proceso de observación se realizó con la colaboración de los estudiantes del PAP ETIUS electoral del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO): Cristhy Alpuche, Alejandra De la Torre, Alfredo Morfín, Valeria Lozano y Paloma López.

[2].    Secretaria de Gobernación. “Decreto por el que se suprime la veda en las cuencas hidrológicas que se indican, se establece zona de veda en las cuencas hidrológicas […]”, en Diario oficial de la Federación del 6 de junio de 2018, edición vespertina. Recuperado el 28 de agosto de 2018, de http://www.dof.gob.mx/index.php?year=2018&month=06&day=06

[3].    Morales–Hernández, Jaime (coord.). Complexus 8: Los espacios rurales y la ciudad: agriculturas periurbanas y sustentabilidad en el Área Metropolitana de Guadalajara, México, ITESO, Tlaquepaque, México, abril de 2018.

[4].    Tetreault, Darcy; Ochoa–García, Heliodoro; Castillo–Castro, Xóchitl C.; Figueroa–Bautista, Pedro; Guerritsen, Peter et al. Conflictos socioambientales y alternativas de la sociedad civil, ITESO, Tlaquepaque, México, 2012.

[5].    McCulligh, Cindy; Santana, Lizette & Lezama, Cecilia (eds.). Las políticas del deterioro. La dinámica urbano industrial en torno al Río Santiago, Jalisco México. Cuaderno de Trabajo de la Red Waterlat–Gobacit, AT3, vol.3, núm. 6, diciembre de 2016.

[6].    El sitio de ETIUS puede consultarse en: etius.iteso.mx

[7].    Andersen, Niels. Discursive analytical strategies. The discourse analysis of Michel Foucault, The Policy Press, Bristol, Reino Unido, 2003.

[8].    Hansen, Anders. “Emergence and growth of the ‘field’ of environmental communication, en Anders Hansen & Robert Cox (eds.), The Routledge Handbook of Environment and Communication, Routledge, Nueva York, 2015, p.33.

[9].    Texto recuperado del “Documento fundacional” de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio (UPOJAST). Recuperado el 25 de junio de 2018, de http://www.imdec.net/documento-fundacional-de-la-upojast/

[10].    #Nuestrasmiradas2018. Agenda desde la sociedad civil fue presentado en las agendas desde la sociedad civil y editado por el Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia, FM4 Paso Libre, la Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio (UPOJAST), la Red Universitaria para la Movilidad, Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra) y la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Guadalajara. Recuperado el 25 de junio de 2018, de http://www.tomala.mx/2018/AgendasDesdeLaSociedadCivil2018.pdf

[11].    El conflicto se originó porque el ayuntamiento otorgó permisos para urbanizar una parte del bosque urbano que se encuentra al pie del cerro de Santa María. Los vecinos declararon para el sitio de noticias Quadratín que la zona se inunda por la obra.

[12].    Metze, Tamara & Dodge, Jennifer. “Dynamic discourse coalitions on hydro–Fracking in Europe and the United States”, en Environmental Communication, vol.10, núm.3, 2016, pp. 365–79.

[13].    Línea de tiempo y mapa interactivos pueden consultarse en: https://sites.google.com/view/etiusaguayterritorio/p%C3%A1gina-principal

[14].    En la versión interactiva de la visualización, se cuenta con la posibilidad de aplicar filtros por cada uno de los tipos de problemas. Además, permite acceder a los enlaces en la web de todas las notas o publicaciones originales para la consulta o corroboración de los datos. Línea de tiempo y mapa pueden consultarse en: https://sites.google.com/view/etiusaguayterritorio/p%C3%A1gina-principal

[15].    Ricoeur, Paul. Tiempo y narración I. Configuración del tiempo del relato histórico, Siglo XXI, México, 2004.

