Los Papeles de Pandora: en el limbo de la justicia mexicana

 

Armando Talamantes Ayala[*]

 

Resumen: Los Papeles de Pandora revelaron que más de tres mil mexicanos habían realizado en las últimas décadas operaciones con sociedades y empresas en paraísos fiscales. La investigación periodística identificó tanto empresarios como políticos y funcionarios, y, en el caso de los servidores públicos, se demostró que ninguno de ellos había cumplido con transparentar y reportar sus posesiones offshore en sus declaraciones patrimoniales. Hasta ahora el gobierno mexicano no ha hecho esfuerzos serios por investigar el origen y flujo de esos recursos.

Palabras clave: Pandora papers, paraíso fiscal, offshore, corrupción, evasión.

 

Abstract: The Pandora Papers revealed that in recent decades, over three thousand Mexicans have engaged in transactions with corporations and companies registered in offshore tax havens. Investigative journalists have identified both business owners and government officials, and in the case of the public servants it has been shown that none of them have fulfilled their obligation to disclose and report their offshore holdings on their declaration of assets. The Mexican government has so far made no serious effort to investigate the origin and flow of these resources.

Key words: Pandora, papers, tax haven, offshore, corruption, evasion

 

En sus tres campañas electorales para llegar a la presidencia, y durante los años que mantuvo invariable su deseo de convertirse en jefe del Ejecutivo federal, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió un combate frontal contra la corrupción. Cuando en 2021 aparecieron los Papeles de Pandora y tuvo la oportunidad de demostrar que su gobierno actuaría de una forma diferente respecto al uso (y abuso) de los paraísos fiscales, el mandatario pareció dejar pasar la ocasión por no convenir a sus intereses.

 

    1. La investigación y sus alcances

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) convocó desde 2020 a una amplia red de periodistas alrededor del mundo para organizar, revisar, analizar, verificar y publicar historias originadas en la filtración de casi 12 millones de documentos relacionados con entidades offshore y paraísos fiscales.

La filtración masiva procedía de los archivos de 14 despachos internacionales que en las últimas décadas prestaron su ayuda para montar sociedades, fondos, fideicomisos o empresas en países y territorios con bajas o nulas tasas impositivas y que garantizaban el anonimato a sus dueños, apoderados o accionistas.

No era la primera vez que el ICIJ se embarcaba en una investigación periodística sobre paraísos fiscales, pero sí la más ambiciosa. La filtración fue calificada por el propio organismo como un hecho sin precedentes que representaba la fuga de secretos financieros “más grande de todos los tiempos”.[1]

La investigación global, bautizada como Papeles de Pandora, expuso la participación en entidades offshore de políticos, multimillonarios, empresarios, artistas, miembros de la realeza y personas coludidas con el crimen organizado, entre otros personajes procedentes de más de 200 países.

La revisión de los documentos y la publicación de las historias a partir de octubre de 2021 requirió la participación de más de 600 periodistas de 150 medios de comunicación alrededor del mundo, quienes trabajaron durante casi dos años en la producción de los materiales.

Antes de los Papeles de Pandora el ICIJ ya había realizado otras investigaciones a escala mundial sobre el uso de paraísos fiscales, con las filtraciones previas de los Paradise Papers (2017 y 2018), los Panama Papers (2016), los Bahama Leaks (2016) y los Offshore Leaks (2013).[2]

En sus investigaciones anteriores y en la más reciente de 2021 el ICIJ y sus aliados internacionales han sido claros en explicar que la posesión de una entidad offshore o la inversión en una sociedad creada en un paraíso fiscal no constituye un delito per se, a menos que sus propietarios no hayan declarado tales ingresos a las autoridades hacendarias de sus respectivos países, o bien, que utilicen estas sociedades para mantener oculto un patrimonio que podría tener su origen en actividades ilícitas, tales como malversación, lavado de dinero y crimen organizado, entre otras.

La investigación de los Papeles de Pandora puso al descubierto otros dos modos de irregularidades en potencia: el uso de entidades offshore para adquirir propiedades y evitar así el pago de impuestos por la compra–venta de inmuebles, y la posesión de inversiones y activos por parte de funcionarios, que no eran debidamente reportadas a las autoridades encargadas de la vigilancia del patrimonio de los servidores públicos. Por ejemplo, los documentos filtrados exhibieron cómo el exprimer ministro británico Tony Blair y su esposa Cherie se convirtieron en propietarios de una mansión victoriana en Londres, valuada en 8.8 millones de dólares, mediante la adquisición de una firma en Islas Vírgenes Británicas, que a su vez detentaba la posesión del inmueble. Al comprar las acciones de la compañía, en lugar de adquirir directamente el edificio, los Blair se beneficiaron de evitar pagar unos 400 mil dólares en impuestos a la propiedad.[3]

En el caso de funcionarios que ocultaban su patrimonio, uno de los más relevantes fue el del primer ministro checo, Andrej Babis, quien adquirió a través de una offshore un palacete de 22 millones de dólares en la Riviera Francesa, cuya propiedad había mantenido oculta.[4] Las revelaciones de los Papeles de Pandora ocurrieron una semana antes de las elecciones parlamentarias en República Checa, por lo que Babis, que hasta entonces había liderado la intención del voto en las encuestas, terminó en segundo lugar y no logró la reelección.[5]

En México los periodistas de Proceso, El País, Univision y Quinto Elemento Lab, que participamos en el proyecto internacional, también encontramos modalidades similares. A través de empresas offshore creadas en paraísos fiscales, empresarios multimillonarios como Germán Larrea, María Asunción Aramburuzabala y Olegario Vázquez Aldir compraron propiedades de lujo en Chicago y en exclusivos destinos de esquí en Utah y Colorado, valuadas en varios millones de dólares.[6]

“Las operaciones de compra–venta de los bienes inmuebles se realizaron a precios de mercado, cumplen absolutamente con todas y cada una de las obligaciones legales y fiscales tanto en Estados Unidos como en México”, respondió un representante de Vázquez Aldir cuando los periodistas solicitaron más detalles, aunque no explicó las razones por las cuales el empresario decidió usar entidades offshore en las que su nombre no aparece como accionista en los registros públicos de la propiedad.[7] Vázquez Aldir fue uno de los pocos empresarios que contestaron las preguntas enviadas por los periodistas. Otros, como Larrea y Aramburuzabala, no ofrecieron explicación alguna. Funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) tampoco estuvieron dispuestos a conversar con los reporteros para saber si las inversiones en empresas offshore han sido o no reportadas por los contribuyentes en México.

A través de solicitudes de información mediante la Ley de Transparencia, el SAT tuvo que admitir que no posee un registro de las empresas, fideicomisos o sociedades offshore en las que participan mexicanos, ni conoce el monto de sus ingresos o de los impuestos pagados, si es que los pagaron. El organismo fiscalizador también reconoció que en los primeros tres trimestres de 2021 había auditado apenas a cinco personas que hacían uso de paraísos fiscales.[8]

Auditar a un puñado de contribuyentes con inversiones y participaciones accionarias en empresas offshore es, a todas luces, insuficiente: con los Papeles de Pandora se descubrió que hay al menos 3,047 mexicanos o residentes en México con actividades en paraísos fiscales. Tan solo 25 de ellos movieron alrededor de 1,270 millones de dólares a jurisdicciones offshore, según los documentos filtrados.

Como Babis en República Checa, en México también quedaron al descubierto decenas de funcionarios públicos que, aun obligados por ley a transparentar su patrimonio, decidieron ocultar su participación en sociedades en paraísos tributarios como Islas Vírgenes Británicas o Delaware, un pequeño estado al este de Estados Unidos conocido por sus privilegios fiscales. Así, la revelación incluyó a un abanico de servidores públicos de diversos partidos políticos y que formaban parte de las esferas gubernamentales en los ámbitos municipal, estatal y federal: el senador del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Armando Guadiana Tijerina; el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal; el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra; el jefe de la oficina del gobernador de Morelos, emanado del Partido Encuentro Social (PES) y aliado de Morena, José Manuel Sanz Rivera; el secretario de Gobierno de Coahuila y militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Fernando Donato de las Fuentes Hernández, y el exalcalde de Cancún por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juan Ignacio García Zalvidea, por mencionar algunos.

En total los periodistas pudimos identificar en las listas al menos 80 personajes del mundo de la política mexicana, tanto funcionarios en activo como retirados, y en ocasiones también aparecían en los Papeles de Pandora los nombres de sus hijos, hermanos o cónyuges. En ningún caso ninguno de los involucrados había revelado de forma clara y directa su participación en sociedades offshore, según consta en las declaraciones patrimoniales públicas disponibles para ser cotejadas.

 

    1. Las promesas de AMLO y su nueva reacción

El 4 de abril de 2016, habiendo competido previamente en dos ocasiones por la Presidencia de la República, López Obrador estaba en Tlaxcala. El aspirante presidencial recorría el país en una suerte de campaña electoral perenne con los ojos puestos en la siguiente contienda de 2018, cuando por fin logró el triunfo.

Durante un mitin ese día en Tlaxcala, López Obrador hizo votos para que el SAT revisara la información de los mexicanos implicados en los Panama Papers. En ellos, empresarios, contratistas, artistas y políticos presuntamente aprovecharon paraísos fiscales para realizar transacciones millonarias sin que fueran detectadas por las autoridades hacendarias,[9] según se desprendía de la investigación recién publicada a escala internacional por el ICIJ y sus aliados.

Como político opositor, López Obrador exigía el cumplimiento de la ley y el castigo a los responsables. “Los titulares del sat y de la contraloría del gobierno federal son alcahuetes de la mafia del poder, pero igual y sí hacen algo, porque es un escándalo internacional que un grupo de mexicanos tengan dinero en paraísos fiscales y es sin duda lavado de dinero”, según consignó el candidato en su sitio oficial en una crónica del evento.[10]

A finales de 2017, perfilándose López Obrador en las encuestas como seguro ganador de los comicios al año siguiente, su equipo prometía un combate contra la corrupción y denostaba el uso de los paraísos fiscales. “No queremos seguir apareciendo en la lista de los Panama Papers, los Swiss Leaks o los Paradise Papers”, dijo Irma Eréndira Sandoval, quien para entonces ya había sido propuesta como futura secretaria de la Función Pública, una vez que López Obrador ganara la elección y se convirtiera en presidente.[11]

Para quienes participamos durante meses en los Papeles de Pandora era un misterio cómo reaccionaría el jefe del Ejecutivo federal ante la nueva revelación, particularmente por una razón: a diferencia de las investigaciones previas, esta vez las revelaciones nombraban a funcionarios públicos en activo, tanto del gobierno federal como de gabinetes estatales, algo que no había ocurrido en las anteriores filtraciones.

En su primer pronunciamiento sobre el tema quedó claro que el discurso enérgico y combativo del eterno candidato contra los paraísos fiscales en 2016 se diluía en un tibio reproche, si acaso, en boca del ahora presidente en 2021.

En su conferencia matutina tras la publicación de los Papeles de Pandora, López Obrador celebró que “solo cuatro” personas relacionadas directa o indirectamente a su círculo cercano aparecían en la filtración en la que había más de 3 mil nombres.[12] El mandatario ofreció explicaciones y justificó la participación en empresas offshore del secretario de Comunicaciones y de Julia Abdala, pareja del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz. Pero nada dijo acerca de la omisión de los funcionarios en revelar con transparencia sus posesiones en sus declaraciones patrimoniales. Los funcionarios en México están obligados a reportar sus propiedades, empresas, inversiones y cuentas bancarias dentro y fuera del país, tanto propias como de sus cónyuges.

Por cuenta propia el senador Guadiana admitió que había ocultado su empresa offshore en su declaración patrimonial, pero le restó importancia al asunto. El exconsejero presidencial Scherer, por su parte, reconoció que tenía un departamento no declarado en Miami valuado en 1.2 millones de dólares que obtuvo vía una offshore, pero justificó que la operación con la que se hizo accionista de la compañía se realizó cuando aún no era funcionario público.[13]

Sobre los empresarios y otros personajes nombrados en la investigación el presidente indicó que “hay que hacer una investigación, hay que ver a quién corresponde. Tiene que ver desde luego con la cuestión fiscal, ver si se pagó impuestos, cuándo se llevaron a cabo estas operaciones”.[14]

No hay indicio alguno de que se esté llevando a cabo tal investigación: el SAT nunca se pronunció sobre el asunto, la Secretaría de la Función Pública (SFP) no hizo llamamientos para que los servidores públicos corrigieran sus declaraciones patrimoniales ni se sabe de amonestaciones para quienes omitieron sus propiedades. El único resquicio de investigación parece que se esfumó tras el cambio de titular en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Desde su cuenta personal en Twitter el entonces jefe de la UIF, Santiago Nieto Castillo, anunció la apertura de las pesquisas el mismo día que se publicaron los Papeles de Pandora: “La UIF ya inició la investigación en México, cumpliendo con el compromiso del presidente López Obrador de combatir la corrupción”. Dos días después, en una columna de opinión publicada en el diario La Jornada, el funcionario matizó al afirmar que “siendo imposible analizar a más de 3 mil personas involucradas en nuestro país, la investigación se enfocará en las personas políticamente expuestas a partir de los resultados que arroje el modelo de riesgo”.[15]

Nieto Castillo dejó la UIF cinco semanas después —un evento provocado por el escándalo que rodeó su boda, celebrada en Guatemala apenas unos días antes—. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dependencia a la que pertenece la UIF, nunca hizo un anuncio oficial sobre la apertura o continuidad de las investigaciones, así como tampoco lo hicieron el SAT o la SFP. En la práctica el asunto de los Papeles de Pandora, que identificaba de forma precisa a políticos, funcionarios, empresarios y celebridades, se envió a un limbo del que no se sabe si algún día saldrá.

 

    1. Otros casos icónicos de combate a la corrupción

“¿Por qué a los que aparecen en los Pandora Papers no les han aplicado la misma medida?”,[16] se preguntaba a finales de octubre la exsecretaria de Estado, Rosario Robles Berlanga, recluida en prisión preventiva en la cárcel de Santa Martha Acatitla desde agosto de 2019.

El de Robles es un caso icónico de corrupción que la administración de López Obrador ha querido presumir como un ejemplo de que no se tolerarán tales prácticas, aunque la actitud del gobierno y de la Fiscalía General de la República (FGR) han sido ampliamente cuestionadas. La exsecretaria de Estado ha pedido infructuosamente llevar su proceso en libertad, dado que los delitos de los que se la acusa no ameritan prisión preventiva justificada, y también ha cuestionado ser la única en prisión entre una plétora de exfuncionarios públicos presuntamente relacionados con la trama de la Estafa Maestra.[17]

Robles está señalada por desvío y malversación de recursos durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Aunque lleva más de dos años detenida, la FGR no ha logrado demostrar su culpabilidad y permanece en prisión sin sentencia alguna en su contra. Una vez que se conoció la investigación de los Papeles de Pandora, la exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario del gobierno peñista se preguntó por qué el gobierno la apresaba e investigaba únicamente a ella, pero hacía oídos sordos y cerraba los ojos ante otros presuntos actos irregulares.

El recuento publicado sobre los Papeles de Pandora puso en evidencia que había funcionarios que ocultaban sus bienes y dejó entrever que una parte de los recursos que fueron a parar a sociedades offshore pudieron tener un origen oscuro o no fueron reportados apropiadamente ante las autoridades fiscales. Pero eso es algo que solo la propia autoridad podría saber si decidiera investigar a fondo.

A diferencia del caso Robles, que ha sido capitalizado constantemente por el gobierno federal para su beneficio, los Papeles de Pandora merecieron una sola mención en la conferencia matutina del jefe del Ejecutivo y nunca más ocuparon un papel preponderante en la agenda presidencial. Todo indica que no era conveniente para los intereses del gobierno mantener viva la discusión en torno a los paraísos fiscales y el uso que les dan empresarios, políticos o funcionarios.

Ante la inacción del gobierno federal, la oposición hizo algunos esfuerzos, si bien tibios, por cambiar el statu quo. Por ejemplo, las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se pronunciaron en el Senado en favor de que se investiguen y aclaren las más de 3 mil cuentas en paraísos fiscales y, en caso necesario, que se sancionen los casos en que se compruebe la comisión de algún delito.[18] Senadores de Morena revivieron una iniciativa de su autoría para intentar regular la participación de funcionarios en entidades offshore. La legisladora del PAN, Xóchitl Gálvez, también introdujo una nueva propuesta para transparentar las inversiones que los servidores públicos tengan en países y territorios considerados paraísos fiscales.[19]

En el plano internacional se desencadenó una serie de reacciones a partir de la publicación de los Papeles de Pandora. Por ejemplo, en Filipinas el secretario de Transportes, Arthur Tugade, decidió no competir por un escaño en el Senado tras revelarse que poseía una empresa offshore que no había declarado; en Brasil la Cámara baja llamó a comparecer al ministro de Economía, Paulo Guedes, para explicar su participación en una empresa de papel en Islas Vírgenes Británicas, y en Sri Lanka el presidente, Gotabaya Rajapaksa, ordenó una investigación sobre su propia familia, cuyos miembros utilizaron firmas offshore para adquirir lujosas propiedades y piezas de arte.[20]

En México, las revelaciones de la investigación financiera más ambiciosa de la historia del periodismo colaborativo internacional apenas hicieron mella en un gobierno de izquierda que dice abanderar la lucha contra la corrupción y que afirma querer combatir los abusos del sistema neoliberal. Ni los funcionarios ni los políticos o sus familiares, ni los empresarios identificados en la investigación sobre los paraísos fiscales fueron llamados a cuentas por el presidente López Obrador.

Queda por ver si la investigación de la UIF, anunciada de manera informal en un tuit del entonces titular de la dependencia, seguirá su curso o si, por el contrario, los Papeles de Pandora serán arrojados a un limbo al que la justicia mexicana no llegará jamás.

 

[*] Es editor en la organización de periodismo investigativo Quinto Elemento Lab. Es maestro en Periodismo Digital (Universidad de Guadalajara). Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación (Universidad del Valle de Atemajac). Trabajó en Grupo Expansión, Grupo Reforma y los diarios Público, Siglo 21 y El Financiero. Twitter: @TalamantesATA

 

[1] Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. “Offshore havens and hidden riches of world leaders and billionaires exposed in unprecedented leak”, 3 de octubre de 2021; la traducción es propia. Recuperado de https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/global-investigation-tax-havens-offshore/

[2]     Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. “About the data in the ICIJ Offshore Leaks database”. Recuperado de https://offshoreleaks.icij.org/pages/about

[3]  Goodley, S. & Garside, J. “Tony and Cherie Blair bought property via offshore firm and saved £300,000 in tax”, en The Guardian, 3 de octubre de 2021. Recuperado de https://www.theguardian.com/news/2021/oct/03/tony-and-cherie-blair-bought-property-via-offshore-firm-and-saved-300000-in-tax

[4] Alecci, S. “Czech Prime Minister secretly bought lavish French Riviera estate using offshore companies”, en Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, 3 de octubre de 2021. Recuperado de https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/czech-prime-minister-andrej-babis-french-property/

[5] Hudson, M. & Fitzgibbon, W. “Pandora Papers caps off 2021 with consequences felt around the globe”, en Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, 21 de diciembre de 2021. Recuperado de https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/pandora-papers-caps-off-2021-with-consequences-felt-around-the-globe/

[6] Camhaji, E. “La bóveda secreta de los multimillonarios mexicanos”, en El País, 3 de octubre de 2021. Recuperado de https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-03/la-boveda-secreta-de-los-multimillonarios-mexicanos.html

[7] Quinto Elemento Lab. “Los protagonistas mexicanos”. Recuperado de https://quintoelab.org/pandora-papers-mexicanos-protagonistas-power-players/

[8] Cárdenas, A. “El dinero de políticos mexicanos y sus familias desembarca en paraísos fiscales”, en Quinto Elemento Lab, 3 de octubre de 2021. Recuperado de https://quintoelab.org/project/pandora-papers-politicos-mexicanos-paraisos-fiscales

[9]  “Expresa AMLO que ojalá el SAT revise la información de los mexicanos implicados en el caso Panama Papers”, en AMLO – Sitio Oficial de Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, 4 de abril de 2016. Recuperado de https://lopezobrador.org.mx/temas/panama-papers/

[10] Idem.

[11] “Propone Morena ‘transparencia total’ con AMLO; lupa a cada peso público: Irma Sandoval”, en Aristegui Noticias, 16 de diciembre de 2017. Recuperado de https://aristeguinoticias.com/1612/mexico/propone-morena-transparencia-total-con-amlo-lupa-a-cada-peso-publico-irma-sandoval/

[12] “Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador desde Puebla”, en AMLO – Sitio Oficial de Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, 4 de octubre de 2021. Recuperado de https://lopezobrador.org.mx/2021/10/04/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-desde-puebla-2/

[13]  Quinto Elemento Lab. Op. cit.

[14]  Gobierno de México. “#ConferenciaPresidente desde Puebla, Puebla”, 4 de octubre de 2021. Recuperado de https://youtu.be/n_LHM9QaNAM?t=7746

[15]  Nieto–Castillo, S. “El escándalo de Pandora Papers”, en La Jornada, 5 de octubre de 2021. Recuperado de https://www.jornada.com.mx/notas/2021/10/05/politica/el-escandalo-de-pandora-papers-santiago-nieto-castillo/

[16] “Hay silencio ominoso de los dirigentes del PRI, dice Robles sobre su caso”, en Expansión, 25 de octubre de 2021. Recuperado de https://politica.expansion.mx/mexico/2021/10/25/hay-silencio-ominoso-de-los-dirigentes-de-pri-dice-robles-sobre-su-caso

[17] “Rosario Robles a 2 años de su detención: ‘Soy la única en la cárcel’”, en Expansión, 21 de agosto de 2021. Recuperado de https://politica.expansion.mx/mexico/2021/08/11/rosario-robles-a-2-anos-de-su-detencion-soy-la-unica-en-la-carcel

[18] Gamboa–Arzola, V. “Senadores piden a la UIF indagar cuentas de mexicanos en Pandora Papers”, en El Universal, 4 de octubre de 2021. Recuperado de https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/senadores-piden-la-uif-indagar-cuentas-de-mexicanos-en-pandora-papers

[19] Cárdenas, A. “Alistan senadores iniciativas para regular las inversiones de funcionarios en paraísos fiscales”, en Quinto Elemento Lab, 19 de noviembre de 2021. Recuperado de https://quintoelab.org/project/senado-iniciativas-paraisos-fiscales-pandora-papers

[20] Hudson, M. & Fitzgibbon, W. “Pandora Papers caps off 2021 with consequences felt around the globe”, en Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, 21 de diciembre de 2021. Recuperado de https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/pandora-papers-caps-off-2021-with-consequences-felt-around-the-globe/

Política y políticas educativas en el México de la 4T

 

Juan Carlos Silas Casillas[*]

 

 

Resumen: La política educativa en México está permanentemente influida por las intenciones técnicas del problema social a resolver y por la acción de los entes involucrados que, de una manera u otra, logran transformar el sentido o la letra de la política desarrollada. Para entenderla y evaluarla se requiere revisar las condiciones en las que se tomaron las decisiones y, especialmente, los resultados obtenidos. En este artículo se describen las circunstancias que han influido en las decisiones del estado mexicano en política educativa desde los inicios del siglo XX y se retoma lo sucedido en la transición del sexenio 2012–2018 al actual 2018–2024. Se concluye con una breve descripción de la política educativa de la llamada Cuarta Transformación (4T) del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en torno a las instituciones particulares.

Palabras clave: política, políticas, educación, México.

 

Abstract: Education policy in Mexico is always shaped by the technical intentions of the social problem to be solved and by the action of the entities involved that manage, one way or another, to transform the spirit or the letter of the formulated policy. Thus, policy can only be understood and evaluated by reviewing the conditions in which decisions were made and, above all, by looking at the actual results. This article describes the circumstances that have shaped the education policy decisions made by the Mexican State since the beginning of the 20th century, and takes a close look at the transition from the 2012–2018 presidential administration to the current 2018–2024 term. It concludes with a brief description of education policy under the so–called Fourth Transformation (4T) of Andrés Manuel López Obrador’s government with respect to private institutions.

Keywords: politics, policy, education, Mexico.

 

 

Hablar de políticas educativas en México es una tarea monumental, ya que implica examinar no solamente las decisiones en política pública —entendida como los actos de gobierno destinados a atender un problema de interés común— sino que requiere también una revisión sustantiva de las negociaciones entre los actores públicos —y, a veces, no tanto— y sus argumentaciones. Joan Subirats señala que las políticas públicas son “Actividades de las instituciones de gobierno, actuando directamente o a través de agentes, y que van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos”.[1]

En el caso concreto de la política educativa mexicana es importante revisar las condiciones en que se tomaron las decisiones y, especialmente, los resultados obtenidos.

 

    1. Un breve recorrido histórico

Ya se ha reportado en otros espacios[2] que el gobierno mexicano ha representado históricamente un doble papel. Por un lado, en su rol de autoridad es la instancia que establece el marco legal–normativo que debe seguir todo el sistema educativo y sus actores. Por el otro, es el empleador de cientos de miles de profesionales de la educación que laboran en instituciones que, pese a compartir la normatividad, enfrentan condiciones diferentes y requieren maneras heterodoxas de funcionar. Esto, en la práctica, significa que la autoridad se permite desobedecer sus propias reglas y aceptar algunas de las condiciones que diferentes actores le plantean con tal de continuar ofreciendo el servicio educativo en favor de la comunidad.

En otras ocasiones el estado mexicano es víctima de su propio entusiasmo y, como se puede ver en diferentes momentos, se ha fijado metas demasiado altas. En 1917 se hizo obligatorio para el estado impartir en sus escuelas una educación laica y gratuita. En 1934 se estableció la obligatoriedad legal para el gobierno, y la gratuidad para las familias, de la instrucción primaria. En 1993 se determinó como obligatoria la secundaria; en 2003, el preescolar; en 2012, la educación media superior, y en 2019 se hizo obligatorio para el estado proveer educación superior. Cabe señalar que no se ha realizado cabalmente esta obligación estatal en ningún nivel. Ya sea por los propios medios, a través de las escuelas que opera en los ámbitos federal, estatal o municipal, o por medio de particulares a quienes autoriza ofrecer servicios educativos, la promesa no se ha cumplido.

Durante buena parte del siglo XX el estado mexicano enfrentó presiones por incrementar el tamaño del servicio educativo, lo que volvió necesarias más escuelas, así como personal docente y administrativo adicional, en entornos con muchas limitaciones exacerbadas por los constantes vaivenes en los “modelos de nación”.

Para ilustrar con unos pocos datos, en 1921, cuando apenas se asentaba el polvo de la lucha revolucionaria, había 868,040 alumnos que cursaban su educación primaria en poco más de 11 mil escuelas, de acuerdo con la estadística oficial.[3] Estos niños eran atendidos por 22,939 profesores. Para 1928, al finalizar el periodo presidencial de Plutarco Elías Calles, había 1’434,574 estudiantes, 32,657 docentes y 16,901 escuelas; es decir, 566,534 niños y 9,718 maestros más en siete años. Lo que significa casi 89 mil alumnos, 1,388 profesores y 837 escuelas adicionales por año.[4] Para 1946, cuando el mundo terminaba la última gran guerra, ya se tenían 22,351 escuelas, 2’787,478 alumnos y 58,548 docentes.

