Juntas paramos las violencias: movilizaciones feministas en torno al 8 y 9 de marzo en Guadalajara

Susana Larios Murillo[*]
Carmen Díaz Alba[**]

 

Resumen: El objetivo de este artículo es analizar el proceso organizativo del paro y la movilización del 8m en Guadalajara. Organizamos nuestras reflexiones en tres apartados. En el primero de ellos explicamos los elementos contextuales que permiten entender la magnitud de este 8m. En el segundo nos centraremos en el proceso de consolidación, así como la manera en la que se articula la red feminista #YoVoy8deMarzo para organizar la jornada de paro y la movilización en la ciudad. Continuamos con algunas observaciones sobre las implicaciones que tuvo el llamado nacional al paro del 9m. Finalmente presentamos algunas interrogantes que quedan abiertas en el momento actual y que permiten imaginar los horizontes de posibilidad del movimiento feminista en la ciudad.

Palabras clave: feminismo, movimientos sociales, protesta, mujeres, violencia

Abstract: The objective of this article is to analyze the organizational process of the 8M work stoppage and mobilization in Guadalajara. We organize our reflections in three sections. In the first we explain the contextual elements that shed light on the magnitude of this 8m. In the second part we focus on the consolidation process, as well as the way the feminist network #YoVoy8deMarzo coordinated efforts to organize the work stoppage and mobilization in the city. Then we offer some observations about the implications of the national call for the work stoppage on 9m. Finally, we pose some questions that are still open and that suggest certain horizons of possibility for the feminist movement in the city.

Key words: feminism, social movements, protest, women, violence

 

En los últimos años los discursos y las prácticas feministas se han expandido. Las marchas multitudinarias, los performances que dan la vuelta al mundo, las vigilias y los encuentros de mujeres se han convertido en momentos extraordinarios que llenan las primeras planas de la prensa y el espectro mediático. Sin embargo, observar y analizar el movimiento feminista sin dar cuenta de sus desplazamientos subterráneos[1] no solo es un error metodológico sino también político, que invisibiliza la larga historia de resistencia y lucha por la vida que las mujeres, en diferentes contextos, hemos sostenido.[2]

Como señala Regalado Santillán, en las universidades nos han enseñado una epistemología estadocéntrica y de dominación, en la que no cabe nada que no esté dentro de los márgenes institucionales.[3] Siguiendo esta lógica, nos hemos acostumbrado a obviar los aspectos cotidianos de las luchas, aquellos que se traman en las relaciones cotidianas, en las discusiones en asamblea, en los acuerdos y desacuerdos, en la micropolítica de la vida.

En el mismo sentido, Staggenborg y Taylor advierten que en el estudio de los movimientos sociales se suele enfatizar la acción política y el análisis de las protestas.[4] Si bien es un elemento fundamental de los movimientos sociales, las autoras argumentan que se invisibiliza el enorme trabajo orientado al cambio cultural y a la construcción de identidad colectiva, que ha sido clave en los movimientos feministas. En este sentido las autoras invitan a ampliar la mirada hacia acciones menos mediáticas y utilizar distintas formas de evaluar los impactos de los movimientos para, de esta manera, tener un análisis más integral.

El objetivo de este artículo es analizar el proceso organizativo del paro y la movilización del 8m[5] en Guadalajara. Lo hacemos desde un pensar situado que implica, como explica Gago, nuestras experiencias, recursos y trayectorias.[6] Escribimos desde lo local y haciendo uso de nuestra memoria como mujeres, profesoras y feministas cercanas a los procesos de la Red Feminista #YoVoy8deMarzo.[7] Nos centramos en este momento debido a que, por sus características, permite comprender la manera en la que el movimiento feminista se articula en la ciudad.

Organizamos nuestras reflexiones en tres apartados. En el primero de ellos explicamos los elementos contextuales que permiten entender la magnitud de este 8m. En un segundo momento nos centraremos en el proceso de consolidación, así como la manera en la que se articula la
red feminista #YoVoy8deMarzo para organizar la jornada de paro y
la movilización en la ciudad. Continuamos con algunas observaciones sobre las implicaciones que tuvo el llamado nacional al paro del 9m. Finalmente presentamos algunas interrogantes que quedan abiertas en el momento actual y que permiten imaginar los horizontes de posibilidad del movimiento feminista en la ciudad.

 

  1. ¿Cómo llegamos al 8m? Notas sobre la coyuntura política

Como han insistido las investigadoras feministas, es necesario observar las particularidades, los puntos de anclaje, las reivindicaciones y los
procesos en cada territorio.[8] En este apartado reflexionamos sobre
los acontecimientos que nos ayudan a comprender el momento político que significó el 8m en México para después centrarnos en el proceso organizativo que se desarrolló en Guadalajara y que derivó en una de las movilizaciones más grandes de las que se tiene registro en la ciudad.[9]

Raquel Gutiérrez señala que en México nos cuesta mucho trabajo organizar la experiencia de las luchas de las mujeres, ya que estas se despliegan en contextos de amenaza inminente en los que se tejen las violencias de los grupos de la delincuencia organizada con la violencia de estado.[10] Al peligro que implica vivir en un país en el que diariamente son asesinadas 10 mujeres y niñas,[11] hay que sumarle el peligro asociado a la militancia. Sin embargo, más que un impedimento para que las redes feministas se fortalezcan y sigan creciendo esto ha sido un impulso para visibilizar la precariedad de las vidas femeninas y feminizadas, atravesadas por violencias de distintas intensidades, todas con raíz patriarcal.

Para comprender la manera en la que llegamos al 8 de marzo nos centraremos en tres sucesos que atizaron la discusión sobre las posibilidades de la protesta y que, de alguna manera, ayudan a explicar las reacciones que se vivieron en ese día. El primero de estos sucesos fue la propuesta del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, de reformar el artículo 325 del Código Penal Federal. El cambio implicaba considerar una razón de género y no las siete que marca actualmente la ley.[12] Las activistas feministas plantearon que este cambio implicaría un retroceso en los años de lucha por la tipificación de este delito.

El segundo acontecimiento fue el femicidio de Ingrid Escamilla, una joven mujer de 25 años, asesinada por su pareja en la Ciudad de México. Las imágenes de su brutal asesinato fueron publicadas en las portadas de la prensa nacional, lo que desató una fuerte movilización en la que se manifestó el rechazo a la exposición de las víctimas de violencia en los medios de comunicación, pero sobre todo la condena por la brutalidad de su feminicidio. En las marchas en la Ciudad de México hubo episodios de violencia que fueron condenados por grupos opositores al movimiento feminista, que cuestionaron las formas de la manifestación.

Unos días después circuló la noticia de la desaparición y el hallazgo del cuerpo sin vida de Fátima, una niña de siete años, a quien una mujer se llevó de la puerta de su escuela en Santiago Tulyehualco, en la alcaldía de Xochimilco. Hoy se sabe que Fátima fue violada y torturada. De nueva cuenta, el repudio no se hizo esperar. Esta era la gota que colmaba el vaso.