[16].    Herrera–Lima, Susana & Muñoz Acosta, Hernán (coords.). Discursos sobre problemas de agua y territorio en Jalisco, en el contexto electoral 2018. El caso de la elección de gobernador de Jalisco. Informes de investigación, ITESO, Tlaquepaque, Jalisco , 2018. Recuperado el 28 de agosto de 2018, de https://etius.iteso.mx/files/2018/06/3erInforme-Agua-y-Territorio-ETIUS.pdf

Inteligencia digital electoral, 2018. Tercer #DebateINE a la presidencia

Víctor Hugo Ábrego[*]

 

Yann Bona[**]

 

Rossana Reguillo[***]

 

Resumen: a partir del otoño de 2016, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) cuenta con un Laboratorio Interdisciplinario de Estudios Sociales Aplicados, el cual, entre otras actividades, realiza minería de datos y análisis de redes sociales. Desde finales de 2017, Signa_Lab echó a andar el proyecto sobre inteligencia electoral para las elecciones federales de 2018. El trabajo ha sido dar seguimiento y ofrecer información electoral de los pre–candidatos y luego de los candidatos a la presidencia de la república, en las plataformas de Twitter y Facebook. El artículo que aquí se presenta se enfoca en la participación del Laboratorio en el Tercer Debate Presidencial, celebrado en Mérida el 12 de junio de 2018. El Instituto Nacional Electoral (INE) invitó al ITESO y a su Laboratorio a colaborar en la minería y análisis de las preguntas que la ciudadanía formuló a los candidatos a través de Twitter y de Facebook.
Palabras clave: análisis y visualización de datos, debate electoral, redes digitales, política, afectos.

Abstract: Since autumn of 2016, the Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) has had an Interdisciplinary Applied Social Science Lab, which, among other activities, does data mining and social network analysis. At the end of 2017, Signa Lab launched an electoral intelligence project for the 2018 federal elections. The work consisted of following the pre-candidates and then the candidates for President of the Republic, and publishing electoral information on Twitter and Facebook. This particular article focuses on Signa Lab’s participation in the Third Presidential Debate, held in Mérida on June 12, 2018. The National Electoral Institute (INE, in its initials in Spanish) invited ITESO and its Lab to collaborate in the mining and analysis of the questions that citizens sent in to the candidates over Twitter and Facebook.
Key words: Data analysis and visualization, election debate, digital networks, politics, feelings.

 

En un contexto sociopolítico fuertemente polarizado y una sociedad crecientemente participativa, las redes sociales jugaron un papel fundamental en las conversaciones, los debates y las disputas que marcaron la elección. A lo largo del proceso, a través de las redes, se hicieron visibles los problemas que preocupan y afectan a la ciudadanía, y también se hicieron evidentes las diferencias ideológicas que
no siempre se debatieron de manera respetuosa y que, en muchas ocasiones, reventaron la posibilidad de diálogo en unas elecciones en las que: se eligió presidente, 500 diputados federales, 128 senadores, ocho gobernadores y un nuevo jefe de gobierno en la Ciudad de México.

Las redes se constituyeron en espacios y dispositivos para impulsar agendas, campañas sucias, noticias falsas, ataques, uso de bots para impulsar, silenciar o contaminar hashtags,[1] que en el terreno de la política pre–digital sería el equivalente a reventar el mitin de un candidato con el uso de porros y golpeadores, o bien, llenar un mitin de determinado candidato solamente con acarreados.

En ese sentido, tal como lo hemos venido señalando en otros análisis, “Internet no es una sustitución del espacio público ni de las prácticas políticas, sino un escenario de rearticulación de los repertorios comunicativos y políticos”,[2] que, sin embargo, representan un cambio fundamental e inédito: romper las formas de comunicación de uno a muchos, a la forma híbrida y compleja de muchos a muchos, que ha desestabilizado el monopolio de la voz legítima de los actores tradicionales (políticos y medios) para posibilitar una comunicación distribuida (aunque, en este caso, altamente polarizada).

