Una pandemia contra el mundo.

Las estrategias para enfrentar al covid–19[*]

Gabriel Urrea Sánchez[**]

Resumen: En este artículo se realiza un análisis de las medidas de control y prevención que tomaron diferentes naciones ante la pandemia del covid–19.
Los países se seleccionaron con base en los resultados que obtuvieron a partir
de sus medidas, tomando ambos extremos de efectividad para comprender los aciertos y desaciertos de cada una de ellas. Se hace una comparación desde lo político, lo ideológico y económico, para situar las acciones realizadas por esas naciones en su contexto local y contrastarlas con las diferencias estructurales
que conforman nuestra región.

Palabras clave: pandemia mundial, estrategias, políticas públicas, sistemas de salud pública, confinamiento, cuarentena, privacidad, tecnología, cubrebocas

 

Abstract: This article analyzes the control and prevention measures taken
by different countries to deal with the covid–19 pandemic. The countries were selected on the basis of the results they have achieved with their measures, with examples taken from both ends of the effectiveness spectrum in order to
understand each country’s hits and misses. Comparisons are made considering political, ideological and economic factors, in order to place the implemented measures in their local context and contrast them with the structural differences that characterize our region.

Key words: worldwide pandemic, strategies, public policies, public health systems, confinement, quarantine, privacy, technology, face masks

 

  1. Paisajes en la batalla

Estamos en guerra con el nuevo coronavirus. Desde presidentes como Donald Trump o Emmanuel Macron a líderes de opinión como Andrew Potter y millones de usuarios de twitter, todos han escogido esas palabras para referirse a la crisis pandémica que nos acecha desde los albores del 2020.

Una verdadera guerra mundial de la que pocos han podido escapar. Un inmenso campo de batalla contra un enemigo invisible. Hay desesperación por encontrar un general que nos guíe a la victoria, el lugar decisivo en donde se le dará un giro a la guerra, un estrategia maestra que termine con ella. Es aquí cuando olvidamos nuestra historia y buscamos suplirla con aspiraciones oníricas. Las guerras son demasiado complejas como para que un genio las resuelva, para que en una trinchera se cante victoria; podrá haber héroes, coraje y canciones sobre los caídos, pero no estarán más cerca de lograr el objetivo.

Con la certeza de que pasarán años antes de que podamos cantar una victoria definitiva, puede quedar en el olvido aquello que se hizo en los primeros meses de combate. Cautos ante esa posibilidad, y ante las limitaciones de espacio, posemos la mirada en algunos pocos países que caminan en la senda hacia la paz y en unos cuantos que aún se encuentran atrapados en estrategias erráticas, cercados por el enemigo. Muy posiblemente el caso de nuestro país.

 

  1. China, la más veloz de todas

Lo importante no es actuar cuando se sabe exactamente a qué te enfrentas, pues puede ser demasiado tarde, sino utilizar lo que sabes para proceder de la mejor manera, y eso es lo que China hizo.

Desde un principio las plataformas gubernamentales, como los canales de televisión y la publicidad callejera, ya difundían información sobre el virus como parte de una iniciativa de la Comisión Nacional de Salud.

La ciudad donde se originó el virus, Wuhan, cierra por completo. Se suspende el trasporte público, los ferris, autobuses a larga distancia, estaciones de tren y aeropuertos. Se prohíbe viajar, cierran las escuelas y las fábricas. Nadie puede entrar o salir de la ciudad.[1]

El rigor de sus protocolos es el máximo, cada provincia debe entregar a las 12:30 a.m., todos los días, un reporte que incluya casos confirmados, muertes, casos sospechosos y contactos.[2]

Arenas deportivas y otras áreas públicas se trasforman en hospitales improvisados donde se atiende a numerosas personas para evitar el colapso del sistema de salud. Más de 16 hospitales improvisados funcionan durante casi dos meses y ayudan a más de 12,000 pacientes a recuperarse. A cada uno de los pacientes que salen positivos se les entrevista para recuperar todos los contactos que tuvo en las dos semanas previas y aislarlos.[3]

El gobierno anuncia desde principios de febrero que todos los gastos médicos de pacientes con covid–19 serán cubiertos por seguros médicos. La ayuda no termina ahí, pues compañías de paquetería se encargan de enviar suplementos esenciales a las comunidades, procurando que no haya escasez de estos, como alimentos, líquido desinfectante y mascarillas.[4] China destaca por sus acciones inmediatas, pero sobre todo por un mensaje claro, directo y firme —autoritario pero efectivo.

 

  1. Taiwán, máxima vigilancia

Tres semanas antes de confirmarse el primer caso de contagio se toman cartas en el asunto.

Desde el último día de 2019 se hacen chequeos de fiebre y temperatura en todos los vuelos provenientes de Wuhan. Aquellos que presentan síntomas o han estado en contacto en los últimos 14 días con un probable portador del virus son puestos en cuarentena en sus casas o en sitios especiales. Aisladas, las personas deben monitorear sus síntomas constantemente; checar su temperatura dos veces al día, usar cubrebocas si viven con más personas y responder diariamente a las llamadas telefónicas del equipo de enfermedades infecciosas.[5]

A todas estas personas el gobierno les proporciona un teléfono especial al que deben marcar y desde el cual se localiza su ubicación. Si se pierde la señal o se encuentra apagado más de 15 minutos se activa una alerta para las autoridades. Al enviarse una de estas alertas las autoridades llaman constantemente para comprobar que la persona sea quien dice ser, el lugar donde se encuentra, y revisar el historial médico y de viajes. La policía hace chequeos iniciales a las casas para revisar que todo esté en orden. Si la persona sale de casa la policía tiene la obligación de encontrarla. Quienes no responden son buscados y entregados a las autoridades.[6]

A pesar de las estrictas medidas nunca se violan los estándares de privacidad para detectar números personales, tarjetas de crédito o cámaras de seguridad. No obstante, las personas que desobedecen la cuarentena y salen de casa son multadas hasta con 10 mil dólares. Se prohíbe el aumento de precios a los productos que ayudan a combatir la pandemia y se multa a quienes no hagan caso a las medidas hasta con 33 mil dólares.[7]

 

  1. Corea del Sur, el precio de la privacidad

Con la aprobación para que las manufactureras nacionales produzcan kits de prueba y la alianza de compañías privadas y el gobierno, este país pone en marcha una estrategia de testing masivo. La prueba dura siete minutos y se hace en todos los lugares públicos posibles, desde drive through hasta cabinas de teléfonos.[8]

Después de cada prueba las cabinas se desinfectan y ventilan, lo que permite que en cada cabina se hagan 70 u 80 pruebas cada día. Los médicos dicen que se sienten más seguros haciendo las pruebas en drive through pues es más rápido que en las cabinas y no hay necesidad de un proceso de desinfección. Las pruebas son gratis y el resultado se recibe en un celular como mensaje un día después. El sector privado es clave para actuar de manera efectiva y eficiente; 90% del sector salud en Corea del Sur y 90% de la capacidad de hacer pruebas corre a cargo de instituciones privadas.[9]

La aplicación Coronamap es la verdadera heroína en la pandemia pues con ella los usuarios pueden saber en dónde se encuentran las personas contagiadas o que son contactos de contagios, así como los lugares que han visitado, para tomar precauciones. Actualizada minuto a minuto y ocultando la identidad, se sabe cuáles autobuses toman e incluso si usan un cubrebocas. La aplicación les envía mensajes para avisarles de un nuevo contagio o posibilidad de contacto, pero no solo se envía a personas que están en el área, hay un equipo que revisa a los contagiados y los lugares por donde pasan y determinan quiénes más pueden haber sido contagiados.[10]

 

  1. Australia, ventajas de una división coordinada

Lo que hace especial el caso australiano es el plan de tres pasos con el que progresivamente incorpora las actividades normales a la sociedad. En estos pasos cada estado y territorio decide de manera independiente cómo proceder, tomando en cuenta las circunstancias locales, con la posibilidad de que los diferentes estados se muevan a velocidades distintas.[11]

El plan de tres pasos toma en cuenta 10 sectores específicos: Reuniones y trabajo, Educación y guarderías, Compra y venta, Cafés y restaurantes, Entretenimiento, Deportes y recreación, Alojamiento, Bodas, funerales y servicios religiosos, Peluquerías y servicios de belleza, y Viajes locales.

Son cuatro los puntos clave que dictan si un estado puede avanzar a una segunda o tercera etapa en las distintas áreas posibles: los patrones de la enfermedad a lo ancho y largo de todo el país; la capacidad de la estrategia de salud para vigilar, detectar, aislar y hacer pruebas suficientes a quienes lo necesiten; la eficiencia del sistema de salud para responder a los brotes de covid–19 y las necesidades de salud cotidianas, y el nivel de respuesta de las personas a las medidas establecidas, o sea, si responden de manera adecuada a ellas.

El gobierno deja en claro desde el principio que no temen retroceder del tercer paso al segundo, o del segundo al primero si la situación lo requiere, teniendo siempre como prioridad alcanzar un estado de seguridad, sin importar el tiempo que tome hacerlo.

Australia también utiliza una app poco invasiva. Cuando la aplicación entra en contacto con otro usuario registra la fecha, la hora,
el tiempo que estuvo en contacto con el usuario y la distancia entre estos, pero tiene estrictamente prohibido rastrear la ubicación de la persona. Si la persona da permiso de utilizar sus datos encriptados
al salir positiva en la prueba las autoridades competentes llaman a las personas que tuvieron contacto con ella para hacerles saber el procedimiento que deben seguir.[12]

 

  1. Reino Unido, la importancia de la anticipación

El primer ministro, Boris Johnson, no convoca a una junta con el Comité de Emergencias para las Crisis cuando se confirma el primer caso de coronavirus en el Reino Unido, en cambio ordena al secretario de Salud que se encargue de la situación. Al anunciarse de manera oficial el inicio de la pandemia Johnson dice en conferencia de prensa que muchas familias perderán inevitablemente a sus seres queridos. Un día después el Festival de Cheltenham se encuentra abarrotado y Johnson dice que hay pocas razones médicas para prohibir este tipo de actividades.[13]

A pesar de que los científicos están preocupados por las posibles consecuencias del virus, Johnson tiene otra agenda. No asiste a juntas del Comité de Emergencias para las Crisis y saluda de mano a personas en hospitales, incluso a principios de marzo. El gobierno deposita su esperanza en los médicos para producir las pruebas y espera que las necesidades adicionales se compren a otros países. Es un problema global y no hay a quién comprar los suplementos necesarios, pues todos los necesitan e incluso compiten por ellos.[14] El Reino Unido es el último de una larga fila que aún espera pruebas para su población.

Ante la falta de pruebas, la presión del resto de Europa y de su propia gente, el Reino Unido se ve obligado a comprar kits a China que aún no han sido probados. Tienen solo 24 horas para responder a la propuesta de 20 millones de dólares por los kits, que deben pagarse por adelantado. Los británicos optan por comprar millones de kits defectuosos que no sirven para diagnosticar correctamente, y pierden una fortuna.[15]

 

  1. Suecia, poder al experto

Lo que distingue a Suecia de los demás países es la competencia de sus departamentos; el Departamento de Salud es independiente del gobierno y autónomo respecto de las medidas para enfrentar el virus. Las fronteras permanecen abiertas, solo se emiten avisos y advertencias a las ciudades y los países de mayor riesgo, pero nunca se ordena una prohibición. La estrategia se basa en la capacidad de la ciudadanía de preocuparse por su salud y en su criterio para saber qué hacer y qué no.[16]

Más de 20 científicos y médicos virólogos critican al Departamento de Salud; exigen que se cierren escuelas, restaurantes y que se confine a personas de la tercera edad, y el uso obligatorio de equipo de protección, así como el distanciamiento físico y cambiar de estrategia lo antes posible. Andrés Tegnell, jefe epidemiólogo de la estrategia, dice que es responsabilidad del ciudadano no propagar la enfermedad.[17]

El Departamento de Salud Pública enlista en su sitio web las medidas que deben tomarse para evitar el contagio, las cuales se limitan a quedarse en casa cuando las personas sientan síntomas, y una vez pasados estos tomarse un par de días más para prevenir un nuevo contagio.[18]

La estrategia pretende no quebrar la economía, pero las finanzas suecas son muy parecidas a las del resto del mundo. Magdalena Anderson, ministra de Economía, dice que la tasa de desempleo probablemente llegue a 13% y el producto interno bruto disminuya a 10%.[19]

A principios de junio Tegnell acepta las fallas en la estrategia y dice que hay mucho espacio para mejoras; se dice arrepentido por la manera en que manejó la situación.[20]

 

  1. Brasil, las batallas del presidente

Además de la batalla contra el coronavirus, Brasil está enfrascado en otra: la del propio presidente, Jair Bolsonaro, contra funcionarios de su gobierno.

A pesar de que no pocos miembros del gabinete quisieron convencer al presidente de llamar a una cuarentena nacional, este prefiere dar prioridad a la economía y desdeñar la amenaza; declara que los expertos exageran y que el virus pasará pronto.[21]

La estrategia de Bolsonaro solo toma en cuenta el aislamiento de personas de la tercera edad y personas en situación de riesgo. Luiz Henrique Mandetta, ministro de Salud, no está de acuerdo y aboga por el aislamiento amplio y la cuarentena nacional. Tras las críticas, aclara su postura y afirma que siempre dirá la verdad, aunque no sea lo que el presidente quiera escuchar. Días más tarde Bolsonaro corre a Mandetta y 15 expertos en salud renuncian tras la destitución de su jefe. El presidente los sustituye con militares.[22]

Negligente ante la situación de emergencia por la que pasa el país, Bolsonaro comienza a levantar las medidas de clausura. Expande la lista de negocios esenciales a puestos de comida, tiendas comerciales, restaurantes, medios de trasporte, negocios de bodegas y talleres de reparación de autos; permisos que da sin consultar con Nelson Teich, nuevo ministro de Salud, lo cual representa el quiebre de una relación que apenas comienza.[23]

En mayo Bolsonaro aprueba una ley que exenta a los servidores públicos de responsabilidad por sus respuestas a la pandemia, a menos que sea una acción con un alto grado de negligencia. Al día siguiente el nuevo ministro de Salud, Teich, presenta su renuncia por diferencias con el presidente.[24]

Bolsonaro da positivo en dos ocasiones a covid–19.

 

  1. Estados Unidos, todo estará bien

El día que se confirma el primer caso de coronavirus el presidente Donald Trump asegura, aun antes de asignar una fuerza especial, que todo está bajo control, se trata tan solo de una persona. A principios
de marzo, cuando la pandemia ya es una funesta realidad, Trump dice que todas las personas que quieran pueden hacerse una prueba, algo que en
ese momento es completamente falso.[25]

Para entonces apenas tres mil personas en todo el país se han hecho la prueba, una persona por cada 100 mil habitantes. Días antes de declararse una emergencia nacional Trump dice que la gripe estacional es mucho más peligrosa que el nuevo virus y que no deben preocuparse, pues en abril el calor lo matará. A pesar de las recomendaciones de distanciamiento físico Trump habla de lo innecesario de la cuarentena nacional pues no todos los estados se encuentran en situación crítica. Anthony Fauci, jefe del Grupo de Trabajo sobre el Coronavirus de la Casa Blanca, dice no entender la razón por la cual el país no entra en cuarentena.[26]

Ignorando las recomendaciones de algunos estados de mantenerse en casa, se suscitan protestas que rechazan la orden y piden la liberación de los estados; en ocasiones piden incluso la renuncia de sus propios gobernadores. Trump lanza tuits en apoyo a los mútiples manifestantes.[27]

Según el presidente, los gobernadores de cada estado tienen la responsabilidad de conseguir el equipo necesario y no deben ver al gobierno federal como un repartidor. Esto obliga a los gobernadores a competir por ganar el escaso equipo de protección que se importa de otros países. Como dice el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, “Es como estar en eBay con otros 50 interesados, ofertando por un ventilador para ver quién se lo queda”.[28] La cifra de muertos se acerca a los 140 mil.

 

  1. México, una confianza excesiva

El día en que se confirma el primer caso de coronavirus en México el presidente Andrés Manuel López Obrador desdeña la gravedad de la situación y dice que no es algo terrible; compara el coronavirus con
la influenza y dice que esta última es más grave.[29]

Vive Latino, un festival musical que se celebra en la Ciudad de México, no se cancela a pesar de haberse declarado ya la jornada de sanidad. Más de 40 mil personas se dan cita ahí; turistas de Europa y Estados Unidos entran al país sin ninguna restricción.[30]

En abril el presidente, siempre sin cubrebocas, se conduce y habla como si no existiera la enfermedad; en sus giras abraza y besa a gente. Con más de 500 muertos declara que la situación le viene al país como “anillo al dedo”. El subsecretario de Salud, Hugo López–Gatell, dice que “el presidente es una fuerza moral, no de contagio” y predice que no habrá más de seis mil muertos. A mediados de abril el presidente afirma que la pandemia está domada y que se ha logrado aplastar la curva de contagios.[31]

Con 9,500 casos y 850 fallecidos el país entra en la tercera fase de la pandemia. Nunca se explica realmente en qué consiste esta fase, solo que el virus se ha propagado a una mayor cantidad de la población. Con la conducta y los mensajes del presidente, que ignora las declaraciones del personal médico, no hay más que confusión.

En el aspecto económico México también va a contracorriente. Es el único país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que no diseña ningún plan masivo para apoyar la economía y proteger el empleo.[32]

Constantemente el gobierno dice que el número de muertes diarias no es correcto.[33] Sin embargo, existe un conflicto clave, si las cifras oficiales no son del todo correctas ¿cómo se puede saber si el número de contagios y su incidencia realmente son exactas como para proceder? Los muertos por covid–19 rondan ya los 40 mil y los pronósticos para noviembre son dramáticos: hasta 90 mil, según la Organización de las Naciones Unidas.

 

  1. Área metropolitana de Guadalajara, por su cuenta

Una semana antes de que el gobierno federal decidiera qué hacer frente a la pandemia el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, pone en marcha medidas precautorias. Las universidades anuncian la suspensión de actividades y clases presenciales y su activación en línea. Todas las escuelas suspenden labores, se cierran casinos, bares, salones de eventos, centros nocturnos y cantinas. Para aminorar la velocidad de los contagios el gobernador pide a la población que se quede en casa durante cinco días y pide cerrar el aeropuerto de Guadalajara, pero no se da el permiso. Son acciones del estado antes de que se llame a la emergencia desde la capital.[34]

Se instalan filtros sanitarios en las principales entradas y salidas del área metropolitana de Guadalajara con la finalidad de verificar el estado de salud de quienes entran y salen, y se busca evitar el flujo masivo de personas limitando el tránsito vehicular y desincentivando la salida y llegada de vacacionistas.[35]

Ante la negativa de la Federación de permitir las pruebas rápidas avaladas por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos, el Gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara presentan el plan “Radar Jalisco: sistema activo y masivo de detección de casos covid–19”, que permite hacer más de 500 pruebas rápidas en la entidad durante mayo, en tres laboratorios certificados por la Universidad de Guadalajara. De esa manera, “Radar Jalisco” presenta números muy distintos a los de la Federación. Además de dar las cifras en frío, se puede saber en qué municipio residen los contagiados, cuántos se descartan gracias a pruebas realizadas y cuántos sospechosos hay.[36]

Las acciones en el área metropolitana de Guadalajara dejan en evidencia las diferencias entre el presidente y el gobernador. Más allá de los resultados, que lejos de ser buenos tampoco son los peores, será en los próximos meses cuando se podrá apreciar en su debida magnitud el éxito o el fracaso.

 

  1. ¿Normalidad?

México regresa a una rara normalidad, aun cuando los contagios no alcanzan su pico máximo, y cada vez es más complicado predecirlo. Pareciera que las autoridades juegan a la ruleta en el casino.

Con números disparados y una curva que emula la trayectoria de un cohete al despegar, el gobierno federal sigue sin aceptar la dimensión de las cifras —multiplíquense por tres, o por ocho… Las declaraciones del subsecretario de Salud López–Gatell obligan a cuestionarnos, en primer lugar, por qué se permite volver a una “nueva normalidad”, lo cual será inevitable pero que desde ya resulta catastrófica debido a la descuidada planeación, a la negligencia y al ocultamiento de la pavorosa realidad. El presidente se lava las manos en lugar de asumir su responsabilidad y viaja a Estados Unidos a dar gracias a Trump.

México es un país en el que nadie parece tener claridad, no de cómo disminuir los efectos desastrosos de la pandemia, sino a quién acudir para tener medidas y respuestas serias y responsables.

 

  1. Cifras oficiales al 30 de agosto

La cifra oficial de muertos en Jalisco es de 2,226.

La cifra oficial de muertos en México es de 64,158.

Corea del Sur, con 51 millones de habitantes, solo ha registrado 323 muertos.

Vietnam, con 90 millones de habitantes, solo ha registrado 32 muertos.

Japón, con 126 millones de habitantes, solo ha registrado 1,264 muertos.

 

[*] Este trabajo es parte de la investigación del mismo nombre que se realizó en Verano de 2020 en el Proyecto de Aplicación Profesional “Mirar la ciudad con otros ojos. Memorias e identidades”.

[**] Estudiante de la Licenciatura en Comunicación y Artes Audiovisuales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

 

[1]       “Wuhan terminó la cuarentena, pero no volvió a la normalidad: los temores a una segunda ola de la pandemia”. En Infobae, 9 de abril de 2020. Recuperado el 20 de junio de 2020, de https://www.infobae.com/america/mundo/2020/04/09/wuhan-termino-la-cuarentena-pero-no-volvio-a-la-normalidad-los-temores-a-una-segunda-ola-de-la-pandemia/

[2]       OMS. “Report of the who–China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (covid–19)”, febrero de 2020. Recuperado de https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf

[3]       “Wuhan terminó la cuarentena…”. Op. cit.

[4]       “Una investigación dio con la fecha exacta del primer caso de coronavirus en el mundo”. En Infobae, 13 de marzo de 2020. Recuperado 19 de junio de 2020, de https://www.infobae.com/america/mundo/2020/03/13/una-investigacion-dio-con-la-fecha-exacta-del-primer-caso-de-coronavirus-en-el-mundo/

[5]       Wang, C.J., C.Y. Ng y R.H. Brook. “Response to covid–19 in Taiwan: big data analytics, new technology, and proactive testing”, en jama, vol.323, núm.14, 3 de marzo de 2020. Recuperado de doi:10.1001/jama.2020.3151

[6]       Lin, C. et al. “Policy Decisions and Use of Information Technology to Fight covid–19. Taiwan”, en Emerging Infectious Diseases, vol.26, núm.7, julio de 2020. Recuperado el 23 de junio de 2020, de https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/7/20-0574-f1

[7]       Wang, C.J., C.Y. Ng y R.H. Brook. Op. cit.

[8]       Cha, V. y D. Kim. “A Timeline of South Korea’s Response to covid–19”, CSIS, Washington, 27 de marzo de 2020. Recuperado de https://www.csis.org/analysis/timeline-south-koreas-response-covid-19

[9]       Kuhn, A. “Experts Credit South Korea’s Extensive Testing For Curbing Coronavirus Spread”, NPR, Washington, 12 de marzo de 2020. Recuperado de https://www.npr.org/2020/03/12/815097813/experts-credit-south-koreas-extensive-testing-for-curbing-coronavirus-spread

[10]     Fisher, M. “How South Korea Flattened the Coronavirus Curve”, en The New York Times, 10 de abril de 2020. Recuperado de https://www.nytimes.com/2020/03/23/world/asia/coronavirus-south-korea-flatten-curve.html

[11]     Australian Government Department of Health. “covidSafe app”, 3 de junio de 2020. Recuperado de https://www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/covidsafe-app

[12]     Australian Government Department of Health. “Easing of coronavirus (covid–19) restrictions”, 12 de junio de 2020. Recuperado de https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-restrictions/easing-of-coronavirus-covid-19-restrictions

[13]     McGee, L. y M. Krever, M. “Where did it go wrong for the uk on coronavirus?”, en CNN, 1 de mayo de 2020. Recuperado de https://edition.cnn.com/2020/04/30/uk/britain-coronavirus-missteps-boris-johnson-analysis-gbr-intl/index.html

[14]     McKie, R. “100 days later: How did Britain fail so badly in dealing with Covid–19?”, en The Guardian, 11 de mayo de 2020. Recuperado de https://www.theguardian.com/world/2020/may/10/100-days-later-how-did-britain-fail-so-badly-in-dealing-with-covid-19, y Perrigo, B. “Coronavirus Could Hit the U.K. Harder Than Any Other European Country. Here’s What Went Wrong”, en Time, 17 de abril de 2020. Recuperado de https://time.com/5823382/britain-coronavirus-response/

[15]     Kirkpatrick, D.D. “u.k. Paid $20 Million for New Coronavirus Tests. They Didn’t Work”, en The New York Times, 7 de mayo de 2020. Recuperado de https://www.nytimes.com/2020/04/16/world/europe/coronavirus-antibody-test-uk.html

[16]     Brueck, H. “Sweden’s gamble on coronavirus herd immunity couldn’t work in the us – and it may not work in Sweden”, en Business Insider, 2 de mayo de 2020. Recuperado de https://www.businessinsider.com/sweden-coronavirus-strategy-explained-culture-of-trust-and-obedience-2020-4?r=MX&IR=T

[17]     Henley, J. “Critics question Swedish approach as coronavirus death toll reaches 1,000”, en The Guardian, 15 de abril de 2020. Recuperado de https://www.theguardian.com/world/2020/apr/15/sweden-coronavirus-death-toll-reaches-1000

[18]     Public Health Agency of Sweden. “covid–19: Protect yourself and others from spread of infection – The Public Health Agency of Sweden”, 25 de junio de 2020. Recuperado de https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/protect-yourself-and-others-from-spread-of-infection/

[19]     Pueyo, T. Coronavirus: “Learning How to Dance”, en Medium, 28 de mayo de 2020. Recuperado de https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-learning-how-to-dance-b8420170203e

[20]     Domínguez Cebrián, B. “Suecia admite fallos en su estrategia contra la pandemia”, en El País, 3 de junio de 2020. Recuperado de https://elpais.com/sociedad/2020-06-03/suecia-admite-fallos-en-su-estrategia-contra-la-pandemia.html

[21]     Eisenhammer, S y G. Stargardter. “Special Report: Bolsonaro brought in his generals to fight coronavirus. Brazil is losing the battle2, en Reuters, 27 de mayo de 2020. Recuperado de https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-brazil-response-sp/special-report-bolsonaro-brought-in-his-generals-to-fight-coronavirus-brazil-is-losing-the-battle-iduskbn2321du

[22]     Camarotti, G. “‘Threat doesn’t work’, says Mandetta in calls to ministers”, en Globo.com, 6 de abril de 2020. Recuperado de https://g1.globo.com/politica/blog/gerson-camarotti/post/2020/04/06/ameaca-nao-da-desabafa-mandetta-a-interlocutores.ghtml, y Eisenhammer, S y G. Stargardter. Op. cit.

[23]     Charner, F.; S. Darlington; C. Hu y T. Barnes. “Brazil coronavirus: Timeline of what Bolsonaro said as the virus spread”, en CNN, 28 de mayo de 2020. Recuperado de https://edition.cnn.com/2020/05/27/americas/coronavirus-brazil-bolsonaro-timeline-intl/index.html, y Boadle, A. y L. Paraguassu. “Bolsonaro visita un mercado para insistir en que ‘Brasil no puede parar’”, en Infobae, 29 de marzo de 2020. Recuperado de https://www.infobae.com/america/agencias/2020/03/29/bolsonaro-visita-un-mercado-para-insistir-en-que-brasil-no-puede-parar/

[24]     Charner, F.; S. Darlington; C. Hu y T. Barnes. Op. cit., y Boadle, A. y L. Paraguassu. Op. cit.

[25]     Villarreal, A. “Four months and 100,000 deaths: the defining Covid–19 moments in the US – timeline”, en The Guardian, 29 de mayo de 2020. Recuperado de https://theguardian.com/us-news/2020/apr/25/us-coronavirus-timeline-trump-cases-deaths

[26]     “The lost six weeks when US failed to contain virus”. En bbc News, 12 de mayo de 2020. Recuperado de https://bbc.com/news/av/world-us-canada-52622037/coronavirus-the-lost-six-weeks-when-us-failed-to-contain-outbreak

[27]     Gabbatt, A. “Lock Her Up Protests Against Michigan Governor”, en The Guardian, 15 de abril de 2020. Recuperado de https://theguardian.com/world/live/2020/apr/15/coronavirus-us-live-trump-decision-cut-who-funding-sparks-outrage-latest-news-updates

[28]     Zurcher, A. “Things the US has got wrong – and got right”, en bbc News, 1 de abril de 2020. Recuperado de https://bbc.com/news/world-us-canada-52125039, y Zurcher, A. “Things the US has got right – and got wrong”, en BBC News, 13 de mayo de 2020. Recuperado de https://bbc.com/news/world-us-canada-52579200

[29]     “Cronología: las polémicas declaraciones de López Obrador sobre la pandemia del coronavirus en México”. En Infobae, 14 de mayo de 2020. Recuperado de https://infobae.com/america/mexico/2020/05/14/cronologia-de-una-pandemia-las-polemicas-declaraciones-de-lopez-obrador-sobre-el-coronavirus-en-mexico/

[30]     Pickrell, E. “Mexico’s coronavirus battle began late”, en San Antonio Express News, 13 de abril de 2020. Recuperado de https://expressnews.com/news/us-world/border-mexico/article/Mexico-s-coronavirus-battle-began-late-15193684.php#photo-19285990

[31]     “Cronología: las polémicas declaraciones…”. Op. cit.

[32]     Coparmex. “Gobierno de México mala estrategia y errática comunicación frente al covid–19”, 22 de junio de 2020. Recuperado de https://coparmex.org.mx/54308-2/

[33]     Morán Breña, C. “México inicia la vuelta a la normalidad más confusa”, en El País, 1 de junio de 2020. Recuperado de https://elpais.com/sociedad/2020-06-01/mexico-inicia-la-vuelta-a-la-normalidad-mas-confusa.html

[34]     “Coronavirus Jalisco: Casos confirmados de covid–19 al 23 de mayo”. En El Universal, 24 de mayo de 2020. Recuperado de https://eluniversal.com.mx/estados/coronavirus-jalisco-casos-confirmados-de-covid-19-al-23-de-mayo

[35]     Gobierno del Estado de Jalisco. “Instalan filtros sanitarios en carreteras de Jalisco para evitar propagación del covid–19”, 4 de marzo de 2020.  Recuperado de https://jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/103233

[36]     Gobierno del Estado de Jalisco. “Ante negativa de la Federación a pruebas rápidas, Gobierno de Jalisco y UDG presentan el plan ‘Radar Jalisco: Sistema de detección activa covid–19’”, 14 de abril de 2020. Recuperado de https://jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/103373

El virus que llegó del otro lado del mar y ahogó una forma de vida

Eduardo Aragón[*]

 

Resumen: La pandemia mundial del coronavirus puso al descubierto la vulnerabilidad de los sistemas sanitarios de buena parte del mundo, pero también algunos aspectos del escenario político actual en donde las agendas políticas parecen estar por encima del bienestar comunitario. México no fue la excepción.