Estos dos feminicidios sacudieron a la sociedad mexicana y pusieron sobre la mesa el desbordamiento de la violencia contra las mujeres y la ineficacia y condescendencia con que el gobierno actúa ante las violencias que enfrentamos las mujeres. Al presidente se le ha acusado de desdeñar la lucha de las mujeres y no considerarla una prioridad del gobierno por declaraciones como la siguiente: “Le pido a las feministas, con todo respeto, que no nos pinten las puertas, las paredes, que estamos trabajando para que no haya feminicidios, que no somos simuladores, y que no esperen que nosotros actuemos como represores, que no nos confundan”.[13]

 

  1. El 8 de marzo: la lucha por los derechos de las mujeres

El domingo 8 de marzo de 2020 las calles de Guadalajara se llenaron de mujeres que tomaron el espacio público para hacer visibles sus reivindicaciones. El slogan —acordado por la asamblea de la red feminista #YoVoy8deMarzo— fue “por una vida digna, juntas paramos las violencias”. Ninguna de las organizadoras se imaginó el tamaño que tendría la movilización ese día. Mujeres de muy diversas procedencias y edades —pero en gran medida jóvenes—, algunas sin ni siquiera reconocerse abiertamente feministas, marcharon por primera vez.[14] Tal vez impulsadas por el miedo a pensar “la siguiente podría ser yo” y el hartazgo frente a la impunidad.

En América Latina las movilizaciones feministas tienen una vitalidad que no se veía desde hacía mucho tiempo. Desde Argentina hasta México resuenan las demandas de #NiUnaMenos #MiPrimerAcoso #MeToo o #AmiTambién; las reivindicaciones de la marea verde y las denuncias de “Un violador en tu camino” de Las Tesis en Chile han tenido amplio eco en el continente. Diversos grupos de trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) reconocieron la expansión y actualidad del pensamiento feminista como un “signo de este tiempo”:

Sus alcances inéditos dan cuenta de luchas de larga data, de logros y saltos cualitativos conseguidos con tenacidad e imaginación, pero expresan también la necesidad compartida por la mayoría de las mujeres de hacer frente a nuevas y persistentes formas de dominación e injusticia de género, a una contraofensiva reaccionaria que pone en riesgo los avances ya conseguidos y el logro de las transformaciones pendientes para nosotras y nuestras sociedades.[15]

Como lo señalamos antes, la movilización en Guadalajara es fruto de un trabajo sostenido por muchos años de colectivos y organizaciones feministas, así como de asambleas semanales previas al 8m en las que se discutieron los qué, cómo y con quiénes de la manifestación. Desde 2014, año con año, la red feminista #YoVoy8deMarzo ha convocado a manifestarse en fechas clave como el 8 de marzo o el 25 de noviembre.[16] En cada ocasión se ha acompañado con estrategias de comunicación digital con hashtags como #YoVoy8deMarzo #NuestraLaNoche #NosotrasPorNosotras #NiUnaMenos #VivasNosQueremos y #FeminicidioEmergenciaNacional.

En 2017, al llamado a la marcha se sumó la organización de una jornada de talleres y reflexión feminista.[17] En aquella ocasión el espacio ocupado fue la glorieta de los Niños Héroes (ahora llamada la glorieta de las y los desaparecidos), con el slogan “Si nuestro trabajo no vale, produzcan sin nosotras” y el hashtag #NosotrasParamos. En 2018, unos días después de la visita de la historiadora feminista Silvia Federici a la ciudad, nuevamente se convocó a una jornada de protesta que incluía talleres, charlas y movilización alrededor de los hashtags #NosOrganizamosParaSeguirVivas, #8MParo.[18] Un año más tarde las actividades comenzaron frente a la rotonda de las y los jaliscienses ilustres, con el slogan “8m–organizadas paramos las violencias” y el hashtag #LuchamosComo que buscaba visibilizar las luchas cotidianas de las mujeres.[19]

El 8 de marzo de 2020 en Guadalajara significó un momento de consolidación organizativa, en el que después de años de trabajo se logró una de las manifestaciones más numerosas en la historia de la ciudad. Más
de 35 mil mujeres, según cifras oficiales.[20] Pero más allá de los números lo que se vivió fue impresionante, el mar de mujeres sobre avenida Juárez no se detenía y si ibas al inicio del contingente era imposible ver el final de la marcha. En la glorieta de las y los desaparecidos la imagen no era menor, los ojos no daban para dimensionar y el audio dispuesto para la lectura del pronunciamiento era, por decir lo menos, insuficiente.

Este trabajo previo de preparación que, como hemos señalado, suele
ser invisibilizado tanto en los medios de comunicación como en trabajos académicos, implicó reuniones semanales y trabajo de diversas
comisiones de la asamblea: seguridad, logística, comunicación, intervención, registro audiovisual y acompañamiento a las familias de
personas desaparecidas o víctimas de feminicidio. Fue justamente en este espacio donde se decidió que, dado el contexto del estado de Jalisco, las familias de personas desaparecidas o víctimas de feminicidio irían al frente de la movilización.[21]

Como en años anteriores, el llamado no fue solamente a la marcha, sino también a una jornada de actividades político–culturales que
incluían una diversidad de charlas y talleres: desde el clítoris a cómo armar un esténcil, pasando por autodefensa, batucada, conversatorios sobre luchas contra el despojo, derechos de las trabajadoras, acoso sexual, genealogías de mujeres en la historia, antiespecismo, Mujeres que luchan, y una plática de cierre con las familias de personas desaparecidas o víctimas de feminicidio titulada “Lucha, memoria y justicia”. Todo esto acompañado de comida gratuita, pintas de carteles, tendedero de denuncias, radio bocina de una radio comunitaria y hasta una ludoteca para niñas y niños.

Un par de semanas antes de la movilización comenzaron a circular mensajes que buscaban sembrar miedo entre las asistentes a la marcha. En la asamblea se discutió la importancia de tomar medidas, sin sembrar pánico, ya que los mensajes hablaban de la intención de atacar a las participantes con ácido. El miedo que se sentía, lejos de paralizarnos, permitió plantear estrategias de cuidado y autocuidado que comenzaron a circular como parte de la estrategia de seguridad. Uno de los logros más importantes en este sentido fue la creación de un grupo autogestionado de médicas y paramédicas organizadas para hacer frente a las amenazas y asistir a las participantes.

La movilización era tan grande que el trabajo de la comisión de seguridad quedó rebasado, pero en todos los contingentes circulaba la idea de que entre todas nos cuidamos.[22] Durante la movilización se vivieron momentos de tensión que hicieron que muchas mujeres abandonaran la marcha o que se provocaran estampidas. Pero también fue posible ver la manera en la que la solidaridad se manifestaba: mujeres que no se conocían estaban dispuestas a ayudar y acompañar a otras.

Una vez que llegó la noche algunas participantes comenzaron a dispersarse de manera rápida; la oscuridad sigue siendo un factor de percepción de inseguridad. Al final se leyó un posicionamiento que se construyó de manera participativa, del cual recuperamos un extracto que destaca la necesidad de construir otras relaciones entre mujeres:

Ya no es suficiente exigir a las autoridades el reconocimiento y la aplicación de nuestros derechos; ahora es el momento de hacer un llamado de nosotras para nosotras para repensar nuestras acciones, para imaginar una política insurgente de la ternura, para inventar otras relaciones a partir de la empatía, de los dolores e ilusiones que afectan al OTRX, para posibilitar que los cuidados sean compartidos.[23]

Fue una hermosa demostración del poder de las mujeres, sobre todo de la potencia de las jóvenes, y de que juntas paramos las violencias.

