¿Qué pasó en las elecciones intermedias estadunidenses?

David Foust Rodríguez[*]

Resumen: el 6 de noviembre de 2018, se realizaron las elecciones intermedias en Estados Unidos de América. Muchas posiciones políticas estaban en juego: la Cámara de Representantes (cámara baja), un total de senadurías equivalente a la representación de 75% de la población total, gubernaturas y legislaturas locales, alcaldías. Pero sin duda lo más importante: las midterm elections son tomadas como un voto de confianza o de censura para el presidente de la república en turno, y como un sismógrafo de los movimientos que podrían llevarlo a la reelección o a su sustitución. En este artículo, analizaremos el proceso y los resultados electorales para tratar de comprender qué pasó en las recientes elecciones intermedias estadunidenses.
Palabras clave: Trump, Partido Demócrata, elecciones intermedias, Estados Unidos.

Abstract: On November 6, 2018, mid–term elections were held in the United States. Many political positions were at stake: the House of Representatives (lower house), a total of Senate seats representing 75% of the total population, governorships and state legislatures, mayoralties. But undoubtedly the most important reading is that the mid–terms are seen as a vote of confidence or rejection of the sitting president, a sort of seismograph of the movements that might lead to his reelection or defeat. This article analyzes the electoral process and results, in order to try to understand what happened in the latest u.s. mid–term elections.
Key words: Trump, Democratic Party, mid–term elections, United States.

 

1. Votación y resultados históricos

A diferencia de otros países de Primer Mundo, que tienen porcentajes mayores a 80% de votación, Estados Unidos tiene niveles de participación electoral relativamente bajos (en los últimos 50 años ha votado, en promedio, la mitad del padrón). Aunque, en general, se puede votar de forma anticipada y hasta por correo, el país tiene ciertas particularidades para poder sufragar: hay que registrarse, y el día de la elección es el martes (no el domingo, como en México); los patrones no están obligados a ceder el día para que los trabajadores vayan a votar. Además, en no pocas ocasiones y estados ha habido y hay problemas de padrones rasurados u objeciones legaloides que impiden votar a amplios sectores de la población. Existen, pues, incentivos para no votar.[1]

En las pasadas elecciones intermedias estadunidenses, de noviembre de 2018, participaron 113 millones de votantes, cerca de 50% del padrón. Pareciera estar dentro de la media, de acuerdo con lo que acabamos de decir. Sin embargo, ha sido la mayor participación en elecciones intermedias desde hace más de 50 años (según algunos cálculos, desde 1914).[2]

Los demócratas no solo recuperaron la cámara baja, lograron tener el control total (gubernaturas y legislaturas locales) de seis estados más (con lo cual suman 14); ganaron en bastiones históricamente republicanos en California, y recuperaron posiciones relevantes en Nevada, Carolina del Sur, Virginia, Minnesota, Texas. Estuvieron a punto de hacerse de las difíciles gubernaturas de Texas, Florida y Georgia con candidatos abiertamente de izquierda y antirracistas. En suma, los demócratas se apuntaron el mejor resultado de elecciones intermedias de los últimos 40 años, apenas equiparable al de 1976, después de la debacle republicana de Richard Nixon y el Watergate.[3]

2. Entonces, ¿ganaron los demócratas? Fue un voto de censura contra Trump?

Ari Melber y Rachel Maddow, ambos comentaristas en MSNBC, hicieron un entusiasta balance de la jornada comicial: “los demócratas aplastaron a Trump en la mayor barrida de elecciones intermedias de los últimos 40 años”, cabeceó Melber. Maddow, a su vez, destacó la influencia contraproducente de Trump: las y los candidatos con espaldarazo del presidente, algunos de estados de voto duro republicano, perdieron, en su mayoría, contra mujeres de perfil liberal o progresista.[4] David Leonhardt presentó en su columna del New York Times varios testimonios de votantes republicanos, hombres y mujeres, que, esta vez, votarían por los demócratas en el afán de hacer un poco de contrapeso a Trump.[5]

El juicio a favor de los Demócratas parecería claro: fue un voto de censura contra Trump. ¿Por qué rechazan algunos analistas la existencia de una “ola azul” y hablan de “un voto dividido” o una “América dividida”?[6] Por un mero sesgo ideológico, y por un déficit democrático, diría Melber. Hillary Clinton —insiste el analista de MSNBC— ganó el voto popular, pero el hecho de que Trump sea el presidente solo puede explicarse por un vestigio antidemocrático del sistema político estadunidense. ¿Es así?

Veamos esto en una perspectiva más amplia (hagamos zoom out). Es verdad que el Colegio Electoral es un recordatorio constante del carácter elitista y antidemocrático del sistema político estadunidense.[7] No obstante, seguir pensando así es negar la realidad: Trump es el presidente de Estados Unidos y, pese a la abrumadora evidencia, no hay, ni siquiera después de las elecciones intermedias, condiciones políticas para proceder al juicio político (impeachment). El Partido Demócrata recuperó la cámara baja, pero el Senado sigue teniendo mayoría republicana, y la elección de Brett Kavanaugh confirmó el viraje a la derecha en la Suprema Corte. Estados Unidos sigue cargado a la derecha, y a una derecha trumpificada, como dicen Scott Isbell y algunos analistas.[8] Empecinarse en alegar que hay un “déficit democrático”[9] es querer buscar explicaciones del tipo: “si nuestro sistema fuera más representativo, nadie como Trump (es decir: racista, xenofóbico, cínico, misógino, ultra–derechista, etcétera) podría ser presidente”; es negarse a aceptar que el Partido Demócrata sigue perdido en su laberinto y que la sociedad estadunidense está en una crisis muy grave. Tan grave que algunos han caracterizado como “una epidemia de soledad”.[10]

3. La “estrategia dual” y el dilema del partido Demócrata

Contra Melber, podemos argumentar que el Congreso 116 es el más diverso de toda la historia de Estados Unidos, en términos de edades, género, etnia y religión.[11] En este sentido, es más representativa de la población estadunidense. Los filtros y las inercias antidemocráticos no fueron capaces de impedir que estas sacudidas de la base se tradujeran en más legisladores representantes de jóvenes, mujeres, minorías étnicas o religiosas.

El modelo de William Winders[12] podría ser el más adecuado para explicar este viraje; propone que hay tres elementos que explican un mayor porcentaje de participación electoral en Estados Unidos: conflicto o consolidación entre los segmentos de clase dominantes (conflicto, en este caso); actividad de movimientos sociales, y movilización de los partidos políticos. Steve Phillips[13] enfatiza el papel de la movilización, entendida como trabajo electoral de base: visitas casa por casa, mítines, reuniones vecinales, etcétera.

Pero no solo hubo “ola azul” de izquierda.[14] “El Partido Demócrata escogió mal momento para tener crisis de identidad”, fue el título que escogió Thomas Edsall para su columna del 2 de agosto de 2018.[15] En su siguiente columna, el mismo Edsall escribía sobre los dos futuros alternativos del Partido Demócrata.[16] Y poco antes de la elección (octubre 22), David Brooks criticaba con acritud al partido “materialista” (el Demócrata) por no comprender que el momento actual no era uno de debate sobre política económica sino de lucha cultural.[17] Esta tensión —estrategia dual, le llama Edsall[18]— puede remontarse mucho más atrás.

La Convención Demócrata de 1968 fue un desastre: los jefes del partido hicieron la convención en Chicago, sede de uno de los cacicazgos más fuertes de esa maquinaria política. Esos mismos jefes, mediante sus delegados, nominaron al vicepresidente Hubert Humprey como candidato; un hombre del sistema que rechazó exponerse a elecciones primarias, como sí lo hizo el senador Eugene McCarthy. Hubo protestas antiguerra de Vietnam que fueron reprimidas con severidad, misma que fue criticada por un senador desde la tribuna; a la vez, el alcalde de Chicago gritó groserías al senador. El candidato del Partido Demócrata perdió contra Nixon.

Después se formó la comisión McGovern–Fraser, que logró modificar el sistema de elección de delegados a la convención, dando más poder a las minorías y a los movimientos de base e iniciando el sesgo hacia cuestiones de identidad.[19] En 1972, grupos de base —pacifistas, socialistas, feministas, lésbico–gays, proafroamericanos y latinos— lograron tener representación mayoritaria en la Convención Demócrata y elegir al senador George McGovern, un candidato presidencial abiertamente antiguerra de Vietnam y de izquierda. La campaña fue un desastre por la confluencia de tres factores: los trucos sucios de Nixon y su equipo (que salieron a la luz con el escándalo de Watergate), la inexperiencia electoral de las dirigencias de movimientos sociales y el boicot de la misma maquinaria demócrata. McGovern solo ganó en Massachusetts, quizá impulsado por el poderoso senador Ted Kennedy.

En 1976 ganó Jimmy Carter, pero luego perdió la reelección contra Ronald Reagan. No hubo presidente demócrata hasta Bill Clinton, en 1992.[20] En ese lapso, la llamada revolución conservadora de Reagan et al logró derechizar al Partido Republicano, pero también al Demócrata.[21] Al mismo tiempo, se colapsó el bloque soviético y se inició la reconversión de un capitalismo centrado en la manufactura a una economía de la información, las telecomunicaciones y las finanzas. Las ventajas de esta nueva economía fueron capturadas por profesionistas con formación en tecnología, muchos de ellos votantes demócratas.[22] ¿Los perdedores? Trabajadores manuales, muchos de ellos de color.[23]

Tras la derrota de 1972 y la de 1980, se conformó la Comisión Hunt.  La lógica era la siguiente: si las elecciones primarias están cada vez más sesgadas hacia los extremos (como lo muestra el estudio de Seth Hill y Chris Tausanovich),[24] entonces los “superdelegados” corregirán este sesgo y lograrán la nominación de un candidato moderado, de centro, que conquiste el electorado y dé buenos resultados… como Hillary Clinton (!).[25] El aparente retroceso de la comisión Hunt partía de una premisa de suyo cierta: “el informe de 1981 del Consejo Nacional Demócrata notó diferencias significativas entre los electores que participaban en las primarias y en la elección general; los primeros tendían a tener mayor escolaridad y eran de clase media”.[26]

El sesgo de las primarias es claro: participan votantes con mayor grado de escolaridad y de ingresos, más jóvenes que el promedio, educados (as) en las mejores universidades de las costas, este y oeste, con una puntuación alta hacia el polo liberal en el eje liberal–autoritario; es decir, otorgan más prioridad a temas como derechos lésbico–gay, igualdad de género y equidad racial.[27] Si los votantes de las primarias sesgan la elección hacia la izquierda, ¿deberán los superdelegados orientarla hacia el centro y favorecer candidatos moderados o de centro–derecha? En mi opinión, es un dilema mal planteado: más que a la izquierda (eje de las X), los electores de las primarias inclinan la balanza hacia el polo liberal (eje de las Y). Por lo tanto, el contrapeso necesario no ha de estar en el eje izquierda–derecha sino en el liberal–autoritario (o liberal–conservador).[28]

Como está mal planteado el dilema, se constituye en premisa falsa y lleva a un falso corolario, a saber: que la estrategia correcta es optar por un candidato, hombre o mujer, moderado (Hillary Clinton), en lugar
de uno más izquierdista (Bernie Sanders). Bajo esta premisa, candidatos demócratas de “estados rojos” fueron tímidos en presentarse como antitrump; algunos incluso cedieron en algunas posiciones y discursos.

Pero esta estrategia está condenada al fracaso, como atinadamente advierte Phillips:[29]

La sabiduría convencional dictaría que tanto el Sr. Gillum [candidato a gobernador en Florida], como la Señorita Abrams [candidata a gobernadora en Georgia] no representaban la mejor opción Demócrata; candidatos blancos más tradicionales y moderados serían más competitivos. Bajo esta perspectiva, los candidatos moderados pueden atraer más a votantes blancos indecisos.

Los resultados de las elecciones intermedias constituyen una demostración del carácter falaz de esta perspectiva. En Missouri, Claire Mc Caskill, la senadora Demócrata en campaña para reelegirse, perdió contra John Hawley por seis puntos porcentuales.

La senadora McCaskill subrayó sus credenciales moderadas en campaña y lanzó un anuncio en la radio distanciándose de su partido: “Claire no es una de esas locas Demócratas”, decía el narrador. “Ella trabaja desde el centro y busca llegar a acuerdos” [comentaré sobre este punto más adelante].

En Tennessee, Phil Bredesen, el exgobernador del estado, perdió la senaduría por más de 10 puntos a pesar de tratar de conquistar a los que apoyan a Trump al apoyar la confirmación de Kavanaugh para la Suprema Corte.

El Sr. Gillum y la Srita. Abrams hicieron exactamente lo que hizo el Sr. Obama: inspiraron a personas en todo el espectro racial a participar y votar, y lo hicieron siendo francamente progresistas. No fueron
tímidos en enarbolar la expansión del Medicaid, ni en promover la reforma del sistema penal y las políticas de control de armas.

Coincido con Phillips cuando afirma que es un error seguirle apostando a un centro difuso y tímido. Las y los candidatos demócratas necesitan ser abiertamente de izquierda para lograr una coalición ganadora. En lo que no coincido es en criticar la disposición a la negociación y en presentarse como progresistas. Insisto: se trata de un ajuste en el eje liberal–autoritario, no en el eje izquierda–derecha. Yascha Mounk, profesor investigador de Harvard lo puso en estos términos en un correo a Edsall:[30]

Si los demócratas codifican sus luchas contra las evidentes injusticias que todavía prevalecen en nuestro país [en Estados Unidos] en un lenguaje universal que tiene profundas raíces en la tradición americana, entonces tendrán altas probabilidades de ganar elecciones —y de hacer una diferencia real para la mayoría de los miembros vulnerables de nuestra sociedad. Si, por el contrario, siguen capturados en juegos de lenguaje que solo entienden los activistas progresistas más politizados y con mayor escolaridad, entonces alejarán a muchos de sus potenciales votantes —incluyendo a un gran número de mujeres y de personas de color.

Apoyados en el análisis que Pierre Bourdieu[31] hace en La Distinción, parece lógico que los votantes demócratas de altos ingresos y educados en las universidades de élite se posicionen como progresistas con un acento en los temas culturales:

a. Una reforma fiscal que hiciera sustentable un sistema de seguro social universal y uno de educación pública gratuita alcanzaría a afectar sus intereses económicos.[32]

b. Parece políticamente correcto ser feminista, prodiversidad sexual, proequidad racial, etcétera.

c. Aunque tienen altos ingresos, no se equiparan a los de los capitalistas de más alto ingreso; su capital es, principalmente, de tipo cultural. Pero ese mismo énfasis —en los derechos lésbico–gay, la equidad de género y racial— aleja a los segmentos de clase trabajadora y pobres, quienes identifican esta corrección política con cierto elitismo de personas instruidas; también podrían sentirse ridiculizados en sus creencias y en sus gustos; como si se les quisiera “imponer un modo de ser y de sentir, con una actitud condescendiente”.[33]

“En estos días, la cultura es más importante que la economía”, dice David Brooks.[34] No estoy de acuerdo. Para ganar, los candidatos demócratas han de ser izquierdistas, y hablar de reforma fiscal, de seguro social universal y educación pública y gratuita, pero han de ser liberales, más que progresistas.

Morris Fiorina, de la Universidad de Stanford, cita un libro de Mary Ann Glendon, Right Talks: the Impoverishment of Political Discourse. Poner las cosas en clave de derechos le quita la dimensión “liberal” (negociación) y el discurso se codifica en clave “progresista” (o sea: esto es “lo bueno”, “lo justo”, a lo que “tenemos derecho”). Hacer menos que lo que se considera justo y bueno es considerado una traición y una negación del derecho y, por lo tanto, “está mal”. A su vez, Glendon, en un correo electrónico dirigido a Edsall,[35] define liberal como “tolerante, abierto, y no tan seguro de estar en lo correcto”. Glendon agrega que el Partido Demócrata se convirtió en lo contrario: intolerante, autoritario, no dialogante. “Esta actitud de ‘el ganador se lleva todo’ debilita el capital social que está a la base del pacto social”.[36]

Greg Weiner hace la misma advertencia: “el progresista es inherentemente hostil a la moderación porque el progreso es un bien inagotable […] Las negociaciones y los acuerdos, en tanto que representan menos progreso, no solo es desaconsejable, sino irracional”.[37]

Bien dicen por separado Bret Stephens,[38] Weiner[39] y Glendon:[40] para Estados Unidos, en este momento, es fundamental rescatar la república y el pacto social que ha de estar a la base. Convendría desempolvar el espíritu de humildad, inclusión y empatía que exuda el texto de Richard Rorty,[41] Contingencia, ironía y solidaridad.

 

[*] Responsable de proyectos estratégicos de investigación, Coordinación de Investigación y Posgrado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Doctor en Ciencias Sociales (Sociología) por la Universidad de Guadalajara. Miembro de la Red Mexicana de Investigación en Política Social y de la Red Nacional de Investigadores (as) en los Estudios Socioculturales de las Emociones. Excoordinador del Centro de Reflexión y Acción Laboral (cereal) y, en tal carácter, en su momento miembro del comité directivo de la red internacional de derechos laborales y ambientales GoodElectronics. Correo electrónico: foust@iteso.mx

 

[1] McDonald, Michael. United States Elections Project, sitio web de un proyecto de investigación con información histórica de las elecciones estadounidenses. Recuperado de http://www.electproject.org/national-1789-present; Winders, William. “The roller coaster of class conflict: class segments, mass mobilization, and voter turnout in the U.S., 1840–1996”, en Social Forces, vol.77, núm.3, 1999, pp. 833–860; Vesoulis, Abby. “The 2018 Elections Saw Record Midterm Turnout”, en Time, 13 de noviembre  de 2018. Recuperado el 23 de diciembre de 2018, de http://time.com/5452258/midterm-elections-turnout/

[2] Vesoulis, Abby, op. cit; McDonald, Michael, op. cit.

[3] Maddow, Rachel. “gop Hurt by Donald Trump bungling in democratic midterm victories”, en msnbc, 7 de noviembre de 2018. Recuperado el 22 de diciembre de 2018, de https://www.youtube.com/watch?v=sWFPbYjRkcs; Melber, Ari. “Ari: Dems. Crushed Trump in biggest midterm blowout in 40 Years”, en The Beat with Ari Melber, msnbc, 8 de noviembre de 2018. Recuperado el 22 de diciembre de 2018, de https://www.youtube.com/watch?v=JcCKhhYt7vE

[4] Más adelante hablaré de la significativa diferencia entre ambos términos.

[5] Leonhardt, David. “Republicans for democrats”, en The New York Times, 26 de octubre de 2018. Recuperado el 22 de diciembre de 2018, de https://www.nytimes.com/2018/10/26/opinion/nevertrumprepublicansmidtermsdemocrats.html

[6] Melber, Ari, op. cit.

[7] Romano, Silvia. “Efecto anti–Trump: el triunfo de la ideología hegemónica”, en Gandásegui, M.A. (hijo) & Preciado, J.A. (coords.), Hegemonía y democracia en disputa. Trump y la geopolítica del neoconservadurismo, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, 2017, pp. 161–187, y Dahl, Robert. ¿Es democrática la Constitución de Estados Unidos?, fce, México, 2003, citado en Romano, Silvia, op. cit.

[8] Foust, David. “La derrota de la extrema derecha, aún lejos en Estados Unidos”, en #19S Nueva sacudida, nuevas interrogantes (Análisis Plural, segundo semestre de 2017), iteso, Guadalajara, 2018, pp. 125–135.

[9] Melber, Ari, op. cit.

[10] Brooks, Arthur. “How Loneliness is Tearing America Apart”, en The New York Times, 23 de noviembre de 2018. Recuperado el 24 de diciembre de 2018, de https://www.nytimes.com/2018/11/23/opinion/loneliness-political-polarization.html

[11] Timm, Jane. “116th Congress is the most diverse in history”, en nbc News, 3 de enero de 2019. Recuperado el 8 de enero de 2019, de https://www.nbcnews.com/nightly-news/video/116th-congress-is-the-most-diverse-in-history-1419402307879

[12] Winders, William, op. cit.

[13] Phillips, Steve. “Do the math. Moderate democrats will not win in 2020”, en The New York Times, 12 de noviembre de 2018. Recuperado el 22 de diciembre de 2018, de https://www.nytimes.com/2018/11/12/opinion/democrats-midterms-progressives.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fopinion

[14] Collins, Gail & Stephens, Bret. “One wave, two waves, red wave, blue wave. The conversation”, en The New York Times, 6 de noviembre de 2018. Recuperado el 22 de diciembre de 2018, de https://www.nytimes.com/2018/11/06/opinion/midterms-elections-predictions.html

[15] Edsall, Thomas. “The democratic party picked an odd time to have an identity crisis”, en The New York Times, 2 de agosto de 2018. Recuperado el 6 de noviembre de 2018, de https://www.nytimes.com/2018/08/02/opinion/democrats-midterm-identity-crisis.html

[16] Edsall, Thomas. “The democratic party has two futures”, en The New York Times, 9 de agosto de 2018. Recuperado el 8 de noviembre de 2018, de https://www.nytimes.com/2018/08/09/opinion/democratic-party-midterms-elections.html

[17] Edsall, Thomas. “The democratic party has two futures”, en The New York Times, 9 de agosto de 2018. Recuperado el 8 de noviembre de 2018, de https://www.nytimes.com/2018/08/09/opinion/democratic-party-midterms-elections.html

[18] Edsall, Thomas. “The democratic party picked an odd time…”, op. cit.

[19] Marcetic, Branko. “The secret history of superdelegates”, en These Times, 20 de mayo de 2016. Recuperado el 18 de octubre de 2018, de http://inthesetimes.com/features/superdelegates_bernie_sanders_hillary_clinton.html

[20] Entre 1968 y 1992, los republicanos ganaron cinco de siete elecciones presidenciales.

[21] Como respondió en alguna ocasión Margaret Thatcher cuando le preguntaron cuál era su mayor logro: “Tony Blair and the New Labour. We force our opponent to change their minds”. Burns, C. “Margaret Thatcher’s greatest achievment: New Labour”, en Conservative Home. The home of conservatism [blog], 11 de abril de 2018. Recuperado el 24 de diciembre de 2018, de https://conservativehome.blogs.com/centreright/2008/04/making-history.html

[22] Edsall, Thomas. “Can the democrats rise above?”, en The New York Times, 20 de septiembre de 2018. Recuperado el 8 de noviembre de 2018, de https://www.nytimes.com/2018/09/20/opinion/democrats-inequality-policy-midterms.html

[23] Ibidem.

[24] Hill, Seth & Tausanovich, Chris. “Southern realignment, party sorting, and the polarization of american primary electorates, 1958-2012”, University of California, San Diego, 3 de junio de 2016.

[25] Marcetic, Branko, op. cit.

[26] Ibidem; las cursivas son propias.

[27] Hill, Seth & Tausanovich, Chris, op. cit; Edsall, Thomas, “The Democratic Party Picked an Odd Time…”, op. cit, citando a Fiorina, quien a su vez se apoya en la encuesta 2016 Voter Study Group Survey.

[28] Cfr. artículo de Wikipedia sobre la escala dw–nominate (acrónimo para Dynamic Weighted Nominal Three–Step Estimation, una escala multidimensional para indicar el posicionamiento político en Estados Unidos de América, desarrollada por Keith Poole y Howard Rose).

[29] Phillips, Steve, op. cit. Las cursivas son del autor.

[30] Edsall, Thomas. “The democrat’s left turn is not an illusion”, en The New York Times, 18 de octubre 2018. Recuperado el 8 de noviembre de 2018, de https://www.nytimes.com/2018/10/18/opinion/democrat-electorate-left-turn.html. Las cursivas son del autor.

[31] Bourdieu, Pierre. Distinction: a social of the judgment of taste. University Press, Cambridge, Harvard, 1979 / 1996.

[32] Edsall, Thomas. “The democrat’s left turn…”, op. cit.

[33] Stenner, Karen y Schnurer, Eric, citados por Edsall, Thomas. “Liberals need to take their fingers out of their ears”, en The New York Times, 7 de diciembre de 2017. Recuperado de https://www.nytimes.com/2017/12/07/opinion/liberals-conservatives-trump.html; Hochschild, Arlie. Strangers in their own land. Anger and mourning on the american right, The New Press, Nueva York, 2016; Weiner, Greg. “When liberals become progressives, much is lost”, en The New York Times, 13 de abril de 2018. Recuperado el 22 de diciembre de 2018, de https://www.nytimes.com/2018/04/13/opinion/moynihan-liberals-progressives-lost.html

[34] Brooks, David, op. cit.

[35] Edsall, Thomas. “The democratic party picked an odd time…”, op. cit.

[36] Ibidem.

[37] Weiner, Greg, op. cit.

[38] Collins, Gail & Stephens, Bret, op. cit.

[39] Weiner, Greg, op. cit.

[40] Citado en Edsall, Thomas. “The democratic party picked an odd time…”, op. cit.

[41] Rorty, Richard. Contingency, irony, solidarity, Cambridge University Press, Cambridge, 1989.

Avance y fortalecimiento de los sistemas anticorrupción desde la ética pública: un enfoque de política pública

Erika Ledezma[*]
Pablo Ayala[**]
Karla Inzunza[***]

 

Resumen: el artículo se inserta en la discusión sobre las políticas anticorrupción y la ética pública. Sus aportaciones se encuentran divididas en dos: en primer lugar, en relación con el avance en la conformación de los sistemas estatales anticorrupción, para ello se realiza un análisis cuantitativo de ponderación para evaluar su avance hasta finales de 2018. En segundo lugar, se realiza una revisión de instrumentos de política anticorrupción desde una perspectiva de la ética pública, insistiendo en diferenciar e integrar acciones destinadas a reducir la discrecionalidad de los funcionarios y aquellas que tienen que ver con la promoción de un comportamiento ético.
Palabras clave: corrupción, política pública, ética pública, sistemas anticorrupción.

Abstract: The article takes part in the discussion of anti–corruption policies and public ethics. Its contributions are twofold: First, it undertakes a weighted quantitative analysis to assess the progress made in the creation of state anti–corruption systems up to the end of 2018. Second, it reviews anti–corruption policy instruments from a perspective of public ethics, with an insistence on distinguishing and integrating actions aimed at reducing public officials’ ability to make discretional decisions and those aimed at promoting ethical behavior.
Key words: corruption, public policy, public ethics, anti–corruption systems.

 

México se encuentra en un momento clave para estructurar y consolidar una serie de aparatos institucionales cuya meta es el combate a la corrupción. Una política anticorrupción y de promoción de la ética pública busca erigirse en el país, sin embargo, sus cimientos no parecen tener todavía la solidez necesaria para soportar la dimensión del problema, extenso y complejo.

El presente artículo se ubica en la discusión en relación con las herramientas o instrumentos para consolidar las políticas anticorrupción, específicamente con los avances del sistema anticorrupción y la necesidad de incorporar un enfoque desde la ética pública como un complemento ineludible de una política anticorrupción integral.

Las contribuciones del presente texto fueron divididas en tres secciones: la primera, en la que se da cuenta del progreso de los sistemas anticorrupción (2016–2018) y revisa el avance relativo de los sistemas en los estados de la república, formulado a partir de solicitudes de información e investigación en redes. En la segunda y tercera, se analiza una propuesta a nivel teórico y de diseño de política pública para incorporar la ética pública en el marco de política anticorrupción. A grandes rasgos, se insiste en la distinción entre los instrumentos destinados a la disminución de la discrecionalidad del funcionario y aquellos destinados al fortalecimiento de la competencia ética.

1. Los sistemas anticorrupción y sus avances a nivel estatal

María Amparo Casar[1] ha señalado que la corrupción es un lastre para México por los enormes costos económicos, políticos y sociales que conlleva, lo que obstaculiza cualquier forma de desarrollo que el país quiera tomar.  Se padece como un hábito cotidiano, como una práctica “normal” o “natural”, la cual es necesario conocer a profundidad para dimensionar y diseñar políticas públicas adecuadas para su prevención y control.

En este contexto, surge el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), como un dispositivo desde el cual se han ido formando una serie de leyes e instituciones, para reducir, de manera progresiva, prácticas corruptoras en la administración pública. En julio de 2016, se dieron a conocer en el Diario Oficial de la Federación, las normas relativas a la constitución del SNA. Un año después, entró en operaciones el proceso de construcción de este.

El Manual sobre el Sistema Nacional Anticorrupción[2] define al SNA como una instancia de coordinación entre distintas autoridades federales y locales para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como para la fiscalización y control del uso de recursos públicos. El SNA está integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; así como por los representantes del Consejo de la Judicatura Federal y un Comité de Participación Ciudadana (CPC), del que, el presidente, es el mismo que preside el comité coordinador.

La participación de la ciudadanía se integra a través del CPC, el cual tiene como función el establecer mecanismos eficientes de coordinación y colaboración entre las instancias públicas, sociales y académicas que forman parte del sistema. A su vez, “este tiene las facultades de plantear políticas anticorrupción, metodologías e indicadores de evaluación, además de vigilar la actividad del SNA”.[3] En el Diario Oficial de la Federación se estableció que el CPC deberá estar compuesto por cinco ciudadanas o ciudadanos de comprobada probidad social con experiencia en rendición de cuentas, fiscalización, combate a
la corrupción o afines.

Los sistemas estatales anticorrupción (SEA) son los aparatos estatales, que coordinan los procesos en las entidades federativas y son los que finalmente tienen mayor posibilidad de ejecución de la política anticorrupción. Estos, a su vez, tienen sus propios comités de participación ciudadana o social, con objetivos, estructura y funciones similares al CPC nacional. Los SNA han complementado su normatividad, armonizada al SNA, así como la integración de las instancias que participan dentro de los sea. Sin embargo, poco puede decirse aún de los sistemas municipales, ya que son contados aquellos que han logrado integrarse. Las limitaciones presupuestales y estructurales, donde destaca la captura de puestos, decisiones y recursos, han traído como consecuencia que muchos sistemas no tengan la infraestructura, ni las herramientas básicas para su operación, como se registraba hasta finales de 2018. Por su parte, los CPC de los sistemas estatales no han logrado conformarse en las mejores condiciones. En la mayoría de los estados del país, la profesionalización se ha visto limitada, ya que la irregularidad y la sobrepolitización han marcado los procesos de selección.

Aunado a lo anterior, para la formación del SNA a nivel federal y estatal, persisten lagunas sobre la naturaleza de conformación y ejercicio del sistema en la dimensión municipal. En esos términos, se pude establecer que los municipios, a pesar de formar parte importante dentro del esquema organizativo, no están categorizados como un elemento central de la lucha contra la corrupción. Esta deficiencia requiere ser considerada a profundidad si se busca alcanzar la coordinación y penetración de diversos niveles de gobierno tal como lo estipula la Ley General del SNA.