Palabras clave: México, pandemia, coronavirus, covid–19

 

Abstract: The worldwide coronavirus pandemic has laid bare the vulnerability of public health systems in most of the world, but also some aspects of the current political panorama that suggest that political agendas are taking preference over community well–being. Mexico has not been the exception.

Key words: Mexico, pandemic, coronavirus, covid–19

 

La primera referencia a la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus, entonces identificado como 2019–NCOV en los archivos electrónicos de la Secretaría de Salud del gobierno de México, se encuentra el 23 de enero de 2020 en una advertencia de viaje a la ciudad de Wuhan, China,[1] que cita un informe del 31 de diciembre de 2019 de la comisión municipal de salud de esa localidad en que se advierte de un brote de neumonía causado por el virus recién identificado. Una enfermedad para la que se alertaba de una elevada posibilidad de contagio y la inexistencia de medidas de prevención específicas. El documento precisaba los síntomas de la enfermedad: fiebre, tos seca, malestar general y dificultad para respirar, así como el potencial de causar complicaciones respiratorias graves y la muerte.

Hasta el último día de 2019 el gobierno chino reportaba 882 casos de contagio confirmados en 16 ciudades y 26 defunciones. 23 días después de aquel informe chino la alerta de la dependencia mexicana señalaba la presencia del virus en siete países, seis en el continente asiático y Estados Unidos, en casos aislados que en todas las naciones mencionadas podían contarse con los dedos de una mano. Seis meses después, al último día de junio el registro global de la Universidad Johns Hopkins reportaba 10.3 millones de infectados en el mundo y 505 mil muertes por la enfermedad.[2] Las cifras lamentablemente siguieron creciendo en un continente que se convirtió rápidamente en el epicentro de la pandemia surgida del otro lado del mundo. En México, a seis meses de aquel informe chino, la cifra de contagios era de 220,657 casos y 27,121 fallecimientos por la enfermedad y quién sabe cuáles serán los números finales, porque a juzgar por las múltiples y fallidas previsiones de los expertos al frente del manejo de la pandemia, la estadística es tan precisa como un mazo de cartas y la predicción de una vidente.

La frialdad de las cifras ofrece un vistazo rápido pero muy limitado del rápido desarrollo de la trasmisión del virus y las estrategias instrumentadas por autoridades sanitarias en el mundo ante un enemigo invisible que cruzó imparable las fronteras de un mundo interconectado como nunca en la historia. El virus, rebautizado el 11 de febrero por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo severo, SRAS–CoV–2, era reconocido ya por el mismo organismo como pandemia, activando las alertas alrededor del mundo por el brutal efecto que provoca la enfermedad, renombrada como covid–19,[3] en pacientes de sectores especialmente vulnerables, como los mayores de 65 años y quienes presentan factores de comorbilidad como diabetes, obesidad, hipertensión arterial y enfermedades cardiacas y respiratorias.

La información llegada de otras naciones mostraba signos alarmantes de un crecimiento exponencial de los contagios y el número de pacientes que requería atención médica de urgencia por síntomas graves de la enfermedad y algunas naciones europeas pusieron en marcha medidas de aislamiento y controles sanitarios en sus fronteras. Medidas que fueron observadas con distintos grados de responsabilidad por los ciudadanos, lo que facilitó la rápida diseminación de un virus que derivó en las apocalípticas imágenes que la pandemia provocaría semanas después en naciones como Italia y España, con largos convoyes de camiones sanitarios repletos de cuerpos que salían por decenas de los hospitales con rumbo a los saturados crematorios donde, por indicación sanitaria, debían ser procesados sin contacto humano alguno, para destruir su potencial contagioso.

En México el arribo de la pandemia estuvo marcado por un doble discurso inicial de las autoridades que, al mismo tiempo que informaban y aseguraban tener ya lista la estrategia para enfrentar el desafío, por otro lado parecían minimizar el impacto que la enfermedad tendría en el país. El 28 de febrero el epidemiólogo y subsecretario para la Prevención y Promoción de la Salud en la Secretaría de Salud, Hugo López–Gatell, vocero de la comisión para atender la pandemia en México, confirmaba el primer caso en el país: un ciudadano mexicano recién llegado de Italia, la nación europea hasta entonces más afectada. Ese mismo día el presidente Andrés Manuel López Obrador, en alusión a la información recibida del propio López–Gatell y el secretario de Salud, Jorge Alcocer, al que describió como una “eminencia” citando sus credenciales académicas, dijo sobre la enfermedad que: “No es, repito, según la información que se tiene, algo terrible, fatal, ni siquiera es equivalente a la influenza”.[4] Miles de muertos después, con cifras superiores por mucho a las primeras previsiones, el discurso oficial reconoció la gravedad del problema, aunque siempre ha mantenido que la estrategia adoptada desde el principio es la misma y que, pese a la trágica pérdida de vidas por la enfermedad, fue la adecuada para enfrentar el desafío comunitario.

Aquel mismo 28 de febrero, ante la insistencia de la prensa, el presidente López Obrador había señalado en la conferencia matutina que el país estaba preparado para enfrentar el reto sanitario: “Tenemos los médicos, los especialistas, los hospitales, la capacidad para hacerle frente a este caso del coronavirus; en la medida en que se vaya desarrollando, presentando, vamos a atender los casos”.[5] Un discurso que con el crecimiento de las solicitudes de atención en los hospitales cambió a una insistente reiteración del precario estado en que las administraciones previas habían dejado el sistema de salud, debilitado en equipamiento y con un rezago importante de especialistas médicos que, según reportes de las propias autoridades sanitarias, era de 6 mil médicos y de 23 mil en el renglón de personal de enfermería. El déficit sirvió de justificación para que el gobierno mexicano firmara un acuerdo con su similar de Cuba para pagar 135 millones de pesos por tres meses de servicios médicos de variada naturaleza de 585 especialistas cubanos.[6] Acuerdo que generó protestas de profesionales de la medicina que lamentaron públicamente que esos recursos fueran destinados a la contratación de especialistas extranjeros y no a la compra de equipamiento o al mejoramiento general de las condiciones laborales del personal sanitario mexicano ya contratado. Un frente de batalla que se enrareció más cuando el 8 de mayo López Obrador dijo en una de sus conferencias que durante lo que llama el periodo neoliberal de sus predecesores había médicos que solo buscaban enriquecerse. El comentario fue respondido con el posicionamiento de al menos una docena de asociaciones médicas que exigieron una disculpa pública del mandatario. La disculpa finalmente llegó días después, con la explicación de que el comentario había sido tergiversado por la prensa de sus adversarios conservadores, una de las trincheras de batalla más visitadas por el presidente mexicano para justificar las acciones de su administración y sus subalternos ante las críticas internas y externas de la estrategia.

El plan de comunicación a la población general de parte de las autoridades sanitarias consistió desde un inicio en repetir el mensaje preventivo esencial de la importancia de tomar acciones constantes de higienización personal y domiciliaria: lavarse las manos con abundante agua y jabón y el uso de desinfectantes de gel con base de alcohol, evitar tocarse la cara con las manos, evitar saludar a otros de mano y limpiar superficies con limpiadores con cloro, entre otras indicaciones destinadas a reducir el riesgo de contagio de una persona a otra. El uso del cubrebocas, que se convertiría en uno de los símbolos preventivos más controvertidos, no solo en México sino en otros países, se recomendaba únicamente para las personas que sospecharan de haber sido contagiados o ya tuvieran confirmado el contagio.

Pese a la información de las medidas de prevención sanitaria repetidas en las conferencias de las autoridades sanitarias, ahora convertidas en un ejercicio cotidiano, en las calles la actividad económica y social se mantuvo prácticamente sin cambio alguno. Si bien muchos adoptaron la práctica sanitaria del lavado constante de manos, aún no se establecía la obligatoriedad de restringir los contactos. Mientras las noticias llegadas de Europa mostraban un aluvión de casos que motivaban medidas cada vez más radicales de restricción a la movilidad y de contención domiciliaria en España, Italia, Alemania y otras naciones, en México los medios mostraban imágenes del mandatario rodeado de gente y soslayando la higienización de manos con gel antes de las conferencias matutinas, pese a que ya era una práctica cotidiana para los funcionarios que lo acompañaban en el estrado. El 12 de marzo el presidente insistía en que seguía las recomendaciones de los técnicos y especialistas a cargo de la observación de la pandemia porque decía: “Yo no soy todólogo”, y de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades sanitarias no se consideraba imprescindible restringir la movilidad presidencial, como tampoco la suspensión de eventos masivos como el festival Vive Latino en la Ciudad de México, al que se esperaba una asistencia de unas 40 mil personas.[7]

Dos días después, el 14 de marzo, se informó que sería el 23 del mismo mes y hasta el 19 de abril cuando se pondría en marcha en todo el país la llamada jornada nacional de sana distancia, con la recomendación de la Secretaría de Salud de suspender las actividades no esenciales y, entonces sí, cancelar las actividades que involucraran la congregación y la movilidad de las personas, y se recomendó la reprogramación de eventos que significaran reunir a más de cinco mil personas.[8] Era el comienzo oficial de la cuarentena en el país. La recomendación a partir de ese momento, insistía López–Gatell, era quedarse en casa para reducir la posibilidad de contagios en espacios públicos. El discurso era que mientras más ciudadanos permaneciéramos en nuestros hogares, más rápido sería el regreso a la normalidad, después de un pico que se estimó entonces para la segunda mitad del mes de abril. La estrategia sanitaria, insistía el vocero, consistía en restringir el contacto físico al mínimo posible con el fin de aplanar la curva de contagios y evitar la saturación de los hospitales para atender a los enfermos más graves, la reconversión de hospitales para destinar el mayor número de camas y de unidades de cuidados intensivos a los pacientes que más las necesitaran. ¿Las pruebas masivas de detección temprana de contagios formaban parte de la estrategia, como recomendaba la propia oms? No. Así lo dejó claro López–Gatell, porque el modelo elegido de vigilancia en México, el modelo Centinela, permitiría el seguimiento de la propagación del virus a partir de estimaciones con base en los casos recibidos y confirmados en los puntos de vigilancia epidemiológica, en el caso de México, instalados en hospitales y clínicas del sector salud. Por entonces, estimaba el propio epidemiólogo, el pico de contagios de la pandemia se alcanzaría a mediados del mes de abril, en tanto que el número de muertes por covid–19 se ubicaría entre 3 mil y 6 mil en un escenario extremo. López Obrador consideró entonces en su conferencia matutina que el país estaría fuera de peligro y con la pandemia bajo control el 19 de abril. Algo que el propio Lopez–Gatell respondió con un nervioso “Más o menos”. El tiempo se encargaría de responder que la opción correcta de respuesta sería “más” y no “menos”.

La contención de la epidemia también había abierto ya frentes de
confrontación con gobiernos estatales a los que desde la Ciudad
de México se les había reconocido como responsables de la estrategia local de contención de acuerdo con las condiciones locales de propagación del virus. En concreto, desde Jalisco y Nuevo León, los gobernadores Enrique Alfaro y Jaime Rodríguez manifestaban públicamente su descontento con la política nacional de oposición a la aplicación de pruebas de detección temprana. Una confrontación que llevó a la adopción de medidas de contención social y confinamiento domiciliario voluntario, antes de la fecha estipulada para todo el país del 23 de marzo. Esto incluyó la suspensión de las actividades escolares presenciales, el cierre de negocios como restaurantes, bares, centros comerciales y tiendas departamentales. Pese a las quejas de algunos sectores económicos por el riesgo que estas medidas podrían representar para la supervivencia de las empresas, se les comenzó a aplicar junto con un repetitivo llamado a la población a respetar las medidas recomendadas de confinamiento. Medidas que si bien fueron visibles en ciertos sectores de la población, dejaron en evidencia la brecha económica que obliga a millones de mexicanos a buscarse la subsistencia diaria en actividades informales. Mientras los centros comerciales y los supermercados estaban cerrados o con restricciones de ingreso, en las calles los tianguis y los vendedores informales continuaron con sus actividades, enfrentando la posibilidad de los contagios como un riesgo inevitable y necesario ante la urgencia cotidiana de obtener los recursos para mantener a sus familias.

La cuarentena, un esfuerzo colectivo para contener la propagación del virus, parecía para algunos un mero inconveniente pasajero, tan necesario como urgente. Otros, sin embargo, comenzaban a alzar la voz por el impacto económico en miles de negocios, aquellos que permiten a pequeños empresarios mantener a sus familias. Las demandas de apoyo a las grandes empresas para sostener miles de puestos de trabajo fueron desestimadas por el gobierno federal, que justificó no destinar recursos de apoyo a los empresarios para enviarlos directamente a los negocios. El monto anunciado de estos denominados “Créditos solidarios a la palabra” de 25 mil pesos se entregaría a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Economía a aquellos pequeños empresarios que demostraran que no despidieron a sus trabajadores desde el mes de enero, cuando se preveía ya un deterioro económico como efecto paralelo a la pandemia. El programa se anunció el 21 de abril, casi un mes después de la instrumentación de las medidas de distanciamiento social y cierre de actividades no esenciales. Hasta los primeros días del mes de junio se habían entregado casi 450 mil créditos por un monto superior a los 11,350 millones de pesos; la meta de la Secretaría de Economía es llegar a un millón de apoyos entregados y cumplir con la meta de 25 mil millones de pesos fijada por el gobierno federal. Sobre los resultados del programa y qué tan eficaces resultaron los créditos para salvar del cierre a los propietarios de pequeños negocios aún falta mucho para una evaluación certera.

El efecto de la pandemia también tuvo un impacto demoledor en los empleos de las grandes empresas. En los meses de marzo, abril y mayo el IMSS reportó la pérdida de más de un millón de puestos de trabajo registrados por las empresas ante la dependencia, siendo el mes de abril el peor periodo, con más de 550 mil trabajos formales perdidos. Una cifra que sin duda habla del impacto en la economía nacional, cuya perspectiva anual ha sido continuamente ajustada a la baja por organismos externos, de acuerdo con las condiciones de una economía global deprimida y profundamente afectada por el paro total impuesto alrededor del mundo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó una caída del producto interno bruto (PIB) para México de 10.5%, casi 4 puntos por debajo de la estimación hecha en abril.

La recuperación, como se prevé a escala global, no será rápida y se estima que tome al menos un par de años recobrar las cifras de 2018. La perspectiva, en todo caso, complica el panorama para un país que ya veía afectada su actividad económica ante las políticas de austeridad ordenadas por el gobierno federal, aunadas a decisiones que afectaron la viabilidad del país como destino de inversiones extranjeras, principalmente en el sector energético. El gobierno de López Obrador sigue sosteniendo que los análisis de observadores internos y externos son fatalistas y que la inversión sigue llegando. Mientras tanto, y lejos de los salones de Palacio Nacional, donde se decide la política económica del país y de las salas de consejo de los organismos internacionales, es un hecho que en las calles es perceptible un cambio ante las nuevas condiciones económicas. En redes sociales aumentan las ofertas de productos y servicios de profesionales que se han visto obligados a buscar mecanismos alternos para mantener sus ingresos y de manera más radical, solo en la Ciudad de México, algunos prestadores de atención a personas de bajos ingresos reportan un incremento notable de los solicitantes de apoyo alimenticio, con el arribo de personas que antes no se veían en esos sitios: exempleados de grandes empresas cuyos ahorros se agotaron y profesionistas cuyos servicios dejaron de ser solicitados en un mercado deprimido cuyas prioridades se trasformaron también como efecto de la pandemia.

Como sociedad, el impacto también se puso de manifiesto en un incremento de las llamadas para denunciar situaciones de abuso físico dentro de las familias. Según un informe de la Unicef, fechado el 15 de mayo, desde el inicio de la contingencia se habían registrado 115,614 llamadas de emergencia al 911 por incidentes como abuso sexual, acoso sexual, violación, violencia de pareja y violencia familiar. Un incremento de 28% solo en marzo en relación con el mes de enero.[9] De acuerdo con el mismo documento, según la Red Nacional de Refugios, las llamadas de auxilio crecieron entre 60% y 80%, en tanto que las solicitudes de ingreso a estos lugares de asistencia creció 30%. Una vez más, el presidente de México encendió la controversia en una de sus conferencias matutinas al asegurar que su administración está trabajando como ninguna otra en la protección de las mujeres y de los menores contra la violencia, pero que, sin negar la realidad de la existencia de la violencia contra las mujeres porque no quería que sus declaraciones fueran sacadas de contexto, había que considerar que 90% de las llamadas a los números de emergencia son falsas, aseguró, mientras descartaba que el aumento tuviera su origen en las condiciones de confinamiento por la contingencia sanitaria.[10] El presidente aludió a la tradición familiar de los hogares mexicanos de compartir con la familia extendida en armonía, a diferencia de otras latitudes, dijo, donde no existe esta cultura y el aislamiento sí podría haber repercutido en un aumento de la violencia. Las cifras, sin embargo, son claras y la armonía en muchos hogares mexicanos se rompió por arriba de los parámetros usualmente registrados por las redes de asistencia.

¿Cuándo y cómo terminará la pandemia de covid–19? Cuando una vacuna esté disponible masivamente para su aplicación en el mundo. Los esfuerzos multinacionales, a distintos niveles y realizados desde laboratorios en Europa, Estados Unidos, China o Rusia, apuntaban a que un inmunizador, o varios, podrían estar listos antes de que termine 2020 y que podría producirse masivamente durante 2021. México coopera en el esfuerzo internacional de investigación para el desarrollo con cuatro proyectos, que incluyen una vacuna recombinante de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Biotecnología (UNAM–IBT), una vacuna veterinaria de Avimex–UNAM–IMSS, otra vacuna de ADN del Tecnológico de Monterrey y la Universidad Autónoma de Baja California (ITESM–UABC) y una vacuna de péptidos de la Universidad Autónoma de Querétaro y el Instituto Politécnico Nacional (UAQ–IPN), según informó el 21 de julio el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, quien aseguró que “México va a llegar a tiempo” con la vacuna y coopera en este esfuerzo para asegurar que el inmunizador esté disponible a un costo razonable para todas las poblaciones y no solo para los más privilegiados económicamente.[11]

¿Y los efectos paralelos de la pandemia de covid–19 desaparecerán junto con la amenaza sanitaria del virus SRAS–CoV–2? Seguramente no, según advierten especialistas de los más diversos campos. Por principio de cuentas la economía tardará quizá más de un año en recuperar los niveles previos a la emergencia sanitaria, pero los efectos más duraderos deberían reflejarse en la manera en que nos relacionamos en la cotidianidad, la forma en que viajamos por trabajo o placer, el replanteamiento de la manera en que trabajamos y, sobre todo, cuáles son las prioridades en nuestras vidas y qué tanta responsabilidad asumimos respecto de las decisiones y acciones propias. La nueva normalidad, como la han denominado gobernantes alrededor del mundo, dicen los expertos, no será o por lo menos no debería ser un regreso a la realidad que comenzó a resquebrajarse a finales de 2019. A lo largo de 2020 hemos recibido lecciones suficientes para reescribir el futuro que quizá ya no sea como lo imaginamos. O tal vez solo haya comenzado la parte más difícil de la instrucción.

 

[*] Es periodista desde 1995. Laboró como reportero y editor en los diarios Siglo 21 y Público de Guadalajara. Fue editor de las revistas Open y Auto Bild y gerente de comunicación corporativa de Honda de México. Desde 2010 es productor de CNN en Español, donde tiene a su cargo la producción del programa “Perspectivas desde México”. Vive en la Ciudad de México. Correo electrónico: eduardo.aragon@cnn.com

 

[1]       Secretaría de Salud. “Aviso preventivo de viaje a Wuhan, China, por neumonía por nuevo coronavirus (2019–ncov)”, uies–aviso–viaje–nnc–v02–2020, 23 de enero de 2020. Recuperado el 30 de junio de 2020, de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/528064/apv-Wuhan-China-nCoV2019.pdf

[2]       “Coronavirus 30 de junio, minuto a minuto: Fauci: Estados Unidos está ‘yendo en la dirección equivocada’”. En CNN en Español, 30 de junio de 2020. Recuperado el 1 de julio de 2020, de https://cnnespanol.cnn.com/2020/06/30/coronavirus-30-de-junio-minuto-a-minuto-se-cumplen-seis-meses-desde-primer-reporte-sobre-brote-desconocido-en-china/

[3]       OMS. “Los nombres de la enfermedad por coronavirus (covid–19) y del virus que la causa”, s.f. Recuperado el 30 de junio de 2020, de https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it

[4]       López Obrador, A.M. “Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador”, 28 de febrero de 2020. Recuperado el 30 de junio de 2020, de https://lopezobrador.org.mx/2020/02/28/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-266/

[5]       Idem.

[6]       “El gobierno de México pagó a Cuba 135 mdp por los servicios de 585 médicos”. En Expansión, 16 de junio de 2020. Recuperado el 30 de junio de 2020, de https://politica.expansion.mx/mexico/2020/06/16/el-gobierno-de-mexico-pago-a-cuba-135-mdp-por-los-servicios-de-585-medicos

[7]       López Obrador, A.M. “Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador”, 12 de marzo de 2020. Recuperado el 30 de junio de 2020, de https://lopezobrador.org.mx/2020/03/12/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-275/

[8]       Secretaría de Salud. “Jornada Nacional de Sana distancia”, s.f. Recuperado el 30 de junio de 2020, de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/541687/Jornada_Nacional_de_Sana_Distancia.pdf

[9]       Unicef. “unicef: Urge reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes en México ante el incremento de la violencia contra la infancia”, comunicado de prensa, 18 de mayo de 2020. Recuperado el 30 de junio de 2020, de https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/unicef-urge-reforzar-la-protecci%C3%B3n-de-ni%C3%B1as-ni%C3%B1os-y-adolescentes-en-m%C3%A9xico-ante

[10]     “90% de llamadas para denunciar violencia contra las mujeres son falsas: López Obrador”. En El Financiero, 15 de mayo de 2020. Recuperado el 30 de junio de 2020, de https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/90-de-llamadas-para-denunciar-violencia-contra-las-mujeres-son-falsas-lopez-obrador

[11]     “Este año habría vacuna contra covid–19 y México va a llegar a tiempo: Ebrard”. En Forbes, 21 de julio de 2020. Recuperado el 30 de junio de 2020, de https://www.forbes.com.mx/politica-este-ano-habria-vacuna-contra-covid-19-y-mexico-va-a-llegar-a-tiempo-ebrard/

 

La pandemia de covid–19 en México, entre la polarización política y las tendencias electorales

Jorge Enrique Rocha Quintero[*]

  

Resumen: En este artículo se analizan las implicaciones políticas y electorales derivadas de la aparición de la pandemia de covid–19 en México. Se da cuenta del proceso de polarización política que se generó entre los diversos actores políticos a lo largo de este periodo y de cómo se han modificado las encuestas de aprobación y las tendencias electorales a partir de la forma de enfrentar la crisis sanitaria por parte del gobierno federal y los gobiernos estatales.

Palabras clave: polarización política, elecciones 2021, pandemia, covid–19, encuestas de aprobación.

 

Abstract: This article analyzes the political and electoral implications of the outbreak of the covid–19 pandemic in Mexico. It looks at the process of political polarization that has flared up among the different political actors throughout this period and how approval rates and electoral trends have changed in response to the way the federal government and different states governments have dealt with the public health crisis.

Key words: political polarization, 2021 elections, pandemic, covid–19,
approval rates.

 

La pandemia derivada de covid–19 que comenzó en diciembre de 2019 y que llegó a México el 28 de febrero (día del primer caso confirmado) se convirtió en la agenda prioritaria planetaria del primer semestre de 2020. Muchos asuntos pasaron a segundo término. La crisis sanitaria y la crisis económica, derivada de las medidas de cierre de actividades en todo el mundo, provocaron un impacto económico que, al momento de escribir este texto, aún no conocemos la profundidad y la magnitud que tendrán. Además, esta situación desnudó las enormes debilidades de los sistemas económicos, mostró con toda su crudeza la desigualdad que vivimos a escala global y en cada país, a la par de que nos cobró la factura por el abandono a los sistemas públicos de salud.

La lógica y las teorías políticas dicen que en tiempos de crisis tan agudas como la que estamos viviendo lo conveniente es generar procesos colaborativos y de cooperación entre los distintos actores sociales y los diferentes niveles de gobierno. En este caso no fue así y en buena parte de los países fuimos testigos de conflictos entre los gobiernos regionales y los nacionales, entre la clase política y los empresarios, entre gobierno y sociedad civil.

La forma como se manejó la pandemia en los diversos territorios se convirtió en un campo de disputa política entre los distintos actores y se impuso una dinámica de confrontación permanente en aras de ganar más adeptos y simpatizantes. México no fue la excepción a esta tendencia mundial y el gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador estuvo en confrontación sistemática con varios gobernadores de partidos de oposición y con la cúpula empresarial del país. El clima de polarización que ya estaba presente desde la estrategia de combate al robo de ductos de combustible de enero de 2018 se agudizó y llevó a que la pandemia fuera un campo de batalla mediático donde los actores buscaron obtener los mayores beneficios y la mejor renta política.

 

  1. Los actores en disputa

En un marco de análisis amplio podemos identificar a cuatro grandes actores sociopolíticos en este escenario de confrontación:

  • El bloque que defiende la llamada cuarta transformación (4t). Este es un conglomerado de actores sociales y políticos, en el que se encuentran el presidente López Obrador, los miembros de su gabinete, los militantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), las redes proamlo que actúan en el espacio virtual, los miembros de los partidos Verde, del Trabajo y Encuentro Social, y los gobernadores de los estados donde Morena tiene el control del Poder Ejecutivo estatal. Este bloque se ha dedicado a justificar y defender las medidas adoptadas por el gobierno federal para enfrentar la pandemia y, en algunos casos, a criticar la forma como gobernadores de oposición han encarado la crisis sanitaria.
  • La cúpula empresarial. Este es un grupo pequeño en número, pero con una gran capacidad de acción, que ha tenido un comportamiento fluctuante entre el apoyo a ciertas medidas adoptadas por el gobierno federal y férreas críticas en su forma de proceder. En este sector podemos encontrar las dirigencias de los organismos empresariales —por ejemplo, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Mexicano de Negocios— y a los empresarios más acaudalados del país. Una de las críticas más constantes de este bloque al presidente López Obrador es contra las medidas que se han generado para enfrentar la crisis económica, mientras que, por otro lado, en la firma del tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T–MEC) este sector cerró filas con el presidente de México.
  • Los medios masivos de comunicación. Este es un conglomerado de actores políticos que no se pueden analizar en bloque y que en este escenario de confrontación política han tenido distintas posiciones frente al gobierno federal. En este ámbito se encuentran las tres grandes cadenas de televisión del país: Televisa, tv Azteca e Imagen; también están los canales públicos de televisión, los grandes corporativos radiofónicos y algunos de los impresos con mayor impacto en el país, en los que se encuentran Grupo Reforma, Grupo Milenio, El Universal, La Jornada, El Financiero, entre otros. Como se dijo antes, la forma de proceder de estos actores en la pandemia no es homogénea e incluso se ha modificado a lo largo del tiempo, ya que en algunas ocasiones apoyan al presidente y en otras han vertido fuertes críticas contra él.
  • Los gobernadores de oposición. Este es un bloque de gobernadores, que frente a la pandemia optaron por situarse en una clara posición contraria al gobierno federal. En mayor o menor medida estos mandatarios han criticado la forma de proceder del presidente López Obrador y han gestionado por su cuenta la crisis sanitaria. Aunque hay algunos momentos donde hay acercamientos, lo predominante ha sido la confrontación y la poca colaboración con el gobierno federal. Los actores políticos que sobresalen en este conglomerado son: Enrique Alfaro (Jalisco), Diego Sinhue Rodríguez (Guanajuato), Miguel Riquelme (Coahuila), José Ignacio Peralta (Colima), Javier Corral (Chihuahua), Jaime Rodríguez (Nuevo León), Mauricio Vila (Yucatán) y Francisco Domínguez (Querétaro).

Estos son los actores sociales que mayor relevancia han tenido en el escenario de la pandemia de covid–19 y que de una u otra manera colaboran al escenario de polarización política.

 

  1. Las arenas de disputa

Ahora bien, esta polarización en el marco de la pandemia de covid–19 tuvo escenarios concretos de debate, que a continuación desarrollo de forma sintética:

  • Las medidas y los discursos de la Secretaría de Salud a través de Hugo López–Gatell. El gobierno federal colocó como el principal vocero y responsable de las medidas sanitarias para enfrentar la pandemia a Hugo López–Gatell, quien diariamente informa sobre la numeralia: contagiados, fallecidos, capacidad hospitalaria, jornada nacional de la sana distancia, entre otros. Ese fue el mecanismo de información del gobierno federal. Este espacio se convirtió en un ámbito de disputa política, ya que se trató de generar controversias sobre la veracidad, el fundamento de la estrategia y el modelo de vigilancia epidemiológica adoptado por el gobierno de México. Se generaron confrontaciones entre gobernadores y López–Gatell sobre la forma de interpretar el fenómeno de la pandemia y las medidas instrumentadas por la Federación.
  • El pacto fiscal. Otro de los escenarios de conflicto giró en torno a los presupuestos asignados a la pandemia. Varios estados hicieron fuertes reclamos de que no hubo apoyos de la Federación para enfrentar la crisis sanitaria y por esta razón un nutrido grupo de gobernadores comenzó a proponer un nuevo pacto fiscal, donde hubiera menos concentración de los recursos en el gobierno central. Esto, en términos prácticos, resulta casi imposible, pero fue aprovechado por varios mandatarios estatales para confrontarse políticamente con el presidente. Resulta cierto que en México es necesario hacer una profunda reflexión sobre el federalismo, aunque tanto gobernadores como el gobierno federal redujeron la narrativa a un asunto de pesos y centavos.
  • Los semáforos estatales. Otro de los asuntos que provocaron encontronazos entre el gobierno federal y los gobiernos estatales fue la instalación de los semáforos de vigilancia epidemiológica (rojo, naranja, amarillo y verde) que se crearon después de la jornada nacional de la sana distancia y que sería el dato central para ver los niveles y los procesos de reactivación de las actividades, sobre todo la económica. La instalación de estas medidas y su observancia fue motivo de críticas por parte de algunos gobernadores, que en algunos casos crearon sus propios protocolos de reapertura de las actividades, desconociendo lo marcado por la Federación. Al final todos los gobernadores acataron este modelo, sin embargo, la alimentación de los datos para determinar en qué semáforo está cada entidad también ha sido motivo de conflictos.