 

  1. 9 de marzo: #UnDíaSinNosotras

El llamado al paro de mujeres tampoco es nuevo. Uno de sus antecedentes data del 24 de octubre de 1975, cuando en Islandia el “día libre de las mujeres” convocó a cerca del 90% de la población femenina. Vigdis Finnbogadottir, quien luego sería la primera presidenta de ese país, narra que “lo que ocurrió ese día fue el primer paso para la emancipación de las mujeres en Islandia. Paralizó el país por completo y abrió los ojos de muchos hombres”.[24]

En los últimos años la idea del paro o huelga feminista se posicionó fuertemente en países de todo el mundo para visibilizar las persistentes desigualdades de género, y México no fue la excepción. Como señalamos anteriormente, el llamado a parar encontró eco también en Guadalajara desde hacía por lo menos cuatro años. Sin embargo, esta reivindicación estaba circunscrita principalmente a mujeres que ya participaban en el movimiento feminista.

En 2020 el colectivo Las Brujas del Mar de nuevo convocó a un paro nacional. En esta ocasión la indignación generada por los feminicidios de Ingrid y Fátima, así como la atención mediática hizo que el llamado al paro nacional se volviera viral. #UnDíaSinNosotras exhortaba a las mujeres a desaparecer del trabajo, de la escuela, de los trabajos de la casa y de cuidados.[25]

A la iniciativa se sumaron voces públicas de un espectro sumamente diverso: artistas, mujeres en la política, comunicadoras. Pocos días después incluso instancias de gobierno, empresas y universidades se sumaban a la idea del paro para poner de manifiesto el hartazgo ante la violencia de género.[26] Muchas feministas denunciaron lo que veían como oportunismo y cooptación del discurso sin realmente comprometerse a llevar a cabo cambios de fondo.[27] Hubo un intenso debate entre quienes argumentaban que no necesitábamos “pedir permiso” para parar, pero al mismo tiempo se reconocía que un paro de labores “no autorizado” quedaba fuera de las posibilidades de las mujeres más precarizadas.

En medio de la polémica la voz de uno de los movimientos que más legitimidad tiene en México se manifestaba en torno al paro. Un comunicado de las mujeres zapatistas, dirigido a las mujeres que luchan, en México y en el mundo, afirmaba que después de consultarlo con las bases del movimiento habían decidido sumarse al paro del 9 de marzo.[28] Nuevamente traemos a la memoria que el proceso organizativo de las mujeres zapatistas es de larga data. Solo a manera de ejemplo, en los dos años anteriores (marzo de 2018 y diciembre de 2019) miles de mujeres se dieron cita en territorio zapatista en los encuentros de Mujeres que luchan. Uno de los acuerdos derivados de esta reunión fue manifestarse el 8 de marzo, “cada quien, según su modo, su lugar y su tiempo”, y que la demanda principal fuera detener la violencia contra las mujeres.

Las zapatistas denunciaban la “súbita” conciencia y sensibilidad de los poderosos que “ni siquiera pueden quitarse su modo patriarcal porque hasta dicen que les dan ‘permiso’ a las mujeres para que protesten porque las matan”. Recordaron que lo que marcaría las jornadas del 8 y 9 de marzo es que las mujeres “vamos a luchar por nuestra vida con todos los medios” y que no estamos solas: “porque cualquier mujer, sea una, o unas cuantas, o muchas, que luchen por la vida, deben saber que no están solas. Porque nuestro pensamiento es que, si las ausentes, las asesinadas, las desaparecidas y las encarceladas deben saber que no están solas, pues con mayor razón las vivas que luchan”.[29]

Así, el 9 de marzo las mujeres zapatistas acordaron no presentarse a sus trabajos como autoridades, mandos organizativos, militares, comisionadas de educación o salud: “Así será nuestro modo de decirles que apoyamos esa idea del 9 de marzo sin mujeres, como una iniciativa más de las mujeres que luchan por la vida. Y como las mujeres indígenas somos mayoría en la autonomía zapatista, pues ese día se va a parar la autonomía zapatista”.[30]

 

  1. Después de las movilizaciones: ¿qué sigue?

Sin duda estos días de efervescencia generaron y siguen generando consecuencias importantes.[31] ¿Qué sigue? ¿Cómo aprovechamos este impulso para avanzar en torno a la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres? Falta todavía mucho camino por recorrer. ¿Cómo construimos espacios libres de violencia de género y participamos activamente en el desmantelamiento de prácticas sexistas? ¿Y cómo visibilizamos también luchas menos mediatizadas, por ejemplo, la de las de las trabajadoras del hogar?

El momentum generado esos días se vio bruscamente interrumpido por la contingencia sanitaria debida al covid–19. La pandemia ha dejado nuevamente al descubierto las desigualdades entre hombres y mujeres en el reparto del trabajo doméstico y de cuidados, la vulnerabilidad de las trabajadoras del hogar, la exacerbación de la violencia de género ante el imperativo de “quédate en casa” y la ineficaz respuesta del gobierno con su campaña “Cuenta hasta diez”. Al mismo tiempo se abre el espacio para, utilizando las herramientas digitales, socializar más ampliamente alternativas que desde el feminismo se han planteado desde hace muchos años: la importancia del trabajo de los cuidados y la reproducción de la vida[32] y la necesidad de pensar en salidas colectivas y solidarias a la crisis.[33]

El aprendizaje más importante de estos años de articulación política entre mujeres es que si partimos de poner al centro la vida podemos tejer una amplia red de solidaridades entre luchas, como señala Mariana Menéndez Díaz: “Señalar el hilo de la violencia cotidiana con los rasgos estructurales del sistema de dominación implica darle sentido general a lo que se nos presenta fragmentado. Abona a la comprensión de la lucha feminista como parte de un torrente de luchas donde nada nos es ajeno si partimos de defender la vida”.[34]

 

[*] Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara. Profesora del Departamento de Estudios Socioculturales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Integrante del círculo feminista Las Insolentes. Correo: susana.larios88@gmail.com

[**] Profesora investigadora del Departamento de Formación Humana en el ITESO. Es doctora en Ciencias Sociales por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). Integrante del colectivo Femibici y la batucada feminista. Correo: cdiaza@iteso.mx

 

[1]       Zibechi, R. “Insurrecciones silenciosas”, en La Jornada, 10 de noviembre de 2017.

[2]       A manera de ejemplo, citamos el trabajo de recuperación histórica del movimiento feminista en México: Espinosa G. y A. Lau (coords.) Un fantasma recorre el siglo: luchas feministas en México 19102010, UNAM / ITACA / Conacyt Ciudad de México, 2011.

[3]       Regalado Santillán, J. “Notas deshilvanadas sobre otra epistemología”, en Tetreault, D.; H. Ochoa García y E. Hernández González (coords.), Conflictos socioambientales y alternativas de la sociedad civil, ITESO, Tlaquepaque, 2010, p.233.

[4]       Staggenborg, S. y V. Taylor. “Whatever happened to the Women’s Movement?”, en Mobilization: An International Journal, vol.10, núm.1, 2015, pp. 37–52.