Esta impresionante cifra fue rápidamente eclipsada en los años siguientes, entre los que sobresale 1958, al inicio de la etapa que se conoció como el “desarrollo estabilizador” de los años cincuenta y sesenta, que conjuntó 33,017 escuelas de educación básica, 4’870,884 alumnos y 119,427 maestros.[5] Entre 1959 y 1970, tiempo en que se instrumentó el Plan de los Once Años, impulsado durante la segunda gestión de Jaime Torres Bodet como secretario de Educación y que constituyó un ejemplo de planeación de largo aliento al abarcar dos periodos presidenciales —el de Adolfo López Mateos (1958–1964) y el de Gustavo Díaz Ordaz (1964–1970)—, se duplicó la cantidad de profesionales de la educación empleados por el estado, lo que implicó incluso la contratación de jóvenes egresados de la secundaria para fungir en el aula como formadores.[6] El último dato que muestra el acelerado crecimiento y que abre la puerta a las siguientes problemáticas (modelos educativos, capacitación docente, materiales y equipo en las escuelas, etcétera) corresponde a 1982: 114,119 escuelas, 20’497,197 estudiantes y 661,809 maestros en educación básica, lo que significó una tasa de crecimiento en los seis años del periodo presidencial de José López Portillo (1976–1982) del orden de 17.1% en alumnos de preescolar, 3.2% de primaria, 7.7% de secundaria y de 21% en docentes de preescolar, 5.7% de primaria y 6.9% de secundaria.[7]

La rapidez del crecimiento poblacional impactó la demanda de servicios educativos y se convirtió en una necesidad constante y casi imparable, pues al menos una parte del total de estudiantes que estaban en primaria en un momento dado, requerirían acceso a la secundaria y a la educación media superior unos años después; así como, eventualmente, procurarían acceder a la educación superior.

Todos sabemos que es imposible para un país como México que 100% de la cohorte continúe hasta egresar de la universidad, pero la creciente cantidad de niños y jóvenes solicitando acceso a la educación requirió de esfuerzos formidables. El número de estudiantes, que apenas pasaba de cinco millones en 1960, se duplicó en diez años y para 1977 ya se había triplicado. Su incremento exponencial no pudo moderarse sino hasta la mitad de la década de los años ochenta. Las personas que nacieron durante los cincuenta, pero fundamentalmente en los sesenta, requerirían acceso a la escuela en los años subsiguientes.

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) muestra cómo la población nacional se duplicó entre 1953 y 1976, pasando de un poco más de 28 millones a casi 59 millones de mexicanos.[8] El sistema educativo tuvo la capacidad de absorberlos hasta que llegó un punto en que los edificios no podían albergar a tantos niños, lo que exigió una política de construcción de escuelas y facilitar el acceso a proveedores particulares para complementar el sistema educativo.

Otro elemento, que no se analiza con frecuencia, se refiere a los cambios en el “modelo de nación”, las maneras implicadas en entender el desarrollo nacional y, evidentemente, la forma en que la educación, al ser el brazo ideológico del estado, se convierte en una palanca promotora del modelo propuesto. En los últimos cien años México ha pasado de un modelo agrícola de redistribución social posrevolucionario a uno socialista / racionalista, nacionalista, de sustitución de importaciones, petrolero exportador, maquilador y neoliberal globalizado. Pero parece que, para la década de 2020, se orienta a uno más afín al nacionalismo de los años cincuenta y sesenta del siglo pasado. La escuela ha debido corresponder, al menos parcialmente, al esquema en turno. En este sentido, la política pública educativa ha tenido que alinearse con aspectos ideológicos correspondientes al gobierno en funciones y ha enfrentado los vaivenes que le presentan sus circunstancias históricas.

Los desequilibrios económicos y las crisis de 1976, 1982, 1988, 1994, 2000, 2008, 2009 y la que en la actualidad vivimos han afectado de manera negativa el desempeño del país. El contexto influye indudablemente en las políticas públicas, obligando al estado mexicano a hacer “lo que puede con lo que tiene” y a desarrollar todo tipo de acuerdos y alianzas con los poderes económicos y políticos para tratar de llevar adelante sus planes. Los partidos políticos, cámaras empresariales y, de modo eminente, el sindicato de maestros actúan poderosamente en las negociaciones y en la puesta en marcha de planes y programas.

 

    1. Actores y acciones en las políticas y la política

En este punto de la argumentación se toma el uso de conceptos de la lengua inglesa para las palabras política o políticas, lo que permite clarificar el tema. En español pueden prestarse a equívocos y, al reforzarlo con los vocablos en inglés, es más fácil resaltar las diferencias. Policy es el equivalente a nuestras políticas y politics, a nuestra política. Es decir, las políticas (policy o policies en plural) se ven influidas por la política (politics) en su diseño, negociación y puesta en marcha. Un ejemplo claro es resaltado por Aldo Muñoz,[9] quien ejemplifica las “estrategias” del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) (politics para atajar policies) para influir en el gobierno y tratar de virar las políticas públicas educativas hacia terrenos que le son más favorables a la organización magisterial. Las agrupa en seis grandes categorías:

    1. La “colonización” del aparato educativo a través de dos mecanismos: a) colocando a los miembros de sus equipos en los puestos directivos “de confianza”, y b) manejando la asignación de las plazas laborales, así como los ascensos y permutas. Todo esto cobijado legalmente por medio de la normatividad existente en cada momento.
    2. La movilización de decenas o cientos de miles de agremiados en acciones como paros laborales, tomas de instalaciones o calles y otras formas protesta.
    3. El establecimiento de pactos o alianzas políticas con el partido en el gobierno (federal y estatal). Los líderes son postulados para algún puesto de elección popular (regularmente, diputados federales o locales) y el sindicato opera en la activa promoción y coacción del voto usando recursos tanto del gobierno como del sindicato.
    4. Una variante más sofisticada es la coalición electoral a través de los partidos del SNTE: Partido Nueva Alianza (Panal), Redes Sociales Progresistas, etcétera, que en la práctica funciona de manera similar.
    5. La cooptación de las comisiones de educación y de presupuesto en el congreso con el apoyo de los partidos mayoritarios. Asegurar estas posiciones para los legisladores del SNTE permite amplios márgenes de maniobra para las negociaciones y el intercambio de apoyos en tareas como vetar o promover iniciativas que les sean útiles o potencialmente riesgosas, así como mejorar su posición político–administrativa en el sector educativo.
    6. La negociación directa con el titular del Poder Ejecutivo para asuntos estructurales, como son las reformas educativas o laborales, así como los de orden más específico, como la asignación de partidas presupuestales a diferentes proyectos educativos o el aumento del salario de cada año.

Por su parte, organizaciones empresariales y otros actores sociales importantes actúan también en la promoción de su agenda a través de relaciones con equipos del Ejecutivo federal o estatal.

 

    1. Entre 2013 y 2019

En lo que se refiere a la acción política y de políticas educativas más recientes es necesario poner de relieve la “reforma y contrarreforma” de 2013 y 2019, las cuales, pese a haber sido ya objeto de análisis, debemos describir por ser algo trascendente. Ambas modificaciones argumentaron originarse en el deseo de recuperar la rectoría del estado en términos educativos.

La “reforma educativa” del sexenio anterior generó polémica, ya que tocó los intereses de un sector amplio de actores en la estructura educativa institucionalizada, en virtud de que tuvo importantes modificaciones en el artículo tercero de la Constitución, la Ley General de Educación y la Ley del Servicio Profesional Docente, junto con la creación de la ley que dio autonomía al INEE.[10] Con un énfasis importante en la evaluación como palanca de mejora de la calidad educativa, esa reforma fue mayormente percibida como punitiva, ya que proponía consecuencias laborales a los docentes tras repetidos resultados negativos en las evaluaciones. Causó muchas tensiones entre estos y tomó al gobierno federal en un estado de debilidad y descontento social. Toda vez que el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y su candidato Andrés Manuel López Obrador capitalizaron el descontento popular y ganaron la presidencia, así como el control de la Cámara de Diputados y del Senado, se enfocaron en derogar la reforma de 2013 bajo el lema de que “no quedaría ni una coma”.

Es sabido que, tras un intenso trabajo de cabildeo (politics), en mayo de 2019 se emitió el decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos tercero, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa.[11] Cuatro meses después se publicaron las leyes secundarias:

    • Decreto por el que se expide la Ley General de Educación y se abroga la Ley General de Infraestructura Física Educativa.[12]
    • Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Mejora Continua de la Educación.[13]
    • Decreto por el que se expide la Ley general del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.[14]

La gran víctima de esta contrarreforma fue la evaluación educativa, ya que al eliminarse el INEE y sustituirse por la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) se dejó de lado mucha de la información y experiencia acumulada. El INEE, que sin duda había realizado un trabajo importante en el análisis de la realidad educativa tanto en insumos como en resultados y que hizo propuestas interesantes para políticas públicas (policies), cayó víctima de la política (politics) y se convirtió en el chivo expiatorio del sistema educativo, pues la instrumentación de las polémicas medidas del sexenio 2012–2018 dependía de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Para terminar, al conjunto de cambios de 2019 en torno a la legislación educativa se añadieron algunos específicos en relación con la educación superior, así como la ciencia y la tecnología. El 9 de marzo de 2021 se publicó la nueva Ley General de Educación Superior, que sustituye a la inoperante Ley de Coordinación de la Educación Superior de 1978. El nuevo marco regulatorio, como parte de la estrategia del gobierno de la 4T de fortalecer la actuación de las instituciones públicas de educación superior, propone una actualización en el marco operativo e incluye algunos elementos valiosos como los siguientes:

    • Fortalecer el servicio social y transformarlo en algo que verdaderamente impacte en la comunidad.
    • Resaltar la cultura de la paz y la no violencia hacia las mujeres, así como promover la inclusión.
    • Usar tecnologías de información y comunicación.
    • Relacionar mejor la educación superior con el sector productivo.
    • Una especie de relanzamiento de los Consejos Estatales de Planeación de la Educación Superior (Coepes) o su equivalente.

 

Sin embargo, quedó un sesgo regulatorio con respecto a las instituciones particulares que, si bien es insoslayable la conveniencia de una regulación potente para mejorar el desempeño de muchas instituciones particulares en situación de debilidad, dedica numerosos artículos de una ley general para establecer los castigos y las consecuencias del incumplimiento. Esta legislación dejó claro que hubo instituciones o asociaciones que tuvieron mayor capacidad que otras para influir a través de política (politics), lo cual se reflejó en las políticas educativas (policies).

Para concluir es necesario señalar que las políticas educativas en México, al igual que las que se desarrollan en otros ámbitos, se constituyen con base en la legítima idea de atender las necesidades de la comunidad, pero es evidente que se conforman con base en las presiones —sutiles o no— de los actores que participan en la decisión. El gobierno federal actual (2018–2024) posee un carácter marcadamente político que lo diferencia de los anteriores, los cuales solían tener un enfoque más técnico en las respuestas a los problemas y desacoplado en los diagnósticos. Las señaladas modificaciones en la legislación, sumadas a las que propone el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, e, incluso, la Procuraduría Federal del Consumidor, con su proyecto de norma NOM 237, son ejemplos clarísimos de cómo la política (politics) influye en las políticas (policies). En el arranque del año 2022 será importante que se escuchen todas las voces y se desarrollen políticas públicas sensatas y conducentes.

 

[*] Es profesor investigador del Departamento de Psicología, Educación y Salud del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Es licenciado en Psicología Educativa, maestro en Educación y doctor en Educational Policy and Leadership (Universidad de Kansas). Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Su interés de investigación está en la línea de currículo y modelos educativos, en los modelos curriculares y la gestión del aprendizaje a nivel superior.

 

[1] Subirats, J. Análisis de políticas públicas y eficacia de la administración, Editorial Imprenta Nacional del Boletín del Estado, Primera edición, Madrid, 1989, p.43.

[2] Silas–Casillas, J.C. “La profession d’enseignant au Mexique. Une mutation accélérée”, en Formation emploi, núm. 153, enero–marzo de 2021, pp. 61–84. Recuperado de https://doi.org/10.4000/formationemploi.9007

[3] “Estadísticas Educativas”, en Secretaría de Educación Pública, 2019. Recuperado de http://snie.sep.gob.mx/Estadistica.html

[4]  “Los docentes en México: Informe 2015”, en Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, México, 2015. Recuperado de http://snie.sep.gob.mx/Estadistica.html

[5] Idem.

[6] Arnaut, A. Historia de una profesión. Los maestros de educación primaria en México 1887–1994, CIDE, México, 1996.

[7] “Los docentes en México: Informe 2015”, en Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, México, 2015. Recuperado de http://snie.sep.gob.mx/Estadistica.html

[8] Idem.

[9] Muñoz, A. “Escenarios e identidades del SNTE: entre el sistema educativo y el sistema político”, en Revista Mexicana de Investigación Educativa, vol. 13, núm. 37, abril–julio de 2008, pp. 377–417.

[10] Presidencia de la República. “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación”, en Diario Oficial de la Federación, 11 de septiembre de 2013. Recuperado de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf; Presidencia de la República. “Ley General del Servicio Profesional Docente”, en Diario Oficial de la Federación, 11 de septiembre de 2013. Recuperado de http://www.presidencia.gob.mx/reformaeducativa/assets/downloads/ley-general-del-servicio-profesional-docente.pdf; Presidencia de la República. “Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación”, en Diario Oficial de la Federación, 11 de septiembre de 2013. Recuperado de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LINEE.pdf

[11] Secretaría de Gobernación. “Decreto por el cual se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o,. 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa”, en Diario Oficial de la Federación, 15 de mayo de 2019. Recuperado de http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560457

[12] Secretaría de Gobernación. “Decreto por el que se expide la Ley General de Educación y se abroga la Ley General de Infraestructura Física Educativa”, en Diario Oficial de la Federación, 30 de septiembre de 2019. Recuperado de https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573858

[13] Secretaría de Gobernación. “Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Mejora Continua de la Educación”, en Diario Oficial de la Federación, 30 de septiembre de 2019. Recuperado de https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573859

[14] Secretaría de Gobernación. “Decreto por el que se expide la Ley general del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros”, en Diario Oficial de la Federación, 30 de septiembre de 2019. Recuperado de https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573860

Evaluación de medio camino y perspectivas políticas del año 2022

 

Jorge Enrique Rocha Quintero[*]

 

Resumen: Este texto hace una valoración de los primeros tres años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y muestra los aspectos positivos y negativos de su gestión. También se revisan las encuestas de aprobación presidencial y los escenarios electorales de frente al año 2024, así como el inicio de los comicios locales que se realizarán en 2022. El texto cierra con una brevísima reflexión sobre la cuarta ola de covid–19.

Palabras clave: Andrés Manuel López Obrador, tercer informe de gobierno, elecciones, México, encuestas, aprobación presidencial.

 

Abstract: This text assesses the first three years of President Andrés Manuel López Obrador’s government and highlights the positive and negative aspects of his administration. It also looks at the presidential approval ratings and the election scenarios looking forward to 2024, as well as the start of the local elections to be held in 2022. The text concludes with a brief reflection on the fourth covid–19 wave.

Key words: Andrés Manuel López Obrador, third annual government report, elections, Mexico, polls, presidential approval.

 

El 1 de septiembre de 2021 el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su tercer informe de gobierno, y aunque no estamos exactamente a la mitad de su mandato como titular del Ejecutivo federal sí podemos hacer una ponderación de medio camino de la administración que encabeza el tabasqueño y que tantas expectativas generó con su llegada al poder.

Antes de hacer esta evaluación es necesario exponer dos asuntos. El primero es que el informe de los presidentes para dar a conocer el estado de la administración pública debería ser el ejercicio por excelencia de rendición de cuentas en el país. Por la vía de los hechos esto nunca ha sido así; ni en los anteriores sexenios ni en esta administración, por lo que seguimos perdiendo un espacio privilegiado de debate sobre los grandes problemas de la nación. El segundo es que la polarización política que prevalece en México no permite hacer análisis concienzudos de lo que ha sido el gobierno de López Obrador, ya que unas posturas señalan que todo está bien y otras dicen que todo está mal. Una vez más, ambas posiciones tienen parte de verdad, pero también parte de mentira. Y parece que muchos de estos análisis tienen como fuente fundamental el deseo de que al presidente le vaya bien en todo o que en todo le vaya mal.

Ahora bien, tratando de realizar un ejercicio ponderado y crítico, paso a mi propia evaluación y comparto lo siguiente. Principales aspectos positivos del mandato de López Obrador a medio camino:

    • Una de las mayores aportaciones de la presidencia de López Obrador ha sido cambiar la relación de la administración pública federal con los grandes poderes económicos del país; relación que pasó de una clara subordinación de la Presidencia a estos poderes fácticos, a una de mayor equilibrio, a veces de confrontación y a veces de colaboración. Este asunto es poco valorado en la opinión pública, pero ha hecho posible un esquema de contrapesos positivos.
    • Se fortaleció el empleo a través de tres estrategias fundamentales:
    • El incremento al salario mínimo, que pasó de 88.36 pesos diarios en 2018 a 172.87 pesos en 2022.
    • El combate a las peores formas del outsourcing, que era una estrategia de contratación ampliamente criticada por organizaciones de derechos laborales, entre las cuales está el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal).
    • La reforma al sistema de pensiones, que contempla entre sus avances más importantes la reducción de las semanas que tiene que cotizar un trabajador para acceder a este derecho, el incremento en la pensión y un tope a las comisiones de las administradoras de fondos para el retiro (Afore).
    • Se hizo una importante inversión pública orientada al sur y sureste de México, que por años fueron las regiones más olvidadas del país, a través de la construcción de la refinería de Dos Bocas, en la Chontalpa tabasqueña, y el Tren Maya, que recorrerá buena parte del sureste mexicano.
    • Se inició la paulatina transición de las transferencias directas a un sistema universal y no focalizado, cuyo caso más exitoso es el apoyo a las personas de la tercera edad, quienes pasaron de percibir 1,160 pesos bimestrales en 2018 a 3,850 pesos bimestrales en 2022. Aunque este monto no posibilita que un hogar salga de la pobreza, sí se convierte en un alivio para las familias con menos recursos.
    • Se colocó el combate a la corrupción como prioridad en la agenda con la investigación de algunos casos emblemáticos en materia. Y aunado a ello está la labor de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que ha contribuido con la investigación de algunos casos.
    • Se instauró una clara política de austeridad en la administración pública, que ha logrado disminuir de forma sustantiva el despilfarro y uso de recursos públicos en gastos innecesarios. Algunos han criticado que en algunos rubros hay exageración en la reducción de presupuesto, aunque, en general, podemos señalar que es una buena política.
    • A pesar de las elecciones en Estados Unidos y del cambio de primer mandatario en aquella nación, se ha mantenido una buena relación con los vecinos de Norte, tanto con Donald Trump —cuando este ocupaba la Casa Blanca— como con el actual presidente, Joe Biden. Esta relación contribuyó a la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T–MEC), que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Por otra parte, también es necesario señalar los principales aspectos negativos del mandato de López Obrador a medio camino, sobre todo en algunas agendas que tenían expectativas de cambio muy altas y que hoy no poseen avances significativos:

    • Sin duda alguna, la seguridad pública es unos de los temas en que el presidente ha fallado, y la apuesta de creación de la Guardia Nacional no ha dado los resultados esperados, ya que la violencia en el país sigue desatada con más de dos mil muertos por mes desde el inicio del sexenio y con más de 90 mil personas desaparecidas de 1964 a la fecha.
    • A pesar de que el proceso de vacunación para combatir la pandemia por covid–19 avanza, la estrategia para el manejo de esta crisis sanitaria ha dejado mucho que desear: el sistema público de salud sigue colapsado y sin capacidad de garantizar de forma plena el derecho a la salud. Es cierto que este problema se incubó desde gobiernos anteriores, pero hasta ahora la forma de encarar la situación por parte de López Obrador ha sido errática, por decir lo menos.
    • La reactivación económica del país va a paso lento y están presentes los efectos negativos de la pérdida de empleos, del incremento de la pobreza (de 2.0% de 2018 a 2020) y de la desaparición de empresas. Al ritmo que vamos parece que esta tendencia no se revertirá en el corto plazo, sobre todo si añadimos que en los primeros años de este gobierno el crecimiento económico fue nulo y que la inflación en el país durante 2021 fue mayor a 7%.
    • En varios sucesos el presidente López Obrador ha mostrado su desdén hacia los movimientos sociales que critican su gestión, sobre todo aquellos colectivos que promueven y defienden los derechos de las mujeres. En esta agenda la insensibilidad del primer mandatario ha sido manifiesta, a lo que hay que añadir la lamentable sumisión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) frente al Ejecutivo federal, que no contribuye a una mejora en la agenda de derechos humanos en México.
    • Aunque las “mañaneras” han resultado un ejercicio novedoso de comunicación política, en la última parte de la gestión del presidente este espacio se convirtió en una arena para estigmatizar y ridiculizar a los opositores de la llamada Cuarta Transformación (4T) y para minimizar los errores del actual gobierno federal. Es decir, las “mañaneras” pasaron de ser un ejercicio de rendición de cuentas a ser un espacio de propaganda política.
    • Otro de los errores del presidente durante estos tres años ha sido el de los “amagos” y las presiones suyas contra los otros Poderes de la Unión e instancias autónomas creadas para generar contrapesos y control del gobierno. Aunque López Obrador se declara un demócrata y, en muchos casos, las críticas solo quedan en declaraciones, es cierto que esto genera un “estrés” democrático poco sano e indeseable para nuestra endeble democracia. En este asunto destacan los enfrentamientos continuos entre López Obrador y el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

Hay muchos más aspectos por evaluar, pero, desde mi particular punto de vista, estos son los más relevantes de lo que llevamos en la actual administración pública federal.

    1. La popularidad de López Obrador y las encuestas electorales

Ahora bien, el 1 de diciembre de 2021 se cumplieron tres años exactos del gobierno de López Obrador y, por supuesto, se volvió a levantar el debate en torno a su gestión y a lo que vendrá en la segunda mitad de su sexenio. Como es tradición, algunos medios de comunicación nacionales presentaron sus encuestas de aprobación y, por ejemplo, para el Grupo Reforma, el presidente bajó en su popularidad al haber 58% de ciudadanos que ven con buenos ojos su mandato. Por otro lado, El Financiero expuso que el primer mandatario está en buen momento en lo relacionado con su popularidad, ya que 66% de las y los ciudadanos aprueban su gestión. ¿A quién creerle? Seguramente, cada persona y colectivo eligió las cifras que más concuerdan con su realidad inmediata.

Lo que es un hecho es que a la mitad del camino López Obrador sigue siendo un presidente políticamente fuerte, y la expresión de apoyo popular que vimos ese día en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México lo confirmó. Por supuesto, hay personas a quienes les parece incomprensible que el presidente mantenga esta relación con las grandes mayorías del país, a pesar de que los resultados en materias como la seguridad pública, el derecho a la salud y el incremento de la pobreza son magros o inexistentes. Hoy por hoy, buena parte de la población perdona al tabasqueño esta falta de avances porque aún ve en él a alguien honesto, que pone todo su empeño en que las cosas avancen, y porque hay programas gubernamentales —como las transferencias sociales o el fortalecimiento del salario mínimo— que han impactado a los sectores más empobrecidos del país.

En este escenario, donde comienzan los procesos de cierre del actual gobierno, es evidente que la carrera rumbo a los comicios presidenciales de 2024 ya arrancó en términos reales. En los impresos de Grupo Reforma al final de 2021 se expuso una encuesta sobre la intención de voto de cara a ese proceso electoral. Destacó que 45% de las y los mexicanos votarían por el partido oficial, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), seguido de 20% que darían su voto al Partido Acción Nacional (PAN) y 19% que lo harían por el Partido Revolucionario Institucional (PRI); mientras que solo 5% depositarían su voto a favor de Movimiento Ciudadano (MC). El resto de los partidos estaría en riesgo de perder su registro como instituto político nacional. Si las cosas se mantienen de esta forma, solo una alianza entre PAN–PRI–MC sería competitiva frente al partido del presidente de México, y que aun en este escenario estaría diez puntos abajo del partido de López Obrador. Hoy todas estas contabilidades son muy prematuras y no se ve claro que se puedan consolidar tales alianzas. Lo que sí podemos afirmar es que desde 2017 las tendencias que muestran las encuestadoras más serias del país han sido consistentes.

Ahora bien, si hablamos de personajes políticos, los que comienzan a despuntar son los morenistas Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, que se colocan con 31% y 30% de la intención del voto, respectivamente. También destaca la sorpresiva intención del voto de Luis Donaldo Colosio, novel presidente municipal de Monterrey, de MC, que tendría 27%. Luego se ubica el excandidato panista Ricardo Anaya, con 16%, y rondando 10% de la intención de voto se posicionan Ricardo Monreal, de Morena, Samuel García, de MC, y Alfredo de Mazo, del PRI. Cabe señalar que el ejercicio que reporta el Grupo Reforma expresa que 59% de las y los encuestados prefieren que el proyecto de López Obrador continúe, mientras que solo 33% dicen que se debe parar. Esto concuerda con la aprobación que hoy tiene el presidente de México. Otra de las sorpresas de esta encuesta es que Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, a pesar de sus esfuerzos y de expresar en una entrevista en un medio internacional —a finales de 2021— que está preparado para contender por la presidencia, no aparece como una figura con alta popularidad en el ámbito nacional.

El proceso electoral de 2024 ya comenzó y, de ahora en adelante, veremos encuestas que nos hablarán de la intención del voto y empezaremos a ver una alta exposición de las y los personajes políticos que buscarán contender por la presidencia de México. Muchos de ellos ahora son funcionarios de gobierno y desde allí tratarán de lucir en la palestra política. Ojalá entiendan que la mejor campaña política es llevar a buen puerto sus respectivas gestiones en la administración pública y no generar ejercicios mediáticos que carezcan de beneficio directo a la ciudadanía que gobiernan.

 

    1. Procesos electorales de 2022

Si en 2021 tuvimos las elecciones en las que más cargos se eligieron en la historia moderna de México, en 2022 también tendremos procesos electorales locales. El 5 de junio de 2022 es el día en que se realizarán elecciones ordinarias en seis estados de la república: Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas tendrán únicamente elecciones de gobernador, mientras que Durango celebrará asimismo votaciones para presidencias municipales y sindicaturas en sus 39 municipios, así como 327 regidurías, y en el caso de Quintana Roo, además de su elección de nuevo gobernador, renovará su Congreso local, que incluye 15diputaciones por mayoría relativa y 10 de representación proporcional.

En varias de estas elecciones locales el proceso comenzó con las precampañas desde los primeros días de enero de 2022. Además, todas las campañas a gobernador iniciarán el 3 de abril y terminarán el 1 de junio.

Al parecer la alianza Va por México, conformada por el PRI, el pan y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), participará de forma activa en las elecciones de cuatro entidades: Hidalgo, Tamaulipas, Durango y Aguascalientes. En Quintana Roo y Oaxaca parece que las posibles alianzas electorales serán distintas. Por otro lado, Morena se aliará en los seis estados con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Hay que señalar que los estados en los que habrá elecciones son gobernados por las siguientes personas y partidos:

      • Aguascalientes: Martín Orozco, del PAN.
      • Durango: José Rosas, del PAN.
      • Hidalgo: Omar Fayad, del PRI.
      • Oaxaca: Alejandro Murat, del PRI.
      • Quintana Roo: Carlos Joaquín González, del PAN–PRD.
      • Tamaulipas: Francisco García Cabeza de Vaca, del PAN.