A la par de estas tres arenas de debate de fondo pudimos ver críticas de todo tipo referentes a la necesidad de adquirir deuda pública por parte de los gobiernos, al uso y utilidad del cubrebocas, a las diferencias en las medidas de coerción para obligar a la población a llevar a cabo las acciones de cuidado sanitario, a las estrategias de reconversión hospitalaria e incluso se llegó debatir en torno a discursos claramente discriminatorios hacia los ciudadanos de estados que tuvieran ritmos de contagios mayores. Un tema de salud pública, en el que era necesaria la convergencia de los esfuerzos de distintos actores, se convirtió en una batalla campal en términos mediáticos.

 

  1. Los efectos en las encuestas y en el proceso electoral

Para contar con un análisis del fenómeno de la pandemia de covid–19 desde una perspectiva política, no se puede dejar de lado que este fenómeno social atravesó el marco del proceso electoral de 2021. Recordemos que en esas elecciones se elegirán 21,368 cargos de elección popular, entre los que resalta la renovación de 15 gubernaturas y la elección de los 500 diputados del Congreso de la Unión. Los estados en los que se realizarán comicios de gubernaturas, diputaciones locales y ayuntamientos son Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

En la Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán se elegirán congresos y alcaldías. Habrá votaciones para ayuntamientos en los estados de Coahuila, Quintana Roo y Tamaulipas, mientras que en Aguascalientes, Durango e Hidalgo solo se renovarán los congresos locales.

En 2021 tendremos la elección más grande en la historia reciente del país en cuanto al número de cargos en disputa. Hay que señalar que se ajustaron los distintos calendarios electorales, ya que anteriormente había elecciones de gobernadores durante todo el sexenio y eso repercutía en que los partidos estuvieran todo el tiempo en escenarios electorales. Se buscó acoplar las elecciones locales a las federales y por eso hay casos de gobernadores que tienen plazos más pequeños en sus administraciones, como son los casos de Baja California (dos años) y de Nayarit (cuatro años).

La forma de proceder de la clase política en México provocó que estemos instalados en un escenario electoral adelantado cuando todavía los efectos de la pandemia no están claros. Esta situación tiene algunas repercusiones que describo ahora:

  • Durante el trascurso de la pandemia y de posibles rebrotes será casi imposible que el presidente y los gobernadores lleguen a acuerdos sustantivos, ya que, si antes no lo habían logrado, en un escenario electoral anticipado esto será difícil. Es previsible que volvamos a ver colaboración política entre los diferentes actores políticos hasta la segunda mitad de 2021.
  • Todas las acciones políticas, de hoy en adelante, estarán influenciadas por el proceso electoral y a todo se le buscará sacar renta político–electoral, ya sea para crecer en preferencias o para debilitar a los adversarios.
  • La clase política pondrá sus mayores afanes en fortalecer sus estrategias y bases electorales. Empezaremos a ver las posibles alianzas y también florecerán los desencuentros dentro de los partidos.

Ahora bien, las dos formas de medir los efectos político–electorales de la pandemia de covid–19 serán a través de las encuestas de aprobación presidencial y de las tendencias electorales que se comienzan a perfilar.

En lo referente a la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador esta tuvo un desarrollo hacia la baja, de acuerdo con diferentes encuestas.

Cuando comenzó la pandemia en México el presidente había tenido una baja significativa en sus niveles de aceptación.

La primera semana de marzo fue muy mala para el presidente, ya que al menos cuatro encuestas nacionales coincidieron que fue el periodo en que el presidente experimentó la peor caída de sus niveles de aprobación y se situaba en el punto más bajo de sus índices de popularidad desde que asumió el cargo como primer mandatario del país. En la tabla 1.1 se muestra la comparativa de los resultados de estos ejercicios que se presentaron en la primera semana de marzo de 2020.

Todas las encuestas coincidieron en un descenso importante en la aprobación, que rondaba alrededor de los 10 puntos porcentuales, y un incremento de 5 puntos en promedio en la desaprobación. Esto situó la aprobación presidencial en los márgenes de 60% y un nivel de desaprobación alrededor de 32%. Es cierto que López Obrador se mantenía como un presidente fuerte, aunque empezó a experimentar algunos signos de debilidad política que no habían estado presentes desde que era candidato presidencial.

El paso de la administración pública suele generar un desgaste natural de gobierno. Sin embargo, en ese periodo hubo dos razones muy claras que produjeron esta pérdida de popularidad del presidente. La primera estuvo asociada a la falta de resultados, sobre todo en materia de seguridad pública. Todas las encuestas coincidieron en que, por mucho, esta es la agenda más problemática y complicada para López Obrador. En este campo estuvo claro que el discurso de culpar a los gobiernos anteriores o de pedir paciencia a la población se empezaba a agotar.

Otra de las razones de la caída de la aprobación presidencial en este periodo fue la falta de empatía del presidente con las demandas de los movimientos feministas. Calificar a estos colectivos como grupos conservadores le costó al titular del Poder Ejecutivo federal que algunas mujeres lo empezaran a calificar de manera negativa. Además, otro de los grupos que socialmente comenzaron a desaprobar la forma de gobernar de López Obrador son los grupos poblacionales que cuentan con mayores estudios, mientras que mantuvo mayor popularidad en los segmentos con menos escolaridad.

Algunas de las encuestas coincidieron en que la acción gubernamental que le dejaba mejores dividendos al presidente en cuanto a su imagen eran los programas sociales, agenda en la que salió mejor evaluado, y al parecer los temas relacionados con el combate a la corrupción empezaron a perder fuerza de forma positiva en la manera de apreciar el trabajo del Poder Ejecutivo federal. Así estaban los niveles de aprobación presidencial al comienzo de la pandemia.

Para la primera quincena de julio de 2020, con una pandemia que en ese momento ya contaba en México con alrededor de 36 mil defunciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador bajó en sus niveles de aprobación y las demandas ciudadanas cambiaron por efecto de la crisis sanitaria.

Solo para recordar, el periodo más alto que tuvo López Obrador en su nivel de aceptación, de acuerdo con el periódico El Financiero, fue en febrero de 2019 cuando 86% de los mexicanos aprobaban la gestión del tabasqueño.[1] Esta situación se dio en torno al combate al huachicol, hecho que generó muchas simpatías en la mayor parte de la población.

En la primera semana de julio dos diarios mostraron sus encuestas sobre los niveles de aprobación del presidente en junio de 2020: El Financiero[2] y El País.[3] Los resultados fueron los siguientes:

  • Para El Financiero el presidente tiene un nivel de aceptación de 56%, mientras que 42% de los encuestados desaprueba su gestión. Para este diario López Obrador se encuentra en su nivel más bajo de aceptación desde que tomó el cargo de presidente de México. Por su lado, El País muestra que 68.4% de la población mexicana aprueba la
    gestión del tabasqueño, mientras que 31.6% no está de acuerdo en
    la forma como desempeña el cargo de presidente de México.
  • De acuerdo con El País, los tres asuntos en que mayor desaprobación tiene el presidente fueron: acabar con los feminicidios (56.4%), mejorar la seguridad pública (53.1%) y realizar sus obras de infraestructura en torno las regiones del sureste (52.9%). Para el periódico El Financiero las agendas en las que el jefe del Ejecutivo federal tiene mayores problemas son: el impulso a la economía (65%), la mejora de la seguridad pública (63%) y el combate a la pobreza (60%).
  • En la encuesta de El Financiero el presidente López Obrador es visto como un hombre honesto (54%), aunque con poca capacidad para dar resultados, ya que solo 33% lo considera así.
  • Una de las estrategias centrales de la actual administración frente al problema de la inseguridad pública es la creación de la Guardia Nacional. Opinadores y especialistas han señalado que existen muchos problemas en este cuerpo de seguridad. Sin embargo, en las encuestas la Guardia Nacional tiene un importante nivel de aprecio en la población, ya que, de acuerdo con El Financiero, 67% tiene una buena opinión de ella, y de acuerdo con los datos de El País, 58% de los encuestados tienen una imagen positiva de esta institución.
  • También durante este periodo se modificaron las prioridades para las personas frente a los problemas que consideran más relevantes. Por ejemplo, para febrero de 2020 la seguridad pública se consideraba por mucho la agenda más relevante para el país. Hoy, a mitad del año, tanto la economía como la gestión de la salud aparecen como asuntos de vital importancia para la mayoría de los mexicanos, mientras que el tema de la seguridad pasó a segundo término.

Estos ejercicios tuvieron discrepancias interesantes, pero dan cuenta de la relación que guarda el presidente de México con sus gobernados. Es cierto que la “luna de miel” entre los ciudadanos y el presidente ya terminó, pero también podemos afirmar que, aun así, López Obrador sigue siendo un presidente fuerte en lo referente a su grado de aprobación.

También está claro que la pandemia vino a modificar de forma muy radical las dinámicas sociales y las agendas prioritarias, y eso implica que el cuidado de la salud y los efectos económicos son preocupaciones que revisten una especial importancia para el resto de 2020.

Ahora bien, en lo referente a las preferencias electorales, en febrero de 2020 el Grupo Reforma mostró que las tendencias electorales de diciembre de 2019 a febrero de 2020 se mantuvieron prácticamente intactas, ya que Morena tenía una distancia de 30 puntos porcentuales frente a su más cercano perseguidor, el Partido Acción Nacional (pan). De acuerdo con los datos que muestra este ejercicio estadístico en aquel momento 46% de la población votaría por los candidatos de Morena a diputados federales, mientras que 16% otorgaría su voto al pan y otro 16% lo daría al Partido Revolucionario Institucional (pri). Esto significa que ningún partido político pudo capitalizar hasta ese momento el descenso de López Obrador y que esta caída en la aprobación presidencial fue fruto de los propios errores del mandatario, y no era una consecuencia de contar con una mejor oposición partidaria, que electoralmente estaba estancada en su intención del voto.

En los primeros días de abril de este año El Financiero mostró algunos datos muy interesantes sobre las preferencias electorales si en aquel momento hubiera elecciones a diputados federales.[4]

En la tabla 1.2 se presenta una tabla con la evolución de las preferencias electorales de diciembre de 2019 a marzo de 2020, en tanto que en la tabla 1.3 se muestran los datos en lo referente a la imagen positiva o negativa de los principales institutos políticos del país en marzo de 2020.

Frente a estos datos podemos hacer algunas inferencias y conclusiones preliminares:

  • Morena comenzó a experimentar una baja muy significativa en su intención del voto frente a los comicios de 2021, ya que de diciembre del año pasado a marzo de este año cayó 50% en su preferencia electoral; esto puede significar que, frente a las demandas de las mujeres y la crisis sanitaria, este partido político ha tenido un mal desempeño de acuerdo con sus probables votantes. Aun así, conservaba el primer lugar, pero ya no contaba con la fortaleza electoral de finales de 2019. Otro dato que mostró el debilitamiento de este partido es que para marzo eran más los que tenían una mala imagen de este instituto político de los que lo apreciaban de forma positiva.
  • Acción Nacional osciló entre 7% y 10% de las preferencias electorales de cara a 2021 en este periodo. Tuvo su mayor repunte en marzo, sin embargo, todos sus números se encontraban en el llamado margen de error, con lo cual su leve mejoría no es significativa en términos estadísticos. En cuanto a su saldo de imagen (los que valoran positiva y negativamente a este instituto político) este partido tuvo un saldo negativo muy alto (–36%).
  • El PRI mantuvo una preferencia electoral que está entre 7% y 9%. Al igual que el pan, sus números también estaban dentro del margen de error, con lo que podemos inferir que su mejoría de marzo tampoco fue significativa. El saldo de imagen del partido tricolor era el peor de todos, ya que tenía –57% y mostraba de forma consistente su gran debilidad política.
  • El Partido de la Revolución Democrática (prd) ni siquiera aparecía en los conteos de preferencias electorales, al igual que Movimiento Ciudadano y otros partidos con mínima representación en el plano nacional. En el caso del PRD su saldo de imagen también era muy negativo, con –40%. La pregunta es si este tipo de partidos podrán mantener su registro como partidos políticos nacionales.
  • Lo único que subió significativamente en este periodo es el repudio a los partidos políticos, ya que en cuatro meses, de diciembre de 2019 a marzo de 2020, el porcentaje de los ciudadanos que afirmaron que no saben por quién votarán en 2021 pasó de 42% a 59%; es decir, 17 puntos porcentuales más. Dicho de otra forma, durante el proceso de polarización política que se dio en este periodo el resultado más contundente es que todos perdieron, ya que unos descienden, pero otros no crecen prácticamente nada.

En coyunturas tan críticas como las actuales algunas de las preguntas que salen a la luz son: ¿de qué nos sirven los partidos políticos? ¿Cuál es su verdadera aportación, más allá de colocar candidatos a elecciones? ¿Vale la pena seguir manteniendo este tipo de estructuras con este tipo de resultados? ¿Necesitamos nuevos partidos políticos?

Para mediados de junio de 2020 el periódico El Financiero publicó una encuesta en la que, en el marco de la supuesta creación del Bloque Amplio Opositor (boa), se afirma que en las próximas elecciones de
2021, 33% de los electores votarían por Morena, mientras que 34%
de los votantes sufragaría en contra de este partido; 23% de los encuestados señaló que no votaría por ningún partido, y 10% no sabe qué hará con su voto.[5]

Lo que podemos señalar para el periodo analizado es que Morena sigue siendo el principal contendiente para las elecciones de 2021, pero ha perdido fuerza, el presidente López Obrador sigue siendo su principal activo y la oposición no ha podido capitalizar los errores que el gobierno federal ha tenido en la gestión de la pandemia.

 

[*] Es director de Integración Comunitaria del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Es licenciado en Sociología por la Universidad de Guadalajara y en Filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac. Tiene una maestría en Impactos Territoriales de la Globalización por la Universidad Internacional de Andalucía y es doctor en Estudios Científico–Sociales por el ITESO. Colabora semanalmente en Zona 3 (radio), MegaCanal (televisión) y en el podcast “En la Misma Mesa”. Es articulista en el Semanario de Guadalajara y en las revistas El Puente y Christus. Es profesor invitado en la Universidad Iberoamericana León.

[1]       Moreno, A. “Popularidad de AMLO, en su nivel más alto por plan vs. ‘huachicoleo’”, en El Financiero,
7 de febrero de 2019. Recuperado el 14 de julio de 2020, de https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/popularidad-de-amlo-en-su-nivel-mas-alto-por-plan-vs-huachicoleo

[2]       Moreno, A. “Aprobación de AMLO baja a 56% a dos años de su triunfo”, en El Financiero, 1 de julio de 2020. Recuperado el 14 de julio de 2020, de https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/aprobacion-de-amlo-baja-a-56-a-dos-anos-de-su-triunfo

[3]       Lafuente, J. y Beauregard, L.P. “El 68% aprueba el mandato de López Obrador, pese a rechazar su gestión de la inseguridad y los feminicidios”, en El País. Recuperado el 14 de julio de 2020, de https://elpais.com/mexico/2020-07-01/el-68-aprueba-el-mandato-de-lopez-obrador-pese-a-rechazar-su-gestion-de-la-inseguridad-y-los-feminicidios.html

[4]       Moreno, A. “Morena baja en preferencias electorales a 18%; el 59% no apoya a ningún partido”, en
El Financiero, 13 de abril de 2020. Recuperado el 14 de julio de 2020, de https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/morena-baja-en-preferencias-electorales-a-18-el-59-no-apoya-a-ningun-partido

[5]       Moreno, A. “En un ‘cara a cara’, 34% votaría por coalición contra Morena, mientras que el 33% lo haría por el partido de AMLO”, en El Financiero, 22 de junio de 2020. Recuperado el 14 de julio de 2020, de https://elfinanciero.com.mx/nacional/en-un-cara-a-cara-34-votaria-por-coalicion-contra-morena-mientras-que-el-33-lo-haria-por-el

 

 

¿Hasta dónde puede llegar Trump sin que lo remuevan?

David Foust Rodríguez[*]

 

Resumen: El presidente de Estados Unidos de América, Donald J. Trump, parece haber cometido una falta que amerita un proceso de juicio político y remoción, según la constitución estadunidense. Las pruebas de todo tipo parecen acumularse (testimonios, documentos, confesiones). Los demócratas tienen mayoría en la Cámara de Representantes, pero los republicanos la tienen en el Senado. La aritmética parecería inducir a pensar que Trump librará el proceso: la Cámara Baja le fincará cargos (impeachment), pero su mayoría en el Senado lo disculparía en el juicio (no sería removido). ¿Será así? Los senadores republicanos ¿estarán dispuestos a pagar el costo político, a pesar del alud de evidencia? ¿Lo pagarán los votantes, incluidos los trumpistas? ¿Lo pagará el sistema político estadunidense? ¿Podría reponerse?

Palabras clave: Trump, democracia estadunidense, impeachment, identidad partidista

 

Abstract: The president of the United States of America, Donald J. Trump, appears to have committed an offense that calls for a political trial and his removal, according to the U.S. Constitution. Evidence of all types appears to be mounting (testimonies, documents, and confessions). The Democrats have the majority in the House of Representatives, yet the Republicans have control of the Senate. Simple arithmetic would indicate that Trump will survive the process: the Lower Chamber will present impeachment charges, but most of the Senate will pardon him in trial (he will not be removed). Will this be the case? Are Republican senators willing to pay the political price, despite the mounting evidence? Will the voters pay the price, including Trump loyalists? Will the American political system pay the price? Can it recover?

Key words: Trump, US democracy, impeachment, partisan identity

 

  1. CONTEXTO DEL IMPEACHMENT A DONALD J. TRUMP

A comienzos de 2014 Rusia invadió Ucrania. Se anexó regiones enteras y amenaza la integridad territorial de Ucrania. El conflicto ha tenido más complicaciones y no se ha resuelto. Estados Unidos, la Unión Europea y otros países respondieron con sanciones, que a su vez fueron contrarrestadas con sanciones por parte de Rusia, país que ha pagado muy caro el conflicto: se colapsó el rublo ruso, se debilitó el precio de
su petróleo y ha tenido pérdidas financieras y en divisas por cerca
de 500 billones de dólares.[1] Parece lógico que Putin se haya esforzado tanto por el cese de las sanciones contra Rusia. “Aprendemos del informe Mueller que prácticamente todos los contactos entre los rusos y la campaña de Trump tenía que ver con las sanciones […] La llamada de Mike Flynn con el embajador ruso fue sobre las sanciones”.[2]

De acuerdo con las investigaciones de Bloomberg y otros medios, reseñadas por Rachel Maddow,[3] Putin ha estado usando a sus alfiles
—Dmytro Firtash, Paul Manafort, entre otros— para promover gobiernos ucranianos cercanos a él. A su vez, parece que Firtash, Manafort y tal vez otros actores han canalizado dinero y apoyo a las campañas políticas estadunidenses para promover políticas prorrusas y eliminar las sanciones. Los asociados a Giuliani forman parte de esta estrategia, el discurso Biden–es–corrupto–investíguenlo es parte de esta estrategia.[4] Parece tener sentido. ¿A quién si no a Putin le convendría una política exterior “de sombra”, como la que han llevado adelante los “tres amigos” (Rick Perry, Kurt Volker y Gordon Sondland) y Giuliani?[5] ¿A quién le convino el abandono de los kurdos?

Tucker Carlson, Sean Hannity, Laura Ingraham y otros voceros de la ultraderecha han caracterizado el contexto del impeachment como un atentado antidemocrático del “deep State” para imponer sus políticas a un presidente democráticamente electo. El consenso de la comunidad de inteligencia estadunidense e internacional indica que Rusia está emprendiendo una estrategia para intervenir a Estados Unidos de América con el propósito de reducir su influencia y liderazgo en el mundo. Así lo manifestó Fiona Hill en su testimonio público.

 

  1. COMO EN EL JUEGO DE MESA: “FUE TRUMP, CON EL APOYO OFICIAL ESTADUNIDENSE, EN UCRANIA”[6]

El 25 de julio de 2019 el presidente Trump hizo una llamada al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski (quien apenas había tomado posesión a finales de mayo). De acuerdo con la transcripción de la llamada, después de que el presidente ucraniano le habló de la compra de un muy necesario equipo de defensa (con presupuesto aprobado por el Congreso, pero retenido por la Casa Blanca), Trump le dijo: “Sí, pero quisiera que nos hagas un favor”; realizar un par de investigaciones, una relacionada con una teoría falsa de conspiración (que Ucrania interfirió la elección estadunidense de 2016) y otra en relación con los negocios de Hunter Biden en Ucrania.[7] Después se supo que varios altos funcionarios, testigos de la llamada, estaban alarmados por lo que percibieron como un abuso de poder, un acto de extorsión o soborno, o una violación a las leyes de financiamiento electoral (o todo junto).  Al día siguiente Gordon Sondland, embajador de Estados Unidos en Europa, habló con Trump: el presidente Zelenski haría lo que se le pidiera. “Ni siquiera tendría que hacer las investigaciones, sólo tenía que anunciar que las haría”, dijo Sonland en el Congreso. Lo iba a hacer en cnn, según los testimonios públicos televisados.

Cubriendo todas las formalidades legales correspondientes, el 12 de agosto un informante anónimo presentó una denuncia formal urgente dirigida a los presidentes de los comités de Inteligencia del Senado y la Cámara de Representantes (*).[8]Aunque el foco de la atención ha sido la llamada, la denuncia anónima también da cuenta de la campaña para remover a la embajadora en Ucrania, Marie Louise “Masha” Yovanovitch, diplomática de carrera. También afirma que el registro de la llamada se ocultó en un sistema de acceso muy restringido, provisto para asuntos de seguridad nacional, no para asuntos políticos. La denuncia anónima no se conoció de inmediato, pero en cuanto salió a la luz los recursos para Ucrania fueron liberados.

Como parte de la denuncia se basa en dichos de otras personas los republicanos quisieron desacreditarla como evidencia. Las Reglas Federales de Evidencia parecían darles la razón. Sin embargo, las normas para hacer una denuncia anónima de este tipo no requieren —como antes— que lo denunciado provenga de fuente directa. La denuncia fue validada por el inspector general de la Comunidad de Inteligencia en un comunicado de prensa oficial el 30 de septiembre (*), y las afirmaciones contenidas en la denuncia han sido respaldadas por testimonios, documentos y confesiones.

El 24 de septiembre la Casa Blanca publicó una transcripción (*) de la llamada realizada por Trump al presidente electo de Ucrania. En lugar de exonerarlo la transcripción confirmó que el presidente había hecho un uso indebido de su puesto. Ese mismo día la lideresa de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, anunció el inicio formal de un proceso de investigación que podría derivar en juicio político. Al otro día el Departamento de Justicia emitió un comunicado (*) concluyendo que no había violación a las leyes de financiamiento electoral y que la denuncia anónima no cubría los requisitos necesarios para ser considerada “de materia urgente”. Por eso varios comités de la Cámara de Representantes iniciaron la investigación y no la dejaron en manos de la procuraduría. Más tarde The Washington Post publicó que, alrededor de estas fechas, Trump habría pedido al abogado general, William Barr, que diera una conferencia de prensa exonerándolo, pero que Barr se negó.[9]

El 4 de octubre Kurt Volker, exrepresentante especial de Estados Unidos para negociaciones en Ucrania, declaró ante los comités de la Cámara baja. Casi al mismo tiempo que declaró Volker los presidentes de los comités que llevan la investigación (entre ellos, el ahora deceso Elijah E. Cummins) informaron a sus colegas, miembros de estos comités, en una carta impresa en papel reciclado (*), de la existencia de unos mensajes que ya habían llegado a las páginas de los periódicos. Estos mensajes (*) dan cuenta del involucramiento de Rudy Giuliani, exalcalde de New York y ahora abogado personal de Trump, pero sobre todo de la existencia de un “quid pro quo” (“esto por aquello”) que
habían negado el presidente y los republicanos. En estos mensajes queda claro que esto preocupó al embajador William Taylor, Chargé d’affaires de Estados Unidos en Ucrania. En la audiencia pública del 13 de noviembre Taylor confirmó la existencia de un canal extraoficial de política exterior con Ucrania y el condicionamiento de ayuda a cambio de investigar a Biden para beneficiar la campaña de Trump en 2020.
Su declaración pública mostró a un diplomático opuesto al uso indebido de la política exterior estadunidense para beneficiar una campaña política. La existencia de una canal extraoficial fue confirmada contundentemente por Fiona Hill, exdirectora senior para Asuntos Europeos y Rusos en el Consejo Nacional de Seguridad. En su testimonio público señaló que “el embajador Sondland no se coordinaba con nosotros […] Él estaba haciendo un mandado de política doméstica, mientras que nosotros estábamos sacando adelante la política exterior de seguridad nacional, y estas dos habían divergido”.

El 8 de octubre la Casa Blanca emprendió la estrategia aparentemente más exitosa hasta ahora: intentar desacreditar el proceso. En una carta con una enorme firma de Pat A. Cipollone, abogado del presidente, la Casa Blanca alegó que el proceso no era legal porque no se había sometido a votación por el pleno (aunque ese voto no es requerido) y que se estaban violando las garantías de debido proceso. Estos argumentos han hecho mella en la opinión pública (así lo muestran las encuestas), sobre todo porque, como sabemos, la garantía de debido proceso es algo muy caro en la cultura democrática. Pero este inteligente argumento fue echado abajo el 25 de octubre cuando Beryl Howell, jueza de distrito, falló (*) a favor del Comité de Justicia de la Cámara de Representantes, ordenando a la Casa Blanca entregar los documentos y la versión no censurada del Informe Mueller a los legisladores. La jueza también determinó que el proceso de investigación hacia el impeachment era legal, pues se estaban siguiendo las reglas que la Cámara se dio para estos procesos (votados por la mayoría republicana de 2015, por cierto). Aunque no era necesario el 31 de octubre la Cámara votó en el pleno a favor del proceso de juicio político. No hubo ningún voto republicano a favor y, en cambio, sí hubo dos votos demócratas en contra.

La carta de Cipollone también prohibía a los funcionarios de la Casa Blanca colaborar con la investigación. Esta prohibición ha sido desafiada de forma reiterada por altos funcionarios y diplomáticos, sobre todo por aquellos y aquellas que tienen mejor reputación como servidores públicos de carrera. Sin embargo, altos funcionarios clave se están amparando en el argumento del “privilegio ejecutivo” para evadir presentarse a declarar: Mike Pompeo, Mick Mulvaney, John Bolton y Rick Perry son las ausencias más importantes. Este argumento fue derribado por la jueza de distrito Ketanji Brown Jackson quien ordenó, en un documento tesis de 120 páginas (*), que Don McGahn, exabogado del presidente, se presentara a declarar ante el Congreso en relación con el informe Mueller. La jueza determinó: “Los presidentes no son reyes ni sus subordinados son súbditos”. Si son citados tendrán que presentarse a declarar, so riesgo de crisis constitucional.[10]

El 10 de octubre Trump atacó a Fox News por publicar una encuesta que mostraba que el respaldo ciudadano al proceso de desafuero iba creciendo.[11]  Al día siguiente Shepard Smith, antiguo jefe de la sección de Noticias de Fox y columna vertebral de sus noticieros, renunció por estar en desacuerdo con los comentaristas proTrump.[12]

El mismo 10 de octubre dos socios muy cercanos a Giuliani fueron arrestados por violar las leyes de financiamiento electoral al haber canalizado dinero extranjero a campañas de políticos republicanos.[13] Estos asociados de Giuliani parecen estar ligados a un oligarca ruso, a la campaña de destitución de la exembajadora Yovanovitch y a la política exterior paralela en relación con Ucrania.[14] Al día siguiente la exembajadora Yovanovitch compareció ante los comités de la Cámara Baja y después lo hizo en una audiencia pública, a mediados de noviembre.

Inmediatamente después Trump dio un viraje a la política estadunidense en relación con Turquía–Siria, abandonando a los kurdos, quienes eran los aliados de Estados Unidos en la lucha contra isis. El 16 de octubre la Cámara Baja emitió un contundente voto de censura contra este cambio de política (solo 60 representantes votaron contra esta moción).

Al día siguiente, el encargado de la Jefatura de Gabinete, Mick Mulvaney, hizo una admisión pública del quid pro quo. En un desplante de cinismo trumpista–nixoniano afirmó: “Hacemos este tipo de cosas con la política exterior todo el tiempo, ¡ya supérenlo!” Para colmo, ese mismo día Gordon Sondland, el embajador que compró su puesto con un millón de dólares donados a Trump para su celebración de inauguración, declaró ante los comités que llevan la investigación. Después “refrescó su memoria” y se acordó de que sí hubo un quid pro quo (el 5 de noviembre se hizo pública la transcripción (*) de sus declaraciones).

El 4 de noviembre Lev Parnas, uno de los detenidos asociados a Giuliani, dijo que estaba dispuesto a cooperar con la investigación.[15] A partir de ese día los comités de la Cámara de Representantes empezaron a hacer públicas las transcripciones de las entrevistas y comparecencias de altos funcionarios y diplomáticos. Hubo audiencias públicas televisadas del 13 al 22 de noviembre.

Si usted se perdió esta es la versión más corta: el presidente Zelenski esperaba recibir respaldo de parte de Estados Unidos de América en el conflicto Ucrania–Rusia. Ese respaldo consistía en una llamada con
el presidente Trump, una reunión en la Casa Blanca (proseguida por conferencias de prensa) y apoyo militar (cerca de 400 millones de dólares) que el Congreso ya había aprobado con amplio consenso bipartidista. Trump ordenó poner pausa a la entrega de este apoyo y pidió al presidente Zelenski una declaración pública afirmando que realizaría una investigación contra los Biden so pretexto de combate a la corrupción.