[5]       A lo largo del texto utilizaremos esta abreviatura para hacer referencia al 8 de marzo como fecha histórica de visibilización de las luchas de las mujeres.

[6]       Gago, V. La potencia feminista. O el deseo de cambiarlo todo, Tinta Limón, Buenos Aires, 2019, p.11.

[7]       Nos centramos en la red porque consideramos que es un esfuerzo por articular en acciones conjuntas a los distintos colectivos que hay en la ciudad.

[8]       Menéndez Díaz, M. “8 de marzo: entre el acontecimiento y las tramas”, en Varios autores, 8m Constelación feminista ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu huelga?, Tinta Limón, Buenos Aires, 2018, pp. 73–84.

[9]       “El miedo cambió de bando”: más de 35 mil mujeres tomaron las calles e hicieron historia en Guadalajara”. En ZonaDocs, 9 de marzo de 2020. Recuperado de https://www.zonadocs.mx/2020/03/09/el-miedo-cambio-de-bando-mas-35-mil-mujeres-tomaron-las-calles-e-hicieron-historia-en-guadalajara/

[10]     Gutiérrez Aguilar, R. “La lucha de las mujeres contra todas las violencias en México: reunir fragmentos para hallar sentido”, en Varios autores, 8m Constelación feminista ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu huelga?, Tinta Limón, Buenos Aires, 2018, p.26.

[11]     Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública. En México no existen datos oficiales desagregados sobre los asesinatos de mujeres lesbianas y mujeres trans que nos permitan dimensionar el problema de los crímenes de odio por razón de identidad sexual.

[12]     Garduño, R. y E. Méndez. “Propone Gertz Manero a diputados nueva tipificación del feminicidio”, en La Jornada, 11 de febrero 2020. Recuperado de https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/02/11/propone-gertz-manero-a-diputados-nueva-tipificacion-del-feminicidio-6017.html

[13]     “Pide AMLO a feministas ‘que no nos pinten las puertas, las paredes’”. En El Universal, 17 de febrero de 2020. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=invs1jlo_va

[14]     Desde días previos se intuía ya que habría muchas mujeres que irían por primera vez a marchar, por lo que se compartían ya recomendaciones, como la del artículo “Marchas por primera vez este 8m”. En ZonaDocs, 7 de marzo de 2020. Recuperado de https://www.zonadocs.mx/2020/03/07/marchas-por-primera-vez-este-8m-aqui-te-compartimos-algunos-consejos/

[15]     Grupos de trabajo CLACSO: Feminismos, resistencias y procesos emancipatorios; Género, (des)igualdades y derechos en tensión; Epistemologías del Sur; Familias, géneros y diversidades; Afrodescendencias y propuestas contrahegemónicas; Economía Feminista, y Cuerpos, territorios y resistencias, que colaboraron como autor invitado en Gentili, P. “Contrapuntos. #nosotrasparamos. Contra el patriarcado, contra la violencia de género. Por la vida y la igualdad”, en El País, 6 de marzo de 2018. Recuperado de https://elpais.com/elpais/2018/03/05/contrapuntos/1520284271_801228.html

[16]     Díaz Alba, C. “Feministas en movimiento. La red #YoVoy8deMarzo”, en Pleyers G. y M. Garza Zepeda (coords.), México en movimientos, resistencias y alternativas, ma Porrúa/UABJ/UA, Oaxaca/Ciudad Juárez, 2017.

[17]     “Mujeres tapatías se suman a #YoVoy8deMarzo”, en El Informador, 7 de marzo de 2020. Recuperado de https://www.informador.mx/Jalisco/Mujeres-tapatias-se-suman-a-YoVoy8deMarzo-20170307-0056.html

[18]     Hernández Fuentes, M. “Se sumará Jalisco a paro de mujeres”, en El Diario NTR, 2 de marzo de 2018. Recuperado de https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=93821

[19]     Multimedios Digital. “Organizan jornada feminista para protestar contra violencia”, en Telediario Guadalajara, 8 de marzo de 2019. Recuperado de https://gdl.telediario.mx/local/organizan-jornada-feminista-para-protestar-contra-violencia

[20]     Bobadilla, R. “Miles de mujeres marchan en Guadalajara el 8m; Autoridades reportan saldo blanco”, en El Informador, 8 de marzo de 2020. Recuperado de https://www.informador.mx/jalisco/Miles-de-mujeres-marchan-en-Guadalajara-el-8M-autoridades-reportan-saldo-blanco-20200308-0073.html

[21]     “Por una vida digna, miles de mujeres en Jalisco protestan este 8m”. En Animal Político, 8 de marzo de 2020. Recuperado de https://www.animalpolitico.com/2020/03/protesta-mujeres-jalisco-8m/

[22]     En la comisión de seguridad participaron alrededor de 35 mujeres, enfocadas a distintas tareas entre las que se encuentran el cierre de calles, la autodefensa, el señalamiento y aislamiento de provocadores, comunicación entre los distintos puntos de la marcha.

[23]     Red Feminista #YoVoy8deMarzo. “Pronunciamiento”, 8 de marzo de 2020. Recuperado de: https://www.facebook.com/espacio.Cuerpos.parlantes/posts/2582461781858723?__tn__=K-R

[24]     “El día en que Islandia se convirtió en el país más feminista del mundo”. En bbc, 1 de noviembre de 2015. Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151024_islandia_mujeres_huelga_lb

[25]     Méndez, O. “Por qué las mujeres realizarán un paro nacional el 9 de marzo”, en El Universal, 7 de marzo de 2020. Recuperado de https://www.eluniversal.com.mx/nacion/por-que-las-mujeres-realizaran-paro-nacional-el-9-de-marzo

[26]     Beauregard, L.P. “México secunda una histórica huelga de mujeres después de la abrumadora marcha del 8m”, en El País, 3 de marzo de 2020. Recuperado de https://elpais.com/sociedad/2020-03-09/mexico-afronta-un-historico-paro-de-mujeres-despues-de-la-abrumadora-marcha-del-8m.html

[27]     Por ejemplo, “Industrias electrónicas en Jalisco simulan ‘paro de mujeres’”. En ZonaDocs, 9 de marzo de 2020. Recuperado de https://www.zonadocs.mx/2020/03/09/industrias-electronicas-en-jalisco-simulan-paro-de-mujeres-sin-ellas-sus-empresas-colapsarian/

[28]     “No necesitamos permiso para luchar por la vida. Las mujeres zapatistas se unen al paro nacional del 9 de marzo”. En Enlace Zapatista, 3 de marzo de 2020. Recuperado de http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2020/03/01/no-necesitamos-permiso-para-luchar-por-la-vida-las-mujeres-zapatistas-se-unen-al-paro-nacional-del-9-de-marzo/

[29]     Ibidem.

[30]     Ibid.

[31]     Sánchez Barbosa, L. “El acuerdo es vivir: el 8m en Guadalajara y alrededores”, en Territorio, 5 de mayo de 2020. Recuperado de https://territorio.mx/el-acuerdo-es-vivir/

[32]     Federici, S. “Capitalismo, reproducción y cuarentena”, en Lobo Suelto, 20 de abril de 2020. Recuperado de http://lobosuelto.com/capitalismo-reproduccion-y-cuarentena-silvia-federici/

[33]     Sbriller, L. y S. de la Torre. “Imaginarios para salir del desastre: Conversación entre Angela Davis y Naomi Klein”, en Revista Anfibia, Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, 6 de mayo de 2020. Recuperado de http://revistaanfibia.com/ensayo/imaginarios-salir-del-desastre/

[34]     Menéndez Díaz, M. “8 de marzo: entre el acontecimiento y las tramas”, en Varios autores, 8m Constelación feminista ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu huelga?, Tinta Limón, Buenos Aires, 2018, p.83.