En mayo de 2017, solo los estados de Nayarit y Chiapas quedaron debidamente implementados para el arranque de sus respectivos SEA.[4] En algunos casos, como los de Jalisco, Sinaloa y Veracruz, surgieron constantes denuncias de intromisión por parte del gobierno, incidiendo negativamente en la consolidación del sea, al promover perfiles que no cumplen con los criterios establecidos en el decreto, ni en las directrices establecidas por el CPC. De ahí que una tendencia al día de hoy sea la de la captura de los puestos tanto del sea como de las instancias públicas vinculadas a su misión, desvirtuando con ello el horizonte establecido por el marco normativo del SNA para combatir la corrupción.

A septiembre de 2018, la mayoría de los sistemas estatales se encontraban en la fase de elaborar sus reglamentos internos, en los que se especifiquen códigos de integridad, buenas prácticas y el cumplimiento de los principios y valores. Además, los CPC de 14 estados se han articulado a través de la Red Nacional de CPCS del Sistema Nacional Anticorrupción, lo que ha significado un esfuerzo por fomentar el intercambio de las mejores prácticas y la reducción de riesgos de corrupción. Destaca en este sentido, el trabajo que llevaron a cabo para definir los requerimientos mínimos para lograr una fiscalía nacional eficiente. Igualmente, como fruto del trabajo conjunto, se enfatiza la necesidad de fiscalías independientes, las cuales hasta ahora han brillado por su ausencia debido a resistencias e inercias de la clase política.

Uno de los avances de los sea (Sonora, Coahuila, Nuevo León, Jalisco y Querétaro) es que se han planteado la idea de desarrollar un buzón ciudadano, como instrumento de vigilancia y monitoreo mediante la denuncia. Se busca que sea una herramienta tecnológica, habilitada a través de una plataforma (app), que funja como buzón anónimo sobre actos de corrupción y malas prácticas. Se pretende que no solo sea utilizada por la ciudadanía sino también por funcionarios que puedan denunciar a sus pares. Dicha herramienta también servirá para vigilar prácticas de organismos empresariales que ejerzan recursos públicos. La eficacia de su implementación está por verse.

2. Hallazgos sobre el avance de los sistemas estatales anticorrupción

Para determinar el grado de avance de los sistemas estatales anticorrupción hasta septiembre de 2018, desde una perspectiva empírica, se investigaron una serie de variables que se muestran en la tabla 3.1. Estos indicadores fueron considerados de acuerdo con su importancia relativa (“valor item”) para generar interacción con otras variables; posteriormente, se sumaron y ponderaron para crear un valor por estado (“campo y ponderación”). Finalmente, los resultados arrojados se agruparon en quintiles según su avance relativo (según su posición en relación con otros estados).

Para su elaboración se investigó en las páginas oficiales disponibles en Internet, se emitieron solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia[5] (con un 76% de respuestas generales, y solo 26% de respuestas útiles de 128 solicitudes enviadas). Además, se estableció contacto vía electrónica con los CPC que contaban con dicho canal de comunicación para hacerles llegar el requerimiento de información (véase tabla 3.1).

3. Resultados

El ejercicio realizado muestra un panorama desalentador, a pesar de los considerables avances en la materia durante 2018, ya que la mayor parte de los estados se encuentran rezagados en la implementación de los sistemas estatales anticorrupción, incluso en los casos considerados más avanzados. En términos generales: hay bajos presupuestos para su operación y en ocasiones no existen; las titularidades aún no han sido integradas; en algunos casos, las normativas no se encuentran publicadas o armonizadas; se tienen deficiencias para informar y comunicar a la ciudadanía. Incluso, 14 estados incumplieron en proveer información relevante a través de solicitudes de información públicas, denotando deficiencias administrativas e incumplimiento con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En materia de promoción de un comportamiento ético, se encontró que los esfuerzos son dispersos y erráticos. Aunque algunos estados de la república han realizado diplomados, capacitaciones y conferencias dirigidas a servidores públicos de todos los poderes y municipios, referentes a la integridad, estas no difieren de las capacitaciones previas a la existencia de los sistemas anticorrupción (véase figura 3.1).

A continuación, mencionamos potenciales sesgos de los resultados asociados al estudio de un fenómeno en constante cambio:

• La baja disponibilidad de información en plataformas y a través de medios oficiales.

• La volatilidad de los contextos políticos estatales y nacionales tras las elecciones pueden afectar el funcionamiento de los sea.

• La exclusión de estudios de criterios relevantes de fuentes periodísticas y de opinión (para estudios cualitativos).

Es de resaltar, que se observó un factor que ejerce una gran influencia sobre el avance los sea:  si los CPC fueron seleccionados con criterios político–partidistas o si, por el contrario, se tomaron en cuenta criterios de profesionalidad con base al mérito, lo que abre una vertiente para realizar posterior indagación.

Encontramos que los sistemas anticorrupción tienen un largo camino que recorrer para consolidarse, y para desarrollar algo más allá que atención a denuncias o robustecimiento de la ley, las cuales han predominado hasta el momento. Por tanto, es evidente la falta de diversidad de instrumentos de política, así como una estrategia articulada tanto para reducir la discrecionalidad, como para facilitar el desarrollo moral de los funcionarios de forma simultánea (generar una “infraestructura ética”). En los siguientes apartados, abordaremos cómo es que los sistemas anticorrupción pueden fortalecerse desde dichas perspectivas.

 

4. Aproximaciones para promover un comportamiento ético en los sistemas anticorrupción: los modelos de conformidad e integridad

La carencia de claridad sobre los instrumentos de política por parte de los actores políticos, aunado a otras circunstancias, ha llevado a una gran falta de articulación de los esfuerzos anticorrupción. Es por ello que en las siguientes secciones, proponemos un modo de aproximación que permita integrar los instrumentos de política, contemplando a la ética pública como un factor de relevancia. Inicialmente, se dará una breve exploración teórica y, posteriormente, la revisión de los instrumentos de política.

Podemos definir a la ética pública como el aspecto que estudia y analiza el perfil, la formación y el comportamiento responsable y comprometido de las personas que se ocupan de los asuntos públicos, con el fin de generar un cambio de actitud al inculcarles valores de servicio.[6] La perspectiva de la ética pública busca acentuar el trabajo institucional en la formación ética y el desarrollo moral de los funcionarios, para así reducir prácticas que propician la corrupción.

A continuación, revisaremos algunas de las principales perspectivas que ayudan a interpretar y explicar la corrupción y los comportamientos no éticos, para ello, utilizaremos dos enfoques que encontramos en Menzel,[7] fundamentados en el análisis de modelos adaptados por distintas administraciones públicas: el Modelo de Conformidad y el de Integridad. Esta revisión permitirá posteriormente generar una propuesta para complementar el enfoque de ética pública del SNA.

Desde la perspectiva o Modelo de Conformidad[8] o de Cumplimiento, se interpreta que la corrupción o los comportamientos poco éticos, suceden debido a las siguientes circunstancias:

• Las posibilidades de ser detectado que identifica el funcionario.

• Las posibilidades de que exista una sanción en caso de ser detectado.

• El conocimiento o desconocimiento de su rol como funcionario.

• Los incentivos o alicientes que tenga para comportarse de manera correcta.

Estos cuatro componentes se centran en guiar de manera externa al individuo en su toma de decisiones para inhibir la corrupción y que decida adecuadamente. En otras palabras y de modo más simple, se limitan al máximo los espacios para la discrecionalidad del funcionario.

En contraste con este modelo, el de Integridad se centra en la capacidad de discernimiento ético del funcionario.[9] Esta perspectiva parte de que las organizaciones, en su cultura y prácticas, no proveen generalmente al funcionario con guías éticas o morales para tomar decisiones correctas. Por ello, en el Modelo de Integridad los incentivos para realizar lo correcto, la educación y capacitación (formación), así como la claridad de los valores y la misión de la organización tienen una mayor influencia en la toma de decisiones éticas de los funcionarios. Este enfoque supone que en la función pública los funcionarios siempre tendrán un componente de discrecionalidad, de manera que, cualquier política holística contra la corrupción deberá lidiar necesariamente con el discernimiento ético del sujeto;[10] es decir, fomentar una ética pública.

5. Otra aproximación internacional: infraestructura de ética sólida

Vale la pena también revisar —para el propósito de vislumbrar las perspectivas  internacionales sobre ética pública— un enfoque que ha surgido desde finales de los años noventa del siglo xx, denominado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la “infraestructura de ética sólida”, la cual puede ser interpretada como: una combinación de incentivos y sanciones integrados en “las instituciones, sistemas, herramientas y condiciones que los gobiernos usan para promover la integridad en el sector público”.[11]

En este sentido, agrupan distintos elementos de “infraestructura de ética sólida” según su función: orientación (liderazgo, códigos, socialización, capacitación), administración (coordinación, políticas y prácticas) y control (investigación, dirección, trasparencia y participación). La infraestructura ética, al igual que el Modelo de Integridad, enfatiza en las condiciones y circunstancias que permiten que los funcionarios consoliden un modo de interpretación y acción éticos, más allá de únicamente limitar o inhibir la discrecionalidad del funcionario (la perspectiva más común del caso mexicano).

6. Rutas e instrumentos de política pública para fortalecer los sistemas anticorrupción desde la ética pública

Hay una imperante necesidad de reconocer la complejidad de una política anticorrupción. Para ello, se necesita generar un inventario de instrumentos y acciones de política anticorrupción y articularlos
de manera apropiada según cada caso. Sin embargo, existen escasos esfuerzos o documentos que den fe de intentos coherentes para articular una política nacional desde los sistemas anticorrupción. En la líneas siguientes, se presenta un modelo de diseño de política (véase la tabla 3.2) que ayuda a vincular distintas acciones desde la ética pública.

En este modelo, las acciones para la reducción de la discrecionalidad (Modelo de Conformidad) son una serie de correcciones institucionales que delimitan la acción del funcionario público para realizar sus actividades como se espera. La “reducción de discrecionalidad” se presenta como externa al funcionario y se centra sobre procedimientos, supervisión o sanciones por un mal comportamiento.

De acuerdo a lo anterior, podemos vislumbrar acciones específicas asociadas al monitoreo y la vigilancia como lo son: espacio para (I) denuncias y la protección del denunciante, así como (II) supervisión y (III) evaluación, internas o externas, gubernamentales o ciudadanas. También, aquellas de procesos como: (IV) estandarización de procedimientos en todas las dependencias, lo cual implica proceso
de aprendizaje, prueba y error, sistematización e institucionalización de todo tipo de procedimientos gubernamentales.  Además de aquellas acciones relacionadas con la ley, como (V) actualizar / robustecer normas actuales, y garantizar la (VI) aplicación de la ley.

Es importante resaltar que es deseable que el componente de “reducción de discrecionalidad” sea aplicado de manera simultánea en todas sus acciones para lograr una mayor efectividad. Se ha observado que en diversas ocasiones, un buen diseño e implementación de instrumentos específicos puede verse obstaculizado por la ausencia de otras acciones complementarias. Por ejemplo, una buena evaluación sin aplicación de la ley en las resoluciones, o la estandarización de procedimientos sin soporte de actualización de las normas aplicables, entre otros. Por ello la insistencia de la simultaneidad de acciones.

Las acciones para fomentar el comportamiento ético (Modelo de Integridad) se centran en la construcción del comportamiento individual a partir del contexto donde se forman las subjetividades. Las acciones de política pública para el fomento de comportamientos adecuados de los individuos tienen un fundamento en la ética pública. Para ello, se requiere trabajar a nivel individual, directamente con el sujeto y sus percepciones, y, a su vez, a nivel colectivo, donde se construye la identidad organizacional, así como los hábitos, cultura y relaciones significativas.

A nivel individual, se contemplan las acciones de (I) profesionalización de los servidores públicos como requerimiento para fungir como servidor; la (II) capacitación para tener competencia ética y poder discernir lo correcto en el contexto del servicio público; así como la (III) evaluación de personal para identificar carencias y descartar también actuales o potenciales trasgresores de la ley y sus principios.

A nivel colectivo, encontramos los procesos de (IV) gestión organizativa interna de fomento de un buen servicio público, los cuales se pueden dar de una diversidad de formas, en los que se resaltan los mecanismos internos de resolución positiva de conflictos. Otra acción está relacionada con la generación de (V) los códigos de ética y otros acuerdos internos que bien realizados y socializados ayudan a articular una estrategia compartida para un servicio público de calidad al interior de las dependencias.

A diferencia del componente de “reducción de discrecionalidad” (Conformidad), el de “promoción del comportamiento ético” (Integridad) puede ser empleado de manera preventiva y es deseable que sea permanente. Los alcances del modelo de la política pública propuesta son mayores, al ser implementados en una estrategia simultánea de aplicación. Empero, es de gran importancia reconocer las diferencias de los componentes y las acciones, ya que en la implementación tienen considerables diferencias y objetivos.

7. Conclusiones

A lo largo de este artículo, se detectaron algunos avances en la integración de las políticas anticorrupción nacionales y estatales implementadas a través de los sistemas anticorrupción. Se encontraron limitaciones para definir concretamente la fundamentación teórica y la operatividad institucional de la ética pública como proyecto de estado. Existen una gran cantidad de componentes de política que necesitan ser definidos con precisión, que deben articularse para lograr integralidad en su acción, y evitar “buenas acciones” pero que al estar aisladas deriven en pobres resultados.

Es necesario romper un desarrollo moral bajo, o la visión “individualista” que permite la corrupción, de acuerdo con Mauricio Merino.[12] Este explica que la tolerancia a la corrupción tiene que ver con una relación de poder entre lo público y lo privado, que deriva en la satisfacción y beneficio privado sobre el institucional. Es por ello, que es imperativa la inclusión de la ética pública en la lucha contra la corrupción.

En este sentido, es preciso distinguir entre acciones permanentes que tienen que ver con reducir la discrecionalidad de los servidores (vigilancia, estandarización de procedimientos, aplicación de la ley, etcétera) y aquellas destinadas a la ética pública para avanzar con el desarrollo moral de los funcionarios (formación, profesionalización, autoorganización, etcétera) ya que ambas líneas de política se instalan en momentos y con características diferentes (la primera correctiva y contingente; la segunda preventiva y permanente). Además, insistimos enfáticamente en la simultaneidad y complementariedad de ambas aproximaciones para lograr integralidad en la política anticorrupción.

La relevancia que tiene la lucha contra la corrupción en la coyuntura actual de México ofrece una oportunidad inigualable para una política anticorrupción de mayor alcance e integralidad. Sin embargo, persisten enormes retos en las instituciones privadas y públicas en los tres niveles de gobierno, para identificar las problemáticas específicas, así como los instrumentos necesarios para empujar una agenda de política anticorrupción con verdaderas posibilidades de transformación que integre la ética pública.

 

[*] Licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y maestra en Historia de México por la Universidad de Guadalajara. Asesora en temas de corrupción y tecnologías digitales. Colabora para el programa de ICMA Consolidación de la Ética Pública.

[**] Politólogo por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y maestro en Development Studies por la Universidad de Lund. Colabora para el programa de ICMA Consolidación de la Ética Pública.

[***] Licenciada en Gestión Cultural. Colaboradora en la integración del Sistema Anticorrupción de Jalisco y con ICMA México.

 

[1] Casar, María Amparo. México Anatomía de la corrupción (2a ed.), CIDE / IMCO, México, 2016.

[2] Secretaría de la Función Pública. Manual sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, Gobierno de México, México, 2017.

[3] Sistema Nacional Anticorrupción. Libro blanco del Sistema Nacional Anticorrupción, Gobierno de México, México, 2017.

[4] Instituto Mexicano para la Competitividad. “Semáforo anticorrupción: Monitoreo de los Sistemas Locales Anticorrupción”, actualizado al 17 de septiembre de 2017. Recuperado de https://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/semaforo-anticorrupcion-monitoreo-de-los-sistemas-locales-anticorrupcion/

[5] Sistema Nacional Anticorrupción. Seguimiento: Sistemas Locales Anticorrupción de las Entidades Federativas, actualizado al 2 de octubre de 2018. Recuperado de http://sna.org.mx/SistemasLocales/

[6] Naessens, Hilda. Ética pública y transparencia, hal Archives, 2011.

[7]  Menzel, Donald. Ethic moments in government, American Society for Public Administration / CRC / Taylor and Francis Group, Florida, 2010.

[8] Ibidem.

[9]  Ibidem.

[10] Villoria Mendieta, Manuel. Ética pública y corrupción: curso de ética administrativa (Temas de gestión y administración pública), Técnos / Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, 2000.

[11] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Confianza en el gobierno. Medidas para fortalecer el marco ético en los países de la OCDE, OCDE, México, 2000.

[12] Merino, Mauricio. Opacidad y corrupción: las huellas de la captura, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Ciudad de México, 2018.

 

El debate sobre derechos humanos y la apuesta de AMLO en materia de seguridad

Fernando Ríos Martínez[*]

Resumen: el 1 de julio, México vivió un entusiasmo masivo por el triunfo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). La narrativa que cautivó a gran parte de los electores fue su propuesta económica, la crítica a la violencia y la apuesta por el cambio de condiciones que favorecen la corrupción y violación de derechos humanos. En este artículo, analizaremos cuáles han sido las propuestas del presidente electo y su gabinete en materia de derechos humanos, en relación con la atención de la seguridad, con especial énfasis en la propuesta de la Guardia Nacional.
Palabras clave: Guardia Nacional, derechos humanos, seguridad pública.

Abstract: On July 1st, a wave of enthusiasm overcame Mexico after the electoral victory of Andrés Manuel López Obrador (AMLO). The narrative that captivated a significant part of the electorate was his economic proposal, his denunciation of violence, and the strategy of changing the conditions that encouraged corruption and human rights violations. This article analyzes the human rights proposals put forth by the president and his cabinet as they relate to security policy, with particular emphasis on the proposed National Guard.
Key words: National Guard, human rights, public security.

 

1. La violencia creciente

En los últimos años, México ha sufrido una doble crisis de seguridad y de derechos humanos que ha desembocado en una polarización violenta y riesgosa para nuestra sociedad. Ciertamente, ha habido un fortalecimiento del crimen organizado con la presunta participación de algunas instituciones gubernamentales, lo que ha tenido como resultado decenas de miles de personas desaparecidas, así como de víctimas de otros delitos y violaciones de derechos humanos. Por otro lado, las organizaciones de derechos humanos hemos documentado el grave deterioro institucional de las herramientas del estado mexicano para cumplir con su obligación de garantizar los derechos consagrados en la Constitución y en los diversos tratados internacionales.

El sexenio de Enrique Peña Nieto (2012–2018) registró 123 mil homicidios dolosos, 19% más que el sexenio de Felipe Calderón (2012–2018).[1] En 2018, el número de asesinatos se desbordó. En el fuero común, se cometieron un total de 30,499 homicidios dolosos[2] con lo que se convirtió en el periodo más sangriento desde que se tiene registro y muestra una tendencia creciente. Este fenómeno ha tenido consecuencias muy concretas y dolorosas para cientos de miles de familias, además de que ha nutrido el miedo colectivo.

Otra de las expresiones de la crisis de derechos humanos que vivimos son las personas desaparecidas; sin embargo, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) no provee una cifra fidedigna. La magnitud del problema es subestimada, pues hay un total de 37,435 personas reportadas como desaparecidas o “no localizadas” (1,170 del fuero federal y 36,265 del fuero común)[3], sin considerar a quienes han estado en esta condición y han aparecido muertos o vivos con daños muy severos.

Regiones enteras experimentan una percepción de inseguridad creciente en sus ciudadanos[4], como lo muestra la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). Resulta evidente que la militarización del país no ha cumplido con regresar la paz sino que ha ahondado la violencia, las graves violaciones a derechos humanos y la confrontación social. Hasta el momento de la redacción de este artículo, ya en 2019, se habían registrado al menos dos incidentes entre militares y civiles en el contexto de la estrategia de combate al robo de hidrocarburos. En ambos casos comunidades “sospechosas” confrontadas con el ejército alegaban ejecuciones extrajudiciales de civiles.[5]

El gobierno de Enrique Peña Nieto terminó de manera pasiva su sexenio: mostró un total desinterés por los casos de violaciones a los derechos humanos o corrupción, que fueron emblemáticos en su periodo. Por su parte, su sucesor, Andrés Manuel López Obrador, tomó en sus manos la agenda pública del país desde el 3 de julio. Formó un gabinete extremadamente plural y hasta podría pensarse que contradictorio. Sus perfiles van desde Alfonso Romo, jefe de gabinete, uno de los empresarios más ricos del país, hasta Adelfo Regino, un abogado indígena muy cercano a algunas organizaciones de derechos humanos. Esta conformación es fruto de las alianzas con sectores empresariales, académicos, de las fuerzas armadas y de cierto sector social. Se ha caracterizado a sí mismo como un gobierno “para ricos y pobres”, lo que tendrá implicaciones en las diferentes políticas públicas que está impulsando.

2. La promesa de los foros: escuchar a las víctimas y nuevas propuestas en seguridad

Los foros de pacificación organizados por el nuevo gobierno alentaron las expectativas de participación de toda la sociedad, pero muy especialmente de las víctimas, de los familiares de personas desaparecidas, asesinadas o ejecutadas de forma extrajudicial.  Se plantearon como un ejercicio inédito que alentó a pensar en un proceso de justicia transicional y en propuestas novedosas que atendieran la crisis de derechos humanos.

Sin embargo, en los hechos se pudo ver una inadecuada metodología de mesas de trabajo que favoreció el desorden y la dispersión. Las víctimas tomaban constantemente la palabra, expresando su sufrimiento, cansancio y frustración ante la inoperancia del sistema de justicia y la falta de voluntad política de los funcionarios. La situación fue tan complicada y los responsables tan omisos, que los foros previstos en Veracruz, Sinaloa, Tamaulipas, Tabasco y Morelos, entre el 9 y el 22 de octubre de 2018, ya no se llevaron a cabo.[6]

Incapaces de responder a las expectativas, los foros se desdibujaron poco a poco, como la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de que el 1 de diciembre pediría perdón a las víctimas, cosa que no sucedió. Fueron una mala señal de cómo se acercarían a quienes se han visto agraviados en estos 12 años por la violencia imperante. También se trató de un pésimo precedente de construcción de acuerdos.

3. Los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normal de Ayotzinapa

En este contexto desolador, no cabe duda de que el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 14 de septiembre de 2014, es uno de los más emblemáticos. A más de cuatro años, el caso prácticamente no tiene avances.

Resulta muy llamativo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), unos días antes de que terminara el sexenio, se pronunciara por apuntalar en cierto modo la hipótesis de que una parte de los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula.[7] Es importante recordar que la llamada “verdad histórica”[8], como se le conoce a esta hipótesis, ha sido ampliamente cuestionada.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) emitió un comunicado al día siguiente del anuncio de la CNDH, en el cual “discrepa profundamente con una parte importante de las formulaciones del ámbito forense contenidas en la Recomendación”[9] citada.

Por otro lado, una de las promesas de Andrés Manuel López Obrador fue crear una Comisión de la Verdad para el caso. El decreto presidencial se firmó el 3 de diciembre de 2018, con la presencia de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas.

Si bien, el caso parece haber tenido un avance por el compromiso político del nuevo gobierno, el gran reto es que las acciones trasciendan al caso de los 43 e impulse soluciones y resultados para las miles de personas desaparecidas.

4. Aportes desde instancias internacionales de derechos humanos

La intervención de instancias internacionales tuvo como resultado importantes recomendaciones en el cierre de 2018 para México. Cabe recordar que el Examen Periódico Universal (EPU) es uno de los mecanismos recientes instaurados en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que los países son revisados por sus pares, en un ejercicio trasparente, donde se realizan recomendaciones en derechos humanos. En México, se respondió a este proceso con el ejercicio de articulación de más de 200 organizaciones de la sociedad civil mexicanas agrupadas en torno al #Colectivoepumx.

En noviembre pasado, le correspondió a México su tercer ciclo. Destacan las recomendaciones de Alemania, Estados Unidos, Austria, Reino Unido, Costa Rica, Nueva Zelanda y Países Bajos, que versaron sobre la necesidad de la creación de una fiscalía autónoma e independiente; otras muchas fueron por la situación que se vive en torno a las personas desaparecidas, los feminicidios y la situación de las personas defensoras de derechos humanos.

Dentro de las recomendaciones emitidas en este ciclo del EPU, se encuentran: aceptar la competencia del Comité de Desapariciones Forzadas para recibir y considerar comunicaciones individuales; fortalecer la estrategia de seguridad pública para combatir el crimen organizado y eliminar los altos niveles de violencia que continúan afectando a las mujeres y niñas en particular y, por último, fortalecer el mecanismo de protección de personas defensoras.

De la misma forma, en diciembre de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitió dos nuevas sentencias al estado mexicano. Ambas están muy relacionadas con el manejo estatal de temas de seguridad y justicia.

El caso de las mujeres de Atenco es reivindicado por once mujeres que fueron víctimas de tortura sexual y se centra en la actuación de las autoridades de seguridad al desarrollar operativos policiales el 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco. La sentencia encontró responsable a México de la violencia sexual, violación y tortura. También determinó que los operativos se caracterizaron por el uso de la fuerza de manera indiscriminada y excesiva contra toda persona que los agentes de seguridad asumieron como parte de las manifestaciones. En particular, condena la conducta de las autoridades policiales al momento de detener a las víctimas, por no haber sido ni legítima ni necesaria, pero además por excesiva e inaceptable, así como por la naturaleza sexual y discriminatoria de las agresiones sufridas.

La CIDH también falló contra México en el Caso Alvarado. En su sentencia, encontró al estado mexicano internacionalmente responsable por la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado Reyes. Un aspecto fundamental es que estos hechos se produjeron en el contexto de la implementación del Operativo Conjunto Chihuahua y la lucha contra el crimen organizado en México, con la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad.

En este sentido, la corte reafirmó que, como regla general, las tareas de seguridad deben estar asignadas a cuerpos policiales civiles y que cuando excepcionalmente exista participación de fuerzas armadas en tareas de seguridad, debe tratarse de una acción extraordinaria, temporal y subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles. Al profundizar en estos criterios, la corte realiza un aporte fundamental a un debate de actualidad en México.

5. El debate sobre la Guardia Nacional

El contexto aquí planteado se ha sumado a otros elementos importantes en el inicio de 2019, para dejar ver la naturaleza compleja del reto al que se enfrenta el nuevo gobierno. La lucha contra el robo de combustible es un buen ejemplo. En este tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que instituciones y empresarios se han visto coludidos con el crimen organizado en detrimento grave del país. La propuesta presidencial ha sido la Guardia Nacional, como una iniciativa híbrida entre el paradigma militar y el policial.

Históricamente, la Red TDT y sus organizaciones parte han denunciado y documentado la inconveniencia de la estrategia militarizada para enfrentar la inseguridad en el país, porque ha significado abusos probados por parte del estado en contra de la población civil, especialmente aquella que tiene posiciones críticas al estado o a los grupos de poder hegemónicos. Precisamente el problema más evidente del nuevo modelo de Guardia Nacional es que los componentes de esta propuesta son muy similares a las estrategias que se han utilizado en los dos sexenios anteriores. El bajo nivel de certificación de confianza de las policías no debe constituirse en un pretexto para conformar nuevas estrategias que fortalezcan a estas.

La conversación sobre el tema ha evolucionado desde afirmar inicialmente que la Guardia Nacional no sería una propuesta del nuevo gobierno, a volverla a proponer con un mando militar pleno que además se incorporaba en la Constitución, con un matiz que lo limitaba a cinco años. Después de despertar críticas muy fuertes por parte de sectores importantes de la sociedad que se habían articulado contra la Ley de Seguridad Interior, se abrieron una serie de audiencias realizadas entre el 8 y 12 de enero de 2019. En ellas, los legisladores tuvieron la oportunidad de escuchar múltiples puntos de vista y ahí mismo, el
secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, anunció que se abandonaba la idea de este mando militar y se incorporaba a esta fuerza en la recién creada secretaría a su cargo.

Es importante destacar que en la raíz del problema de la violencia y la inseguridad actuales se encuentran equivocadas decisiones de estado, tomadas al más alto nivel, y que no pueden ni deben quedar en la impunidad.

El mismo caso Alvarado, citado arriba, permitió que la CIDH recordara la necesidad de “que los Estados actúen en todo momento dentro de los límites y conforme a los procedimientos que permitan preservar tanto la seguridad pública como los derechos humanos”[10]. En este sentido, es contundente escuchar la voz de las víctimas. María José Alvarado recuerda: “La noche del 29 de diciembre de 2009 el ejército llegó por ellos. Se los llevaron a la fuerza, sin ninguna explicación y no los hemos vuelto a ver”.[11]

Múltiples organismos y procedimientos especiales de la ONU coinciden en señalar en que la participación de las fuerzas armadas en labores de policía judicial o ministerial puede resultar contraria a determinados principios del estado de derecho, tales como la separación de poderes, independencia y autonomía de los tribunales judiciales y la subordinación a las autoridades civiles. Por tanto, coinciden en la necesidad de implementar mecanismos de rendición de cuentas a través de cuerpos independientes de todas las fuerzas de seguridad relacionadas con operativos y tareas de orden público.

Así, una de las principales preocupaciones que nos despierta el modelo de Guardia Nacional propuesto es que, precisamente, entra en contradicción con otros esfuerzos del estado mexicano para garantizar el acceso a la justicia, como lo es la nueva Fiscalía General de la República. Este riesgo queda claramente ejemplificado en la propuesta de modificación al artículo 21 constitucional, según la cual “tratándose de hechos que puedan ser constitutivos de delitos del orden federal, la Guardia Nacional actuará bajo la Condición Jurídica del Ministerio Público Federal”.

Esta propuesta es muy grave porque, por una parte involucra a personal militar en la investigación de delitos a pesar de las graves violaciones a derechos humanos documentadas en años recientes por el ejército y la marina; pero es aún más preocupante porque debilita estructuralmente el nacimiento de la nueva Fiscalía General de la República al incorporar cuerpos militares en la investigación de delitos, cuando precisamente ese ha sido uno de los principales obstáculos para una impartición de justicia eficaz, al generalizarse la tortura, la fabricación de culpables y el mal manejo de las evidencias.