Ahora bien, de acuerdo con opinadores y sondeos al respecto de estos comicios, el partido con la mayor probabilidad de ganar estas gubernaturas es Morena. En el caso de Oaxaca e Hidalgo la fortaleza del partido del presidente es muy importante y parece que, tanto en Durango como en Tamaulipas, la probabilidad de que Morena le arrebate estos estados al pan es muy alta. En Quintana Roo, aunque el actual gobernador es bien evaluado, la probabilidad de triunfo de Morena es alta, y solo en Aguascalientes las tendencias muestran que el estado se mantendría gobernado por el pan.

Si estas tendencias llegaran a consolidarse el partido en el poder pasaría de 17 a 22 gobiernos locales; el pan gobernaría en seis estados y el PRI tendría solo dos entidades, lo que igualaría al partido tricolor con MC, que también tiene dos gobiernos estatales (Jalisco y Nuevo León).

 

    1. La cuarta ola de la pandemia

A finales de 2021 y principios de 2022 todos los países del mundo, entre ellos México, se vieron inmersos en una nueva ola de contagios por el virus SARS–CoV–2. No podemos dejar de señalar que el incremento en el número de enfermos en nuestro país está claramente ligado al relajamiento de las medidas sanitarias en periodos vacacionales: enero y verano de 2021 y enero de 2022. Al tener esta información presente tanto gobiernos estatales como el gobierno federal tendrían que generar al menos tres tipos de políticas para enfrentar de forma adecuada la pandemia:

    1. Tener una estrategia contundente de vacunación de personas que prevea los incrementos de contagios, que genere acciones eficaces con las personas rezagadas y con las que no se quieren vacunar, y que aumente lo más posible el número de personas inmunizadas. Hasta ahora parecería que la estrategia de vacunación del gobierno federal responde a las presiones políticas y no a los escenarios de la pandemia.
    2. Impulsar campañas y medidas para que las personas asuman que la pandemia no ha terminado y que las vacaciones por sí mismas no generan una tregua con este problema de salud pública. La necesidad de reactivar la economía ha propiciado que, en aras de mantener los ciclos económicos funcionando, seamos laxos con las medidas sanitarias. En este asunto se tienen que encontrar combinaciones positivas en las que se cumplan ambos propósitos.
    3. Generar, por parte del sector salud, las estrategias de atención a personas que requieran atención médica por esta enfermedad y frente al inminente aumento de casos de contagio. Es decisivo anticiparse a estos escenarios para que el manejo de la pandemia sea el más adecuado.

Así comenzó el año 2022: con una pandemia que no termina, con un presidente fortalecido y con una campaña presidencial adelantada.

 

[*] Es director de Integración Comunitaria del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Es licenciado en Sociología por la Universidad de Guadalajara y en Filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac. Es maestro en Impactos Territoriales de la Globalización por la Universidad Internacional de Andalucía y doctor en Estudios Científico-Sociales por el ITESO. Colabora semanalmente en el programa A Fondo de MegaCanal y TVC (televisión), y en la segunda emisión de Zona Tres (91.5 FM). Es articulista en el Semanario de Guadalajara y en las revistas El Puente y Christus. Es profesor invitado en la Universidad Iberoamericana León. Es especialista en derechos humanos, comunicación política y procesos electorales.

La política migratoria de Estados Unidos con la llegada de Biden: ¿continuidad o cambio?

Adriana González–Arias[*]
Paula Sainz Parada[**]

 

Resumen: Se presentan y analizan las acciones de la administración del presidente Joe Biden desde un contexto de endurecimiento constante de las políticas migratorias en Estados Unidos, ancladas en el paradigma de seguridad nacional, contra los flujos de personas en el marco de la migración indocumentada. También se recuperan cronológicamente las propuestas entre enero y julio de 2021, y se examinan las acciones y respuestas hacia estas. Se reconocen los cambios en el discurso y las operaciones irresueltas como retos pendientes para lograr transformaciones en fundamento de una política de seguridad que atienda las necesidades de las personas y que prevea riesgos objetivos.

Palabras clave: Biden, política migratoria, Estados Unidos, México, seguridad nacional.

 

Abstract: The authors present and analyze the actions taken by President Joe Biden’s administration in a context of the ongoing hardening of US immigration policy, framed within a national security paradigm, against the flows of people engaged in undocumented migration. They also compile a chronological list of the proposals made between January and July 2021, and look at the actions and responses that they prompted. Changes in discourse and unresolved operations are recognized as challenges that are still pending before fundamental transformations can be achieved to move toward a security policy that can meet people’s needs while addressing objective risks.

Key words: Biden, immigration policy, United States, Mexico, national security.

 

 

Estados Unidos se ha posicionado como el principal país receptor de personas migrantes del mundo. Tan solo en 2020 “recibió 18% del total global de la población migrante”,[1] además de 250,800 solicitudes de asilo —más del doble que Alemania—, según informó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).[2] Los flujos migratorios que recibe aquel país se conforman por diversas movilizaciones humanas regulares e irregulares —indocumentadas—, como son emigración, inmigración, tránsito y retorno.

Esto nos ha llevado al trazo de una historia de política migratoria compartida entre Norteamérica y Centroamérica que se ha complejizado y endurecido al pasar de los años, como se mostró en la administración de Donald Trump (2017–2021) con la adopción de discursos xenófobos y acciones de cierre fronterizo que provocaron una violación sistemática de los derechos humanos a personas de todas edades y      nacionalidades que no contaban con documentos migratorios. A partir de enero de 2021, con la entrada de la administración de Joe Biden, se observa con detenimiento la posibilidad de cambios en el rumbo de la política migratoria.

Desde este contexto general el artículo tiene la finalidad de presentar y analizar la situación actual desde las acciones de la administración de Biden con respecto a la política migratoria de Estados Unidos y su relación con México. El texto se divide en tres apartados y reflexiones finales. El primero plantea y critica que, históricamente, la migración se ha tratado como asunto de seguridad nacional; el segundo recupera de manera cronológica las propuestas de política migratoria entre enero y julio de 2021, y el tercero analiza lo que ha pasado con esas propuestas. Al final, las reflexiones se anotan desde una mirada utópica de la seguridad, con la realidad que se palpa.

 

  1. Política Migratoria De Estados Unidos Y Su Relación Con México: Asunto De Seguridad Nacional

Estados Unidos es una nación históricamente construida por la llegada de personas de todos los continentes en diversos momentos. Desde hace décadas es el principal receptor de migración internacional. En 2020 se contabilizaron poco más de 50 millones de personas en categoría de migrantes internacionales.[3]

Adriana Ortega y Claudia Ocman recuperan que el tema migratorio en Estados Unidos, hasta antes del 11 de septiembre de 2001, era considerado desde las políticas domésticas, ya que se trabajaba para el control de los flujos, la seguridad nacional, la incorporación y la ciudadanía. Pero a partir de los ataques terroristas “la migración se asocia directa y explícitamente con seguridad nacional e internacional […] y por otro lado, los temas migratorios se incluyen en la agenda de seguridad internacional por la operación de organizaciones terroristas transnacionales asociadas al fundamentalismo islámico”.[4]

Desde este hecho histórico es posible documentar un proceso constante en el endurecimiento de políticas migratorias por parte de Estados Unidos, a partir del cual se identifican métodos de securitización[5] y externalización de fronteras.[6] Sin embargo, no se puede olvidar el desarrollo histórico de migraciones indocumentadas —“ilegales”, según la ley estadunidense— de la región y del corredor migratorio de Centroamérica–Norteamérica, las cuales han tenido momentos de crisis y discursos de alarma, como es el caso de las caravanas migrantes que salieron de Centroamérica a finales de septiembre de 2018, a las que el presidente Trump respondió en junio de 2019 con la amenaza de subir los aranceles a las exportaciones mexicanas si no frenaba el paso de las personas.

Esta amenaza comprendía una fuerte presión por parte de la administración de Trump a México para que firmara un acuerdo de “tercer país seguro” y se comprometiera a reducir el paso de migrantes hacia territorio estadunidense en 90 días. México no aceptó ser tercer país seguro, pero sí firmó el Protocolo para la Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), mejor conocido como Programa “Quédate en México”. Esta acción ha detenido a miles de personas en la frontera norte para hacer sus procesos de asilo en Estados Unidos en condiciones de pobreza, situación de calle y exposición a situaciones de violencia, especialmente del crimen organizado; mientras que, al mismo tiempo, se desplegaron 24 mil elementos de la Guardia Nacional, 10 mil hacia la frontera sur y 14 mil hacia la frontera norte.[7]

Con estas y otras acciones de endurecimiento de fronteras podemos afirmar que muchas veces se toma la migración como un factor de riesgo para la sociedad y su seguridad, pues “replantean conceptos tradicionales de nacionalidad y ciudadanía por lo cual resurgen las tentaciones de invocar ‘el interés nacional’ y ‘la razón de Estado’ tanto en la política interna como en la política exterior”.[8]

Y si la seguridad nacional es “un conjunto de medidas, estrategias y acciones que establece un gobierno para alejar los peligros que puedan desestabilizar a una sociedad”,[9] la migración seguirá tratándose desde percepciones subjetivas de amenaza, causando que las políticas migratorias se empaten con políticas de seguridad desde un paradigma de securitización, como analizaremos un poco más adelante.

 

  1. Biden y sus propuestas de política migratoria: enero–julio 2021

Joe Biden, quien desde tiempos de campaña destacó con grandes promesas en torno al tema migratorio —a diferencia de su contrincante y ahora predecesor, Donald Trump—, se convirtió en el nuevo presidente de Estados Unidos el 20 de enero de 2021 en un contexto de pandemia que planteó la excusa perfecta para reforzar todavía más las fronteras e incrementar el peso de un historial de estrategias institucionales que han privilegiado la seguridad nacional por encima de la humana.

El compromiso del demócrata con los dreamers,[10] las personas refugiadas y las familias separadas en la frontera fueron el tema de sus primeras órdenes ejecutivas y proyectos de ley para el Congreso. El mismo día que el presidente tomó posesión ordenó acabar con el veto que prohibía la entrada a Estados Unidos a personas provenientes de países musulmanes,[11] y el 3 de febrero de 2021 firmó tres órdenes ejecutivas encaminadas a reunificar las familias de migrantes separadas por la política migratoria de Trump.[12] En la primera orden el presidente buscó crear un grupo de trabajo para tratar de reunir entre 600 y 700 menores todavía separados de sus familias;[13] mientras que las otras dos órdenes tuvieron como objetivo realizar una revisión exhaustiva de las políticas de inmigración de la administración Trump, que, a través de distintos mecanismos, habían reducido las opciones para solicitar asilo —desde la política del MPP—, obligando a personas de diversas nacionalidades a esperar en México los procesos y resoluciones de sus casos, en los que todavía existen alrededor de 26 mil personas con solicitudes de asilo abiertas.[14]

Lo anterior representa un cambio importante dentro de la narrativa migratoria, ya que las iniciativas no se han quedado ahí. El 18 de febrero de 2021 los demócratas encabezados por Biden y Kamala Harris presentaron al Congreso el proyecto de ley que busca un camino a la ciudadanía para 11 millones de personas que viven en el país sin estatus legal, además de otras disposiciones migratorias,[15] como el desmantelamiento del muro fronterizo.

Adicionalmente, cabe destacar propuestas que pretenden otorgar de manera inmediata la residencia permanente —o “tarjeta verde”— a las personas beneficiarias de programas de Acción Diferida (DACA, por sus siglas en inglés) y Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), con opción de ciudadanía posteriormente. De la misma manera, la administración Biden desea lograr TPS para las indocumentadas que hayan ingresado al país antes del 1 de enero de 2021 y tengan una permanencia en él, de por lo menos cinco años, tras lo cual se les otorgará una residencia permanente.[16]

Biden ha expresado en distintas ocasiones su intención de acercarse a México y a Centroamérica a través de la asignación de recursos para atender las causas económicas y sociales que empujan a millones de personas a migrar irregularmente, así como la creación de centros de procesamiento para los trámites de quienes busquen refugio.[17]

Todas estas acciones representan de manera general las propuestas en torno a la política migratoria de Biden entre enero y julio de 2021, las cuales caracterizan y son congruentes con el discurso con el que llegó a la Casa Blanca.

 

  1. Resoluciones e implicaciones de las propuestas de Biden hasta julio de 2021

A pesar de las iniciativas impulsadas en los inicios de su mandato, después de seis meses en el poder la administración Biden se ha enfrentado a múltiples retos para convertir sus promesas en una realidad.

Según los registros de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, “más de 100,000 personas fueron detenidas en febrero tratando de cruzar la frontera de forma irregular, el número más alto desde mediados de 2019”,[18] y, para abril, “más de 50,000 niños habían cruzado la frontera con México sin acompañamiento de un mayor de edad y más de medio millón de adultos habían intentado cruzarla.[19] A su vez, según el cuerpo de seguridad ya mencionado, “más de 180 mil personas fueron interceptadas en la frontera con México en mayo, siendo la mayor cantidad de intentos de cruces ilegales desde marzo de 2000”,[20] por lo que las críticas, tanto de simpatizantes como de opositores, no se han hecho esperar frente a la iniciativa de Biden de construir un sistema de asilo “más humano” que parece haber ocasionado un “efecto llamada” involuntario.

Con estos datos vale la pena presentar una comparativa entre la cantidad de personas mexicanas deportadas entre 2020 y 2021. En 2020 hubo 184,402 mexicanos deportados.[21] De enero a junio de 2020 hubo 88,987 deportaciones; mientras que en 2021, durante el mismo periodo, se han dado 109,553 casos.[22] Esto demuestra una vulneración en aumento, a la par de la cantidad de personas que llegan a la frontera, y que persiste en las políticas migratorias a pesar del cambio de discurso.

Frente a esto el demócrata no ha dejado de abanderar la causa migratoria como una de sus principales metas, tal como lo demuestran los siguientes hechos: la designación, en marzo de 2021, de la vicepresidenta Kamala Harris como la encargada de liderar la misión de frenar la migración irregular desde Centroamérica; la coordinación con El Salvador, Honduras y Guatemala para combatir los problemas de violencia y corrupción que provocan la huida de sus ciudadanos hacia el norte,[23] y los distintos logros obtenidos en los primeros 100 días de la administración Biden–Harris, como lo es el estatus de protección temporal a venezolanos que viven en Estados Unidos.[24]

Sin embargo, no todo ha sido como el demócrata planteó al inicio. Biden no ha podido renovar y ratificar el DACA y ofrecerles un camino a la ciudadanía a los dreamers o a los cerca de 11 millones de migrantes indocumentados que viven en Estados Unidos, de la misma manera que —debido a un bloqueo judicial— no ha logrado frenar las deportaciones ni la separación de las familias en su totalidad, puesto que únicamente se está dejando entrar a menores no acompañados, y esto ha generado nuevas aglomeraciones en puntos fronterizos.[25]

A su vez, según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) a The Associated Press, a partir del 3 de junio de 2021 se ampliará el procesamiento de solicitudes de asilo del programa “Quédate en México” a casos cerrados o desestimados por la administración de Trump, lo cual abre la posibilidad de que miles de migrantes tengan una nueva oportunidad de recibir protección humanitaria. Según explicó el DHS, se beneficiará a personas con casos “que fueron dados por terminados o fueron desestimados in absentia, es decir, que se cerraron debido a que los migrantes implicados no se presentaron a las audiencias”.[26] Sin embargo, aunque esto puede representar una buena noticia para los más de siete mil casos denegados y más de 32 mil casos desestimados,[27] no asegura la condición en la que puedan tomarse en cuenta de nuevo o si deberán esperar en México una vez más, con todos los riesgos y violaciones a derechos humanos que implica.

Sumado a estos sucesos es importante rescatar el rocoso desenlace de las visitas de la vicepresidenta Harris a Guatemala y México a inicios de junio, en las que, a pesar de ofrecer ayuda para el desarrollo a ambos países, destacan sus desafortunados comentarios sobre la migración —al decir “no vengan” a los migrantes en Guatemala— y la petición de la administración Biden al gobierno mexicano de incrementar la cantidad de personal de seguridad en su frontera con Guatemala, a cambio de cientos de miles de vacunas contra el covid–19 para México y Centroamérica.[28] Esto le bastó a la vicepresidenta para recibir varias críticas. Por un lado, los defensores de la migración la acusaron de socavar la ley de inmigración y la promesa de Biden de restaurar un sistema de procesamiento de asilo en la frontera suroeste de Estados Unidos,[29] y, por el otro, el hecho de no visitar la zona fronteriza entre Estados Unidos y México[30] ha creado una imagen de desinterés frente a los problemas de fondo de un área que actualmente sigue presentando varios conflictos para la administración.

A pesar de todas las acciones y las iniciativas instrumentadas para transformar las políticas migratorias anteriores en gestiones que vean más por la dignidad humana, las resoluciones de fondo, impulsadas por Biden, se han visto frenadas por la falta de estrategias que ataquen de raíz los problemas migratorios, en orden de no caer en los mismos errores que sus predecesores.

 

  1. Reflexiones finales

La política migratoria de Estados Unidos se vive desde una compleja y paradójica relación de tensiones que se filtran y procuran acciones desde los objetivos de una seguridad nacional que ve a las personas en contextos de migración indocumentada —principalmente— como amenazas a su soberanía. A esto, Laurence Whitehead explica que las reacciones exageradas de pánico no dejan desarrollar respuestas que sirvan a las necesidades de la gente y, en consecuencia, tenemos ausencia de ideas que manejen los riesgos de fondo.[31]

Por ello, se plantea desde este análisis que no solo es novedoso lograr una seguridad que sirva a las necesidades de las personas y que prevea los riesgos, sino que es una obligación apremiante. Sin embargo, desde las propuestas y acciones referentes a política migratoria de Estados Unidos podemos concluir que, aun cuando pocos escenarios migratorios han quedado fuera del plan de gobierno del presidente, las soluciones de fondo se han visto frenadas por un contexto de pandemia que facilita poner en marcha procesos de securitización y por una falta de estrategias que concilien tanto la seguridad nacional como la dignidad humana.

Aunque es importante reconocer el cambio narrativo que ha representado la administración Biden frente a la de Trump, que fue abiertamente xenófobo, las modificaciones de estrategia —como la propuesta de desmantelar por completo el Programa “Quédate en México” y la separación de familias en la frontera sin depender de una orden ejecutiva—, así como la iniciativa de resarcir su relación con Centroamérica y México —sin utilizar discursos y acciones de presión para la externalización de fronteras—, son retos que quedan pendientes para el presidente, pues los números en las detenciones en la frontera y en deportaciones siguen aumentando y, con ello, las vulneraciones a los derechos humanos.

La movilidad humana no se detiene y hay grandes necesidades para la atención de las personas en contextos de riesgo a lo largo de México, así como en territorios fronterizos, donde siguen acumulándose personas en espera de meter solicitudes de asilo o resoluciones. Más allá de reconocer los aciertos y desaciertos, se busca recordar la necesidad de instrumentar estrategias y soluciones que de verdad tengan efecto más allá de la seguridad nacional, y que afecten positivamente en la vida y libertad de todas las personas, de la mano de todos los actores que influyen en los procesos migratorios, como es el caso de la sociedad civil organizada que lleva años atendiendo a las personas en contexto de migración para el respeto y la promoción de sus derechos humanos.

 

[*] Es doctora en Migraciones Internacionales e Integración Social por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora e investigadora en el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Participa en el Programa de Asuntos Migratorios del ITESO (PRAMI) y en la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel candidato. Líneas de investigación: migración internacional, migración de tránsito por México, redes migratorias y vulnerabilidad, política migratoria y refugiados en México.

[**] Estudiante de Relaciones Internacionales en el ITESO. Ha formado parte de la Sociedad de Estudiantes de la licenciatura desde 2019, primero como encargada de logística y después como vicepresidenta, de Otoño 2020 a Primavera 2021. Es becaria de la doctora Adriana González y forma parte del equipo de estudiantes del proyecto de investigación “Movilidad Humana por la Ruta Centro–Norte del Occidente de México: vulnerabilidades, alternativas y políticas públicas”.

 

 

[1]     Fundación BBVA Bancomer y Secretaría de Gobernación. Anuario de migración y remesas México, México, 2021, p. 21. Recuperado el 30 de julio de 2021, de https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/anuario-de-migracion-y-remesas-mexico-2021/

[2]     AP. “EU amplía recepción de solicitudes del programa ‘Quédate en México’”, en La Jornada, 22 de junio de 2021. Recuperado el 12 de julio de 2021, de https://www.jornada.com.mx/notas/2021/06/22/mundo/eu-amplia-recepcion-de-solitudes-del-programa-quedate-en-mexico/

[3]     Fundación BBVA Bancomer y Secretaría de Gobernación. Op. cit.

[4]     Ortega, A. y Ocman, C.A. “Seguridad(es) y migraciones”, en Lozano Vázquez, A. y Rodríguez Sumano, A. (coords.), Seguridad y asuntos internacionales (pp. 158–168), Siglo XXI / AMEI, México, 2020, p. 161.

[5]     La “securitización” se define como “el acto de habla por el cual se le da status de seguridad a algo, y por tanto, como asunto que requiere acción prioritaria y urgente”. Cfr. Orozco, G. “Securitización en tiempos de globalización: elementos para el análisis en el área andina”, en Godoy, H. et al., Construyendo lo global: aportes al debate de relaciones internacionales, Universidad del Norte, Barranquilla, 2011, p. 285.

[6] “Externalización de fronteras” es parte de las acciones que potencializan políticas migratorias de securitización, en las que suponen prácticas de los países de llegada migratoria (de destino) que acuerdan una serie de medidas de contención a cambio de diversos beneficios (como ayuda al desarrollo) con países que se encuentran en sus rutas o corredores migratorios. Las naciones que sirven para frenar los flujos de indocumentados están generalmente en la periferia de los llamados países de destino migratorio, por lo que tienen una posición geopolítica estratégica.

[7]     Pellicer, O. “La migración: problema de seguridad internacional en los años de Donald Trump”, en Lozano Vázquez, A. y Rodríguez Sumano, A. (coords.), Seguridad y asuntos internacionales, Siglo XXI / AMEI, México, 2020, pp. 475–487.

[8]     Ortega, A. y Ocman, C.A. Op. cit, p. 165.

[9]     Velázquez, R. “Seguridad nacional y política exterior: los casos de Estados Unidos y México”, en Lozano Vázquez, A. y Rodríguez Sumano, A. (coords.), Seguridad y asuntos internacionales
(pp. 386–395), Siglo xxi / amei, México, 2020, p. 387.

[10]   Son conocidos como dreamers los jóvenes indocumentados llevados desde su infancia a Estados Unidos, que han crecido allá y que están en procesos legales para convertirse en ciudadanos de ese país. Cfr. Vázquez, C. “Primeros 100 días de la administración Biden: el papel del gobierno está de vuelta”, en France24, 19 de abril de 2021. Recuperado el 5 de julio de 2021, de https://www.france24.com/es/ee-uu-y-canad%C3%A1/20210428-joe-biden-100-dias-mandato

[11]   EFE. “Los puntos clave del plan migratorio que Biden enviará mañana al Congreso” en Swissinfo, 19 de enero de 2021. Recuperado de https://www.swissinfo.ch/spa/eeuu-transici%C3%B3n_los-puntos-clave-del-plan-migratorio-que-biden-enviar%C3%A1-ma%C3%B1ana-al-congreso/46300816

[12]   “Biden: el presidente de EE.UU. firma órdenes ejecutivas que buscan reunir a los niños separados de sus padres en la frontera y modificar la política migratoria de Trump”, en BBC News Mundo, 3 de febrero de 2021. Recuperado el 8 de julio de 2021, de https://www.bbc.com/mundo/noticias-
internacional-55913685

[13]   Idem.

[14]   AP. Op. cit.

[15]   Arciniegas, Y. “Esta es la reforma migratoria que el gobierno de Joe Biden presenta al Congreso”, en France24, 19 de febrero de 2021. Recuperado el 8 de julio de 2021, de https://www.france24.com/es/ee-uu-y-canad%C3%A1/20210219-estados-unidos-reforma-migracion-joe-biden-llega-congreso

[16]   EFE. “Las 10 claves del plan de reforma migratoria del presidente Joe Biden”, en The San Diego Union–Tribune, 20 de enero de 2021. Recuperado el 5 de julio de 2021, de https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/gobierno/articulo/2021-01-20/las-10-claves-del-plan-de-reforma-migratoria-del-presidente-joe-biden

[17]   Idem.

[18]   Cordero, Á. “Joe Biden defendió su política migratoria ante las críticas por la crisis en la frontera sur”, en France24, 25 de marzo de 2021. Recuperado el 8 de julio de 2021, de https://www.france24.com/es/ee-uu-y-canad%C3%A1/20210325-joe-biden-migraci%C3%B3n-frontera-mexico-conferencia-prensa-pandemia

[19]   Vázquez, C. Op. cit.

[20]   AP. Op. cit.

[21]   En este artículo se utiliza el concepto “deportación” para señalar los casos que México nombra como repatriación en los datos de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPM), que pertenece a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación del gobierno de México.

[22]   Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas. “Boletín Mensual de estadísticas migratorias 2020”. Secretaría de Gobernación, México, 2020. Recuperado el 30 de julio de 2021, de http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/cem/Estadisticas/Boletines_Estadisticos/2020/Boletin_2020.pdf; UPM. “Boletín Mensual de estadísticas migratorias 2021”. Secretaría de Gobernación, México, 2021. Recuperado el 30 de julio de 2021, de http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/cem/Estadisticas/Boletines_Estadisticos/2021/Boletin_2021.pdf

[23]   Cordero, Á. Op. cit.

[24]   Vázquez, C. Op. cit.

[25]   Idem.

[26]   AP. Op. cit.

[27]   Idem.

[28]   Kanno–Young, Z. “Kamala Harris afila su imagen con un franco mensaje sobre la migración”, en The New York Times, 8 de junio de 2021. Recuperado el 8 de julio de 2021, de https://www.nytimes.com/es/2021/06/08/espanol/kamala-harris-mexico.html

[29]   Idem.

[30]   Jaffe, A. “7 claves de la visita de Kamala Harris a la frontera de EEUU con México”, en Los Angeles Times, 23 de junio de 2021. Recuperado el 8 de julio de 2021, de https://www.latimes.com/espanol/eeuu/articulo/2021-06-23/7-claves-de-la-visita-de-kamala-harris-a-la-frontera-de-eeuu-con-mexico

[31]   Whitehead, L. “Prólogo”, en Lozano Vázquez, A. y Rodríguez Sumano, A. (coords.), Seguridad y asuntos internacionales, Siglo XXI / AMEI, México, 2020, pp. 9–13.

Se redibuja el mapa político tras los comicios de 2021: avanza Morena, la alternancia y la equidad en gubernaturas

Jorge Enrique Rocha Quintero[*]

 

Resumen: Este texto recoge y analiza los resultados electorales de los comicios del año 2021, en el que se renovó la Cámara de Diputados, además de 15 gubernaturas, 30 congresos locales y más de 1,900 ayuntamientos. De acuerdo con los datos presentados, la alianza electoral del presidente logró sus objetivos; pero la oposición tuvo algunos avances en el voto urbano y en evitar la mayoría calificada para Morena.