 

Comunicación pública del gobierno federal mexicano en el contexto de covid–19

Juan S. Larrosa–Fuentes[*]

 

Resumen: Este artículo busca abordar la estrategia de comunicación pública del gobierno federal para enfrentar la pandemia provocada por el SRAS–CoV–2. Para cumplir ese objetivo, primero, la propuesta es entender y ponderar cuál es la importancia de la comunicación pública en un escenario de crisis. Después, en las siguientes secciones, se analiza la gestión de la comunicación pública del gobierno federal. Esta es una primera observación inacabada, pues la pandemia sigue y seguirá en curso en los próximos meses y, probablemente, años.

Palabras clave: comunicación pública, covid–19, gobierno federal, estrategia de comunicación

 

Abstract: This article looks at the federal government’s public communication strategy in dealing with the SARS–CoV–2 coronavirus pandemic. The proposal is first to understand and consider the importance of public communication in a crisis scenario. Then, the author analyzes the federal government’s management of public communication. This is an initial and necessarily incomplete observation, because the pandemic is still raging and will continue to do so for months and probably years.

Key words: public communication, covid–19, federal government, communication strategy

 

  1. La comunicación pública como mecanismo para la supervivencia humana

Para comenzar este trabajo te pido, como lector, que hagas un ejercicio de imaginación. Este ejercicio es un método de indagación y ha sido común entre los filósofos políticos, quienes se han preguntado, retóricamente, cómo fueron las comunidades humanas primigenias. Este método se conoce como el “estado de naturaleza” y ha sido empleado por filósofos como Hobbes, Rousseau y Marx, por nombrar algunos. Miranda Fricker, filósofa política, señala que “debemos entender el estado de naturaleza como una sociedad humana reducida a lo mínimo (una sociedad con la mínima organización social) en la que las personas viven en grupos y, por tanto, comparten algunas necesidades básicas”.[1] Este método, escribe, “consiste en construir un escenario ficticio de estado de naturaleza como base para extraer conclusiones filosóficas acerca de un concepto o institución”.[2] En este caso el concepto que se indaga es el de comunicación pública. Te pido, pues, que pensemos bajo ese marco. Por supuesto, hay que guardar las proporciones. Este ejercicio no pretende igualarse con la obra de los filósofos políticos; la tarea es mucho más humilde.

Imaginemos una comunidad en estado de naturaleza de apenas unas decenas de personas. Esta comunidad es pequeña, lejana a las ciudades en las que vivimos la mayor parte de los que habitamos este planeta. En la comunidad no hay tecnologías para el trasporte y la comunicación como las conocemos en la actualidad. Tampoco tienen armas de destrucción masiva ni método científico ni muchas otras cosas de nuestra vida contemporánea. Pero la comunidad sí conoce y hace uso del lenguaje.

Ahora imagina que de pronto, y sin ningún tipo de advertencia, se desarrolla un peligro muy grande para la comunidad que pone en riesgo su existencia. La comunidad se enfrenta, desde ese momento, al constante ataque de jaurías de animales salvajes. Nunca habían visto a esos animales, no conocen nada de ellos, pero muy pronto se percatan de que pueden e intentan matar a los miembros de la comunidad.

¿Qué es lo que este grupo de personas hace para salvar la vida y, por tanto, asegurar la reproducción de la comunidad en el tiempo? Lo primero que hacen es recolectar información sobre la amenaza que se cierne sobre la comunidad; información que es puesta en común entre los individuos. Es un acto de producción de conocimiento sobre el problema que los acecha. Después, a partir de esos primeros conocimientos, las personas discuten qué hacer: organizan reuniones en las que valoran una y otra medida para paliar la amenaza. Una vez que recolectan información crean conocimiento colectivo y discuten qué hacer. El tercer paso es organizarse para poner en marcha las medidas que diseñaron a partir del conocimiento que construyeron en común.

Como se puede observar, todas las prácticas que pone la comunidad en acción están estructuradas por procesos de comunicación interpersonal y grupal. Esto indica que la comunicación entre los miembros de la comunidad es vital para que la jauría de animales no los aniquile. Por ello podemos decir que este tipo de comunicación, la comunicación pública, está relacionada directamente con la “supervivencia” y “la reproducción social”, que no es otra cosa que “la perpetuación de una comunidad”.[3] Es pública porque se refiere a los “intereses compartidos por una colectividad”.[4] En este caso, el interés es sobrevivir colectivamente al ataque animal.

De este ejercicio imaginario podemos deducir que la comunicación pública cumple, al menos, tres funciones esenciales para la reproducción social de las comunidades humanas. La primera es una función epistémica, pues a partir de procesos comunicativos los seres humanos construyen conocimiento sobre su entorno y los peligros que los acechan. La segunda es una función de difusión y tiene que ver con la distribución y socialización del conocimiento construido. La tercera es una función organizativa, en la cual la comunicación opera como un mecanismo que permite que las personas que integran una comunidad se organicen para llevar a cabo acciones colectivas. Tanto Fricker como Martín Serrano, los dos autores que hasta ahora he invocado, llegan a conclusiones similares sobre la importancia de la comunicación para la supervivencia humana.

Hasta aquí el ejercicio de imaginación. Ahora regresemos al presente, que se desarrolla en junio de 2020 y en medio de una crisis
de salud que asola a la comunidad global. Al igual que en el estado de naturaleza, o estado natural, como comunidades (locales, nacionales, globales), tenemos que hacer frente a un peligro que amenaza nuestra supervivencia y la reproducción social. El covid–19 es real para los seres humanos, pues muchos han muerto por los problemas de salud que causa este virus. Ante un escenario en el que no hay tratamientos o vacunas para paliar este problema la herramienta más importante que tenemos como humanidad es la comunicación pública. A través de ella podemos generar conocimiento que ayude a combatir la propagación del virus, distribuir y poner a circular este conocimiento de forma masiva, y organizarnos para participar en acciones colectivas que ayuden a resolver la crisis.

 

  1. Producción epistémica: ¿quién nos ataca y cómo defendernos?

El primer elemento que imaginamos en el ejercicio de la sección anterior fue cómo, a partir de distintos procesos de comunicación, se genera conocimiento para que una comunidad sepa qué es lo que está pasando y cuáles peligros enfrenta. Presentar un análisis sobre cómo se genera conocimiento durante una pandemia podría ser objeto de un libro entero. Por ello, por cuestiones de espacio, me concentraré tan solo en cómo es que el gobierno federal ha gestionado procesos de producción epistémica. El análisis es con brocha gorda y después habrá que hacer análisis mucho más detallados.