La pretensión de borrón y cuenta nueva, o “punto final”, además de agraviante, representa un riesgo de repetir los mismos errores cometidos hasta ahora. Será una ruta de análisis si el nuevo gobierno está dispuesto a correr este riesgo, pues los discursos pueden estar dirigidos a otros actores, mientras que Andrés Manuel López Obrador ha sido caracterizado por sus votantes como un político que cambiará el acceso a la justicia.

La grave situación que se vive en gran parte del territorio nacional requiere de acciones decididas y contundentes como la sociedad demanda. Pero a partir de nuestra experiencia en el acompañamiento a víctimas y comunidades afectadas por la violencia, sabemos que la reparación de los daños solo es posible a partir de un cambio de enfoque que ponga a la sociedad en el centro de la estrategia y que no anteponga los intereses de ningún sector a la construcción de una solución sensata, verificable y modificable a partir de las evaluaciones que se vayan realizando.

La experiencia misma nos demuestra que no es viable una propuesta unidireccional sino solo las que impliquen la incorporación de diferentes componentes, como la construcción de paz, la ampliación al acceso a la justicia y el apego al artículo primero constitucional. Esto implica reconocer la excepcionalidad de la situación que, sin embargo, también está contemplada en los estándares internacionales que señalan que las medidas extraordinarias, especialmente las de carácter militar, deben limitarse al máximo y responder a criterios de estricta excepcionalidad para enfrentar situaciones de criminalidad o violencia interna. Esto obedece a que el entrenamiento que reciben las fuerzas militares responde a una lógica diferente a la de protección y seguridad ciudadana, enfoque que debiera corresponder a las instituciones policiales.

Hoy tenemos la oportunidad de iniciar la historia de nuevo y sentarnos como sociedad a construir un modelo de seguridad y protección ciudadana que nos incluya a todos. La propuesta de las organizaciones de la sociedad civil, en virtud de la complejidad de la situación, es que el diseño de esta estrategia se concrete en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. Este documento, al ser una guía programática del ejercicio de gobierno, permite salvaguardar las facultades del estado al no tocar la Constitución y permite que la ciudadanía construya una paz verdadera basada en el ejercicio de los derechos para todas y todos.

6. Conclusiones

El arribo de un nuevo gobierno bajo el signo de la contradicción ha traído intentos inconclusos, como los foros de pacificación, una lucha continua contra los huachicoleros, promesas como la Comisión de la Verdad de los 43 y una apuesta en seguridad con presagios de tormenta.

A pesar de las iniciativas controvertibles, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuenta con más apoyo y es evidente que se mantiene la confianza de la ciudadanía para enfrentar retos estructurales que no habían sido afrontados en los sexenios previos por indolencia, incapacidad y falta de voluntad política.

Es fundamental, en este régimen de transición, que el acceso a la verdad para las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos, y para la sociedad en su conjunto sea un componente de las políticas públicas. Solo conociendo la verdad de nuestra historia reciente estaremos en condiciones de generar alternativas que nos saquen del círculo de violencia e impunidad.

Ante la propuesta de la Guardia Nacional es evidente que tiene que haber un reconocimiento expreso de lo erróneo de la estrategia militar, de las graves violaciones a derechos humanos ocurridas en estos dos sexenios trágicos y de un compromiso claro de investigar las responsabilidades derivadas de ello. Se trata de una tarea que surge desde los anhelos más democráticos que hicieron posible el triunfo del candidato que, por tercera ocasión, contendió por la presidencia de nuestro país.

 

[*] Es secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT). Egresado de la licenciatura de Filosofía y Ciencias Sociales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), de Ciencias Teológicas y la maestría en Políticas Públicas por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Con más de 20 años de trabajo en organizaciones sociales y de derechos humanos, actualmente representa políticamente a la RedTDT, conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República.

 

[1] Redacción. “Sexenio de Enrique Peña Nieto rompe récord en homicidios, en Excelsior, 22 de diciembre de 2018. Recuperado de https://bit.ly/2RqKdxQ

[2] Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública / Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Incidencia delictiva del fuero común 2018. Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de Delitos y las Víctimas CNSP/38/15, Centro Nacional de Información, diciembre de 2018. Recuperado de https://bit.ly/2EOE17s

[3] Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. “Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, RNPED”, Gobierno de México. Recuperado de https://bit.ly/2gAdu86

[4] La percepción de inseguridad de la población de 18 años y más, en las entidades federativas al momento del levantamiento de la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en la primera quincena de diciembre de 2018; durante ese mes 73.7% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro. Este porcentaje representa un cambio significativo respecto a septiembre de 2018 y con respecto a diciembre 2017. Inegi. “Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU)”. Recuperado de http://www.beta.inegi.org.mx/programas/ensu/default.html

[5] Montoya, Juan Ricardo. “Liberan a los soldados en Hidalgo; los presentan al MP”, en La Jornada, 13 de enero de 2019. Recuperado de https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/01/13/liberan-a-los-soldados-secuestrados-en-hidalgo-3839.html

[6]  Durazo, Alfonso. “La cancelación de los Foros Presenciales Escucha para la Pacificación y la Reconciliación Nacional en los estados de Veracruz, Sinaloa, Tabasco, Morelos y Tamaulipas, obedece a la necesidad ya urgente de sistematizar las propuestas recogidas…”, en @AlfonsoDurazo, 7 de octubre de 2018. Recuperado de https://bit.ly/2VPW86S

[7] Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Recomendación No. 15vg / 2018. “Caso Iguala”, Ciudad de México, 28 de noviembre de 2018. Recuperado de https://bit.ly/2QxmFly

[8] Castillo García, Gustavo. “Guerreros Unidos asesinó a los 43 normalistas: Murillo”, en La Jornada, 28 de enero de 2015. Recuperado de https://bit.ly/2DTCFu1

[9] Equipo Argentino de Antropología Forense. “Comunicado del eaaf sobre información relativa a la investigación forense del basurero de Cocula y río San Juan dada a conocer el día de ayer por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México”, Ciudad de México, 29 de noviembre de 2018. Recuperado de http://centroprodh.org.mx/2018/11/29/comunicado-del-eaaf-sobre-la-recomendacion-de-cndh-en-caso-ayotzinapa/

[10] Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Bulacio vs. Argentina, Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia del 18 de septiembre de 2003. Serie C, No. 100, párr. 124, y Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú. Supra, párr. 240. Serie C, No. 370, párr. 178”, citados en Caso Alvarado Espinoza y otros vs. México. Sentencia de 28 de noviembre de 2018 (Fondo de Reparaciones y costas). Recuperado de https://bit.ly/2UY2Giz

[11] Rojas, Ana Gabriela. “El dramático ‘caso Alvarado’ que llevó a la CorteIDH a juzgar por primera vez a México por desapariciones forzadas”, en BBC Mundo, 27 de abril de 2018. Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43921261

 

La transición de gobierno y el impasse gubernamental

Jorge Rocha Quintero[*]

Resumen: en este artículo, se hace un balance final del sexenio de Enrique Peña Nieto y se aborda el periodo de transición de gobiernos que fue inédito en la experiencia mexicana, donde el presidente en funciones terminó su gobierno con una gran debilidad política, mientras que el presidente electo comenzó a tomar decisiones que afectaron fuertemente la vida política nacional. Aquí se describe este proceso, con los acontecimientos políticos más importantes de esta etapa.
Palabras clave: transición de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto, sexenio 2012–2018, partidos políticos, gobierno federal.

Abstract: This article undertakes a final reckoning of Enrique Peña Nieto’s administration and looks at the period of transfer of power, which was unprecedented in Mexican experience inasmuch as the outgoing president finished his term in a severely weakened political position, while the president–elect did not hesitate to make decisions that had a strong impact on national political life. The process is described here, including the most important political events of the transition stage.
Key words: transition of power, Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto, 2012–2018 administration, political parties, federal government.

 

Luego de las elecciones del 1 de julio de 2018, en las que Andrés Manuel López Obrador ganó de forma contundente la Presidencia de la República y que su partido Morena obtuviera la mayoría del Congreso de la Unión en sus dos cámaras, se registró un periodo de impasse y un fenómeno político que nunca se había experimentado en otros procesos de transición, el cual llevó a muchos analistas políticos a señalar que tuvimos un presidente electo gobernando de facto y un presidente en funciones totalmente ajeno a las decisiones importantes del país. El presente artículo tiene como propósito analizar este periodo inédito y valorar el cierre del sexenio de Peña Nieto.

1. El periodo de transición

México es uno de los países en donde el periodo de transición —el lapso entre la realización de las elecciones y la toma de posesión del nuevo gobernante— es muy largo; para el último proceso el periodo corrió del 1 de julio al 1 de diciembre del 2018, es decir, cinco largos meses. En este lapso, se declara la validez del proceso electoral, se configura la composición de la cámara de senadores y de diputados, luego de la asignación de los legisladores de representación proporcional por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), toma posesión el nuevo Congreso de la Unión y los futuros miembros del gabinete presidencial, y las personas que se quedan a cargo de organismos públicos descentralizados hacen el proceso de entrega recepción con los funcionarios públicos salientes; es decir, es un periodo de preparación para que
los servidores públicos que dejan sus cargos cierren los procesos
de administración pública y que los funcionarios entrantes tengan claridad de los asuntos que deben retomar.

Es completamente normal que el presidente saliente empiece a cerrar su administración y a no tomar decisiones trascendentales para el país, aunque esto no es una regla: por ejemplo, en el ocaso del gobierno de Felipe Calderón (2006–2012) se aprobó la reforma a la Ley Federal del Trabajo, hecho que sin duda impactó el mundo laboral en el país.

También es normal que el presidente electo tome un periodo vacacional luego de las campañas electorales, que espere que el Tribunal Federal Electoral declare la validez de su elección, y que poco a poco vaya generando algunos temas de agenda en la vida pública. Otro asunto nodal en este periodo es la conformación de su equipo de gobierno, es decir, empiezan las especulaciones sobre los miembros del gabinete, la designación de funcionarios de organismos trascendentales para el país y se especula sobre quiénes son los “hombres fuertes y de confianza” del futuro mandatario.

Esto es lo que más o menos se ha hecho en los procesos de transición presidencial anteriores, sin embargo, estas prácticas fueron rotas en este periodo entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

2. Saldos de un sexenio

Para poder entender el fenómeno político que se registró en el segundo semestre de 2018, es necesario hacer un balance del sexenio que recién terminó para ver los efectos de gobernabilidad que tuvo.

A continuación, se presenta un balance de la administración saliente.

2.1 El Pacto por México: la luna de miel

Hace seis años, en 2012, Enrique Peña Nieto sorprendió a propios y extraños cuando a través de un pacto cupular con las dirigencias de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), logró concretar las llamadas reformas estructurales, las cuales eran las piezas sueltas que faltaban para lograr que las medidas neoliberales en el país terminaran por implementarse.

La forma como los defensores del neoliberalismo justificaron la falta de resultados de este modelo fue a través del argumento de que hacían falta ciertas reformas al marco normativo para que las políticas pudieran funcionar de forma satisfactoria, y este fue el pretexto para llevar adelante estas modificaciones a la carta magna.

Entre las principales reformas que se llevaron a cabo, estuvieron: la energética, en telecomunicaciones, la fiscal, la política y la educativa. Las dos reformas que fueron más controvertidas y en lo que hubo más discusión fueron la reforma educativa y la energética, que encontraron muchas resistencias sociales y sindicales. Sin embargo, en aquel momento muchos actores políticos y económicos de México y
del
extranjero alabaron el arranque del sexenio de Peña Nieto, el cual lo llevó a las portadas de prestigiosas revistas internacionales.

Desde aquel momento, hubo grupos sociales y académicos que criticaron esta forma de proceder y el contenido de las reformas, sin embargo, no encontraron eco en la opinión pública y más bien se impuso una narrativa que favorecía al presidente de la república.

2.2 Los 43 desaparecidos de Ayotzinapa,

la crisis de derechos humanos y la inseguridad en el país

Si se observan con detenimiento las mediciones de aprobación que tuvo Peña Nieto a lo largo de su mandato, es muy evidente que el deterioro de su imagen comenzó con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, a finales de 2014. Este caso fue el detonante de la crisis de personas desaparecidas que había comenzado con el sexenio de Felipe Calderón, pero este evento en particular mostró la crudeza y la profundidad del problema.

La actuación de la Procuraduría General de la República (PGR) exhibió las enormes falencias y deficiencias del sistema de justicia en México y la expresión del entonces procurador, Jesús Murillo Karam, de “ya me cansé”, en una rueda de prensa que se viralizó mundialmente en redes sociales, fue la expresión de la incapacidad de esta institución de procesar de forma adecuada el caso.

El caso Ayotzinapa se transformó en una crisis política para el presidente de México que no pudo atajar de forma apropiada, ya que, al término de su sexenio, el asunto nunca se resolvió y las investigaciones realizadas por la PGR fueron fuertemente criticadas y no aceptadas ni por las víctimas, ni por expertos en la materia, ni por buena parte de la sociedad. La desaparición de estos estudiantes se sumó a la lista de casos donde el derecho a la verdad y a la justicia no se cumplieron; en la actualidad, continúan como situaciones que siguen alimentando el problema de la impunidad.

Durante el sexenio que acaba de terminar, se dieron a conocer múltiples informes de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de organizaciones civiles que mostraron de forma muy clara que nuestro país atraviesa por una profunda crisis de derechos humanos, donde destaca el problema de la desaparición forzada y de la falta de garantías para ejercer la libertad de expresión, solo por citar algunos.

Ante estos informes, el gobierno de Peña Nieto, a diferencia de otras administraciones, se dedicó a descalificar estos hallazgos y a negar la crisis que existe en esta materia; incluso empezó a tener confrontaciones políticas con algunos organismos internacionales.

La última pieza de esta política claramente opuesta al respeto de los derechos humanos, fue la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, la cual legitimaba y otorgaba soporte jurídico a la actuación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública y que le concedían un enorme poder al titular del Poder Ejecutivo federal en esta materia.

En lo que se refiere a las contabilidades de delitos de alto impacto, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012–2018) se experimentó una clara tendencia al alza, donde el año 2017 fue el más violento en varios sexenios. Por ejemplo, de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2014, el número de casos registrados de homicidios dolosos fue de 17,336 y aumentaron año con año hasta que en 2017 se llegó a 28,717 casos. En el primer semestre del año 2018, estados como Nayarit y Guanajuato incrementaron sustancialmente los homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes; en el caso del primer estado, el aumento fue de 300% y en Guanajuato de 128%, siendo esta entidad la que tuvo mayor número de asesinatos, con casi 2,000. Las tendencias apuntan a que 2018 será aún más violento que el año 2017.

En materia de desapariciones, según el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, en 2012, se conoció de 3,288 casos de personas desaparecidas y está cifra creció año con año (salvo de 2014 a 2015, que decreció un poco), pero para 2017, las personas reportadas como desaparecidas fueron 5,426, y hasta mediados de 2018, se habla de más de 30,000 personas desaparecidas, de acuerdo a cifras oficiales.

Sin duda alguna que este fue uno de los asuntos donde mayor deterioro se tuvo en el sexenio que acaba de terminar.

2.3 La corrupción sexenal

Otra de las marcas del sexenio de Enrique Peña Nieto fue la corrupción. Desde hace muchas décadas, se hablaba de la corrupción y la impunidad en este país, pero en dicho sexenio hubo dos aspectos distintos que en otras administraciones federales no habían estado presentes; uno de ellos, es que por primera vez el presidente de la república estuvo directamente implicado en uno de estos asuntos cuando estaba en la primera parte de su gestión.

En otros momentos, se acusó a exmandatarios de casos de corrupción, pero era hasta el final de su sexenio o cuando ya habían dejado el poder, pero en lo que se refiere a Peña Nieto, el caso “Casa Blanca” lo involucró directamente, ya que se presumía que Grupo Higa —que había sido favorecido sistemáticamente en obras de infraestructura en el gobierno peñanietista en el Estado de México, cuando este era gobernador de esa entidad— había obtenido también la concesión de buena parte de la construcción del tren México–Querétaro. Se especuló sobre una posible devolución de este favor a través de la venta de la llamada Casa Blanca, que habría comprado la esposa del presidente. La Secretaría de la Función Pública analizó el asunto y determinó que no había delito que perseguir, pero las explicaciones del caso nunca convencieron a la opinión pública y marcó la figura presidencial.

Lo segundo es que se conocieron casos en donde se pudo conocer la magnitud de la corrupción, es decir, se habló de formas de proceder y de cifras de dinero desviado. El reportaje más ejemplar sobre esta dinámica fue el publicado por Mexicanos contra la Corrupción y el periódico digital Animal Político, titulado “La estafa maestra”, donde se narra cómo se desviaron 7,600 millones de pesos a través de diversas redes de corrupción y de un modelo de subcontrataciones sucesivas. En este proceso, intervenían universidades públicas y al final de la ruta del dinero, se descubría que las obras definidas no fueron realizadas. La segunda versión de la Estafa Maestra, con un proceso similar, calculó un desvío de 1,700 millones de pesos.

En este mismo rubro, se tienen que agregar los escándalos de corrupción de gobernadores de los estados, donde destacan los casos de Javier Duarte en Veracruz, César Duarte en Chihuahua, Roberto Borge en Quintana Roo, Guillermo Padrés en Sonora y Roberto Sandoval en Nayarit. Lo paradójico del asunto es que varios de estos personajes fueron los rostros renovados de lo que se llamó la generación del “nuevo PRI” y que resultaron los priistas con más señalamientos de corrupción.

También es necesario señalar que durante esta administración de Peña Nieto se creó el Sistema Nacional Anticorrupción y en varias entidades los sistemas estatales en la materia. Este proyecto fue bien recibido en la opinión pública, sin embargo, al cierre del sexenio la capacidad de acción de este sistema ha dejado mucho que desear, incluso ha sido fuertemente criticado por consejeros ciudadanos que formaron parte de él, ya que sus resultados han sido mínimos y de muy poco impacto.

2.4 La política social fallida

Uno de los programas más ambiciosos del sexenio de Peña Nieto fue la erradicación de la pobreza alimentaria a través del programa México sin Hambre, que tenía como inspiración el programa brasileño Hambre Cero, el cual tuvo mucho impacto en aquel país de Sudamérica.

En la política social, se mantuvo la estrategia de combate a la pobreza con la modalidad de focalización, se construyeron comedores comunitarios en ayuntamientos considerados de alta marginación, entre otras acciones, las cuales tuvieron como propósito sacar a miles de personas de su condición de pobreza.

Lo primero que sucedió en esta materia fue el escándalo que detonó cuando el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la última medición sobre el fenómeno, cambió su forma de ponderar la pobreza de los mexicanos y hubo severas críticas a esta acción, ya que se consideró que los nuevos estándares de medición favorecían el ocultamiento del fenómeno de la pobreza; incluso el sexenio terminó con un proceso de cooptación política del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), por parte de los partidos políticos, que ponen en riesgo la autonomía de la institución y con ello caer en un posible manejo político de los datos.

Ahora bien, aun con esta modificación de la metodología de medición, no hubo gran avance en la materia. En la tabla 1.1 se presentan los tres cortes del CONEVAL a lo largo del sexenio de Peña Nieto.

Como se puede observar, los impactos de la política social en el sexenio fueron prácticamente nulos, ya que comenzó con 53 millones de pobres y termina con 53 millones de pobres; es decir, las acciones emprendidas fueron incapaces de modificar esta situación. Los cambios que se tuvieron fue que alrededor de dos millones de personas en pobreza extrema pasaron a ser pobres moderados, sin embargo, prácticamente ningún pobre dejó de ser pobre.

Con estos resultados, podemos afirmar que dicho sexenio fue un periodo con una política social a todas luces fallida.

La reforma energética había sido la gran promesa de esta administración federal, al afirmar que se convertiría en la palanca del desarrollo del país. No fue así. La apuesta del presidente de México fue un rotundo fracaso, ya que las intenciones de generar recursos energéticos más baratos y de incrementar las inversiones en el sector energético nunca se logró. El punto más crítico durante el sexenio en esta agenda fue el llamado “gasolinazo”, en enero del año 2017, donde se incrementó el costo de este combustible, situación que generó un fuerte repudio social, incluso fue el peor momento de desaprobación que tuvo Peña Nieto a lo largo de su mandato.

El otro proceso que fue muy lesivo para buena parte de la población, fue la liberalización de los precios de gasolina y del gas LP, que supuso nuevos aumentos en el costo de estos recursos y la entrada de empresas trasnacionales al mercado de las gasolinas. Todos estos procesos provocaron que en 2017 se experimentaran incrementos sustantivos en la inflación, llegando a cifras que no se habían tenido en tres lustros.

Entre los aspectos positivos de este sexenio en materia económica, podemos señalar la reforma en telecomunicaciones, que elevó a rango constitucional el derecho a la Internet de banda ancha, la concesión de un nuevo canal de televisión a nivel nacional (Imagen) y el no cobro de las llamadas de larga distancia en todo el país. Estas políticas derivaron en un abaratamiento en este tipo de servicios y una ampliación en la cobertura de la Internet, pero todavía falta avanzar para que efectivamente sea un derecho universalizado.

3. Los impactos en la imagen del presidente

Ni Ernesto Zedillo, ni Vicente Fox, ni Felipe Calderón tuvieron tantos detractores al final de sus sexenios, y si hablamos en términos gruesos, tres encuestas nacionales que se publicaron en noviembre de 2018 (de los diarios El Universal y El Financiero, y del Grupo Reforma) coincidieron en que al menos siete de cada diez mexicanos le otorgaron una calificación reprobatoria al presidente saliente, Enrique Peña Nieto.

El presidente saliente afirmó en una de sus últimas entrevistas como primer mandatario, que había cumplido con 97% de sus compromisos de campaña (asunto que nadie creyó), y además, al final de su gestión otorgó el Águila Azteca, máxima condecoración de nuestro país a un extranjero, al yerno de presidente estadunidense Donald Trump, Jared Kushner. Este último acto generó una enorme controversia en redes sociales y le ganó al entonces presidente Peña Nieto la última gran ola de críticas a su mandato.

De acuerdo a Consulta Mitofsky, de los últimos cuatro sexenios, Peña Nieto es el único presidente que se fue con una aprobación menor a 50%. En la figura 1.1 se presenta una gráfica con esta información.

4. El cierre de sexenio y el vacío de poder

Como se dijo antes, el proceso de transición en México es muy largo, ya que pasan cinco meses entre el día de la elección y la toma de posesión del presidente electo. En esta ocasión, se generó un fenómeno político muy particular y que en otros momentos de la historia reciente no se había presentado, ya que Peña Nieto se ausentó del escenario político de forma muy radical y Andrés Manuel López Obrador tomó las riendas del país sin estar gobernando oficialmente; es decir, el presidente en funciones renunció de facto a sus labores y el presidente electo comenzó a gobernar de facto.

 

La evaluación del periodo de gobierno anterior y los malos resultados de la gestión peñanietista, que ya se documentaron antes, a la par de una votación masiva e histórica por Andrés Manuel López Obrador, que obtuvo el triunfo con 53% de los votos, que representan más de 30 millones de electores, generó la combinación perfecta para tener un presidente saliente con una enorme debilidad política, frente a un presidente electo con un altísimo grado de legitimidad social. El resultado fue inevitable, un presidente en funciones sin capacidades de gobernar frente a un presidente electo que comenzó a gobernar desde el 2 de julio de 2018. Por supuesto que muchas decisiones de la administración pública federal las siguió tomando Peña Nieto y su equipo, sin embargo, las grandes decisiones políticas del país las tomó López Obrador.

Desde mi punto de vista, en este proceso de transición, hubo dos asuntos claves que se resolvieron en este periodo y que tendrán un fuerte impacto político y económico para el futuro. El primero fue el proceso de cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y el segundo la reconfiguración del Congreso de la Unión para darle a Morena una mayoría aplastante en ambas cámaras. Por supuesto que hubo otros procesos que se implementaron desde el equipo del presidente electo, los cuales tuvieron mucho reflector mediático, pero que no tuvieron trascendencia, por ejemplo los Foros de Pacificación, que fueron suspendidos luego de un diseño poco útil y que sus magros resultados no fueron retomados después en ninguna política pública de gran calado. Sin embargo, los asuntos anteriores sí tendrán y tienen un enorme impacto futuro.

Durante la campaña, Andrés Manuel López Obrador criticó la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en lo que fue el lago de Texcoco, dichos que le valieron fuertes críticas de parte de los empresarios más ricos del país. Luego de ganar la elección, el presidente electo de México y los miembros de su partido político realizaron una consulta (con ningún rigor metodológico) para preguntarle a la población sobre su posición en torno a continuar con la construcción del aeropuerto en Texcoco, o comenzar la construcción de dos pistas en la antigua base militar de Santa Lucía. Después de la participación de casi un millón de personas, Andrés Manuel López Obrador decidió la cancelación de la obra en Texcoco, hecho que generó un gran revuelo social, que terminó con la aceptación de la decisión por parte de los empresarios más encumbrados del país y que incluso tuvo algunos impactos macroeconómicos.

Durante este proceso, el presidente en funciones estuvo ausente del debate público y luego de la decisión del presidente electo, se concretó a decir que las obras del nuevo aeropuerto seguirían hasta que concluyera su mandato; sin embargo, por la vía de los hechos, el proyecto fue sepultado. Lo relevante de este asunto es que la obra icónica del sexenio de Peña Nieto se derrumbó con la decisión de un presidente que todavía no gobernaba en términos formales.

Hoy por hoy no sabemos a ciencia cierta los impactos económicos de esta determinación, pero desde la perspectiva política, fue la primera gran decisión de López Obrador sin ser presidente en funciones.

El segundo asunto fue el cambio en la conformación de la Cámara de Diputados. Durante el periodo de transición se fraguó un nuevo escenario en la configuración de la cámara baja por las diversas trasferencias de legisladores del Partido Encuentro Social (PES), del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde, hacia el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), con lo cual el nuevo mapa de diputados es el que se muestra en la tabla 1.2.

Con estos traspasos, el partido Morena tiene mayoría absoluta en el Congreso. Es decir, cuenta con 50% + 2 de los 500 diputados que conforman la cámara baja. Con esta mayoría, este partido puede aprobar presupuestos y leyes reglamentarias. Si a esto le agregamos los 61 legisladores del pes y del pt, que fueron parte de la coalición Juntos Haremos Historia, solo necesitaría 62 diputados más para contar con la mayoría calificada y hacer reformas constitucionales; es decir, la “Súper Bancada” de Morena tiene el escenario puesto para imponer su agenda y los partidos de oposición están condenados a perder sistemáticamente todas las votaciones.

También en este periodo de transición, se configuraron alianzas de gobierno que cambiaron las geometrías políticas del país. La alianza entre el PRI, el Partido Verde y Nueva Alianza se desmoronó. El Partido Verde dio por concluido este enlace político que duró casi diez años y Nueva Alianza perdió el registro como partido político. Luego de este quiebre, el Partido Verde abrió una nueva relación de alianza con Morena; esto es, se convierte en el tercer partido político satélite del partido mayoritario, junto con el PES y el PT.

Por otro lado, el Frente por México no trascendió la coyuntura electoral y cada una de las tres fuerzas políticas que lo conformaron tomaron sus propios caminos políticos.

Con lo anterior, vimos como el presidente electo influyó de manera determinante en el Poder Legislativo para modificar la configuración del mismo y con ello contar con una fuerza determinante para aprobar la mayor parte de sus iniciativas. Frente a este movimiento político, el presidente en funciones no tuvo ninguna capacidad de contención.

Como podemos ver, fue un periodo de transición inédito, con un escenario político que nunca habíamos tenido y donde quedó muy clara la escisión entre el poder político real y el poder político formal. Es difícil que volvamos a tener un escenario con estas características, pero algo de lo que nos ha mostrado la coyuntura presente, es que tenemos muchos fenómenos políticos nuevos que es necesario analizar con detalle.

 

[*] Es académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Es licenciado en Sociología por la Universidad de Guadalajara y en Filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA). Tiene una maestría en Impactos Territoriales de la Globalización por la Universidad Internacional de Andalucía y es doctor en Estudios Científico–Sociales por el ITESO. Colabora semanalmente en Zona 3, Radio Metrópoli, Quiero tv, Megacable, Imagen San Luis Potosí y como articulista en el Semanario de Guadalajara, la Méndiga Política, Cuarta mx y en las revistas El Puente y Christus. Es profesor invitado en la Universidad Iberoamericana León. Correo electrónico: jerqmex@hotmail.com

 

 

Narrativas sobre el agua en la agenda electoral: observación de la presencia en medios de comunicación y redes sociales de candidatos, partidos y OSC durante la elección para gobernador de Jalisco 2018

Susana Herrera–Lima[*]

Hernán Muñoz Acosta[**]

 

Resumen: los problemas de agua y territorio se presentan en el ámbito rural y urbano en Jalisco, en prácticamente toda la superficie del estado, en un contexto de crisis ambiental regional. En el marco del proceso electoral 2018, se observaron y analizaron las propuestas de candidatos a la gubernatura de Jalisco y las demandas de la sociedad civil en torno a problemas de agua, en medios y redes. Los resultados muestran sentidos y orientaciones divergentes por parte de estos actores sociales, y una incidencia de las acciones de las organizaciones de la sociedad civil en las narrativas de los candidatos.[1]
Palabras clave: elecciones 2018, conflictos socioambientales, agua, Jalisco.

Abstract: Problems involving water and territory arise in both rural and urban settings in Jalisco, in practically all parts of the state, in a context of regional environmental crises. Within the framework of the 2018 election, water-related proposals made by the candidates for governor of Jalisco in the media and on social networks were observed and analyzed, along with water-related demands made by civil society. The results show that these social actors subscribe to very different meanings and orientations, and that the actions of citizens’ organizations have an impact on the candidates’ narratives.
Key words: 2018 elections, socio-environmental conflicts, water, Jalisco.

 

  1. Problemas y conflictos de agua en Jalisco

Los problemas relacionados con agua y territorio son una vertiente de los problemas socioambientales contemporáneos, que, en el actual contexto de crisis global múltiple, derivan y se manifiestan en conflictos socioambientales. En alguna medida, todas las prácticas que originan los problemas socioambientales de agua y territorio están vinculadas a modelos de relación inequitativos, fundamentados en garantizar el desarrollo económico antes que el equilibrio ecológico y el bienestar social. La privatización de los sistemas de abastecimiento, saneamiento y distribución, y el riesgo latente de la privatización del agua misma, en la propuesta de modificación de la Ley de Aguas y en los recién publicados Decretos de reserva de agua,[2] configuran el posible marco jurídico y escenario en el que se gestan y desarrollan los conflictos por agua y territorio en México en general, y en Jalisco en particular.