Palabras clave: elecciones 2021, Cámara de Diputados, comicios estatales, partidos políticos en México.

 

Abstract: This text compiles and analyzes the results of the 2021 elections, which renewed the Chamber of Deputies, as well as 15 governorships, 30 state congresses and over 1,900 municipal governments. According to the data presented here, the president’s electoral alliance achieved its objectives, but the opposition made some inroads into the urban vote and kept Morena from winning a supermajority

Key words: 2021 elections, Chamber of Deputies, state elections, political parties in Mexico.

 

El propósito de este texto es mostrar los resultados casi definitivos de las elecciones del 6 de junio de 2021 y algunas de sus implicaciones para el mapa político en México y en Jalisco de ahora en adelante. Cabe señalar que hay resultados que pueden variar porque existen impugnaciones en el Tribunal Electoral que quizá modifiquen los conteos finales que dieron a conocer tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como los institutos electorales locales.

 

  1. Elecciones federales

El domingo 13 de junio terminaron los cómputos finales de la elección. Con estas cifras casi definitivas sobre el proceso electoral que transcurrió a principios del mes de junio podemos hacer ponderaciones más precisas sobre los grandes ganadores y perdedores de los comicios del 6 de junio de 2021.

El INE mostró las cifras de votación para la elección de diputados federales. Los datos agregados son los que se muestran en la tabla 3.1.

Ahora bien, en cuanto a los distritos ganados, los resultados definitivos son los que se consignan en la tabla 3.2 sobre los 300 distritos electorales federales que estuvieron en disputa. En total, el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados ganaron 186 distritos, mientras que la alianza conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) obtuvo 107 distritos. Los restantes siete fueron de Movimiento Ciudadano (MC), todos de la zona metropolitana de Guadalajara.

Lo anterior derivará en la siguiente composición en la Cámara de Diputados para la LXV Legislatura:

    • Morena: 199 diputados.
    • PAN: 113 diputados.
    • PRI: 70 diputados.
    • Partido Verde Ecologista de México (PVEM): 42 diputados.
    • Partido del Trabajo (PT): 38 diputados.
    • MC: 23 diputados.
    • PRD: 15 diputados.

Si se comparan estos resultados con los obtenidos en las elecciones de 2018, los cuatro partidos que incrementaron su representación fueron PAN, PVEM, PRI y Morena. Los institutos políticos que disminuyeron su presencia en la Cámara Baja fueron PT, PRD y MC.

Cabe señalar que esto se puede modificar si hay impugnaciones que cambien los resultados. Ahora bien, si las alianzas electorales se traducen en alianzas legislativas —cosa que está por verse—, la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados sería la siguiente:

    • Morena y sus aliados: 279 diputados (50% + 29 legisladores), con lo cual tienen la mayoría absoluta.
    • PAN–PRI–PRD: 198 diputados.
    • MC: 23 diputados.

A Morena le faltarían solo 55 diputados (que puede obtener con una alianza con el PRI) para contar con la mayoría calificada. En este escenario los votos de MC y del PRD no son estratégicos para la conformación de esta mayoría que permite reformas constitucionales. Por su parte, los partidos Fuerza por México, Partido Encuentro Solidario (PES) y Redes Sociales Progresistas perdieron el registro como partidos políticos nacionales. Parece entonces que el voto conservador y de ultraderecha no fluyó hacia el PES, a pesar de que basó su campaña en propuestas híper conservadoras, pese a lo cual este sector se decantó por la alianza Va por México (PAN–PRI–PRD); aunque, en el caso de Jalisco y Nuevo León, se fue a MC. A finales del mes de junio el PT y el PVEM refrendaron su alianza legislativa con Morena. Por otro lado, Rubén Moreira se encaminó a ser el coordinador de la bancada del PRI. La mayoría absoluta de Morena y sus aliados les permite aprobar, modificar y derogar leyes y reglamentos, además de aprobar el presupuesto federal anual.

  1. Elecciones de gobiernos de los estados

De las 15 gubernaturas que se diputaron el domingo 6 de junio de 2021 los ganadores, de acuerdo con los distintos organismos electorales estatales, fueron los siguientes:

    • Morena y sus aliados: gobernarán Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.
    • MC: ganó Nuevo León.
    • PVEM–pt: obtuvo San Luis Potosí.
    • PAN: gobernará Querétaro.
    • PAN–PRD: ganó Chihuahua.

Es decir, el partido gobernante ganó 11 de las 15 gubernaturas en disputa; la alianza PAN–PRI–PRD, dos gubernaturas; MC se queda con una entidad, y el PVEM, con un estado. A partir de este año 17 gobiernos estatales son de Morena.

El gran perdedor de los comicios estatales fue el PRI, que dejará de gobernar en ocho entidades, mientras que el gran ganador fue Morena. El nuevo mapa político en México es el siguiente: Morena, 17 estados; PAN, ocho estados (perdió dos); MC, dos estados (ganó uno) y PVEM, un estado. El PRD ya no tiene ninguna entidad. También habrá seis gobernadoras: cinco de Morena y una del PAN. De acuerdo con estos últimos resultados, en los próximos seis años tendremos la mayor cantidad de gobernadoras de forma simultánea en la historia reciente del país.

En la tabla 3.3 se presentan los resultados de los comicios locales en lo correspondiente a los estados.

De acuerdo con los datos anteriores, en 12 de las 15 entidades en las que se presentaron elecciones hubo alternancia en el poder y solo en tres estados el partido gobernante logró ratificar su mandato. También sobresale que dos estados (Colima y Campeche) experimentaron por primera vez alternancia en el poder. Estos resultados sugieren que el electorado mexicano es más crítico de las administraciones locales, que demanda mejores resultados y que empieza a utilizar el voto como una herramienta de cambio político.

 

  1. Elecciones en congresos locales

Otro de los comicios que reviste particular importancia, pero que no tiene los reflectores encima, fue la renovación de la gran mayoría de los poderes legislativos de los estados, que deciden las políticas, las leyes y los presupuestos de las distintas entidades. En las 30 elecciones de congresos locales los resultados fueron los siguientes:

    • Morena ganó la mayoría o la primera minoría en las siguientes entidades: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Colima, Chiapas, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas (22 congresos locales).
    • El PAN ganó la mayoría o la primera minoría en los siguientes estados: Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro y Yucatán (seis congresos locales).
    • El PVEM ganó la primera minoría en San Luis Potosí (un congreso local).
    • MC ganó la mayoría en Jalisco (un congreso local).

También, en los comicios para elegir los poderes legislativos de los estados, Morena fue el gran ganador al obtener la mayoría en 73% de los congresos locales que eligieron a sus nuevos diputados locales. Esto, sin duda, representa un gran avance para Morena, ya que serán congresos que apoyarán a los gobernadores morenistas, pero también harán contrapesos a los gobiernos de oposición al presidente de México.

También resulta interesante analizar cuáles partidos ganaron en las 29 capitales de los estados que tuvieron elecciones. Los resultados dicen lo siguiente:

    • Morena y sus aliados ganaron en las siguientes ciudades: Mexicali, La Paz, Tuxtla Gutiérrez, Chilpancingo, Tepic, Oaxaca, Chetumal, Culiacán, Villahermosa, Ciudad Victoria, Tlaxcala y Zacatecas (12 capitales).
    • La alianza Va por México ganó en las siguientes capitales: Colima, Toluca, Puebla, San Luis Potosí, Hermosillo y Jalapa (seis capitales).
    • El PAN, en alianza con otro partido, ganó en las ciudades siguientes: Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Morelia, Cuernavaca, Querétaro y Mérida (siete capitales).
    • MC obtuvo las capitales siguientes: Campeche, Guadalajara y Monterrey (tres capitales).
    • El PRI ganó en Saltillo (una capital).

Aunque en los comicios de las ciudades capitales fue Morena el partido que más centros de población ganó, es claro que el voto urbano fue más diferenciado que en el caso de las gubernaturas y de los congresos locales; en estos procesos electorales las ganancias partidarias fueron muy diversificadas.

En cuanto a la Ciudad de México, los resultados en las 16 alcaldías que renovaron a los titulares de sus gobiernos fueron los siguientes:

    • La alianza Morena–pt ganó en Gustavo A. Madero (reelección), Venustiano Carranza, Iztacalco (reelección), Iztapalapa (reelección), Tláhuac, Xochimilco (reelección) y Milpa Alta (siete alcaldías).
    • La alianza PAN–PRI–PRD ganó en Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan y Coyoacán (ocho alcaldías).
    • El PAN ganó en Benito Juárez (reelección) (una alcaldía).

Morena gobernaba en 12 de las 16 alcaldías, es decir, en la cuna del morenismo tuvo un fuerte descalabro electoral, que se trata de explicar por el desdén del presidente respecto de los movimientos feministas y por la caída de un tramo de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México. En el caso de la capital del país, la alianza Va por México obtuvo muy buenos dividendos y, sin duda, fue un éxito electoral.

 

  1. Elecciones en Jalisco

En el estado de Jalisco tuvimos un fenómeno de voto diferenciado en los comicios de diputados. De los 20 distritos electorales locales los resultados son los siguientes:

  • MC ganó 16 distritos: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 y 20.
  • Morena ganó tres distritos: 5, 7 y 16.
  • PAN ganó un distrito: 3.

Sin embargo, en la elección de los 20 distritos federales de Jalisco, los resultados fueron los siguientes:

  • MC ganó en siete distritos: 4, 6, 8, 10, 12, 13 y 14.
  • Morena ganó en siete distritos: 5, 7, 9, 11, 16, 17 y 19.
  • La alianza PAN–PRI–PRD ganó en seis distritos: 1, 2, 3, 15, 18 y 20.

Hay que mencionar que tanto Hagamos como Futuro, partidos locales de reciente creación, lograron su registro como partidos políticos en Jalisco al obtener una votación integrada mayor que 3% del voto válido.

En lo concerniente a las elecciones municipales, los resultados, hasta ahora definitivos por cantidad de ayuntamientos ganados, son los siguientes:

    • MC: 49 presidencias municipales.
    • PRI: 25.
    • PAN: 19.
    • Morena: 13.
    • Hagamos: cinco.
    • PVEM: cinco.
    • PES: tres.
    • Fuerza por México: dos.
    • PRD, PT, Somos y Futuro: una presidencia municipal cada uno.

De los 125 nuevos alcaldes, 26 son mujeres y 99 son hombres, es decir, bajó el número de presidentas municipales (el trienio pasado eran 30). En la zona metropolitana de Guadalajara de nuevo habrá una sola alcaldesa: Mirna Citlalli Amaya de la Luna, de MC, en Tlaquepaque, donde al culminar su periodo se sumarán nueve años de gobiernos emecistas y de una mujer como presidenta municipal.

Si hablamos de quiénes ganaron las ciudades más importantes del estado, los resultados fueron los siguientes:

    • MC obtuvo el triunfo en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Lagos de Moreno, Tlajomulco, Zapotlanejo, Colotlán, Tapalpa y El Salto.
    • PRI ganó en Autlán e Ixtlahuacán de los Membrillos.
    • PAN logró vencer en Chapala, San Juan de los Lagos, Tepatitlán y Tequila.
    • Morena: Tonalá, Puerto Vallarta, Tuxpan, Ocotlán y Zacoalco.
    • Hagamos: Mazamitla.
    • Futuro: Tamazula.
    • PT: Zapotlán El Grande.

Sin duda, el gran ganador en Jalisco fue MC y, aunque Morena tuvo un crecimiento respecto de las elecciones pasadas (casi duplicó los municipios que gobernaba), se quedó muy corto en sus expectativas de incremento de cargos obtenidos, tanto en alcaldías como en diputaciones locales. Las dos derrotas que políticamente tuvieron más impacto, por la distancia entre el candidato ganador y el segundo lugar, fueron las de Guadalajara y Zapopan, donde Carlos Lomelí Bolaños y Alberto Uribe Camacho, ambos de Morena, quedaron muy por debajo de las expectativas que habían generado.

 

  1. Congreso de Jalisco

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPCJ) dio a conocer también el resultado de las diputaciones plurinominales para el Poder Legislativo del estado. La conformación de la nueva Legislatura es la siguiente:

    • MC: 16 diputados.
    • Morena: ocho.
    • PAN: cinco.
    • PRI: cinco.
    • Hagamos: dos.
    • Futuro: uno.
    • PVEM: uno.

Hay que resaltar que, por primera vez, habrá 24 legisladoras para las 38 curules que conforman el Congreso de Jalisco. MC conserva la mayoría y probablemente Morena se convertirá en la oposición en esta instancia. Habrá que observar cómo se mueven el PAN y el PRI en este escenario, en el que es probable que el primero se sume a MC para darle la mayoría absoluta (21 diputados de 38) y que el PRI tenga alianzas con Morena (13 diputados).

 

  1. Ganadores y perdedores

Luego de analizar los resultados definitivos de los comicios del año 2021, podríamos señalar lo siguiente:

    • Andrés Manuel López Obrador gana al mantener la mayoría en la Cámara de Diputados y gana al acrecentar de manera sustantiva su influencia territorial en las elecciones estatales. El foco rojo para el presidente y su partido es el crecimiento de la animadversión contra su proyecto político en las grandes ciudades de México, por lo cual deberá negociar con el PRI para obtener la mayoría calificada y con ello la posibilidad de realizar reformas a la Constitución.
    • La alianza Va por México tuvo un desempeño muy bajo en las elecciones estatales, pero logró avanzar para evitar la mayoría calificada de Morena; aunque su capacidad para ganar territorios se redujo a una tercera parte de los distritos electorales. Habrá que ver si es capaz de conservar la alianza legislativa, ya que el incentivo de mantenerla es muy bajo, sobre todo para los 70 diputados del PRI. La alianza tampoco pudo contener el avance de Morena en congresos locales, pero fue bien recibida en algunas grandes ciudades.
    • Los tres partidos tradicionales en México obtuvieron resultados distintos. El PAN avanzó en el número de diputados federales, mantuvo algunas mayorías en congresos locales y logró buenos saldos en capitales de los estados; sin embargo, perdió dos gubernaturas y, en muchos casos, compartió triunfos con el PRI y el PRD. El PRI se convirtió en el gran perdedor de la contienda al dejar de gobernar en ocho estados del país sin obtener la mayoría en ningún congreso local. Pero, por su número de diputados federales, se convertirá en el partido bisagra en la Cámara Baja, ya que con sus votos Morena consigue la mayoría calificada. El PRD quedó reducido a su mínima expresión y al borde de perder el registro electoral, sin ninguna gubernatura y con una representación muy pequeña en la Cámara de Diputados.
    • MC alcanzó un valioso triunfo en el estado de Nuevo León y consolidó a Jalisco como su bastión electoral. Además de Enrique Alfaro y Dante Delgado, aparecieron nuevos rostros en este partido: Pablo Lemus y Samuel García. La bancada de MC en el Congreso de la Unión no le permite convertirse en el partido bisagra y sus votos no ayudan a ninguna de las dos fuerzas políticas predominantes a avanzar en reformas sustanciales. Por su parte, Pablo Lemus, próximo presidente municipal de Guadalajara, se colocó como el más serio aspirante a la gubernatura de Jalisco.
    • Los nuevos partidos federales no pasaron la prueba de su primera elección, ya que ninguno pudo refrendar su registro como partido político. En el escenario local tampoco les fue bien a los partidos políticos nacionales nuevos, que no obtuvieron el registro electoral, salvo Hagamos y Futuro, que sí consiguieron mantenerse como institutos políticos locales.
    • El INE y el IEPCJ, a pesar de las presiones por parte de los actores políticos, salieron avante en este proceso electoral. Sin embargo, se vislumbra la necesidad de llevar a cabo una reforma electoral sustantiva y de fondo.[1]

 

[*] Es director de Integración Comunitaria del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Es licenciado en Sociología por la Universidad de Guadalajara y en Filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac. Es maestro en Impactos Territoriales de la Globalización por
la Universidad Internacional de Andalucía y doctor en Estudios Científico–Sociales por el ITESO. Colabora semanalmente en MegaCanal (televisión) y en la segunda emisión de Zona Tres (91.5 Fm). Es articulista en el Semanario de Guadalajara y en las revistas El Puente y Christus. Es profesor invitado en la Universidad Iberoamericana León.

 

[1] Para el presente texto las referencias consultadas fueron las siguientes: Alternativa Consultores. Resultados electorales Jalisco 2021: la elección más grande, inédito; Strategia Electoral. Resultados electorales y judicialización de la elección. Elecciones 2021, inédito; Mapa geopolítico electoral presidentes municipales del estado de Jalisco periodo 2021–2024. Recuperado de https://iieg.gob.mx/ns/wp-content/uploads/2021/06/RedesPresidentesMunicipales2021.pdf

 

Juicio a los expresidentes: un espinoso camino

José Manuel del Toro Torres[*]

 

 

Resumen: La consulta popular que propone el presidente de la república para juzgar a los expresidentes ha colocado el tema en la agenda pública. La idea de llevar a juicio a los expresidentes en México supondría uno de los acontecimientos políticos más desafiantes para la democracia y el estado de derecho. El texto presenta algunas implicaciones de orden político que buscan explicar el carácter retador e inaudito del potencial acontecimiento, todo con el fin de contribuir a la deliberación pública.

Palabras clave: justicia, impunidad, presidencialismo, democracia, política.

 

Abstract: The referendum proposed by the president of Mexico to prosecute former presidents has put the issue on the public agenda. The idea of bringing former presidents of Mexico to trial would set in motion a contentious political challenge to democracy and the rule of law. This text examines some of the political implications that help to explain the confrontational and unprecedented nature of the potential referendum, with the intention of contributing to public deliberation.

Key words: justice, impunity, presidentialism, democracy, politics.

 

 

Mi abuela materna contaba a menudo una anécdota que la llenaba de emoción y orgullo. Siendo todavía muy joven y casi recién casada, el presidente Adolfo López Mateos acudió al pueblo donde ella vivía. En esa ocasión el presidente visitaba el ingenio de azúcar donde mi abuelo trabajó toda su vida. Mi abuelo y mi abuela fueron invitados a recibir al presidente. La parte emocionante de esta historia es cuando el presidente miró a mi abuela y le extendió una sonrisa cómplice, o al menos así ella lo interpretó.

Traigo a colación esta historia familiar porque la impresión indeleble que la experiencia dejó en mi abuela ilustra el enorme peso simbólico que la figura de los presidentes tiene en el imaginario colectivo. Se puede observar en el trato reverencial que se les concede; el halo mítico que los acompaña; la voluntad casi mesiánica que los anima; su fuerza histórica que nos hace contar nuestra vida personal y social de acuerdo con el sexenio en turno. Cada sexenio es un corte de caja y una vuelta a empezar.[1] Así, los capítulos de nuestra historia pública se abren y cierran con la llegada y salida de cada presidente. En el imaginario colectivo se ha arraigado con fuerza la idea de que el presidente es el responsable histórico y político de todo lo que sucede y deja de suceder en nuestro país. Sin embargo, nunca han dado cuenta de sus actos ante la justicia.

A comienzos del mes de octubre de 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la propuesta del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, sobre la realización de una consulta para que los ciudadanos decidan si se debe juzgar a los expresidentes por presuntos ilícitos cometidos durante su gobierno estaba dentro del marco constitucional.[2] En este trabajo no pienso entrar en el análisis jurídico–constitucional de la referida resolución.[3] Lo que aquí interesa abordar son algunas consideraciones de orden político sobre la posibilidad, lamentablemente siempre remota, de llevar ante la justicia a los expresidentes, ahora que la consulta y la resolución de la Suprema Corte han vuelto a colocar el tema en la agenda pública. Se deja de lado también la discusión en torno a cuáles son las “verdaderas” intenciones políticas o de otra índole del presidente.[4]

 

  1. El “jefe supremo”

La configuración institucional formal e informal que se gestó posterior a la revolución mexicana colocó por mucho tiempo al jefe del Ejecutivo federal en el vértice del poder y lo convirtió en el motor de la política nacional.[5] La bibliografía especializada ha denominado al sistema político mexicano como hiperpresidencialismo o presidencialismo exacerbado. Este tipo de sistema se caracteriza, en palabras de María Amparo Casar, por la conformación de un gobierno unitario e indiviso. Esto supone un presidente que es a la vez jefe de estado y jefe de gobierno, y que, además, y esto es lo más relevante para entenderlo, es capaz de intervenir con éxito en los contrapesos constitucionales —federación, poder Judicial y Congreso— para acomodarlos a sus proyectos e intereses y así anular la separación de poderes.[6] Este entramado de reglas explícitas e implícitas terminó por delinear la imagen de un ser casi “omnipotente”, al que se le rinde pleitesía y honores con el propósito de poder acceder a todo tipo de privilegios, cargos oficiales e información privilegiada. La amistad o cercanía con el presidente es uno de los mayores recursos de poder del que alguien puede disponer en México, y su enemistad, por el contrario, el mayor de los peligros.

No voy a abundar más a fondo en todas las causas sociales, culturales e históricas que explican este fenómeno político, pero sí es importante para los propósitos de este trabajo mencionar, en lo particular, dos factores: el primero, la conformación de un sistema de partidos que hasta hace no mucho era no competitivo o de partido hegemónico, lo que anuló en los hechos y por vías legales la democracia liberal prevista en la Constitución de 1917 y acentuó el papel protagónico del Ejecutivo.[7] Y, segundo, la “necesidad histórica” de una figura fuerte como dador de sentido a la vida política y artífice casi único del destino nacional (el caudillo, el Tlatoani, el cacique[8]). Estos dos factores, entre otros, se combinaron para situar al presidente más allá del control democrático y del estado de derecho.

 

  1.  Obstáculos y desafíos

Ningún expresidente de México ha sido juzgado por presuntos ilícitos cometidos durante su encargo. Han existido algunos esfuerzos en la historia reciente del país. Por ejemplo, durante la campaña presidencial del año 2000 y en los primeros años del gobierno de Vicente Fox el tema cobró interés particularmente. En ese momento se pensaba que la transición democrática y su consolidación pasaba por recuperar la memoria histórica y llamar a cuentas a aquellos que abusaron del poder durante el largo periodo autoritario de hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que al fin había llegado a su conclusión. En este proceso, el juicio al expresidente Luis Echeverria (1970–1976) por su probable responsabilidad jurídica —la historia ya lo habría juzgado— durante la época denominada como la “guerra sucia”, era una parte fundamental.[9] Otro ejemplo reciente es la demanda presentada ante la Corte Penal Internacional para juzgar al expresidente Felipe Calderón (2006–2012) por crímenes de lesa humanidad durante la llamada “guerra contra el narcotráfico” que emprendió casi al inicio de su gobierno.[10] Sin embargo, estos esfuerzos fracasaron o parece que presentan insalvables obstáculos políticos o jurídicos. En resumen, poco o nada se ha avanzado en el tema y parece un escenario distante o casi inalcanzable.

En México, por lo tanto, la posibilidad de juzgar a los expresidentes parece ser una idea remota y casi descabellada. Sencillamente no existen antecedentes. Solo de pensarlo nos sentimos exultantes con la idea, e inmediatamente después, completamente abrumados. Esta reacción aparentemente contradictoria se debe, al parecer, a la existencia de ciertas dificultades que aquí llamaré “políticas” y que considero son atendibles. Una primera, y que contó con gran éxito durante muchos años, fueron los arreglos que desde la clase política aseguraron total impunidad, y una suerte de exilio político para los expresidentes —sumamente cómodo y tranquilo— a cambio de no intervenir en los asuntos del presidente entrante y mantener un total silencio.[11] Una vez afuera, siempre afuera. Si bien ese acuerdo parece que ha quedado sin efectos con la alternancia política o al menos parcialmente modificado en lo que se refiere al “silencio” que debían guardar los presidentes salientes, aun así, es importante considerar este hecho porque es una práctica que explica mucho la ausencia de cualquier intento serio de procesamiento judicial a los expresidentes.[12]

Otra consideración, que es a la vez política, histórica y cultural, es la extendida y resistente impunidad en México. Los datos son abrumadores. La impunidad está en la base de los altos índices de corrupción.[13] Abundan los señalamientos de corrupción en todos los niveles de gobierno, y de vez en cuando algún político de cierta jerarquía es procesado penalmente, pero, en general, los intentos terminan fracasando o poco o nada han aportado al combate efectivo de la corrupción. El caso de la “estafa maestra” viene bien a cuento. La investigación periodística reveló una trama amplísima y profunda de corrupción que al final derivó en un proceso judicial a la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social. Y poco más.[14] La impunidad trae consigo el desencanto de la democracia, la desconfianza en las instituciones y la frustración social. En este contexto, la posibilidad de juzgar a los expresidentes por presuntos actos ilegales durante su gobierno sería una de las mayores pruebas a nuestro debilitado estado de derecho y, con ello, las posibilidades de éxito parecen improbables.

A lo anterior se le pueden sumar los múltiples riesgos y obstáculos políticos que se han presentado en otros contextos latinoamericanos, como son:

    • El uso político–electoral del proceso judicial.
    • La utilización espuria del proceso como venganza o “revancha” política.
    • El temor de iniciar una investigación que pudiera descubrir una trama de corrupción que incluya a otros funcionarios, entre los que se podrían encontrar miembros o allegados al gobierno en turno.
    • La figura del “chivo expiatorio” como coartada casi perfecta para simular la lucha contra la corrupción.
    • El temor de que surjan intentos de aferrarse al poder, ya sea por medios violentos o a través de reformas legales y constitucionales, con el fin de eludir o evitar cualquier intento de juicio una vez que se abandone el cargo.
    • El circo mediático en que se puede transformar cualquier intento de juicio y que termine por convertirse en una “cortina de humo” que oculte o desvíe la atención pública de otros temas de la agenda pública de mayor o igual trascendencia.

En el caso de sociedades altamente polarizadas como las latinoamericanas, en las que se incluye México, los procesos judiciales contra expresidentes podrían significar el aumento todavía mayor del encono social y la confrontación política del que ya existe, teniendo, por lo tanto, efectos políticamente desestabilizadores. En estos contextos, tocar la figura presidencial y de quien la encarnó es como tocar el sistema nervioso del cuerpo: todo se conmueve y desajusta.

Existen antecedentes recientes en América Latina que resultan muy pertinentes para ilustrar estos “riesgos y obstáculos”. La pertinencia de estos ejemplos se debe a las enormes similitudes de las sociedades latinoamericanas. En especial, la conformación institucional de ejecutivos dominantes y la experiencia histórica de liderazgos políticos con inclinaciones autoritarias.[15]

Un primer antecedente es el caso del expresidente de Chile, Augusto Pinochet. En 1973 Pinochet llegó al poder por medio de un golpe de estado y dejó el cargo por el resultado adverso de un referéndum en 1988. En octubre de 1998 el exdictador fue detenido mientras se encontraba en Londres por órdenes de un fiscal español que iniciaría un proceso judicial en su contra por actos de abuso de poder y violaciones graves a los derechos humanos durante su gobierno. El fiscal pidió que las autoridades británicas presentaran al exmandatario chileno ante las autoridades judiciales españolas. De inmediato, el caso tuvo un impacto mediático enorme, generó una crisis diplomática entre España, Inglaterra y Chile y confrontó a la sociedad chilena y a su clase política.[16] Al final, Pinochet no fue llevado ante los tribunales de España y regresó a Chile, donde se intentó llevarlo a juicio, pero por diferentes motivos no prosperó el intento y vivió sus últimos años sin mayores apuros que los estragos de su ya avanzada edad.