 

  1. EN ESTE MOMENTO DE LA HISTORIA,
    ¿QUÉ ES IMPEACHABLE?

Los debates en ambas Cámaras se centraron en la determinación del grado de completitud de la evidencia, y si estos actos son materia de juicio político y remoción. En la hora definitiva el juicio en el Senado se definió en función de esos dos puntos: después de unas horas de tensión Lisa Murkowski y Lamar Alexander bloquearon la posibilidad de admitir nuevos testigos y más evidencia. Lamar Alexander añadió que no hacía falta demostrar los hechos, “pero estos no reúnen el alto estándar constitucional para remover al presidente. No basta con que sean inapropiados”.[16]

En relación con el respaldo a Ucrania quedó claro en los testimonios que Trump condicionó la llamada y la reunión al anuncio público de las investigaciones, así lo confirmó Sondland en su testimonio público. Algunos análisis señalaron que el lado flaco de la evidencia era la retención y el condicionamiento de la ayuda.[17] No obstante, lo que se sabía no era poca cosa: el 26 de noviembre se hicieron públicas las transcripciones (*) de las declaraciones de Mark Sandy, alto funcionario de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, siglas en inglés), y de Phillip Reeker, encargado de la Oficina de Asistencia a la Secretaría de Estado para Asuntos Europeos y Euroasiáticos. A partir de las declaraciones de este par de funcionarios de carrera se sabe que la orden de retener la ayuda a Ucrania venía desde el presidente, con respaldo de Mulvaney. Había una fecha límite para liberar la ayuda o se violaría la ley. Los funcionarios de la omb, entre ellos Sandy, pidieron explicaciones legales sobre la retención, pero no la obtuvieron. Sandy fue relevado por Michael Duffey, exjefe del Partido Republicano en Wisconsin (quien se negó a responder el citatorio del Congreso), y dos funcionarios de la Oficina de Administración y Presupuesto renunciaron.[18] Esta información es consistente con los correos que muestran a Mulvaney tratando de ofrecer una justificación legal para la retención de la ayuda a Ucrania.[19]

Obtener evidencia directa e incontrovertible sobre el condicionamiento de la ayuda militar hubiera requerido el testimonio y los documentos de varios personajes que se están amparando en el privilegio ejecutivo.[20] Los demócratas hubieran podido lograrlo, pero esa decisión implicaría tomar el camino largo de la vía judicial. En el juicio en el Senado los representantes demócratas argumentaron que optar por esta vía anularía la eficacia del impeachment para poner un alto a un presidente que viola la ley, además desconocería, por los hechos, la decisión usa vs. Nixon (que lo obligó a entregar los audios), aprobada por unanimidad por la Suprema Corte.

La lideresa Nancy Pelosi dijo que procederían por la vía corta. El 18
de diciembre de 2019 la mayoría de los representantes votaron a favor de
acusar a Donald John Trump con dos cargos: abuso de poder y obstrucción del Congreso. El Senado lo absolvió el 5 de febrero de 2020. Mitt Romney votó contra la absolución y se convirtió en el primer senador de la historia en votar a favor de remover a un presidente de su propio partido.

El dilema sobre la completitud de la evidencia no es solo ni principalmente jurídico, sino político e incluso ético. Es decir: ¿cuál es el estándar que debe fijarse sobre lo que se considera meritorio de impeachment y remoción en el caso del presidente de Estados Unidos de América? ¿Cuán grave tendría que ser la falta para remover al presidente? ¿Ha perdido Trump el respaldo político para sostenerse en la Presidencia?

Existen datos para pensar que el respaldo a Trump se ha debilitado, incluso en zonas y estados consistentemente republicanos. El martes 5 de noviembre los demócratas dieron un tremendo revés a los republicanos en Virginia (recuperando el congreso local) y en Kentucky (en donde ganaron la gubernatura). En particular relevante fue el triunfo demócrata en este último estado: en algunos distritos y condados implicó invertir una diferencia de más de 30%.[21] El 16 de noviembre, en otro estado tradicionalmente republicano, el gobernador demócrata de Louisiana logró reelegirse. Esto no había pasado desde 1975.[22]

Sin embargo, ni un republicano votó en la Cámara de Representantes a favor de empezar oficialmente el proceso de impeachment. En cambio, cuando alguno ha asomado la cabeza para mostrar una postura de mínima independencia o cuestionamiento, sea un representante popular (es el caso del representante Francis Rooney, republicano de Florida),[23] o sea en los medios alineados a Trump (Shepard Smith, en Fox News), ha sido severamente silenciado y reprimido: Rooney no irá para la reelección como representante en su distrito ultrarrepublicano y Shepard Smith renunció a Fox News.

A esta altura del partido Nixon ya había bajado mucho en su nivel de aprobación y, en cambio, la tendencia a favorecer su remoción seguía en indeclinable ascenso.[24] Este no parece ser el caso en esta ocasión.

El politólogo Eric Groenendyk formuló una tesis de motivación dual para explicar la identidad partidista en Estados Unidos.[25] Afirma que esta identidad es estable, pero puede cambiar, y que consiste en una tensión entre sentirse motivado a pertenecer a un grupo y justificar esta afiliación de cara a la responsabilidad cívica de estar a favor del bien común por encima del sesgo partidista. Una de sus hipótesis afirma que habrá tensión e incluso “cambio de identidad partidista si hay moción hacia el deseo de aparecer no sesgado y pragmático, y alineado a las normas de deber cívico”.[26]Esta hipótesis supone que la norma de deber cívico, de presentarse como no sesgado y pragmático, todavía es socialmente vinculante en Estados Unidos. Sin embargo, esta norma parece haberse debilitado gravemente. En un artículo que merece la cita extensa Hemmer advierte:

Uno de los grandes partidos políticos no se siente ya sujeto a la opinión pública. Por eso, aunque una encuesta de Fox News mostró que 51% de los votantes están a favor del juicio político y la remoción del Sr. Trump, no deberíamos esperar que los republicanos en el Congreso se alineen […] No estamos en los días del Watergate, cuando el peso acumulado de la opinión pública, sumado a un sentido del deber, podía activar un sentido de autopreservación entre los congresistas republicanos.[27]

En su momento el Congreso que llevó el caso de Nixon deliberó ampliamente sobre la naturaleza del impeachment y lo que constituye una ofensa suficientemente grave para que el presidente sea removido.[28] El Informe del equipo que conducía la investigación concluyó que va más allá de la naturaleza criminal de los hechos. Se trata del abuso de poder, de “comportarse de una manera evidentemente incompatible con la función y propósito del cargo” y con “el uso del cargo para propósitos personales”.[29] Los republicanos no pueden negar que esto ha sucedido con Trump.

En su conferencia “El populismo de Trump, ¿una amenaza para la democracia liberal?”, el 24 de octubre en el iteso, Kurt Weyland se mostraba optimista: la democracia liberal estadunidense no solo sobrevivirá sino que se recuperará. Los resultados electorales parecen darle la razón. No obstante, uno no puede menos que preguntarse cuánto daño hará fijar el estándar de legalidad y moralidad en un nivel cada vez más bajo. Parafraseando a Jerry Nadler: en adelante, un presidente estadunidense tendrá carta blanca para ser un dictador, siempre y cuando sea popular.[30]

 

[*] Profesor investigador del Departamento de Economía, Administración y Mercadología (DEAM), ITESO. Doctor en Ciencias Sociales (Sociología) por la Universidad de Guadalajara. Miembro de la Red Mexicana de Investigación en Política Social y de la Red Nacional de Investigadores(as) en los Estudios Socioculturales de las Emociones. foust@iteso.mx

 

[1]. Wikipedia. International sanctions during the Ukranian crisis, s.f. Recuperado  el 9 de noviembre de 2019, de https://en.wikipedia.org/wiki/International_sanctions_during_the_Ukrainian_crisis

[2].    Maddow, R. Millions of young people urge action (transcript of The Rachel Maddow show), 20 de septiembre de 2019. Descargado del sitio web de msnbc el 9 de octubre de 2019.

[3]Ibidem; Maddow, R. Quid pro quo is done (transcripción del programa The Rachel Maddow Show), 18 de octubre de 2019. Descargado del sitio web de msnbc el 22 de octubre de 2019, y Wikipedia. Dmytro Firtash, s.f. Recuperado el 9 de noviembre de 2019, de https://en.wikipedia.org/wiki/Dmytro_Firtash

[4].  Ibid.

[5]. O’Donnell, L. “Judiciary Committee Member: gop Colleagues Acting ‘Increasingly Sheepish’”, en The Last Word. msnbc, 15 de octubre de 2019. Recuperado el 12 de noviembre de 2019, de https://youtu.be/imhZtXZtZ80

[6]. Hasta finales de noviembre de 2019.

[7]   Wikipedia. Hunter Biden, s.f. Recuperado el 9 de noviembre de 2019, de https://en.wikipedia.org/wiki/Hunter_Biden

[8]   En este texto, los documentos indicados con un asterisco son del dominio público y pueden descargarse de los sitios web de la Casa Blanca, la Cámara de Representantes o siguiendo los hipervínculos incluidos en los reportajes en línea de los periódicos The New York Times, The Washington Post o The Huffington Post.

[9]  Herreria, C. “William Barr declined to hold press conference clearing Trump over Ukraine call: report”, en The Huffington Post, 6 de noviembre de 2019. Recuperado el 6 de noviembre de 2019, de https://www.huffpost.com/entry/william-barr-declined-trump-ukraine-press-conference_n_5dc371e2e4b0d8eb3c8f677d

[10] Reilly, R. “‘Presidents are not kings’: Judge orders Trump Lawyer Don McGahn to testify before Congress”, en The Huffington Post, 25 de noviembre de 2019. Recuperado el 25 de noviembre de 2019, de https://www.huffpost.com/entry/don-mcgahn-testimony-ruling-trump-mueller-ukraine_n_5ddbf046e4b0d50f3293d9d7

[11]  Fang, M. “Trump escalates attacks on Fox News after impeachment poll”, en The Huffington Post, 10 de octubre de 2019. Recuperado el 10 de octubre de 2019, de https://www.huffpost.com/entry/trump-attacks-fox-news-impeachment-poll_n_5d9f2f32e4b02c9da045814d

[12] Boboltz, S. “Shepard Smith leaves Fox after clashing with pro-Trump pundits”, en The Huffington Post, 11 de octubre de 2019. Recuperado el 11 de octubre de 2019, de https://www.huffpost.com/entry/shep-smith-out-fox-news_n_5da0df15e4b087efdbae3371

[13] Reilly, R. “Giuliani associates who targeted Biden arrested on campaign finance charges”, en The Huffington Post, 10 de octubre de 2019. Recuperado el 10 de octubre de 2019, de https://www.huffpost.com/entry/lev-parnas-igor-fruman-giuliani-trump_n_5d9f32f1e4b02c9da045a4c2

[14] Maddow, R. Millions of young people urge action, op. cit.; Maddow, R. Quid pro quo is done, op. cit., y Wikipedia. Dmytro Firtash, op. cit.

[15] Reuters y Roston, A. “Rudy Giuliani associate ready to comply with impeachment probe, lawyer says”, en The Huffington Post, 4 de noviembre de 2019. Recuperado el 4 de noviembre de 2019, de https://www.huffpost.com/entry/lev-parnas-rudy-giuliani-trump-impeachment_n_5dc0a1afe4b0bedb2d513d07

[16] Hulse, C., Fandos, N. y Cochrane, E. How Mitch McConnell delivered acquittal for Trump. The New York Times, 6 de febrero de 2020. Recuperado el 6 de febrero de 2020, de https://nyti.ms/2S7TidM

[17] Pace, J. “Analysis: Lots of impeachment evidence but one thing missing”, en ap News, 22 de noviembre de 2019. Recuperado el 22 de noviembre de 2019, de https://apnews.com/d44bd4363a2148ab9a74323689f1a744, y Wolf, Z.B. “What’s missing from the Democrat’s case against Trump”, en cnn Politics, 23 de noviembre de 2019. Recuperado el 23 de noviembre de 2019, de https://edition.cnn.com/2019/11/23/politics/impeachment-watch-november-22/index.html

[18] Herreria, C. “2 White House officials resigned over concerns about frozen Ukraine aid”, en The Huffington Post, 26 de noviembre de 2019. Recuperado el 26 de noviembre de 2019, de https://www.huffpost.com/entry/white-house-budget-officials-resign-ukraine-aid_n_5dddd4a1e4b0913e6f75b1c4, y Reston, M. “New revelations put Trump on shakier ground”, en cnn Politics, 26 de noviembre de 2019. Recuperado el 26 de noviembre de 2019, de  https://edition.cnn.com/2019/11/27/politics/trump-impeachment-revelations/index.html

[19] Russo, A. “Emails show Trump admin made major attempt to justify Ukraine aid delay: Report”, en The Huffington Post, 24 de noviembre de 2019. Recuperado el 24 de noviembre de 2019, de https://www.huffpost.com/entry/mick-mulvaney-ukraine-aid-delay_n_5ddae75ae4b0d50f3291978c, con información de The Washington Post.

[20] Wolf, Z. B. Op. cit.

[21] Bradner, E. “3 takeaways from Tuesday’s elections in Kentucky, Virginia and Mississippi”, en cnn Politics, 6 de noviembre de 2019. Recuperado el 6 de noviembre de 2019, de https://edition.cnn.com/2019/11/06/politics/2019-election-takeaways-kentucky-virginia-mississippi/index.html

[22] Wikipedia. 2019 Louisiana gubernatorial election, s.f. Recuperado el 27 de noviembre de 2019, de https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Louisiana_gubernatorial_election

[23] Cf. Witte, G. “Is Trump’s base breaking over impeachment? The tale of a congressman’s defiance suggests not”, en The Washington Post, 31 de octubre de 2019. Recuperado el 31 de octubre de 2019, de https://www.washingtonpost.com/national/is-trumps-base-breaking-over-impeachment-the-tale-of-a-congressmans-defiance-suggests-not/2019/10/31/196283d8-f754-11e9-829d-87b12c2f85dd_story.html

[24] Monmouth University Polling Institute. Impeachment support up slightly but Trump job rating steady, 1 de octubre de 2019. Recuperado el 7 de noviembre de 2019, de https://www.monmouth.edu/polling-institute/reports/monmouthpoll_us_100119/, y Olmsted, K. “Impeaching Trump will be harder than impeaching Nixon”, en The New York Times, 2 de octubre de 2019. Recuperado el 2 de octubre de 2019, de https://www.nytimes.com › impeachment-trump-nixon

[25] Groenendyk, E. The motivated partisan. A dual motivations theory of partisan change and stability, disertación para obtener título de doctor en Ciencia Política, Universidad de Michigan, Michigan, 2009.

[26] Ibidem, p. 32.

[27] Hemmer, N. “Don’t expect polls to change Republican minds”, en The New York Times, 10 de noviembre de 2019. Recuperado el 12 de noviembre de 2019, de https://www.nytimes.com/2019/11/10/opinion/impeachment-polls-republicans.html, el énfasis es nuestro; véase, también, Olmsted, K. Op. cit.

[28] El Comité de Justicia de la Cámara de Representantes tendría una sesión similar el 4 de diciembre. Trump y sus abogados fueron invitados.

[29] Doyle, C. Impeachment grounds. A collection of selected materials, Congressional Research Services, The Library of Congress, Washington, 1998, pp. 25–27. Recuperado el 25 de noviembre de 2019, dehttps://fas.org/sgp/crs/misc/98-882.pdf

[30] Véase también Blumenthal, P. “A broken system acquitted Donald Trump”, en The Huffington Post, 5 de febrero de 2020. Recuperado el 5 de febrero de 2020, de https://www.huffpost.com/entry/donald-trump-impeachment-acquittal_n_5e3472d5c5b6f2623328f5aa

 

La evaluación de la transparencia en los municipios de Jalisco

Jorge Federico Eufracio Jaramillo[*] 

 

Resumen: Este texto busca ofrecer algunas reflexiones acerca de lo que implica la transparencia para los municipios, ya que existen algunos enfoques y propuestas de evaluación del quehacer gubernamental en ese nivel, pero que requieren retroalimentación para generar mejores resultados. Así, lo que se evidenciará son unas de vertientes de mejora, enfocadas al caso de Jalisco y de las mediciones realizadas por el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra), partiendo de una reflexión acerca del concepto de transparencia y de lo público.

Palabras clave: transparencia, municipio, público, acción, estructural

 

Abstract: This text offers a series of reflections about what the concept of municipal transparency entails, considering the different approaches and proposals that exist for evaluating government activity at this level; these approaches, however, require feedback in order to generate better results. Thus, this text will highlight some promising trends, focusing on the case of Jalisco and the measurements carried out by the collective Citizens for Transparent Municipalities (Cimtra, in its initials in Spanish), starting with a reflection on the concepts of transparency and the public sphere.

Key words: transparency, municipality, the public sphere, action, structural

 

Los debates sobre la transparencia en México son amplios y variados. Muchas instituciones y organizaciones dedican esfuerzos, de forma directa o indirecta, a reflexionar sobre el tema, pero también para crear estrategias o mecanismos que permitan, habiliten u obliguen, en particular a los gobiernos locales, a reducir la brecha de disponibilidad de información para evaluar su trabajo en diversas dimensiones. Por supuesto que esto señala una cuestión no menor, ya que la transparencia refiere justamente a ese paso de exposición y apertura que se requiere, por principio, de las administraciones y los funcionarios para dar a conocer sus acciones en tanto refieren e inciden en la esfera pública. Esto representa el punto central, a decir, la observación y evaluación de la acción pública desde el ámbito público. Sin embargo, eso implica examinar varios tópicos importantes, en especial cuando los debates y las demandas de transparencia llegan a la base administrativa y territorial del Estado mexicano: el municipio.

En efecto, la escala municipal se ha constituido en uno de los principales focos de discusión en los campos de la transparencia, de la rendición de cuentas y, por ende, de las luchas anticorrupción. Al respecto las preocupaciones son varias, pero por lo regular cimentadas en su cantidad y heterogeneidad. Esto porque no hay una fórmula sencilla para elaborar un modelo de evaluación y de atención de los problemas señalados que valore la complejidad de los casos y que, por lo tanto, pueda ser aplicado de forma universal a todos los municipios. En el caso concreto de la transparencia me parece que el debate pasa por establecer cada vez mejores parámetros respecto de la información que deben evidenciar sobre sus acciones, pero acompañado de un buen análisis de las condiciones estructurales de los municipios. En otras palabras, de sus disímiles capacidades organizativas e institucionales, de sus diferentes posiciones socioeconómicas y accesos a recursos financieros, así como otras consideraciones de índole geográfica, política, sociológica e histórica que vale la pena considerar para entender mejor a los municipios y cómo están de frente a esta etapa de transparencia que demanda cambios sustanciales.

Por lo anterior, dedicaré este artículo a realizar algunas reflexiones de esta problemática, pero partiendo de una base concreta de información y que señala un momento de coyuntura en Jalisco. Me refiero en particular a las evaluaciones realizadas por el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra), en especial la última desarrollada durante agosto y septiembre del presente año, en tanto nos ofrece un particular escenario no solo para ver avances y retrocesos sino también para “evaluar la evaluación” y realizar algunas críticas constructivas sobre cómo se podría abordar mejor la complejidad municipal en la cuestión de la transparencia. No pretendo darle solución al asunto, pero sí abrir algunas vertientes que me parece que aún no se han desenvuelto con claridad y que considero centrales para lograr los objetivos colectivos.

 

1. TRANSPARENCIA: DE LO PÚBLICO A LA ACCIÓN PÚBLICA

Por principio, considero esencial comenzar por una breve reflexión sobre el concepto de transparencia, pues es vital para sustentar, en lo sucesivo, algunos argumentos. Como muchos otros la transparencia es un concepto polisémico que ha variado de acuerdo con los enfoques y las metas. Sin embargo, en las coyunturas actuales la transparencia es también definida a partir de las variables que debe integrar o, mejor dicho, de acuerdo con lo que las diferentes instancias, colectivos o círculos académicos consideran que se “debe transparentar” por parte de las administraciones públicas. Esto no es una cuestión sencilla si se toma en cuenta que la decisión sobre qué se debe —o qué no se debe— transparentar significa un debate acerca de hasta dónde llega lo público de la función pública. Como base inicial de este debate podemos establecer que la transparencia refiere al proceso de trascendencia de la opacidad en el ejercicio público,[1] lo cual puede señalar una finalidad en sí misma. Sin embargo, la meta es proveernos de las herramientas suficientes para conocer, evaluar y controlar (en el sentido de los contrapesos democráticos argumentados por Alain Touraine) la “caja negra” que implica la administración gubernamental.

Así, la transparencia tiene un punto de partida fundamental: la información. Asimismo, un supuesto implícito (con amplias demostraciones empíricas): la existencia de asimetría (verticalidad y desigualdad), vaguedad (falta de claridad y coherencia) e inaccesibilidad (escasez de mecanismos de acceso, además de no ser amigable y confiable) en la información. Ahora bien, una vez establecidas estas primeras delimitaciones con respecto al concepto de transparencia, es necesario regresar a una pregunta general introducida más arriba y la cual señala hacia la dificultad de definir “lo público” dentro de la llamada función pública: ¿Qué información se debe transparentar? En efecto, esto señala hacia un terreno muy irregular y difícil en tanto debate abierto y lleno de posibles soluciones (todas ellas con falencias por señalar y corregir). Sin embargo, mostraré y usaré de manera reflexiva una ruta que me parece muy fructífera en términos de tal debate y que creo no ha sido abordada lo suficiente.

Los sociólogos franceses Pierre Lascoumes y Patrick Le Galés han acumulado años de experiencia en el campo de las políticas públicas, lo cual les ha permitido desarrollar nuevas estrategias teórico–conceptuales para entender e incidir en ese campo. Al respecto, su principal apuesta deriva de lo que han llamado la sociología de la acción pública que, como elemento inicial, contiene un posicionamiento crítico hacía la idea de función pública. Sus argumentos develan que este segundo concepto, por su instrumentalidad y racionalidad aséptica, no permite problematizar y entender procesos de toma de decisiones y los contextos (institucionales, sociológicos, económicos y políticos) en los cuales se instauran tales procesos. Así, su propuesta de acción pública (comprendida como sistema de orden negociado) pretende cubrir tal espectro al querer aprehender el sentido de la acción (intereses simbólicos y materiales, motivaciones y fines), pero también al sumar un análisis de todos aquellos actores y condiciones estructurales que inciden en la creación de agendas y, en general, dentro de todos los elementos constitutivos de los problemas que, por su naturaleza colectiva, se constituyen en públicos. De esta manera, para ellos la intervención pública refiere a una particular forma de acción colectiva, de carácter creativo, que busca regular las tensiones, resolver conflictos y promover la cohesión social.[2]

Por supuesto, esto contiene una vía de entendimiento de lo público que considero que debe ser rescatada dentro de las discusiones sobre transparencia. Como elemento inicial, posiciona a lo público como un campo social–relacional sistémico y por su naturaleza conflictivo en tanto arena de convergencia de intereses y motivaciones múltiples. Asimismo, conformado por un pentágono articulado por igual número de variables descriptivas: actores, representaciones, procesos, resultados e instituciones. Por lo tanto, lo público está delimitado dentro de ese pentágono y señalando el campo de las acciones públicas. Trasladando esta idea de lo público hacia la transparencia y, en consecuencia, hacia la información que podría estimarse como pública, entenderíamos que sería toda aquella que permitiera conocer y evaluar esos procesos de toma de decisiones, así como el grado de participación de los actores de la sociedad civil y los resultados de esa interacción en términos de intervención pública. La consecuencia de una acepción como la anterior es que la información no debe estar centrada en exclusiva en el gasto público (pues eso solo referiría
a lo que pudiera llamarse transparencia presupuestaria), sino en un rango mucho más amplio de datos que, por un lado, impliquen el espectro de acciones públicas y que, por otro lado, permitan o incluso estimulen la participación y la observancia de las personas sobre sus diferentes gobiernos (federal, estatal y municipal). Esto dentro de un diálogo equilibrado entre intereses y contextos, idea que desarrollaré en delante a partir de mis reflexiones sobre el municipio en nuestro estado.

 

2. EL MUNICIPIO EN JALISCO: UNA BREVE REVISIÓN
DE SUS CONDICIONES ESTRUCTURALES

Una de las principales discusiones actuales con respecto a los municipios refiere a su inserción en la lógica de la transparencia. Al respecto, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública es la que ofrece el marco normativo que pretender establecer nuevos márgenes para el desempeño de las funciones gubernamentales. Por ello el municipio tiene, en el papel, algunas obligaciones comunes al resto de ámbitos y otras específicas. No obstante, esa misma pauta legal autoriza laxitud en el cumplimiento de tales obligaciones a los municipios de menos de 70 mil habitantes,[3] lo cual ha abierto la posibilidad de que algunos municipios especulen sobre sus atribuciones, pero también el reconocimiento de que no todos los municipios, a escala nacional, podrán cumplir con las metas esperadas debido a sus diferentes capacidades institucionales.

Por lo anterior, el municipio no es una cuestión sencilla de resolver, pues sobre todo esa escala requiere una perspectiva analítica amplia que logre aprehender su complejidad. Partiendo de su heterogeneidad y cantidad, los municipios plantean escenarios tan disímiles que hacen virtualmente imposible la construcción de un modelo único de evaluación o de observancia en términos de transparencia. Es justo por ello que el propio modelo propuesto por la comunidad, el Programa Interdisciplinario en Rendición de Cuentas, se basa en siete eslabones: archivos, información pública, contabilidad, mecanismos de asignación presupuestal, compras públicas, monitoreo y evaluación y fiscalización, que están relacionados de manera directa al sentido normativo de la ley, es decir, a lo que todos los municipios “deberían” de tener y transparentar. En otras palabras, si bien es cierto que la exigencia de transparencia debe ser pareja para todas las administraciones gubernamentales (y más considerando el concepto de acción pública), también lo es que los escenarios municipales son muy diferentes.

Por principio, sus procesos de formación (legal–territorial), de desenvolvimiento histórico (político y económico) y de poblamiento marcan una serie de condiciones muy disímiles que, sin lugar a dudas, inciden en su actualidad. Como ejemplo, en el caso de Jalisco los asentamientos que fueron cobrando mayor relevancia durante el siglo xix eran aquellos que representaban las temperaturas templadas, los mejores accesos al agua y los óptimamente conectados (por su posición geográfica y condiciones topográficas), entre otras variables. Asimismo, el centralismo (en especial fiscal) heredado de la colonia y la consecuente división político–territorial[4] devinieron en que las principales cabeceras cantonales (previo a los municipios) presentaran el mayor desarrollo a lo largo de las etapas poscoloniales. De esta manera, no es de extrañar que, sumado a otros procesos durante el siglo XX (como migraciones e industrializaciones), sean hoy los municipios metropolitanos (en particular Guadalajara y Zapopan que hoy en día contienen 35% de la población total de Jalisco) y los reconocidos como cabeceras regionales y ciudades medias (como Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán, Tequila, Puerto Vallarta, entre otros) los que representen tanto la mayor densidad poblacional como también el crecimiento económico e institucional más significativo dentro del estado.

Además, es necesario considerar dos elementos muy importantes para entender el presente de los municipios. El primero, la reforma constitucional del artículo 115, la cual asigna a los ayuntamientos la competencia para ordenar lo relativo a los bandos de policía y buen gobierno, agua potable y alcantarillado, alumbrado público, mercados, panteones, rastros, calles, parques, jardines y otra serie de funciones.[5] Un proceso que algunos analistas han evaluado como parte de la descentralización del Estado mexicano, pero que con claridad refiere solo a funciones y no a recursos financieros (algo que se mantiene hasta el día de hoy, cuando observamos que el actual gobierno federal redujo los recursos para que los municipios cumplan con algunas de las mencionadas tareas). Y, el segundo, la emergencia de una lógica metropolitana en el acceso a recursos que ha permitido, entre muchas cosas, la proliferación de algunas bolsas y atenciones (políticas, institucionales e infraestructurales), pero solamente para aquellos municipios que cumplen con las características de urbanización, concentración, institucionalización y especialización requeridas. Cuestión no menor en tanto provoca el crecimiento de la brecha entre municipios metropolitanos y no metropolitanos (sustituyendo, con esta nueva dicotomía jerarquizante, el viejo paradigma rural–urbano).

Estas circunstancias permiten plantear que el debate sobre el avance de la transparencia en los municipios requiere de un análisis complejo que aprehenda estas diferencias estructurales e institucionales, pero también históricas, políticas y sociológicas. Esto porque más allá de la fijeza y normatividad que implica lo público, siguiendo el concepto utilizado, la heterogeneidad evidenciada refiere a las divergentes capacidades o posibilidades de realizar acciones públicas y, por lo tanto, al volumen de información y magnitud institucional de los ejercicios de transparencia. Por supuesto, y como ya lo mencioné, esto no plantea una tarea fácil, pues esa apuesta requiere de unir esfuerzos multidisciplinarios y construir equipos de trabajo para crear, vía el debate y los análisis diacrónico–sincrónicos de las condiciones municipales, las herramientas pertinentes. Sin embargo, considero que hay esfuerzos por parte de algunos colectivos que pueden servir como puntos de partida, por lo que me gustaría partir de uno de ellos para proponer cómo se podrían hacer evaluaciones más finas.

 

3. EL COLECTIVO CIMTRA Y LAS EVALUACIONES
DE TRANSPARENCIA

El colectivo Cimtra es una alianza de diferentes organizaciones civiles que, desde 2002, ha tenido como meta “evaluar y fomentar la transparencia en los gobiernos y congresos locales”.[6] Al respecto, ha elaborado una herramienta aplicable a los municipios que se basa en tres campos que ellos han definido como los marcos base de lo que entienden por transparencia: información a la ciudadanía; espacios de comunicación gobierno–sociedad y atención ciudadana. De esta manera han logrado construir un concepto propio y hacerlo operativo para medir o evaluar lo hecho en la materia por parte de los municipios, pero manteniendo un diálogo con los principios del artículo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios. Este ejercicio ha sido en particular redituable en Jalisco ya que, además de la regularidad en su aplicación, ha derivado en un proceso de aprendizaje por parte de las administraciones implicadas, pero también en un reconocimiento de los municipios de la entidad como los mejor evaluados a escala nacional. En este sentido, es de señalar que lo calificado por parte de Cimtra refiere a una forma de entender la transparencia que, por lo menos de manera implícita, apuntaría hacia la propuesta de acción pública. Sin embargo, hay por lo menos dos cuestiones que, desde mi perspectiva, valdría la pena plantearse para mejorar las herramientas y las evaluaciones.

Por un lado, la parte más amplia del cuestionario que Cimtra aplica a las administraciones municipales (información a la ciudadanía) se centra en el uso o distribución de sus recursos (económicos y materiales, sobre todo). No obstante, no contiene un factor de análisis de las capacidades recaudatorias (orígenes, mecanismos y procesos) ni de los recursos financieros totales a los que cada municipio tiene acceso. Este es un punto vital en tanto permitiría entender, desde una perspectiva económica, los contrastes institucionales y la amplitud de los marcos o posibilidades de acción pública de cada ayuntamiento. Además, esto abriría la puerta para preguntarse por la jerarquía funcional de cada municipio, el total de la población atendida y las ventanas de innovación gubernamental (en caso de haberlas). Asimismo, considero que un mejor ejercicio de evaluación podría incluir un análisis contextual–estructural de los municipios con el fin de fortalecer lo arrojado por la herramienta aplicada. Trataré de explicar este segundo argumento a partir de algunos datos de la última evaluación.