El amplio espectro de problemas acerca del agua en el país abarca, entre otros, acceso y calidad inequitativos, disponibilidad, contaminación, severas afectaciones de salud, impactos en la calidad del suelo y los alimentos, desplazamientos forzados.

Las múltiples y complejas articulaciones de causas incorporan, desde los megaproyectos extractivos y de producción de energía, procesos industriales y agroindustria, manejo inadecuado de desechos, los marcos legales insuficientes o inadecuados, hasta la gestión ineficiente y la expansión urbana desordenada y descontrolada. La difusión y visibilidad de estos conflictos se realiza en medios de comunicación, redes sociales y espacios públicos; emana de múltiples actores sociales y voces, con implicaciones y afectaciones diferenciadas en los problemas, y a su vez, con accesos desiguales a los medios y espacios de comunicación.

En el estado de Jalisco, los problemas de agua y territorio se presentan en el ámbito rural y urbano en prácticamente toda la superficie del estado, en un contexto de crisis ambiental regional.[3] En las ciudades, los problemas más evidentes son la mala calidad del agua por contaminación y la escasez por el acceso y la distribución diferenciados. Estos problemas están relacionados con prácticas productivas e industriales, construcción en zonas de recarga de aguas subterráneas, cambios y falta de regulación en el uso del suelo, deforestación, expansión urbana descontrolada, mal manejo de cuencas y mala gestión.[4] En el entorno rural, además de estos problemas, se presenta una creciente degradación en los suelos que da lugar a procesos de desertificación, alta contaminación en los cuerpos de agua y el suelo por procesos industriales, de agroindustria, productivos y de minería, que están vinculados a procesos de despojo y desplazamiento. En las zonas costeras se agregan los problemas relacionados con los megadesarrollos turísticos que devastan zonas de manglares, espacios de hábitat de flora y fauna, y contaminan ríos, esteros y océanos, además del mal manejo que hacen de las cuencas marítimas.

Los megaproyectos hidroeléctricos, las presas y otras intervenciones en los ríos y cuerpos de agua provocan daños ambientales y desequilibrio ecosistémico. Los problemas de salud, derivados de la falta de acceso a agua de buena calidad y a la contaminación de suelos y de vegetales y animales comestibles, van en aumento en el estado, en particular los casos de insuficiencia renal en la ribera de Chapala y región sur. En la ribera del Río Santiago, los casos de cáncer, leucemia y enfermedades renales por descargas industriales, de aguas negras y lixiviados, se documentan desde hace más de diez años y aumentan constantemente.[5]

Los actores políticos involucrados en la toma de decisiones, en la elaboración de políticas públicas y actualización de las normas y leyes que rigen la dinámica social, son interpelados constantemente por las organizaciones de la sociedad civil (OSC). La atención que se otorga a peticiones y demandas, así como los conflictos derivados de la relación entre las afectaciones y su impacto en la agenda pública, tienen diversos grados de visibilidad en el espacio público y en medios de comunicación.

El contexto del proceso electoral 2018, en particular las campañas para elegir al gobernador del estado de Jalisco, ha sido un fértil escenario de observación de la interacción discursiva entre actores políticos y las OSC acerca de los problemas y conflictos relacionados con el agua en esta región. Se partió de la premisa de que estarían presentes en la contienda electoral, en acciones y discursos de actores sociales con intereses muchas veces inconciliables. Las propuestas y declaraciones de los principales actores políticos de la contienda, por una parte, y las demandas y peticiones de las OSC, por otra, abordaron, efectivamente, estos problemas y conflictos, con sentidos y orientaciones diferentes a lo largo del proceso electoral, afectándose mutuamente y dando lugar a la incorporación paulatina de algunos temas y asuntos en la agenda de los candidatos y a ciertos desplazamientos en sus orientaciones.

 

  1. Observación del proceso electoral 2018

La observación del proceso electoral en el estado de Jalisco se realizó en el marco del Observatorio de Comunicación y Cultura ETIUS, del Departamento de Estudios Socioculturales (DESO) del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO),[6] en el proyecto ETIUS Electoral 2018. En la línea de observación de agua y territorio, se observaron y analizaron las declaraciones y propuestas de los candidatos a la gubernatura y las demandas y peticiones de las OSC sobre los conflictos en el estado de Jalisco en diversos medios y espacios de comunicación durante los periodos de pre campañas y campañas.

El objetivo de la observación fue dar cuenta de las tensiones y disputas por la visibilidad y sentido de los conflictos, así como por las formas de inclusión de estos en las agendas de los candidatos. Esto, a
través de las interacciones discursivas que se establecieron entre las OSC y los contendientes en espacios mediáticos.

El análisis dirigió la mirada a enmarcar y explicar, desde lo social, discursos delimitados por su relación con el proceso electoral de Jalisco, a través de observaciones, enunciaciones y articulaciones emergentes desde las posturas de cada actor.[7] El estudio se inscribe en la producción de conocimiento sobre problemas socioambientales desde la comunicación, que se nutre del enfoque construccionista, referido a estudios que “examinan la forma en la que medios y formas de comunicación proveen un cuerpo de evidencia sobre la centralidad de la comunicación para entender los orígenes sociales y políticos de los problemas ambientales”.[8]

Las campañas para elegir gobernador de Jalisco trascurrieron del 30 de marzo al 27 de junio de 2018, con un periodo de pre campañas que inició el 14 de diciembre de 2017. En estos meses, las OSC del estado se mantuvieron activas en la realización de foros, encuentros, asambleas, entre otros, que derivaron en diferentes agendas conjuntas con respecto al tema del agua.

Se analizaron piezas de comunicación presentadas en las redes sociales Facebook y Twitter, monitoreo de prensa y páginas oficiales de candidatos, partidos políticos y OSC, así como las intervenciones de los candidatos en los tres debates organizados por la autoridad electoral. En la tabla 11.1 se presenta el corpus completo.

 

  1. Resultados

La observación estuvo guiada por tres ejes para la exploración descriptiva de temas que relacionaran agua y elecciones: actores, problemas y relaciones (véase tabla 8.2). A partir de ahí, se trazaron las principales

líneas temáticas en perspectiva con la dimensión espacial y temporal del contexto; en la etapa final, se hizo una inducción analítica con los datos obtenidos para mostrar las principales narrativas en torno al agua presentes durante el proceso. Las categorías temáticas que organizaron los resultados fueron: abastecimiento, calidad, distribución, privatización, contaminación, salud, infraestructura, calidad, uso de suelo, industria, minería, agropecuario, energía y urbanización.

En la fase de pre campañas se registraron un total de 148 notas de prensa, 280 publicaciones en Facebook y Twitter, incluyendo retuits y compartir, sumando un total de 348 piezas de comunicación codificadas. De estas, solo 20 fueron publicaciones de Organizaciones de la Sociedad Civil y el resto de partidos políticos y candidatos. Al llegar al término de las campañas y la parte final de la observación, correspondiente al periodo de campañas, se tienen un total de 715 entradas codificadas. En el conteo de piezas relacionadas con cada categoría, hubo 152 relacionadas a la categoría de abastecimiento, con lo que este fue el tema más recurrente relacionado al agua abordado por los candidatos a la gubernatura; 113 piezas tuvieron su énfasis en la contaminación de cuerpos de agua, 69 se centraron en explicar un problema de agua desde la infraestructura, mientras que solo 26 se enfocaron en la salud como tema central.

Las cuentas en redes de las OSC y sus apariciones en medios se mostraron más activas hacia el final de las campañas. Diferentes OSC realizaron encuentros y foros relacionados con el agua y el proceso electoral, y cuestionaron de forma directa a los candidatos a través de publicaciones en redes sociales sobre la presencia del tema en su agenda.

Dentro de los eventos de las OSC en el contexto del periodo formal de campañas, destaca el encuentro de un grupo de organizaciones, afectados y defensores del agua articulados por el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (Imdec), que organizaron el Segundo Encuentro por el Agua, la Salud y el Territorio, evento que se llevó a cabo el 5 de mayo en San Pedro Itzicán. El evento convocado por el Imdec

fue el antecedente para la conformación de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio (UPOJAST), la cual fue fundada por representantes de comunidades, organizaciones y universidades en el marco del Día Mundial del Agua y el Primer Encuentro de Pueblos de Jalisco por el Agua, el Territorio y la Vida. Los integrantes decidieron articularse y conformar la unión como medida urgente “después de analizar la grave situación del agua en Jalisco”.[9]

Posteriormente, la UPOJAST organizó el foro y la rueda de prensa, #AguasConLxsCandidatxs que se llevó a cabo el 5 de junio, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, y en el que se analizó la agenda del agua en las campañas de los candidatos a la gubernatura del estado. La unión de organizaciones analizó los sitios web de los candidatos, los dos debates que se habían llevado a cabo hasta la fecha y las declaraciones de los candidatos en notas de la prensa.

La organización civil Tómala presentó el 11 de junio el informe “Nuestras Miradas, Agendas desde la Sociedad Civil 2018”, en el que las organizaciones que conforman este colectivo delinearon 13 temas fundamentales para Jalisco desde la perspectiva de la sociedad civil. Las agendas fueron entregadas a “los distintos candidatos y candidatas a puestos de elección popular a nivel municipal y estatal y para el Congreso Local”.[10] Otros hechos que se resaltaron en el monitoreo del periodo de observación incluyen el conflicto que se presentó entre el gobierno de Guadalajara y los vecinos de Arboledas Sur[11] y la presentación de propuestas por parte del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua.

En el periodo de campañas se realizaron los tres debates con los candidatos a la gubernatura organizados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), con formatos y temas determinados por la misma institución. Resalta, en nuestro tema de interés, el primer debate —realizado el domingo 13 de junio de 2018 en las instalaciones del canal 44— pues se abordaron las temáticas de movilidad, desarrollo económico, empleo y salario, destacando el eje temático de medio ambiente, con frecuente mención de tópicos asociados al agua. En el segundo y tercer debate, se hicieron menciones sobre problemas de agua, pero de forma subordinada a los temas preestablecidos por el IEPC Jalisco.

 

  1. Las trasformaciones en el tiempo de campañas 

El análisis de narrativas se apoyó de referentes en los que el seguimiento a las menciones públicas sobre un asunto o política se hace tanto de forma sincrónica como diacrónica.[12] La visualización, en forma de líneas temporales paralelas, representa en un proceso simultáneo e interdependiente la secuencia de menciones a problemas de agua por parte de actores políticos y OSC; esto serviría para observar la forma en que se van incorporando y afectando, mutuamente, narrativas y discursos ante nuevas condiciones y contextos.[13] En la visualización pueden distinguirse los eventos en los que se plantearon agendas conjuntas desde la sociedad civil, posteriormente retomadas por los candidatos, o bien las confrontaciones directas como la iniciativa #aguasconloscandidatxs en redes sociales. Se pueden establecer momentos clave o hitos en los que se incorporaron ciertos temas a la agenda de los candidatos u organizaciones.

El propósito es que sea una herramienta libre para el seguimiento de los temas de agua antes y después de la elección, al ser un contenedor de evidencias útil para analistas, medios, organizaciones, candidatos o ciudadanos que quieran hacer uso de esta información, ya sea a través de la aplicación de filtros en la visualización o directamente en los enlaces a las notas periodísticas y otras piezas de comunicación accesibles desde la versión interactiva.

 

  1. La localización de los problemas como categoría de observación

La tipología de problemas, así como el rastreo de los lugares referidos por los actores, se representa en un mapa interactivo (figura 8.1) que muestra la importancia del aspecto territorial en la construcción de los problemas y las narrativas desde las diferentes perspectivas. Cada uno de los puntos está marcado con una iconografía que corresponde a la categoría temática que se aborda con relación al agua.[14]

Entre los resultados que se pueden inferir, a partir de esta forma interactiva de visualización, se aprecia la concentración de las referencias a aspectos problemáticos en las zonas urbanas, principalmente en la zona metropolitana de Guadalajara, la región de los Altos y la ribera Lerma–Chapala; asimismo, es notable el desequilibrio en referencia a las regiones sur, norte y costa de Jalisco.

 

  1. El trazo de las posturas: narrativas

Como producto de un análisis de segundo grado, se propusieron categorías para agrupar las principales narrativas sobre agua y territorio en las campañas. Estas no son una réplica de lo que acontece sino la construcción de una trama que retoma lo previo y lo configura. Podrían resumirse como la interpretación analítica de la forma en la que los sujetos estudiados retoman hechos o ideas en una secuencia lógica.[15]

La organización de los datos, en respuesta a categorías narrativas sobre agua en el contexto de las campañas, aporta otra perspectiva sobre las posiciones de los actores durante el proceso electoral. Se asume que las narrativas existen, de forma independiente a los actores y las instituciones, pero que son retomadas en contextos particulares que les otorgan un sentido determinado. En la tabla 8.3 se hace una breve descripción de cada una de las narrativas con su respectivo nombre y clave para su visualización.

Lo anterior se tradujo en una representación gráfica de la interacción en red de todos los actores observados en redes sociales, prensa y el primer debate —candidatos, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil— con el cruce de las narrativas (véase figura 8.2). Se registró un total de 407 relaciones entre los actores y las narrativas. Los nodos o puntos representan un actor o narrativa, y su respectiva arista (línea) indica el color del actor que utilizó la narrativa. El tamaño de cada nodo corresponde a la cantidad de relaciones, por lo que su mayor número significa un incremento en el tamaño del nodo.

La categorización por narrativas otorgó nuevas lecturas a partir del reensamble de los datos a la luz de la identificación de patrones distintivos en los que aparecieron las intervenciones y declaraciones públicas de los sujetos estudiados en relación con el contexto electoral. Destaca, por ejemplo, la uniformidad de las narrativas de los candidatos entre sí y la diferencia de los mismos con las organizaciones de la sociedad civil. Aun cuando ambos tipos de actores se refirieron a los mismos problemas, en el mismo territorio y con conceptos similares, se notaron lógicas argumentativas y sentidos muy distintos entre ellos, lo que los colocó en diferentes narrativas. Destaca la categoría referente a las obras de infraestructura como solución a los problemas de agua, retomada por cada uno de los candidatos. En contraste, destacan también los registros de las narrativas sobre el agua como bien común y sobre la extensión de las decisiones sobre el agua fuera del gobierno como dominio casi único de las OSC.

Las narrativas permiten analizar la reinterpretación de las categorías temáticas y la enunciación de ciertos conceptos o términos incorporados a las propuestas de candidatos, pues el que los mencionaran no significa que hayan desarrollado sus propuestas o posturas en consecuencia con esos discursos, como los aspectos relacionados a la “sustentabilidad” o el “derecho humano al agua”. En el apartado de resultados del tercer informe de la línea de investigación en el sitio de ETIUS Electoral se analiza cada candidato y OSC en relación con las narrativas identificadas.[16]

Conclusiones

Las narrativas sobre los problemas de agua y territorio en el periodo electoral 2018 se nutrieron de tres formas de lectura y análisis a lo largo de este trabajo de observación. El aspecto temporal permitió ver la forma en que fueron incrementando, gradualmente, las apariciones del tema del agua en las agendas de los candidatos en sincronía con el aumento en las demandas directas realizadas por la sociedad civil, que en este periodo se mostró activa y generando alianzas para promover agendas comunes. En el aspecto espacial, queda en evidencia la concentración de la discusión sobre los temas de agua en las zonas urbanas, en especial en la capital del estado, así como en zonas estratégicas por su relevancia económica y electoral. Finalmente, al conjuntar los datos en un análisis narrativo, destaca la uniformidad en los discursos de los actores políticos y su interés fundamental en promover obras de infraestructura, con su contrapeso en las organizaciones de la sociedad civil, más centradas en exponer una contra narrativa en la que el bien común y el derecho humano tienen prioridad.

El análisis muestra la falta de una visión sistémica en todos los candidatos, lo que no permite articular los problemas de agua con otras problemáticas de la región: salud, pobreza, inequidad en el acceso, marcos legales, regulación territorial, aspectos de orden cultural, así como la falta de propuestas de inclusión de los ciudadanos en la toma de decisiones en torno a problemas que atañen a su propia vida. La mención de problemas de agua responde a la presión de las OSC a lo largo de las campañas; sin embargo, esto no llevó a una toma de postura o a propuesta de soluciones específicas —más allá de obras de infraestructura— ni a abundar en los significados de términos como “gestión integral del agua” o “la sustentabilidad del agua”, entre otros, que se vuelven autoevidentes en las narrativas de los actores políticos.

Los recursos de visualización de los datos obtenidos en la observación sistematizada de medios, enfocada en las narrativas y los discursos sobre un tema, son una aportación metodológica para la observación de otros escenarios y contextos.

La combinación de estrategias de procesamiento de datos, así como las visualizaciones de tiempo, espacio y redes, permite la producción de conocimiento sobre los problemas de agua, más allá de la expresión escrita o el lenguaje de la comunicación académica, abriendo la posibilidad de que se dé uso a la información desde diferentes marcos de interpretación, o bien que cumplan una función política presentando visualizaciones alternativas de los problemas.

 

[*] Profesora investigadora del Departamento de Estudios Socioculturales (DESO) del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), doctora en Estudios Científico–Sociales, maestra en Comunicación de la Ciencia y la Cultura. Líneas de investigación: Comunicación Pública de la Ciencia y Comunicación de problemas socio ambientales. Desarrolla proyectos de Comunicación pública de la ciencia con participación ciudadana. Coordinadora de la línea de investigación en Agua y Territorio del Observatorio de Comunicación y Cultura ETIUS. Fundadora y coordinadora de la colección “De la academia al espacio público. Comunicar ciencia en México” (ITESO). Correo electrónico: shl@iteso.mx

[**] Licenciado en Ciencias de la Comunicación y egresado de la Maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura del ITESO. Coordinador de la línea de investigación en Agua y Territorio en ETIUS. Correo electrónico: hernanmunoz@live.com.mx

[1].     La producción de datos en el proceso de observación se realizó con la colaboración de los estudiantes del PAP ETIUS electoral del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO): Cristhy Alpuche, Alejandra De la Torre, Alfredo Morfín, Valeria Lozano y Paloma López.

[2].    Secretaria de Gobernación. “Decreto por el que se suprime la veda en las cuencas hidrológicas que se indican, se establece zona de veda en las cuencas hidrológicas […]”, en Diario oficial de la Federación del 6 de junio de 2018, edición vespertina. Recuperado el 28 de agosto de 2018, de http://www.dof.gob.mx/index.php?year=2018&month=06&day=06

[3].    Morales–Hernández, Jaime (coord.). Complexus 8: Los espacios rurales y la ciudad: agriculturas periurbanas y sustentabilidad en el Área Metropolitana de Guadalajara, México, ITESO, Tlaquepaque, México, abril de 2018.

[4].    Tetreault, Darcy; Ochoa–García, Heliodoro; Castillo–Castro, Xóchitl C.; Figueroa–Bautista, Pedro; Guerritsen, Peter et al. Conflictos socioambientales y alternativas de la sociedad civil, ITESO, Tlaquepaque, México, 2012.

[5].    McCulligh, Cindy; Santana, Lizette & Lezama, Cecilia (eds.). Las políticas del deterioro. La dinámica urbano industrial en torno al Río Santiago, Jalisco México. Cuaderno de Trabajo de la Red Waterlat–Gobacit, AT3, vol.3, núm. 6, diciembre de 2016.

[6].    El sitio de ETIUS puede consultarse en: etius.iteso.mx

[7].    Andersen, Niels. Discursive analytical strategies. The discourse analysis of Michel Foucault, The Policy Press, Bristol, Reino Unido, 2003.

[8].    Hansen, Anders. “Emergence and growth of the ‘field’ of environmental communication, en Anders Hansen & Robert Cox (eds.), The Routledge Handbook of Environment and Communication, Routledge, Nueva York, 2015, p.33.

[9].    Texto recuperado del “Documento fundacional” de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio (UPOJAST). Recuperado el 25 de junio de 2018, de http://www.imdec.net/documento-fundacional-de-la-upojast/

[10].    #Nuestrasmiradas2018. Agenda desde la sociedad civil fue presentado en las agendas desde la sociedad civil y editado por el Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia, FM4 Paso Libre, la Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio (UPOJAST), la Red Universitaria para la Movilidad, Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra) y la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Guadalajara. Recuperado el 25 de junio de 2018, de http://www.tomala.mx/2018/AgendasDesdeLaSociedadCivil2018.pdf

[11].    El conflicto se originó porque el ayuntamiento otorgó permisos para urbanizar una parte del bosque urbano que se encuentra al pie del cerro de Santa María. Los vecinos declararon para el sitio de noticias Quadratín que la zona se inunda por la obra.

[12].    Metze, Tamara & Dodge, Jennifer. “Dynamic discourse coalitions on hydro–Fracking in Europe and the United States”, en Environmental Communication, vol.10, núm.3, 2016, pp. 365–79.

[13].    Línea de tiempo y mapa interactivos pueden consultarse en: https://sites.google.com/view/etiusaguayterritorio/p%C3%A1gina-principal

[14].    En la versión interactiva de la visualización, se cuenta con la posibilidad de aplicar filtros por cada uno de los tipos de problemas. Además, permite acceder a los enlaces en la web de todas las notas o publicaciones originales para la consulta o corroboración de los datos. Línea de tiempo y mapa pueden consultarse en: https://sites.google.com/view/etiusaguayterritorio/p%C3%A1gina-principal

[15].    Ricoeur, Paul. Tiempo y narración I. Configuración del tiempo del relato histórico, Siglo XXI, México, 2004.

[16].    Herrera–Lima, Susana & Muñoz Acosta, Hernán (coords.). Discursos sobre problemas de agua y territorio en Jalisco, en el contexto electoral 2018. El caso de la elección de gobernador de Jalisco. Informes de investigación, ITESO, Tlaquepaque, Jalisco , 2018. Recuperado el 28 de agosto de 2018, de https://etius.iteso.mx/files/2018/06/3erInforme-Agua-y-Territorio-ETIUS.pdf

Inteligencia digital electoral, 2018. Tercer #DebateINE a la presidencia

Víctor Hugo Ábrego[*]

 

Yann Bona[**]

 

Rossana Reguillo[***]

 

Resumen: a partir del otoño de 2016, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) cuenta con un Laboratorio Interdisciplinario de Estudios Sociales Aplicados, el cual, entre otras actividades, realiza minería de datos y análisis de redes sociales. Desde finales de 2017, Signa_Lab echó a andar el proyecto sobre inteligencia electoral para las elecciones federales de 2018. El trabajo ha sido dar seguimiento y ofrecer información electoral de los pre–candidatos y luego de los candidatos a la presidencia de la república, en las plataformas de Twitter y Facebook. El artículo que aquí se presenta se enfoca en la participación del Laboratorio en el Tercer Debate Presidencial, celebrado en Mérida el 12 de junio de 2018. El Instituto Nacional Electoral (INE) invitó al ITESO y a su Laboratorio a colaborar en la minería y análisis de las preguntas que la ciudadanía formuló a los candidatos a través de Twitter y de Facebook.
Palabras clave: análisis y visualización de datos, debate electoral, redes digitales, política, afectos.

Abstract: Since autumn of 2016, the Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) has had an Interdisciplinary Applied Social Science Lab, which, among other activities, does data mining and social network analysis. At the end of 2017, Signa Lab launched an electoral intelligence project for the 2018 federal elections. The work consisted of following the pre-candidates and then the candidates for President of the Republic, and publishing electoral information on Twitter and Facebook. This particular article focuses on Signa Lab’s participation in the Third Presidential Debate, held in Mérida on June 12, 2018. The National Electoral Institute (INE, in its initials in Spanish) invited ITESO and its Lab to collaborate in the mining and analysis of the questions that citizens sent in to the candidates over Twitter and Facebook.
Key words: Data analysis and visualization, election debate, digital networks, politics, feelings.

 

En un contexto sociopolítico fuertemente polarizado y una sociedad crecientemente participativa, las redes sociales jugaron un papel fundamental en las conversaciones, los debates y las disputas que marcaron la elección. A lo largo del proceso, a través de las redes, se hicieron visibles los problemas que preocupan y afectan a la ciudadanía, y también se hicieron evidentes las diferencias ideológicas que
no siempre se debatieron de manera respetuosa y que, en muchas ocasiones, reventaron la posibilidad de diálogo en unas elecciones en las que: se eligió presidente, 500 diputados federales, 128 senadores, ocho gobernadores y un nuevo jefe de gobierno en la Ciudad de México.

Las redes se constituyeron en espacios y dispositivos para impulsar agendas, campañas sucias, noticias falsas, ataques, uso de bots para impulsar, silenciar o contaminar hashtags,[1] que en el terreno de la política pre–digital sería el equivalente a reventar el mitin de un candidato con el uso de porros y golpeadores, o bien, llenar un mitin de determinado candidato solamente con acarreados.

En ese sentido, tal como lo hemos venido señalando en otros análisis, “Internet no es una sustitución del espacio público ni de las prácticas políticas, sino un escenario de rearticulación de los repertorios comunicativos y políticos”,[2] que, sin embargo, representan un cambio fundamental e inédito: romper las formas de comunicación de uno a muchos, a la forma híbrida y compleja de muchos a muchos, que ha desestabilizado el monopolio de la voz legítima de los actores tradicionales (políticos y medios) para posibilitar una comunicación distribuida (aunque, en este caso, altamente polarizada).

Es esta cualidad de las redes sociodigitales, la que llevó al Instituto Nacional Electoral (INE) a invitar, a través de una convocatoria en redes, a las y los usuarios, ciudadanos digitales, a participar con preguntas que serían formuladas a los cuatro candidatos a través de Twitter y de Facebook, en el tercer y último debate presidencial celebrado en la ciudad de Mérida, el día 12 de julio. A través del hashtag #DebateINE y de la propuesta de siete ejes temáticos, el instituto invitó a las y los usuarios a participar en la formulación de cuestionamientos a los candidatos. Las fechas que se propusieron para el ejercicio fueron del 31 de mayo al 5 de junio de 2018.

Por la experiencia acumulada en Signa_Lab, el INE decidió invitar al ITESO a colaborar en el registro, categorización y análisis de las preguntas ciudadanas. Signa_Lab llevó a cabo en un proyecto en siete fases y capas analíticas que fue entregado al instituto el 8 de junio de 2018.

Este artículo recoge el trabajo desarrollado por Signa_Lab a propósito de las elecciones mexicanas de 2018, un intenso ejercicio de análisis crítico a través de las herramientas de minería de datos, visualización y de interpretación.

En este proyecto, participaron nueve de los 19 integrantes del laboratorio y que mencionamos en orden alfabético: Víctor Hugo Ábrego (profesor), Diego Arredondo (asesor y programador), Yann Bona (profesor), Eduardo G. de Quevedo (responsable técnico de operación), Alejandro González (asesor, desarrollo de scripts para minería), Paloma López Portillo (estudiante), Zoé Peregrina (estudiante) y Rossana Reguillo (profesora), Alicia Reynoso (estudiante), Mónica Vargas (estudiante). Este equipo fue el responsable de la minería, el análisis, la categorización y visualización de los datasets vinculados a #DebateINE.

Antes de adentrarnos en este análisis, ilustramos, a través de una sencilla infografía (véase figura 7.1), cuál fue la metodología seguida para esta tarea que consideramos vital para una diversidad de procesos sociales: la escucha de las redes sociales.

Como se puede apreciar, el procedimiento metodológico es clave para garantizar el rigor del ejercicio que se organiza en: escucha, descarga, análisis, visualización e interpretación.

A continuación, presentamos el ejercicio analítico digital que realizamos para el INE, utilizando el capital de conocimientos técnicos, metodológicos y conceptuales que el Laboratorio ya venía acumulando.

 

  1. Treemap. La atención a cada tema del #DebateINE 

Entre el 31 de mayo y el 5 de junio, se produjeron un total de 11,538 tweets que respondieron a la convocatoria del INE para interrogar, sobre siete temas específicos, a los candidatos a la presidencia durante el tercer debate, realizado en la ciudad de Mérida. El siguiente mapa (véase figura 7.2) muestra el porcentaje de tweets recibidos por tema (hashtag).

Puede apreciarse que los dos temas con mayor porcentaje (que despertaron mayor interés) fueron educación, con 25.40% de las preguntas, y salud, que concentró 20.55% de la participación. Esto es comprensible en la medida en que en los últimos años, las llamadas reformas estructurales han reconfigurado las condiciones de acceso y sustento de estos dos temas, pilares para construir una sociedad democráticamente saludable. Le sigue el tema de pobreza con un 16.22% de las preguntas recibidas.

Si como hemos planteado, la Internet no es “otro” espacio público sino un escenario de rearticulación e invención, el dato de que la educación, la salud y la pobreza se constituyan en problemas referidos por los usuarios de redes, estaría indicando que, para la sociedad, hay dos problemas de fondo: la dificultad de “acceso” y las condiciones que imposibilitan este. Un análisis detallado de los hallazgos, a través de herramientas propias de la minería y de big data, estaría indicando que hay una necesidad fundamental de resolver la contradicción “acceso–condiciones”, frente a la poca relevancia o importancia que las y los usuarios —de Twitter—, dieron a temas tan relevantes como la tecnología y el cambio climático.

Se trata de las preguntas formuladas por usuarias y usuarios de redes a los candidatos en lo que sería el tercer y último debate antes de las elecciones, y no de un diagnóstico sociopolítico de las expectativas de todo un país. Pero llama la atención que temas claves como la tecnología y el cambio climático ocupen o hayan despertado tan poco interés como preocupaciones ciudadanas expresadas en las once mil quinientas preguntas que Signa_Lab descargó y analizó.

El balance y el análisis ulterior de la participación en este ejercicio marcaron que prevaleció el ánimo de diálogo y de interés.

 

  1. La conversación #DebateINE en Twitter

2.1. Metodología

El 6 de junio de 2018, Signa_Lab llevó a cabo la minería de datos. En Twitter, se descargaron todos los tweets que respondieron a la convocatoria del INE para participar en el tercer debate presidencial. Los términos de búsqueda y los registros totales fueron los siguientes (véase tabla 7.1):

2.2. Redes

Para facilitar el acceso a los datos, se han desarrollado programas que rastrean los movimientos en redes sociales y han generado algoritmos que permiten acceder a estos sitios para descargar información relevante que posibilite un análisis posterior. Estos desarrollos se denominan scrapers y suelen estar asociados a un tipo específico de plataforma. Por ejemplo, un scraper para la base de datos de Wikipedia, Facebook o Twitter.