Es esta cualidad de las redes sociodigitales, la que llevó al Instituto Nacional Electoral (INE) a invitar, a través de una convocatoria en redes, a las y los usuarios, ciudadanos digitales, a participar con preguntas que serían formuladas a los cuatro candidatos a través de Twitter y de Facebook, en el tercer y último debate presidencial celebrado en la ciudad de Mérida, el día 12 de julio. A través del hashtag #DebateINE y de la propuesta de siete ejes temáticos, el instituto invitó a las y los usuarios a participar en la formulación de cuestionamientos a los candidatos. Las fechas que se propusieron para el ejercicio fueron del 31 de mayo al 5 de junio de 2018.

Por la experiencia acumulada en Signa_Lab, el INE decidió invitar al ITESO a colaborar en el registro, categorización y análisis de las preguntas ciudadanas. Signa_Lab llevó a cabo en un proyecto en siete fases y capas analíticas que fue entregado al instituto el 8 de junio de 2018.

Este artículo recoge el trabajo desarrollado por Signa_Lab a propósito de las elecciones mexicanas de 2018, un intenso ejercicio de análisis crítico a través de las herramientas de minería de datos, visualización y de interpretación.

En este proyecto, participaron nueve de los 19 integrantes del laboratorio y que mencionamos en orden alfabético: Víctor Hugo Ábrego (profesor), Diego Arredondo (asesor y programador), Yann Bona (profesor), Eduardo G. de Quevedo (responsable técnico de operación), Alejandro González (asesor, desarrollo de scripts para minería), Paloma López Portillo (estudiante), Zoé Peregrina (estudiante) y Rossana Reguillo (profesora), Alicia Reynoso (estudiante), Mónica Vargas (estudiante). Este equipo fue el responsable de la minería, el análisis, la categorización y visualización de los datasets vinculados a #DebateINE.

Antes de adentrarnos en este análisis, ilustramos, a través de una sencilla infografía (véase figura 7.1), cuál fue la metodología seguida para esta tarea que consideramos vital para una diversidad de procesos sociales: la escucha de las redes sociales.

Como se puede apreciar, el procedimiento metodológico es clave para garantizar el rigor del ejercicio que se organiza en: escucha, descarga, análisis, visualización e interpretación.

A continuación, presentamos el ejercicio analítico digital que realizamos para el INE, utilizando el capital de conocimientos técnicos, metodológicos y conceptuales que el Laboratorio ya venía acumulando.

 

  1. Treemap. La atención a cada tema del #DebateINE 

Entre el 31 de mayo y el 5 de junio, se produjeron un total de 11,538 tweets que respondieron a la convocatoria del INE para interrogar, sobre siete temas específicos, a los candidatos a la presidencia durante el tercer debate, realizado en la ciudad de Mérida. El siguiente mapa (véase figura 7.2) muestra el porcentaje de tweets recibidos por tema (hashtag).

Puede apreciarse que los dos temas con mayor porcentaje (que despertaron mayor interés) fueron educación, con 25.40% de las preguntas, y salud, que concentró 20.55% de la participación. Esto es comprensible en la medida en que en los últimos años, las llamadas reformas estructurales han reconfigurado las condiciones de acceso y sustento de estos dos temas, pilares para construir una sociedad democráticamente saludable. Le sigue el tema de pobreza con un 16.22% de las preguntas recibidas.

Si como hemos planteado, la Internet no es “otro” espacio público sino un escenario de rearticulación e invención, el dato de que la educación, la salud y la pobreza se constituyan en problemas referidos por los usuarios de redes, estaría indicando que, para la sociedad, hay dos problemas de fondo: la dificultad de “acceso” y las condiciones que imposibilitan este. Un análisis detallado de los hallazgos, a través de herramientas propias de la minería y de big data, estaría indicando que hay una necesidad fundamental de resolver la contradicción “acceso–condiciones”, frente a la poca relevancia o importancia que las y los usuarios —de Twitter—, dieron a temas tan relevantes como la tecnología y el cambio climático.

Se trata de las preguntas formuladas por usuarias y usuarios de redes a los candidatos en lo que sería el tercer y último debate antes de las elecciones, y no de un diagnóstico sociopolítico de las expectativas de todo un país. Pero llama la atención que temas claves como la tecnología y el cambio climático ocupen o hayan despertado tan poco interés como preocupaciones ciudadanas expresadas en las once mil quinientas preguntas que Signa_Lab descargó y analizó.