En la figura 2.1 se vuelve notorio que no todos los municipios han sido evaluados, pues es necesario el establecimiento de un convenio entre Cimtra y los ayuntamientos. En otras palabras, debe haber un acto de acercamiento voluntario, de pacto y de responsabilidad compartida entre ambas instituciones. Por otra parte, es por igual evidente que los municipios metropolitanos destacan por ser los mejor evaluados, lo cual se explica no solamente por su participación constante y proceso de aprendizaje sino también por sus capacidades institucionales y económicas que les han permitido crear unidades especializadas en transparencia, sobre todo a Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco, y aunado a ello el montaje de una estructura virtual (vía sus páginas oficiales en internet) que sigue al pie de la letra la herramienta de Cimtra.

La figura 2.2 contiene el porcentaje de avance de cada municipio desde su primera participación y hasta la última de agosto de 2019 (que en algunos casos da una suma de hasta seis evaluaciones). En él es posible observar cómo Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco se encuentran en los rangos más bajos, pero esto es porque desde sus primeros ejercicios obtuvieron resultados altos. Así, su variación en el tiempo siempre ha sido menor a 5%, manteniéndose entre los mejores evaluados de forma constante. Es claro que esta tendencia metropolitana ha “contagiado” a otros municipios que han buscado sumarse a los ejercicios y mejorar en sus calificaciones. Sin embargo, esto ha pasado por la voluntad política de algunas administraciones municipales e incluso por el deseo de figurar políticamente mediante la transparencia.

Más allá de lo anterior, también es necesario preguntarse por aquellos municipios que a lo largo de la historia sacan “malas” calificaciones o que nunca han participado de las evaluaciones de Cimtra. En efecto, sin dejar de lado el papel que desempeña la voluntad por participar y el papel político que tiene la transparencia como hecho y como discurso, también es necesario problematizar las condiciones estructurales de esos municipios. Por ejemplo, casos como el de Tapalpa y Sayula que no han crecido e incluso han decrecido a lo largo de las evaluaciones pueden indicar una falta de interés o alternancias que afectan los procesos. Sin embargo, también puede ser producto de la falta de recursos o capacidades institucionales para construir una mínima estrategia de transparencia.

De igual forma, para los municipios que no participan es necesario cuestionarse por qué no lo hacen, para saber si también tienen que ver esas condiciones de desventaja; una hipótesis que seguramente encontraría diversos sustentos empíricos. De ahí que una de las propuestas sería realizar un análisis de los municipios participantes (y no participantes) en términos de tales capacidades y contextos. Por ejemplo, vía la revisión de los estados socioeconómicos, el desarrollo urbano, la infraestructura, los niveles de pobreza, los sectores estratégicos, la especialización económica, el medio geográfico, la situación ambiental, entre otros; datos que las instancias oficiales, como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi), disponen con amplia apertura. Incluso plantearía un ejercicio cualitativo, tomando algunos casos particulares, para conocer cómo funciona en realidad un ayuntamiento (en especial los no metropolitanos) y las carencias a las que puede estarse enfrentando de manera cotidiana. Desde mi perspectiva estos elementos permitirían ejercicios más finos que no solo evaluaran, sino que también midieran, contextualizaran, ponderaran y situaran, en justa dimensión, a cada municipio. Precisamente a esto me refería con el equilibrio entre intereses y contextos, es decir, entre el ejercicio del derecho a la transparencia como un todo y la heterogeneidad de escenarios que representan los municipios en nuestro país. Esto ayudaría a los municipios a encontrar ventanas de oportunidad tanto respecto de la transparencia como sobre los diferentes problemas que enfrentan en la actualidad.

 

4. A MANERA DE CIERRE

Es claro que, además de las cuestiones anteriores, actualmente algunos municipios en Jalisco han visto a las evaluaciones de Cimtra como una ruta o un medio de capitalización política de la transparencia. En otras palabras, la transparencia vende y brinda legitimidad pública. Esto es cierto dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, pues los municipios que la conforman están entrando en el terreno de la competencia por ser el más transparente. Esto no es negativo per se, pero puede serlo en la medida en que únicamente se haga por cumplir esa particular meta política y no por el hecho de ser transparentes. En este punto la población tenemos una gran tarea por cumplir en términos de observación y crítica, ya que al final la transparencia no puede funcionar como sinónimo de buen gobierno; buen gobierno es el que resuelve los problemas de su sociedad y, además, transparenta las acciones públicas. En todo caso, la transparencia debe ser una ideología, un proceso integrado y naturalizado, una práctica arraigada que no solo compete a las administraciones gubernamentales.

Por último, es necesario cerrar con un comentario sobre los municipios en México. En particular, fuera de las grandes metrópolis, los municipios se enfrentan a una serie de condiciones estructurales que los limitan para cumplir sus metas más básicas. Desde las condiciones legales hasta la sobrecarga de funciones, reflejan la desigualdad y el centralismo característicos de nuestro país. Esto me parece muy claro dentro de los marcos actuales de la lucha anticorrupción, ya que la escala municipal está casi invisibilizada. Es así como, por ejemplo, tanto la ley de creación del Sistema Nacional Anticorrupción y la correspondiente ley estatal apenas tocan el tema, por lo que se deja al municipio en el terreno de la indefinición y de la voluntad. Se les pide no ser corruptos (y transparentes) pero no se les dice cómo y, además, no se les da con qué. Por lo tanto, tenemos en el municipio una deuda pendiente que requiere atención, pues al final representa la base organizativa de nuestro Estado mexicano y el principal eje de vinculación con la población y sus diferentes problemáticas.

 


[*] Es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por El Colegio de México. Maestro en Estudios sobre la Región por El Colegio de Jalisco y licenciado en Geografía por la Universidad de Guadalajara. Profesor investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Correo electrónico: jorgeeufracio@iteso.mx

 

[1].  Hofbauer, H. y Cepeda, J. “Transparencia y rendición de cuentas”, en Merino, M. (coord.). Transparencia: libros, autores e ideas, ifai–cide, México, 2005.

[2].  Lascoumes, P. y Le Galés, P. Sociología de la acción pública, El Colegio de México, México, 2014.

[3].  Merino, M., Hernández, J. y Veloz, L. “Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción en los municipios mexicanos: Hacia un modelo homogéneo”, en Merino, M., Hernández, J. y Avilés, E. (coords.). Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. El municipio en la encrucijada, pirc/conacyt/cide, México, 2017.

[4].  Muriá, J. M. Sumario histórico de Jalisco, Amate Editorial, Zapopan, 2006.

[5].  Arcudia, C. E. “La descentralización municipal en México. Nuevas relaciones intergubernamentales a partir de las reformas del artículo 115 de la Constitución”, Nómadas, revista crítica de ciencias sociales y jurídicas, número especial, Universidad Complutense, 2012.

[6].  Recuperado de http://www.cimtra.org.mx/portal/sobre-cimtra/ el 28 de noviembre del 2019.

El primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entre claroscuros y esperanzas

Jorge Rocha Quintero[*]

 

Resumen: En este texto se analizan algunos de los principales tópicos del primer año de gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, enfatizando la agenda de seguridad, su relación con los organismos públicos autónomos y, sobre todo, se hace un análisis pormenorizado de los índices de aprobación del primer mandatario, la imagen de los gobernadores y las perspectivas electorales rumbo a los procesos electorales de los años 2020 y 2021.

Palabras clave: Andrés Manuel López Obrador, aprobación presidencial, tendencias electorales, primer año de gobierno

 

Abstract: This text analyzes some of the key aspects of the first year in power of President Andrés Manuel López Obrador, with an emphasis on his security agenda, on his relationship with autonomous public organizations, and especially on a detailed analysis of his approval ratings, the image of state governors, and the electoral projections of the 2020 and 2021 electoral processes.

Key words: Andrés Manuel López Obrador, presidential approval, electoral trends, first year in power

 

1. LOS NIVELES DE APROBACIÓN AL PRIMER AÑO
DE GOBIERNO

Al cumplir un año de la actual administración pública federal en México
se dieron a conocer algunas encuestas sobre la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se realizaron a finales del mes de noviembre de 2019. Ya es tradición que al término de un periodo de este tipo se hagan ejercicios estadísticos para ponderar el desempeño del gobernante, reconocer los principales logros y señalar los errores más importantes.

En la tabla 1.1 presento algunos de los resultados más sobresalientes de las encuestas que se publicaron al finalizar el primer año de gobierno de López Obrador.

En todas las encuestas hay coincidencia acerca de que la inseguridad pública es el problema más serio que aqueja a la ciudadanía. También la mayoría afirma que, en los primeros doce meses, los principales avances están en materia de combate a la corrupción.

En lo referente a la perspectiva electoral el diario Reforma afirmó en su encuesta que, si hubiera elecciones al finalizar el primer año, 66% votaría a favor de que López Obrador permanezca en el cargo, mientras que 27% dijo que debe renunciar. En julio de 2019 era 69% el porcentaje de los que apoyaban la permanencia del presidente y 24% quienes se pronunciaban porque tendría que renunciar. En el caso de El Financiero se hizo la misma pregunta y también 66% apoyaba que se quede en el cargo, en tanto que 31% expresó que no debería continuar en su puesto.

El Financiero también nos otorgó una comparación de los niveles de aprobación presidencial después del primer año de gobierno y señaló que Vicente Fox Quezada tuvo 61% de aprobación, Felipe Calderón Hinojosa 64%, Enrique Peña Nieto 44% y Andrés Manuel López Obrador obtuvo 68%. Es decir, en las últimas dos décadas el actual titular del Poder Ejecutivo es el que tuvo mayor popularidad al término de su primer año de gobierno.

El diario Reforma también midió la intención del voto en torno a los partidos políticos y señaló que, para finales de 2019, los mexicanos, tanto mujeres como hombres, votarían en 49% por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), seguido del Partido Acción Nacional (PAN) en 17%, luego el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 14%. El resto de los institutos políticos tendrían menos de 5% de las preferencias electorales.

También al finalizar noviembre Consulta Mitofsky presentó un ranking en el que se evalúa a las gobernadoras y los gobernadores del país, y de acuerdo con esos resultados y de sus propias mediciones del presidente de México, solo Mauricio Vila, del estado de Yucatán (PAN), y Quirino Ordaz, de Sinaloa (PRI), tendrían una aprobación superior a López Obrador, quienes junto con Carlos Mendoza, de Baja California (PAN), Claudia Sheinbaum, de la Ciudad de México (Morena), y Rutilio Escandón, de Chiapas (Morena), superan la barrera de los 50 puntos de aprobación positiva.

De acuerdo con los resultados anteriores se puede hacer las siguientes afirmaciones:

• López Obrador terminó su primer año con un alto nivel de aprobación de la ciudadanía, a pesar de que se reconoce que en materia de seguridad las cosas no están caminado de acuerdo con las demandas de la población.

• La ciudadanía está premiando al presidente por las acciones que está realizando en materia de combate a la corrupción. Esta agenda es la que más dividendos políticos le dejó a López Obrador en su primer año.

• En términos generales, lo que podemos afirmar es que siete de cada diez apoyan al presidente y tres de cada diez mexicanos están en desacuerdo con las acciones del titular del Poder Ejecutivo.

• Comparativamente, López Obrador no tiene adversarios políticos relevantes, ya que los partidos no cuentan con una proyección política que los posicione como rivales relevantes del presidente, y la gran mayoría de los gobernadores del país están en desventaja frente al titular del Poder Ejecutivo federal.

• La fuerza electoral del lopezobradorismo se mantiene boyante,
y si estas tendencias continúan durante todo el año 2020 veremos a Morena como el candidato a vencer en las elecciones federales y locales de 2021.

 

2. LA INSEGURIDAD. EL TALÓN DE AQUILES

Por otro lado, y pesar de que la ciudadanía le está concediendo al presidente el beneficio de la duda, Andrés Manuel López Obrador sí admitió que el incremento en las cifras de inseguridad en su primer año de gobierno se mantuvo y que es una agenda pendiente del nuevo gobierno poder revertir esta delicada situación. En este escenario reconoció la tarea de las fuerzas armadas y reiteró su compromiso con el respeto a los derechos humanos. Cabe señalar que, para finales del mes de agosto, antes de su primer informe, la Comisión Nacional de Búsqueda, en palabras de su titular, Karla Quintana, señaló que de 2006 al 14 de agosto de 2019 se habían encontrado 3,024 fosas clandestinas con 4,974 cuerpos. Los estados más afectados por esta grave situación fueron Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas y Jalisco.

Luego de que Alfonso Durazo expresó que las cifras de violencia en el país estaban comenzando a bajar en el mes de octubre tres hechos cimbraron al país y mostraron la crudeza de la realidad de violencia que estamos viviendo en México. El primer acontecimiento fue el asesinato de 14 policías en Aguililla, Michoacán, a manos de un grupo de la delincuencia organizada el día 14 de octubre de 2019; el segundo hecho fue la detención y liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “el Chapo” Guzmán que, a decir del presidente, se justificó por el riesgo que significaba para los habitantes de Culiacán, Sinaloa, su posible aprehensión y los posibles enfrentamientos entre la delincuencia organizada y las fuerzas armadas. Este hecho fue el día 17 de octubre. Finalmente, la familia LeBaron, del estado de Chihuahua, sufrió un ataque por parte de la delincuencia organizada en el que fueron asesinados nueve de sus miembros, entre ellos dos menores de edad.

Mucho se habló y se debatió en la opinión pública sobre estos asuntos. Incluso el Grupo Reforma publicó una encuesta en la que se muestra cómo frente al hecho de dejar libre a Ovidio Guzmán 49% de la gente se mostró en desacuerdo con esta acción, pero 45% de los entrevistados justificó la actuación de los cuerpos de seguridad, es decir, se generó una fuerte división de opiniones al respecto.

Estos tres asuntos ameritan una reflexión profunda para el gobierno y para la sociedad, de las cuales comparto algunas impresiones:

• La ruta para “demostrar” que la violencia está bajando no es el llamado “combate estadístico” de la delincuencia, en que autoridades federales y locales quieren demostrar a toda costa que los índices delictivos están disminuyendo. Es cierto que la información cuantitativa es una valiosa herramienta de análisis, pero a la par de esto deberían incorporarse variables territoriales y generar estrategias de pacificación vinculadas con el territorio. Es decir, se trata de pacificar zonas, regiones y localidades del país.

• Siguiendo con esta línea de pensamiento, desde hace años sabemos de estados de la república donde las dinámicas de violencia permanecen y parece que no se ha dado en el clavo en las estrategias adecuadas para resolver de forma satisfactoria este problema. Entidades como Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas, Jalisco, Veracruz y el Estado de México son algunos casos donde la crisis de violencia tiene varios años, en tanto que también encontramos entidades donde estas situaciones se han hecho presentes en los últimos tiempos, por ejemplo, Guanajuato. Es fundamental contar con estrategias de seguridad que claramente incorporen las variables territoriales para su diseño e implementación.

• Es evidente que las anheladas estrategias de inteligencia para el combate a la delincuencia no son prácticas generalizadas en los cuerpos de seguridad de este país. Se ha dicho hasta la saciedad que generar estrategias con base en diagnósticos multidisciplinares del fenómeno delictivo es clave para incrementar de forma sustantiva su eficacia. Sin embargo, parece que seguimos teniendo serias deficiencias en este aspecto, ya que muchas corporaciones siguen haciendo las cosas como siempre, cuando es evidente que la violencia y la delincuencia en este país tiene características muy distintas a cuando este fenómeno explotó.

• La Guardia Nacional hasta este momento no ha dado los resultados deseados y sus capacidades de contener la delincuencia organizada parecen estar lejos de lo que necesitamos y de lo que el presidente había prometido. En contraparte, los grupos delincuenciales han demostrado una enorme capacidad de fuerza que acumularon a lo largo de los años y que ahora muestran de forma nítida y preocupante. El vacío de Estado y de institucionalidad en muchas localidades de México está siendo llenado por esta clase de grupos que asumen este tipo de funciones.

• La seguridad es la agenda que más le preocupa a la población y es donde se esperan más resultados. Hasta este momento parece que hay paciencia de parte de la gente para ver avances nítidos y contundentes, sin embargo, el tiempo del que dispone López Obrador en esta agenda es cada vez más corto y es en este asunto donde efectivamente la popularidad del presidente puede empezar a menguar.

Los hechos de Culiacán pasaron de mostrar una crisis de seguridad a convertirse en la primera crisis mediática para el gobierno de López Obrador en lo que va de su mandato. Durante el primer año de gobierno el presidente había salido airoso de varios errores, malas decisiones y problemas de gestión, aduciendo que eso le habían dejado los gobiernos anteriores o justificándose por nuevas formas y mecanismos para llevar la administración pública federal. En algunas ocasiones los argumentos fueron sólidos e irrebatibles, en otros no tenían tanta contundencia, pero la habilidad política del presidente bastaba para resolver. En los casos ya citados, además de los notorios errores de estrategia e instrumentación, se sumó una crisis mediática que sin duda descolocó por primera vez al titular del Poder Ejecutivo federal.

El primer grave error en términos comunicacionales fue que la primera versión de los hechos sobre la detención de Ovidio Guzmán contenía información falsa; primero afirmaron que Guzmán no había sido detenido y luego que sí había estado retenido por las fuerzas armadas y luego liberado. Después se informó y aceptó que el operativo había sido pedido por el gobierno de Estados Unidos, con lo cual se puso en entredicho la soberanía de los cuerpos de seguridad del país al actuar a solicitud de otro gobierno. Otro de los graves errores en cuanto a la forma de informar este asunto es que nominalmente la Secretaría de Seguridad, de la cual depende la Guardia Nacional, es la responsable de este tipo de operativos, sin embargo, fue el Ejército el que estaba dando cuentas de esta acción, con lo cual no se sabe quién al final de cuentas fue el responsable. A lo anterior se sumó que López Obrador dio a conocer el nombre del responsable del operativo, con lo cual varias legislaciones que marcan cómo se tiene que actuar en este tipo de situaciones no fueron respetadas por el propio presidente. Esta cadena de errores terminó con un franco y crudo enfrentamiento entre López Obrador y algunos de los medios de comunicación más críticos con su gobierno por la forma como se abordó este tema. Sin duda alguna este fue el momento más crítico del primer año de gestión de la actual administración pública federal.

 

3. EL PRESIDENTE Y LOS ORGANISMOS PÚBLICOS AUTÓNOMOS 

El nombramiento de la nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, vulneró aún más la situación que prevalece en este organismo público autónomo. El proceso de selección en el Senado de la República fue desaseado y dejó muchas dudas sobre la legitimidad del nombramiento, y a pesar de que la nueva titular de la CNDH ha sido activista y víctima de violaciones a derechos humanos, su cercanía con Morena y con el propio presidente de la república puso en entredicho su autonomía frente al poder público. Este proceso llevó a que cinco consejeros de la CNDH renunciaran a su cargo, y las peticiones para que se repusiera el proceso y para que Piedra renunciara al puesto no se hicieron esperar.

Aunado a esto, en el presupuesto de la federación de 2020 hay una importante reducción de los recursos asignados al Instituto Nacional Electoral (INE) que también ha provocado un fuerte debate sobre la pertinencia de este tipo de decisiones presupuestarias.

Desde hace tiempo se ha montado en la agenda pública la idea de que para el presidente Andrés Manuel López Obrador este tipo de organismos le resultan incómodos y por lo tanto ha buscado controlarlos, ya sea por la vía del presupuesto o colocando personajes allegados a su persona en los puestos de dirección. Parece que los hechos antes descritos confirman estas hipótesis y provocan malos augurios.

En torno a este asunto conviene hacer algunas reflexiones que van más allá de discutir si Rosario Piedra tiene que renunciar a la CNDH o si el presupuesto de 2020 del INE es el adecuado, y que están en la línea de una perspectiva del sentido de este tipo de instituciones. 

• Los organismos públicos autónomos surgen por las falencias del sistema político mexicano, que no ha sido capaz de garantizar derechos humanos clave para la vida del país. Por esta razón aparecen instituciones como la CNDH, el INE o el INAI (Instituto Nacional de Acceso a la Información) que, aunque viven del presupuesto público, se supone que están diseñados para ser autónomos e independientes de los poderes públicos y fácticos. En la historia de estos organismos esta autonomía ha sido cuestionada, ya que hay casos en los que más bien se ha documentado —por académicos o por organizaciones civiles— que la actuación de estas instituciones, en no pocos casos, ha sido acomodaticia a los intereses políticos.

• El segundo gran cuestionamiento que ha recibido este tipo de organismos es que su presupuesto resulta muy elevado y a veces parece no justificarse las asignaciones de recursos que han tenido a lo largo de los años. En el tema electoral se ha hablado de la imperiosa necesidad de abaratar estos procesos, mientras que en el caso de la CNDH hay un claro desbalance entre resultados y recursos invertidos. Desde hace años los recursos públicos destinados a estos organismos públicos autónomos han sido materia de discusión pública.

• Varias de estas instituciones ya tienen muchos años funcionando, por ejemplo, la CNDH existe desde 1994 (25 años de su creación), el INE tiene al menos dos décadas de organizar elecciones y el INAI también va por los 20 años de su creación; la pregunta es ¿hoy México garantiza los derechos humanos de la mayoría de la población? ¿Hoy contamos con una democracia más robusta? ¿Hoy los mexicanos tenemos más acceso a la información y los funcionarios públicos rinden más cuentas de su trabajo? En varios casos las respuestas no son satisfactorias, y sin negar importantes y valiosos avances en estas agendas, parece que los motivos de la existencia de estos organismos siguen en pie, pero se pone en entredicho si la estrategia ha sido la correcta.

Sin dejar de criticar el actual proceso de selección de la presidenta de la CNDH o el manoseo presupuestal del INE, en México nos debemos un profundo debate en el que evaluemos a conciencia el desempeño de estas instituciones, parafortalecerlas en lo sustantivo y eviten hacer lo que no ha funcionado. Dejar el debate entre las filias y fobias del presidente hacia este tipo de organismos es empequeñecer el debate.

 

4. SER GOBERNADOR EN TIEMPOS DE LÓPEZ OBRADOR

Después del 26 de septiembre de 2014, cuando se generó la crisis del gobierno de Enrique Peña Nieto por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, la desaprobación de su administración empezó a descender y jamás se pudo recuperar, teniendo su punto más bajo en el llamado gasolinazo, cuando el repudio al entonces presidente creció hasta llegar a 88%, de acuerdo con varias encuestas.

Ser gobernador luego de 2014 fue una tarea relativamente sencilla en su relación con el presidente de México, ya que casi en todos los casos los titulares del Poder Ejecutivo de los estados contaban con una mejor imagen pública que Enrique Peña Nieto, quien tuvo como uno de sus propósitos centralizar la mayor parte de las decisiones de la administración pública, pero que, con el transcurrir de su gobierno, este objetivo fue cada vez más complicado de realizar. Incluso en el caso de Jalisco, Aristóteles Sandoval llegó a tener posiciones públicas distintas al presidente Peña, a pesar de ser del mismo partido y de que la disciplina partidista en el pri se sabe que siempre fue muy férrea.

Ahora el escenario es distinto. Durante el primer año de gobierno el presidente López Obrador contó con mayores simpatías que los gobernadores de los estados y parece que la agenda del gobierno federal se impone día con día a las agendas de los estados. El periódico El Financiero dio a conocer en el mes de septiembre de 2019 dos encuestas, una sobre los niveles de aprobación de los gobernadores y la otra sobre la popularidad de López Obrador en cada una de las entidades federativas. Sobre la primera encuesta los resultados más relevantes fueron los siguientes:

• Los cinco gobernadores mejor evaluados fueron: Mauricio Vila (PAN), de Yucatán, con 78% de aprobación; Quirino Ordaz (PRI),
de Sinaloa, con 65%; Claudia Pavlovich (PRI), de Sonora, con 62% de aprobación; Francisco Domínguez (PAN), de Querétaro, con 60%, y José Rosas (PAN), de Durango, con 57% de aprobación.

• Los cinco gobernadores peor evaluados en esa encuesta fueron: Francisco Vega (PAN), de Baja California, con 19% de aprobación; Jaime Rodríguez “el Bronco” (independiente), de Nuevo León, con 21%; Silvano Aureoles (PRD), de Michoacán, con 30% de aprobación; Cuauhtémoc Blanco (PES), de Morelos, con 35%, y Héctor Astudillo (PRI), de Guerrero, con 36% de aprobación.

• Si midiéramos la aprobación de los gobernadores como una calificación escolar solo cuatro estarían aprobados (tienen un porcentaje arriba de 60%) y 28 titulares de los poderes ejecutivos estatales estarían reprobados. Además, solo doce gobernadores tienen una aprobación arriba de 50%; los otros 20 están por debajo de este 50% de percepciones positivas. El promedio de los 32 gobernadores es de 46% de aprobación y de 41% de desaprobación; es decir, de acuerdo con la percepción ciudadana tenemos gobernadores que tienden a tener un mal desempeño en su cargo.

Los resultados de la popularidad del presidente López Obrador en los estados son los siguientes:

• Los cinco estados donde el presidente tiene mayor aprobación son: Tabasco (86%), Nayarit (84%), Oaxaca (81%), Veracruz (79%) y Tlaxcala (77%).

• Los cinco estados donde López Obrador tiene menos aprobación de la ciudadanía son: Guanajuato (48%), Ciudad de México (50%), Querétaro (56%), Aguascalientes (57%) y Baja California (57%).

• Si tomáramos la aprobación del presidente como una calificación escolar López Obrador estaría aprobado en 17 estados y reprobaría en cinco entidades. Además, tiene en 31 estados un nivel de percepciones positivas por arriba del 50% de los encuestados y solo en una entidad estaría por debajo del 50%. El promedio de aprobación del presidente en los estados es de 69% y de desaprobación de 28%.

Si comparamos los resultados de ambas encuestas tenemos que solo dos gobernadores tuvieron mayor nivel de aprobación que el presidente: Mauricio Vila (PAN) de Yucatán y Francisco Domínguez (PAN) de Querétaro, y un gobernador tiene la misma aprobación que López Obrador y es Martín Orozco (PAN) de Aguascalientes. Si hablamos de promedios el presidente está por arriba de los gobernadores por 23 puntos porcentuales.

Ser gobernador en el lopezobradorismo es muy complicado, ya que los titulares de los poderes ejecutivos estatales se mueven entre dos grandes opciones, llevar una relación tersa en que la agenda federal se impone a la local, o convertirse en oposición con un costo político que puede ser muy alto. Esta situación obliga a los gobernadores a emplearse a fondo en sus capacidades políticas y de negociación con la Federación.

Otro de los asuntos por resaltar es que esta situación corrobora que el presidente, en su primer año de gestión, no tuvo rivales políticos capaces de disputarle la arena pública.

 

5. INTENCIÓN DEL VOTO AL FINALIZAR EL AÑO 2019

El periódico El Financiero publicó una encuesta sobre las tendencias electorales luego del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Como sabemos, a mediados de 2021 se elegirá a 500 diputados, además de varias gubernaturas y congresos locales que estarán en juego en ese año; mientras que para el año próximo (2020) se renovará el Congreso local de Coahuila (16 diputados de mayoría relativa y nueve de representación proporcional) y se elegirá a 84 alcaldes en el estado de Hidalgo.

Por lo pronto, de acuerdo con lo que presenta El Financiero, las tendencias electorales al finalizar el año 2019 fueron las siguientes:

• Luego de preguntar por cuál partido votaría si fueran las elecciones para diputados federales, 36% de los encuestados respondieron que votarían por Morena. Hay que decir que el pico más alto estuvo en los meses de febrero y abril de este año, cuando 46% afirmaron que votarían por los candidatos a legisladores de este partido. El nivel más bajo lo tuvo en el mes de julio con el 32% de apoyo y en los últimos meses del año se mantuvo con 36% de las preferencias electorales. Esto significa que en términos gruesos el partido del presidente perdió 10 puntos porcentuales y terminó este periodo con un pequeño repunte que se ha mantenido estable. En cuanto a las percepciones, Morena mantiene una buena imagen en 42% de los encuestados, mientras que en 28% tiene una mala imagen, es decir, mantiene un saldo de +14 puntos en lo referente a la imagen del partido.

• En lo concerniente al Partido Acción Nacional (PAN), si fueran las elecciones para diputados federales en diciembre de 2019 este partido obtendría el apoyo de 12% de los encuestados, que representa su valor más alto junto con el mes de mayo de este año. Hay que decir que durante siete meses la intención del voto para este partido fue de 10%, con lo cual podemos afirmar que el blanquiazul terminóel año con un leve crecimiento. En lo referente a la imagen, 18% de los encuestados tiene una imagen positiva de este partido, mientras que 54% tiene una mala imagen de Acción Nacional. El saldo de imagen de este instituto político es de –36 puntos porcentuales.

• En lo que respecta al Partido Revolucionario Institucional (PRI), si fueran los comicios para diputados federales al finalizar el año 2019, el 9% de los encuestados emitirían su voto a favor de ellos. Los tres meses anteriores el PRI había obtenido una intención del voto de 7% de forma sistemática, siendo su mayor nivel en el mes de julio con 10% y el menor en diciembre de 2018 con solo 4%. Con esto se puede afirmar que el tricolor terminó el año 2019 con un leve repunte en la intención del voto. En lo concerniente a la imagen, el pritiene una visión negativa del electorado en 73% de los encuestados, mientras que 10% tiene una imagen positiva de este partido; es decir su saldo de imagen es de –63 puntos porcentuales. 

Con los datos que nos proporcionó este periódico nacional se pueden hacer las siguientes afirmaciones:

• A pesar de que la intención del voto ha bajado para el partido Morena, este instituto político se presenta como el candidato a vencer, ya que la diferencia con su más cercano perseguidor, el PAN, es de tres a uno, con una diferencia de 24 puntos porcentuales. Habrá que decir que en el hipotético caso de que los panistas y priistas unieran su voto, aun así, Morena mantendría una diferencia de 15 puntos porcentuales frente a una eventual alianza entre PAN y PRI.

• En cuanto a la imagen pública el único partido en México que mantiene un saldo positivo es Morena, mientras que el PAN, el PRI y el PRD (–38 puntos porcentuales) mantienen una mayoritaria imagen negativa frente al electorado, situación que en un futuro escenario electoral sería un gran obstáculo para su crecimiento en la intención del voto.

Parece que en las elecciones intermedias de 2021 y en los dos procesos electorales locales de 2020 Morena se enfila a un triunfo electoral, pero es menester recordar que, en materia de elecciones, siempre puede haber sorpresas.

Hasta aquí se presenta un análisis sociopolítico del primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

 

[*] Es director de Integración Comunitaria del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Es licenciado en Sociología por la Universidad de Guadalajara y en Filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac. Tiene una maestría en Impactos Territoriales de la Globalización por la Universidad Internacional de Andalucía y es doctor en Estudios Científico–Sociales por el ITESO. Colabora semanalmente en Zona 3 (radio), Megacable (televisión) y en el podcast En la Misma Mesa. Es articulista en el Semanario de Guadalajara y en las revistas El Puente y Christus. Es profesor invitado en la Universidad Iberoamericana León.