En este sentido, desde el laboratorio se desarrolló un scraper propio con el fin de hacer posible la descarga de toda la información contenida en un mensaje de Twitter.

Lo llamamos Thoth, como acrónimo de “Tweet, Hashtag Observer & Troll Hunting”. El programa se basa en un conjunto de scripts hecho con un lenguaje de programación llamado Python. Dentro de sus funciones, el script nos permite descargar información y generar tres tipos de bases de datos que nos resultan útiles para producir grafos de tipo red a partir de ellas.

  • Relaciones de usuario a usuario: usuarios que comentan, retuitean o le dan like a un tweet de otro usuario son señalados como vinculados. Se obtiene así, una red de la cantidad de vínculos entre usuarios. Se puede diferenciar entre quienes reciben más vínculos y quienes los reciben.
  • Relaciones de hashtag a hashtag: cada tweet que menciona a un determinado hashtag, puede contener o hacer referencia a otro hashtag. La base de datos resultante contiene la información de las co–ocurrencias de hashtags, permitiéndonos ver cuáles son los más populares dentro de un debate o controversia.
  • Relaciones de usuarios a hashtags: cada usuario que incluye un hashtag en su tweet se agrupa con otros usuarios que usan el mismo hashtag. Eso nos permite ver qué hashtags aglutinan más usuarios y qué tipo de usuarios son.
2.3. Herramienta de análisis y visualización: Gephi

Para lograr representar gráficamente las relaciones contenidas en las bases de datos, se recurre a una herramienta de software libre llamada Gephi,[3] desarrollada específicamente para trabajar en ciencia de redes. Esta permite no solo asignar elementos gráficos a las aristas y nodos sino también aplicar estadísticas y algoritmos a los datos. De modo que se puede calcular el grado de cada nodo, la modularidad, la distancia media de camino, los componentes conexos y otras medidas afines a los análisis de redes sociales y a la ciencia de redes.

A partir del uso del programa, se generan grafos en forma de red que contienen los siguientes datos y tipos de grafo:

  • Nodos: son los puntos dentro de un grafo, representan las unidades que están en relación dentro de la red (usuarios, hashtags, tweets). Su tamaño está en función del número de conexiones con otros nodos.
  • Aristas: son las líneas dentro de un grafo, representan las relaciones entre los nodos. Su tamaño está en función del número de veces que un nodo interactúa con otro.
  • Comunidades: se generan cuando dos o más nodos interactúan entre sí. Están representadas por los colores de aristas y de nodos dentro de la red.
2.4. Tipos de grafo
  • Hashtag–Hashtag (Ht2Ht): muestra el sentido semántico general de la discusión. Permite identificar niveles de fortaleza en las relaciones entre hashtags a partir del grosor de las aristas con que estos se vinculan.
  • Usuario–Hashtag (U2Ht): muestra la tracción que tiene entre usuarios un conjunto de etiquetas o hashtags. Permite identificar la centralidad de los hashtags, es decir, la importancia de lo que condensan estos como palabras, frases o lemas, a partir del tamaño de las nubes de usuarios alrededor de cada etiqueta.
  • Usuario–Usuario (U2U): muestra módulos o comunidades de usuarios (por colores) interactuando dentro de una red. Permite identificar tensiones entre actores, grupos de disputa por el sentido de un tema o coyuntura, y volumen de usuarios alrededor de una discusión.
2.5. Visualización de redes 

En el análisis de Twitter que realizamos, un nodo puede ser un usuario o un hashtag, y las aristas son las relaciones que puede haber entre usuarios, hashtags o entre usuarios y hashtags. Mientras más interacciones o conexiones tenga un nodo con otros, su tamaño en la red se incrementa y hace más visible. En ciencia de redes, las relaciones entre nodos y aristas son claves para generar información y datos sobre la articulación, densidad, organicidad y la conectividad de una determinada red. Una medida básica para obtener el panorama general de los tipos de interacción y la preponderancia de algunos nodos sobre el resto, es el “grado”, el cual es la suma de distintos tipos de relaciones (entrada, salida, con pesos, etcétera) que acumula un nodo en una red. Para este análisis, tomaremos el grado y el grado con pesos de los nodos más importantes de tres ejemplos de redes de interacciones en Twitter durante los días que duró la convocatoria del INE.

  • Grado: es la suma de los nodos con los que interactuó un nodo en una red. Es decir, si hablamos de un grafo de relaciones entre usuarios, es el número de cuentas de Twitter con el que una cuenta, en específico, interactuó durante un periodo de tiempo determinado; si hablamos de un grafo de relaciones entre usuarios y hashtags, el grado es la suma del número de usuarios y el número de hashtags con el que ese nodo interactuó.
  • Grado con pesos: es la suma total de las veces que un nodo interactuó con otros, es decir, una cuenta de Twitter que interactuó más de una vez con un número X de cuentas, tendrá más peso en la red que una que solo interactuó una vez con cada cuenta con la que está enlazada. Por ejemplo, un usuario puede tener un grado igual a 50, lo que indica que interactuó con 50 cuentas, y un grado con pesos igual a 200, lo cual indica que con esas 50 cuentas interactuó un total de 200 veces.
2.5.1. Grafo 1. DebateINETemas_Usuario_a_Usuario

El primer grafo muestra las relaciones entre usuarios alrededor de los siete hashtags lanzados por el INE, es decir, integra todas las cuentas de Twitter que utilizaron una o más de las etiquetas para el debate. Los perfiles de los tres candidatos punteros (Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y José Antonio Meade) son los que mayor grado y grado con pesos obtuvieron respectivamente.

Una peculiaridad en esta visualización es que, en cuarto lugar, con mayor número de interacciones, por encima de uno de los candidatos, estuvo la cuenta del politólogo Jorge Javier Romero (@GiorgioRomero), quien colocó la pregunta con mayor número de favoritos y de retweets de toda la conversación (véase figura 7.4). Esto lo situó en un lugar preponderante en la red. Su pregunta fue acerca de la reforma educativa y estuvo dirigida a López Obrador. Destacan también las cuentas del INE, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia México (Unicef) y de algunos institutos electorales locales. La red tiene un total de 61 comunidades, 5,217 nodos y 13,782 aristas (véase figura 7.3).

2.5.2. Grafo 2. DebateINETemas_Usuario_a_Hashtag

Este grafo muestra las relaciones entre las y los usuarios que participaron en la conversación en Twitter y los siete hashtags lanzados por el INE. Se trata de una red bastante densa con fuertes interacciones entre los temas propuestos, la mezcla de las comunidades, es decir, la interacción entre temas y usuarios, está representada por la mixtura en los colores en la parte central de la red, mientras más se mezclan los colores mayor interacción entre comunidades hay. Se detectaron 14 comunidades, 3,538 nodos y 6,219 aristas. Los hashtags con mayor preponderancia por su grado y grado con pesos, además de los convocados por el INE, fueron #méxico, #obesidad, #pactoprimerainfancia, #elecciones2018, #yoparticipo, entre otros (véase figura 7.5).

2.5.3. Grafo 3. DebateINE_Usuario_a_Hashtag

A la par de las descargas de los siete hashtags impulsados por el INE, el laboratorio hizo una descarga más de una etiqueta que atravesaba la discusión, #DebateINE, que permite observar algunos abordajes políticos clave del momento previo y de lo esperado a continuación del último debate. En este grafo, se aprecia un nivel muy alto de tracción del hashtag de la descarga, reflejado en su elevado número de grado y grado con pesos con respecto al resto de los nodos, mientras que #debatedeldebate, #votoútil, #votoreflexivo, #votoútilvsamlo, #loslatosossomosmás y #losbotsnovotan son etiquetas que dan cuenta del momento de tensión y los niveles de polarización con los que se perfiló el tramo final de las campañas. Esta red contiene 97 comunidades, 3,272 nodos y 4,914 aristas (véase figura 7.6).

 

  1. Los tweets

A través de un proceso agregado de minería de información online, el laboratorio produjo otras bases de datos que muestran un tipo de información alrededor de los tweets distinta de las relaciones visibles en los grafos anteriores, y susceptible de mostrar la incidencia de cada tweet en la conversación, a través del número de retweets y favoritos que cada uno obtuvo hasta el momento de la descarga. Estos metadatos (información contextual alrededor del dato central) incluyen, entre otros, fecha de creación del tweet, usuarios etiquetados y enlace online al tweet. Estas bases fueron procesadas con Tableau, que es una plataforma de uso gratuito que permite generar visualizaciones interactivas con información en diversos formatos.

Gracias a este procedimiento fue posible sistematizar y visualizar la conversación en las redes sociales. De hecho, visto con esta herramienta, la discusión se convierte en siete conversaciones focalizadas en cada uno de los temas del debate, en las cuales los tweets (representados con cuadros) tienen un tamaño menor o mayor en función del número de veces que fueron retuiteados y del número de favoritos que obtuvieron. Este tipo de visualizaciones configuran un método sofisticado y eficiente de indagación sobre un tema en específico, ya que permiten, a cualquier usuario en posesión del enlace, navegar de conversación en conversación, detenerse en los tweets con mayor número de reacciones, pero también leer, con mayor profundidad, todo el contenido producido alrededor de cada hashtag.

La posibilidad de inmersión en la discusión que ofrece este material fue clave para que los moderadores tuvieran un panorama amplio y focalizado a la vez, para construir las preguntas de cada tema a los candidatos.

Para cada uno de los siete temas, el laboratorio produjo dos visualizaciones interactivas, una con el total de los tweets que utilizaron cada hashtag, y otra con los 50 tweets con mayor número de retweets. La primera de las siguientes imágenes muestra la conversación en Twitter alrededor de #DebateINEEducación (véase figura 7.7) e indica el tweet con mayor número de retweets; la segunda, una visualización de los 50 tweets más retuiteados alrededor de #DebateINECambioClimático (véase figura 7.8).

 

  1. Reacciones afectivas en Facebook

 Siguiendo esta línea, pero ahora a través de Netvizz, una herramienta de minería de datos para Facebook, el laboratorio obtuvo la suma de las reacciones a las publicaciones de los perfiles de los cuatro candidatos a la presidencia durante los días 31 de mayo al 5 de junio, así como los “me gusta” de cada uno de los comentarios hechos a esas publicaciones. Las bases de datos fueron procesadas y luego visualizadas en Tableau para mostrar las respuestas afectivas hacia los mensajes de cada candidato, así como los principales hilos de conversación construidos por los usuarios de dicha red en cada perfil oficial.

A continuación, la primera imagen (véase figura 7.9) muestra las publicaciones de José Antonio Meade, categorizadas por me gusta, me encanta, me enoja y por las veces que fue compartida cada publicación; el cursor indica el texto del post hecho por la página, la fecha de creación y el enlace a la publicación. La segunda imagen (véase figura 7.10) es un ejemplo de las visualizaciones de los comentarios hechos a las publicaciones de Ricardo Anaya en los días señalados.

Este tipo de ejercicios son un paso hacia la gestión de información que en redes sociales se nos presenta en un orden aleatorio (a través de los algoritmos de Facebook y de Twitter), y cuyo volumen impide una visualización general asequible de una sola vez en cada plataforma. Estas visualizaciones interactivas conforman además un tipo de material didáctico de gran utilidad para ser consultado online por investigadores, periodistas, profesores y público interesado en tener un acercamiento puntual a esta parte del proceso electoral.[4]

 

  1. Visualización cartográfica de tweets #DebateINEEducación

En este mapa, aparecen geolocalizados los tweets emitidos sobre el eje de educación en la consulta que realizó el INE para el tercer debate presidencial Son tweets correspondientes a la semana del 31 de mayo al 5 de junio.

Para lograr geolocalizar los tweets se utilizó una API[5] de Google que asigna latitud y longitud en función del texto que los usuarios definen como su ubicación en sus cuentas. En cuanto a la parte de visualización de los datos en el mapa, así como en el trabajo de correspondencia entre la base de datos y la visualización, se usó un script propio desarrollado en el laboratorio llamado Skyplotter.

Es significativo observar dos rasgos en este mapa (véase figura 7.11); por un lado, se ve cómo la discusión acerca de las preguntas sobre educación se extiende a buena parte de votantes o personas residentes en Estados Unidos. Por otro, se constata cómo uno de los tweets más compartidos corresponde a una cuenta de un profesor universitario, quien, sin ser una figura mediática, asociación civil o colectivo, logró, sin embargo, colocar una pregunta que se retuiteó 1,300 veces y a la que más de dos mil personas le dieron like. Eso sirvió para que fuera una de las preguntas seleccionadas para formular a los candidatos; en el mapa, se puede observar cómo esa pregunta viaja a distancias muy alejadas de donde se originó inicialmente.

 

  1. Postal de frecuencias absolutas de emojis en tweets #DebateINE

A partir de las descargas de más de medio millón de tweets generados durante y después del debate INE, se seleccionaron los emojis que presentaban una frecuencia de uso más elevada. En esta postal (véase figura 7.12), se muestran los más usados, diferenciándolos por tamaño, donde el más grande corresponde a una presencia en 14,782 tweets y el más pequeño a una presencia en 10.

En la imagen, aparecen destacados dos emojis por encima de los otros. Uno consiste en la alarma roja, que fue un elemento que usó el propio INE para destacar y dar más visibilidad a los mensajes que emitía en Twitter. El otro es una cara sonriente y con lágrimas en los ojos que denota un estado afectivo en el que uno se ríe abundantemente de lo que pasa en ese momento.

En este caso, es muy significativo ver cómo la extracción de las frecuencias de los emojis nos da pauta para argumentar que, si bien la convocatoria del INE apuntaba a un público comprometido con el proceso electoral y buscando formular preguntas serias a los candidatos, una de las reacciones principales del público fue no dar crédito o burlarse ampliamente de las respuestas de los candidatos. Conformando así una suerte de contrapúblico que enmarca, de modo cualitativamente distinto, el debate, produciendo también, a partir de las imágenes oficiales, memes o estampas burlescas de los candidatos y sus opiniones.

 

Es importante también constatar que, si bien el debate se enmarca como tal, las reacciones de los públicos son masivamente destinadas a burlarse del mismo. Son pocas las publicaciones que generan un involucramiento a partir de retomar la discusión en los ejes del debate propuesto. Quizá ello se deba también a que Twitter, como plataforma, no se adecua tanto a propiciar la conversación y el diálogo sino que se perfila más a que la gente haga enunciados sustantivos sobre la realidad, expresando opiniones a nivel individual que se agregan o comparten amplificando su radio de acción. Ello hace que, quizá, Twitter no sea la plataforma de elección predilecta para personas que no tienen nada que gritar en un altavoz. Tal como, en el 2016 lo mencionó la propia compañía: “Twitter anunció que estaba esforzándose sobremanera para que Twitter sea más atractivo para que la gente común lo use”.[6]

 

Conclusiones

 Signa_Lab publica este artículo como una parte de un proyecto más complejo y de más larga duración sobre lo que hemos llamado “inteligencia electoral”, la cual entendemos como la articulación de algoritmos y preguntas con datos y procesos interpretativos, que además de las coyunturas, considera la historia sociopolítica del país y su cruce con el presente y el uso de las plataformas digitales. Nos centramos en #DebateINE para esta ocasión, y proponemos algunos elementos breves como reconfiguraciones y tensiones relevantes para cerrar esta primera entrega:

  • La esfera pública se ha trasformado por la irrupción de las redes digitales. No hay sustitución sin ampliación y reconfiguración de repertorios de acción.
  • Usuarias y usuarios de redes deciden participar e interpelar a los actores políticos o candidatos a la presidencia; esto marca una trasformación que señala un tránsito del testigo pasivo de procesos institucionales al involucramiento del que interpela, activamente, desde estos espacios.
  • Se ha diluido el temor a la voz propia y a la participación desde un lugar de enunciación en constante cambio y tensión de legitimación como lo son las redes sociodigitales.
  • Sin que lo digital pueda diferir o acallar la dimensión de lo factual, avanzamos hacia formas híbridas de producción del espacio público, del debate por la construcción del sentido de la realidad y de modelos de participación política: sin red no hay conexión, sin conexión no hay comunidad.

 

[*]. Maestro en Comunicación por la Universidad de Guadalajara, profesor de teoría sociocultural de la comunicación y del Observatorio de redes sociales y mundos virtuales en el ITESO, coordinador creativo de Signa_Lab ITESO y miembro del Padrón Nacional de Jóvenes Investigadores del Seminario de Investigación en Juventud de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sus temas de interés giran en torno a tecnología y sociedad, culturas juveniles y biopolítica. Correo electrónico: abregation@iteso.mx

[**]. Doctor en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), profesor de tiempo completo en el ITESO, en el departamento de Psicología, Educación y Salud, e investigador en el laboratorio de experimentación e innovación social del Laboratorio de Análisis de Redes y Estudios Interdisciplinarios Aplicados (Signa_Lab). Correo electrónico: yann@iteso.mx

[***]Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social, profesora emérita del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), investigadora nacional nivel III, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Su último libro publicado: Paisajes insurrectos: jóvenes, redes y revueltas en el otoño civilizatorio. Correo electrónico: rossana@iteso.mx

[1].     Etiquetas que operan como articuladores de las conversaciones en Tw, cuya importancia radica en agrupar un número variable de tuits, el cual facilita la interacción entre comunidades y personas diversas.

[2].    Consúltese: “Bots, su detección y la participación en las campañas electorales en México”, en Horizontal, 29 de junio de 2018. Recuperado el 13 de julio de 2018, de https://horizontal.mx/bots-su-deteccion-y-la-participacion-en-las-campanas-electorales-en-mexico/

[3].    Bastian, Mathieu; Heymann, Sebastien; Jacomy, Mathieu. “Gephi: an open source software for exploring and manipulating networks”, International AAAI Conference on Weblogs and Social Media, 2009.

[4].    Para acceder a todas las visualizaciones interactivas generadas en Tableau por Signa_Lab, se puede consultar el siguiente sitio: https://goo.gl/ZjHDHw

[5].    API es el acrónimo para Application Programming Interface o interfaz de programación de aplicaciones. Se trata de un conjunto de elementos que facilitan el que un programador pueda usar ciertas características de tal o cual servicio, datos u operaciones para incorporarlos al programa que desee realizar. Es también un lenguaje para comunicarse de manera remota entre programas y aplicaciones.

[6].    Yardon, Danny. “Why do normal people struggle with Twitter?”, en The Guardian, 18 de febrero de 2016. Recuperado el 28 de agosto de 2018, de https://www.theguardian.com/technology/2016/feb/18/twitter-problems-jack-dorsey-silicon-valley-technology

El cuerpo seductor de las fake news en tiempos de decisiones

Vanesa Robles[*]

Resumen: la Internet es un mundo abierto y las fake news son parte de su universo. En este artículo, la autora plantea que las noticias falsas ya no son noticia; circulan desde que existe el periodismo, solo que ahora su velocidad, alcances y consecuencias son de mayor amplitud. Más todavía, pone sobre la mesa el debate sobre el supuesto paralelismo entre el ejercicio del periodismo, la objetividad y la verdad absoluta. Así, concluye que las fake news son la exacerbación de un oficio que en realidad reproduce puntos de vista sobre un hecho.
Palabras clave: Periodismo, fake news, medios de comunicación, verdad, realidad.

Abstract: The Internet is a wide-open world and fake news is part of its universe. In this article, the author contends that fake news is nothing new; it has been circulating for as long as journalism has been practiced, except that now its speed, scope and consequences have taken on a different dimension. She questions the debate about the alignment between the practice of journalism, objectivity and absolute truth, concluding that fake news is simply the exacerbation of a profession that in essence reproduces viewpoints about factual occurrences.
Key words: Journalism, fake news, communication media, truth, reality.

Una vez viví aterrada por una información falsa que debió haberme contado mi mamá como verdadera. Una joven de los años sesenta —de la edad de mi progenitora—, a la que le gustaban los bailes y la vanidad, se fue a hacer un chongo abultado. Después del jolgorio, hizo lo mismo que hacemos algunas personas tras haber invertido un dinero en la peluquería: consideró que podía mantener el chongo con vida un par de días. El problema fue que en su casa había arañas capulinas, y a una, el peinado de panal le pareció que ni mandado a hacer para poner un huevo, el cual, en apenas un par de días, dio vida a decenas de arañas en edad de morder. Cuando la joven le quiso presumir el chongo a un galán, este no se resistió a acariciarla, las arañas salieron de la cabellera hechas un demonio, y la joven fiestera y vanidosa encontró el final de sus días. Juro que la historia de esta medusa moderna me dejó sin dormir varios años de mi infancia e incluso de mi adolescencia. La leyenda circula todavía por la Internet (ahora con personajes con rastas), aunque no con el mismo impacto.

Otra vez, hace relativamente poco, difundí una noticia falsa a través de Facebook, acabo de acordarme. La nota existe todavía.[1] Circuló entre 2011 y 2012, sobre todo en blogs: una gran anaconda se tragó a un diputado de Brasil, que además —desgraciado— se había robado una cantidad importante de dinero público en efectivo y lo contaba cuando la bestia lo sorprendió. Un pescador, testigo de los hechos, fue a avisar a su pueblo, pero todos se rieron de él. La versión que yo hice circular, creyéndola cierta, era perfecta; la viuda, en vez de acongojarse, se decía enojada porque el legislador, ahora difunto, no pensaba compartir con ella la fortuna mal habida.

Recuerdo que la noticia tenía todos los atributos de la buena información que referían los académicos del periodismo.

Era breve, concisa y directa. Estaba escrita en una pirámide invertida impecable, y su gramática se hallaba bien construida. Tenía, como suele ocurrir con las falsas informaciones, errores de precisión. Por ejemplo, no se decía el partido ni el nombre del diputado ni de su viuda, y mucho menos del pescador que atestiguó que la anaconda hizo justicia por mano propia, en representación de miles de ciudadanos que habrían querido actuar de la misma forma que el reptil.

Tuve, entonces, la pequeña sospecha de que la noticia podría ser falsa, ante lo cual, la goglié —miren la expresión—. Los hechos aparecieron en distintos medios electrónicos. No cabía duda, eran reales. La sospecha se me quitó. Le apreté a publicar y obtuve, en mi muro de Facebook, una avalancha de comentarios contra el legislador, recuerdo que, incluso, de amigos intelectuales. Me puse feliz. La gente me quiere, pensé.

Hasta hace unos momentos, cuando busqué aquella nota, me vine a enterar de que hubo por lo menos una persona que no cayó en el engaño. David Gutiérrez Fuentes, columnista de La Crónica, escribió el artículo Serpientes y diputados, el 10 de mayo de 2012. El periodista, quien se dio tiempo para darle al asunto más que una ojeada, lo cual yo no hice, descubrió que la información había sido publicada por G7, un diario humorístico, “sin compromiso con la verdad”. Sin embargo, David Gutiérrez sí mostraba algo de ingenuidad, no lo digo por envidiosa. Creía que en el futuro estas “divertidas pero inútiles torres de Babel [en referencia a la información falsa], tendrán mucha demanda en la nueva configuración de los medios”.[2] Ahora sabemos que las torres de Babel pueden ser no tan divertidas y no tan inútiles.

 

  1. Fake news desde siempre

Fíjense cómo dos párrafos antes, escribí que la anaconda hizo justicia. Fue a propósito. Lo que sentimos muchos de los que difundimos aquella noticia falsa hasta hacerla viral, fue la alegría que nos dio la posibilidad de que el hecho fuera verdadero. De que una bestia, cuasi divina, viniera a encargarse —¿vengarse?— de lo que los hombres no hemos podido en unos países con tanta corrupción y ausencia de justicia institucional. Brasil o México, daba lo mismo; lo bueno es que alguien, aunque sea una anaconda, podía parar el cinismo de un diputado, el cual encarnaba a todos los de su especie.

Ese efecto es el que más o menos se supone que tienen las noticias falsas que circulan en estos días, a una velocidad sin límites por la Internet. Conjugan, en varios sentidos, nuestras creencias, ideología, miedos, esperanzas y deseos de justicia y venganza.

En eso y en lo bestial, se parecen mucho la historia de las arañas y la de la boa. Es muy probable que con la leyenda de la capulina del chongo, mi madre quisiera advertirme que las muchachas fiesteras y coquetas acaban mal. Aunque tiene una diferencia importantísima: la de la boa tiene quizá varios miles más de vistos en los países de Iberoamérica.

Cuando le comento las fake news anteriores, la comunicóloga Teresa Sánchez, que ocupó el cargo de coordinadora del Protocolo Alba[3] de la Fiscalía de Jalisco, añade otra diferencia: la Internet tiene el efecto de hacer circular la información falsa hasta llevarla a límites insospechados en muy poco tiempo, pero, en la mayoría de las veces, sus efectos duran apenas un suspiro. Durante su gestión, entre junio de 2016 y septiembre de 2017, la ex servidora pública fue víctima de distintas noticias falsas, que incluso se difundieron a través de medios de comunicación tradicionales.

En mayor medida hace algunos años, los medios tradicionales también han sido una plataforma formidable para la difusión de noticias falsas, en opinión de Jean–Françoise Fogel, miembro del consejo rector de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, director de la Maestría en Gerencia de Medios de la Universidad Sciences Po y autor de la plataforma digital del diario Le Mond.[4]

El periodista francés recuerda que gran parte de las guerras que se siguen librando en el mundo son consecuencia de dos hechos que ocurrieron en el año 2003. El 5 de febrero de ese año, Colin L. Powell, entonces secretario de estado de Estados Unidos, hizo un gran discurso sobre las armas de destrucción masiva ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Un mes más tarde, el 6 de marzo, durante una rueda de prensa de 52 minutos, su jefe, el presidente George Bush, repitió 14 veces los conceptos Al Qaeda, Irak, destrucción masiva y torres del World Trade Center.

Sabemos que no había armas de destrucción masiva; que ni Al Qaeda ni Irak tenían relación con el atentado en Nueva York, pero [los discursos citados] provocaron comentarios positivos de la prensa de todo el mundo hacia la guerra de Irak. Si hablamos de fake news, esto es el fake news del siglo. Desembocó en las crisis de Irak, Siria, refugiados en Europa. Hablamos de centenares de miles de muertos y millones de refugiados.[5]

Aunque es cierto que las noticias falsas han circulado en el mundo desde la época de los agoreros, hoy el concepto de fake news está más asociado con Internet.

El mismo Fogel las definirá como “una información equivocada a propósito, con el apoyo de la Internet y el descuido de las redes sociales”.[6]

Para el catedrático de la Universitat de València, Salvador Enguix Oliver, las redes sociales son las plataformas clave para la difusión de noticias falsas, al ser el medio de una gran parte de la información política que recibimos. “Los internautas se forman políticamente a través de los enlaces que llegan a sus muros”.[7] Solo que “las redes son incapaces de discriminar entre las noticias reales y las falsas, porque no aplican los criterios periodísticos mínimos de verificación o como probación de fuentes; y, según parece, los usuarios tampoco son capaces de detectar cuándo un enlace corresponde a una invención”.[8]

 

  1. Definiciones a la velocidad máxima

Un grupo de académicos de la comunicación de la Nanyang Technological University ofrece una definición básica sobre el concepto de fake news: se trata de publicaciones falsas que intencionalmente parecen ciertas, y podrían inducir al error a los lectores, con motivaciones financieras e ideológicas.[9]La página mexicana de la Internet, Verificado, va más allá, y divide al concepto en tres categorías:

  1. Hechos que no ocurrieron y se distribuyen como verdaderos para confundir o engañar a los lectores.
  2. Información “sacada de contexto”: el protagonista no dijo lo que el mediador interpretó.
  3. Material escrito, oral o fotográfico manipulado.[10]

Estas categorías son pocas, si se las compara con las que propone la plataforma Innovación para Políticas Públicas, un grupo de periodistas brasileños que distingue:

  1. Noticias verdaderas.
  2. Noticias verdaderas incompletas.
  3. Noticia que vienen muy temprano para pronunciarse.
  4. Noticias exageradas.
  5. Noticia contradictoria con otras noticias.
  6. Noticias imposible de comprobar.
  7. Noticias falsas.[11]

En México, Verificado se dedica a comprobar la verosimilitud de algunos relatos y discursos de actores políticos que circulan en las redes sociales y que han tenido más de mil interacciones. En la construcción de la página, participan casi 100 instituciones: medios tradicionales y digitales, universidades, organismos de la sociedad civil, promotores del voto; también empresas que antes fueron señaladas por falsear la información, como Televisa, y revistas electrónicas de soft news, como Sopitas.com.

Por ejemplo, sus pesquisas calificaron como falsas algunas versiones que circulaba en las redes sociales, antes y después de las elecciones del 1 de julio.

Desmintieron la veracidad de un video con más de 100 mil reproducciones, sobre todo en Estados Unidos, según el cual Andrés Manuel López Obrador (AMLO) impondría impuestos sobre las remesas. Desmintieron que el cantante Manu Chao actuaría durante el cierre de campaña de AMLO, en el estadio Azteca. Que AMLO le ofreció la Secretaría de Cultura a la cantante Belinda y a la actriz Kate del Castillo. Que el Instituto Nacional Electoral permitiría votar hasta por tres familiares muertos. Desmintieron que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, hubiera dicho que se volverían a contar los votos de las elecciones del 1 de julio porque el triunfo de Andrés Manuel López Obrador generaba desconfianza.[12]

Lo más sorprendente es que en los comentarios abiertos de estas verificaciones, muchos lectores muestran su descrédito en Verificado y su fidelidad a las noticias falsas.

Una actividad que se destaca en esta página es que incluye a los memes bajo su lupa. “Pueden parecer solo bromas, pero las bromas contienen narrativas [Al replicarlos] distribuimos o recreamos narrativas […] Somos menos críticos con los memes, [pero] los memes son muy poderosos y no tienen qué probar nada”, afirma en un video de la página mexicana, la jovensísima catedrática de la Universidad de Harvard, An Xiao Mina.[13]

 

  1. El problema de la verdad

A manera de conclusión, suscribo las ideas planteadas por el periodista francés Jean–Françoise Fogel, en la ya citada conferencia: “La nueva información: lo verdadero, lo falso y lo ficticio en la comunicación periodística”, en marzo de 2018: quizás las fake news más que el problema son el síntoma de los tiempos que vivimos.

Esos tiempos se expresan en el uso que hacen millones de personas de las redes sociales, sí, pero también en el debilitamiento anterior de las grandes ideas que definieron al mundo: el capitalismo, el comunismo, el desarrollo…

Fogel refirió a Richard Haass el director de una de las revistas de relaciones internacionales más prestigiosas del mundo, Council on Foreing Relations. Para Haass, las explicaciones del mundo nos llegan a través de la Internet, desde las potencias dominantes, y también de las agencias internacionales; de las empresas como Amazon y Netflix; de los nuevos especialistas: “los anónimos que escriben en la Wikipedia, los participantes en los foros, los algoritmos de los motores de búsqueda. Expertos que nos dicen una cosa en un momento y otra cosa un momento después”.