El balance y el análisis ulterior de la participación en este ejercicio marcaron que prevaleció el ánimo de diálogo y de interés.

 

  1. La conversación #DebateINE en Twitter

2.1. Metodología

El 6 de junio de 2018, Signa_Lab llevó a cabo la minería de datos. En Twitter, se descargaron todos los tweets que respondieron a la convocatoria del INE para participar en el tercer debate presidencial. Los términos de búsqueda y los registros totales fueron los siguientes (véase tabla 7.1):

2.2. Redes

Para facilitar el acceso a los datos, se han desarrollado programas que rastrean los movimientos en redes sociales y han generado algoritmos que permiten acceder a estos sitios para descargar información relevante que posibilite un análisis posterior. Estos desarrollos se denominan scrapers y suelen estar asociados a un tipo específico de plataforma. Por ejemplo, un scraper para la base de datos de Wikipedia, Facebook o Twitter.

En este sentido, desde el laboratorio se desarrolló un scraper propio con el fin de hacer posible la descarga de toda la información contenida en un mensaje de Twitter.

Lo llamamos Thoth, como acrónimo de “Tweet, Hashtag Observer & Troll Hunting”. El programa se basa en un conjunto de scripts hecho con un lenguaje de programación llamado Python. Dentro de sus funciones, el script nos permite descargar información y generar tres tipos de bases de datos que nos resultan útiles para producir grafos de tipo red a partir de ellas.

  • Relaciones de usuario a usuario: usuarios que comentan, retuitean o le dan like a un tweet de otro usuario son señalados como vinculados. Se obtiene así, una red de la cantidad de vínculos entre usuarios. Se puede diferenciar entre quienes reciben más vínculos y quienes los reciben.
  • Relaciones de hashtag a hashtag: cada tweet que menciona a un determinado hashtag, puede contener o hacer referencia a otro hashtag. La base de datos resultante contiene la información de las co–ocurrencias de hashtags, permitiéndonos ver cuáles son los más populares dentro de un debate o controversia.
  • Relaciones de usuarios a hashtags: cada usuario que incluye un hashtag en su tweet se agrupa con otros usuarios que usan el mismo hashtag. Eso nos permite ver qué hashtags aglutinan más usuarios y qué tipo de usuarios son.
2.3. Herramienta de análisis y visualización: Gephi

Para lograr representar gráficamente las relaciones contenidas en las bases de datos, se recurre a una herramienta de software libre llamada Gephi,[3] desarrollada específicamente para trabajar en ciencia de redes. Esta permite no solo asignar elementos gráficos a las aristas y nodos sino también aplicar estadísticas y algoritmos a los datos. De modo que se puede calcular el grado de cada nodo, la modularidad, la distancia media de camino, los componentes conexos y otras medidas afines a los análisis de redes sociales y a la ciencia de redes.

A partir del uso del programa, se generan grafos en forma de red que contienen los siguientes datos y tipos de grafo:

  • Nodos: son los puntos dentro de un grafo, representan las unidades que están en relación dentro de la red (usuarios, hashtags, tweets). Su tamaño está en función del número de conexiones con otros nodos.
  • Aristas: son las líneas dentro de un grafo, representan las relaciones entre los nodos. Su tamaño está en función del número de veces que un nodo interactúa con otro.
  • Comunidades: se generan cuando dos o más nodos interactúan entre sí. Están representadas por los colores de aristas y de nodos dentro de la red.
2.4. Tipos de grafo
  • Hashtag–Hashtag (Ht2Ht): muestra el sentido semántico general de la discusión. Permite identificar niveles de fortaleza en las relaciones entre hashtags a partir del grosor de las aristas con que estos se vinculan.
  • Usuario–Hashtag (U2Ht): muestra la tracción que tiene entre usuarios un conjunto de etiquetas o hashtags. Permite identificar la centralidad de los hashtags, es decir, la importancia de lo que condensan estos como palabras, frases o lemas, a partir del tamaño de las nubes de usuarios alrededor de cada etiqueta.
  • Usuario–Usuario (U2U): muestra módulos o comunidades de usuarios (por colores) interactuando dentro de una red. Permite identificar tensiones entre actores, grupos de disputa por el sentido de un tema o coyuntura, y volumen de usuarios alrededor de una discusión.
2.5. Visualización de redes 