Un segundo antecedente es el caso del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue encarcelado y luego liberado por supuestos actos de corrupción durante su gobierno, lo cual le impidió presentarse a unas nuevas elecciones presidenciales.[17] El asunto mantiene dividida y confrontada a la sociedad brasileña. Los simpatizantes del expresidente acusan a la oposición que, junto con el apoyo cómplice del Poder Judicial, utilizaron el proceso judicial como un medio ilegítimo para sacarlo de la contienda electoral y como una suerte de revancha política contra la gente más cercana al proyecto político del exmandatario. Sus detractores sostienen que, muy al contrario, el Poder Judicial ha demostrado ser independiente e implacable con la corrupción.

Más allá de averiguar en este momento quién tiene la razón, lo que es un hecho es que este episodio ha sido parte importante de una
de las épocas más convulsas y complejas del Brasil contemporáneo, que sigue teniendo efectos políticos y hasta económicos.

Otro caso que se puede citar es el de Alberto Fujimori, expresidente de Perú, que fue juzgado y sentenciado por violaciones graves a los derechos humanos. El proceso ha sido largo, con eventos tan controvertidos como el “indulto humanitario” otorgado al exmandatario por el presidente, hoy depuesto, Pedro Pablo Kuscinsky, y que se ha convertido en un tema recurrente durante las campañas presidenciales, dejando a su paso graves confrontaciones políticas que, sumadas a otros problemas, ha tenido efectos desestabilizadores.[18]

No obstante, estos ejemplos son escasos para la cantidad de señalamientos que se han hecho a tantos presidentes de la región por actos de corrupción, abuso de poder y violación de los derechos humanos. Lo que exhiben estos tres antecedentes son la debilidad institucional y la poca madurez política de las sociedades latinoamericanas para procesar estos casos debidamente siendo ya países democráticos.

Sin embargo, y a pesar de todo lo anterior, la posibilidad de juzgar a los expresidentes es un reclamo legítimo y un derecho de la ciudadanía de llamar a cuentas a quienes ocuparon un cargo de tal trascendencia. Las acciones de los presidentes en México, y en toda la región de América Latina, han tenido una repercusión desmedida en el devenir económico y político de sus respectivas sociedades, por lo que su vigilancia y control debe ser de lo más estricta. Someter a todos los funcionarios, no importa su jerarquía, a la ley y el estado de derecho es el primer paso para la consolidación democrática y la garantía de los derechos humanos.

 

  1.  Conclusión

Una vez que fui entendiendo el alcance simbólico y político que la figura del presidente tiene en México, la anécdota de mi abuela cobró pleno sentido. Como todas las personas, mi abuela fue hija de su época. Aun cuando la época de presidencias omnímodas y presidentes altivos ha quedado en el pasado y la alternancia política se ha consolidado, esto no supone que todos los obstáculos se han removido ni que todos los riesgos se han conjurado. Las persistentes prácticas e inercias autoritarias, la corrupción inconmovible, las complicidades entre la clase política y las élites económicas para asegurar el statu quo, el escepticismo social, la fragilidad institucional y el imaginario colectivo que sigue concibiendo al presidente como único responsable de lo que sucede y no sucede en el país, y que su destino es el destino de toda la nación, ensombrecen cualquier luz esperanzadora de ver por fin a un expresidente rendir cuentas ante la justicia y a un país con la madurez política y la fortaleza institucional de asumirlo como un problema de estado de derecho y de rendición de cuentas, y nada más.

 

[*] Es profesor de asignatura de las carreras de Derecho y de Relaciones Internacionales, adscrito al Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del Instituto Tecnológico y de Estudio Superiores de Occidente (ITESO). Ha cursado posgrados en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en el país y en el extranjero. En 2012 publicó en coautoría el libro Regulación del sistema económico Internacional. Un análisis holístico desde la perspectiva de las Relaciones Internacionales. Sus líneas de trabajo son la filosofía del derecho, la política internacional y la teoría constitucional. Correo electrónico: jmdeltoro@iteso.mx

 

[1]     Ha sido la literatura con novelas como Pedro Páramo, de Juan Rulfo, o La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán, la que mejor ha sabido capturar esta cualidad casi mítica de la figura del presidente. Explicar esa atribución ha sido uno de los temas que más ha ocupado a los historiadores e intelectuales.

[2]     “La Suprema Corte declara constitucional la consulta de López Obrador para juzgar a los expresidentes”, en El País, 1 de octubre de 2020. Recuperado de https://elpais.com/mexico/2020-10-01/la-suprema-corte-declara-constitucional-la-consulta-de-lopez-obrador-para-juzgar-a-los-expresidentes.html

[3]     Sin embargo, no quiero dejar pasar las interesantes y muy necesarias discusiones que se han tenido entre los académicos de los alcances e implicaciones constitucionales del artículo 35 constitucional con respecto a la figura de la “consulta popular” de no muy lejana incorporación al texto constitucional.

[4]     El hecho de que el presidente esta vez haya optado por realizar una consulta a través del artículo 35 no deja de ser extraño, y en algunos sectores ha despertado suspicacias de todo tipo.

[5]     Algo muy semejante sucedió en los planos estatal y municipal. Gobernadores y presidentes municipales eran principio y fin de la política local; sin embargo, en ellos también gravitaban en torno a la figura del Ejecutivo federal.

[6]     Casar, M.A. “Las bases político–institucionales del poder presidencial en México”, en Política y Gobierno, vol.3, núm.1, 1996, pp.61–92.

[7]     Merino, M. La transición votada. Crítica a la interpretación del cambio político en México, FCE, México, 2003, pp. 13–33.

[8]     Krauze, E. Siglo de caudillos. Biografía política de México (1890–1910), Tusquets, México, 1994.

[9]     “El expresidente mexicano Echeverría será juzgado por una matanza de 1971”, en El País, 16 de junio 2005. Recuperado de https://elpais.com/diario/2005/06/16/internacional/1118872813_850215.html

[10]   “Recibe Corte Penal Internacional denuncia contra Calderón”, en Animal Político, 25 de noviembre de 2011. Recuperado de https://www.animalpolitico.com/2011/11/recibe-corte-penal-internacional-denuncia-contra-calderon/

[11]   Algo que se iniciaría, al parecer, con el exilio obligado de Plutarco Elías Calles ordenado por el presidente Lázaro Cárdenas.

[12]   Lo que ha sucedido con la alternancia política ha sido la actuación activa desde la vida civil de los expresidentes panistas. El caso de Vicente Fox con sus recurrentes señalamientos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su apoyo al candidato del PRI durante las elecciones de 2012, o el caso de Felipe Calderón con su intercambio de dichos con López Obrador, el apoyo decidido a su esposa para la presidencia que lo llevó a romper con su partido y la conformación de un partido político que se presenta como una oposición al proyecto que encabeza el mismo presidente López Obrador.

[13]   Ugalde, L.C. “Rendición de cuentas limitada”, Por una democracia eficaz. Radiografía de un sistema político estancado, 1977–2012, Aguilar, México, 2012, pp. 49–121.

[14]   Castillo, M., Roldán, M. y Ureste, M. “La estafa maestra”, en Animal Político, México, 5 de septiembre de 2017. Recuperado de https://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/

[15]   Gargarella, R. La sala de máquinas de la constitución. Dos siglos de constitucionalismo en América Latina (1810–2010), Katz Editores, Buenos Aires, 2014.

[16]   Montes, R. “La detención de Augusto Pinochet: 20 años del caso que transformó la justicia internacional”, en El País, 16 de octubre 2018. Recuperado de https://elpais.com/internacional/2018/10/16/america/1539652824_848459.html

[17]   “Cronología de la investigación que llevó a la condena de Lula da Silva”, en El País, 5 de abril de 2018. Recuperado de https://elpais.com/internacional/2018/04/05/actualidad/1522917041_563602.html

[18]   “El indulto a Alberto Fujimori y otras 3 crisis que marcaron este convulso año político en Perú”, en BBC Mundo, 24 de diciembre de 2018. Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46627427

México, la democracia del insulto

Agustín del Castillo[*]

 

 

Resumen: El texto presenta un análisis ético–jurídico en torno a los límites a la libertad de expresión de quien detenta el poder y plantea las consecuencias que un discurso descalificador supone para la democracia. Se analiza la amenaza que conlleva la agresividad discursiva del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador hacia medios, organizaciones sociales, academia y, en general, todo aquel que le resulta incómodo. Se insiste en la urgencia de recuperar en el lenguaje público la moderación y el respeto a los gobernados, especialmente en un contexto en que la violencia verbal puede ser la antesala de la física.

Palabras clave: populismo, violencia verbal, medios de comunicación, libertad de expresión.

 

Abstract: This text presents an ethical–legal analysis of the limits to the free speech of those in power, and looks at the consequences that a disparaging style of discourse represents for democracy. It analyzes the threat implied in Mexican President Andrés Manuel López Obrador’s aggressive discourse toward the media, social organizations, academia and in general, anyone who questions his actions.

The author insists on the urgency of recovering moderation and respect for the governed in public discourse, especially in a context in which verbal violence can open the door to physical violence.

Key words: populism, verbal violence, the media, freedom of speech.

 

 

Confundir como parte del derecho a la libertad de expresión el recurso al insulto y, sobre todo, a la mentira, es una de las características que desgraciadamente definen mejor a esta época titubeante, en la que, más que la lucha entre el bien y el mal, parece inmersa en un rudo encontronazo entre la realidad y la ficción (los “otros datos” o las fakes).

Claro, siempre se ha insultado y mentido; en el caso de la ofensa entre particulares los límites son más bien borrosos, pues depende mucho de las intenciones de quien la profiere y de la recepción de quien la recibe; mientras, al menos hipotéticamente, la mentira es condenada sin ambajes, aunque la danza relativista ha ocasionado un serio problema para distinguir los ropajes versátiles de esta. Sin embargo, hay que decirlo con toda claridad: el insulto desde el poder es tan preocupante como faltar a la verdad. Es un abuso que tiene como objetivo aplastar al contendiente, remitirlo a las sombras y al silencio, acallar esa y otras voces críticas con una intimidación basada, precisamente, en el desnivel de los actores inmersos en la polémica. Y personajes como el presidente Andrés Manuel López Obrador —y no pocos gobernadores, entre los que figuran notables líderes de la oposición, como Enrique Alfaro en Jalisco o Javier Corral en Chihuahua—, lo defienden como “derecho de réplica”. Estremece que los asesores de estos políticos —egresados de muchas casas de estudios, con posgrados y acceso pleno al conocimiento y la formación humanística— no solo no estén en desacuerdo sino que alienten esa “espontaneidad” con el pretexto de que la sociedad la recibe bien, pues se le habla en sus términos.

Pero la verdadera política no puede pretender afincarse en el panem et circenses de los cínicos emperadores de la decadencia —al margen de que solamente hay política, es decir, asuntos y espacios públicos, en democracia. Estamos ante la valiosa oportunidad de recobrar un axioma no por desatendido menos verdadero: “en política la forma es fondo”. Partamos de la premisa de que un político es un representante. No puede considerarse “libre” en el sentido en que los particulares lo pueden hacer. Y la Constitución y las leyes son especialmente acuciosas al definir lo que sí puede hacer. El resto le es terreno vedado. Lo que no está expresamente permitido al servidor público le está prohibido. Se llama “principio de legalidad”. En contraste, las personas “de a pie” aplican un principio opuesto: todo lo que la ley no les prohíbe expresamente les está permitido. Por definición, un político debe respetar las formas establecidas porque de ese modo demuestra su sometimiento a la ley. Al respecto, el jurista italiano Riccardo Guastini dice:

En general, “legalidad” significa conformidad a la ley. Se llama “principio de legalidad” aquel en virtud del cual “los poderes públicos están sujetos a la ley”. De tal forma que todos sus actos deben ser conforme a la ley, bajo la pena de invalidez. Dicho de otra forma: es inválido todo acto de los poderes públicos que no sean conforme a la ley.

Se entiende que esta regla se refiere especialmente —aunque no de forma exclusiva— a los actos del Estado que pueden incidir sobre los derechos subjetivos (de libertad, de propiedad, etcétera) de los ciudadanos, limitándolos o extinguiéndolos.[1]

Si un particular, digamos un periodista, un intelectual, un empresario o un directivo de organización de la sociedad civil es acosado desde el púlpito presidencial de las “mañaneras”, valdría la pena que el caso se analizara judicialmente: ¿es un ejercicio legítimo de libertad de expresión? O, por el contrario, ¿configura abuso de poder? ¿Ese ciudadano vilipendiado es expuesto hasta niveles de riesgo o condicionado para ejercer sus derechos básicos? Visto desde la experiencia de estos dos años de gobierno, la respuesta a las dos últimas preguntas es sí. Las redes sociales son tomadas por partidarios del presidente y por bots desde las granjas que han sido pacientemente cultivadas por los operadores políticos de la presidencia, y se realizan verdaderas campañas de hostigamiento.[2] Que existan otras granjas de políticos opositores con no mejores acciones no disminuye ni un ápice la mayor gravedad jurídica y real de los excesos a que ha autorizado la invectiva presidencial, que, por tratarse de un poder público, está más restringido —sin olvidar que el hombre más poderoso de México… es el presidente.

En un artículo en el que aborda el cuestionamiento sobre el tipo de libertad de expresión de los que ejercen el poder constitucional, el jurista Carlos Martín Gómez Marinero señala:

La expresión de servidores públicos —en su calidad de autoridades— se da en un contexto de discursos descalificadores o de información falsa en la era de la posverdad. De este modo, la Suprema Corte de Justicia mexicana, en el 2020, ha empezado a analizar la posibilidad de pronunciarse en relación con la libertad de expresión de las autoridades.

En un primer ejercicio, en mayo de 2020, la Primera Sala de la Suprema Corte resolvió la facultad de atracción 824/2019, relativa al alcance de las expresiones del presidente municipal de Tijuana, con motivo del lenguaje de discriminación que desplegó contra la población migrante. Aunque en ese caso, la Suprema determinó por mayoría no atraer el asunto (por considerar que no se actualizaban los criterios de interés y trascendencia) y permitió que el tribunal valorara los argumentos que resolvieron el conflicto en primera instancia.

En ese caso, si bien se reconoció la existencia de un poder–deber a cargo de los servidores públicos de comunicarse con las personas a través de diferentes medios, derivado sobre los asuntos de interés general o sobre el desarrollo de las políticas públicas que estén gestionando, también se precisó que los discursos de las autoridades no pueden ni deben incluir: información manipulada; juicios o valoraciones subjetivas que puedan considerarse propias de la libertad de expresión; ni pronunciamientos que fomenten, directa o indirectamente, violaciones a los derechos humanos; injerencias arbitrarias, directas o indirectas, en los derechos de quienes contribuyen a la deliberación pública o que interfieran sobre la independencia y autonomía de las autoridades judiciales.[3]

Posteriormente, sigue el especialista, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en septiembre de 2020, resolvió dos facultades de atracción (261/2020 y 262/2020) “en las que determinó conocer sobre los conflictos vinculados con la ‘libertad de expresión’ de un presidente municipal en contra de un periodista. En ambos casos la Sala determinó que se reunían las características de interés y trascendencia, pues con la resolución podría determinarse si los actos de comunicación de las autoridades estatales constituirían parte de su libertad de expresión”.[4]

Gómez Marinero destaca que:

En relación con la expresión sobre datos falsos o inexactos, las manifestaciones de la autoridad deben regirse por el principio de calidad de información previsto en el régimen de transparencia y que se traduce en que las manifestaciones o pronunciamientos de servidoras y servidores públicos deben estar amparados en documentos o, en su caso, sujetos a rectificación. En este sentido, el ejercicio del derecho a la información a partir de solicitudes de información constriñe a que los entes públicos, por lo menos, realicen una búsqueda exhaustiva de la información respecto de las declaraciones que emiten los servidores públicos, como lo resolvió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en el recurso rra 04997/20, del 29 de julio de 2017, 4 relativo a las declaraciones del presidente de la República en relación con las llamadas vinculadas al tema de violencia contra las mujeres, donde ese órgano garante de transparencia ordenó una búsqueda exhaustiva de la información.[5]

El especialista reconoce “la proliferación, cada vez más frecuente, de discursos estigmatizadores o por la emisión de información inexacta o abiertamente falsa que lesiona los derechos humanos”.[6] El dicho tiene sentido si la máxima representación del Ejecutivo lo hace un ejercicio cotidiano. Es naturalizar el insulto a nombre de presuntos derechos de libre expresión que el mandatario se arroga, como si no fuera representante de todos, incluidos sus “fifís”, “reaccionarios” y “conservadores” opositores.

Y no es algo que no ocurra en otras partes del mundo. El vicepresidente español, y líder de la agrupación Podemos, Pablo Iglesias, ya se había sincerado sobre el tema: “En una democracia, todos los poderes son objeto de crítica, también el mediático […] hay que naturalizar que cualquiera esté sometido a la crítica y al insulto”, pues “la crítica es normal. Y el derecho ofrece instrumentos a todo mundo para defenderse”.

Esta muy discutible argumentación encontró eco y apoyo en algunos analistas de la realidad mexicana, quienes tras los insultos del presidente Andrés Manuel López Obrador al diario Reforma, a la organización Mexicanos contra la Corrupción, al periodista Carlos Loret de Mola, entre muchos más, señalaron que no es el presidente un factor que ponga bajo riesgo a la libertad de expresión y de información, sin pronunciarse respecto a las inherentes limitaciones de expresión que tiene por su cargo público, en contraste con las amplias pero no desmesuradas licencias de que gozan sus críticos, por ser parte de la sociedad civil.

Si bien los medios de comunicación pueden integrar en algunos momentos un poder fáctico, como lo han documentado muy bien Raúl Trejo Delarbre[7] y Marco Levario Turcott,[8] con todos sus excesos, eso no significa que se trate de un poder monolítico ni mucho menos inamovible; cada medio tiene sus espacios de negociación con el poder. Además, los grandes consorcios de comunicación que dominaban la esfera pública están en crisis, transformados: hay múltiples ejemplos en que periodistas de investigación, que aprovechan el bajo costo de producción de noticias con las plataformas digitales, se han desligado de los antiguos amos de los media —que normalmente son hombres de negocios que en muchos casos crecieron a la sombra del poder— y han establecido sólidos proyectos periodísticos que no están regidos por los antiguos supuestos de ese núcleo tradicional de empresarios, quienes, a su vez, con la crisis de credibilidad propiciada por su mismo manejo discutible de las noticias y de sus intereses, han debido hacer, al menos tímidamente, una concesión a los periodistas de sus redacciones, sobre la necesidad de que se haga periodismo verdadero.

El centro de mi argumento es que definir lo mediático básicamente como un poder no solo es impreciso sino que tiene efectos nefastos en la esfera de lo público, como si se tratara efectivamente del Cuarto Poder. Retomo la muy conocida idea del maestro de ética periodística colombiano, Darío Restrepo, sobre el deber de los periodistas, al margen de las empresas para las que trabajan: ser independientes.

El periodista que se inclina por un gobierno, un partido o una ideología pierde su dignidad, pierde su independencia y, por consiguiente, no está haciendo periodismo sino caricatura de periodismo, indica, y añade:

Sin embargo, y a pesar de su derecho a tener una opción, la experiencia larga enseña que ninguna propuesta política es absoluta y, por tanto, susceptible de convertirse en dogma inapelable. Por eso, el periodista no cree en dogmas. Es una convicción que trae de la mano otra: el alineamiento detrás de alguna bandera convierte a las personas, sobre todo si se trata de periodistas, en propagandistas de una causa. Y un periodista propagandista es el imposible intento de mezclar el agua y el aceite. Por tanto, una elemental coherencia con su ser profesional impulsa al periodista a buscar en todo la verdad completa y no la verdad a medias del propagandista.

Todas estas razones juntas culminan en el gran motivo del periodista para no militar en trincheras: que el único amo al que le debe respeto es el lector, de cualquier grupo, partido, bando o secta; ese receptor que en cada edición o emisión espera que le hagan entender lo que está sucediendo. Él no espera ni pide discursos ni propagandas, sino su ración diaria de la verdad de los hechos, porque así se lo exige su condición de miembro de una sociedad, que se integra a ella en la medida en que conoce y entiende su historia diaria y la utiliza para decidir por su cuenta y riesgo. Mira como una ofensa que otros decidan por él o lo decidan. Ese receptor siente que alguien lo traiciona cuando en vez de hechos recibe propaganda.[9]

Restrepo recupera una definición de uno de los periodistas más excepcionales, Ryszard Kapuciski:

El verdadero periodismo es intencional, es decir, se fija un objetivo e intenta provocar algún tipo de cambio: no hay otro periodismo posible […] si leéis los escritos de los mejores periodistas, Mark Twain, Ernest Hemingway, Gabriel García Márquez, comprobaréis que siempre se trata de un periodismo intencional. Están luchando por algo, narran para alcanzar, para obtener algo”.[10]

Esto lleva ineludiblemente a la colisión con los intereses gubernamentales, máxime en gobiernos populistas en los que se secuestra la verdad en un relato único. En ese caso, todas las disidencias son estorbosas. Calumniar al periodismo bajo premisas como “representante” de un poder, el mediático, y por ende, no independiente, es peligroso para quienes nos dedicamos a la profesión, a la par de impreciso e injusto.

Poco después de las invectivas del presidente contra el periódico Reforma, en septiembre de 2020, salió publicado un desplegado de 650 personas entre periodistas, intelectuales, académicos, científicos, editores y empresarios culturales mexicanos —mi firma va incluida— sobre la amenaza que significa la agresividad discursiva del presidente hacia medios, organizaciones sociales, academia, y en general, todo aquel que le incomoda.[11] Me sumé ante la invitación de que fui objeto porque encuentro urgente recuperar en el lenguaje público la moderación y el respeto a los gobernados, más apremiante si se considera a México como un país sumido en una crisis de violencia. Y la violencia verbal es la antesala de la violencia física, y no por excepción; no comprendo a quienes han querido restarle importancia a las intemperancias de López Obrador.

Contra la optimista o tibia toma de posición de muchos periodistas u opinadores, y el propio discurso de la llamada Cuarta Transformación, de que la llegada del tabasqueño es el primer momento realmente libre para los periodistas desde la breve presidencia de Francisco I. Madero —cruel mitología ante la cantidad de tumbas que se siguen abriendo para periodistas asesinados en ejercicio, a la par de la degradación de derechos de los que ejercen esta profesión—, puedo afirmar que en 32 años que tengo en este oficio, jamás habíamos tenido un presidente que tan pública y ostentosamente se ufanara de poseer el monopolio de la verdad y calumniara en cadena nacional todo cuestionamiento a su gobierno y a su estilo personal de gobernar por ser la presunta víctima de una conspiración. Lamento toparme con esa recurrente opinión que descalifica toda la variedad del orden democrático. Los regímenes populistas de esta época, con el de Donald Trump a la cabeza, han convertido la descalificación a la prensa en deporte. Buscar desacreditar tiene sentido dado que pretenden el monopolio del sentido de los hechos. El enorme poder simbólico del presidente —todo poder lo es— crea un ambiente de crispación que repercute en agresiones directas a los periodistas al realizar coberturas. Lo ha documentado Artículo 19, la organización defensora de la libertad de expresión en México y el mundo.

Esto resalta el valor “preventivo” de la crítica: no se trata de esperar a que todo se recrudezca. Aplicar adjetivaciones como “prensa inmunda”, “prensa sicaria”, y de ahí para abajo un amplio rosario de invectivas francamente viscerales, no es ejercer derecho de réplica. Por el contrario, es ejercer el privilegio de la calumnia. Y aunque le duela reconocerlo a sus apologistas, ningún presidente había llegado tan lejos en las formas. Insisto en que forma es fondo, y en que de la violencia verbal se suele pasar a la violencia real.

Recordemos, según dice el filósofo Pascal Bruckner en un célebre ensayo, que:

Nada resulta más difícil que ser libre, dueño y creador del propio destino. Nada más abrumador que la responsabilidad que nos encadena a las consecuencias de nuestros actos. ¿Cómo disfrutar de la independencia y esquivar nuestros deberes? Mediante dos escapatorias, el infantilismo y la victimización, esas dos enfermedades del individuo contemporáneo […]

¿No ha llegado ya el momento de no confundir la libertad con el capricho? ¿Son el miedo y la debilidad el precio a pagar por el rechazo a la madurez? Finalmente, ¿cómo mantener la democracia si una mayoría de ciudadanos aspira al estatuto de víctima aun a riesgo de ahogar la voz de los verdaderos desheredados?[12]

Y añade:

El homo democraticus mantiene con el despotismo una relación ambigua: lo aborrece, pero lamenta su desaparición. Llevado al extremo, parecería casi inconsolable por no estar ya oprimido: entonces, a falta de enemigos reales, se los crea imaginarios; se complace con la idea de que tal vez esté viviendo realmente bajo una dictadura, de que el fascismo va a caerle del cielo, una perspectiva que tanto le llena de temor como de esperanza […] el éxito de un discurso de esta índole procede de su carácter incomprobable: nada lo confirma puesto que nada lo desmiente […] puesto que una causalidad diabólica modela nuestros destinos a nuestro pesar, ya no tenemos por qué responder de nuestros actos: estamos exculpados, nuestras penas tienen un origen que no es nosotros. Más vale invocar extravagantes conjuras basadas en imágenes subliminales y de sustancias invisibles que aceptar la triste, la banal verdad: que moldeamos nuestra historia aun cuando, según la fórmula consagrada, ni siquiera sabemos qué historia estamos moldeando. Y henos aquí, a través de una fantástica elucubración, devueltos a la candidez del serafín.[13]

Creo que el auge de los asesinatos es efecto, por lo general, de la violencia privada desatada por la impunidad, con un estado incapaz de proveernos seguridad, pero que, además, apunta desde sus liderazgos al menosprecio y al ataque de los periodistas que no se sujetan al discurso oficial, lo que no puede asumirse como inocente, si bien sería temerario señalar una autoría intelectual.

Un mensaje sensato y de concordia, un uso de un derecho de réplica que abunde en los datos y las pruebas con la apuesta de que la verdad configuran la mejor respuesta, pero es lo que no tenemos en las “mañaneras” ni en las acciones de muchos líderes políticos molestos con la prensa no sometida. El efecto de polarización y de naturalización de la violencia simplifica la toma de decisiones de quienes tienen en la violencia su modus vivendi, como los grupos criminales, pero además, que la gente de la calle pueda verse tentada a decidir qué permite y qué impide en la labor de los despreciados y despreciables reporteros. Si eso no alarma a los defensores de la postura del presidente, no sé qué sea necesario. Y si observamos la trayectoria de otros países con líderes carismáticos que se confrontan con la prensa, le encuentro mucho sentido. No estoy de acuerdo con justificar los exabruptos del presidente con el argumento de que es objeto de una embestida mediática. Incluso si fuera verdad. Pero lo que vemos en el día a día es exactamente al revés: un poder Ejecutivo reacio a la crítica y a la transparencia que se victimiza; sus coros mediáticos señalan a la prensa de “golpista” y desatan el acoso a los disidentes, aunque eso sí, todas las oraciones siempre terminan con un “yo estoy a favor de la libertad de expresión”.