No podemos olvidar que Internet es un mundo abierto. En un mundo abierto, es absolutamente normal encontrar delirios, paranoias complotistas, desinformación. En el mundo de Internet hay un espacio abierto para las fake news […] Y no hay un resguardo protegido de las locuras. Eso incluye al periodismo.[14]

El intelectual citó tres características de la circulación de información en la Internet incluyendo a las fake news—, que dejan en desventaja a los medios tradicionales: la primera es su resonancia social; “no existe una información, si no es seguida, compartida, amada por la audiencia […] Es necesario tener una difusión, amplificación y celebración de una noticia para que tenga credibilidad”. La segunda es la presencia de la imagen —400 horas de videos nuevos en YouTube cada minuto—; “tal como antes no se podía luchar contra un texto impreso y sellado, hoy no se puede luchar contra un video”.[15] La tercera es la emoción, como la contenida en la historia de las arañas del chongo y la anaconda traga diputados que narré al principio de este artículo.

Así, la escritura como legitimadora de la verdad y los discursos de los medios tradicionales desfallecen ante un texto digital que hace copy paste, se actualiza, circula, recibe likes, se discute, exige emojis.

Desde mi propia reflexión, todo esto ocurre de manera simultánea y rapidísima en momentos en los que los medios tradicionales se encuentran en una crisis financiera, de identidad y reproducen narrativas añosas, casi siempre desde las voces del poder, que están muy lejos de las preocupaciones, los anhelos y miedos de la gente común. Si la gente común busca reflejarse en las historias de otros que se le parezcan más, esos otros sí están presentes a menudo en las noticias falsas.

Jean–Françoise Fogel insistió, durante su conferencia, en la antigua discusión filosófica sobre la verdad.

A simple vista, las fake news expresan hechos ficticios, “un rechazo abierto, sin vergüenza al juego clásico de la búsqueda de la verdad”.16 Su existencia plantea la idea de que la información se define en verdadera o falsa.

Una mirada más profunda nos trae a la cuenta de que la relación entre los periodistas con la verdad no es infalible, y la objetividad santificada no existe.

Fogel recordó un dicho común en las salas de redacción de todo el mundo: los hechos son sagrados y la opinión es libre. “Es una gran ceguera. La relación entre ambos es muy fuerte”,[16] desde el momento en que un reportero mira hacia un sentido, selecciona y omite cierta información, con criterios relacionados con sus creencias, ideología y valores. “En esa cercanía entre los hechos y las opiniones, las fake news son la cumbre de las opiniones que se expresan como si fueran hechos, pero ignoran a los hechos” y refuerzan la idea que cada uno tiene de la realidad: “Si lo hubiera creído lo habría visto”.[17] Esto es exactamente lo que sucede con los participantes en los foros de la página Verificado, quienes reaccionan con desconfianza, e incluso agresión, cuando se les
avisa que nunca ocurrió la información que leyeron y quizás replicaron hacia un par de días.

Pero con todo lo mal intencionadas, engañosas y virulentas que son, el intelectual francés propone un pequeño homenaje para las fake news, porque “actuando de manera tan provocadora, nos recuerdan que es imposible tener hechos puros. Que el periodismo no busca producir la verdad”.[18]

 

[*]Periodista y profesora. Ha ganado los premios Jalisco de Periodismo (en 2001 y en 2008), Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez (2000) y el Nuevo Periodismo en la categoría de Radio (FNPI, 2002), entre otros. Estudió la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), donde también realizó la Maestría en Ciudad y Espacio Público Sustentable. Es profesora de esta universidad. Correo electrónico: vanesarobles@iteso.mx

[1].     Si uno escribe anaconda + diputado + Brasil, la nota aparece, en distintos medios electrónicos, entre 2011 y 2012.

[2].    Gutiérrez Fuentes, David. “Serpientes y diputados”, en La Crónica, 10 de mayo de 2012. Recuperado el 27 de agosto de 2018, de goo.gl/tf9ukH

[3].    El Protocolo Alba se encarga de la búsqueda inmediata de las mujeres que se han denunciado como desaparecidas.

[4].    Se considera que Le Mond (lemonde.fr) es uno de los diarios con más influencia en Francia y Europa.

[5].    Fogel, Jean–Françoise. “La nueva información: lo verdadero, lo falso y lo ficticio en la comunicación periodística”. Conferencia impartida en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, el 23 de marzo de 2018, en el marco de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar.

[6].    Ibidem.

[7].    Enguix Oliver, Salvador. “Impacto político e informativo de las redes sociales: esferas de actuación y comparación con los medios”, en Anàlisi. Quaderns de Comunicació i Cultura, núm.56, 2017, p.81.

[8].    Ibidem, p.77.

[9].    Tandoc Jr., Edson C.; Lim, Zheng Wei & Ling, Richard. “Defining ‘Fake News’”, en Digital Journalism, vol.6, núm.2, 2018, pp. 137–153. Recuperado el 27 de agosto de 2018, de DOI: 10.1080/21670811.2017.1360143

[10].    La página puede consultarse en: verificado.mx Solo aborda asuntos sobre política partidista.

[11].    Esta enumeración fue referida por Fogel, Jean– Françoise, op. cit.

[12].    Las verificaciones anteriores pueden consultarse en: verificado.mx/categoria/noticias-falsas

[13].    An Xiao Mina es tecnóloga creadora de Check, una plataforma para verificar las noticias en tiempo real, y fundadora de Credibility Coalition, una página que ha creado indicadores para evaluar la credibilidad del contenido en línea.

[14].    Fogel, Jean– Françoise, op. cit.

[15].    Ibidem.

[16].    Ibidem.

[17].    Ibidem.

[18].    Ibidem.

El mandato popular es el cambio. Análisis de las elecciones federales y locales en el año 2018

Jorge Rocha Quintero[*]

Resumen: el presente artículo tiene como propósito mostrar un primer recuento y una reflexión inicial sobre el proceso electoral federal y los procesos electorales estatales realizados en México en el año 2018. En el texto, se plantea un análisis acerca de varios aspectos relevantes de las elecciones, como las candidaturas independientes, el modelo de comunicación política, el papel de las encuestas, la crisis de los partidos políticos tradicionales frente al ascenso de los partidos emergentes y, por supuesto, una primera reflexión sobre los resultados electorales y la nueva composición del mapa político en México.
Palabras clave: elecciones, candidaturas independientes, comunicación política, encuestas, partidos políticos.

Abstract: The purpose of this article is to offer a recap and first reflection on the federal and state elections held in Mexico in 2018. The text analyzes a number of relevant aspects of the elections, such as the independent candidacies, the political communication model, the role that polls played, the crisis of the traditional political parties as they face the rise of emerging parties, and of course, an initial interpretation of the electoral results and the new layout of Mexico’s political map.
Key words: elections, independent candidacies, political communication, polls, political parties.

 

El 1 de julio de 2018, se realizaron elecciones federales y locales en México. Este fue un proceso histórico, tanto por los resultados, como por la forma como se desarrollaron las votaciones y las tendencias que se mostraron.

El presente texto es un primer análisis de este largo proceso electoral. Al momento de escribirse, aún falta clarificar algunos resultados de la elección y precisar algunos datos en los conteos finales, sobre todo, la asignación definitiva de senadores y diputados plurinominales del Congreso de la Unión y de los legislativos locales, pero, con los números que arrojan los programas de resultados preliminares, se puede hacer un análisis sólido sobre las dinámicas que aparecieron en los comicios y desembocaron en la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la silla presidencial y que su partido, Morena, ganara la mayoría de las gubernaturas en disputa y los escaños en el Congreso de la Unión.

 

  1. Candidaturas en disputa

En la jornada electoral del 1 de julio, se disputaron 629 cargos de elección popular a escala federal: presidencia de la república, 500 diputados y 128 senadores para el Congreso de la Unión. También hubo elecciones locales en casi todo el país, en el que estuvieron en juego 17,670 cargos de elección popular; entre ellos, nueve gubernaturas en los estados de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

En total, se eligieron a 18,299 representantes para cargos de elección popular a escala federal y local.

 

  1. Análisis de las campañas electorales

En este proceso electoral, las campañas tuvieron tres fases: precampañas, intercampañas y campañas constitucionales. La primera fase presuponía que los partidos tendrían elecciones primarias para elegir a sus candidatos; la segunda era para preparar las campañas y concluir la aceptación de las candidaturas independientes; en tanto que la tercera fase estaba reservada para la campaña electoral. Por la vía de los hechos, las tres fases se convirtieron en una sola campaña que generó un gran hastío ciudadano. Este proceso comenzó en diciembre de 2017 y concluyó hasta finales de junio de 2018; es decir, casi medio año de campañas.

A pesar de que se ha dicho, hasta la saciedad, que el modelo de comunicación política prevaleciente en México está agotado y que los spots no son bien recibidos por la mayoría de la población, la clase política y sus “prestigiados” asesores de marketing político siguen ofreciendo mensajes llenos de vaguedades, que tratan de generar emociones lacrimógenas y, en no pocos casos, comunicando ideas huecas que insultan la inteligencia de muchos ciudadanos al mostrar una realidad que solo existe en los spots que diariamente nos “recetaron” a lo largo del periodo mencionado.

Los mensajes que se dieron a conocer por la mayor parte de los candidatos a puestos de elección popular tuvieron dos problemas serios:

  • No propiciaron la discusión y el debate constructivo, profundo y con argumentos alrededor de los grandes problemas nacionales. En sus mensajes, los candidatos solo proponían generalidades que con mucha palabrería e imágenes, no tenían contenido sustancial. Además, en muy pocos casos hubo quien se comprometiera en asuntos concretos y con soluciones específicas, ya que los asesores de comunicación impulsaron que los contendientes navegaran en las aguas de las ambigüedades, en donde el objetivo central era generar emociones.
  • El mundo de la vida cotidiana tampoco se abordó durante la contienda. Las necesidades inmediatas, las exigencias concretas y las demandas específicas no formaron parte de los discursos de campaña, porque los asesores tampoco recomiendan que los candidatos generen “compromisos” con la gente. Los entornos próximos no son materia del lenguaje de campaña, pese a que para muchas personas es lo único que importa en este tipo de momentos políticos. Lo que tenemos, entonces, es un limbo que se construye entre los necesarios grandes debates de las agendas nacionales y la resolución de las necesidades más inmediatas de buena parte de la población.

Es por lo anterior que muchos ciudadanos se quedan con la sensación de que los temas que verdaderamente les interesan nunca son tocados en los procesos electorales, ni las agendas de los problemas nacionales ni las necesidades concretas.

Es entonces cuando el desfase de intereses y expectativas se incrementa. Los políticos buscan la mejor renta política posible (más votos con menos compromisos), en tanto que los ciudadanos intentan que sus agendas e intereses se traten en campaña y que los políticos se comprometan con ellos en la mayor medida posible.

Ahora bien, ¿quiénes son los grandes ganadores de este tipo de campañas? Los que perciben dinero con este modelo de comunicación política, los que cobran porque estas cosas sucedan, los que ganan elecciones con mensajes vacuos, los que llegan al poder sin ninguna obligación con el pueblo. Los que pierden son los que no pueden colocar en la agenda los grandes problemas nacionales y los que no verán resueltas sus necesidades inmediatas.

Una parte importante de las actuales campañas fueron los debates y la discusión en torno a ellos. Hubo tres debates presidenciales oficiales, casi 30 debates para gobernador de entidades organizados por los órganos electorales y un sinfín de mini debates en universidades, frente a organismos civiles y en organizaciones empresariales, entre otros. Una vez concluidas las campañas, se puede hacer un balance de los mismos y algunas propuestas para mejorarlos.

En los debates hay tres actores involucrados: los partidos políticos, las autoridades electorales y la ciudadanía. Cada uno tiene objetivos diferentes en torno a ellos. Los primeros tienen como propósito que estos ejercicios se traduzcan en modificar las preferencias electorales a su favor, ya sea para mantenerlas como están, para crecerlas o para que las de los adversarios bajen. Para las autoridades electorales, el objetivo es dar cauce a los debates de acuerdo con la ley; mientras que para los ciudadanos es observar, de una sola vez, a todos los candidatos a un puesto de elección popular, para ver su desempeño y contrastar ideas, asumiendo que, de acuerdo con la teoría, los debates solo sirven para reforzar tendencias preestablecidas y que únicamente tienen la posibilidad de modificar la intención del voto en 5% del electorado. Frente a esta discrepancia, es fundamental que los ciudadanos participen con voz activa y posibilidad de decisión en los diseños de los debates para generar formatos más flexibles y que posibiliten el auténtico contraste de ideas.

Además, para hacer debates que susciten el interés ciudadano, es necesario que los temas propuestos sean pocos, los más estratégicos, de acuerdo con los análisis sociopolíticos y con validación social. Las agendas “miscelánea”, donde se habla de muchas cosas (como los debates que tuvimos), permitieron a los candidatos hablar con generalidades de los asuntos tratados, aduciendo que tenían poco tiempo; es decir, el formato se prestó a las respuestas simplistas y de “lugar común”.

Quedó muy claro que en los últimos debates presidenciales y de gobernadores participaron candidatos que, de acuerdo con las encuestas, no tenían ninguna posibilidad de ganar la contienda, pese a lo cual se les siguió dando voz y un tiempo muy valioso que se pudo aprovechar de mejor forma. Por esta razón, apareció la propuesta de que lleguemos a una especie de segunda vuelta de candidatos en los debates, donde solo se presenten los que tengan mayor intención de voto y que discutan, cara a cara, sobre las agendas más urgentes; me parece que eso sería más útil para la ciudadanía.

Ahora bien, otro de los asuntos que caracterizó al proceso electoral fue la propagación de campañas “negras” en contra de ciertos candidatos, sobre todo a través de las redes sociales, en donde, hoy por hoy, no existen ningún tipo de regulación para moderar los contenidos que se procesan en ese espacio. Una de las novedades más positivas en este contexto fue la creación de la iniciativa Verificado 2018, mediante la cual varios medios de comunicación sometían a análisis ciertas notas que aparecían en redes sociales y en pasquines para validar su origen y comprobar su veracidad. Esta herramienta ayudó a contener los efectos de la guerra sucia.

 

  1. Las candidaturas independientes

Este fue el primer proceso electoral en el que participaron candidatos independientes a la presidencia de México. Luego de un proceso de recolección de firmas que resultó muy irregular, aparecieron en la boleta para presidente de la república dos candidatos independientes: Jaime Rodríguez “El Bronco” y Margarita Zavala, quienes tenían una característica común: ambos pertenecieron, por muchos años, a partidos políticos y al ver que sus aspiraciones políticas no tuvieron eco entre sus correligionarios, optaron por la vía individual para competir electoralmente.

Antes de contender por la gubernatura de Nuevo León por la vía independiente, “El Bronco” fue militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante tres décadas, en tanto que Margarita Zavala ejerció toda su vida política dentro del Partido Acción Nacional (PAN), con el que rompió poco antes de comenzar el proceso electoral.

Para el caso particular del estado de Jalisco, uno de los fenómenos políticos más sobresalientes fue la aparición de la agrupación Wikipolítica, la cual logró obtener las firmas necesarias para registrar una candidatura al Senado, tres para diputaciones federales y nueve para diputados locales en esta entidad. Ninguno de los postulados tiene antecedentes de pertenecer a un partido político, todos son jóvenes y solo uno, Pedro Kumamoto, tiene experiencia en la función pública previa como diputado local independiente. La propuesta de todos ellos tuvo como eje la crítica a la denominada partidocracia y llamaron a la construcción de otra forma de hacer política. En su caso, podemos hablar de candidaturas independientes auténticas. Sin embargo, en esta elección experimentaron un fuerte revés electoral al no obtener ningún puesto de elección popular.

Uno de los asuntos más notables de este proceso electoral fue la aspiración de María de Jesús Patricio para contender por la presidencia de México, la cual fue la apuesta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y del Congreso Nacional Indígena (CNI). Mary Chuy, como muchos la conocían, no juntó las firmas necesarias para aparecer en la boleta electoral. Solo en dos estados, de los 17 en que se requería (por el principio de dispersión), cumplió con la consecución de 1% de las firmas de ciudadanos inscritos en el padrón electoral.

Para los críticos del zapatismo fue una oportunidad para señalar que este movimiento social ya no tiene el empuje que logró en otros años y que las simpatías por sus propuestas no tienen la repercusión que muchos quisieran. Para otros, se cumplió el objetivo de lanzar la candidatura, porque Mary Chuy pudo recorrer una parte importante del país, donde se reflexionaron y dialogaron sobre los procesos de acumulación capitalista y las alternativas sociales y comunitarias que hay frente a estos. Para este grupo, la recolección de firmas no era el propósito central sino la construcción de un diálogo y una reflexión nacional.

Hay una tercera vertiente que señala que el objetivo de generar estos diálogos a lo largo del país era un propósito necesario y loable, pero critican la estrategia adoptada, ya que tenían que ceñirse a las reglas del sistema político al que tanto han rechazado y que, al final de cuentas, efectivamente, estas directrices terminaron por asfixiarlos. Los que abanderan esta postura señalan que se pudo hacer un símil de “La Otra Campaña”, del año 2006, cuando miembros del EZLN y el CNI recorrieron el país sin la agenda electoral encima.

Como veremos en el análisis de los resultados de las contiendas, durante el proceso electoral que culminó el 1 de julio de 2018, los candidatos independientes no fueron la alternativa política que eligieron la mayor parte de los ciudadanos y tendrán que esperar, por lo menos tres años más, para ver si estas figuras logran despuntar en el escenario político mexicano.

 

  1. Las alianzas y el hiperpragmatismo político

Uno de los fenómenos que provocó el mayor debate en el proceso electoral reciente fue el hiperpragmatismo político, donde se dieron fuertes e inesperadas trasferencias de cuadros entre los distintos partidos políticos y germinaron lo que podríamos denominar como “mezclas duras” en la escena pública, las cuales, incluso, fueron motivo de burlas, ironías y, por supuesto, guerra sucia entre candidatos a puestos de elección popular.

Hace seis años, no estaba dentro de ningún imaginario que el PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) tuvieran un candidato único a la presidencia de México; en especial luego de protagonizar, ambos partidos, un profundo conflicto político que se agudizó tras las elecciones federales de 2006. Hace tres años, era inimaginable que, en Jalisco, el Partido Movimiento Ciudadano (MC) y el PRD estatal compartieran las listas de diputados locales y, por supuesto, que no le pasaba a nadie por la cabeza que una ferviente antilopezobradorista de la Ciudad de México, como Gabriela Cuevas, terminara enrolada en las filas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que encabeza Andrés Manuel López Obrador. La imaginación política no nos daba para tanto. Pero en esta elección, todos estos fenómenos sucedieron y la confusión se dio paso ante esta enorme distorsión de las geometrías políticas.

La razón fundamental que dio lugar a estos fenómenos políticos fue la búsqueda de la renta electoral de corto plazo; es decir, garantizar, en la medida de lo posible, la victoria en las elecciones. Por el momento que vive el país, de una profunda desconfianza hacia los partidos políticos y por la segmentación del “mercado” electoral, muchas de las estrategias para ganar adeptos es hacer alianzas con muchos grupos políticos que aseguren el voto de pequeños conglomerados de personas, que en la sumatoria otorguen el objetivo de ganar las elecciones. Este asunto provoca, por lo menos, dos problemas.

El primero, que el profundo desdibujamiento de los principios y programas de gobierno, que pasan a segundo término, ya sea porque pueden obstaculizar las alianzas o porque el objetivo que da soporte a estos acuerdos es simple y llanamente ganar la elección. Esto, a su vez, provoca confusión en los ciudadanos, al no tener claridad de cuáles son los elementos verdaderamente diferenciadores de las distintas opciones políticas. El segundo problema, al menos en la experiencia mexicana, es que las alianzas electorales no han funcionado como alianzas de gobierno; es decir, las administraciones públicas que emanan de estos procesos no han generado mejores desempeños gubernamentales, al contrario, no se experimentan y se llevan a cabo los deseos de cambio y alternancia que anhelan los ciudadanos, lo que provoca una mayor decepción hacia los partidos políticos.

Ante esta crítica, la clase política responde que el primer objetivo es ganar y que luego se resuelve cómo se implementan los acuerdos. La evidencia parece mostrar que el segundo paso nunca se resuelve de la forma más adecuada. Sumado a lo anterior, parecería que cuando una alianza de esta naturaleza gana un proceso electoral, lo que primero se cumple son los acuerdos de reparto de cargos o de impunidad, lo que, a la larga, representa grandes y graves obstáculos para que los cambios necesarios lleguen. Dicho de otra forma, esta forma de proceder genera renta electoral de corto plazo, pero deudas políticas muy grandes a largo plazo.

Más allá de cada caso en particular, estas trasferencias, insospechadas entre los distintos institutos políticos, son una muestra más de la caducidad de los partidos como instituciones de la democracia mexicana. Si recordamos, a finales de 2017, y a propósito de los sismos de septiembre de dicho año, hubo un clamor ciudadano para que el financiamiento de los partidos políticos para las campañas del presente proceso electoral se utilizara para las labores de reconstrucción de las viviendas dañadas.

Desde este punto de vista, hay, por lo menos, cuatro grandes causas que han provocado la crisis de los partidos y que les ha convertido en instituciones caducas que tienden a degradarse en periodos de tiempo cada vez más cortos:

  1. Desde hace años, se ha señalado que los principios y las ideologías no son el principio aglutinador en los partidos, y hace tiempo que estas organizaciones no representan las formas de pensar y entender la manera de gobernar de grandes conglomerados sociales. Ahora, más bien, se han convertido en agencias de colocación que solo buscan ganar cargos públicos. Si confrontamos las plataformas políticas de los institutos políticos, las diferencias no son tan nítidas, todos se plantean ideas muy generales en las que casi cabe cualquier cosa. Distinguir las propuestas fundamentales de cada partido es ahora una tarea casi imposible. Estamos hablando de un proceso de desideologización de los partidos políticos.
  2. El hiperpragmatismo político. Ahora, los partidos buscan renta electoral de corto plazo; es decir, su propósito fundamental es conseguir la mayor cantidad de cargos públicos para cada elección, y este imperativo conduce todas las acciones de los institutos políticos. No se trata de cuidar proyectos o postulados sino de ganar elecciones a costa de lo que sea. Esto ha provocado que los partidos hagan alianzas insospechadas y contra natura, lo que también genera estas trasferencias de cuadros políticos. Los perfiles que se tratan de impulsar no son los que gobernarán mejor sino los que tienen mejores estructuras para competir electoralmente.
  3. La democracia interna no existe. Las candidaturas son definidas por las cúpulas partidarias o los líderes fácticos, donde las militancias poco pueden decidir en estos escenarios. La imposición de candidaturas y dirigencias ha roto las estructuras de los partidos y ha provocado la desilusión de muchos de sus miembros. El ascenso, en los partidos, no responde a los méritos políticos sino a las capacidades para negociar las candidaturas o los espacios con las dirigencias partidarias.
  4. La separación que provoca la burbuja en la que viven las dirigencias partidarias (llenas de lujos y prebendas) respecto a lo que afronta el común de las personas en su vida cotidiana. La distancia entre unos y otros genera una incomprensión profunda de las necesidades de las mayorías, frente a lo que la clase política piensa que sucede. Uno de los factores que amplían y profundizan esta distancia es el financiamiento a los partidos políticos, que, hoy por hoy, es enorme y escandaloso, y de ninguna manera justifica su existencia, ya que la ciudadanía no percibe los efectos positivos de este presupuesto para fortalecer la democracia, incluso, no hay razón alguna para seguir costeando a partidos políticos en tiempos no electorales.

No es gratuito que, en el reciente proceso electoral, los partidos políticos tradicionales hayan experimentado dolorosas derrotas o hayan sido objeto del voto de castigo de la ciudadanía.

 

  1. El juego de las encuestas

Desde los procesos electorales de 2009 y hasta las elecciones locales de 2016, pasando por la última elección presidencial de 2012, las casas encuestadoras entraron en una grave crisis. Las desviaciones en los resultados fueron muy fuertes y se confirmó que incurrieron en tres graves problemas: se utilizaron como herramientas de campaña para sobreestimar candidaturas, los métodos de recolección de información empezaron a caducar y las personas les llegaron a tener tanta desconfianza, que empezaron a mentir en sus respuestas.

Para las elecciones locales de 2017, en cuatro entidades las encuestadoras modificaron sus procedimientos y no fallaron; es decir, todas estuvieron dentro del llamado margen de error, sobre todo frente a los resultados de las gubernaturas del estado de México, Coahuila y Nayarit. En las dos primeras, siempre marcaron empate técnico; mientras que en el caso de Nayarit, siempre señalaron el triunfo de la alianza PAN–PRD.

Era muy claro que para el proceso electoral de 2018, los ojos estaban puestos en el desempeño de las casas encuestadoras, las cuales, desde enero de 2017, marcaron una tendencia en los sondeos para la contienda presidencial que nunca cambió y terminó confirmándose el 1 de julio: Andrés Manuel López Obrador arrancó como puntero y tuvo una tendencia creciente a lo largo del proceso; el candidato del PAN (que terminó siendo Ricardo Anaya) se mantuvo en los márgenes de 24 y 30% de la intención del voto; que el postulado por el PRI (José Antonio Meade) siempre estuvo alrededor de los 20 puntos porcentuales, y que los candidatos independientes siempre se mantuvieron con un dígito en la intención del voto.

Es decir, en este proceso electoral, las casas encuestadoras arrojaron datos más precisos y con menor margen de error. Las cuatro empresas que tuvieron las estimaciones más cercanas a los resultados finales fueron: El Financiero, Parametría, Berumen y Demotecnia. Otras, como Reforma, ACORP, Gii360, BCG Beltrán, Massive Caller, Consulta Mitofsky y Varela y Asociados estuvieron dentro del margen de error, mientras que el resto mostró datos muy alejados de los resultados finales.

A pesar de lo anterior, podemos hacer un buen balance del desempeño de las casas encuestadoras en esta elección, las cuales reivindicaron la reputación perdida en los procesos electorales anteriores a 2017, cuando empezaron a corregir sus formas de proceder.

Me parece que hay tres razones por las cuales las casas encuestadoras mejoraron su labor: la primera es que optimizaron sus metodologías al calcular mejor las preferencias efectivas y al resolver, de manera satisfactoria, el factor de la desconfianza de los ciudadanos; porque era fundamental volver a mostrar que las encuestas son una herramienta útil para las democracias contemporáneas, y porque aparecieron los llamados polls de encuestas (como Oráculos y Bloomberg), que compararon los datos entre encuestadoras y sacaban promedios, lo que permitió un ejercicio de autorregulación y contrastación entre casas encuestadoras.

 

  1. Los resultados electorales federales

Como se dijo al principio, algunos de los datos que a continuación se muestran son los resultados finales de los programas de resultados preliminares (PREP), que todavía deben ser confirmados en los recuentos oficiales que culminan con las entregas de las constancias de mayoría para los candidatos electos. En otros casos, ya se cuenta con los cómputos finales.

6.1. Resultados de la presidencia de México

Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena, ganó la elección presidencial. La tabla 5.1 muestra los resultados de los cómputos finales, con 99.93% de las actas computadas.

Cabe señalar que Andrés Manuel López Obrador ganó en 31 de las 32 entidades federativas. Ricardo Anaya solo obtuvo mayoría en un estado (Guanajuato) y José Antonio Meade no ganó ninguna entidad.

Desde la elección de Carlos Salinas de Gortari, en 1988, ningún presidente electo había sobrepasado la barrera de los 50 puntos porcentuales del voto válido, y desde esa fecha hasta hoy (30 años y seis elecciones presidenciales) ningún primer mandatario había contado con tal apoyo popular como lo obtuvo López Obrador (véase la figura 5.1).

6.2. Senadurías

De acuerdo con los resultados del PREP, en la tabla 5.2 se muestran los resultados de los ganadores en los estados, en la primera fórmula por cada partido o coalición, en la elección de senadores.

De acuerdo con algunos cálculos que se ha prefigurado hasta ahora, de los 128 senadores, la coalición Morena–Partido del Trabajo (PT)–Partido Encuentro Social (OES) contaría con 69 senadores; el Frente por México (PAN–PRD–MC) tendría 39 y la fracción de la alianza PRI–Partido Verde Ecologista de México (PVEM)–Nueva Alianza (Panal) estaría conformada con 20 senadores. De corroborarse esta información,
la coalición del presidente electo tendría mayoría simple.

6.3. Diputaciones

De acuerdo con los resultados que mostró el PREP con sus datos completos, la tabla 5.3 muestra el número de distritos que ganó cada partido o coalición electoral.

En este caso, también se han colocado algunas posibles conformaciones de la próxima Cámara de Diputados, que es factible que quedé configurada de la siguiente forma: 310 diputados de la coalición Morena–PT–PES; 129 diputados del Frente por México (PAN–PRD–MC), y 61 diputados para la alianza del PRI–PVEM–Panal. También en este caso, la coalición del presidente electo tendría la mayoría simple.

 

  1. Los resultados electorales estatales

Como se dijo al principio de este texto, también se realizaron elecciones locales, en las cuales destacaron los comicios en nueve estados en los que se eligió a los nuevos gobernadores. La tabla 5.4 muestra los números de estos procesos, de acuerdo con los resultados finales de los PREP locales.

Con base en los resultados que se presentan, el mapa político de las gubernaturas en México luce de la siguiente manera: el PRI gobierna 12 estados, el PAN gobierna 12 entidades, Morena gobernará cinco estados, el PRD gobierna uno, MC gobernará una entidad, y un estado es gobernado por un independiente.

La figura 5.2 muestra la nueva conformación del mapa político de México, de acuerdo con los gobiernos estatales, que empezará a funcionar a partir de finales de 2018.

Este mapa político es completamente nuevo, ya que el PRI siempre había tenido más de la mitad de las gubernaturas en el país (hasta 2015). Nunca otro partido había empatado al tricolor en gobiernos de los estados, mientras que, por primera vez, aparece Morena en el espectro de las gubernaturas, y la presencia del PRD se fue al mínimo.