Desde el gobierno federal la producción de conocimiento de la pandemia ha sido comandada por la Secretaría de Salud y por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Estas dos instituciones se han encargado de monitorear el desarrollo de la pandemia que comenzó hacia finales de 2019; de generar datos y predicciones sobre cómo el coronavirus se esparce entre la población mexicana, así como de diseñar estrategias para hacer frente a esta contingencia. Como se puede ver, algo muy similar a lo que ocurría en nuestro ejemplo ficticio sobre el estado de naturaleza. Por supuesto, en cualquier sociedad contemporánea la división del trabajo epistémico y la sofisticación del proceso se ha incrementado notablemente.

Esta producción epistémica puede observarse desde distintas perspectivas. En este caso la mirada es desde la comunicación pública; desde ahí se pueden analizar varios elementos. Por ejemplo, en términos de comunicación pública es muy importante la trasparencia sobre cómo se discute y construye el conocimiento. Al respecto ha sido notorio que el gobierno federal ha ido de menos a más en cuestiones de trasparencia. Luego de la insistencia de periodistas la información estadística sobre la pandemia se publicó en Internet en una modalidad de datos abiertos, así como los datos derivados del modelo ama,[5] que ha servido para hacer inferencias y predicciones sobre la pandemia.[6]

Por otra parte, ha sido notoria la concentración y centralización del trabajo epistémico —y político—. La organización que ha impulsado el gobierno federal se ubica en la Ciudad de México y no se ha observado ningún tipo de esfuerzo que articule a las autoridades y científicos que habitan y trabajan en la capital con centros epistémicos de otros estados. Esto ha traído sesgos importantes, como que la producción epistémica se concentre en lo que está ocurriendo en el Valle de México (que comprende la ciudad y el estado de México), y se marginen otras partes del territorio nacional. En contrapunto, según ha comunicado el gobierno federal, ha existido una gran dificultad para obtener datos confiables sobre la epidemia a partir de los registros de todos los hospitales públicos y privados del país. Esto ha ocasionado que tengamos mucha información de la Ciudad de México y de algunas zonas urbanas y poca de otras partes del país. La concentración y la centralización del poder comunicativo no es algo nuevo, sino un rasgo que ha estado presente en México desde hace mucho tiempo.[7]

Finalmente, otro aspecto importante sobre la producción epistémica tiene que ver con la diversidad de quienes han participado en la generación de este conocimiento. Al menos desde lo que el gobierno federal ha comunicado en las conferencias del presidente de la república y de la Secretaría de Salud, es evidente que el trabajo que se ha privilegiado es el de conocer el número de infectados y de muertos, así como las predicciones de lo que ocurrirá en el futuro. Un fenómeno similar a lo que en comunicación política y en un contexto electoral se ha nombrado como “carrera de caballos”,[8] donde el ángulo predominante de la discusión pública es sobre quién va a la cabeza de la contienda electoral. En el caso que nos ocupa lo central ha sido ver cuáles estados van a la cabeza en infecciones y defunciones y cómo se compara México con otros países. Estos datos son importantes. Sin embargo, hay muchas otras miradas desde las cuales la producción de conocimiento podría afrontarse. Así, ha brillado por su ausencia, o por su baja presencia, conocimiento emanado de psicólogos sociales, antropólogos, geógrafos, científicos de datos, pedagogos y más. En particular, es evidente la falta de especialistas en comunicación pública, institucional, social, política, educativa, de la ciencia, entre otras.

Todos estos procesos epistémicos se estructuran a partir de infinidad de procesos de comunicación interpersonal y grupal materializadas en reuniones plenarias, llamadas telefónicas, conferencias académicas, entre muchas otras. Esta serie de comunicaciones cae en la definición de comunicación pública porque los científicos, académicos y funcionarios públicos están abordando problemas que interesan a todos los que habitamos este país. Como se observa, la publicidad de estos procesos de producción de conocimiento no ha sido la óptima.[9]

 

  1. Difusión del conocimiento y el plan de acción

En el ejercicio imaginario la comunidad produjo conocimiento sobre la amenaza en ciernes y acordó medidas para contrarrestarla. El siguiente paso fue distribuir este conocimiento entre toda la población. Esta acción, que es la función de difusión de la comunicación pública, tiene por objetivo que todos los miembros de la comunidad tengan el mismo conocimiento sobre algo y que puedan actuar en consecuencia de manera colectiva y organizada. Por lo general, cuando de manera cotidiana se habla de la “estrategia de comunicación” se hace referencia exclusivamente a este paso, que ocurre cuando una institución o agente difunde conocimiento o contenidos de forma estratégica. Desde la propuesta de análisis que propongo la difusión es una de las funciones de la comunicación pública, pero no la única ni necesariamente la más importante.

En el caso de marras el gobierno federal diseñó estrategias para difundir el conocimiento generado sobre la propagación del coronavirus en México, así como las estrategias para su mitigación. A grandes rasgos este conocimiento científico, político y logístico se ha difundido a través de cuatro estrategias. La primera es una página web (coronavirus.gob.mx) que concentra una gran cantidad de información técnica generada por el gobierno. La segunda son las conferencias de prensa que de lunes a viernes ofrece el presidente de México, mejor conocidas como “las mañaneras”. Ahí el presidente retoma el tema del coronavirus desde una dimensión política, como la relación con los empresarios y gobernadores de los estados, entre otras. La tercera son las conferencias vespertinas, que se dividen en dos y que tienen un carácter técnico. De seis a siete de la tarde hay una sobre las estrategias económicas y sociales del gobierno y de siete a ocho otra sobre información actualizada de la pandemia en clave epidemiológica y de salud pública. Por último, casi todos los sábados el presidente produce videos en los que habla de forma general sobre la pandemia desde perspectivas éticas y morales.

Los actos a través de los cuales se difunde el conocimiento sobre la pandemia, es decir, las conferencias de prensa, son difundidos a través de redes como Facebook, Twitter y YouTube. La mecánica es que diversas instituciones del gobierno federal, como la Presidencia de la República, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de
Salud, entre muchas otras, trasmiten en vivo estos actos comunicativos desde sus cuentas institucionales. Además, las conferencias son trasmitidas por algunos medios públicos como el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

A primera vista pareciera que, al menos en términos logísticos, la estrategia de difusión del gobierno federal es robusta. Sin embargo, con una revisión detallada se puede observar que es insuficiente. En el análisis del estado de naturaleza podemos ver que un elemento para que sobreviva la comunidad es que todos sus miembros obtengan conocimiento. Como se puede ver, la estrategia del gobierno federal está sustentada en la distribución de conocimiento a través de tecnologías e infraestructuras digitales como páginas de internet y redes sociales. Esto es insuficiente en un país en donde, según el más reciente informe del Instituto Reuters, México tiene una penetración de Internet de 66%, lo cual implica que un tercio de la población no tiene acceso a la red. En otras palabras, unas 40 millones de personas están excluidas.[10] Además, el hecho de que haya 66% de penetración en Internet no quiere decir que todas esas personas utilicen regularmente la red para informarse.[11] El gobierno federal no tiene la infraestructura necesaria para ofrecer un acceso universal a la población mexicana respecto del conocimiento sobre la pandemia.

El gobierno federal tuvo que echar mano de otras infraestructuras comunicativas para difundir el conocimiento y las medidas de organización sobre la pandemia. La radio y la televisión, que siguen siendo las redes de comunicación que tienen una mayor penetración en México y en las que mucha gente todavía obtiene su información, fueron otros canales para la comunicación pública.[12] Una vía ha sido a través del sistema de medios públicos, aunque este sistema está lejos de tener una cobertura universal.