24 precandidatos presidenciales demócratas, ¿es en serio?

David Foust Rodríguez[*]

 

Resumen: 24 personas están disputando la candidatura presidencial demócrata en Estados Unidos de América. Es el mayor número de precandidatos en la historia de ese país. ¿Qué está detrás de esta extraordinaria cantidad? ¿Cuáles son las opciones de fondo que tendrán los electores demócratas en las primarias y los caucus (asambleas) en los estados? ¿Podrá salir algún candidato o candidata que derrote a Trump en su esfuerzo por reelegirse? ¿Cuál tendría que ser su estrategia? Estas son las preguntas que intentamos responder en este artículo.

Palabras clave: elecciones en Estados Unidos de América, Partido Demócrata, Bernie Sanders, Trump.

 

Abstract: Twenty–four candidates are vying for the Democratic Party’s nomination for the US presidential election. What explains this extraordinary number? What meaningful options will Democratic voters have in the state primaries and caucuses? Will they find a candidate who can stand in the way of Trump’s hopes for re–election? What strategy will s/he need to use? These are the questions we address in this article.

Key words: us elections, Democratic Party, Bernie Sanders, Trump.

 

  1. Las candidaturas

24 precandidatos demócratas para presidente de Estados Unidos de América se han registrado ya en la Comisión Federal Electoral[1] y han anunciado su precandidatura: Michael Bennett, Joe Biden, Cory Booker, Steve Bullock, Pete Buttigieg, Julian Castro, Bill de Blasio, John Delaney, Tulsi Gabbard, Kirsten Gillibrand, Mike Gravel, Kamala Harris, John Hickenlooper, Jay Inslee, Amy Klobuchar, Wayne Messam, Seth Moulton, Beto O’Rourke, Tim Ryan, Bernie Sanders, Eric Swalwell, Elizabeth Warren, Marianne Williamson, Andrew Yang. En la tabla 8.1 se presentan las características más sobresalientes de los más populares.

Hasta mediados de junio de 2019, en presencia mediática y en encuestas, lideran la campaña Biden, Sanders, Warren, Harris y Buttigieg; en recaudación, Biden (sin dato), Bernie (20.7 millones, 84% de pequeños donantes), Delaney (18.3 millones, solo 7% de pequeños donantes), Warren (16.5, 70.3%), Harris (13.2, 36.8%).[2] Pero es muy temprano para sacar conclusiones de estos números. Hay, sin embargo, otros datos reveladores.

24 precandidaturas presidenciales es un nuevo récord que desbanca a los 17 republicanos de 2016 y a los 16 demócratas de 1976 y 1972. Este es un indicador de la percepción de alta probabilidad de ganar por parte de los demócratas,[3] pues en otras elecciones presidenciales el número de precandidatos registrados varía en forma proporcional a la percepción de probabilidad de triunfo. Como comentamos en una colaboración anterior en Análisis Plural,[4] preocupa este dato. Pudiera ser un indicador de que el Partido Demócrata no ha tomado nota —¡aún!— del triunfo de Trump y de su significado político. O pudiera apuntar hacia un fervor y entusiasmo adelantados por querer participar en la contienda.[5]

Como señala Jonathan Martin, “el crecimiento explosivo de las redes sociales, la creciente diversidad del electorado demócrata y los cambios en el calendario y en el formato de debate han creado una [elección] primaria como no se había visto”.[6] Estamos viendo el desarrollo de una elección interna diferente: se ha reducido el peso que tenían la “primaria invisible”[7] —en la que los candidatos fuertes recaudaban toneladas de dinero y sumaban respaldos del establishment— y las primeras primarias y caucus, en particular Iowa y Nueva Hampshire. Para darnos una idea del gran peso de estos primeros eventos basta mencionar un par de datos: Barack Obama pasó 89 días en Iowa,[8] y Lyndon B. Johnson no se nominó para la reelección porque ganó la primaria de Nueva Hampshire por solo 7% sobre Eugene McCarthy y lo tomó como una señal de su impopularidad a causa de la guerra de Vietnam.[9]

Otro cambio importante es el mayor peso del Supermartes, en el que se disputa cerca de 40% de los delegados para la Convención Nacional (incluidos los poderosos estados de Texas y California), por lo que la disputa parece haberse acelerado.

Biden ha liderado las encuestas, incluso antes de oficializar su precandidatura y hasta ahora. Exvicepresidente con Obama y senador durante muchos años, se le conoce por ser un negociador para buscar acuerdos y convertirlos en leyes, programas y presupuestos. También se le conoce por haber bloqueado la instrumentación de la política de trasporte escolar para buscar la integración racial de las escuelas al inicio de su carrera en el Senado; por haber sido duro contra Anita Hill en las audiencias sobre la nominación de Clarence Thomas a la Suprema Corte; por haber impulsado las políticas de criminalización (que han afectado principalmente a los jóvenes pobres, negros e hispanos), y por haber aceptado 200 mil dólares para promover a un candidato republicano en las elecciones intermedias.[10] “Resulta desconcertante que esto se sepa y se concluya que es el candidato más elegible; un hombre blanco, viejo y fuertemente asociado con acoso sexual y racismo”.[11]

Bernie Sanders, el senador independiente por Vermont, autodenominado socialista democrático, está en segundo lugar en las encuestas y en recaudación de fondos. Algunos piensan que su nivel previo de exposición podría limitar su crecimiento en popularidad.[12] Algunos analistas identifican otros riesgos en su precandidatura: la palabra “socialismo” puede asustar a los votantes; se percibe poco abierto a la negociación; los programas universales pueden ser —o percibirse como— muy costosos; “no entiende la complejidad de los temas”.[13] Sin embargo, según algunos sondeos, podría recuperar los estados del llamado rust belt (el cinturón industrial) y robarle votos antisistema y antiélite a Trump. Su principal ventaja es su clara identificación con la clase trabajadora.[14]

 

  1. El dilema no resuelto: la estrategia dual

El dilema de fondo sigue siendo el que Edsall llama “la estrategia dual”;[15] puesto de manera simplificada: cómo capturar a los votantes de centro y centroderecha, apelando a problemas más generales sobre impuestos y sistema de salud, sin descuidar los temas clave para sectores de votantes muy identificados (feministas, lgbtqi, procontrol de armas, promigrantes, entre otros) y viceversa. Para los electores de las primarias y asambleas de este ciclo electoral se trata de escoger entre alguien de centro, en apariencia muy “elegible” (no necesariamente Biden, podría ser Klobuchar o alguien más),[16] o alguien de izquierda (hay una docena para escoger). Ahora bien, ¿se trata realmente de un dilema?

Estudios previos habían concluido que los electores que participaban en las primarias eran más cargados a la izquierda que los votantes de la elección general.[17] Si bien elegir un candidato extremoso puede llegar a costar hasta 10% y 13% de los sufragios.[18] Otros estudios permiten afirmar que estos dos perfiles no están tan distantes.[19] Schaffner cita datos de la encuesta Cooperative Congressional Election Study,[20] la que se muestra en la tabla 8.2.

Conviene considerar que esta contienda interna se aproximará más a una primaria nacional, con lo cual podría desdibujarse todavía más la diferencia entre los electores típicos de las últimas elecciones primarias presidenciales y los votantes demócratas de las generales.

Filipovic llama la atención sobre un dato que suele perderse de vista en este tipo de análisis: “Quedar electo no es un asunto de apelar a la mediana blanda. Se trata de atraer a las personas que realmente se sentirán motivadas para salir y votar”.[21] Nicholas A. Valentino et al. demuestran la relevancia de la ira y el entusiasmo como emociones que pueden incrementar la participación de la ciudadanía y determinar una elección.[22] En igualdad de recursos —económicos, de tiempo e información disponible— participan más las personas que están enojadas y entusiasmadas, y que perciben que podrían establecer una diferencia.

La polarización que Trump ha acentuado podría jugar en su contra. Alan Abramowitz y Charles Boix, entre otros, coinciden en que la figura de Trump ha polarizado a la ciudadanía y ha obligado, por así decirlo, a muchos a moverse hacia la izquierda.[23] La identificación partidista y el sentimiento antiTrump desempeñarán un papel decisivo.[24] En cambio, la moderación podría no ayudar.[25]

 

  1. ¿Podría ser derrotado Trump en su intento
    de reelección?

A diferencia de 2016, cuando Trump tuvo que disputar la candidatura contra otros contendientes, el escenario de ver al Partido Republicano con otro candidato presidencial es poco probable, empezando porque —a la manera de Stalin en sus inicios— se ha asegurado de garantizar para sí el control del partido.[26] Un triunfo demócrata sobre Trump tendrá que fincarse más en sus propios recursos que en la mínima esperanza de una derrota interna.

En mayor medida dependerá de la capacidad de comunicación de los precandidatos demócratas para convencer a los estadunidenses que se involucran de manera temprana y para enviarles estos mensajes: que pueden ser elegibles; que sus propuestas son viables y no extremistas sino de sentido común, como, por cierto, ha insistido Sanders; que son liberales, mas no progresistas.[27] Es decir, que pueden y quieren negociar, y que el triunfo es posible.

Abundo un poco más en la distinción entre liberal y progresista: las encuestas y las opiniones de muchos politólogos ya citados aquí indican que será más elegible una persona que diga que quiere universalizar el acceso a los servicios de salud pero que no cancelará los seguros privados; que buscará hacer más accesible la educación universitaria pero que no ofrecerá cubrir la colegiatura de todos aquellos que quieran estudiar (esto incluiría a los que sí pueden pagar); que buscará que haya más empleos altamente productivos y bien remunerados pero que no ofrecerá garantía de empleo, entre otros aspectos.[28]

Un último dato: es posible que tenga más probabilidades una mujer que un hombre. En las elecciones intermedias de 2018 las mujeres lograron récord en posiciones clave: “Si la elección de 2018 es indicación de algo, será de que las mujeres son más elegibles que los hombres, especialmente entre demócratas”.[29] ¿Tal vez una combinación de alguna de las mujeres (Kamala Harris o Elizabeth Warren) con alguno de los hombres (Bernie Sanders o Pete Buttigieg)?[30] Ya lo veremos.

 

[*]  Profesor investigador del Departamento de Economía, Administración y Mercadología (DEAM) del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Doctor en Ciencias Sociales (Sociología) por la Universidad de Guadalajara. Miembro de la Red Mexicana de Investigación en Política Social y de la Red Nacional de Investigadores(as) en los Estudios Socioculturales de las Emociones. Correo electrónico: foust@iteso.mx

 

[1].     Uno más, Richard Ojeda, se había registrado, pero declinó antes del primer debate.

[2].    Lee, J.C. et al. “Which Democrats are leading the 2020 Presidential race?”, The New York Times, 14 de junio de 2019. Recuperado el 14 de junio de 2019, de  https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/elections/democratic-polls.html

[3].    Ember, S. “A ‘Beat Trump’ fervor is producing big turnouts for 2020 Democrats”, The New York Times, 8 de marzo de 2019. Recuperado el 8 de marzo de 2019, de https://www.nytimes.com/2019/03/08/us/politics/trump-democrats-2020-election.html

[4].    Foust, D. “La derrota de la extrema derecha, aún lejos en Estados Unidos”, Análisis Plural, ITESO, Tlaquepaque, segundo semestre de 2018. Recuperado de http://hdl.handle.net/11117/5382

[5].        Ibidem.

[6].    Martin, J. “‘You don’t have to be in Des Moines’, Democrats expand primary map, spurred by social media”, The New York Times, 1 de junio de 2019. Recuperado el 1 de junio de 2019, de https://www.nytimes.com/2019/06/01/us/politics/2020-democratic-primaries.html

[7].    “2020 Democratic Party Presidential primary”, Wikipedia, s.f. Recuperado el 14 de junio de 2019, de https://en.wikipedia.org/wiki/2020_Democratic_Party_presidential_primaries

[8].    Idem.

[9].    “List of Democratic Party Presidential primaries”, Wikipedia, s.f. Recuperado el 19 de abril de 2019, de https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Democratic_Party_presidential_primaries

[10].       Callahan, M. “‘Gropey Uncle’ Joe Biden has always been creepy and should stay out of 2020 race”, New York Post, 1 de abril de 2019. Recuperado el 19 de abril de 2019, de https://nypost.com/2019/04/01/gropey-uncle-joe-biden-has-always-been-creepy-and-should-stay-out-of-2020-race/; Filipovic, J. “Does anyone actually want Joe Biden to be President?”, The New York Times, 17 de mayo de 2019. Recuperado el 17 de mayo de 2019, de https://www.nytimes.com/2019/05/17/opinion/joe-biden-president.html, y Roy, J. “9 times Joe Biden creepily whispered in women’s ears”, New York Magazine, Intelligencer, 17 de febrero de 2015. Recuperado el 19 de abril de 2019, de http://nymag.com/intelligencer/2015/02/9-times-joe-biden-whispered-in-womens-ears.html

[11].    Filipovic, J. Op. cit.

[12].       Lee, J.C. et al. Op. cit.

[13].       Bhagwati, citado en Edsall, T.B. “Bernie Sanders scares a lot of people, quite a few of them are Democrats”, The New York Times, 24 de abril de 2019. Recuperado el 24 de abril de 2019, de https://www.nytimes.com/2019/04/24/opinion/sanders-2020-trump.html

[14].       Ibidem, así como Martin, J. “‘Stop Sanders’ Democrats are agonizing over his momentum”, The New York Times, 19 de abril de 2019. Recuperado 16 de abril de 2019, de https://www.nytimes.com/2019/04/16/us/politics/bernie-sanders-democratic-party.html

[15].       Edsall, T.E. “The Democratic party picked an odd time to have an identity crisis”, The New York Times, 2 de agosto de 2018. Recuperado el 6 de noviembre de 2018, de https://www.nytimes.com/2018/08/02/opinion/democrats-midterm-identity-crisis.html  y “The deepening ‘racialization’ of American politics”, The New York Times, 27 de febrero de 2019. Recuperado el 27 de febrero de 2019, de https://www.nytimes.com/2019/02/27/opinion/trump-obama-race.html

[16].       Cfr. Leonhardt, D. “A dose of moderation would help Democrats”, The New York Times, 3 de marzo de 2019. Recuperado el 3 de marzo de 2019, de https://www.nytimes.com/2019/03/03/opinion/2020-moderate-democrats.html

[17].       Cfr. Foust, D. Op. cit.

[18].       Hall, citado en Edsall, T.B. “How left is too far left for 2020 Democrats?”, The New York Times, 10 de abril de 2019. Recuperado el 10 de abril de 2019, de https://www.nytimes.com/2019/04/10/opinion/democratic-candidates-primaries.html

[19].       Sides y Warshaw, Vavreck y Tausanovitch, Utych, Schaffner, politólogos citados en Edsall, T.B. “The political magic of Us vs. them”, The New York Times, 13 de febrero de 2019. Recuperado el 13 de febrero de 2019, de https://www.nytimes.com/2019/02/13/opinion/trump-2020-us-them.html  y “The deepening ‘racialization’ of American politics”, op. cit.

[20].   Citado en Edsall, T.B. “The political magic of Us vs. them”, op. cit.

[21].       Filipovic, J. Op. cit. Las cursivas son añadidas.

[22].      Valentino, N.A. et al. “Election night’s alright for fighting: The role of emotions in political participation”, The Journal of Politics, vol.73, num.1, 17 de junio de 2011.

[23].      Citados en Edsall, T.B. “The ‘rotten equilibrium’ of Republican politics”, The New York Times, 30 de enero de 2019. Recuperado el 30 de enero de 2019, de https://www.nytimes.com/2019/01/30/opinion/republicans-democrats-2018-economy-prosperity.html; “The political magic of Us vs. them”, op. cit, y “Bernie Sanders scares a lot of people…”, op. cit; cfr. Filipovic, J. op. cit.

[24].      Sievert y McKee, Sabato, Jacobson, citados en Edsall, T.B. “When it comes to the Senate, the Democrats have their work cut out for them”, The New York Times, 5 de junio de 2019. Recuperado el 5 de junio de 2019, de https://www.nytimes.com/2019/06/05/opinion/senate-democrats-2020.html

[25].      Abramowitz, citado en idem.

[26].      Burns, A. y Martin, J. “Trump’s takeover of the Republican Party is almost complete”, The New York Times, 3 de abril de 2019. Recuperado el 3 de abril de 2019, de  https://www.nytimes.com/2019/04/03/us/politics/trump-republican-party.html

[27].   Weiner, G. “When liberals become progressives, much is lost”, The New York Times, 13 de abril de 2018. Recuperado el 22 de diciembre de 2018, de  https://www.nytimes.com/2018/04/13/opinion/moynihan-liberals-progressives-lost.html

[28].   Podhorzer y Cowan, citados en Edsall, T.B. “There are really two distinct white working classes”, The New York Times, 26 de junio de 2019. Recuperado el 28 de junio de 2019, de https://www.nytimes.com/2019/06/26/opinion/pelosi-white-working-class.html

[29].   Filipovic, J. Op. cit.

[30].   Bruni, F. “And now, the dream of a Harris-Buttigieg ticket”, The New York Times, 28 de junio de 2019. Recuperado el 28 de junio de 2019, de https://www.nytimes.com/2019/06/28/opinion/debate-harris-buttigieg-biden.html

La cuarta transformación y la militarización de la seguridad pública: la Guardia Nacional

César Octavio Pérez Verónica[*]

  

Resumen: Nadie puede dudar de que son muchos los problemas que vivimos en México, creo que los más graves y exponenciales en los últimos años son la violencia y la inseguridad. El problema no es menor cuando se trata de poner en marcha a una institución integrada con personal militar con facultades para ejercer tareas de seguridad pública, y las de investigación para prevenir delitos, entre otras. La historia reciente nos advierte sobre la utilización de las Fuerzas Armadas en el tema de seguridad, que a la fecha han dejado una larga lista de dolor irreparable como huella indeleble en la memoria colectiva.

Palabras clave: seguridad pública, militarización, derechos humanos, Guardia Nacional, violencia.

 

Abstract: No one disputes the fact that we are facing many problems in Mexico, but I believe that the most serious ones in recent years are violence and insecurity. The problem is not a minor one when the policy is to launch an institution made up of military personnel with the authority to undertake public security functions and crime-prevention investigation, among others. Recent history warns us against using the Armed Forces for public security; up to this point they have left in their wake a long list of irreparable pain, and an indelible mark on the collective memory.

Key words: Public security, militarization, human rights, National Guard, violence.

 

Nadie puede dudar de que son muchos los problemas que vivimos en México, pero quizás los más graves y exponenciales en los últimos años son la violencia y la inseguridad, al grado de que hay voces que señalan que después de la revolución mexicana no se habían violentado tanto los derechos de la población civil como en los últimos 12 años, esto en el marco de la mal llamada “guerra contra el narcotráfico” iniciada por Felipe Calderón Hinojosa (FCH) (2006–2012), y prolongada por Enrique Peña Nieto (EPN) (2012–2018).

Desde luego que, para llegar a los niveles de inseguridad de estos últimos 12 años solamente se puede entender por la corrupción y la impunidad de quienes han gobernado el país, los estados y sus municipios, desobligándose a garantizar y proteger los derechos constitucionales y convencionales de la mayoría de la población.

Los resultados de estos años dan cuenta de la tragedia en la que han dejado al país y enlutado a millones de hogares, incluso se ha llamado “crisis humanitaria” o “crisis en materia de derechos humanos” por la dimensión de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas a lo largo y ancho del territorio nacional. En este periodo se registraron 228,367 homicidios dolosos (el estado incluye los feminicidios), 102,859 en la administración de FCH y 125,508 de EPN.[1] En el primer de año de FCH se registraron 8,867 homicidios dolosos, la cifra más baja de los próximos 11 años. El número se elevaría en 2018 a 34,202.

No puedo omitir mencionar la grave situación de las personas desaparecidas en el país de manera forzada o por particulares, que de acuerdo con cifras oficiales registradas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RENPED), creado por mandato de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda,[2] sumaban 40,180 hasta mediados de enero de 2019, según señaló el entonces Comisionado Nacional de Búsqueda, Roberto Cabrera Alfaro, en el marco de su último informe de actividades.[3]

La magnitud del dolor de los familiares de cuyos seres queridos se ignora su paradero es proporcional a la incapacidad de las autoridades para garantizar los derechos a la vida, a la libertad personal e integridad, a la justicia, a la verdad y a la reparación integral del daño. Los familiares son quienes realizan las investigaciones y las búsquedas de sus desaparecidos, incluso no pocos han perdido la vida de manera violenta por intentarlo. Han echado mano de sus propios recursos para encontrar fosas clandestinas con tal de encontrar a sus familiares. El número de fosas clandestinas identificadas es indeterminado, tan solo de 2006 a 2016 se descubrieron más de dos mil en casi las dos terceras partes del territorio nacional, así lo refleja la investigación El país de las 2 mil fosas, realizada por tres periodistas mexicanas, y que nos permite acercarnos con mucha claridad y respeto a la tragedia de sus familiares.[4]

Tampoco puedo dejar de mencionar otras graves violaciones a los derechos humanos cometidas en este periodo como son las torturas, las ejecuciones extrajudiciales, los desplazamientos forzados por los megaproyectos o la violencia, o ambas, incluyendo la pobreza. Todo este terrible escenario era del conocimiento de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante el tiempo que fue candidato presidencial de oposición, ya contra FCH, ya contra EPN, y ahora como presidente de la república pone como columna vertebral de su gobierno para resolver el problema de la inseguridad y la violencia a la Guardia Nacional.

El problema no es menor cuando se trata de poner en marcha a una institución integrada con personal militar con facultades para ejercer tareas de seguridad pública, y las de investigación para prevenir delitos, entre otras. La historia nos advierte sobre la utilización de las Fuerzas Armadas para resolverle a los gobiernos en turno los “problemas sociales y políticos”, de los cuales hay una larga lista de casos que han dejado una estela de dolor irreparable como huella indeleble en la memoria colectiva.

 

  1. Breves antecedentes de las Fuerzas Armadas
    en tareas de seguridad pública (1999–2019)

Antes de finalizar el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994–2000) se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de la Policía Federal Preventiva (PFP),[5] cuya institución tendría como función principal la de proteger a las personas y sus derechos, así como prevenir violaciones a la ley y mantener la paz y la tranquilidad pública, dependiente entonces de la Secretaría de Gobernación (Segob). Incorporaron a esa institución de 1999 a marzo de 2007 a 5 mil 721 efectivos de la policía militar, lo que le significó un ingreso de 250 millones de pesos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).[6]

Con Vicente Fox Quezada (VFQ) (2000–2006) se crea la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a la que pasan a integrar a la PFP, la Policía Federal de Caminos, entre otras dependencias de seguridad, así como la incorporación de más militares. También se incorporó a su gabinete de seguridad el exprocurador de Justicia Militar, general de Brigada Rafael Macedo de la Concha, para ocupar la titularidad de la Procuraduría General de la República (PGR), pese a los reclamos de Amnistía Internacional y de organizaciones de defensa de derechos humanos.[7]

Por su parte, FCH inició su sexenio de la mano del Ejército mexicano, pues VFQ, todavía presidente de la República, minutos antes de dejar el cargo le entregó la banda presidencia a personal militar, para hacérsela llegar a su vez al presidente del Congreso de la Unión, y por fin, entregársela al nuevo presidente de México.[8] A los pocos días de iniciar su administración atestiguó “la supuesta transferencia de 7 mil 500 elementos del Ejército y 2 mil 500 de la Armada a la PFP”,[9] la que luego desaparecería para crear la Policía Federal en 2009.[10] A junio de 2019 —a menos no lo he encontrado— el estudio, diagnóstico, informe o cualquier documento que justifique la utilización de las Fuerzas Armadas, ni la estrategia para sacarlas de sus instalaciones y enfrentar a las bandas criminales en su “guerra contra el narcotráfico”, incluso viendo las cifras de homicidios dolosos de su primer año de gestión, fue la más baja del siglo XXI. Llama la atención que durante su administración desertaron más de 55 mil efectivos de las

Fuerzas Armadas, 49 mil 471 efectivos del Ejército mexicano, 4 mil 671 de la Armada de México y 987 de la Fuerza Aérea Mexicana.[11]

El expresidente EPN mantuvo a las Fuerzas Armadas en las calles, además creó con el apoyo del Congreso de la Unión una institución con personal militar para garantizar la seguridad y la paz, la Gendarmería. El resultado fue un fracaso, incluso mandos castrenses así lo visualizaban, en gran parte por la mala experiencia de incorporar personal del Ejército y la Marina a la PFP.[12] Los reclamos contra las Fuerzas Armadas por diversas violaciones a los derechos humanos en diversas partes del país provocó que el General Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, manifestara: “Quieren que estemos en los cuarteles, adelante, yo sería el primero en levantar no una, las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales”.[13]

Las denuncias contra los elementos militares por violaciones a los derechos humanos fueron aumentando, así como los reclamos de organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y regionales respecto a la inconstitucionalidad y la ausencia de los marcos legales que los facultara para realizar las tareas de seguridad pública. El mismo general Cienfuegos amenazaba a la clase política con las siguientes palabras: “Los soldados ya mejor piensan si le entran a enfrentar a los grupos delictivos con el riesgo de ir a la cárcel acusados de violar derechos humanos o que sean procesados por desobedecer (órdenes)”.[14] También es relevante mencionar que en estos dos sexenios perdieron la vida 542 militares en enfrentamientos con bandas del crimen organizado, accidentes terrestres o aéreos y ejecuciones.[15]

En 2016, a 10 años de iniciada la política de seguridad, el gobierno de EPN se propuso generar el marco constitucional para facultar ampliamente a las Fuerzas Armadas en sus tareas de seguridad pública. Por otro lado, organismos civiles, sociales, académicos, empresariales y personas que en lo individual se sumaron para crear un gran colectivo denominado #Seguridad Sin Guerra,[16] con el propósito de impedir la aprobación de cualquier iniciativa que dejara a la seguridad pública en la línea del autoritarismo, sin controles ciudadanos y altos riesgo de continuar con las graves violaciones a los derechos humanos y la impunidad. Al final, el Congreso de la Unión y los Congresos locales aprobaron la Ley de Seguridad Interior (LSI), la cual se publicó el 21 de diciembre de 2017.

En un hecho histórico para el país, la LSI fue impugnada a través de acciones de inconstitucionalidad, y el 15 de noviembre de 2018 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió invalidar la LSI en su totalidad.[17]

Con todo lo anterior, llega a la presidencia de la república AMLO el 1 de diciembre de 2018, con una extraordinaria situación de inseguridad y violencia en la gran mayoría del territorio del país. Ya en sus diversas campañas políticas presidenciales había expresado la inviabilidad de que la seguridad pública estuviera en manos de los militares. Sin embargo, ya como presidente electo presentó en un acto público su Plan Nacional de Seguridad y Paz, junto con su futuro Gabinete de Seguridad, y sus ocho puntos claves para lograr revertir la situación en el país en esos asuntos. El último punto clave se refiere a “Repensar la seguridad nacional y reorientar el papel de las fuerzas armadas; crear una Guardia Nacional, y establecer Coordinaciones Regionales”.[18]

 

  1. Las Fuerzas Armadas y las graves violaciones
    a los derechos humanos en México

Durante décadas las Fuerzas Armadas han desempeñado un papel fundamental para contener conflictos sociales originados por las malas decisiones o políticas públicas instrumentadas en todo o en alguna parte del país, y vaya que tenemos muchos ejemplos: el asesinato del líder agrarista Rubén Jaramillo en 1962; la masacre del 2 de octubre de 1968; las acciones antiguerrilleras en el estado de Guerrero en los años sesenta y setenta; la detención, tortura y desaparición de personas en la también mal llamada “guerra sucia” de los años sesenta a mediados de los ochenta, por mencionar solamente algunos de aquellos años.

Los casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por militares mexicanos han llegado a Tribunales e instancias de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto una cantidad importante de casos contra el estado mexicano donde están involucrados personal militar, como son los casos de Rosendo Radilla Pacheco; los campesinos ecologistas Cabrera García y Montiel Flores; las mujeres de comunidades indígenas de Guerrero, Inés y Valentina, respectivamente; la familia Alvarado, y otros casos como las mujeres de Atenco, donde uno de los autores intelectuales de la brutal represión era en ese momento un militar con licencia.

A partir de la política de seguridad puesta en marcha por la administración de FCH hasta la fecha son innumerables los casos en los que se ha visto involucrado personal militar en graves violaciones a los derechos humanos, muchos de ellos documentados por organizaciones y organismos multilaterales de derechos humanos. Existen casos emblemáticos que han llamado fuertemente la atención de la sociedad mexicana por muchas razones, quizás por la vulnerabilidad de las víctimas, también, quizás, por tratarse de militares los perpetradores de los crímenes. Veamos.

  • Caso Estudiantes del Tec del Monterrey. A las 00:38 horas del 19 de marzo de 2010 los estudiantes Jorge Antonio Mercado y Javier Francisco Arredondo fueron asesinados por personal militar dentro del Campus del Tec de Monterrey, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde cursaban estudios de doctorado, además alteraron la escena del crimen, robaron sus pertenencias para ocultar su identidad y les colocaron armas de fuego para justificar que eran sicarios. De acuerdo con la Recomendación 45/2010 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), publicada el 12 de agosto de ese año, su titular señala que “destaca que todas las autoridades estatales y federales involucradas en la investigación bloquearon el acceso a documentos a los visitadores que pretendían verificar la verdad histórica de los hechos”.[19]
  • Caso Tlatlaya. El 30 de junio de 2014, en el poblado de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, en el Estado de México, hubo un enfrentamiento entre elementos del Ejército y civiles armados en el que murieron 22 personas, civiles todas. De acuerdo con la Recomendación 51/2014 de la CNDH, fueron ocho los militares que ingresaron a la bodega donde se encontraban los civiles para ejecutar a 15 de ellos. La PGR informó que fueron tres los militares los que ejecutaron a ocho de los civiles heridos. Este caso también fue documentado ampliamente por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, acompañante de testigos sobrevivientes.[20]
  • Caso ejecución de jóvenes en Tepatitlán. El 27 de enero de 2016 Abraham Rodríguez y Luis Enrique Machuca, de 20 y 19 años, respectivamente, fueron golpeados junto con otros amigos por elementos militares dentro del domicilio de Abraham en la colonia Santa Mónica, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Después de sufrir el allanamiento y torturas se los llevaron los militares, junto con uno de sus amigos, con rumbo desconocido. El 29 de enero se localizó a Abraham, a José Luis y a su amigo, los tres tirados junto a la carretera a Tototlán, los dos primeros sin vida, todos con huellas de tortura.[21]

Hasta ahora no se sabe cuántos civiles han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos y abusos por parte de personal del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, pero lo que es un hecho es la impunidad con las que se cometen, pues tan solo de 2007 a principios de 2017 se había sentenciado a 13% de los perpetradores.[22] Son muchos los casos documentados y muchas voces que critican la militarización de la seguridad pública del país. Entre esas voces se escuchó hace años la del actual presidente de la república: “No continuar con la política coercitiva, pues no se resuelve nada con el uso del Ejército, Marina, policías, cárceles, amenazas de mano dura, con leyes más severas, dado que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia”.[23]

 

  1. La cuarta transformación y la militarización
    de la seguridad pública

La sentencia de la SCJN que invalidó la LSI resultó una fuerte bocanada de esperanza y un mensaje a los poderes ejecutivo y legislativo a evitar seguir intentando constitucionalizar la militarización de la seguridad pública del país.