En el análisis de Twitter que realizamos, un nodo puede ser un usuario o un hashtag, y las aristas son las relaciones que puede haber entre usuarios, hashtags o entre usuarios y hashtags. Mientras más interacciones o conexiones tenga un nodo con otros, su tamaño en la red se incrementa y hace más visible. En ciencia de redes, las relaciones entre nodos y aristas son claves para generar información y datos sobre la articulación, densidad, organicidad y la conectividad de una determinada red. Una medida básica para obtener el panorama general de los tipos de interacción y la preponderancia de algunos nodos sobre el resto, es el “grado”, el cual es la suma de distintos tipos de relaciones (entrada, salida, con pesos, etcétera) que acumula un nodo en una red. Para este análisis, tomaremos el grado y el grado con pesos de los nodos más importantes de tres ejemplos de redes de interacciones en Twitter durante los días que duró la convocatoria del INE.

  • Grado: es la suma de los nodos con los que interactuó un nodo en una red. Es decir, si hablamos de un grafo de relaciones entre usuarios, es el número de cuentas de Twitter con el que una cuenta, en específico, interactuó durante un periodo de tiempo determinado; si hablamos de un grafo de relaciones entre usuarios y hashtags, el grado es la suma del número de usuarios y el número de hashtags con el que ese nodo interactuó.
  • Grado con pesos: es la suma total de las veces que un nodo interactuó con otros, es decir, una cuenta de Twitter que interactuó más de una vez con un número X de cuentas, tendrá más peso en la red que una que solo interactuó una vez con cada cuenta con la que está enlazada. Por ejemplo, un usuario puede tener un grado igual a 50, lo que indica que interactuó con 50 cuentas, y un grado con pesos igual a 200, lo cual indica que con esas 50 cuentas interactuó un total de 200 veces.
2.5.1. Grafo 1. DebateINETemas_Usuario_a_Usuario

El primer grafo muestra las relaciones entre usuarios alrededor de los siete hashtags lanzados por el INE, es decir, integra todas las cuentas de Twitter que utilizaron una o más de las etiquetas para el debate. Los perfiles de los tres candidatos punteros (Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y José Antonio Meade) son los que mayor grado y grado con pesos obtuvieron respectivamente.

Una peculiaridad en esta visualización es que, en cuarto lugar, con mayor número de interacciones, por encima de uno de los candidatos, estuvo la cuenta del politólogo Jorge Javier Romero (@GiorgioRomero), quien colocó la pregunta con mayor número de favoritos y de retweets de toda la conversación (véase figura 7.4). Esto lo situó en un lugar preponderante en la red. Su pregunta fue acerca de la reforma educativa y estuvo dirigida a López Obrador. Destacan también las cuentas del INE, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia México (Unicef) y de algunos institutos electorales locales. La red tiene un total de 61 comunidades, 5,217 nodos y 13,782 aristas (véase figura 7.3).

2.5.2. Grafo 2. DebateINETemas_Usuario_a_Hashtag

Este grafo muestra las relaciones entre las y los usuarios que participaron en la conversación en Twitter y los siete hashtags lanzados por el INE. Se trata de una red bastante densa con fuertes interacciones entre los temas propuestos, la mezcla de las comunidades, es decir, la interacción entre temas y usuarios, está representada por la mixtura en los colores en la parte central de la red, mientras más se mezclan los colores mayor interacción entre comunidades hay. Se detectaron 14 comunidades, 3,538 nodos y 6,219 aristas. Los hashtags con mayor preponderancia por su grado y grado con pesos, además de los convocados por el INE, fueron #méxico, #obesidad, #pactoprimerainfancia, #elecciones2018, #yoparticipo, entre otros (véase figura 7.5).