Este escenario, en el que el gobierno federal no cuenta con un sistema de radiodifusión y telecomunicaciones propio que le permita llegar a toda la población, hizo que tuviera que delegar mucho del trabajo comunicativo a empresas privadas. Tal como ocurre en muchos otros países del mundo las televisoras, radiodifusoras, periódicos y medios digitales se encargaron de difundir parte del conocimiento necesario para sortear la pandemia. Aquí vale la pena hacer notar que un sistema de medios públicos de alcance universal y con buen financiamiento es tan importante como un sistema hospitalario para atender la pandemia. Lo cierto es que en México ambos sistemas han vivido crónicamente con un bajo presupuesto y lejos de una condición óptima.

Finalmente, es importante señalar que el gobierno federal no tomó en cuenta o descartó —no lo sé— la comunicación interpersonal. Aunque supondría un ejercicio caro y con riesgos para la salud, sería muy importante que en ciertas zonas del país se informara directamente, a través de comunicación interpersonal, y no mediada por radio, televisión o medios digitales, sobre los cuidados que deben tenerse frente al covid–19. Por ejemplo, en el “Programa de detección de casos covid–19 y sus contactos” que presentó en junio la jefa de Gobierno de la Ciudad de México se incluyó, como primer punto, la visita de casa por casa para informar al respecto.

 

  1. La comunicación pública en un contexto de polarización y de déficit infraestructural

En este ensayo he argumentado que la comunicación pública es de suma relevancia para que las comunidades humanas puedan sobrevivir a la pandemia. En el caso mexicano las estrategias de comunicación pública se han desarrollado en un contexto de alta polarización política y de un déficit infraestructural de sistemas de comunicación.

La pandemia llegó cuando México está en medio de un periodo en el cual hay una importante disputa por el poder político. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha roto muchas de las alianzas políticas en el país y dibujado un terreno altamente polarizado entre los que están a favor y en contra de la autodenominada “cuarta transformación”. En este escenario la producción y difusión de conocimiento sobre la pandemia se ha visto afectada por esta realidad política.

Por una parte, el gobierno federal no ha podido o querido incorporar a una diversidad de actores políticos y científicos para afrontar el peligro que supone el covid–19 y en no pocas ocasiones ha hecho oídos sordos, e incluso desacreditado, a voces críticas en contra del gobierno. Por otra parte, los adversarios de la “cuarta transformación” han aprovechado el momento para criticar, a diestra y siniestra, la actuación del gobierno. En ambos bandos se han observado estrategias sucias de producción de desinformación y propaganda, lo cual ha afectado notablemente la comunicación pública.

Una buena estrategia de comunicación pública requiere que se trasparente, descentralice y diversifique la producción de conocimiento sobre la pandemia. Sería deseable que los distintos estados del país compartieran, dentro de un marco federalista, criterios epidemiológicos, políticos y económicos para hacer frente a la contingencia sanitaria.

Finalmente, un breve comentario sobre el déficit de infraestructura de comunicación pública, el cual es grave. Al comenzar la pandemia México no tenía, ni tiene, un sistema de comunicación que pudiera llegar a todos sus ciudadanos. Las dos redes comunicativas del país que tienen una cobertura prácticamente universal, la de televisión terrestre y de telefonía celular son privadas y pertenecen a Televisa, Televisión Azteca y a Telcel. Ante un sistema de comunicación privatizado casi en su totalidad y con gran influencia en la opinión pública el gobierno ha tenido poco margen de operación.

Un caso ejemplifica lo anterior. El empresario Ricardo Salinas Pliego utilizó el noticiario “Hechos” de su televisora, tv Azteca, para contradecir el plan de acción de salud pública impulsada por el gobierno —un plan que se basó, durante algunas semanas, en el confinamiento y el distanciamiento social. Esto es gravísimo pues envió mensajes disonantes a millones de mexicanos. Esa disonancia impide una acción colectiva bien organizada.

En esta coyuntura observamos a políticos y empresarios que no les importa “la supervivencia de la especie”. Por el contrario, les importa la ganancia electoral y económica de sus organizaciones. El país merece una desescalada en esta tensión política. La exigencia es que el gobierno federal, antes que pensar en las elecciones de 2021, piense en el bien colectivo que es la salud de los mexicanos y que, en este caso, los empresarios de la radiodifusión y las telecomunicaciones hagan una reconversión en favor de estrategias de comunicación pública —aun a costa de sus negocios.— De lo contrario la batalla existencial en contra del coronavirus será mucho más costosa en términos de vidas humanas.

 

[*] Obtuvo los grados de licenciado, maestro y doctor por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Temple, respectivamente. Ha sido profesor universitario en estas tres casas de estudio. En la actualidad, es profesor de tiempo completo en el Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel 1). Sus intereses se concentran en la comunicación política, el periodismo y la economía política de la comunicación y la cultura. www.juan-larrosa.com; correo: larrosa@iteso.mx.

 

[1]       Fricker, M. Injusticia epistémica, Herder, Barcelona, 2017, cap. 5.

[2]       Ibidem.

[3]       Martín Serrano, M. “La comunicación pública y la supervivencia”, en Diálogos de la comunicación, núm.39, 1994, p.5.

[4]       Ibidem.

[5]       Se puede consultar más información en https://coronavirus.conacyt.mx/proyectos/ama.html

[6]       Capistran, M.A.; A. Capella y J.A. Christen. “Forecasting Hospital Demand during covid–19 Pandemic Outbreaks”, 2 de junio de 2020. Recuperado de https://arxiv.org/abs/2006.01873v2

[7]       Sánchez Ruiz, E. Centralización, poder y comunicación en México, Comunicación y Sociedad (Cuadernos del CEIC, 3) Universidad de Guadalajara, Guadalajara, 1987.

[8]       Iyengar, S.; H. Norpoth, y K.S. Hahn. “Consumer Demand for Election News: The Horserace Sells”, en The Journal of Politics, vol.66, núm.1, 2004, pp. 157–175. Recuperado de https://doi.org/10.1046/j.1468-2508.2004.00146.x

[9]       Para revisar el concepto de “publicidad”, véase Habermas, J.; F. Lennox y S. Lennox. “The Public Sphere: An Encyclopedia Article (1964)”, en New German Critique 1, núm. 3, octubre de 1974, pp. 49–55. Recuperado de http://www.jstor.org/stable/487737

[10]     Newman, N. et al. “Reuters Institute Digital News Report 2020”, Reuters Institute for the Study of Journalism, Oxford, 2020, p.93.

[11]     Véase, por ejemplo, Larrosa-Fuentes, J.S. “Ni todos pueden ni todos quieren participar. Uso y explotación de la infraestructura material del sistema de comunicación política en Internet durante el proceso electoral Guadalajara 2015”, en Paláu Cardona, M.M.S. Medios de comunicación y derecho a la información en Jalisco, 2015, ITESO, Tlaquepaque, 2016, pp. 75–86.