Como ya mencioné en párrafos anteriores, y para sorpresa, frustración, desilusión y coraje de muchas personas, el Plan Nacional de Paz y Seguridad indica en el punto 8, inciso C que: “La Guardia Nacional quedará, pues, expresamente encargada de prevenir y combatir el delito en todo el territorio nacional y estará dotada de la disciplina, la jerarquía y el escalafón propios de las Fuerzas Armadas”.[24]

Pese a todo, AMLO presentó la iniciativa de Ley de la Guardia Nacional, la cual motivó nuevamente una fuerte participación del colectivo #Seguridad Sin Guerra y de familiares, organizaciones de derechos humanos, académicos/as, incluso de organismos internacionales, con el propósito de que el Senado de la República modificara disposiciones que perpetuaban la estrategia de seguridad puesta en marcha hace 12 años.

En otro hecho sin precedente el Senado de la República por unanimidad aprobó la Ley de la Guardia Nacional.[25]

Entre las cosas positivas de la Ley de la Guardia Nacional y de su implementación, según algunos expertos, están:

  • El mando será civil.
  • Dependerá de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
  • Un plazo de cinco años con personal militar.

Ahora, las cosas negativas expresadas por expertos y expertas son:

  • La estructura del organismo es de corte militar.
  • Su integración será con personal mayoritariamente militar.
  • La Sedena será la que se encargue de reclutar, formar y disciplinar a personal civil.
  • No existen controles internos que garanticen imparcialidad.
  • El Senado de la República será quien reciba un informe anual del secretario de seguridad.
  • El comandante es un militar a punto del retiro.
  • No se prevé la instancia o control ciudadano que observe el respeto a los derechos humanos.
  • Facultades para solicitar la georreferenciación de equipos móviles y la intervención de comunicaciones.
  • Inspeccionar, si las personas son extranjeras, y sus documentos, según las leyes migratorias.

La balanza no es muy esperanzadora, algunas de las observaciones son de fondo y otras de forma, pero ahí están solo algunas.

 

  1. Una reflexión final

Quizás muchas personas jóvenes, y algunas no tanto, se han de preguntar cómo cambiar la situación actual de violencia e inseguridad que se vive en el país. La respuesta es tan sencilla como compleja, esto dependerá de cómo vemos nuestras vidas, integrantes de una familia, de una sociedad, de un país y un mundo para las futuras generaciones.

 

[*]  Licenciado en Derecho y Maestro en Derechos Humanos y Paz por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Profesor titular de la asignatura de Derechos Humanos del Departamento de Formación Humana de la misma universidad. Miembro fundador del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC (CEPAD) y actualmente su director ejecutivo.

 

[1].     Ángel, A. “Sexenio de Peña Nieto cerró con 14% más homicidios que el de Felipe Calderón”, Animal Político, 21 de diciembre de 2018. Recuperado de https://www.animalpolitico.com/2018/12/homicidios-sexenio-epn/

[2].    La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 17 de noviembre de 2017. Recuperado de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/lgmdfp_171117.pdf

[3].    Boletín 006/2019 de fecha 17 de enero de 2019. Recuperado de https://www.gob.mx/segob/prensa/mensaje-del-comisionado-nacional-roberto-cabrera-alfaro-sobre-las-acciones-realizadas-por-la-comision-nacional-de-busqueda?idiom=es

[4].    Guillén, A., Torres, M. y Turati, M. “El país de las 2 mil fosas”, A dónde van nuestros desaparecidos, 12 de noviembre de 2018. Recuperado de https://adondevanlosdesaparecidos.org/2018/11/12/2-mil-fosas-en-mexico/

[5].    La Ley de la Policía Federal Preventiva fue publicada en el DOF el 4 de enero de 1999. Recuperado de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lpfp/lpfp_orig_04ene99.pdf

[6].    Castillo García, G. “La participación de militares en la PFP ha costado más de 250 millones de pesos”, La Jornada, 8 de julio de 2007. Recuperado de https://www.jornada.com.mx/2007/07/08/index.php?section=politica&article=005n1pol

[7].    “Pese a todo, Macedo de la Concha es procurador”, Proceso, 9 de diciembre de 2000. Recuperado de https://www.proceso.com.mx/184381/pese-a-todo-macedo-de-la-concha-es-procurador

[8].    “Se anticipa Fox: Entrega en Los Pinos banda presidencial al Ejército”, Proceso, 1 de diciembre de 2006. Recuperado de https://www.proceso.com.mx/223554/se-anticipa-fox-entrega-en-los-pinos-banda-presidencial-al-ejercito

[9].    Castillo García, G. “La participación de militares…”, op. cit.

[10].    La Ley de la Policía Federal fue publicada en el DOF el 1 de junio de 2009. Recuperado de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPF.pdf

[11].    Camacho, Z. “Más de 55 mil deserciones en las Fuerzas Armadas”, Contralínea, 9 de junio de 2013. Recuperado de https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2013/06/09/mas-de-55-mil-deserciones-en-las-fuerzas-armadas/

[12].    Aranda, Jesús. “Militares pronostican fracaso a Gendarmería propuesta por Peña Nieto”, La Jornada, 4 de enero de 2013. Recuperado del portal de Vanguardia MX https://vanguardia.com.mx/militarespronosticanfracasoagendarmeriapropuestaporpenanieto-1452999.html

[13].    Alzaga, I. “Militares no estudian para perseguir a delincuentes: Cienfuegos”, Milenio, 8 de diciembre de 2016. Recuperado de https://www.milenio.com/policia/militares-no-estudian-para-perseguir-a-delincuentes-cienfuegos

[14].    Ibidem.

[15].    Corona, S. y Monroy, J. “Contabilizan 542 militares muertos”, El Economista, 7 de enero de 2019. Recuperado de https://www.eleconomista.com.mx/politica/Contabilizan-542-militares-muertos-20190107-0012.html

[16].    #Seguridad Sin Guerra. Recuperado de https://www.seguridadsinguerra.org/

[17].       Acción de Inconstitucionalidad 6/2018. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recuperado de http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=229953

[18].    Jiménez N., Muñoz E., A. y García Dennis, A. “Ocho puntos clave del Plan Nacional de Paz y Seguridad de AMLO”, La Jornada, 14 de noviembre de 2018. Recuperado de https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/11/14/ocho-puntos-clave-del-plan-nacional-de-paz-y-seguridad-3573.html

[19].    Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recomendación 45/2010. 12 de agosto de 2010.

[20].   Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Tlatlaya a un año: la orden fue abatir. Junio de 2015. Recuperado de http://centroprodh.org.mx/impunidadayeryhoy/wp-content/uploads/2017/02/DossierTlatlaya.pdf

[21].    Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recomendación 54/2017 del 6 de diciembre de 2017.

[22].   Gallegos, Z. “Solo el 13% de los militares mexicanos investigados por violar derechos humanos han sido sentenciados”, El País, 18 de abril de 2017. Recuperado de https://elpais.com/internacional/2017/04/26/mexico/1493167782_990627.html

[23].   Almazán, J. “AMLO pide que Ejército regrese a los cuarteles”, Milenio, 8 de junio de 2016. Recuperado de https://www.milenio.com/politica/amlo-pide-que-ejercito-regrese-a-los-cuarteles

[24]    Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024. “Plan de Seguridad Pública, 8”. Página 13. Recuperado de https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2018/11/Plan-Nacional-de-Paz-y-Seguridad_.pdf

[25]    La Ley de la Guardia Nacional, fue publicada en el DOF, el 27 de mayo de 2019. Recuperado de https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5561285&fecha=27/05/2019

 

Seis meses de la 4T, un primer balance del sexenio

Jorge Enrique Rocha Quintero[*]

 

Resumen: En este artículo se hace un balance de los primeros seis meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para lo que se retoman varios aspectos importantes de la vida nacional, entre ellos: la política social y migratoria, la construcción de la Guardia Nacional, la política exterior de la actual administración, sus niveles de aprobación, el nuevo modelo de comunicación política, y se analiza el primer proceso electoral local efectuado dentro de este gobierno.

Palabras clave: Andrés Manuel López Obrador, cuarta transformación, balance, polarización, Guardia Nacional, política social, migración, elecciones 2019.

 

Abstract: This article makes an assessment of the first six months of Andrés Manuel López Obrador’s government, focusing on several important aspects of national life: social and migratory policy, the construction of the National Guard, the administration’s foreign policy, its approval levels, and the new model of political communication, among others. It also analyzes the first local electoral process to take place within this presidential term.

Key words: Andrés Manuel López Obrador, fourth transformation, assessment, polarization, National Guard, social policy, migration, 2019 elections

 

Trascurrieron seis meses del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, al que genéricamente se le denominó la cuarta transformación (4T). Aunque todavía es muy prematuro para pedir resultados contundentes, o constatar el cambio de grandes tendencias sociales, sí es posible hacer un primer balance sobre la actual administración pública federal, en varios aspectos que me parecen clave para entender el nuevo derrotero del gobierno en turno. Sin duda los temas abordados en este tiempo son muchos, ya que una de las características del nuevo gobierno es la velocidad con la que se procesan los debates públicos; sin embargo, muchos de ellos se quedan en auténticos “amagues” que no logran generar cambios objetivos y concretos en la dinámica social, pero que sí producen un gran revuelo en la opinión pública.

A continuación expongo los asuntos que me parecen más sobresalientes en el comienzo de la gestión lopezobradorista.

 

  1. Polarización, las mañaneras y la prensa “fifí”

Desde la campaña electoral de 2018 y durante los primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha generado en la opinión pública una profunda dinámica de polarización social. Frente a casi cualquier hecho, que puede ir desde un acto de extrema violencia, la limpieza de los zapatos del presidente o la posibilidad de una reforma político–electoral, se vierten argumentos en la opinión pública en blanco y negro, los matices y los grises están ausentes y se produce una dinámica de relación entre los actores sociales y políticos en líneas muy tajantes, que plantean posiciones irreconciliables; no hay medias tintas en la opinión pública y los que buscan elevar los debates o plantear puntos de vista desde varios ángulos, o desde una perspectiva estructural, son criticados por su falta de firmeza y convicciones. Uno de los peores resultados de estos lamentables debates son las nuevas geometrías políticas que ahora se utilizan, donde se divide a los actores sociales y políticos entre “chairos” (pro Andrés Manuel López Obrador) y “fifís” (opositores a López Obrador). Existen opinadores que defienden estos debates, porque argumentan que hay mayor grado de politización en el país, donde quedan claras las desigualdades sociales preexistentes. Estando de acuerdo en que estos procesos sí tienen estos tintes positivos, lo que resulta problemático es que no se generan capacidades de consenso social y el encono entre colectivos sociales se incrementa.

Ahora bien, desde mi análisis hay por lo menos tres razones que nos explican la aparición de este fenómeno de polarización de la opinión pública nacional: el primero es que precisamente no contamos con herramientas de discernimiento que nos permitan ponderar con mayor claridad los sucesos; el segundo es que los modelos de comunicación política que están utilizando los actores políticos colaboran para generar estas polarizaciones, y hay que decirlo claro, no es para desentrañar causas y efectos que se hace este tipo de comunicación, es para generar adeptos y simpatías políticas. Este tipo de comunicación no
es para proporcionar mayores elementos para generar un mejor juicio, es para lograr convencer a los ciudadanos de que las acciones de un político son mejores que las acciones de sus adversarios. La tercera razón, que me parece la más importante y determinante, es que la sociedad mexicana ya estaba polarizada desde antes, es decir, la acumulación de desigualdades que hemos tenido por años ha generado una situación social en la que unos pocos tienen acceso a casi todo y muchos tienen poco o ningún acceso a casi nada. Es decir, en una sociedad plagada de múltiples desigualdades (de ingreso, de acceso a la justicia, de acceso a la salud y la educación, entre otras) es complemente normal que tengamos una plataforma propicia para el desarrollo de la polarización social en el espacio público.

Ahora bien, uno de los mecanismos que nutre, con o sin quererlo, estas dinámicas de polarización, son las famosas “mañaneras”, que son las conferencias de prensa que el presidente concede todos los días a distintos medios de comunicación nacionales y donde se habla de múltiples asuntos. A lo largo de los seis primeros meses de gobierno López Obrador ha colocado a través de ellas la agenda mediática nacional, y ningún actor sociopolítico le genera contrapeso alguno. Es más, los temas de agenda del presidente son desplazados por el mismo presidente y, salvo en contadas ocasiones, otros actores políticos logran colocar sus temas.

Uno de los asuntos que más polémica ha generado son las expresiones de réplica del presidente hacia algunos medios de comunicación que han sido permanentemente críticos de su gestión. Resalta el caso de Grupo Reforma, al que López Obrador ha calificado como uno de los principales exponentes de la “prensa fifí”. En este proceso se tiene que reconocer que algunas críticas vertidas hacia la presidencia no tienen sustento empírico o que demandan al jefe del Ejecutivo federal resolver problemas que claramente no son resolubles en tan poco tiempo de gobierno, o que no son parte de sus competencias.

Ahora bien, frente a este escenario tenemos un diálogo de sordos entre un presidente que impone su agenda casi todo el tiempo y una prensa que, a veces con razón y otras sin tenerla, crítica sí o sí las acciones y dichos del titular del Poder Ejecutivo federal. Esta forma de proceder no abona a la resolución de los problemas y tampoco alimenta un debate constructivo frente a agendas urgentes.

 

  1. La inseguridad y la Guardia Nacional

El jueves 21 de febrero de 2019 el Senado de la República aprobó por unanimidad la creación de la Guardia Nacional, con 127 votos a favor y ninguno en contra. Los días anteriores a la aprobación de la Guardia Nacional hubo un gran rejuego político, ya que 11 de los 12 gobernadores priistas del país apoyaban el dictamen original; sin embargo, los senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) y Partido Verde se oponían públicamente a aprobar la propuesta sin más.

Luego de una fuerte presión en la opinión pública, sobre todo por parte de organismos defensores de los derechos humanos de la sociedad civil que cuestionaron la propuesta de la Guardia, ya que significaba un paso más en el proceso de militarización de la seguridad pública, la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados cedieron en varios asuntos importantes, que a continuación enumero:

a) La Guardia Nacional tendría un mando civil; será parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y se suprimió la propuesta de una Junta de Estado Mayor que intervendría en su dirección.

b) Se obliga a que la actuación de los miembros de la Guardia Nacional estará apegada a los compromisos en derechos humanos que ha contraído México en el ámbito internacional.

c) Se legisla el respeto de la soberanía de estados y municipios, dado que la presencia de la Guardia será a petición de gobernadores.

d) Se estableció un control del Senado en sus acciones.

e) Se sujetará a sus miembros a la competencia jurisdiccional civil, con lo cual se evita que tengan fuero militar.

f) Se les otorgó un plazo de 180 días a los gobernadores de los estados a que presenten en el Consejo Nacional de Seguridad Pública un diagnóstico y un programa para fortalecer las capacidades de las policías estatales y municipales.

g) Las fuerzas armadas participarán en el establecimiento de la estructura
jerárquica, regímenes de disciplina, cumplimiento de responsabilida-des y tareas, instrumentación de las normas de ingreso, educación,
capacitación, profesionalización, ascensos y prestaciones de la Guardia

h) Mientras la Guardia Nacional se estructura, las fuerzas armadas podrán seguir en labores de seguridad pública hasta por cinco años (2024).

Los aspectos positivos que tuvo este dictamen son varios: se evitó que la conformación de la Guardia Nacional fuera de carácter plenamente militar, ya que sus controles de mando, revisión y sanciones estarán bajo la tutela de civiles. Se evitó el fuero militar para sus miembros y además se supone que actuará bajo los marcos de las policías civiles y del respeto a los derechos humanos. El triunfo político que está atrás de este dictamen es el hecho de que todas las fuerzas políticas y sociales del país pudieron construir un amplio consenso en torno al tema. No hubo ningún derrotado y más bien todos los actores implicados tuvieron grandes victorias políticas.

Lo que no fue tan positivo del dictamen es que queda, en buena medida, en manos de las fuerzas armadas la forma de estructurar la Guardia Nacional, quienes formarán a sus efectivos con los parámetros de una carrera militar. Habrá que ver qué se impone al final: los marcos normativos o las prácticas reales. El otro aspecto negativo es que prácticamente durante todo su sexenio el presidente López Obrador estará facultado para utilizar las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública; esto significa que en el corto y mediano plazo las cosas seguirán más o menos igual.

El asunto que deja muchas dudas se refiere a la capacidad real que tengan los gobernadores de los estados para poder reestructurar y reformar a fondo las policías estatales y municipales, que, a decir de muchos especialistas, es el proceso al que se le tiene que apostar en el largo plazo, para que entonces los soldados y marinos vuelvan a sus cuarteles.

En el mes de abril se nombró a los que serán responsables de echar a andar la Guardia Nacional, todos militares, y quienes serán liderados por el general de brigada del Estado Mayor Presidencial, Luis Rodríguez Bucio. Además, integrarán la coordinación de la Guardia Nacional el general Xicoténcatl Núñez Márquez (Secretaría de la Defensa Nacional), el contraalmirante Gabriel García Chávez (Secretaría de Marina) y Patricia Rosalinda Trujillo Mariel (Policía Federal). A pesar de la insistencia de que este cuerpo de seguridad tuviera una clara actuación civil, los responsables de la implementación son casi todos militares.

Ahora bien, las cifras de inseguridad en el comienzo de este sexenio no han mostrado reducción. Al contrario, hay un incremento en algunos delitos. Por ejemplo, el periódico digital Animal Político mostró los siguientes datos:

Este 12 de abril el presidente sostuvo que el promedio de víctimas de homicidios dolosos en diciembre de 2018 fue de 79.9; en enero de 75; febrero de 83.1 y marzo 77.5. Pero los datos del Secretariado Ejecutivo muestran que el promedio diario de víctimas de homicidios fue de 92.7 en diciembre; 99.89 en enero y 92.03 en febrero. También existe una subestimación en el número total de homicidios mensuales que registra el equipo de López Obrador. Según los datos recopilados por el equipo del presidente, en enero se registraron 2 mil 326 víctimas de homicidio doloso y 2 mil 392 en febrero. El Secretariado Ejecutivo, por su parte, registró 2 mil 853 víctimas de homicidio doloso en enero y 2 mil 796 en febrero. Esto significa que las cifras de López Obrador presentaron un subregistro de 14.45% y 18.47% para enero y febrero, respectivamente.[1]

Junto con este desfase entre los propios datos oficiales se presentaron otros hechos violentos a lo largo del país. Por ejemplo, el viernes 19 de abril de 2019 se perpetró una terrible masacre donde murieron 13 personas (entre ellas un bebé) en la ciudad de Minatitlán, en el estado de Veracruz; mientras que, en junio, en el estado de Jalisco se consumaron varios ataques en contra de la Fiscalía del estado que terminaron
en la muerte de tres agentes investigadores. Estos hechos colocaron en la palestra pública el grave problema de violencia que nos aqueja desde hace más de una década. Es cierto que esta espiral de violencia se fue acuñando desde hace dos sexenios, y que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no es el responsable de la situación en la que nos encontramos hoy en el país; sin embargo, lo que efectivamente sí se puede reprochar al presidente en turno es que hasta el momento las estrategias puestas en marcha al respecto parecen que no están dando los resultados deseados, y que el camino de ocultar cifras y mantener un velo sobre la realidad de violencia que estamos padeciendo no es el camino correcto para encarar el problema.

 

  1. Los programas sociales y el combate a la pobreza

En el discurso de toma de posesión del presidente una de las frases centrales del mensaje fue “primero los pobres”, y con ello apuntaba al tipo de política social que se iba a impulsar en este sexenio. Los cambios en las políticas de apoyos gubernamentales hacia las estancias infantiles, las becas a los jóvenes aprendices en empresas, la duplicación en el monto de la pensión para adultos mayores, entre otros, son algunos de los programas sociales que propiciaron gran controversia por las nuevas directrices del nuevo gobierno federal en la materia, ya que algunas personas apoyan estas medidas y otras las critican severamente. Desde mi particular punto de vista, lo que está en el fondo de estos debates es la política social del gobierno de López Obrador, que considero representa un cambio frente a las fórmulas utilizadas por sus antecesores.

Una de las críticas más importantes de la forma de proceder del presidente en este tema es que este tipo de acciones y políticas gubernamentales fomentan el paternalismo estatal y desincentiva el emprendurismo y el desarrollo autónomo de las personas. Para los que argumentan esta crítica afirman que este tipo de políticas generaron una excesiva dependencia gubernamental en ciertas regiones de México, que a la larga se convirtió en un lastre para el desarrollo de esos territorios.

La crítica más fuerte y más sólida es la que expresan algunos opinadores de que este tipo de apoyos directos a las personas es una plataforma ideal para el desarrollo de un nuevo clientelismo político, que a la postre se puede convertir en una enorme fuerza electoral, ya que no estará mediada por ningún tipo de actor político intermedio sino que puede desarrollarse en un gran conglomerado de votantes plenamente convencidos por el proyecto político de Morena, al ser beneficiarios directos de estos apoyos.

Los argumentos a favor de este tipo distinto de política social que se empieza a implementar son: en primer lugar, que hay evidencias de que los intermediarios gubernamentales y administrativos de este tipo de procesos caían en corrupción, ya sea desviando recursos o dándoselos a personas que no eran merecedoras de ellos. Por supuesto que nunca se proporcionó una lista de casos específicos para comprobar tales prácticas, pero hay reportajes periodísticos que han mostrado estas formas de corrupción. Un segundo argumento a favor de esta política social es que en algunos casos los condicionantes que se ponían para que las personas pudieran acceder a estos apoyos eran muy grandes, con lo cual, lo más pobres de los más pobres tampoco eran destinatarios de estas ayudas. El tercer argumento a favor es que los apoyos directos son políticas compensatorias frente a las grandes ayudas que han recibido empresas y el sector privado durante el periodo neoliberal; se habla de un doble discurso mal intencionado, donde los apoyos a empresarios se catalogan como acciones para el desarrollo y a los apoyos a los pobres se les nombra como acciones “populistas”; los que concuerdan con el presidente expresan que este tipo de política social ayuda a generar equilibrios sociales y atemperar la enorme desigualdad que hay en el país. El cuarto argumento a favor expresa que, precisamente al no tener intermediarios para las ayudas, se elimina la tentación de coaccionar el voto de las personas en tiempos electorales, ya que no existe la posibilidad de condicionar el sufragio a cambio de recibir los beneficios de un programa de desarrollo social.

Me parece que más allá de estas consideraciones a favor y en contra de la forma como López Obrador está implementando la política social, lo que tenemos que hacer es una profunda y aguda evaluación de lo que ha sido la política de desarrollo social en México durante las tres últimas décadas, porque lo que sí está claro es que la pobreza no disminuyó, que la desigualdad aumentó y que, hoy por hoy, hay regiones de México donde los efectos positivos del desarrollo simplemente no llegaron.

 

  1. Corrupción, austeridad y megaproyectos

Una de las banderas de campaña de Andrés Manuel López Obrador fue acabar con la corrupción, bajar sustantivamente los gastos suntuarios del gobierno y no subir impuestos. Siempre se daban cifras poco creíbles sobre los recursos que se redireccionarían para lograr miles de proyectos. La realidad no ha sido así en este primer semestre de gobierno.

Después de no concretarse ningún caso en específico durante los primeros meses, el combate a la corrupción empezó a tener casos de gran impacto; por ejemplo, se giraron órdenes de aprehensión en contra de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y se capturó a Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México. A estos dos personajes se les acusa de estar implicados en graves casos de corrupción ligados a compraventas irregulares. Este caso parece que abre una puerta para comenzar a realizar acciones en contra de la corrupción y de la impunidad con más fortaleza.

En general se implementó una política de austeridad en el gobierno federal que ha implicado recortes salariales, una nueva ley en torno a los salarios gubernamentales, disminución de gastos suntuarios y la petición expresa del presidente para que todos sus funcionarios acaten la austeridad republicana. Hay que recalcar que uno de los asuntos que más indignan a la ciudadanía era constatar los lujos y gastos innecesarios de servidores públicos de alto nivel. Estas acciones fueron acompañadas de la supresión de las pensiones a los expresidentes de México, poner en venta el avión presidencial y hacer de la residencia oficial de Los Pinos un lugar abierto al público. Estas medidas fueron muy bien recibidas por buena parte de la población.

Por otro lado, los recortes presupuestales que está haciendo el presidente López Obrador también han tenido efectos negativos, ya que en algunos casos se disminuyó presupuesto en salud, educación, cultura e investigación científica. Efectivamente es loable la decisión de disminuir el despilfarro, pero este proceso se tuvo que analizar e implementar de mejor manera, ya que se hizo a rajatabla sin ponderar los efectos negativos posteriores.

Otros asuntos que han sido muy polémicos en este inicio de gestión presidencial son los proyectos del tren maya, el corredor en el Istmo de Tehuantepec y la refinería de Dos Bocas en el estado de Tabasco, que siguen generando enormes dudas en cuanto a los impactos sociales y ambientales que tendrán. Organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales e indígenas han denunciado los posibles riesgos de implementación de estos proyectos y han criticado severamente las posturas del presidente en estos temas.

De hecho, para varios de estos colectivos el gobierno de López Obrador tiene las mismas prácticas y problemas de administraciones federales anteriores; es decir, para ellos el nuevo presidente solo representa continuidad en las políticas.

 

  1. Política exterior y relación con Estados Unidos

En el mes de junio se dio el mayor encontronazo entre López Obrador y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya que este último amenazó a México con un arancel de 5% a productos mexicanos, además de poner en riesgo la firma del T-MEC (el acuerdo comercial que sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del Norte o TLCAN). Esto generó pánico en muchos sectores económicos y, luego de varios acuerdos, se logró evitar la medida.

Después de este nuevo acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos frente al tema arancelario y el reforzamiento del control migratorio en la frontera sur de México, los defensores del presidente López Obrador señalan que la medida era necesaria y que fue un éxito que no se implementara el incremento en los aranceles, ya que podría tener efectos muy negativos en la economía nacional. Por otro lado, los detractores del presidente expresaron que el nuevo gobierno se subordinó a las peticiones de Donald Trump y que aceptó hacerle el trabajo sucio al gobierno estadunidense en materia migratoria.

Más allá de quedarnos encerrados en la coyuntura, haciendo balances de quién ganó y quién perdió, me parece fundamental llevar el análisis de este asunto hacia comprensiones más estructurales que nos permitan ampliar la mirada y nos ayuden a explicarnos de mejor forma lo que puede significar esta agenda para el futuro.

Lo primero que tenemos que señalar es que, luego de tres décadas de expansión de la economía global, muchas naciones pusieron en entredicho las bondades y las promesas de desarrollo que proponía esta nueva forma de capitalismo (a la que genéricamente se le llama neoliberalismo), al darse cuenta de que los beneficios que supuestamente llegarían nunca se hicieron realidad; que hubo territorios donde se desmantelaron las estructuras productivas locales y que en países como el nuestro la pobreza no se superó y la desigualdad social se incrementó. En todo el orbe se está experimentando el empuje de fuerzas políticas y sociales que tienden al cierre de las fronteras en términos económicos, que plantean un regreso al fortalecimiento del mercado interno y que ven con recelo creciente las políticas económicas que impulsan el libre mercado internacional. Este proceso es mundial e implica para nuestro país dos retos de mediano plazo: el primero es la capacidad de generar procesos económicos endógenos y el fortalecimiento del mercado interno; el segundo es la necesidad de incrementar las relaciones comerciales con otras economías distintas a la estadunidense, como Europa, China o Sudamérica. Si no se generan estrategias económicas en esta dirección estaremos condenados a los dictados económicos de los presidentes estadunidenses en turno, como ahora fue el caso.

La segunda dinámica es que el tema del cierre de fronteras y control de la migración se ha convertido en una agenda electoral. Partidos de derecha y de corte nacionalista en todo el planeta han tomado la bandera del control migratorio como una agenda para ganar votos y elecciones. Este tipo de casos son cada vez más recurrentes en muchos países, y por supuesto que hay figuras políticas como Donald Trump y Jair Bolsonaro (presidente de Brasil) que exacerban estas dinámicas sociopolíticas. Para este tipo de grupos políticos hablar en contra de los migrantes les ha dado ganancias y réditos electorales, porque todavía en buena parte de la población mundial subsisten ideas racistas, clasistas e hipernacionalistas, que culpabilizan a los migrantes por la falta de trabajos y el incremento de la violencia.

El tercer asunto que necesitamos vislumbrar en esta compleja trama de problemas es la trasformación del sujeto migrante que empieza a pasar de un sujeto pasivo individual a un sujeto político colectivo. Desde 2005, cuando se empieza a documentar de forma más precisa el fenómeno de la migración centroamericana hacia Estados Unidos en su paso por México, tanto los estados como las organizaciones civiles y religiosas se relacionaban con los migrantes fundamentalmente desde una lógica de ayuda humanitaria, y en algunos casos de promoción de sus derechos, pero en la mayor parte de los casos la relación era desde un sujeto empoderado (iglesias, organizaciones y estado) hacia un sujeto depositario de su acción. La aparición de las caravanas migrantes coloca al sujeto migrante desde otra perspectiva, ya que se organiza, pide sus derechos y realiza acciones que pueden o no estar acordes con la ley, pero que descuadran la ecuación de los acuerdos que pueden tomar estados y organizaciones, ya que se empiezan a movilizar desde sus propias lógicas de acción e intereses. Esto sin duda representa un reto mayúsculo en el fenómeno migratorio.

Todas estas dinámicas estarán presentes a lo largo del sexenio de López Obrador y en un escenario donde muy posiblemente Donald Trump obtenga la reelección en su cargo.