Como adenda: si los poderes constitucionales y formales están legalmente acotados, los medios de comunicación deben ser acotados por la opinión pública. En modo alguno defiendo el derecho a publicar lo que sea, pero son los ciudadanos activos los que de forma razonada, no pasional ni partidista, y con evidencias claras, debe determinar la falsedad de un hecho publicado. Y que si los periodistas o medios se niegan a enmendar sus errores, sean los tribunales los que determinen. Eso pasa en democracia. También creo que el presidente, con un lenguaje moderado por su alta investidura, tiene derecho a presentar datos que lleven a corregir el sesgo —no siempre derivado de la mala fe; muchas veces es fruto de la falta de información, pues la cultura de que los funcionarios son dueños de la información sigue dañando fuertemente el debate público por insuficiencia de datos— o precisar informaciones. El presidente es un actor político esencial para que el debate público sea sensatamente encauzado y la razón predomine sobre la pasión.

Lo dijo hace menos de un año el afamado novelista Enrique Serna:

Tachar de golpistas a todos los críticos de López Obrador es una jugarreta infantil para intentar desacreditarlos. Quienes enarbolan esta bandera pretenden meter en el mismo saco a los chayoteros más notorios y a los periodistas honestos que no creen en la infalibilidad del caudillo, pero, sobre todo, aspiran a convertir sus dogmas propagandísticos en hechos históricos. La cuarta transformación no es un cambio de régimen irreversible, como amlo proclama todos los días, ni mucho menos una revolución, como creen Paco Ignacio Taibo ii y el padre Solalinde, sino un modesto cambio de gobierno (benéfico o nefasto, eso está por verse) elevado a proporciones épicas por la megalomanía de su jefe máximo. Nuestra democracia no nació con la victoria electoral de amlo y, por lo tanto, tampoco morirá cuando su partido pierda la presidencia en las urnas.[14]

Pretender que el insulto de un presidente es normal en un régimen democrático es realmente desnaturalizar la esencia de la democracia, y convertir su crisis en su normalidad. El populismo es una crisis, una enfermedad de la democracia, carcomida por su falta de credibilidad, bien ganada por los abusos, la corrupción, y en este caso, la avaricia
y la avidez de controlar la política por parte de muchos empresarios y periodistas ampliamente mediáticos, cosa que aprovechan los demagogos que asumieron el poder. Pero no perdamos el sentido común. Violencia y falsedad no conforman debate, y aunque las ideologías son diversas, los hechos deben ser privilegiados.

Ese lenguaje gratuitamente beligerante también es uno de los vestidos de la mentira. “La mentira es una realidad política fundamental. Las repúblicas simuladas no gobiernan por la simple fuerza bruta, sino por la trampa: apoderándose de la verdad. Los supuestos ciudadanos están a merced de las autoridades, en primer lugar, porque no pueden demostrarles nada. Rige la verdad oficial […] adueñarse de la verdad facilita adueñarse de todo lo demás”.[15]

 

[*] Periodista desde hace más de tres décadas. Se ha especializado en temas de medio ambiente, desarrollo rural y urbano. Ganador en cuatro ocasiones del Premio Jalisco de Periodismo (1996, 2006, 2018 y 2020), del premio de periodismo ambiental de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza y la Fundación Reuters para América Latina en 2008; de premios nacionales de periodismo ambiental en los años 2006, 2010 y 2015; del Reconocimiento Nacional de Conservación de la Naturaleza (2005), entre otros; autor de los libros de reportaje y crónica Montañas de Jalisco (2003), La Primavera en llamas (2006) y Arterias de vida, los ríos de occidente (2007) y coautor en siete libros más. Trabaja actualmente en Canal 44 y radio Universidad de Guadalajara, donde es conductor, guionista y responsable editorial del proyecto Territorio Reportaje; también colabora con una columna quincenal en el portal El Respetable.

 

 

[1]     Guastini, R. Estudios de teoría constitucional (Colección Doctrina Jurídica), Instituto de Investigaciones Jurídicas–UNAM, México, 2001, p.117.

[2]     Cfr. Martínez, L. “Red organizada en Twitter orquesta ataques contra detractores de AMLO: Signa Lab”, en El Economista, 12 de marzo de 2019. Recuperado de https://www.eleconomista.com.mx/politica/Red-organizada-en-Twitter-orquesta-ataques-contra-detractores-de-AMLO-Signa-Lab-20190312-0082.html; efe. “Periodistas en México sufren acoso de bots de seguidores de López Obrador”, en Agencia efe, 11 de julio de 2019. Recuperado de https://www.efe.com/efe/usa/mexico/periodistas-en-mexico-sufren-acoso-de-bots-seguidores-lopez-obrador/50000100-4021075

[3]     Gómez, C. “Sobre la libertad de expresión de los servidores públicos”, en Hechos y Derechos, núm.60, 17 de noviembre de 2020. Recuperado de https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/15243/16283

[4]     Idem.

[5]     Idem.

[6]     J.A.F. “Los psicólogos, indignados con Pablo Iglesias: naturalizar los insultos favorece la violencia y el pensamiento ultra”, en El Confidencial Digital, 9 de julio de 2020. Recuperado el 26 de enero de 2021, de https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/politica/psicologos-indignados-pablo-iglesias-naturalizar-insultos-favorece-violencia-pensamiento-ultra/20200708202350147994.html

[7]     Trejo Delarbre, R. Poderes salvajes, mediocracia sin contrapesos, Cal y Arena, Ciudad de México, 2005.

[8]     Levario Turcott, M. Primera plana, la borrachera democrática de los diarios, Cal y Arena, Ciudad de México, 2002.

[9]     Restrepo, D. “El periodismo: ¿problema o solución en las crisis?”, en Corporación Andina de Fomento, Los grandes desafíos del periodismo (pp. 49–62), CAF / Centro Carter, Caracas, 2008, p.53.

[10]   Ibidem, p.55. Tomado de: Kapuciski, R. Los cínicos no sirven para este oficio. Anagrama, Barcelona, 2002.

[11]   Cfr. “Más de 650 científicos e intelectuales piden a AMLO frenar ataques contra la libertad de expresión”, en El Economista, 17 de septiembre de 2020; “Alertan intelectuales: ‘odio puede llegar al río’”, en Reforma, 18 septiembre de 2020.

[12]   Bruckner, P. La tentación de la inocencia, Anagrama, Barcelona, 1996, s.p.

[13]   Ibid, pp. 139–140

[14]   Serna, E. “Periodismo en crisis”, en Eme Equis, 17 de septiembre de 2019.

[15]   Zaid, G. El poder corrompe, Debate, Ciudad de México, 2019, p.120.

Dos años de gobierno de AMLO y las perspectivas electorales para 2021

Jorge Enrique Rocha Quintero[*]

 

 

Resumen: El presente texto analiza los dos años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, además de ponderar la aprobación presidencial al término de su primer tercio como titular del Poder Ejecutivo federal en México. La segunda parte muestra los principales tópicos de la preparación del proceso electoral del año 2021, entre los que se incluyen preferencias electorales y el análisis de los comicios locales del año 2020.

Palabras clave: elecciones 2020, preferencias electorales, aprobación presidencial, Andrés Manuel López Obrador, dos años de gobierno.

 

Abstract: This text analyzes the first two years of Andrés Manuel López Obrador’s administration, and considers his approval ratings at the end of the first third of his term at the helm of Mexico’s Executive Branch. The second half of the article looks at the key issues in the run-up to the 2021 elections, including voter preferences and an analysis of the local elections held in 2020.

Key words: 2020 elections, voter preferences, presidential approval rating, Andrés Manuel López Obrador, two years of government.

 

 

Se cumplieron dos años del inicio de la administración federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Frente a un comienzo lleno de promesas de que los principales problemas del país se resolverían de forma radical y contundente, lo que hemos tenido hasta ahora es un primer tercio de sexenio lleno de claroscuros, en el que podemos encontrar acciones que seguramente traerán beneficios a una buena cantidad de la población, pero también vemos políticas de gobierno que han perjudicado a ciertas regiones y sectores del país por su forma de instrumentarlos.

Tanto el 1 de septiembre como el 1 de diciembre de 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su segundo informe de gobierno. El primero es el que constitucionalmente tiene que realizar, mientras que en el último mes del año hizo un ejercicio similar por cumplir dos años al frente del Poder Ejecutivo federal. Por supuesto que en ambas fechas se dieron a conocer las mediciones de encuestas de aprobación y se realizaron múltiples análisis y mesas redondas sobre lo que ha sido la gestión del tabasqueño como presidente de la república.

En un ambiente tan polarizado como en el que vivimos, con una carrera electoral en pleno desarrollo, fuimos testigos de opiniones que afirman que todo lo realizado por el gobierno federal es un acierto,
o, por el contrario, que todo está mal y que nada es rescatable. Ambas posiciones desde mi punto de vista solo tienen la intención de
hacer propaganda política y no ayudan a generar un clima de discernimiento donde podamos apreciar los avances obtenidos en esta administración, pero también los errores cometidos a lo largo de los dos años del gobierno de López Obrador. Las “peroratas comunicacionales” que hemos sufrido a lo largo del año 2020 se convirtieron en un ruido ambiental que generó un profundo hastío por todo lo relacionado con la esfera pública.

 

  1. Logros del gobierno federal

A continuación presentaré los que considero fueron los logros más importantes del presidente durante el último periodo de gobierno:

    • Abrir y dar seguimiento al caso de corrupción en Petróleos Mexicanos e investigar los posibles delitos en el proceso de la aprobación de la reforma energética que se realizó en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012–2018). La aprehensión de Emilio “N”, exdirector de la mencionada paraestatal, parece que puede llevar a la Fiscalía General de la República a construir un caso en términos jurídicos, en el que se deslinden responsabilidades y se sancionen conductas si es que se cometió algún delito.
    • Promover la aprobación de una nueva ley de pensiones, que garantizaría una mejora en las condiciones de jubilación para los trabajadores del país, que actualmente son muy desfavorables para la mayoría de sus beneficiarios. Este es quizá uno de los cambios estructurales que mayores beneficios de largo plazo pueden
      traer a las y los mexicanos, frente a un sistema pensionario quebrado, que otorga ingresos mensuales paupérrimos para los trabajadores que ya están en el retiro.
    • La instrumentación de una estrategia para que los grandes corporativos del país paguen impuestos. Por ejemplo, en el segundo semestre del año 2020 Grupo Modelo pagó a la Secretaría de Hacienda dos mil millones de pesos correspondientes a los ejercicios fiscales de 2013, 2014 y 2016, que hasta hace unos meses debía a la hacienda pública.
    • Mantener e incrementar los apoyos sociales a los adultos mayores del país, incluso realizando algunos adelantos que ayudaron a que los beneficiaros enfrentaran de mejor manera los efectos negativos de la pandemia de covid–19.
    • En materia de salud y frente a la pandemia que sufrimos durante todo el año 2020, se logró que en la mayor parte del país que no se rebasara la ocupación hospitalaria de camas para la atención de enfermos graves de covid–19. Es decir, se realizó la reconversión hospitalaria de forma suficiente.
    • Se dieron algunos golpes importantes a la delincuencia organizada. Por ejemplo, la captura de José Antonio “N”, alias “el Marro”, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, quien generó dinámicas de mucha violencia en el estado de Guanajuato.
    • El incremento al salario mínimo de 20% para el año de 2020 fue el mayor aumento a este desde hace años, y sin duda tuvo un efecto positivo en los ingresos de los trabajadores, sobre todo en este escenario de pandemia.
    • Se generó una discusión muy álgida en el Congreso de la Unión, a propósito de la intención de combatir los efectos más nocivos del outsourcing, práctica que genera una profunda desigualdad laboral y que desde hace más de dos décadas ha sido señalada como una estrategia sistemática de precariedad laboral, en función de incrementar la productividad de las empresas. La ley propuesta por el presidente, condena y sanciona este tipo de formas de contratación.

 

  1. Errores en la gestión de López Obrador

En seguida presento los asuntos en los que considero que se cometieron errores o en los que la estrategia llevada a cabo fue incorrecta por parte del gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador:

    • La forma de gestionar la pandemia del covid–19 provocó que llegáramos a un escenario con más de 114 mil muertos para
      mediados del mes de diciembre y donde quedaron evidenciadas las enormes debilidades del sistema público de salud en México, además de los desafortunados encontronazos con los gobernadores de los estados al respecto de cómo resolver este problema. Para el final del año 2020 el país experimentó el momento más álgido de la crisis sanitaria.
    • No se configuró una estrategia económica diferente que ayudara a aminorar los efectos negativos de la pandemia de covid–19 y con ello llegó una crisis económica de enormes magnitudes y en la que parece que el país no está suficientemente preparado. La previsión es que el producto interno bruto (PIB) del año 2020 descienda en ocho puntos porcentuales.
    • López Obrador mantiene, a pesar de las dudas y amplias oposiciones sociales, proyectos de gran envergadura en los que no quedan claros los beneficios sociales, por ejemplo, el Tren Maya, los proyectos en el Istmo de Tehuantepec, la refinería de Dos Bocas o el aeropuerto de Santa Lucía.
    • Frente a los señalamientos de presumibles actos de corrupción de allegados al presidente, parece que la forma de proceder de López Obrador es mucho menos firme, además de que trata de minimizar los hechos al encuadrarlos en el ámbito de la disputa político–electoral. Podemos señalar los casos de Carlos Lomelí, quien fue el delegado del gobierno federal en el estado de Jalisco, o de su hermano, Pío López Obrador. En ambos casos la Secretaría de la Función Pública no encontró delito que perseguir.
    • Las “mañaneras” se han convertido es un espacio de señalamientos negativos y estigmatización de los opositores al gobierno de López Obrador, más que un ejercicio para informar y rendir cuentas a la ciudadanía.
    • En materia de seguridad pública los avances son magros. Los índices de violencia se mantienen y la creación de la Guardia Nacional no ha dado los resultados deseados. Este es uno de los pocos temas en los que el presidente reconoce que su gobierno se ha quedado corto.
    • La firma del T–MEC, aunque mejoró algunas de las cláusulas en materia laboral del anterior tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, generó una posición de subordinación del gobierno mexicano a las necesidades del gobierno de estadunidense, sobre todo en materia migratoria.

Uno de los grandes problemas del presidente es que generó expectativas de cambio muy altas y, al menos hasta ahora, los cambios prometidos se han quedado muy lejos de lo prometido.

 

  1. La aprobación presidencial a dos años de gobierno

A propósito de los dos años del comienzo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como se dijo antes, se dieron a conocer varias encuestas nacionales para medir la aprobación del titular del Poder Ejecutivo federal.

Con estas encuestas concluyó el año 2020 en este tipo de ejercicios, y vale la pena recuperar lo que dijeron sobre el desempeño del presidente de la república de acuerdo con lo que la ciudanía piensa y valora. La tabla 1.1 presenta los resultados de cinco encuestadoras nacionales que midieron los niveles de aprobación de Andrés Manuel López Obrador para principios del mes de diciembre del año 2020.

Aunado a esas encuestas, Consulta Mitofsky señaló que los estados con mayor aprobación para el presidente son: Guerrero, Tabasco, Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz. Mientras que las entidades con menor aprobación fueron: Aguascalientes, Chihuahua, Colima, Jalisco y Guanajuato.

Después de esta información podemos proponer las siguientes reflexiones:

    • Las cinco encuestadoras coinciden en que la aprobación del presidente aumentó en el último periodo y bajó en sus niveles de desaprobación. Esto implica que, aun cuando el manejo de la pandemia ha sido inadecuado y de que estamos en crisis económica, la mayor parte de los ciudadanos del país siguen apoyando a Andrés Manuel López Obrador. En algunas de estas encuestadoras compararon a otros presidentes en sus niveles de aprobación en su segundo año de gobierno y los más altos fueron Felipe Calderón y López Obrador. La diferencia entre estos dos mandatarios es que el contexto de dificultad que vivió el expanista y que vive el tabasqueño son diametralmente diferentes, ya que al segundo le tocó un escenario global muy complicado. Muchos analistas vaticinaron que la pandemia mermaría de forma significativa la popularidad del presidente, pero parece que esto no ha sido así.
    • Se confirma que la mayor fuerza de Andrés Manuel López Obrador está en el sur y sureste de México, mientras que el Bajío y el occidente del país son las regiones más críticas hacia el titular del Poder Ejecutivo federal, junto con el estado de Chihuahua. Esto concuerda con la identificación política que tiene el país por lo menos desde el año 2006, cuando México se dividió claramente a la mitad: el norte y el occidente apoyando a Felipe Calderón, y el centro y sur con preferencia por Andrés Manuel López Obrador.
    • Las agendas que más preocupan a la ciudadanía al finalizar el año 2020 fueron la inseguridad y la crisis económica, y los temas en los que el presidente tuvo la venia de las y los ciudadanos fueron el combate a la corrupción, los apoyos y programas sociales. Uno de los asuntos que los encuestados valoran más en el presidente López Obrador es su integridad personal y el empeño en su labor, pero al mismo tiempo reconocen que es un mandatario que hasta el momento no ha dado resultados.

 

  1. Análisis de las elecciones en Coahuila e Hidalgo

El domingo 7 de junio se celebraron elecciones locales en dos estados del país. En Coahuila se eligió a 25 diputados, 16 de mayoría relativa y 9 de representación proporcional. En el caso del estado de Hidalgo se renovaron las 84 presidencias municipales de la entidad. Ambos estados son actualmente gobernados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y en el caso de Coahuila el gobernador Miguel Riquelme forma parte de la llamada Alianza Federalista. Cabe señalar que estas dos entidades son de las pocas que quedan en México donde no ha tenido lugar un proceso de alternancia política; es decir, en esos territorios siempre ha gobernado el PRI.

De acuerdo con las autoridades electorales, los comicios quedaron de la siguiente forma:

    • La participación electoral en el estado de Coahuila fue de 39.34%, mientras que en el estado de Hidalgo fue de 48.96%.
    • En Coahuila el PRI ganó en los 16 distritos del estado con una votación acumulada de 49.31% de los sufragios. El segundo lugar lo obtuvo el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), con 19.34% de los votos, y el Partido Acción Nacional (PAN) quedó en tercer lugar con 9.9%. El resto de los contendientes no obtuvo más de 3.5% de la votación.
    • En el estado de Hidalgo el partido que ganó más alcaldías fue el PRI, con 32 municipios, entre ellos la capital (Pachuca) y Tepeji del Río.
    • El pan ganó cinco municipios, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) obtuvo el triunfo en siete alcaldías y la alianza PAN–PRD ganó en seis demarcaciones, entre ellas Tula. El bloque PAN–PRD obtuvo 18 presidencias municipales.
    • Por otra parte, Morena ganó en seis alcaldías, mientras que el Partido Verde obtuvo tres; el Partido de Trabajo (PT) ganó en cuatro municipios; el Partido Encuentro Social (PES) obtuvo cinco presidencias municipales, y la alianza Partido Verde–PES–Morena–pt ganó cinco alcaldías, entre ellas Tulancingo. Es decir, Morena y sus aliados ganaron en 23 municipios.
    • En las elecciones en el estado de Hidalgo se reportaron incidentes muy delicados, como la presencia de grupos encapuchados armados en las calles de algunos municipios, el programa de resultados preliminares no funcionó y además hubo prácticas electorales que creíamos desterradas en el país.

Luego de estos resultados podemos hacer las siguientes conclusiones sobre estos comicios locales:

    • El gran ganador de esta contienda fue el PRI, ya que en Coahuila se llevó el “carro completo” y en Hidalgo fue el partido que más conquistas tuvo. En el caso de Hidalgo el peso político del tricolor disminuyó, ya que su presencia electoral era mayor y ahora solo pudo ganar en un tercio de los cargos que se eligieron. En el estado norteño es evidente que la fuerza político–electoral de los priistas de aquella entidad es muy potente y logran imponer una dinámica en la que la política nacional tiene poco peso.
    • El PAN y el PRD tuvieron un desempeño aceptable en las elecciones del estado de Hidalgo, donde tuvieron algunas victorias significativas, sin embargo, en Coahuila las preferencias electorales de estos dos partidos apenas rebasan 10% del voto.
    • Morena y sus aliados fueron los grandes perdedores de estos comicios, ya que se esperaban mejores resultados electorales. La imposibilidad de este partido de ganar algún distrito en Coahuila y de ampliar su presencia en Hidalgo es una muestra de que la aprobación presidencial no tiene implicaciones electorales directas y es muy posible que el grave conflicto interno que vivió este partido político, que en ese momento se encontraba en la disputa por su dirigencia nacional, pudo ser una de las causales de este raquítico desempeño electoral. Es cierto que en ambas elecciones se colocaron como la segunda fuerza política, pero eso no fue suficiente para tener un avance significativo.
    • Lo más preocupante de estos comicios locales, en primer lugar, es la poca participación electoral, que no superó 50% del padrón electoral, además de que se presentaron prácticas viejas y nuevas que atentan contra la libertad de los electores. Este enrarecimiento de los procesos electorales es una mala señal y golpea a nuestra precaria democracia.

Este pequeño laboratorio de lo que puede ser el proceso electoral del año 2021 nos muestra que las elecciones locales tienen su propia dinámica y no siempre se ven influenciadas por las tendencias nacionales; que se mantienen estructuras electorales que cuando se alinean siguen siendo muy efectivas en el campo electoral, y que siempre pueden darse retrocesos al aparecer prácticas nocivas que atentan contra la libertad de los electores.

 

  1. Preferencias electorales rumbo a 2021

El periódico El Financiero realizó una encuesta en diciembre de 2020 para medir la intención del voto en las próximas elecciones de diputados federales y estos fueron los resultados: en primer lugar se ubicó Morena con 32% de la preferencia electoral, luego el pan con 17% de la intención del voto, en seguida se ubicó el PRI con 16% de la posible votación, después el PRD, el Partido Verde y el PT, cada uno con 4% de las preferencias electorales y finalmente Movimiento Ciudadano (MC), con 3% de la intención del voto.

También en noviembre de 2020 la encuestadora Demoscopía Digital, en el marco del comienzo formal del proceso electoral 2020–2021 que se inició formalmente el lunes 7 de septiembre, publicó una encuesta de preferencias electorales en los 15 estados donde se celebrarán elecciones a gobernador, donde los resultados fueron los siguientes:

    • Morena se llevaría ocho estados con una diferencia mayor a diez puntos porcentuales, a saber: Baja California, Campeche, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Tlaxcala y Zacatecas.
    • Morena aventaja en seis estados con una diferencia menor a diez puntos porcentuales y son los siguientes: Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, San Luis Potosí, Nuevo León y Sonora.
    • El PAN ganaría el estado de Querétaro.
    • El PRI y el PRD no tendrían posibilidades de ganar en ninguna elección a gobernador.
    • Morena en su conjunto, si se mantienen estas preferencias electorales, ganaría 14 de las 15 gubernaturas en disputa.

Electoralmente, Morena se sigue colocando como el puntero en la intención del voto para los comicios de 2021, y aunque el PAN y el PRI han experimentado un ascenso en su preferencia electoral (cada
uno ha crecido a lo largo del año cinco puntos porcentuales), aún están muy lejos de ser competitivos contra el partido en el gobierno, ya que Morena les ganaría dos a uno a cada uno de ellos. El resto de los institutos políticos estarían luchando por sobrevivir electoralmente, ya que su intención del voto está dentro del margen de error, de acuerdo con este ejercicio estadístico, y por lo tanto al final de 2020 no tienen garantizada su permanencia en el escenario electoral.

Con todo los datos y hechos anteriores podemos afirmar lo siguiente:

    • El proceso electoral comienza con un escenario muy favorable para Morena, que se coloca como el rival a vencer en los comicios de 2021. Si los pronósticos se cumplen el partido en el poder gobernaría 21 estados a partir del próximo año, con lo cual tendría el control de dos terceras partes del territorio nacional.
    • La oposición partidaria en México se encuentra en un escenario de mucha debilidad política y esto se demuestra en tres factores: no han logrado capitalizar los errores del gobierno de López Obrador en el manejo de la pandemia derivada del covid–19; electoralmente son poco competitivos en los estados y no han logrado generar propuestas nuevas e innovadoras que realmente restablezcan los vínculos con la ciudadanía. Se ratifica que la crisis de los partidos tradicionales se mantiene viva y va para largo. Un signo de esta debilidad es que Ricardo Anaya, contendiente a la Presidencia de la República por la alianza PAN–PRD–MC, volvió a la escena política y es el personaje de la oposición más conocido, es decir, en estos dos años la oposición partidaria en México no ha logrado construir liderazgos políticos nuevos.

 

  1. Los movimientos políticos de frente al año 2021

Hay que recordar que en el comienzo del proceso electoral federal el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la creación de nuevos partidos políticos, y entre las decisiones más relevantes están que le otorgaron el registro al pes, que revive al antiguo Partido Encuentro Social —quienes hicieron alianza electoral con Morena para los comicios de 2018 y que perdieron el registro electoral—, y que se le negó el registro nacional al Partido México Libre, de Felipe Calderón y Margarita Zavala, porque no se pudo acreditar el origen de 8% del financiamiento para su creación. En el caso del Partido Redes Sociales Progresistas, vinculado a la exlideresa magisterial Elba Esther Gordillo, en un primer momento no cumplió con los requerimientos para su aprobación, sin embargo, la apelación ante el Tribunal Federal Electoral fue aceptada y podrá competir en el proceso electoral del año 2021. El otro instituto político que fue aprobado para contender el próximo año fue Fuerza Social por México.

Cabe señalar que, aunque todos los nuevos partidos están imposibilitados para ir en alianza electoral, todos tienen nexos y simpatías con Morena.

Con este escenario político–electoral terminamos el año 2020 y comienza el proceso electoral de 2021. El mantenimiento de la aprobación presidencial, junto con la incapacidad de la oposición de construir un discurso alternativo, provocó que el PRI, el PAN y el PRD firmaran una alianza electoral en 158 de los 300 distritos electorales federales, para competir en los comicios para elegir a la nueva Cámara de Diputados. Esta es una alianza que nunca hubiéramos podido predecir y que muestra un pragmatismo electoral muy profundo. Habrá que ver si el electorado de estos tres institutos políticos acepta este tipo de decisiones políticas que fueron impulsadas por el movimiento empresarial Sí por México. El propósito de esta alianza insospechada es lograr que Morena y sus aliados no tengan mayoría calificada en la Cámara de Diputados. De los institutos políticos que se han mostrado contrarios al presidente López Obrador, el único que va en solitario en las próximas elecciones es MC.

En las propuestas de nuevos partidos, paradójicamente tampoco hay nada nuevo bajo el sol. Lo que tenemos son propuestas recicladas de los mismos actores políticos que quieren mantenerse en la escena política y disputar cargos públicos. Hasta ahora, desde mi opinión, no encontramos propuestas políticas nacionales que genuinamente rompan con las dinámicas de los partidos de antes, que claramente están sumergidos en una profunda crisis.

 

  1. Otros opositores

Otro de los fenómenos políticos que aparecieron durante el segundo año de la gestión de López Obrador es el movimiento llamado Frente Nacional Ciudadano (FRENA) que en los meses de septiembre y octubre tomaron plazas públicas del centro del país, y que en varios estados organizaron marchas en contra de López Obrador, las cuales se realizaron en automóviles por la pandemia del covid–19.