En cuanto a las elecciones en Congresos locales, se estima que, con los resultados que arrojan los PREP, Morena sería la primera fuerza electoral en 22 Legislativos locales. Este dato está por confirmarse, pero muestra que el arrastre del partido de López Obrador también influyó de forma muy fuerte en los comicios locales, salvo en algunos estados como Guanajuato, Jalisco y Nuevo León.

 

  1. El antivoto

La pregunta central de estos fenómenos políticos es ¿por qué el candidato de Morena obtuvo esta ventaja tan amplia en prácticamente todo el país? Desde mi punto de vista, hay cuatro procesos sociales que podrían explicar este ascenso de López Obrador: el voto antisistema, el voto anti establishment, el voto anti PRI y el voto anti Peña Nieto.

La primera dinámica se refiere a los ciudadanos que claramente expresan una postura antisistémica, que, en términos estrictos, significa que van en contra de las dinámicas capitalistas e incluso de las dinámicas impuestas por el estado–nación. En el caso de México, los que han enarbolado estas posturas son el EZLN y grupos autonomistas a lo largo del país. Para este sector, toda la clase política les genera desconfianza; sin embargo, para el caso de este momento político, para estos colectivos, el candidato presidencial que provocó menos desconfianza fue Andrés Manuel López Obrador.

El voto anti establishment se define como los ciudadanos que van en contra de los grupos de poder fáctico (tanto político como económico) que en las últimas tres décadas han sido los grandes beneficiarios de la implementación de las políticas neoliberales. En este segmento, están los ciudadanos que ven, con mucho recelo, a partidos políticos tradicionales, grupos empresariales y actores sociales que están en las altas esferas de poder. Este tipo de voto afectó, directamente, de forma negativa a José Antonio Meade y Ricardo Anaya, a quienes consideraron como representantes y voceros de estos grupos beneficiados del statu quo, en tanto que, electoralmente, favoreció a López Obrador, al que se deja fuera de estos grupos de poder.

El voto anti PRI se gestó entre el electorado que desarrolló, a partir de los casos de corrupción protagonizados por gobernantes de origen priista (Roberto Borge, Javier Duarte, César Duarte, Roberto Sandoval, entre otros), un fuerte sentimiento anti priista; en el que también influyeron las malas percepciones provocadas por la impunidad en el país por los casos específicos de corrupción, como la estafa maestra o la casa blanca, y la certeza de muchos mexicanos de que las políticas económicas derivadas del Pacto por México no lograron concretar las promesas de desarrollo que se hicieron al principio del sexenio; a lo que se suma todo lo que viene aparejado al grave problema de violencia en el país. Todos estos problemas, en su conjunto, han dado como resultado un fuerte anti priismo que no habíamos visto en otros momentos y que le cobró una enorme factura al partido tricolor.

Finalmente, tenemos la tendencia anti Peña Nieto, que se venía fraguando desde la elección presidencial pasada y que, a partir del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, se aceleró de tal manera que el proceso de depreciación de la imagen del presidente de la república llegó a tal punto que, hoy por hoy, es la peor que ha tenido un primer mandatario en la historia del país. En términos gruesos, ocho de cada diez mexicanos desaprueban la gestión de Enrique Peña Nieto, y esto se traduce en votantes que castigaron a la administración pública federal actual a través del voto. El candidato que, por obvias razones, salió afectado por este proceso fue el postulado por el partido del presidente: José Antonio Meade; mientras que el mayor beneficiado de esta dinámica fue Andrés Manuel López Obrador.

No sabemos en qué medida una dinámica fue más fuerte que la otra, pero sí podemos decir que fueron complementarias y que se alimentaron mutuamente. Como ya se dijo, el principal beneficiado de estos procesos fue el candidato de Morena, mientras que al resto de los contendientes les cobró una gran factura.

 

  1. Consideraciones finales

Luego de este proceso electoral, queda muy clara la necesidad de la trasformación del sistema político. Es evidente que en México tenemos un régimen que ya no funciona, que tiene muchísimos problemas, que no resuelve nada y que ha generado el nacimiento de una clase política que, cada vez más, se aleja de las necesidades sociales.

Es muy común que la ciudadanía esté a disgusto con los partidos políticos; no encuentra la razón de ser de los diputados, experimentó un profundo hartazgo de las campañas electorales, el Poder Judicial le parece un hoyo negro del cual no sabe prácticamente nada, asume que la clase política le hace promesas en campaña que, seguramente, no cumplirá y piensa que el aceite que lubrica el sistema político mexicano es la corrupción. Es cierto que no todos los políticos ni todos los gobiernos incurren en estas prácticas indeseables, pero hay una experiencia vivida en los ciudadanos que refuerzan estas percepciones.

Cada vez que hay un proceso de crisis del sistema político en un país, una de las soluciones que históricamente se implementa es la elaboración de una nueva Constitución, la cual implica cambiar de tajo las reglas del régimen político, es decir, los procedimientos con los cuales se accede al poder, y se trasforman por otros.

Para el caso de México, hay cinco asuntos que deberían retomarse para lograr una auténtica trasformación del sistema político, a saber:

  • Restructuración de los partidos políticos. Ahora mismo, los partidos en México no tienen un centro ideológico claro, se reproducen a través de clientelas políticas, no tienen democracia interna en sus procesos de selección, son demasiado costosos para el erario público, hacen alianzas electorales con demasiado pragmatismo político y su principal objetivo es la reproducción de su propio poder e influencia. Todas estas prácticas deberían de corregirse para contar con partidos que realmente representen a los ciudadanos.
  • Reforma en el sistema electoral. Las campañas son muy costosas, no generan ningún aprendizaje cívico, no contribuyen a un debate constructivo sobre las principales agendas del país, generan aversión en los ciudadanos, promueven la división social y no fortalecen a la democracia. Después de este modelo, de campañas y comunicación política, queda muy claro que es necesario bajar sustantivamente los costos de las campañas, disminuir su duración y contar con sanciones muy claras y fuertes para evitar que estas prácticas continúen.
  • Establecimiento de un verdadero equilibrio y contrapeso de los poderes. En México, tenemos un “súper Poder Ejecutivo”, un Poder Legislativo que a veces funciona y otras veces no; así como un Poder Judicial subordinado al Ejecutivo y profundamente alejado de la ciudadanía. Es necesario crear un nuevo andamiaje institucional que permita un sano equilibrio de poderes y donde las funciones de control de unos sobre otros sean muy claras y efectivas.
  • Fortalecimiento de los gobiernos locales. El nivel de gobierno que tiene el contacto más cercano y cotidiano con los ciudadanos son los municipios, pero, paradójicamente, es el que tiene mayor precariedad presupuestal y mayor debilidad institucional. En muchas partes del país, los ayuntamientos están rebasados por los problemas que los aquejan y no son pocas las ocasiones donde solo administran los problemas y las desgracias. Un asunto nodal para una reforma política en el país es repensar el modelo de municipio que tenemos, sus atribuciones, sus capacidades y la manera como se organizan.
  • Fortalecimiento de la participación ciudadana. Uno de los asuntos nodales que se requiere fortalecer para que el sistema político mexicano funcione mejor es profundizar y fortalecer el papel de la sociedad en la toma de decisiones públicas. Mientras que no se incrementen las capacidades de los ciudadanos para exigir, demandar y decidir sobre la vida pública, es muy posible que sigamos con una democracia precaria. Hay reformas en torno a este asunto, pero, en algunos casos, son cosméticas o simplemente se incurrió en la simulación. Es fundamental reforzar la participación ciudadana.

Sin duda alguna, el triunfo rotundo de Morena ha generado, en buena parte de la población, un sentimiento de esperanza de que las cosas pueden cambiar. El mandato de las urnas fue muy claro, ahora hay que seguir con mucho detenimiento los pasos que vaya dando el nuevo gobierno.

 

[*] Es académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Es licenciado en Sociología por la Universidad de Guadalajara y en Filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac. Tiene una maestría en Impactos Territoriales de la Globalización por la Universidad Internacional de Andalucía y es doctor en Estudios Científico–Sociales por el ITESO. Es profesor invitado en la Universidad Iberoamericana León. Colabora semanalmente en Zona 3, Radio Metrópoli, Ocho tv, Imagen San Luis Potosí, Megacable y como articulista en el Semanario de Guadalajara, la Méndiga Política y en las revistas El Puente y Christus. Correo electrónico: jerqmex@hotmail.com

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Gerardo Moya García**
Jorge Narro Monroy***

Según lo quiera usted ver, se trata este de un ensayo a tres voces o de una entrevista hecha por un colega o a otros dos. Profesores del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), compañeros en el Departamento de Formación Humana, nos vincula también otro elemento: Catalunya.[1] Uno de los tres nació allá, en Manresa; los otros dos acá, pero hijos de catalán.

Así las cosas, este texto no es —no puede ser, no para nosotros— un puro esfuerzo académico. Se trata de una muy breve reflexión, de un muy breve diálogo, sobre lo difícil que es para muchos catalanes quedarse en España bajo las actuales condiciones, pero también lo difícil que es irse cuando las que existen tampoco son propicias.

1. Un (no tan) breve contexto[2]

Jorge Narro Monroy (JNM): El presente —es verdad de Perogrullo— no se entiende sin el pasado. Lo que hoy es Catalunya —tanto para los soberanistas o independentistas como para los autonomistas e, incluso, para los españolistas— no se explica si no es —en enorme medida— a la luz de una urdimbre que empezó a tejerse hace más de dos mil años.

Hacia el año 195 a.C. se completó la conquista romana del territorio que, siglos después, se identificaría como Catalunya y que en aquel entonces formaba parte, primero, de la provincia llamada Hispania Citerior y, luego, de la Tarraconense.

En el 415, Ataúlfo, rey visigodo, se asienta en Barcino, ciudad de la Hispania Tarraconense. Poco después de su muerte, el territorio catalán sería incorporado al reino de Tolosa. Los visigodos dominaron hasta inicios del siglo VIII, cuando, en mitad de una guerra civil, una de las partes pidió la intervención del imperio árabe encabezado por la dinastía Omeya. Esto abrió la puerta de la península a los musulmanes, quienes rápidamente la conquistaron.

En 721, el rey franco Carlos Martel puso frenó a la expansión árabe. Y trazó una “marca” que sirviera de frontera: el futuro condado de Barcelona.

A finales del siglo IX, el monarca carolingio Carlos el Calvo designó a Wifredo el Velloso, conde de Cerdaña y Urgel (870), y conde de Barcelona y Gerona (878), lo cual suponía la integración bajo su mando de buena parte de la futura Catalunya. Wifredo fue el primer conde en trasmitir el gobierno a sus descendientes. Aunque a su muerte, repartió sus condados entre sus hijos, se mantuvo la unidad entre Barcelona, Girona y Osona (parte de las actuales provincias de Barcelona y Girona). Este es el nacimiento de Catalunya como entidad política: un territorio delimitado y un pueblo que reconoce en él a un soberano.

En agosto de 1150, el conde Ramón Berenguer IV se casó con Petronila de Aragón, lo que resultó en la unión del condado de Barcelona y el reino de Aragón. A partir de entonces, el territorio común sería conocido como Corona de Aragón. Esta unión no implicó una fusión: los territorios que compusieron la Corona mantuvieron por separado sus leyes, costumbres e instituciones.

Siglos después, el matrimonio de Fernando II de Aragón con Isabel la Católica, reina de Castilla, celebrado en Valladolid en 1469, condujo a la Corona de Aragón a una unión dinástica, pero —como cuando se unieron Barcelona y Aragón— una en la que cada reino conservó sus cortes, sus leyes, sus burocracias y su moneda.

La situación cambió, radicalmente, en el arranque del siglo XVIII. El 1 de noviembre de 1700 muere, sin descendencia, el rey Carlos II, de la familia Austria. Había hecho testamento en favor de Felipe de Anjou, de la familia Borbón, nieto de Luis XIV de Francia (y que acabaría reinando con el nombre de Felipe v). Una parte de la nobleza y del reino, sin embargo, apoyaba las pretensiones del archiduque Carlos de Austria, hijo de Leopoldo I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Carlos fue apoyado por Inglaterra y Holanda, tradicionales enemigas de España y que además rivalizaban con Francia. El conflicto que se desató es conocido como “Guerra de Sucesión”.

Catalunya, como el resto de estados de la Corona de Aragón, se decantó en favor del archiduque (menos centralista), quien fue reconocido en Barcelona en 1705 como Carlos III y allí situó su corte. Pero el 11 de septiembre de 1714, las tropas catalanas fueron derrotadas por el ejército de Felipe v y se promulgó el Decreto de Nueva Planta, que eliminó las instituciones catalanas (destacadamente el Consell de Cent, órgano de autogobierno de Barcelona desde el siglo XIII) de modo tal, que el Principado de Catalunya dejó de existir como parte del “Estado compuesto” (conjunto de reinos, estados y señoríos) de la monarquía hispánica y se convirtió, a partir de entonces, en una provincia.

2. Demos ahora un salto enorme: hasta el siglo XIX

El reinado de Isabel II (1833–1868), marcado por la corrupción y las crisis económicas y políticas, alentó el desarrollo del pensamiento republicano y federal. En 1860, estalló la revolución conocida como La Gloriosa, que dio inicio al llamado “sexenio revolucionario”.

El 11 de febrero de 1873, las cortes proclamaron la Primera República, que sobrevivió hasta el 29 de diciembre de 1874, cuando un golpe militar restauró la monarquía, a través de Alfonso XII.

En las décadas siguientes, fue tomando cuerpo el catalanismo político. En 1901, se formó la Liga Regionalista y luego, entre 1906 y 1909, Solidaritat Catalana, movimiento unitario de grupos y partidos.

A lo largo del reinado de Alfonso XIII, se acrecientan los conflictos sociales en todo el país, y de manera particular en Catalunya. La violencia genera las condiciones para una solución autoritaria: un golpe de estado, encabezado por el general Primo de Rivera (1923–1930), quien contó con la aprobación del monarca.

Tras la caída de Primo de Rivera, la izquierda republicana y catalanista consiguió el triunfo en las elecciones municipales de 1931. El 14 de abril, de dicho año se proclamó la Segunda República Española, que permitió la aprobación, en 1932, de un Estatuto de Autonomía.

En febrero de 1936, las izquierdas triunfaron en las elecciones generales celebradas en el país y obtienen la mayoría en el parlamento con más de 60% de los diputados electos. La reacción de la derecha (la nobleza, una parte del ejército y la jerarquía de la iglesia católica) fue el alzamiento militar, liderado por el general Francisco Franco, que estalló entre el 17 y el 18 de julio de 1936.

La dictadura (1939–1975) supuso, en Catalunya, la supresión del Estatuto de Autonomía y la persecución de la lengua y la cultura catalanas, además del asesinato de miles de catalanes (entre ellos, el presidente de la Generalitat, Lluís Companys) y el exilio de otros tantos.

En los años sesenta, Catalunya inicia una etapa de crecimiento industrial y se convierte en destino de flujos migratorios, particularmente de Andalucía. A la par, se desarrolla la oposición a la dictadura franquista y renacen las organizaciones sindicales y partidistas de izquierda que, en los años setenta, se agruparían en la Asamblea de Catalunya.

El 20 de noviembre de 1975, muere Franco y se inicia la transición democrática, que cristaliza formalmente en la Constitución de 1978. En ella, se reconoce la existencia de comunidades autónomas dentro del país. En 1979, se aprueba un nuevo Estatuto de Autonomía de Catalunya que —entre otras cosas— reconoce a la región como “nacionalidad” y al catalán como lengua propia.

Entre 1979 y 2003, presidió la Generalitat Jordi Pujol, del derechista Convergència i Unió. En noviembre de 2003, los resultados le son desfavorables y es reemplazado por un gobierno de coalición integrado por tres fuerzas políticas (Partido de los Socialistas de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa per Catalunya–Verds / Esquerra Unida y Alternativa).

El 30 de septiembre de 2005, el Parlamento catalán aprueba una reforma al Estatuto de Autonomía de 1979. Los cambios introducidos son tantos que, en realidad, se trata de un nuevo estatuto. En noviembre, tal como lo establecía la Constitución española, fue llevado al Congreso de los Diputados, donde sufrió numerosas modificaciones.

El 18 de junio de 2006, el Estatuto de Autonomía fue sometido a referéndum en Catalunya y aprobado por 74% de los votantes, aunque la participación fue de 49% del electorado. Mes y medio después, el 31 de julio, el derechista Partido Popular (PP) presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en el que impugnó 128 de los 223 artículos del estatuto. Para Mariano Rajoy, líder del PP, dos de los ocho elementos principales de inconstitucionalidad eran que Catalunya se considerara una nación, ya que “desde el punto de vista constitucional, no hay más nación que la nación española, titular de la soberanía” y el trato “privilegiado” a la lengua catalana, derivado de considerar su conocimiento como un deber.

Finalmente, el 28 de junio de 2010, el Tribunal declaró inconstitucionales 14 artículos y disposiciones adicionales, y otros 27 fueron sometidos a interpretación, además de negar cualquier validez jurídica a la declaración de Catalunya como nación.

En 2010, regresa al poder Convergència i Unió, con Artur Mas como presidente. En 2013, convocó a una consulta sobre la independencia de Catalunya, la cual se celebró el 9 de noviembre de 2014, pero careció de valor jurídico dado que el gobierno español la impugnó. En favor del “sí” se emitió 80.7% de los votos y 4.5% en favor del “no”, pero la participación de los catalanes fue de apenas 37.02% del electorado.

Mas volvió a la carga y llamó a elecciones al Parlamento de Catalunya para el 27 de septiembre de 2015. La idea era hacer de los comicios un plebiscito sobre la independencia. Para ello, se integró una única lista de candidatos independentistas, bajo el nombre de Junts pel Sí (Juntos por el sí). La lista fue la más votada en el país, pero no obtuvo la mayoría absoluta (llegó a 47.8%).

El 10 de enero de 2016, Artur Mas fue sustituido como presidente de la Generalitat por Carles Puigdemont. Este convocó a un referéndum que se realizó el 1 de octubre de 2017. Se había establecido —contra la postura de la oposición en el Parlamento— que el referéndum sería vinculante, sin requerir una participación mínima de electores y que se proclamaría la independencia de Catalunya dos días después de la publicación de los resultados oficiales en caso de que el “sí” obtuviera más votos que el “no”. El día 6 de octubre, el gobierno catalán informó que 90% de los votantes se había decantado por el sí y que la participación había sido de 43%.

El 27 de octubre de 2017, desde la tribuna del Parlamento, se declaró la independencia de Catalunya. Como la medida era contraria a lo dispuesto por la Constitución española de 1978, el Senado —al amparo del artículo 155— destituyó a Puigdemont y a todo el gobierno.

El 21 de diciembre, el estado español convocó a elecciones en
Catalunya. Participó casi 82% del electorado. Y los resultados fueron, otra vez, peculiares. Pese a que ciudadanos, formación antiseparatista, fue el partido más votado, los tres partidos secesionistas —Izquierda Republicana (ERC), Juntos por Catalunya (JxCat) y Unidad Popular (CUP)— sumaron 70 escaños en total, dos por encima de la mayoría absoluta. “Si se consideraran estas elecciones como un referendo sobre la independencia, el triunfo en sufragios correspondería al bloque no separatista, con 52.1 por ciento de los sufragios contra un 47.5 de los independentistas”.[3]

3. ¿Y entonces?

JNM: ¿Independencia o permanencia de Catalunya en España? ¿Por qué una u otra? ¿Bajo qué condiciones una u otra?

Gerardo Moya García (GMG): Ofrezco algunos elementos para contestar a la pregunta.

Primero. El pueblo español y el catalán, no son el mismo, nunca lo han sido, aunque vivan geográficamente en la misma zona. Basta conocer un poco de historia para saberlo. La historia del nacionalismo catalán, al menos desde la unificación de los reinos
de Castilla y Aragón que crearon la actual España, siempre ha existido. Claro, tampoco lo son el pueblo vasco, el gallego… Aún con ello, me parece que ningún nacionalismo, sobre todo el exacerbado, es plausible hoy en el mundo. Los nacionalismos, como otras ideologías, nos han llevado a desautorizar, minimizar, invisibilizar y exterminar a otros seres humanos, tan valiosos unos como otros. Sin embargo, como todo, tiene ciertas justificaciones; una de ellas es cuando el mismo se propaga como fruto de una represión, minusvaloración o discriminación de un pueblo sobre otro.

Este, me parece, es el caso del acrecentamiento del nacionalismo catalán en los últimos años, y me atrevería a decir que no es un acrecentamiento frente a España, al menos no frente a la gran mayoría de sus ciudadanos y ciudadanas, sino frente a los representantes del estado–nación actual. Un estado con tintes de totalitarismo; que responde, como otros, a intereses neoliberales en el sentido de la primacía del capital frente a otros valores de corte democrático.

Segundo. El elemento económico. La deuda actual (entre pública y privada) del estado español es de algo así como tres billones de euros (datos de diversas fuentes económicas), cuando lo que produce anualmente es de alrededor de un billón de euros. Para pagar los intereses de esa deuda, el estado destina 18% de su presupuesto. Otro de los importantes destinos de su presupuesto es el fondo de reserva para pensiones. A este, Catalunya aporta 29%, mientas que representa solo 16% de la población en España; es decir, aporta casi el doble de lo que equitativamente le correspondería. Este ejemplo muestra el problema general: a Catalunya regresa mucho menos de lo que esta aporta a España en términos proporcionales.

Tercero. La violación de derechos humanos. Mientras que en el derecho internacional de los derechos humanos, estos se ubican por encima de los derechos garantizados en las constituciones nacionales, el argumento del estado español para violentar, por ejemplo, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el derecho a decidir o el derecho a votar, es que son contrarios o se encuentran por debajo del pacto constitucional; sin embargo, utilizando la propia Constitución, ha violentado la misma al ir más allá de lo que prescribe en el caso de la disolución del Parlamento Catalán votado democráticamente.

Ha prohibido votar a las personas, en lugar de organizar y avalar unas elecciones como en el caso de Escocia; ha sustraído urnas; ha disuelto violentamente manifestaciones pacíficas; ha encarcelado a gran parte del gobierno autonómico, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, así como a los líderes más importantes de organizaciones civiles proindependentistas.

Por estos tres elementos, me parece que la pregunta pertinente es: ¿a qué quedarse en España cuando alrededor de dos millones de catalanes votaron recientemente no querer pertenecer a ella? ¿A qué quedarse cuando el estado español utiliza la ley como herramienta para salvaguardar los intereses de la oligarquía que la gobierna? Un estado autoritario que no solo no garantiza el ejercicio de los derechos humanos sino que los violenta; un estado que está irresponsablemente endeudado, que es corrupto y al cual aportas más de lo que te devuelve…

La independencia planteada, es la independencia de “ese” estado; es decir, la construcción de una nueva república catalana, esas son sus condiciones. Otra cosa es hablar de qué tipo de república, pero hablar de condiciones para una permanencia en España, implicaría necesariamente un estado con quien hablar, con quien dialogar, pero esa condición en el estado actual, no existe.

Miguel Fernández Membrive (MFM): Tengo dos razones para no querer la independencia de Catalunya; que en realidad podrían reducirse a una sola, ya que mi segunda razón es más de tipo técnico–práctico y por lo mismo solo vale mientras las circunstancias sociales sean parecidas a las de hoy. Por otro lado, quiero confesar que mi posición “equidistante”, o no secesionista, está lejos de impedirme reconocer el sentido de algunos argumentos de esta posición; sobre todo, de aquellos en los que predomina un sesgo más político que identitario, y más todavía tras las cargas policiales del 01 de octubre y la encarcelación de líderes de movimientos sociales y representantes del anterior Parlament.

Admito que si al escenario actual de la política española —o, mejor dicho, de la pantomima y de la judicialización de la política— le añadimos el pronóstico sobre su posible continuidad, lo más difícil es mantener la esperanza de que, quedándose, para los catalanes puedan llegar tiempos mejores. Por lo menos el fictum de una republicana catalana, que a falta de trazo más preciso sirve para que cada quien proyecte sus más personales ideales y deseos, a veces resulta más ilusionante que el mundo de sobra conocido. Pero de momento, resisto la tentación de esta ilusión.

Mi principal razón para no ser independentista es que en Catalunya hay mucha gente, como yo, que siente afinidad histórica y cultural con otros españoles de cualquier parte de la península. Sin menoscabo de particularidades y diferencias con estos españoles, los catalanes compartimos la historia más reciente de un periodo de guerra civil, de casi cuarenta años de dictadura y de transición a una democracia constitucional —si bien con el lastre monárquico— que no tardó mucho en restaurar la autonomía política del territorio catalán, suspendida durante el franquismo.

Esta etapa histórica y estos referentes comunes también determinaron en alta medida la compleja composición social de la Catalunya actual. Buena parte de los nacidos en ella, en los últimos sesenta años, somos hijos, nietos o bisnietos de “charnegos”;[4] andaluces, gallegos o extremeños, al fin, pobres que emigraron a Catalunya con la mezcla de dolor e ilusión que acompaña el desarraigo de todos los migrantes.

Estos catalanes no hemos tenido experiencias ni referentes identitarios exclusivamente catalanes. Nuestros padres o abuelos también nos formaron. Gracias a ellos, muchos de nosotros prosperamos. Y ellos, como nosotros, se parecen lo suficiente a otros que no vivieron nunca en Catalunya; porque no emigraron o porque sí, pero al País Vasco, a Madrid o incluso a México —en este caso durante el exilio republicano. Como yo me reconozco en todos ellos tanto como en aquellos catalanes que nunca emigraron o tuvieron la necesidad de hacerlo (aquellos que aún conservan dos apellidos catalanes), también me gustaría que siguiéramos compartiendo eso por lo cual podemos, en parte, reconocernos: nuestra historia política común, pero tampoco incondicionalmente, porque la lealtad en todo caso es para con ellos, no un cheque en blanco a un estado sin voluntad de hacer política, y especialmente política territorial.

La segunda razón de tipo técnico–práctico a la que más arriba me refería es que el procés no avanzó lo suficiente en lo que se refiere al diseño e implementación de un marco institucional —control de aduanas, ley
de transitoriedad jurídica, creación de un banco central y de un sistema tributario, etcétera— capaz de controlar el territorio o de soportar las consecuencias de una declaración unilateral de independencia (DUI).

Las ganas de irse y el encono mantenido con el gobierno central español, sobre todo azuzado por el autoritarismo de este último, al parecer, corrieron más rápido para el bloque soberanista que la racionalidad previsora: ni se tomaron o pudieron tomarse las medidas necesarias para una “DUI” ni se obtuvo el reconocimiento internacional que hubiera podido amortiguar las amenazas del estado español.

Las consecuencias de todo esto ya las conocemos. Y también las conocían quienes decidieron no echar marcha atrás. Y si a todo esto le sumamos no solo que las circunstancias no han cambiado —por lo menos, para mejor— tras el 21 D, sino que, al día de hoy, sigue sin ser suficientemente claro que el apoyo a la independencia sea mayoritario entre los catalanes, la conclusión inevitable es que ante el conflicto catalán–español cabría exigir al nuevo Parlament un quehacer político más responsable y a la altura de la complejidad del problema. Y lo mismo valdría para el gobierno de España; aunque, en este caso, es verdad que ilusiona menos el mundo conocido.

gmg: No considero que una república catalana sea un fictum o una ilusión, pero tampoco que construirla sea fácil, rápido o exento de trabas. Tampoco creo que la idea de una república catalana, en el consciente colectivo catalán e incluso en los dos últimos gobiernos de la Generalitat, sea una idea nueva. Sé, de buena fuente dentro del gobierno catalán, que tienen tiempo preparando las condiciones necesarias para ello, a la par de la agencia o administración cotidiana; sin embargo, ello podría tardar un quinquenio, y no se cuenta con dicho tiempo.

Con todo, ninguna república ha iniciado “con la casa montada”; de hecho, pocas “independencias” han sido lo pacíficas que ha demostrado ser esta declaración unilateral de independencia del Parlamento Catalán. Esto es importante, porque no salir de un movimiento armado de miles de muertes, quebrado, y sin experiencia en gestión gubernamental,
es un paso que ahorra enormes gestiones y tiempo para echar a andar una república. Todo esto lo tiene Catalunya.

Es cierto que el proceso de independencia ha ido más rápido que la racionalidad previsora; es cierto que hay encono entre el gobierno central español y el de la Generalitat; es cierto que no se obtuvo el reconocimiento internacional necesario o esperado, sin embargo, la exigencia planteada al nuevo Parlament, de un quehacer político más responsable y a la altura de la complejidad del problema, es esperar algo de quien no tiene la capacidad de darlo. La conformación del actual Parlament es el reflejo de la polaridad social en Catalunya: la mitad responde a los intereses del partido en el poder en el estado español, aunque disfrazado con el nombre de “ciudadanos”; la otra mitad (los independentistas), no ven en la otra parte, alguien con quien interlocutar, y solo les interesa disolver su vínculo político–matrimonial histórico con España.

Por otro lado, el argumento de la afinidad histórica y cultural con otros ahora españoles para no ser independentista, me parece que es salvable en el esquema de una república catalana. Seguiríamos compartiendo la historia reciente del periodo de guerra civil; seguiríamos con la compleja composición social de la Catalunya actual, incluso acrecentada por la migración presente y futura; seguiríamos con catalanes cuyos referentes identitarios no son necesaria o exclusivamente catalanes, pero como tantos otros países que así están actualmente conformados.

MFM: Aunque la opinión de Gerardo pueda resultarme tan sugerente como controversial en algunos giros de sus argumentos, quiero concentrarme ahora en un punto en el que no me sorprende que ambos coincidamos y señalar solo otro en el que puede ser que tengamos nuestra mayor divergencia.

Para introducir primero ese punto de acuerdo, no está de más recordar que el independentismo catalán no es monolítico y que, por lo menos, en una de sus versiones antepone la motivación política a las reivindicaciones identitarias o culturales; que no siempre y para todas las demandas se mezclan. A este independentismo, lo que le preocupa sobre todo es la cuestión de la autodeterminación de Catalunya, esto es, la capacidad de hacer política sobre el propio territorio; cuyo esquema constitucional vigente, por cierto, no difiere mucho del Estatuto de 1979.

Según lo veo, de esta versión independentista es de la que puede decirse más claramente que ha venido acrecentándose —pues sigue ganando muchas conversiones— no frente a la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos españoles sino frente a los representantes del estado nación de la última década; sin obviar, tampoco, que fueron los mismos ciudadanos españoles quienes refrendaron al gobierno actual.