2.5.3. Grafo 3. DebateINE_Usuario_a_Hashtag

A la par de las descargas de los siete hashtags impulsados por el INE, el laboratorio hizo una descarga más de una etiqueta que atravesaba la discusión, #DebateINE, que permite observar algunos abordajes políticos clave del momento previo y de lo esperado a continuación del último debate. En este grafo, se aprecia un nivel muy alto de tracción del hashtag de la descarga, reflejado en su elevado número de grado y grado con pesos con respecto al resto de los nodos, mientras que #debatedeldebate, #votoútil, #votoreflexivo, #votoútilvsamlo, #loslatosossomosmás y #losbotsnovotan son etiquetas que dan cuenta del momento de tensión y los niveles de polarización con los que se perfiló el tramo final de las campañas. Esta red contiene 97 comunidades, 3,272 nodos y 4,914 aristas (véase figura 7.6).

 

  1. Los tweets

A través de un proceso agregado de minería de información online, el laboratorio produjo otras bases de datos que muestran un tipo de información alrededor de los tweets distinta de las relaciones visibles en los grafos anteriores, y susceptible de mostrar la incidencia de cada tweet en la conversación, a través del número de retweets y favoritos que cada uno obtuvo hasta el momento de la descarga. Estos metadatos (información contextual alrededor del dato central) incluyen, entre otros, fecha de creación del tweet, usuarios etiquetados y enlace online al tweet. Estas bases fueron procesadas con Tableau, que es una plataforma de uso gratuito que permite generar visualizaciones interactivas con información en diversos formatos.

Gracias a este procedimiento fue posible sistematizar y visualizar la conversación en las redes sociales. De hecho, visto con esta herramienta, la discusión se convierte en siete conversaciones focalizadas en cada uno de los temas del debate, en las cuales los tweets (representados con cuadros) tienen un tamaño menor o mayor en función del número de veces que fueron retuiteados y del número de favoritos que obtuvieron. Este tipo de visualizaciones configuran un método sofisticado y eficiente de indagación sobre un tema en específico, ya que permiten, a cualquier usuario en posesión del enlace, navegar de conversación en conversación, detenerse en los tweets con mayor número de reacciones, pero también leer, con mayor profundidad, todo el contenido producido alrededor de cada hashtag.

La posibilidad de inmersión en la discusión que ofrece este material fue clave para que los moderadores tuvieran un panorama amplio y focalizado a la vez, para construir las preguntas de cada tema a los candidatos.

Para cada uno de los siete temas, el laboratorio produjo dos visualizaciones interactivas, una con el total de los tweets que utilizaron cada hashtag, y otra con los 50 tweets con mayor número de retweets. La primera de las siguientes imágenes muestra la conversación en Twitter alrededor de #DebateINEEducación (véase figura 7.7) e indica el tweet con mayor número de retweets; la segunda, una visualización de los 50 tweets más retuiteados alrededor de #DebateINECambioClimático (véase figura 7.8).

 

  1. Reacciones afectivas en Facebook

 Siguiendo esta línea, pero ahora a través de Netvizz, una herramienta de minería de datos para Facebook, el laboratorio obtuvo la suma de las reacciones a las publicaciones de los perfiles de los cuatro candidatos a la presidencia durante los días 31 de mayo al 5 de junio, así como los “me gusta” de cada uno de los comentarios hechos a esas publicaciones. Las bases de datos fueron procesadas y luego visualizadas en Tableau para mostrar las respuestas afectivas hacia los mensajes de cada candidato, así como los principales hilos de conversación construidos por los usuarios de dicha red en cada perfil oficial.

A continuación, la primera imagen (véase figura 7.9) muestra las publicaciones de José Antonio Meade, categorizadas por me gusta, me encanta, me enoja y por las veces que fue compartida cada publicación; el cursor indica el texto del post hecho por la página, la fecha de creación y el enlace a la publicación. La segunda imagen (véase figura 7.10) es un ejemplo de las visualizaciones de los comentarios hechos a las publicaciones de Ricardo Anaya en los días señalados.