En este Frente la principal demanda que tienen es la exigencia de
la renuncia de López Obrador, y junto con ello hay acusaciones
de que la actual administración federal nos lleva al comunismo y a la aprobación de leyes polémicas, como la legalización del aborto. Aún es muy prematuro para saber si esta fuerza política se convertirá en partido político para 2024 o se terminará sumando a algún partido ya constituido, pero lo que sí demuestra es que en México existen grupos ultraconservadores y de ultraderecha, que, desde una mirada profundamente autoritaria, buscarán que crezcan liderazgos en México al estilo de Jair Bolsonaro en Brasil o de Donald Trump en Estados Unidos. Esto confirma que México no está exento de lo que pasa en el resto del mundo, donde grupos con estas caracterizan se visibilizan y van teniendo cada vez más peso político.

 

[*]Es director de Integración Comunitaria del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Es licenciado en Sociología por la Universidad de Guadalajara y en Filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac. Tiene una Maestría en Impactos Territoriales de la Globalización por la Universidad Internacional de Andalucía y es doctor en Estudios Científico–Sociales por el ITESO. Colabora semanalmente en Megacanal (televisión), en el podcast “En la Misma Mesa” y en Imagen Jalisco y San Luis Potosí. Es articulista en el Semanario de Guadalajara y en las revistas El Puente y Christus. Es profesor invitado en la Universidad Iberoamericana León. Correo electrónico: jerqmex@hotmail.com

Una pandemia contra el mundo.

Las estrategias para enfrentar al covid–19[*]

Gabriel Urrea Sánchez[**]

Resumen: En este artículo se realiza un análisis de las medidas de control y prevención que tomaron diferentes naciones ante la pandemia del covid–19.
Los países se seleccionaron con base en los resultados que obtuvieron a partir
de sus medidas, tomando ambos extremos de efectividad para comprender los aciertos y desaciertos de cada una de ellas. Se hace una comparación desde lo político, lo ideológico y económico, para situar las acciones realizadas por esas naciones en su contexto local y contrastarlas con las diferencias estructurales
que conforman nuestra región.

Palabras clave: pandemia mundial, estrategias, políticas públicas, sistemas de salud pública, confinamiento, cuarentena, privacidad, tecnología, cubrebocas

 

Abstract: This article analyzes the control and prevention measures taken
by different countries to deal with the covid–19 pandemic. The countries were selected on the basis of the results they have achieved with their measures, with examples taken from both ends of the effectiveness spectrum in order to
understand each country’s hits and misses. Comparisons are made considering political, ideological and economic factors, in order to place the implemented measures in their local context and contrast them with the structural differences that characterize our region.

Key words: worldwide pandemic, strategies, public policies, public health systems, confinement, quarantine, privacy, technology, face masks

 

  1. Paisajes en la batalla

Estamos en guerra con el nuevo coronavirus. Desde presidentes como Donald Trump o Emmanuel Macron a líderes de opinión como Andrew Potter y millones de usuarios de twitter, todos han escogido esas palabras para referirse a la crisis pandémica que nos acecha desde los albores del 2020.

Una verdadera guerra mundial de la que pocos han podido escapar. Un inmenso campo de batalla contra un enemigo invisible. Hay desesperación por encontrar un general que nos guíe a la victoria, el lugar decisivo en donde se le dará un giro a la guerra, un estrategia maestra que termine con ella. Es aquí cuando olvidamos nuestra historia y buscamos suplirla con aspiraciones oníricas. Las guerras son demasiado complejas como para que un genio las resuelva, para que en una trinchera se cante victoria; podrá haber héroes, coraje y canciones sobre los caídos, pero no estarán más cerca de lograr el objetivo.

Con la certeza de que pasarán años antes de que podamos cantar una victoria definitiva, puede quedar en el olvido aquello que se hizo en los primeros meses de combate. Cautos ante esa posibilidad, y ante las limitaciones de espacio, posemos la mirada en algunos pocos países que caminan en la senda hacia la paz y en unos cuantos que aún se encuentran atrapados en estrategias erráticas, cercados por el enemigo. Muy posiblemente el caso de nuestro país.

 

  1. China, la más veloz de todas

Lo importante no es actuar cuando se sabe exactamente a qué te enfrentas, pues puede ser demasiado tarde, sino utilizar lo que sabes para proceder de la mejor manera, y eso es lo que China hizo.

Desde un principio las plataformas gubernamentales, como los canales de televisión y la publicidad callejera, ya difundían información sobre el virus como parte de una iniciativa de la Comisión Nacional de Salud.

La ciudad donde se originó el virus, Wuhan, cierra por completo. Se suspende el trasporte público, los ferris, autobuses a larga distancia, estaciones de tren y aeropuertos. Se prohíbe viajar, cierran las escuelas y las fábricas. Nadie puede entrar o salir de la ciudad.[1]

El rigor de sus protocolos es el máximo, cada provincia debe entregar a las 12:30 a.m., todos los días, un reporte que incluya casos confirmados, muertes, casos sospechosos y contactos.[2]

Arenas deportivas y otras áreas públicas se trasforman en hospitales improvisados donde se atiende a numerosas personas para evitar el colapso del sistema de salud. Más de 16 hospitales improvisados funcionan durante casi dos meses y ayudan a más de 12,000 pacientes a recuperarse. A cada uno de los pacientes que salen positivos se les entrevista para recuperar todos los contactos que tuvo en las dos semanas previas y aislarlos.[3]

El gobierno anuncia desde principios de febrero que todos los gastos médicos de pacientes con covid–19 serán cubiertos por seguros médicos. La ayuda no termina ahí, pues compañías de paquetería se encargan de enviar suplementos esenciales a las comunidades, procurando que no haya escasez de estos, como alimentos, líquido desinfectante y mascarillas.[4] China destaca por sus acciones inmediatas, pero sobre todo por un mensaje claro, directo y firme —autoritario pero efectivo.

 

  1. Taiwán, máxima vigilancia

Tres semanas antes de confirmarse el primer caso de contagio se toman cartas en el asunto.

Desde el último día de 2019 se hacen chequeos de fiebre y temperatura en todos los vuelos provenientes de Wuhan. Aquellos que presentan síntomas o han estado en contacto en los últimos 14 días con un probable portador del virus son puestos en cuarentena en sus casas o en sitios especiales. Aisladas, las personas deben monitorear sus síntomas constantemente; checar su temperatura dos veces al día, usar cubrebocas si viven con más personas y responder diariamente a las llamadas telefónicas del equipo de enfermedades infecciosas.[5]

A todas estas personas el gobierno les proporciona un teléfono especial al que deben marcar y desde el cual se localiza su ubicación. Si se pierde la señal o se encuentra apagado más de 15 minutos se activa una alerta para las autoridades. Al enviarse una de estas alertas las autoridades llaman constantemente para comprobar que la persona sea quien dice ser, el lugar donde se encuentra, y revisar el historial médico y de viajes. La policía hace chequeos iniciales a las casas para revisar que todo esté en orden. Si la persona sale de casa la policía tiene la obligación de encontrarla. Quienes no responden son buscados y entregados a las autoridades.[6]

A pesar de las estrictas medidas nunca se violan los estándares de privacidad para detectar números personales, tarjetas de crédito o cámaras de seguridad. No obstante, las personas que desobedecen la cuarentena y salen de casa son multadas hasta con 10 mil dólares. Se prohíbe el aumento de precios a los productos que ayudan a combatir la pandemia y se multa a quienes no hagan caso a las medidas hasta con 33 mil dólares.[7]

 

  1. Corea del Sur, el precio de la privacidad

Con la aprobación para que las manufactureras nacionales produzcan kits de prueba y la alianza de compañías privadas y el gobierno, este país pone en marcha una estrategia de testing masivo. La prueba dura siete minutos y se hace en todos los lugares públicos posibles, desde drive through hasta cabinas de teléfonos.[8]

Después de cada prueba las cabinas se desinfectan y ventilan, lo que permite que en cada cabina se hagan 70 u 80 pruebas cada día. Los médicos dicen que se sienten más seguros haciendo las pruebas en drive through pues es más rápido que en las cabinas y no hay necesidad de un proceso de desinfección. Las pruebas son gratis y el resultado se recibe en un celular como mensaje un día después. El sector privado es clave para actuar de manera efectiva y eficiente; 90% del sector salud en Corea del Sur y 90% de la capacidad de hacer pruebas corre a cargo de instituciones privadas.[9]

La aplicación Coronamap es la verdadera heroína en la pandemia pues con ella los usuarios pueden saber en dónde se encuentran las personas contagiadas o que son contactos de contagios, así como los lugares que han visitado, para tomar precauciones. Actualizada minuto a minuto y ocultando la identidad, se sabe cuáles autobuses toman e incluso si usan un cubrebocas. La aplicación les envía mensajes para avisarles de un nuevo contagio o posibilidad de contacto, pero no solo se envía a personas que están en el área, hay un equipo que revisa a los contagiados y los lugares por donde pasan y determinan quiénes más pueden haber sido contagiados.[10]

 

  1. Australia, ventajas de una división coordinada

Lo que hace especial el caso australiano es el plan de tres pasos con el que progresivamente incorpora las actividades normales a la sociedad. En estos pasos cada estado y territorio decide de manera independiente cómo proceder, tomando en cuenta las circunstancias locales, con la posibilidad de que los diferentes estados se muevan a velocidades distintas.[11]

El plan de tres pasos toma en cuenta 10 sectores específicos: Reuniones y trabajo, Educación y guarderías, Compra y venta, Cafés y restaurantes, Entretenimiento, Deportes y recreación, Alojamiento, Bodas, funerales y servicios religiosos, Peluquerías y servicios de belleza, y Viajes locales.

Son cuatro los puntos clave que dictan si un estado puede avanzar a una segunda o tercera etapa en las distintas áreas posibles: los patrones de la enfermedad a lo ancho y largo de todo el país; la capacidad de la estrategia de salud para vigilar, detectar, aislar y hacer pruebas suficientes a quienes lo necesiten; la eficiencia del sistema de salud para responder a los brotes de covid–19 y las necesidades de salud cotidianas, y el nivel de respuesta de las personas a las medidas establecidas, o sea, si responden de manera adecuada a ellas.

El gobierno deja en claro desde el principio que no temen retroceder del tercer paso al segundo, o del segundo al primero si la situación lo requiere, teniendo siempre como prioridad alcanzar un estado de seguridad, sin importar el tiempo que tome hacerlo.

Australia también utiliza una app poco invasiva. Cuando la aplicación entra en contacto con otro usuario registra la fecha, la hora,
el tiempo que estuvo en contacto con el usuario y la distancia entre estos, pero tiene estrictamente prohibido rastrear la ubicación de la persona. Si la persona da permiso de utilizar sus datos encriptados
al salir positiva en la prueba las autoridades competentes llaman a las personas que tuvieron contacto con ella para hacerles saber el procedimiento que deben seguir.[12]

 

  1. Reino Unido, la importancia de la anticipación

El primer ministro, Boris Johnson, no convoca a una junta con el Comité de Emergencias para las Crisis cuando se confirma el primer caso de coronavirus en el Reino Unido, en cambio ordena al secretario de Salud que se encargue de la situación. Al anunciarse de manera oficial el inicio de la pandemia Johnson dice en conferencia de prensa que muchas familias perderán inevitablemente a sus seres queridos. Un día después el Festival de Cheltenham se encuentra abarrotado y Johnson dice que hay pocas razones médicas para prohibir este tipo de actividades.[13]

A pesar de que los científicos están preocupados por las posibles consecuencias del virus, Johnson tiene otra agenda. No asiste a juntas del Comité de Emergencias para las Crisis y saluda de mano a personas en hospitales, incluso a principios de marzo. El gobierno deposita su esperanza en los médicos para producir las pruebas y espera que las necesidades adicionales se compren a otros países. Es un problema global y no hay a quién comprar los suplementos necesarios, pues todos los necesitan e incluso compiten por ellos.[14] El Reino Unido es el último de una larga fila que aún espera pruebas para su población.

Ante la falta de pruebas, la presión del resto de Europa y de su propia gente, el Reino Unido se ve obligado a comprar kits a China que aún no han sido probados. Tienen solo 24 horas para responder a la propuesta de 20 millones de dólares por los kits, que deben pagarse por adelantado. Los británicos optan por comprar millones de kits defectuosos que no sirven para diagnosticar correctamente, y pierden una fortuna.[15]

 

  1. Suecia, poder al experto

Lo que distingue a Suecia de los demás países es la competencia de sus departamentos; el Departamento de Salud es independiente del gobierno y autónomo respecto de las medidas para enfrentar el virus. Las fronteras permanecen abiertas, solo se emiten avisos y advertencias a las ciudades y los países de mayor riesgo, pero nunca se ordena una prohibición. La estrategia se basa en la capacidad de la ciudadanía de preocuparse por su salud y en su criterio para saber qué hacer y qué no.[16]

Más de 20 científicos y médicos virólogos critican al Departamento de Salud; exigen que se cierren escuelas, restaurantes y que se confine a personas de la tercera edad, y el uso obligatorio de equipo de protección, así como el distanciamiento físico y cambiar de estrategia lo antes posible. Andrés Tegnell, jefe epidemiólogo de la estrategia, dice que es responsabilidad del ciudadano no propagar la enfermedad.[17]

El Departamento de Salud Pública enlista en su sitio web las medidas que deben tomarse para evitar el contagio, las cuales se limitan a quedarse en casa cuando las personas sientan síntomas, y una vez pasados estos tomarse un par de días más para prevenir un nuevo contagio.[18]

La estrategia pretende no quebrar la economía, pero las finanzas suecas son muy parecidas a las del resto del mundo. Magdalena Anderson, ministra de Economía, dice que la tasa de desempleo probablemente llegue a 13% y el producto interno bruto disminuya a 10%.[19]

A principios de junio Tegnell acepta las fallas en la estrategia y dice que hay mucho espacio para mejoras; se dice arrepentido por la manera en que manejó la situación.[20]

 

  1. Brasil, las batallas del presidente

Además de la batalla contra el coronavirus, Brasil está enfrascado en otra: la del propio presidente, Jair Bolsonaro, contra funcionarios de su gobierno.

A pesar de que no pocos miembros del gabinete quisieron convencer al presidente de llamar a una cuarentena nacional, este prefiere dar prioridad a la economía y desdeñar la amenaza; declara que los expertos exageran y que el virus pasará pronto.[21]

La estrategia de Bolsonaro solo toma en cuenta el aislamiento de personas de la tercera edad y personas en situación de riesgo. Luiz Henrique Mandetta, ministro de Salud, no está de acuerdo y aboga por el aislamiento amplio y la cuarentena nacional. Tras las críticas, aclara su postura y afirma que siempre dirá la verdad, aunque no sea lo que el presidente quiera escuchar. Días más tarde Bolsonaro corre a Mandetta y 15 expertos en salud renuncian tras la destitución de su jefe. El presidente los sustituye con militares.[22]

Negligente ante la situación de emergencia por la que pasa el país, Bolsonaro comienza a levantar las medidas de clausura. Expande la lista de negocios esenciales a puestos de comida, tiendas comerciales, restaurantes, medios de trasporte, negocios de bodegas y talleres de reparación de autos; permisos que da sin consultar con Nelson Teich, nuevo ministro de Salud, lo cual representa el quiebre de una relación que apenas comienza.[23]

En mayo Bolsonaro aprueba una ley que exenta a los servidores públicos de responsabilidad por sus respuestas a la pandemia, a menos que sea una acción con un alto grado de negligencia. Al día siguiente el nuevo ministro de Salud, Teich, presenta su renuncia por diferencias con el presidente.[24]

Bolsonaro da positivo en dos ocasiones a covid–19.

 

  1. Estados Unidos, todo estará bien

El día que se confirma el primer caso de coronavirus el presidente Donald Trump asegura, aun antes de asignar una fuerza especial, que todo está bajo control, se trata tan solo de una persona. A principios
de marzo, cuando la pandemia ya es una funesta realidad, Trump dice que todas las personas que quieran pueden hacerse una prueba, algo que en
ese momento es completamente falso.[25]

Para entonces apenas tres mil personas en todo el país se han hecho la prueba, una persona por cada 100 mil habitantes. Días antes de declararse una emergencia nacional Trump dice que la gripe estacional es mucho más peligrosa que el nuevo virus y que no deben preocuparse, pues en abril el calor lo matará. A pesar de las recomendaciones de distanciamiento físico Trump habla de lo innecesario de la cuarentena nacional pues no todos los estados se encuentran en situación crítica. Anthony Fauci, jefe del Grupo de Trabajo sobre el Coronavirus de la Casa Blanca, dice no entender la razón por la cual el país no entra en cuarentena.[26]

Ignorando las recomendaciones de algunos estados de mantenerse en casa, se suscitan protestas que rechazan la orden y piden la liberación de los estados; en ocasiones piden incluso la renuncia de sus propios gobernadores. Trump lanza tuits en apoyo a los mútiples manifestantes.[27]

Según el presidente, los gobernadores de cada estado tienen la responsabilidad de conseguir el equipo necesario y no deben ver al gobierno federal como un repartidor. Esto obliga a los gobernadores a competir por ganar el escaso equipo de protección que se importa de otros países. Como dice el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, “Es como estar en eBay con otros 50 interesados, ofertando por un ventilador para ver quién se lo queda”.[28] La cifra de muertos se acerca a los 140 mil.

 

  1. México, una confianza excesiva

El día en que se confirma el primer caso de coronavirus en México el presidente Andrés Manuel López Obrador desdeña la gravedad de la situación y dice que no es algo terrible; compara el coronavirus con
la influenza y dice que esta última es más grave.[29]

Vive Latino, un festival musical que se celebra en la Ciudad de México, no se cancela a pesar de haberse declarado ya la jornada de sanidad. Más de 40 mil personas se dan cita ahí; turistas de Europa y Estados Unidos entran al país sin ninguna restricción.[30]

En abril el presidente, siempre sin cubrebocas, se conduce y habla como si no existiera la enfermedad; en sus giras abraza y besa a gente. Con más de 500 muertos declara que la situación le viene al país como “anillo al dedo”. El subsecretario de Salud, Hugo López–Gatell, dice que “el presidente es una fuerza moral, no de contagio” y predice que no habrá más de seis mil muertos. A mediados de abril el presidente afirma que la pandemia está domada y que se ha logrado aplastar la curva de contagios.[31]

Con 9,500 casos y 850 fallecidos el país entra en la tercera fase de la pandemia. Nunca se explica realmente en qué consiste esta fase, solo que el virus se ha propagado a una mayor cantidad de la población. Con la conducta y los mensajes del presidente, que ignora las declaraciones del personal médico, no hay más que confusión.

En el aspecto económico México también va a contracorriente. Es el único país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que no diseña ningún plan masivo para apoyar la economía y proteger el empleo.[32]

Constantemente el gobierno dice que el número de muertes diarias no es correcto.[33] Sin embargo, existe un conflicto clave, si las cifras oficiales no son del todo correctas ¿cómo se puede saber si el número de contagios y su incidencia realmente son exactas como para proceder? Los muertos por covid–19 rondan ya los 40 mil y los pronósticos para noviembre son dramáticos: hasta 90 mil, según la Organización de las Naciones Unidas.

 

  1. Área metropolitana de Guadalajara, por su cuenta

Una semana antes de que el gobierno federal decidiera qué hacer frente a la pandemia el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, pone en marcha medidas precautorias. Las universidades anuncian la suspensión de actividades y clases presenciales y su activación en línea. Todas las escuelas suspenden labores, se cierran casinos, bares, salones de eventos, centros nocturnos y cantinas. Para aminorar la velocidad de los contagios el gobernador pide a la población que se quede en casa durante cinco días y pide cerrar el aeropuerto de Guadalajara, pero no se da el permiso. Son acciones del estado antes de que se llame a la emergencia desde la capital.[34]

Se instalan filtros sanitarios en las principales entradas y salidas del área metropolitana de Guadalajara con la finalidad de verificar el estado de salud de quienes entran y salen, y se busca evitar el flujo masivo de personas limitando el tránsito vehicular y desincentivando la salida y llegada de vacacionistas.[35]

Ante la negativa de la Federación de permitir las pruebas rápidas avaladas por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos, el Gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara presentan el plan “Radar Jalisco: sistema activo y masivo de detección de casos covid–19”, que permite hacer más de 500 pruebas rápidas en la entidad durante mayo, en tres laboratorios certificados por la Universidad de Guadalajara. De esa manera, “Radar Jalisco” presenta números muy distintos a los de la Federación. Además de dar las cifras en frío, se puede saber en qué municipio residen los contagiados, cuántos se descartan gracias a pruebas realizadas y cuántos sospechosos hay.[36]

Las acciones en el área metropolitana de Guadalajara dejan en evidencia las diferencias entre el presidente y el gobernador. Más allá de los resultados, que lejos de ser buenos tampoco son los peores, será en los próximos meses cuando se podrá apreciar en su debida magnitud el éxito o el fracaso.

 

  1. ¿Normalidad?

México regresa a una rara normalidad, aun cuando los contagios no alcanzan su pico máximo, y cada vez es más complicado predecirlo. Pareciera que las autoridades juegan a la ruleta en el casino.

Con números disparados y una curva que emula la trayectoria de un cohete al despegar, el gobierno federal sigue sin aceptar la dimensión de las cifras —multiplíquense por tres, o por ocho… Las declaraciones del subsecretario de Salud López–Gatell obligan a cuestionarnos, en primer lugar, por qué se permite volver a una “nueva normalidad”, lo cual será inevitable pero que desde ya resulta catastrófica debido a la descuidada planeación, a la negligencia y al ocultamiento de la pavorosa realidad. El presidente se lava las manos en lugar de asumir su responsabilidad y viaja a Estados Unidos a dar gracias a Trump.

México es un país en el que nadie parece tener claridad, no de cómo disminuir los efectos desastrosos de la pandemia, sino a quién acudir para tener medidas y respuestas serias y responsables.

 

  1. Cifras oficiales al 30 de agosto

La cifra oficial de muertos en Jalisco es de 2,226.

La cifra oficial de muertos en México es de 64,158.

Corea del Sur, con 51 millones de habitantes, solo ha registrado 323 muertos.

Vietnam, con 90 millones de habitantes, solo ha registrado 32 muertos.

Japón, con 126 millones de habitantes, solo ha registrado 1,264 muertos.

 

[*] Este trabajo es parte de la investigación del mismo nombre que se realizó en Verano de 2020 en el Proyecto de Aplicación Profesional “Mirar la ciudad con otros ojos. Memorias e identidades”.

[**] Estudiante de la Licenciatura en Comunicación y Artes Audiovisuales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

 

[1]       “Wuhan terminó la cuarentena, pero no volvió a la normalidad: los temores a una segunda ola de la pandemia”. En Infobae, 9 de abril de 2020. Recuperado el 20 de junio de 2020, de https://www.infobae.com/america/mundo/2020/04/09/wuhan-termino-la-cuarentena-pero-no-volvio-a-la-normalidad-los-temores-a-una-segunda-ola-de-la-pandemia/

[2]       OMS. “Report of the who–China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (covid–19)”, febrero de 2020. Recuperado de https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf

[3]       “Wuhan terminó la cuarentena…”. Op. cit.

[4]       “Una investigación dio con la fecha exacta del primer caso de coronavirus en el mundo”. En Infobae, 13 de marzo de 2020. Recuperado 19 de junio de 2020, de https://www.infobae.com/america/mundo/2020/03/13/una-investigacion-dio-con-la-fecha-exacta-del-primer-caso-de-coronavirus-en-el-mundo/

[5]       Wang, C.J., C.Y. Ng y R.H. Brook. “Response to covid–19 in Taiwan: big data analytics, new technology, and proactive testing”, en jama, vol.323, núm.14, 3 de marzo de 2020. Recuperado de doi:10.1001/jama.2020.3151

[6]       Lin, C. et al. “Policy Decisions and Use of Information Technology to Fight covid–19. Taiwan”, en Emerging Infectious Diseases, vol.26, núm.7, julio de 2020. Recuperado el 23 de junio de 2020, de https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/7/20-0574-f1

[7]       Wang, C.J., C.Y. Ng y R.H. Brook. Op. cit.

[8]       Cha, V. y D. Kim. “A Timeline of South Korea’s Response to covid–19”, CSIS, Washington, 27 de marzo de 2020. Recuperado de https://www.csis.org/analysis/timeline-south-koreas-response-covid-19

[9]       Kuhn, A. “Experts Credit South Korea’s Extensive Testing For Curbing Coronavirus Spread”, NPR, Washington, 12 de marzo de 2020. Recuperado de https://www.npr.org/2020/03/12/815097813/experts-credit-south-koreas-extensive-testing-for-curbing-coronavirus-spread

[10]     Fisher, M. “How South Korea Flattened the Coronavirus Curve”, en The New York Times, 10 de abril de 2020. Recuperado de https://www.nytimes.com/2020/03/23/world/asia/coronavirus-south-korea-flatten-curve.html

[11]     Australian Government Department of Health. “covidSafe app”, 3 de junio de 2020. Recuperado de https://www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/covidsafe-app

[12]     Australian Government Department of Health. “Easing of coronavirus (covid–19) restrictions”, 12 de junio de 2020. Recuperado de https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-restrictions/easing-of-coronavirus-covid-19-restrictions

[13]     McGee, L. y M. Krever, M. “Where did it go wrong for the uk on coronavirus?”, en CNN, 1 de mayo de 2020. Recuperado de https://edition.cnn.com/2020/04/30/uk/britain-coronavirus-missteps-boris-johnson-analysis-gbr-intl/index.html

[14]     McKie, R. “100 days later: How did Britain fail so badly in dealing with Covid–19?”, en The Guardian, 11 de mayo de 2020. Recuperado de https://www.theguardian.com/world/2020/may/10/100-days-later-how-did-britain-fail-so-badly-in-dealing-with-covid-19, y Perrigo, B. “Coronavirus Could Hit the U.K. Harder Than Any Other European Country. Here’s What Went Wrong”, en Time, 17 de abril de 2020. Recuperado de https://time.com/5823382/britain-coronavirus-response/

[15]     Kirkpatrick, D.D. “u.k. Paid $20 Million for New Coronavirus Tests. They Didn’t Work”, en The New York Times, 7 de mayo de 2020. Recuperado de https://www.nytimes.com/2020/04/16/world/europe/coronavirus-antibody-test-uk.html

[16]     Brueck, H. “Sweden’s gamble on coronavirus herd immunity couldn’t work in the us – and it may not work in Sweden”, en Business Insider, 2 de mayo de 2020. Recuperado de https://www.businessinsider.com/sweden-coronavirus-strategy-explained-culture-of-trust-and-obedience-2020-4?r=MX&IR=T

[17]     Henley, J. “Critics question Swedish approach as coronavirus death toll reaches 1,000”, en The Guardian, 15 de abril de 2020. Recuperado de https://www.theguardian.com/world/2020/apr/15/sweden-coronavirus-death-toll-reaches-1000

[18]     Public Health Agency of Sweden. “covid–19: Protect yourself and others from spread of infection – The Public Health Agency of Sweden”, 25 de junio de 2020. Recuperado de https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/protect-yourself-and-others-from-spread-of-infection/

[19]     Pueyo, T. Coronavirus: “Learning How to Dance”, en Medium, 28 de mayo de 2020. Recuperado de https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-learning-how-to-dance-b8420170203e

[20]     Domínguez Cebrián, B. “Suecia admite fallos en su estrategia contra la pandemia”, en El País, 3 de junio de 2020. Recuperado de https://elpais.com/sociedad/2020-06-03/suecia-admite-fallos-en-su-estrategia-contra-la-pandemia.html

[21]     Eisenhammer, S y G. Stargardter. “Special Report: Bolsonaro brought in his generals to fight coronavirus. Brazil is losing the battle2, en Reuters, 27 de mayo de 2020. Recuperado de https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-brazil-response-sp/special-report-bolsonaro-brought-in-his-generals-to-fight-coronavirus-brazil-is-losing-the-battle-iduskbn2321du

[22]     Camarotti, G. “‘Threat doesn’t work’, says Mandetta in calls to ministers”, en Globo.com, 6 de abril de 2020. Recuperado de https://g1.globo.com/politica/blog/gerson-camarotti/post/2020/04/06/ameaca-nao-da-desabafa-mandetta-a-interlocutores.ghtml, y Eisenhammer, S y G. Stargardter. Op. cit.