Dicho independentismo político, lo que somatiza es un hartazgo acumulado ante la actitud arrogante, indolente y, muchas veces, con signos de desprecio que las instituciones y gobiernos españoles, principalmente de la derecha representada por el PP, han mostrado por lo menos desde 2006 ante cualquier iniciativa en materia de política territorial del gobierno catalán; el ejemplo por excelencia es lo ocurrido con la propuesta original de reforma del Estatut, aprobada por el Parlament y respaldada por 74% de los ciudadanos votantes.

Para muchos catalanes esta es una herida no cicatrizada, pero desde entonces se han abierto otras, las más recientes como consecuencia de la gestión autoritaria y represiva con la que el gobierno de Mariano Rajoy optó por responder al desafío independentista —gubernamental y ciudadano— antes, durante y después del 01 de octubre de 2017.

Lo que a mí me parece es que este hartazgo político está justificado y que dota de razón al independentismo toda vez que afirma no encontrar en la otra parte ninguna interlocución; de hecho, la expansión social de tal hartazgo es la mayor responsabilidad y contribución a este conflicto que puede atribuírsele al gobierno central y a la democracia española. Y en esta atribución de responsabilidad es en lo que me parece que Gerardo y yo coincidimos. Sin embargo, también habría
que decir que hay versiones del “no independentismo” que acusan
la misma desazón y reconocen el mismo déficit democrático, y cuya única diferencia con este independentismo político quizás sea de textura emocional y paciencia.

Por otra parte, y con esto paso al punto de divergencia con la opinión de Gerardo, se ha visto que no hace falta ser no independentista (basta pensar en los argumentos de dimisión del exconsejero Santi Vila) para reconocer que algunos de los pasos que el gobierno catalán dio hasta llegar finalmente a una declaración unilateral de independencia fueron temerarios o irresponsables.

De hecho, esta DUI solo pudo ser tan pacífica como fue, justo por ser también una declaración velada y simbólica; como lo demuestran, con toda crudeza, los hechos trascurridos después de la misma. Una cosa es que ninguna república comience con la “casa montada” y otra que se pretenda inaugurar una casa antes de asegurar sus cimientos; incluidos en estos la base social no independentista que ni la casa quería —o por lo menos no esa— y de todos modos, tuvo que pagar su parte.

Pero a lo que me refería al final de mi primera intervención al hablar de responsabilidad política a la altura de la complejidad del problema, no es solo a esperar que el nuevo Parlament —de nuevo con mayoría absoluta independentista— sepa medir mejor sus fuerzas, que también, sino sobre todo a que el bloque mayoritario no repita el error de actuar como si su gobierno solo representara a quienes lo pusieron en tal posición.

El interlocutor que se dice buscar no está únicamente fuera del territorio catalán ni se reduce a los partidos políticos que en esta legislatura hacen de oposición. Y algo tendría que poder dar cada parte si de verdad se aspira a alguna forma de convivencia no forzada por el dominio de unos sobre otros. Dadas las condiciones sociales y políticas actuales, ¿son la independencia de Catalunya o la España de Rajoy los únicos esquemas que podemos imaginar y querer? Tal vez venga a cuento recordar lo que el filósofo Hans–Georg Gadamer dijo en uno de sus escritos:

La verdadera realidad de la comunicación humana consiste en que el diálogo no impone la opinión de uno contra la de otro ni agrega la opinión de uno a la de otro a modo de suma. El diálogo transforma una y otra. Un diálogo logrado hace que ya no se pueda recaer en el disenso que lo puso en marcha. La coincidencia que ya no es mi opinión ni la tuya, sino una interpretación común del mundo, posibilita la solidaridad moral y social.[5]

Sé que me arriesgo a pasar por ingenuo, pero ojalá que también el gobierno de Mariano Rajoy y sus aliados hayan aprendido algo de este conflicto que igualmente ha tenido un costo alto para ellos, tanto económico como político. De momento, la esperanza sigue cara.

4. Un cierre… abierto

jnm: Me parece que, por ahora, la conclusión de este texto y, sobre todo, de la situación catalana, casa con el título de este texto: “difícil quedarse, difícil irse”.

Difícil, y no solo para los soberanistas, permanecer en una España en la que el gobierno central no solo se ha negado a atender —por ejemplo— la demanda catalana de mayor autonomía hacendaria (¡el País Vasco la tiene!) sino que ha mostrado una y otra vez su ADN franquista: no hay más España que una, grande y libre. Y al que no lo entienda hay que tratarlo a palos. Ejemplo: la represión del 01 de octubre de 2017. Y hay más: difícil quedarse en una España donde no pocos —sin ser necesariamente del PP— ven con recelo las autonomías:

Cuando se les pregunta [a los españoles] si las Comunidades históricas como Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía debieran tener un trato similar al resto de regiones, la respuesta [afirmativa] es casi unánime […] [Por otro lado] la mitad de los ciudadanos (50,1%) apostaría por aumentar las competencias de las Comunidades autónomas frente al tercio (33%) que optaría por reducirlas.[6]

Pero difícil es también irse. No hay —como dicen Gerardo y Miguel— “casa montada”. Cimientos tal vez, pero —para seguir con la figura— eso es vivir a la intemperie. Difícil irse cuando los números dicen que todavía hay más catalanes que quieren conservar el matrimonio que los que quieren disolverlo. Y no son solo “charnegos recientes”. Difícil irse cuando la Unión Europea no está ahí como red de protección. Por el contrario: “Para la Unión Europea nada cambia. España sigue siendo nuestro único interlocutor”.[7]

Se antoja una solución intermedia: quedarse, pero bajo condiciones de mayor respeto. Quizás como las que planteaba el Estatut de 2005–2006. ¿Es posible en un país ya tan polarizado? Por lo pronto se ve mayor disposición al diálogo en los independentistas. Ejemplo: el nuevo presidente del parlamento catalán, Roger Torrent, no obstante haber postulado como único candidato a la Presidencia de la Generalitat al defenestrado Carles Puigdemont, “envió una carta a Rajoy solicitándole una reunión para analizar la anómala situación que vive el Parlamento catalán, donde 8 de sus 135 miembros […] están en prisión o autoexiliados en Bruselas. ‘Creo que en estos momentos nos toca explorar todas las vías posibles de la política y agotar todas las vías posibles de diálogo’, dijo”.[8]

¿Qué responderá Rajoy? No soy optimista: las autonomías nunca han prosperado en España con regímenes y gobiernos de derechas.

  1. . En catalán no existe la “ñ”, de modo que Catalunya se escribe así, con “y”. Y más ahora, en estos tiempos.
  2. . Tomo, como base e hilo conductor para este recorrido, el texto publicado en Wikipedia: “Historia de Cataluña”. Recuperado el 24 de febrero, de https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Catalu%C3%B1a
  3. . Fernández, Homero. “Ganan independentistas en Cataluña, pero…”, en Mural, 22 de diciembre
    de 2017. También: El País. “Consulta los resultados de las elecciones catalanas 2017”, en El País, 21 de diciembre de 2017. Recuperado el 17 enero de 2018, de https://elpais.com/ccaa/2017/12/21/catalunya/1513889253_907059.html
  4. . La entrada charnego puede encontrarse en el diccionario de la Real Academia Española (RAE). Dice allí que se trata de un adjetivo despectivo proveniente del catalán xarnego, el cual significa: “Inmigrante en Cataluña procedente de una región española de habla no catalana”. RAE. “Charnego”. Recuperado el 24 de febrero de 2018, de http://dle.rae.es/?id=8d3XHaZ. Véase también el artículo: Ruiz Marull, David. “¿Qué es un charnego?, en La Vanguardia, 8 de marzo de 2016. Recuperado el 24 de febrero, de http://www.lavanguardia.com/politica/20160308/40292363173/gabriel-rufian-charnego-erc-congreso.html
  5. . Gadamer, Hans–Georg, “Lenguaje y comprensión” (1970), en Gadamer, Hans–Georg & Olassagasti, Manuel, Verdad y método II, Sígueme, Salamanca, 1992, pp. 184 y ss.
  6. . Lardiés, Alberto. “El 81.9% pide que todas las Comunidades autónomas tengan las mismas competencias”, en El Español, 6 de diciembre de 2016. Recuperado el 22 enero de 2018, de https://www.elespanol.com/espana/politica/20161205/175983215_0.html
  7. . Las palabras son de Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, inmediatamente después de la declaración de independencia por parte del parlamento catalán en octubre del año pasado.
  8. . Artusa, Mariana. “Cataluña: el Parlamento catalán propone a Carles Puigdemont como candidato a presidente de la región”, en Clarín Mundo, 22 de enero de 2018. Recuperado el 22 enero de 2018, de https://www.clarin.com/mundo/cataluna-parlamento-catalan-propone-carles-puigdemont-candidato-presidente-region_0_HyUfQBXHM.html

 

La derrota de la extrema derecha, aún lejos en Estados Unidos

David Foust Rodríguez*

1. ¡Perdió Roy Moore!

Roy S. Moore, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de Alabama, fue el candidato del republicano para cubrir el asiento del Senado que había dejado vacío Jeff Sessions, actual fiscal general de la administración del presidente Donald Trump. A pesar de las acusaciones de abuso sexual y de los titubeos que siguieron a las denuncias, Trump, Steve Bannon y el establishment del Partido Republicano no dejaron de apoyar al candidato que había instalado un monumento a los Diez Mandamientos en el lobby del Edificio Judicial de Alabama y que había conminado a otros jueces a negar el matrimonio a parejas del mismo sexo, aunque la Suprema Corte de Estados Unidos hubiera determinado que ello era ilegal.

Moore perdió por un estrecho margen (1.5%) en un estado que Trump había ganado con holgura (28 puntos porcentuales más de votos que Hillary Clinton). El Partido Demócrata no ganaba una elección para senador en Alabama desde 1992.

Sí, perdió Roy Moore. Que ganara el candidato del Partido Demócrata es tan insólito que un meme compartido en la página de Facebook de un amigo lo celebra con una imagen de cerdos que vuelan “When pigs fly” (cuando los cerdos vuelan). “Live shot from Alabama”, se llama la imagen. Algunos analistas van más allá: no solo es insólito respecto
a la historia electoral de Alabama sino que puede interpretarse como una repulsa más amplia del Trumpismo.[1] Ross Douthat afirma, incluso, que es posible que los demócratas recuperen el Congreso.[2] Su apuesta se basa en la incapacidad de la administración actual para hacer un buen análisis y manejo de los costos políticos, y tomar otro curso de acción (como sí lo hizo la administración Obama tras una derrota similar en el Senado en Massachusetts). “No hay tal racionalidad en la Casa Blanca de Trump”, subraya Douthat. El presidente actuará como siempre lo hace, y eso lo hará caer.[3]

¿Será?

2. Escisiones, deserciones y derrotas en el trumpificado[4]

Desde que ganó la elección, Trump se ha enfrentado a varios movimientos de oposición, organizados y espontáneos. Y casi desde el inicio de su gestión ha convivido con el fantasma del juicio político (impeachment). Sin embargo, los intentos formales de llegar al juicio político habían procedido de representantes demócratas relativamente marginales. La sombra de juicio político se ha corrido a ser la tendencia mayoritaria (mainstream): hasta Dianne Feinstein ya ha mencionado la posibilidad de hacerle un juicio político al presidente.[5] Feinstein, la senadora de más edad en el Congreso y la demócrata con mayor jerarquía en el Comité Judicial del Senado, está clasificada dentro del ala “menos liberal” (menos de izquierda, diríamos nosotros).[6]

También hay fuego amigo: Bob Corker, senador republicano, presidente del Comité de Relaciones Exteriores, ha criticado abiertamente a Trump y ha recibido contragolpes.[7]

Pero los golpes más fuertes los ha propinado el fiscal especial, Robert S. Mueller iii, y su equipo; él ha logrado acusar formalmente a dos allegados a Trump y que otros dos se declaren culpables; el más importante, por supuesto, Michael Flynn, exasesor de Seguridad.[8] En respuesta, el presidente, su equipo y sus voceros extra oficiales de Fox News han contratacado a la Fiscalía Especial sugiriendo que el despido de Mueller es posible.[9]

Entre los militantes republicanos, también hay escisiones y deserciones. Según un estudio realizado por nbc, y citado por Kristen Anderson, “solo 6% de los millenials manifestaron una decidida aprobación del desempeño de Trump como presidente, en comparación con 46% de fuerte desaprobación”.[10]

Otro estudio citado por Anderson,[11] una encuesta realizada por Harvard, muestra disensos importantes entre los republicanos jóvenes en áreas claves de la agenda Trumpista: cambio climático, inmigrantes y refugiados. El artículo concluye con un dato fatídico: se van los republicanos jóvenes que podrían impulsar un giro menos conservador; se quedan aquellos que “comparten las ansiedades de sus padres y abuelos, y que repelen lo que los millenials abrazan”.[12] Se trata de la ansiedad de caer, “la preocupación de que el desorden se ha vuelto contagioso”, de que su rebanada de pastel se la están dando a personas y sectores que no se la merecen porque están (o estaban) hasta atrás en la fila.[13]

3. ¿Estaremos entendiendo lo que pasa con el trumpismo?

Thomas Edsall, un columnista que suele ir más a la raíz en sus análisis, advierte:

Los demócratas que piden la cabeza del presidente Trump deberían examinar la lista de fortalezas de los Republicanos: han tenido victorias en las tres elecciones especiales para la Cámara de Representantes este año; Trump tiene una tasa de aprobación de 82% entre los votantes republicanos; están teniendo éxito en pasar la reforma fiscal; su veloz evisceración de políticas regulatorias clave; el nombramiento de [Neil] Gorsuch para la Suprema Corte; crecimiento económico de más de 3% en los últimos dos trimestres; el índice Dow Jones en 24,000 puntos; y la tasa de desempleo cayendo hasta 4.1%.[14]

A esta lista tendríamos que agregar que, si todo les sale bien a los republicanos, habrán anotado otros dos goles, a la par que pasan la reforma fiscal: echar abajo uno de los elementos clave del Obamacare (la obligación de adquirir un paquete de seguro médico)[15] y deshacerse de un candado legal que data de 1954, que impedía que las iglesias pudieran participar en política partidista y canalizar fondos para campañas.[16]

Como en el análisis de Douthat, en algunos otros subyace un optimismo demócrata que pudiera ser formulado así: “¡Por fin!: llegó la cruda política y el pueblo se dará cuenta de la borrachera y regresará con nosotros… a la sensatez”. Charles Sykes presenta al establishment republicano como una estructura cínica, dispuesta a apoyar a Moore y a Trump en una movida “post–ética, más allá de la vergüenza”.[17] Una lectura de este tipo sigue mostrando a los votantes de Trump como racistas y machistas, o como pragmáticos fríos y calculadores que están dispuestos a apoyar a violadores con tal de sacar su agenda. “Los liberales tienen que sacarse los dedos de los oídos”. Coincido con Edsall.[18]

Muchos políticos y analistas demócratas siguen sin comprender lo que pasó en noviembre de 2016 y no se explican qué es lo que sigue sosteniendo a Trump o cómo es que no le han hecho impeachment ya.[19] Este carácter dado y obvio es el que debe ser cuestionado. El seguir dando por hecho ciertas cosas es precisamente algo que moviliza a los votantes de derecha:

En muchas partes del país no solo están siendo acaloradamente disputados los valores que la izquierda da por hecho, la manera en que los partidistas demócratas afirman que estos valores suplantan o trascienden las creencias tradicionales sirve para movilizar a la derecha.[20]

En su libro The authoritarian dynamic, Karen Stenner, indica que el liberalismo político practicado en Estados Unidos genera condiciones que son sentidas como amenazas por los conservadores y, al mismo tiempo, permite un régimen tolerante con la intolerancia. [21] Lo políticamente correcto funciona como un freno, como una “espiral de silencio”.[22] Pero… ¿qué pasa cuando los silenciados se asfixian por tener tapada la boca?

Se trata de una guerra cultural y emocional,[23] advierte Eric Schnurer en su libro War on the Blue States.[24] Los estados “rojos” (republicanos) sienten que les imponen un modo de ser, de sentir, unas “reglas sobre lo que deben sentir” (feeling rules), diría Arlie Hochschild.[25] Los “rojos” se sienten no solo reprimidos sino hasta ridiculizados.

A nivel nacional, el triunfo político, económico y cultural de un conjunto de principios y realidades esencialmente ajenos a un gran número de americanos [estadunidenses] es visto como (a) una imposición, y (b) una subversión de mucho de lo que dan por hecho en sus vidas […] Creo que se han levantado en una revuelta iracunda, y ahora intentan devolverle a la “élite”[26] el trato que han recibido de ella. No creo que sea algo bueno —de hecho, creo que es una situación peligrosa— pero creo que necesitamos comprenderla para poder atenderla de manera responsable.[27]

Arlie Hochschild, profesora emérita de la Universidad de California en Berkeley y una autoridad en sociología de las emociones, pasó cinco años en Luisiana, entre los que serían votantes a favor de Trump, tratando de escalar el muro que nos impide comprendernos. En su libro Strangers in their own land. Anger and mourn on the American right, Hochschild[28] desentraña la historia personal de este electorado, la “historia profunda”, como ella le llama.

Muchos de los distritos y estados que de una elección a otra cambiaron de Barack Obama a Trump están, efectivamente, en una espiral de descenso: más embarazos adolescentes y más divorcios, más contrastes entre los que tienen y los que no tienen escolaridad universitaria, creciente adicción a los opioides.[29]

Muchos trabajadores blancos están teniendo menos acceso a empleos decentes (con salarios y prestaciones dignos), lo que los hace menos atractivos como parejas estables; el resultado: hogares monoparentales, divorcios, depresión y adicciones asociadas a la soledad y al fracaso, hijos con menos oportunidades educativas y de movilidad social, reproducción generacional del ciclo de descenso.[30]

Hochschild[31] habla de ira, coraje, tristeza y deshonor; de hombres blancos de más de 50 años que se sienten forasteros en su país, olvidados y traicionados por un sistema que les prometía un sueño. “Se les han metido en la fila”; así lo sienten. Pero una tradición de rechazo a la asistencia social les impide mirarse a sí mismos como víctimas. Sería una doble pérdida;[32] de ahí el enojo y la revuelta de la que hablan Eric Schnurer[33] y Alec MacGillis.[34]

“Si digo algo sobre eso [la atención, a su juicio desproporcionada, que recibían las protestas del movimiento Black Lives Matter, y el caos urbano que generan], entonces dirán que soy racista. No puedo soportar toda esta mierda de lo políticamente correcto”. Esta es la queja de Jones, de 30 años, un empleado de medio tiempo entrevistado por MacGillis.[35]

Ahora que lo políticamente correcto y la “espiral de silencio” se han vuelto insoportables, la ira ha explotado en una revuelta que ha sido capitalizada por la ultra derecha, pero es un estallido emocional que tiene su propia fuerza. Como bien señalan Edsall[36] y Hochschild,[37] algunos desplantes solo exacerban las emociones y movilizan más a la derecha.

Un ejemplo: Donald Trump nominó a Kathleen Hartnett White para encabezar el Consejo sobre Calidad del Medio Ambiente. Ella presidió la Comisión de Texas para la Calidad del Medio Ambiente. El sitio Now This Politics viralizó en Instagram y en Facebook un video que sintetiza la audiencia de Hartnett White en el Senado. Se puede ver a Sheldon Whitehouse (demócrata), senador por Rhode Island
—presidente del Comité sobre Medio Ambiente y Obra Pública— hacer varias preguntas en tono sardónico. La emocionalidad que comunica el rostro de Whitehouse y la musicalización del video dan una connotación burlona; ponen en evidencia la falta de conocimiento de la nominada y ridiculizan las creencias de muchos estadunidenses en relación con el cambio climático y la huella humana en el planeta. Podemos ponernos en los zapatos de los trumpistas, volver a ver este video y experimentar ese sentimiento: “¡ahí están, otra vez, los liberales, burlándose de mí!”.[38]

Otro ejemplo: a un año de su victoria electoral, Trump visitó Japón. Se difundió un video en el que se observa al presidente estadunidense tirar de golpe mucha comida a los peces, a un lado del primer ministro japonés. Lo que no se vio es que Shinzo Abe había hecho lo mismo unos segundos antes. Según Fox News —el medio por excelencia de la derecha estadounidense— “cnn y el resto de los medios del mainstream decidieron torcer la narrativa para hacer ver a Trump como un bufón”.[39] En otros episodios se le ha llamado payaso (de cabello) naranja y cosas por el estilo. Quienes votaron por Trump se sienten ridiculizados por “la prensa liberal”. Se sienten más motivados a seguir viendo Fox News. Consideran que los analistas de esta emisora sí los comprenden, sí saben lo que ellos sienten. Siguen consumiendo lo que este medio les provee no solo por fidelidad a la marca o porque les confirma su ideología; se sienten comprendidos, liberados, reivindicados.[40]

Jesse Singal publicó un reportaje[41] sobre la arriesgada investigación realizada por Patrik Hermansson, un joven de 25 años de la organización antirracista británica Hope not hate (esperanza, no odio). Hermansson se infiltró en varios círculos de ultra derecha de Estados Unidos y Europa. Platicó con varios de los líderes de estos grupos, uno de ellos Greg Johnson —un personaje clave en los medios
de ultra derecha— quien “explicó la necesidad de volver mainstream esto [su discurso, su mensaje] o, más precisamente, hacer que lo mainstream se acerque a nosotros”.[42] Otra figura de ultra derecha, Jason Reza Jordani, hablaba de normalizar la imagen de Hitler, “no como un monstruo, sino como un gran líder europeo”. Jordani tiene conciencia de la paradoja de su estrategia: “somos lo anti–establishment, ¡irónicamente!”.[43]

A río revuelto, ganancia de pescadores: enormes trasferencias de recursos de los programas sociales a los bolsillos del 2% más rico; intromisión (oficial) en la Internet; nombramiento de jueces
conservadores y capital–friendly (amables con los negocios); desmantelamiento de la regulación guiada por cierta prudencia financiera y cuidado del medio ambiente.[44]

Sí, es para preocupar —y no solo a la clase trabajadora estadunidense sino al resto del mundo— que el Partido Republicano, al mando de casi toda la maquinaria estatal, esté sacando adelante una agenda regresiva en términos de distribución del ingreso y la riqueza, medio ambiente y diversidad cultural, racial e ideológica. Como advierten Rodrigo Aguilar, Edsall, Schnurer, Stenner, Jonathan Freedland, y otros analistas, lo más grave es que se trata de una guerra cultural que está desmantelando el pacto social estadunidense.[45] Edsall[46] afirma incluso que el daño a la democracia de Estados Unidos podría ser irreparable. Tal vez todavía no se ha llegado a ese punto. No se trata, eso sí, de un resfriado; el enfermo necesitará cirugía mayor… ¡Ah! Y todavía no traigan los canapés. La champaña tendrá que esperar.

  1. . Douthat, Ross. “As goes Moore, so goes Trumpism”, en The New York Times, 13 de diciembre de 2017. Recuperado el 23 de febrero de 2018, de https://www.nytimes.com/2017/12/13/opinion/alabama-moore-trumpism.html
  2. . Ibidem.
  3. . Ibidem.
  4. . “Trumpified Republican Party” (cuya traducción sería “Partido Republicano Trumpificado”) es una expresión usada por algunos analistas citados en las referencias.
  5. . Schwab, Nikki. “Top Judiciary Committee Democrat suggest Senate is building an obstruction of justice case against Trump over Comey firing”, en Daily Mail, 3 de diciembre de 2017. Recuperado el 23 de febrero de 2018, de http://www.dailymail.co.uk/news/article-5141567/Feinstein-Senate-building-obstruction-case-against-Trump.html
  6. . Pear, Robert. “Medicare for All or State control: Health Care plans go to extremes”, en The New York Times, 13 de septiembre de 2017. Recuperado el 23 de febrero de 2018, de https://www.nytimes.com/2017/09/13/us/politics/health-care-obamacare-single-payer-graham-cassidy.html
  7. . Díaz, Daniella. “Donald Trump and Bob Corker: a timeline”, en cnn, 24 de octubre de 2017. Recuperado el 23 de febrero de 2018, de http://edition.cnn.com/2017/09/15/politics/bob-corker-donald-trump-timeline-relationship/index.html
  8. . Prokop, Andrew. “Why it’s much harder for Trump to fire Robert Mueller than it was to fire James Comey”, en Vox, 1 de diciembre de 2017. Recuperado el 23 de febrero de 2018, de https://www.vox.com/policy-and-politics/2017/11/1/16585934/mueller-trump-fired
  9. . Ibidem.
  10. . Anderson, Kristen Soltis. “Is Trump driving young Republicans out of the party?”, en The New York Times, 13 de diciembre de 2017. Recuperado el 23 de febrero de 2018, de https://www.nytimes.com/2017/12/13/opinion/alabama-republicans-trump.html
  11. . Ibidem.
  12. . Ibidem.
  13. . Edsall, Thomas. “How fear of falling explains the love of Trump”, en The New York Times, 20 de julio de 2017. Recuperado el 23 de febrero de 2018, de https://www.nytimes.com/2017/07/20/opinion/how-fear-of-falling-explains-the-love-of-trump.html; véase también Taylor, Ian & Jamieson, Ruth. “Fear of crime and fear of falling: English anxieties approaching the millennium”, en European Journal of Sociology, 1998, vol.39, núm.1, pp. 149–175.
  14. . Edsall, Thomas. “Liberals need to take their fingers out of their ears”, en The New York Times, 7 de diciembre de 2017. Recuperado el 23 de febrero de 2018, de https://www.nytimes.com/2017/12/07/opinion/liberals-conservatives-trump.html
  15. . Weber, Joseph. “Conservatives fight to keep Obamacare mandate repeal in tax bill”, en Fox News.com, 12 de diciembre de 2017. Recuperado 23 de febrero de 2018, de http://www.foxnews.com/politics/2017/12/12/conservatives-fight-to-keep-obamacare-mandate-repeal-in-tax-bill.print.html
  16. . Vogel, Kenneth P. & Goodstein, Laurie. “In tax debate, gift to religious right could be bargaining chip”, en The New York Times, 26 de noviembre de 2017. Recuperado el 23 de febrero de 2018, de https://www.nytimes.com/2017/11/26/us/politics/johnson-amendment-churches-taxes-politics.html
  17. . Sykes, Charles. “A g.o.p. tragedy in four acts”, en The New York Times, 13 diciembre de 2017. Recuperado el 23 de febrero de 2018, de https://www.nytimes.com/2017/12/13/opinion/republican-loss-alabama-moore.html
  18. . Edsall, Thomas. “Liberals need to take…”, op. cit.
  19. . Esta fue una de las conclusiones de la charla con Rodrigo Aguilar titulada “¿Quién detiene a Trump?”, la cual se realizó el 13 de octubre de 2017 en el iteso.
  20. . Edsall, Thomas. “Liberals need to take…”, op. cit.; las cursivas son añadidas.
  21. . Karen Stenner, citada en Edsall, Thomas. “Liberals need to take…”, op. cit.
  22. . Noëlle–Neumann, Elisabeth. “The spiral of silence: a theory of public opinion”, en Journal of Communication, 1974, vol.24, núm.2, pp. 43–51.
  23. . Otra de las conclusiones de la charla con Rodrigo Aguilar en el iteso.
  24. . Eric Schnurer, citado en Edsall, Thomas. “Liberals need to take…”, op. cit.
  25. . Hochschild, Arlie. Strangers in their own land. Anger and mourning on the American right, The New Press, Nueva York, 2016.
  26. . En el imaginario estadunidense, esta “élite” se viste estilo Ivy League (los Kennedy, el mejor ejemplo), estudió Derecho, literatura clásica o bellas artes en alguna de las ocho universidades Ivy League de Nueva Inglaterra y toma cerveza artesanal en su yate el fin de semana, además son liberales (de izquierda), demócratas, católicos o ateos; o sea: John Kennedy, John Kerry…
  27. . La opinión es de Eric Schnurer, escritor y consultor, citado en Edsall, Thomas. “Liberals need to take…”, op. cit.
  28. . Hochschild, Arlie, op. cit.
  29. . Edsall, Thomas. “How fear of falling explains…”, op. cit.
  30. . Así lo describen la especialista en demografía Shelly Lundberg y los economistas Robert Pollak y Jenna Stearns, quienes son citados en Edsall, Thomas. “How fear of falling explains…”, op. cit.
  31. . Hochschild, Arlie, op. cit.
  32. . Ibidem.
  33. . Eric Schnurer, citado en Edsall, Thomas. “Liberals need to take…”, op. cit.
  34. . MacGillis, Alec. “Revenge of the forgotten class”, en Propublica, 10 de noviembre de 2016. Recuperado el 23 de febrero de 2018, de https://www.propublica.org/article/revenge-of-the-forgotten-class
  35. . Ibidem.
  36. . Edsall, Thomas. “Liberals need to take…”, op. cit.
  37. . Hochschild, Arlie, op. cit.
  38. . Cfr. Hochschild, Arlie, op. cit.
  39. . Flood, Brian. “Anti–Trump media makes up fake story about overfeeding fish at Japanese koi pond”, en Fox News.com, 6 de noviembre de 2017. Recuperado el 23 de febrero de 2018, de http://www.foxnews.com/entertainment/2017/11/06/anti-trump-media-makes-up-fake-story-about-overfeeding-fish-at-japanese-koi-pond.print.html
  40. . Hochschild, Arlie, op. cit.
  41. . Singal, Jesse. “Undercover with the Alt-Right”, en The New York Times, 19 de septiembre de 2017. Recuperado el 23 de febrero de 2018, de https://www.nytimes.com/2017/09/19/opinion/alt-right-white-supremacy-undercover.html
  42. . Ibidem.
  43. . Ibidem.
  44. . Freedland, Jonathan. “While you’re looking the other way, Trump is changing America for decades to come”, en The Guardian, 15 de diciembre de 2017. Recuperado el 23 de febrero de 2018, de https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/dec/15/trump-changing-america-president-tweets-russia; también: Hopkins, David. “Who’s winning the culture war? Corporate America”, en The New York Times, 27 de diciembre de 2017. Recuperado el 23 de febrero de 2018, de https://www.nytimes.com/2017/12/27/opinion/culture-war-corporate-america.html
  45. . David Hopkins (op. cit.) juzga que quienes han capitalizado la guerra cultural han sido las grandes corporaciones y que no hay, hasta ahora, cambios tan radicales en los temas sociales clave (aborto, diversidad sexual, etcétera).
  46. . Edsall, Thomas. “The self–destruction of American Democracy”, en The New York Times, 30 de noviembre de 2017. Recuperado el 23 de febrero de 2018, de https://www.nytimes.com/2017/11/30/opinion/trump-putin-destruction-democracy.html