Este tipo de ejercicios son un paso hacia la gestión de información que en redes sociales se nos presenta en un orden aleatorio (a través de los algoritmos de Facebook y de Twitter), y cuyo volumen impide una visualización general asequible de una sola vez en cada plataforma. Estas visualizaciones interactivas conforman además un tipo de material didáctico de gran utilidad para ser consultado online por investigadores, periodistas, profesores y público interesado en tener un acercamiento puntual a esta parte del proceso electoral.[4]

 

  1. Visualización cartográfica de tweets #DebateINEEducación

En este mapa, aparecen geolocalizados los tweets emitidos sobre el eje de educación en la consulta que realizó el INE para el tercer debate presidencial Son tweets correspondientes a la semana del 31 de mayo al 5 de junio.

Para lograr geolocalizar los tweets se utilizó una API[5] de Google que asigna latitud y longitud en función del texto que los usuarios definen como su ubicación en sus cuentas. En cuanto a la parte de visualización de los datos en el mapa, así como en el trabajo de correspondencia entre la base de datos y la visualización, se usó un script propio desarrollado en el laboratorio llamado Skyplotter.

Es significativo observar dos rasgos en este mapa (véase figura 7.11); por un lado, se ve cómo la discusión acerca de las preguntas sobre educación se extiende a buena parte de votantes o personas residentes en Estados Unidos. Por otro, se constata cómo uno de los tweets más compartidos corresponde a una cuenta de un profesor universitario, quien, sin ser una figura mediática, asociación civil o colectivo, logró, sin embargo, colocar una pregunta que se retuiteó 1,300 veces y a la que más de dos mil personas le dieron like. Eso sirvió para que fuera una de las preguntas seleccionadas para formular a los candidatos; en el mapa, se puede observar cómo esa pregunta viaja a distancias muy alejadas de donde se originó inicialmente.

 

  1. Postal de frecuencias absolutas de emojis en tweets #DebateINE

A partir de las descargas de más de medio millón de tweets generados durante y después del debate INE, se seleccionaron los emojis que presentaban una frecuencia de uso más elevada. En esta postal (véase figura 7.12), se muestran los más usados, diferenciándolos por tamaño, donde el más grande corresponde a una presencia en 14,782 tweets y el más pequeño a una presencia en 10.

En la imagen, aparecen destacados dos emojis por encima de los otros. Uno consiste en la alarma roja, que fue un elemento que usó el propio INE para destacar y dar más visibilidad a los mensajes que emitía en Twitter. El otro es una cara sonriente y con lágrimas en los ojos que denota un estado afectivo en el que uno se ríe abundantemente de lo que pasa en ese momento.

En este caso, es muy significativo ver cómo la extracción de las frecuencias de los emojis nos da pauta para argumentar que, si bien la convocatoria del INE apuntaba a un público comprometido con el proceso electoral y buscando formular preguntas serias a los candidatos, una de las reacciones principales del público fue no dar crédito o burlarse ampliamente de las respuestas de los candidatos. Conformando así una suerte de contrapúblico que enmarca, de modo cualitativamente distinto, el debate, produciendo también, a partir de las imágenes oficiales, memes o estampas burlescas de los candidatos y sus opiniones.

 

Es importante también constatar que, si bien el debate se enmarca como tal, las reacciones de los públicos son masivamente destinadas a burlarse del mismo. Son pocas las publicaciones que generan un involucramiento a partir de retomar la discusión en los ejes del debate propuesto. Quizá ello se deba también a que Twitter, como plataforma, no se adecua tanto a propiciar la conversación y el diálogo sino que se perfila más a que la gente haga enunciados sustantivos sobre la realidad, expresando opiniones a nivel individual que se agregan o comparten amplificando su radio de acción. Ello hace que, quizá, Twitter no sea la plataforma de elección predilecta para personas que no tienen nada que gritar en un altavoz. Tal como, en el 2016 lo mencionó la propia compañía: “Twitter anunció que estaba esforzándose sobremanera para que Twitter sea más atractivo para que la gente común lo use”.[6]