[23]     Charner, F.; S. Darlington; C. Hu y T. Barnes. “Brazil coronavirus: Timeline of what Bolsonaro said as the virus spread”, en CNN, 28 de mayo de 2020. Recuperado de https://edition.cnn.com/2020/05/27/americas/coronavirus-brazil-bolsonaro-timeline-intl/index.html, y Boadle, A. y L. Paraguassu. “Bolsonaro visita un mercado para insistir en que ‘Brasil no puede parar’”, en Infobae, 29 de marzo de 2020. Recuperado de https://www.infobae.com/america/agencias/2020/03/29/bolsonaro-visita-un-mercado-para-insistir-en-que-brasil-no-puede-parar/

[24]     Charner, F.; S. Darlington; C. Hu y T. Barnes. Op. cit., y Boadle, A. y L. Paraguassu. Op. cit.

[25]     Villarreal, A. “Four months and 100,000 deaths: the defining Covid–19 moments in the US – timeline”, en The Guardian, 29 de mayo de 2020. Recuperado de https://theguardian.com/us-news/2020/apr/25/us-coronavirus-timeline-trump-cases-deaths

[26]     “The lost six weeks when US failed to contain virus”. En bbc News, 12 de mayo de 2020. Recuperado de https://bbc.com/news/av/world-us-canada-52622037/coronavirus-the-lost-six-weeks-when-us-failed-to-contain-outbreak

[27]     Gabbatt, A. “Lock Her Up Protests Against Michigan Governor”, en The Guardian, 15 de abril de 2020. Recuperado de https://theguardian.com/world/live/2020/apr/15/coronavirus-us-live-trump-decision-cut-who-funding-sparks-outrage-latest-news-updates

[28]     Zurcher, A. “Things the US has got wrong – and got right”, en bbc News, 1 de abril de 2020. Recuperado de https://bbc.com/news/world-us-canada-52125039, y Zurcher, A. “Things the US has got right – and got wrong”, en BBC News, 13 de mayo de 2020. Recuperado de https://bbc.com/news/world-us-canada-52579200

[29]     “Cronología: las polémicas declaraciones de López Obrador sobre la pandemia del coronavirus en México”. En Infobae, 14 de mayo de 2020. Recuperado de https://infobae.com/america/mexico/2020/05/14/cronologia-de-una-pandemia-las-polemicas-declaraciones-de-lopez-obrador-sobre-el-coronavirus-en-mexico/

[30]     Pickrell, E. “Mexico’s coronavirus battle began late”, en San Antonio Express News, 13 de abril de 2020. Recuperado de https://expressnews.com/news/us-world/border-mexico/article/Mexico-s-coronavirus-battle-began-late-15193684.php#photo-19285990

[31]     “Cronología: las polémicas declaraciones…”. Op. cit.

[32]     Coparmex. “Gobierno de México mala estrategia y errática comunicación frente al covid–19”, 22 de junio de 2020. Recuperado de https://coparmex.org.mx/54308-2/

[33]     Morán Breña, C. “México inicia la vuelta a la normalidad más confusa”, en El País, 1 de junio de 2020. Recuperado de https://elpais.com/sociedad/2020-06-01/mexico-inicia-la-vuelta-a-la-normalidad-mas-confusa.html

[34]     “Coronavirus Jalisco: Casos confirmados de covid–19 al 23 de mayo”. En El Universal, 24 de mayo de 2020. Recuperado de https://eluniversal.com.mx/estados/coronavirus-jalisco-casos-confirmados-de-covid-19-al-23-de-mayo

[35]     Gobierno del Estado de Jalisco. “Instalan filtros sanitarios en carreteras de Jalisco para evitar propagación del covid–19”, 4 de marzo de 2020.  Recuperado de https://jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/103233

[36]     Gobierno del Estado de Jalisco. “Ante negativa de la Federación a pruebas rápidas, Gobierno de Jalisco y UDG presentan el plan ‘Radar Jalisco: Sistema de detección activa covid–19’”, 14 de abril de 2020. Recuperado de https://jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/103373

El virus que llegó del otro lado del mar y ahogó una forma de vida

Eduardo Aragón[*]

 

Resumen: La pandemia mundial del coronavirus puso al descubierto la vulnerabilidad de los sistemas sanitarios de buena parte del mundo, pero también algunos aspectos del escenario político actual en donde las agendas políticas parecen estar por encima del bienestar comunitario. México no fue la excepción.

Palabras clave: México, pandemia, coronavirus, covid–19

 

Abstract: The worldwide coronavirus pandemic has laid bare the vulnerability of public health systems in most of the world, but also some aspects of the current political panorama that suggest that political agendas are taking preference over community well–being. Mexico has not been the exception.

Key words: Mexico, pandemic, coronavirus, covid–19

 

La primera referencia a la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus, entonces identificado como 2019–NCOV en los archivos electrónicos de la Secretaría de Salud del gobierno de México, se encuentra el 23 de enero de 2020 en una advertencia de viaje a la ciudad de Wuhan, China,[1] que cita un informe del 31 de diciembre de 2019 de la comisión municipal de salud de esa localidad en que se advierte de un brote de neumonía causado por el virus recién identificado. Una enfermedad para la que se alertaba de una elevada posibilidad de contagio y la inexistencia de medidas de prevención específicas. El documento precisaba los síntomas de la enfermedad: fiebre, tos seca, malestar general y dificultad para respirar, así como el potencial de causar complicaciones respiratorias graves y la muerte.

Hasta el último día de 2019 el gobierno chino reportaba 882 casos de contagio confirmados en 16 ciudades y 26 defunciones. 23 días después de aquel informe chino la alerta de la dependencia mexicana señalaba la presencia del virus en siete países, seis en el continente asiático y Estados Unidos, en casos aislados que en todas las naciones mencionadas podían contarse con los dedos de una mano. Seis meses después, al último día de junio el registro global de la Universidad Johns Hopkins reportaba 10.3 millones de infectados en el mundo y 505 mil muertes por la enfermedad.[2] Las cifras lamentablemente siguieron creciendo en un continente que se convirtió rápidamente en el epicentro de la pandemia surgida del otro lado del mundo. En México, a seis meses de aquel informe chino, la cifra de contagios era de 220,657 casos y 27,121 fallecimientos por la enfermedad y quién sabe cuáles serán los números finales, porque a juzgar por las múltiples y fallidas previsiones de los expertos al frente del manejo de la pandemia, la estadística es tan precisa como un mazo de cartas y la predicción de una vidente.

La frialdad de las cifras ofrece un vistazo rápido pero muy limitado del rápido desarrollo de la trasmisión del virus y las estrategias instrumentadas por autoridades sanitarias en el mundo ante un enemigo invisible que cruzó imparable las fronteras de un mundo interconectado como nunca en la historia. El virus, rebautizado el 11 de febrero por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo severo, SRAS–CoV–2, era reconocido ya por el mismo organismo como pandemia, activando las alertas alrededor del mundo por el brutal efecto que provoca la enfermedad, renombrada como covid–19,[3] en pacientes de sectores especialmente vulnerables, como los mayores de 65 años y quienes presentan factores de comorbilidad como diabetes, obesidad, hipertensión arterial y enfermedades cardiacas y respiratorias.

La información llegada de otras naciones mostraba signos alarmantes de un crecimiento exponencial de los contagios y el número de pacientes que requería atención médica de urgencia por síntomas graves de la enfermedad y algunas naciones europeas pusieron en marcha medidas de aislamiento y controles sanitarios en sus fronteras. Medidas que fueron observadas con distintos grados de responsabilidad por los ciudadanos, lo que facilitó la rápida diseminación de un virus que derivó en las apocalípticas imágenes que la pandemia provocaría semanas después en naciones como Italia y España, con largos convoyes de camiones sanitarios repletos de cuerpos que salían por decenas de los hospitales con rumbo a los saturados crematorios donde, por indicación sanitaria, debían ser procesados sin contacto humano alguno, para destruir su potencial contagioso.

En México el arribo de la pandemia estuvo marcado por un doble discurso inicial de las autoridades que, al mismo tiempo que informaban y aseguraban tener ya lista la estrategia para enfrentar el desafío, por otro lado parecían minimizar el impacto que la enfermedad tendría en el país. El 28 de febrero el epidemiólogo y subsecretario para la Prevención y Promoción de la Salud en la Secretaría de Salud, Hugo López–Gatell, vocero de la comisión para atender la pandemia en México, confirmaba el primer caso en el país: un ciudadano mexicano recién llegado de Italia, la nación europea hasta entonces más afectada. Ese mismo día el presidente Andrés Manuel López Obrador, en alusión a la información recibida del propio López–Gatell y el secretario de Salud, Jorge Alcocer, al que describió como una “eminencia” citando sus credenciales académicas, dijo sobre la enfermedad que: “No es, repito, según la información que se tiene, algo terrible, fatal, ni siquiera es equivalente a la influenza”.[4] Miles de muertos después, con cifras superiores por mucho a las primeras previsiones, el discurso oficial reconoció la gravedad del problema, aunque siempre ha mantenido que la estrategia adoptada desde el principio es la misma y que, pese a la trágica pérdida de vidas por la enfermedad, fue la adecuada para enfrentar el desafío comunitario.

Aquel mismo 28 de febrero, ante la insistencia de la prensa, el presidente López Obrador había señalado en la conferencia matutina que el país estaba preparado para enfrentar el reto sanitario: “Tenemos los médicos, los especialistas, los hospitales, la capacidad para hacerle frente a este caso del coronavirus; en la medida en que se vaya desarrollando, presentando, vamos a atender los casos”.[5] Un discurso que con el crecimiento de las solicitudes de atención en los hospitales cambió a una insistente reiteración del precario estado en que las administraciones previas habían dejado el sistema de salud, debilitado en equipamiento y con un rezago importante de especialistas médicos que, según reportes de las propias autoridades sanitarias, era de 6 mil médicos y de 23 mil en el renglón de personal de enfermería. El déficit sirvió de justificación para que el gobierno mexicano firmara un acuerdo con su similar de Cuba para pagar 135 millones de pesos por tres meses de servicios médicos de variada naturaleza de 585 especialistas cubanos.[6] Acuerdo que generó protestas de profesionales de la medicina que lamentaron públicamente que esos recursos fueran destinados a la contratación de especialistas extranjeros y no a la compra de equipamiento o al mejoramiento general de las condiciones laborales del personal sanitario mexicano ya contratado. Un frente de batalla que se enrareció más cuando el 8 de mayo López Obrador dijo en una de sus conferencias que durante lo que llama el periodo neoliberal de sus predecesores había médicos que solo buscaban enriquecerse. El comentario fue respondido con el posicionamiento de al menos una docena de asociaciones médicas que exigieron una disculpa pública del mandatario. La disculpa finalmente llegó días después, con la explicación de que el comentario había sido tergiversado por la prensa de sus adversarios conservadores, una de las trincheras de batalla más visitadas por el presidente mexicano para justificar las acciones de su administración y sus subalternos ante las críticas internas y externas de la estrategia.

El plan de comunicación a la población general de parte de las autoridades sanitarias consistió desde un inicio en repetir el mensaje preventivo esencial de la importancia de tomar acciones constantes de higienización personal y domiciliaria: lavarse las manos con abundante agua y jabón y el uso de desinfectantes de gel con base de alcohol, evitar tocarse la cara con las manos, evitar saludar a otros de mano y limpiar superficies con limpiadores con cloro, entre otras indicaciones destinadas a reducir el riesgo de contagio de una persona a otra. El uso del cubrebocas, que se convertiría en uno de los símbolos preventivos más controvertidos, no solo en México sino en otros países, se recomendaba únicamente para las personas que sospecharan de haber sido contagiados o ya tuvieran confirmado el contagio.

Pese a la información de las medidas de prevención sanitaria repetidas en las conferencias de las autoridades sanitarias, ahora convertidas en un ejercicio cotidiano, en las calles la actividad económica y social se mantuvo prácticamente sin cambio alguno. Si bien muchos adoptaron la práctica sanitaria del lavado constante de manos, aún no se establecía la obligatoriedad de restringir los contactos. Mientras las noticias llegadas de Europa mostraban un aluvión de casos que motivaban medidas cada vez más radicales de restricción a la movilidad y de contención domiciliaria en España, Italia, Alemania y otras naciones, en México los medios mostraban imágenes del mandatario rodeado de gente y soslayando la higienización de manos con gel antes de las conferencias matutinas, pese a que ya era una práctica cotidiana para los funcionarios que lo acompañaban en el estrado. El 12 de marzo el presidente insistía en que seguía las recomendaciones de los técnicos y especialistas a cargo de la observación de la pandemia porque decía: “Yo no soy todólogo”, y de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades sanitarias no se consideraba imprescindible restringir la movilidad presidencial, como tampoco la suspensión de eventos masivos como el festival Vive Latino en la Ciudad de México, al que se esperaba una asistencia de unas 40 mil personas.[7]

Dos días después, el 14 de marzo, se informó que sería el 23 del mismo mes y hasta el 19 de abril cuando se pondría en marcha en todo el país la llamada jornada nacional de sana distancia, con la recomendación de la Secretaría de Salud de suspender las actividades no esenciales y, entonces sí, cancelar las actividades que involucraran la congregación y la movilidad de las personas, y se recomendó la reprogramación de eventos que significaran reunir a más de cinco mil personas.[8] Era el comienzo oficial de la cuarentena en el país. La recomendación a partir de ese momento, insistía López–Gatell, era quedarse en casa para reducir la posibilidad de contagios en espacios públicos. El discurso era que mientras más ciudadanos permaneciéramos en nuestros hogares, más rápido sería el regreso a la normalidad, después de un pico que se estimó entonces para la segunda mitad del mes de abril. La estrategia sanitaria, insistía el vocero, consistía en restringir el contacto físico al mínimo posible con el fin de aplanar la curva de contagios y evitar la saturación de los hospitales para atender a los enfermos más graves, la reconversión de hospitales para destinar el mayor número de camas y de unidades de cuidados intensivos a los pacientes que más las necesitaran. ¿Las pruebas masivas de detección temprana de contagios formaban parte de la estrategia, como recomendaba la propia oms? No. Así lo dejó claro López–Gatell, porque el modelo elegido de vigilancia en México, el modelo Centinela, permitiría el seguimiento de la propagación del virus a partir de estimaciones con base en los casos recibidos y confirmados en los puntos de vigilancia epidemiológica, en el caso de México, instalados en hospitales y clínicas del sector salud. Por entonces, estimaba el propio epidemiólogo, el pico de contagios de la pandemia se alcanzaría a mediados del mes de abril, en tanto que el número de muertes por covid–19 se ubicaría entre 3 mil y 6 mil en un escenario extremo. López Obrador consideró entonces en su conferencia matutina que el país estaría fuera de peligro y con la pandemia bajo control el 19 de abril. Algo que el propio Lopez–Gatell respondió con un nervioso “Más o menos”. El tiempo se encargaría de responder que la opción correcta de respuesta sería “más” y no “menos”.

La contención de la epidemia también había abierto ya frentes de
confrontación con gobiernos estatales a los que desde la Ciudad
de México se les había reconocido como responsables de la estrategia local de contención de acuerdo con las condiciones locales de propagación del virus. En concreto, desde Jalisco y Nuevo León, los gobernadores Enrique Alfaro y Jaime Rodríguez manifestaban públicamente su descontento con la política nacional de oposición a la aplicación de pruebas de detección temprana. Una confrontación que llevó a la adopción de medidas de contención social y confinamiento domiciliario voluntario, antes de la fecha estipulada para todo el país del 23 de marzo. Esto incluyó la suspensión de las actividades escolares presenciales, el cierre de negocios como restaurantes, bares, centros comerciales y tiendas departamentales. Pese a las quejas de algunos sectores económicos por el riesgo que estas medidas podrían representar para la supervivencia de las empresas, se les comenzó a aplicar junto con un repetitivo llamado a la población a respetar las medidas recomendadas de confinamiento. Medidas que si bien fueron visibles en ciertos sectores de la población, dejaron en evidencia la brecha económica que obliga a millones de mexicanos a buscarse la subsistencia diaria en actividades informales. Mientras los centros comerciales y los supermercados estaban cerrados o con restricciones de ingreso, en las calles los tianguis y los vendedores informales continuaron con sus actividades, enfrentando la posibilidad de los contagios como un riesgo inevitable y necesario ante la urgencia cotidiana de obtener los recursos para mantener a sus familias.

La cuarentena, un esfuerzo colectivo para contener la propagación del virus, parecía para algunos un mero inconveniente pasajero, tan necesario como urgente. Otros, sin embargo, comenzaban a alzar la voz por el impacto económico en miles de negocios, aquellos que permiten a pequeños empresarios mantener a sus familias. Las demandas de apoyo a las grandes empresas para sostener miles de puestos de trabajo fueron desestimadas por el gobierno federal, que justificó no destinar recursos de apoyo a los empresarios para enviarlos directamente a los negocios. El monto anunciado de estos denominados “Créditos solidarios a la palabra” de 25 mil pesos se entregaría a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Economía a aquellos pequeños empresarios que demostraran que no despidieron a sus trabajadores desde el mes de enero, cuando se preveía ya un deterioro económico como efecto paralelo a la pandemia. El programa se anunció el 21 de abril, casi un mes después de la instrumentación de las medidas de distanciamiento social y cierre de actividades no esenciales. Hasta los primeros días del mes de junio se habían entregado casi 450 mil créditos por un monto superior a los 11,350 millones de pesos; la meta de la Secretaría de Economía es llegar a un millón de apoyos entregados y cumplir con la meta de 25 mil millones de pesos fijada por el gobierno federal. Sobre los resultados del programa y qué tan eficaces resultaron los créditos para salvar del cierre a los propietarios de pequeños negocios aún falta mucho para una evaluación certera.

El efecto de la pandemia también tuvo un impacto demoledor en los empleos de las grandes empresas. En los meses de marzo, abril y mayo el IMSS reportó la pérdida de más de un millón de puestos de trabajo registrados por las empresas ante la dependencia, siendo el mes de abril el peor periodo, con más de 550 mil trabajos formales perdidos. Una cifra que sin duda habla del impacto en la economía nacional, cuya perspectiva anual ha sido continuamente ajustada a la baja por organismos externos, de acuerdo con las condiciones de una economía global deprimida y profundamente afectada por el paro total impuesto alrededor del mundo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó una caída del producto interno bruto (PIB) para México de 10.5%, casi 4 puntos por debajo de la estimación hecha en abril.

La recuperación, como se prevé a escala global, no será rápida y se estima que tome al menos un par de años recobrar las cifras de 2018. La perspectiva, en todo caso, complica el panorama para un país que ya veía afectada su actividad económica ante las políticas de austeridad ordenadas por el gobierno federal, aunadas a decisiones que afectaron la viabilidad del país como destino de inversiones extranjeras, principalmente en el sector energético. El gobierno de López Obrador sigue sosteniendo que los análisis de observadores internos y externos son fatalistas y que la inversión sigue llegando. Mientras tanto, y lejos de los salones de Palacio Nacional, donde se decide la política económica del país y de las salas de consejo de los organismos internacionales, es un hecho que en las calles es perceptible un cambio ante las nuevas condiciones económicas. En redes sociales aumentan las ofertas de productos y servicios de profesionales que se han visto obligados a buscar mecanismos alternos para mantener sus ingresos y de manera más radical, solo en la Ciudad de México, algunos prestadores de atención a personas de bajos ingresos reportan un incremento notable de los solicitantes de apoyo alimenticio, con el arribo de personas que antes no se veían en esos sitios: exempleados de grandes empresas cuyos ahorros se agotaron y profesionistas cuyos servicios dejaron de ser solicitados en un mercado deprimido cuyas prioridades se trasformaron también como efecto de la pandemia.

Como sociedad, el impacto también se puso de manifiesto en un incremento de las llamadas para denunciar situaciones de abuso físico dentro de las familias. Según un informe de la Unicef, fechado el 15 de mayo, desde el inicio de la contingencia se habían registrado 115,614 llamadas de emergencia al 911 por incidentes como abuso sexual, acoso sexual, violación, violencia de pareja y violencia familiar. Un incremento de 28% solo en marzo en relación con el mes de enero.[9] De acuerdo con el mismo documento, según la Red Nacional de Refugios, las llamadas de auxilio crecieron entre 60% y 80%, en tanto que las solicitudes de ingreso a estos lugares de asistencia creció 30%. Una vez más, el presidente de México encendió la controversia en una de sus conferencias matutinas al asegurar que su administración está trabajando como ninguna otra en la protección de las mujeres y de los menores contra la violencia, pero que, sin negar la realidad de la existencia de la violencia contra las mujeres porque no quería que sus declaraciones fueran sacadas de contexto, había que considerar que 90% de las llamadas a los números de emergencia son falsas, aseguró, mientras descartaba que el aumento tuviera su origen en las condiciones de confinamiento por la contingencia sanitaria.[10] El presidente aludió a la tradición familiar de los hogares mexicanos de compartir con la familia extendida en armonía, a diferencia de otras latitudes, dijo, donde no existe esta cultura y el aislamiento sí podría haber repercutido en un aumento de la violencia. Las cifras, sin embargo, son claras y la armonía en muchos hogares mexicanos se rompió por arriba de los parámetros usualmente registrados por las redes de asistencia.

¿Cuándo y cómo terminará la pandemia de covid–19? Cuando una vacuna esté disponible masivamente para su aplicación en el mundo. Los esfuerzos multinacionales, a distintos niveles y realizados desde laboratorios en Europa, Estados Unidos, China o Rusia, apuntaban a que un inmunizador, o varios, podrían estar listos antes de que termine 2020 y que podría producirse masivamente durante 2021. México coopera en el esfuerzo internacional de investigación para el desarrollo con cuatro proyectos, que incluyen una vacuna recombinante de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Biotecnología (UNAM–IBT), una vacuna veterinaria de Avimex–UNAM–IMSS, otra vacuna de ADN del Tecnológico de Monterrey y la Universidad Autónoma de Baja California (ITESM–UABC) y una vacuna de péptidos de la Universidad Autónoma de Querétaro y el Instituto Politécnico Nacional (UAQ–IPN), según informó el 21 de julio el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, quien aseguró que “México va a llegar a tiempo” con la vacuna y coopera en este esfuerzo para asegurar que el inmunizador esté disponible a un costo razonable para todas las poblaciones y no solo para los más privilegiados económicamente.[11]

¿Y los efectos paralelos de la pandemia de covid–19 desaparecerán junto con la amenaza sanitaria del virus SRAS–CoV–2? Seguramente no, según advierten especialistas de los más diversos campos. Por principio de cuentas la economía tardará quizá más de un año en recuperar los niveles previos a la emergencia sanitaria, pero los efectos más duraderos deberían reflejarse en la manera en que nos relacionamos en la cotidianidad, la forma en que viajamos por trabajo o placer, el replanteamiento de la manera en que trabajamos y, sobre todo, cuáles son las prioridades en nuestras vidas y qué tanta responsabilidad asumimos respecto de las decisiones y acciones propias. La nueva normalidad, como la han denominado gobernantes alrededor del mundo, dicen los expertos, no será o por lo menos no debería ser un regreso a la realidad que comenzó a resquebrajarse a finales de 2019. A lo largo de 2020 hemos recibido lecciones suficientes para reescribir el futuro que quizá ya no sea como lo imaginamos. O tal vez solo haya comenzado la parte más difícil de la instrucción.

 

[*] Es periodista desde 1995. Laboró como reportero y editor en los diarios Siglo 21 y Público de Guadalajara. Fue editor de las revistas Open y Auto Bild y gerente de comunicación corporativa de Honda de México. Desde 2010 es productor de CNN en Español, donde tiene a su cargo la producción del programa “Perspectivas desde México”. Vive en la Ciudad de México. Correo electrónico: eduardo.aragon@cnn.com

 

[1]       Secretaría de Salud. “Aviso preventivo de viaje a Wuhan, China, por neumonía por nuevo coronavirus (2019–ncov)”, uies–aviso–viaje–nnc–v02–2020, 23 de enero de 2020. Recuperado el 30 de junio de 2020, de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/528064/apv-Wuhan-China-nCoV2019.pdf

[2]       “Coronavirus 30 de junio, minuto a minuto: Fauci: Estados Unidos está ‘yendo en la dirección equivocada’”. En CNN en Español, 30 de junio de 2020. Recuperado el 1 de julio de 2020, de https://cnnespanol.cnn.com/2020/06/30/coronavirus-30-de-junio-minuto-a-minuto-se-cumplen-seis-meses-desde-primer-reporte-sobre-brote-desconocido-en-china/

[3]       OMS. “Los nombres de la enfermedad por coronavirus (covid–19) y del virus que la causa”, s.f. Recuperado el 30 de junio de 2020, de https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it

[4]       López Obrador, A.M. “Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador”, 28 de febrero de 2020. Recuperado el 30 de junio de 2020, de https://lopezobrador.org.mx/2020/02/28/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-266/

[5]       Idem.

[6]       “El gobierno de México pagó a Cuba 135 mdp por los servicios de 585 médicos”. En Expansión, 16 de junio de 2020. Recuperado el 30 de junio de 2020, de https://politica.expansion.mx/mexico/2020/06/16/el-gobierno-de-mexico-pago-a-cuba-135-mdp-por-los-servicios-de-585-medicos

[7]       López Obrador, A.M. “Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador”, 12 de marzo de 2020. Recuperado el 30 de junio de 2020, de https://lopezobrador.org.mx/2020/03/12/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-275/

[8]       Secretaría de Salud. “Jornada Nacional de Sana distancia”, s.f. Recuperado el 30 de junio de 2020, de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/541687/Jornada_Nacional_de_Sana_Distancia.pdf

[9]       Unicef. “unicef: Urge reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes en México ante el incremento de la violencia contra la infancia”, comunicado de prensa, 18 de mayo de 2020. Recuperado el 30 de junio de 2020, de https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/unicef-urge-reforzar-la-protecci%C3%B3n-de-ni%C3%B1as-ni%C3%B1os-y-adolescentes-en-m%C3%A9xico-ante

[10]     “90% de llamadas para denunciar violencia contra las mujeres son falsas: López Obrador”. En El Financiero, 15 de mayo de 2020. Recuperado el 30 de junio de 2020, de https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/90-de-llamadas-para-denunciar-violencia-contra-las-mujeres-son-falsas-lopez-obrador

[11]     “Este año habría vacuna contra covid–19 y México va a llegar a tiempo: Ebrard”. En Forbes, 21 de julio de 2020. Recuperado el 30 de junio de 2020, de https://www.forbes.com.mx/politica-este-ano-habria-vacuna-contra-covid-19-y-mexico-va-a-llegar-a-tiempo-ebrard/