 

  1. La aprobación presidencial

Cuando se cumplieron los primeros 100 días de la administración de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México se dieron a conocer varias encuestas en las que se medía la aprobación del mandatario, y lo que era innegable hasta ese momento es que la popularidad de López Obrador estaba por los cielos. Las encuestadoras que midieron sus índices de aceptación lo situaban con una gran valoración positiva entre la mayoría de los mexicanos. Por ejemplo, según El Financiero, 86% de los ciudadanos estaba contento con el actual gobierno; Grupo Reforma lo colocaba con 78% de aprobación, mientras que para Consulta Mitofsky el presidente tenía un nivel de aceptación de 67%, lo que lo ubicaba como el mandatario mejor evaluado en América Latina y en tercer lugar entre los presidentes de 31 países a lo largo del mundo.

Pasados los primeros seis meses de gobierno algunas casas encuestadoras, como Demotecnia, dieron a conocer la medición de la aprobación del presidente a 180 días de tomar el cargo. La aprobación de López Obrador de acuerdo con esta encuestadora era de 70%, mientras que 21% desaprobaba su mandato. Estos datos significan que la aprobación del presidente bajó en 10 puntos porcentuales entre marzo y mayo de 2019, mientras que la desaprobación se incrementó en 7 puntos en ese mismo periodo. Efectivamente, la actual administración comenzó con el desgaste político en el ejercicio de gobierno y una parte de la población empieza a creer que el primer mandatario está cometiendo graves errores en su gestión. Ahora bien, no se puede dejar de señalar que contar con 70% de aceptación de la ciudadanía representa un enorme capital político y que la legitimidad política del nuevo gobierno sigue siendo muy alta. Era de esperarse que López Obrador descendiera en las encuestas, pero hace falta ver si esta baja se convierte en tendencia, es decir, si la aprobación presidencial sigue experimentando descenso sistemático en la aprobación.

 

  1. Resultados electorales del año 2019

El 2 de junio de 2019 se realizaron elecciones locales en seis entidades: Puebla eligió un gobernador y cinco ayuntamientos; en Aguascalientes se disputaron 11 ayuntamientos; Baja California tuvo elecciones de gobernador, Congreso local (25 diputados) y de cinco ayuntamientos; en Durango eligieron 39 ayuntamientos, mientras que en Quintana Roo hubo comicios para el Congreso local (25 diputados) y en Tamaulipas eligieron el Congreso local (36 diputados). Es decir, se pusieron en juego dos gubernaturas, tres congresos locales y 60 alcaldías.

Cabe señalar que las dos gubernaturas en disputa eran encabezadas por el PAN, que en el caso de Baja California venía gobernando desde 1989, es decir, tres décadas de gobiernos panistas de forma ininterrumpida; mientras que en Puebla llevaban tres elecciones ganadas y gobernaba el estado desde 2011.

Los resultados de la elección con los cómputos preliminares disponibles fueron los siguientes:

En Puebla, con 100% de actas computadas, Luis Miguel Barbosa, candidato de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo (PT), obtuvo 44.67% de los votos; seguido de Enrique Cárdenas (PAN, PRD, MC), que tuvo 33.23%, y en tercer lugar se ubicó Alberto Jiménez, del PRI, con 18.45% de los sufragios. De los cinco ayuntamientos en disputa el PRI ganó cuatro y el pt uno. Un dato relevante es que solo participó 33.41% de los poblanos; es decir, la participación electoral fue muy baja.

En Baja California la coalición Morena–Partido Verde–PT se llevó el carro completo en las elecciones locales, ya que ganó los 17 distritos en disputa, triunfó en las cinco alcaldías que pusieron el juego y en la elección de gobernador su candidato, Jaime Bonilla, obtuvo 50.28% de los votos, seguido por José Óscar Vega del PAN, con 23.23% de los sufragios, y en tercer lugar se ubicó Jaime Martínez Veloz del PRD con 8.5%. Estos datos son con 100% de las casillas computadas y con una precaria participación de 29.64% de los electores.

En Quintana Roo se eligió el Congreso local y, con 100% de las actas computadas, la coalición Morena–Partido Verde–PT ganó en 11 distritos, seguido de la coalición PAN-PRD-PES, que obtuvo tres distritos, en tanto que el PRI ganó en un distrito. La participación electoral en esta entidad fue la más baja de la jornada, con solo 22.15% de los votantes.

En Tamaulipas también hubo elecciones para definir al Congreso local. Con 100% de las actas computadas y solo 32.95% de la participación de la ciudadanía el PAN arrasó llevándose 21 distritos electorales, por solo uno para Morena, en Matamoros.

En el vecino estado de Aguascalientes también hubo comicios para elegir 11 alcaldías y ahí también Acción Nacional fue el ganador, ya que se llevó cinco ayuntamientos, entre ellos la capital del estado, seguido del Partido Verde, con dos alcaldías, y luego el PRD, PT, Morena y el PRI con un ayuntamiento cada uno.

Finalmente, en Durango, también con la totalidad de actas computadas, la coalición PAN-PRD se llevó 17 ayuntamientos; el PRI ganó en 15, el PAN y Morena en dos cada uno, en tanto que el Partido Duranguense, el PT y el PRI ganaron un ayuntamiento cada uno.

Los saldos de la elección del 2 de junio fueron los siguientes:

  • Morena y sus aliados ganaron dos gubernaturas.
  • Morena y sus aliados ganaron dos congresos locales.
  • El PAN solo y en coalición ganó 24 ayuntamientos y un Congreso local.
  • El PRI ganó 21 ayuntamientos.
  • Morena ganó en ocho ayuntamientos.
  • La participación ciudadana en estos comicios fue muy baja, ya que en promedio solo participó uno de cada tres votantes.

En la tabla 6.1 se muestran los ganadores de las 60 alcaldías en disputa.

Sin duda alguna que el gran ganador de la elección del domingo 2 de junio fue Morena y sus aliados, que aumentaron a siete las entidades que gobiernan, mientras que el PAN bajó de 12 a 10 entidades (varias de ellas en coalición con el PRD). De los tres congresos locales que se renovaron Morena se llevó dos y el PAN retuvo uno. Las ganancias electorales más importantes del PAN fueron en las elecciones municipales, sobre todo en Aguascalientes y Durango; sin embargo, Morena arrasó en Baja California, ya que se llevó el carro completo en los comicios.

Con los resultados anteriores podemos afirmar entonces que el tsunami Morena de hace un año todavía mantiene un oleaje muy fuerte, ya que las ganancias electorales fueron grandes. Además, este proceso electoral no fue significativo para los electores, ya que la participación en los comicios fue muy baja.

 

[*] Es titular de la Dirección de Integración Comunitaria del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Es licenciado en Sociología por la Universidad de Guadalajara y en Filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac (Univa). Tiene una maestría en Impactos Territoriales de la Globalización por la Universidad Internacional de Andalucía y es doctor en Estudios Científico–Sociales por el ITESO. Colabora semanalmente en Zona 3, Radio Metrópoli, Megacable, Imagen San Luis Potosí y como articulista en el Semanario de Guadalajara y la Méndiga Política, y en las revistas El Puente y Christus. Es profesor invitado en la Universidad Iberoamericana León. Correo electrónico: jerqmex@hotmail.com

 

[1].     Ángel, A. y Ávila, Y. “El Sabueso: AMLO presumió baja en inseguridad, pero los datos lo desmienten”, Animal Político, 13 de abril de 2019. Recuperado de https://www.animalpolitico.com/elsabueso/sabueso-amlo-presume-baja-inseguridad-datos/

 

Brasil en la era del populismo de la derecha

Rudá Ricci[*]

Resumen: este artículo trata del proceso electoral desarrollado en 2018 en Brasil, en que se eligió como presidente de la república al exdiputado federal Jair Bolsonaro, candidato populista de derecha. Se analiza el perfil de este liderazgo de derecha, la división de Brasil en bloques electorales distintos (noreste, más a la izquierda, y centro–sur, más a la derecha), la plataforma política del nuevo bloque en el poder y, finalmente, las características y perspectivas de la oposición, liderada por el Partido de los Trabajadores.
Palabras clave: política, Brasil, populismo de la derecha, gobierno brasileño.

Abstract: This article looks at the 2018 electoral process in Brazil, which elected the former federal congressman and right–wing populist candidate Jair Bolsonaro to be the country’s next president. It analyzes the profile of this right–wing leadership, the division of Brazil into distinct electoral blocs (northeast tending left, and center–south tending right), the political platform of the new bloc in power, and finally, the characteristics and prospects of the opposition, led by the Workers’ Party.
Key words: politics, Brazil, right–wing populism, Brazilian government.

 

En este momento, se discute en Brasil si vivimos en una democracia o en un estado de excepción. La victoria de Jair Bolsonaro, quien estaba afiliado a un partido que hasta las elecciones de octubre de 2018 era muy pequeño, impulsa a este último y le permite pasar a ocupar el segundo lugar en cuanto al número de diputados en la cámara baja (atrás de su mayor adversario, el Partido de los Trabajadores, creado por Luiz Inácio Lula da Silva). Esta combinación de factores encendió las luces amarillas, que indican peligro.

Algunos autores interesados en el tema de la crisis de las democracias occidentales, como Steve Levitsky, David Runciman y John Keane, entre los anglosajones, y Luciano Canfora y Manuel Castells, entre los latinos, señalan que Brasil ha entrado en la ronda de los ejemplos de crisis democrática en las gradas de la escalera de las elecciones de Donald Trump en los Estados Unidos de América.

Nancy Bermeo, en medio de la discusión acerca de la ascensión del estado de excepción —la cual reacciona en los bordes de la legislación, sin alterar el orden democrático en su lógica, pero suspendiendo derechos en virtud de la manutención del orden o contra actos presuntamente terroristas— esbozó una tipología de golpes de estado a partir del propio gobierno establecido vía electoral, ampliando la noción clásica de intervención externa para derribar al presente gobierno. La tipología presentada es la siguiente:

a. Golpes ejecutivos, cuando los que están en el poder suspenden el funcionamiento de las instituciones democráticas.

b. Fraude electoral, cuando el proceso electoral es manipulado.

c. Golpe promisorio, cuando la democracia es tomada por personas que enseguida convocan elecciones para legitimar su gobierno.

d. Ampliación del poder del ejecutivo, cuando los que ocupan el poder desgastan las instituciones democráticas sin llegar a derribarlas.

e. Manipulación estratégica de las elecciones, cuando las elecciones no son exactamente libres, pero tampoco son claramente fraudulentas.

El Brasil de hoy parece estar situado entre los dos últimos tipos sistematizados por Bermeo.

Hace 27 años, cuando era diputado federal, Jair Bolsonaro presentó alrededor de 170 propuestas como político profesional —como la que pretende suspender el uso del nombre social para travestis y transexuales— y solo dos de ellas fueron aprobadas por la Cámara de Diputados. Se trata de un político al que se denomina en Brasil de “bajo clero”; es decir, es un diputado de poca envergadura, que no se destaca públicamente, que vive solo para aumentar su base electoral con obras, nombramientos y recursos públicos. Un político de engranaje clientelista.

Sin embargo, el discurso de Bolsonaro, inflamado, escatológico y de extrema derecha, navega en la ola de las frustraciones y en la caída en el consumo de los estratos más vulnerables, además de que se suma a la ofensiva empresarial, a líderes evangélicos de grupos juveniles financiados por el Atlas Network, a grupos fascistas y de activismo jurídico de varias instancias del sistema judicial brasileño contra las políticas keynesianas y los avances en los derechos sociales para negros, grupos LGBTT, mujeres, entre otros.

El nuevo presidente de la república brasileña es conocido por varias frases polémicas, basadas en los valores de la extrema derecha. Veamos algunas:

Pueblos tradicionales
“Yo estuve en un ‘quilombola’ en El Dorado Paulista. Mira, el afrodescendiente más delgado pesaba siete arrobas. ¡No hacen nada! Yo creo que ni para procrear sirven. Más de mil millones por año se gasta en ellos”.
Conferencia en el Club Hebreo, abril de 2017.

Las mujeres
“Detente, Maria do Rosário [diputada federal de la izquierda], detente. Hace pocos días, tú me llamaste violador en el Salón Verde, y yo dije que no iría a violarte porque no lo mereces. Quédate aquí para oír (durante el discurso en la Cámara, 2003) […] Ella no merece (ser violada) porque es ruin, porque es fea, no es atractiva para mí… jamás la violaría. Yo no soy violador, pero, si lo fuera, no la violaría porque lo no merece”.
“[…] tuve cuatro hijos y en el quinto fui débil y nació una mujer”.
En la Palestra del Club Hebreo, abril de 2017.

Los homosexuales
“El hijo empieza a quedarse así, medio afeminado, recibe una golpiza y él cambia su comportamiento. ¿Es cierto? Ya escuché a algunos aquí, mira, menos mal que recibí unas palmadas, ya que mi padre me enseñó a ser hombre”.
Programa de TV Cámara, noviembre de 2010.
“No voy combatir ni a discriminar, pero, si yo observo a dos hombres que se están besando en la calle, les voy a pegar”.
Entrevista en la que aparecía una foto con Fernando Henrique Cardoso con una bandera gay y defendiendo la unión civil, mayo de 2002.

Tortura
“Yo soy favorable a la tortura, tú sabes de eso”.
Programa de TV, 1999.
“El error de la dictadura fue torturar y no matar”.
Entrevista en la radio, junio de 2016.

1. El drama de una elección tutelada por el sistema judicial llena de fake news

Lula, expresidente, dirigente del Partido de los Trabajadores, figuraba en primer lugar en las encuestas de intención de votos hasta que fue llevado preso y se le prohibiera registrar su candidatura por parte del sistema judicial. Hasta ese momento, tenía el doble de las intenciones de voto que Bolsonaro. Sin su candidatura, Bolsonaro apareció en primer lugar, con 20% de las intenciones. Su situación parecía un poco rara, presentando oscilaciones de sus índices en las encuestas, hasta el momento que recibió una cuchillada (todavía hasta hoy, este ataque, acontecido en una de sus caravanas de campaña por el país, es motivo de mucha polémica, entre si fue solo una puesta en escena o un hecho real).

El atentado consolidó su candidatura y la hizo crecer, aunque de manera gradual hasta el final de la primera vuelta (las elecciones en Brasil se llevan a cabo en dos vueltas). Atrás de Bolsonaro se encontraban cuatro candidatos, uno de ellos era el escogido por el partido de Lula, Fernando Haddad.

Sin embargo, con el atentado a Bolsonaro, ocurrido el 6 de septiembre de 2018, su candidatura recibió un soplo de vida. Primero, porque la conmoción generada lo hizo superar el 25% de las intenciones de votos rápidamente. Segundo, porque el episodio consolidó su candidatura como la única capaz de enfrentar el campo de la izquierda. Finalmente, por concederle el pretexto principal para silenciarse y no participar en ningún debate público con sus adversarios. Se mantuvo en ayuno. Escaparse de los debates disminuyó el riesgo de un percance en su campaña. Así, en la última semana de campaña de la primera vuelta,
la candidatura de Bolsonaro continuaba creciendo (superando el 35%), y su principal adversario, Haddad, se estabilizó en un 22%. Haddad había sobre pasado a los otros adversarios en la medida en que el electorado de Lula fue lentamente cambiando hacia la candidatura de su sucesor en esta disputa.

En la segunda vuelta, el ataque de fake news distribuidas abundantemente (en proporciones jamás vistas en una elección brasileña) en los grupos de WhatsApp, en especial, involucrando comunidades evangélicas, ayudó a que la candidatura de Bolsonaro se mantuviera al frente hasta su elección. Es importante destacar que la campaña de Bolsonaro recibió asesoramiento directo de Steve Bannon, asesor político estadunidense que sirvió como estratega en jefe de la campaña victoriosa de Donald Trump y quien aún permanece como asesor del gobierno de Estados Unidos, tras la victoria de su cliente.

La elección reveló un país dividido. Haddad venció, paradójicamente, en la mayoría de los municipios brasileños: el petista ganó en 2,810 municipios; Jair Bolsonaro venció en 2,760 municipios. Por otro lado, Bolsonaro venció en 97% de las ciudades más ricas, mientras que
Haddad lo hizo en 98% de las más pobres. Entre los mil municipios con los mayores índices de desarrollo humano del país, Bolsonaro ganó en 967, mientras Haddad conquistó 33. Ya en las mil ciudades menos desarrolladas, Haddad ganó en 975 y Bolsonaro en 25. La campaña lulista, por lo tanto, consiguió penetrar los hogares más lejanos del país. En las 500 ciudades brasileñas con mayor porcentaje de electores con más de 60 años, Bolsonaro venció en 382.

Jair Bolsonaro consiguió posicionarse mejor en los estados con mayor número de electores. Ganó la elección en 16 estados, incluyendo el Distrito Federal, mientras que Fernando Haddad se mantuvo al frente en 11 unidades de la federación (en el nordeste). Venció con una diferencia de 16 puntos porcentuales en Minas Gerais (58%), segundo colegio electoral estatal del país, representando a 10% de los electores. Pero fue São Paulo, el mayor colegio electoral estatal del país (20% de los electores), el que garantizó la victoria de Bolsonaro: 63% de los votos válidos.

En suma, hubo una confrontación entre los dos mayores colegios electorales regionales del país: el sudeste (con más de 43% de los electores) y el nordeste (con poco más de 26% de los electores).

2. El plan para los primeros 100 días del gobierno

La dificultad que enfrenta Bolsonaro en este momento es superar las divergencias internas: entre los militares nacionalistas y los economistas y los empresarios ultraliberales. Esta tensión puede ser exagerada en el caso de la agenda económica (ultraliberal, ya anunciada por su principal asesor del área, el banquero Paulo Guedes), cercana a aquella adoptada por Michel Temer (presidente que tomó posesión después el impeachment de Dilma Rousseff y que sufrió altísimos índices de rechazo).

La frustración del electorado más pobre deberá seguir el camino de la impopularidad que tuvo el gobierno de Dilma Rousseff en 2015 y de Michel Temer (que adoptaron justamente esta misma agenda). Bolsonaro necesitará enfrentar una crisis económica y de empleo que, de acuerdo con agencias internacionales, debe mantenerse en el primer año.

En la agenda del gobierno para los 100 primeros días de gestión, divulgada ampliamente por la comisión de transición del equipo de Jair Bolsonaro, se perciben orientaciones generales y administrativas, sin contenido para el inicio del gobierno. El sentido de esta agenda es la inexperiencia y descalificación de gran parte de los miembros de su equipo con relación a la gestión pública.[1]

Ejemplo de ello es la serie de errores cometidos por el ministro de Economía, Paulo Guedes, quien reveló desconocer las normas para la elaboración del presupuesto público en Brasil.[2]

Durante la campaña y después del anuncio oficial de la victoria electoral, Jair Bolsonaro divulgó informalmente algunas de las prioridades de su gobierno. En un inicio, anunció que estas prioridades serían la reforma de la Previdencia[3] y la reforma tributaria, además de un conjunto de medidas para la seguridad pública. La reforma de la Previdencia sigue las propuestas del gobierno de Michel Temer, que no prosperaron en el Congreso Nacional y generaron un profundo desgaste de la imagen pública del gobierno que antecedió a Bolsonaro.

Según Thomas Piketty, se trata de una agenda elitista que hace a un lado las bases de la seguridad social para los más desvalidos del país (que es considerado como uno de los de mayor desigualdad en
el planeta) y que es radicalmente defendida por los órganos de representación empresarial. La posibilidad de que exista un desgaste que pueda repetirse no es depreciable. El ejemplo definido como referencia del nuevo gobierno es el sistema de seguridad social privada de Chile, el cual da señas de un profundo fracaso.[4]

Paulo Guedes defendió públicamente las privatizaciones para eliminar el 20% de la deuda pública brasileña. Permitió la venta de las dos mayores empresas estatales nacionales, Petrobrás y Banco do Brasil. En las cuentas de Guedes, esto rendiría cerca de 206 mil millones de dólares (20% de la deuda pública federal, calculada en 3.6 billones de reales). Hoy son 103 mil millones de dólares, aunado a los intereses anuales. Defiende el destino de los recursos ahorrados con el pago de la deuda con el argumento de que se enfocarán hacia la salud, la seguridad y la educación, redistribuyéndolos para los estados y municipios.

Paulo Gala, economista de renombre, sostiene que:

Tal vez en 2020 consigamos alcanzar el nivel del PIB de 2014. Quizá en 2021 el desempleo se acerque a los niveles más bajos, cercano al 7%. Pero esa recuperación no traerá desarrollo económico y enriquecimiento. Se trata, en la jerga de los economistas, de una recuperación cíclica de coyuntura y no de un cambio estructural que lleve al enriquecimiento. Para Brasil el enriquecimiento de hecho necesitaría que hubiera una transformación de nuestra estructura productiva en el sentido de sofisticación: industrias high tech y servicios empresariales sofisticados.[5]

Bolsonaro también hizo una defensa de la preservación de la familia como una de sus prioridades. Como se percibe, existe una agenda que se mueve entre un cierto populismo de la derecha (seguridad y defensa de la familia) y un ultraliberalismo (ya rechazado por más de 80% de los brasileños, según encuestas de opinión publica).[6]

Permanecen las políticas de seguridad, con el permiso de compra de armas por los ciudadanos y otras medidas de aumento de represión pública, incluyendo ataques a los movimientos sociales tradicionales del país.

La familia y la seguridad son temas relevantes a la población pobre brasileña, además de la garantía al consumo, profundamente ampliados en las gestiones de Lula (2003–2010), pero se retiraron a partir de las gestiones de Dilma Rousseff y Michel Temer.

Durante su campaña, Bolsonaro buscó acercarse a las fuerzas políticas ultraconservadoras. La aproximación con Steve Bannon es una noticia difundida en la prensa nacional como un movimiento articulado. El periódico español El País señala que Bannon compró un antiguo monasterio del año 1204, en el sudeste de Roma, para instalar “una especie de universidad del populismo”, donde se han estado reuniendo líderes de la extrema derecha de países como Italia, Francia, Polonia, Alemania y Suecia.[7]

Bolsonaro también se acercó a Benjamín Netanyahu, quien enfrenta en su país un escándalo de corrupción y que fue forzado a convocar elecciones anticipadas para abril. Netanyahu estuvo en Brasil a finales de diciembre de 2018, poco antes de la toma de posesión de Bolsonaro, e intercambiaron una serie de elogios y promesas al parecer inéditas. El encuentro es una importante inflexión en la política diplomática brasileña, la cual siempre transcurrió en la moderación en los conflictos del Oriente Medio. Es la primera vez que un primer ministro de Israel viene a Brasil desde la creación del estado judío en 1948.

Pero es en el terreno interno que los arrebatos de extrema derecha despuntan más claramente en el discurso del nuevo presidente, tanto por las amenazas a los movimientos sociales, el ataque explícito a los partidos de izquierda, como la institucionalización de la violencia como solución política (en 2003 mencionaba su apoyo a los grupos de exterminio[8]).

3. Oposición y división interna en el nuevo gobierno

Los movimientos sociales y grupos de activistas por los derechos están divididos desde hace algunos años. Se cerraron agendas propias y pasaron a relacionarse con agencias estatales especializadas para encaminar sus demandas específicas. Algunos movimientos sociales tradicionales como el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST) tuvieron un impacto importante relacionado con las políticas de trasferencia de renta de los gobiernos lulistas.

Como gran parte de su base social era oriunda de exagricultores pobres que migraron hacia las periferias de las ciudades en búsqueda de sobrevivencia, como parte de las políticas sociales como el Programa de Bolsa Familia, una parte de este segmento social se enraizó definitivamente en las ciudades y la otra regresó al campo, apoyada por políticas de inversión a la agricultura familiar.

En el otro extremo, las diversas políticas desarrolladas por el gobierno de Michel Temer generaron una fuerte caída de recaudación de los sindicatos. La legislación profundizó la tercerización del trabajo y la reforma laboral que desmontaron las fuentes tradicionales de financiamiento sindical.

Por último, Brasil vive una transición en la forma de organización de los segmentos sociales demandantes de derechos. La sociedad brasileña está segmentada, más cerrada en estructuras comunales, menos abierta a las plataformas universales o globales.

No obstante, después de la victoria de Jair Bolsonaro, hubo una significativa reacción de activistas de derechos humanos. La Universidad Católica de São Paulo (PUC–SP) contabilizó recientemente 5,200 redes en defensa de los derechos humanos o derechos sociales en Brasil. Una parte fue creada después de las elecciones nacionales de 2018. No se trata de una nueva articulación del campo progresista, pero revela un potencial social de oposición a las políticas defendidas por Bolsonaro y un nuevo bloque en el poder.

Mientras tanto, la dificultad inicial que el nuevo gobierno tendrá, parece estar presente en el propio campo institucional, en particular, en el Congreso Nacional. Pasamos de la hegemonía de tres partidos en el sistema partidario —Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), Partido de los trabajadores (PT) y Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB)— a la pulverización partidaria después de esta última elección: son ahora 32 partidos representados en el Congreso Nacional (Cámara de los Diputados y el Senado).

El PT mantiene la mayor bancada en la Cámara de los Diputados y la segunda en el Congreso, aunque haya perdido parlamentarios con relación a su legislatura anterior.

El PMDB sufrió la mayor caída: de 142 electos en 2014, el partido cayó a 93 en 2018, un retroceso de 35% que demuestra el desgaste de la agenda ultraliberal, que ha reducido la popularidad de la segunda gestión de Dilma Rousseff y generó una gran desaprobación de la gestión de Michel Temer.

En síntesis, la Cámara de Diputados, palco institucional de las definiciones políticas más importantes del país, se encuentra dividido en el gobierno de Bolsonaro: son 256 diputados pro Bolsonaro, 117 sin definición y 140 en contra.

Tal situación exigirá una gran capacidad de atracción de parlamentarios que en los últimos años fueron acusados de buscar ventajas en el cambio de votos. Un Congreso pulverizado en una miríada de demandas puntuales y personales. Esta lógica clientelista de la microfísica del poder parlamentario brasileño ha sido la base de los escándalos sucesivos que involucraron personajes políticos en una trama de desvío de los recursos públicos para alimentar esta red de intereses.

Como se puede percibir, la historia no ha terminado. Solamente se rehace en otro contexto y en un paisaje más hostil e intenso. La gran trasformación es que, por primera vez en la historia republicana brasileña, la extrema derecha llega al poder por el voto. Eso significa que sus principios fueron acogidos por una parte significativa del electorado del país.

Pero la vida da vueltas y el juego político no es fruto del pensamiento mágico, donde la mente dicta lo que ocurre en un abrir y cerrar de ojos.

Bolsonaro tendrá que aprender a gobernar. Tendrá que aprender a sumar. Tendrá que aprender a proponer, y no solo a criticar. Tendrá que presentar resultados. Un aprendizaje duro, pero que es el fundamento de toda la democracia.

Hay quienes tienen miedo, pues la tentación de un golpe en el estilo no tradicional, sugerido por Nanncy Bermeo, está en un horizonte más cercano de lo previsto, pero es posible que el camino de Jair Bolsonaro sea el mismo que vemos en el desempeño de Donald Trump: promesas que se van desgastando a punto de parecer bravatas de un novicio. Lo anterior, nos hace pensar en la respuesta de un importante dramaturgo brasileño, Nelson Rodrigues, cuando lo cuestionó un periodista acerca de lo que él esperaba de los jóvenes… su respuesta fue: “que envejezcan”.

 

[*] Sociólogo. Maestro en Ciencias Políticas y doctor en Ciencias Sociales. Presidente del Instituto Cultiva. Correo electrónico: ricciruda@gmail.com

 

[1] La inexperiencia es tal, que 22 futuros ministros fueron invitados a participar en un curso de capacitación sobre gobernabilidad pública el día 22 de diciembre, algunos días antes de la posesión del nuevo presidente.

[2] Las acciones normativas de los cien primeros días del gobierno de Bolsonaro fueran definidas así: Para los primeros diez días: a) Nombramiento de los cargos clave; b) Conocer el modelo de gobernanza del órgano; c) Reunir los principales comisionados; d) Elaboración del plan de gobierno; e) Identificar las propuestas prioritarias. Para los primeros 30 días: a) Revisar el modelo de gobernanza del órgano; b) Agenda legislativa; c) Envío de actos normativos prioritarios; d) Sentencias del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) pendientes de solución. Para los primeros 60 días: a) Revisión de los consejos y comités que hacen parte el órgano (verificar viabilidad de extinción del colegiado o crianza de estructuras más simples); b) Relatoría de gestión para el TCU. Para los primeros 90 días: a) Encaminar el balance de los 100 días de gobierno; b) Evaluación de políticas; c) Evento de balance de los 100 días. Cfr. Gabinete de Transição. “Agenda de Governo–Novo.indd”, 3 de noviembre de 2017. Recuperado el 29 de diciembre de 2018, de https://static.poder360.com.br/2018/12/Agenda-de-Governo.pdf

[3] Sistema de Seguridad Social.

[4] El sistema de seguridad social implantado en Chile en 1981, durante la dictadura de Augusto Pinochet, citado como ejemplo, vive una profunda crisis. Los trabajadores dependientes son obligados a reservar 10% de su sueldo mensual para la jubilación. Las mujeres empiezan a recibir el beneficio a los 60 años y los hombres a los 65. El dinero es manejado por administradoras de fondos de pensiones (AFP), que invierten ese ahorro en la bolsa de valores y otras herramientas financieras. La principal crítica al sistema de las afp es que, en el momento de jubilarse, el dinero que los trabajadores reciben es muy reducido y no da para sobrevivir en un país donde servicios básicos como la salud y la educación públicas viven en medio de una crisis.

[5] Cfr. Gala, Paulo. “La recuperación económica ocurrirá en Brasil, pero continuaremos como un país pobre”, en Paulo Gala Economia & Finanças, 10 de julio de 2018. Recuperado el 29 de diciembre de 2018, de http://www.paulogala.com.br/a-recuperacao-economica-vai-ocorrer-no-brasil-mas-continuaremos-um-pais-pobre/

[6] Las propuestas ultraliberales que predican la austeridad fiscal no han logrado llegar al objetivo esperado en Brasil. El producto interno bruto (PIB) nacional cayó 3.5% en 2015 y otro 3.5% en 2016, acumulando una caída de 7%. En 2017, el crecimiento fue solamente de 1.1% y en 2018, no se prevé una aceleración expansiva. En el mismo periodo hubo una caída acumulada en las inversiones totales, públicas y privadas, del orden de 26%.

[7] Cfr. Charleaux, João Paulo. “A relação de Bolsonaro com a extrema direita internacional”, en Nexo, 3 de octubre de 2018. Recuperado el 29 de diciembre de 2018, de https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/10/03/A-rela%C3%A7%C3%A3o-de-Bolsonaro-com-a-extrema-direita-internacional

[8] Cfr. Costa, Yuri. “Grupos de extermínio tem meu apoio”, en Esquerda Diário, 25 de junio de 2018. Recuperado el 29 de diciembre de 2018, de http://www.esquerdadiario.com.br/Grupos-de-exterminio-tem-meu-apoio-disse-Bolsonaro-em-2003-em-troca-da-pena-de-morte