 

Conclusiones

 Signa_Lab publica este artículo como una parte de un proyecto más complejo y de más larga duración sobre lo que hemos llamado “inteligencia electoral”, la cual entendemos como la articulación de algoritmos y preguntas con datos y procesos interpretativos, que además de las coyunturas, considera la historia sociopolítica del país y su cruce con el presente y el uso de las plataformas digitales. Nos centramos en #DebateINE para esta ocasión, y proponemos algunos elementos breves como reconfiguraciones y tensiones relevantes para cerrar esta primera entrega:

  • La esfera pública se ha trasformado por la irrupción de las redes digitales. No hay sustitución sin ampliación y reconfiguración de repertorios de acción.
  • Usuarias y usuarios de redes deciden participar e interpelar a los actores políticos o candidatos a la presidencia; esto marca una trasformación que señala un tránsito del testigo pasivo de procesos institucionales al involucramiento del que interpela, activamente, desde estos espacios.
  • Se ha diluido el temor a la voz propia y a la participación desde un lugar de enunciación en constante cambio y tensión de legitimación como lo son las redes sociodigitales.
  • Sin que lo digital pueda diferir o acallar la dimensión de lo factual, avanzamos hacia formas híbridas de producción del espacio público, del debate por la construcción del sentido de la realidad y de modelos de participación política: sin red no hay conexión, sin conexión no hay comunidad.

 

[*]. Maestro en Comunicación por la Universidad de Guadalajara, profesor de teoría sociocultural de la comunicación y del Observatorio de redes sociales y mundos virtuales en el ITESO, coordinador creativo de Signa_Lab ITESO y miembro del Padrón Nacional de Jóvenes Investigadores del Seminario de Investigación en Juventud de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sus temas de interés giran en torno a tecnología y sociedad, culturas juveniles y biopolítica. Correo electrónico: abregation@iteso.mx

[**]. Doctor en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), profesor de tiempo completo en el ITESO, en el departamento de Psicología, Educación y Salud, e investigador en el laboratorio de experimentación e innovación social del Laboratorio de Análisis de Redes y Estudios Interdisciplinarios Aplicados (Signa_Lab). Correo electrónico: yann@iteso.mx

[***]Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social, profesora emérita del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), investigadora nacional nivel III, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Su último libro publicado: Paisajes insurrectos: jóvenes, redes y revueltas en el otoño civilizatorio. Correo electrónico: rossana@iteso.mx

[1].     Etiquetas que operan como articuladores de las conversaciones en Tw, cuya importancia radica en agrupar un número variable de tuits, el cual facilita la interacción entre comunidades y personas diversas.

[2].    Consúltese: “Bots, su detección y la participación en las campañas electorales en México”, en Horizontal, 29 de junio de 2018. Recuperado el 13 de julio de 2018, de https://horizontal.mx/bots-su-deteccion-y-la-participacion-en-las-campanas-electorales-en-mexico/

[3].    Bastian, Mathieu; Heymann, Sebastien; Jacomy, Mathieu. “Gephi: an open source software for exploring and manipulating networks”, International AAAI Conference on Weblogs and Social Media, 2009.

[4].    Para acceder a todas las visualizaciones interactivas generadas en Tableau por Signa_Lab, se puede consultar el siguiente sitio: https://goo.gl/ZjHDHw

[5].    API es el acrónimo para Application Programming Interface o interfaz de programación de aplicaciones. Se trata de un conjunto de elementos que facilitan el que un programador pueda usar ciertas características de tal o cual servicio, datos u operaciones para incorporarlos al programa que desee realizar. Es también un lenguaje para comunicarse de manera remota entre programas y aplicaciones.

[6].    Yardon, Danny. “Why do normal people struggle with Twitter?”, en The Guardian, 18 de febrero de 2016. Recuperado el 28 de agosto de 2018, de https://www.theguardian.com/technology/2016/feb/18/twitter-problems-jack-dorsey-silicon-valley-technology