[12]     IFT. Encuesta nacional de consumo de contenidos audiovisuales, IFT, Ciudad de México, 2018. Recuperado de http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/medios-y-contenidos-audiovisuales/encca18nacional.pdf

 

La paradoja de los derechos humanos

en la era de covid–19[*]

Alejandro Anaya Muñoz[**]

 

Resumen: El artículo se centra en los efectos de las medidas de distanciamiento social, principal herramienta adoptada por los gobiernos para intentar controlar la propagación del SRAS–CoV–2, causante de la enfermedad covid–19. Para ello explora la medida en que estas medidas están y seguirán afectando los derechos económicos y sociales, poniendo especial atención en el caso de México. Este análisis nos lleva a concluir que estaremos enfrentando la peor crisis socioeconómica en la era de los derechos humanos en el país y el mundo, lo que nos lleva a una paradoja perturbadora: para salvaguardar el derecho a la vida de cientos de miles de personas se están afectando los derechos económicos y sociales de muchas más. Con base en ello se subrayan tres tensiones entre los derechos humanos en la práctica y lo que plantean propuestas teóricas tradicionales o dominantes sobre los derechos humanos, sus principios y su papel como doctrina moral pública con un estatus especial.

Palabras clave: derechos humanos, covid–19, derechos económicos y sociales, interdependencia, consecuencialismo, indivisibilidad

 

Abstract: The article focuses on the effects of social distancing measures, the main tool adopted by governments to control the spread of the SARS–CoV–2 virus, the cause of the disease known as covid–19. It explores the extent to which these measures are now affecting and will continue to affect economic and social rights, paying special attention to the case of Mexico. This analysis leads us to conclude that we will be facing the worst socio–economic crisis of the country’s and the world’s human rights era, which suggests a disturbing paradox: to safeguard the right to life of hundreds of thousands of people, the economic and social rights of many more are being compromised. On this basis, the author highlights three tensions between human rights in practice and traditional or mainstream theoretical proposals regarding human rights, their principles and their role as public moral doctrine with a special status.

Key words: human rights, covid–19, economic and social rights, interdependence, consequentialism, indivisibility

 

La pandemia de covid–19 está causando cientos de miles de muertes y afectando la salud de millones de personas en todo el mundo. Los gobiernos se han visto obligados a adoptar medidas radicales para salvaguardar la vida de las personas y evitar la saturación de sus sistemas de salud. Con ese fin adoptaron medidas generalizadas y agresivas de “distanciamiento social”,[1] las cuales están afectando la dinámica económica de manera brutal en el mundo entero. México, por supuesto, no es la excepción. En términos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), aunque estamos ante “una crisis sanitaria, la pandemia también tendrá un inevitable impacto en la economía, el comercio, los empleos, el bienestar y las condiciones de vida de la población”.[2] Las medidas de distanciamiento social adoptadas para limitar la propagación de covid–19 están afectando y continuarán afectando en el corto y mediano plazos la vigencia de derechos, como el derecho al trabajo y a un ingreso que posibilite una vida digna, a la seguridad social, al acceso a servicios médicos adecuados, a la educación y la vivienda de calidad, entre otros derechos económicos y sociales (DES).

El presente artículo empieza explorando la extensión en que las medidas de distanciamiento social están y seguirán afectando distintos des, con un énfasis empírico particular en el caso de México, en el que encuentra un panorama desolador. El artículo concluye que estaremos enfrentando la peor crisis de des en el país, al menos desde la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). A partir de este análisis empírico el artículo resalta la paradoja de los derechos humanos en la era del covid–19: para salvaguardar el derecho a la vida de cientos de miles (tal vez millones) de personas se están afectando los des de muchas más. A la luz de esta paradoja el artículo identifica tres tensiones entre los derechos humanos en la práctica y lo que plantean propuestas teóricas tradicionales o dominantes sobre los derechos humanos, sus principios y su papel como doctrina moral pública con un estatus especial.

 

  1. El covid–19, el distanciamiento social y los des

Como sugerí líneas arriba, las afectaciones más directas e inmediatas de la pandemia del covid–19 se han dado sobre la vigencia de los derechos a la vida y la salud. Hacia mediados de junio 2020 más de 348 mil personas habían muerto en el mundo por esta enfermedad. En México la cifra era de más de 17,600 fallecidos.[3] Por otro lado, como es bien conocido, el SRAS–CoV–2, causante de la enfermedad covid–19, es un virus altamente contagioso, que genera procesos de propagación que si no son objeto de medidas oportunas de intervención (como la instrumentación a tiempo de medidas de distanciamiento social) pueden darse de manera exponencial y salirse de control, ocasionando así un gran número de muertes. A pesar de la adopción de medidas de distanciamiento social hasta mediados de junio se habían identificado más de 8 millones de personas infectadas a escala mundial; poco más de 150 mil de ellas en México. Muchas de estas personas han requerido acceso a servicios de salud especializados y los sistemas de salud no estaban preparados para ello, ni siquiera en las naciones más desarrolladas.[4]

El derecho a la vida ha sido, pues, afectado por la pandemia de covid–19 en sí, y el derecho al acceso a servicios de salud adecuados por la falta de capacidades de los sistemas de salud o la falta de debida diligencia o la corrupción de los gobiernos. Sin embargo, más allá de ello, como sugerí en la introducción, las medidas de distanciamiento social adoptadas para intentar disminuir el número de contagios —y por lo tanto el número de personas enfermas y muertas— han ocasionado una crisis económica sin precedentes. En un primer momento las bolsas de valores de todo el mundo y los precios del petróleo se desplomaron, y aunque los mercados parecen haberse estabilizado un poco se espera que la mayoría de las principales economías del mundo entren en recesión este año. En este contexto millones de personas han perdido sus empleos.[5] En el caso de México, hacia finales de mayo de 2020 el Banco de México estimó que la economía del país podría caer hasta 8.8% en el año.[6] El impacto en el empleo formal ha sido ya brutal: hacia principios de mayo se habían perdido más de 700 mil puestos de trabajo en la economía formal,[7] mientras que hacia finales del mes el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, calculó que se perderían un millón de empleos formales en el año.[8] El Banco Interamericano de Desarrollo (bid), por su parte, estimó que si la recesión económica se prolonga se podrían perder más de dos millones y medio de empleos formales.[9] A principios de junio, no obstante, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), encontró, mediante la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE)[10] —levantada en abril de
2020— que solo en el cuarto mes del año entre 9.1 y 14.9 millones de personas dejaron de ser parte de la población económicamente activa (PEA) en México (es decir, dejaron de trabajar sin buscar un empleo nuevo), “principalmente por encontrarse en un estado de suspensión laboral temporal [sin percepción de ingresos] ocasionado por la cuarentena”.[11] Por otro lado, según la ETOE, la tasa de subocupación pasó de 5.1 millones de personas en marzo de 2020 a un rango de entre 9.8 y 12.2 millones de personas en abril. Los datos de la ETOE coinciden de manera parcial con los del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, que encontró, también mediante una encuesta telefónica, que hacia la primera mitad de abril de 2020 en cerca de 40% de los hogares del país uno o más de sus miembros había perdido su empleo o había interrumpido su actividad económica, mientras que más de 60% de los hogares había perdido ingreso (cerca de 50% del ingreso familiar, en promedio).[12]

Con base en datos mucho más conservadores u optimistas en materia de pérdida de empleo el Coneval había estimado (antes de la
publicación de los datos de la ETOE) que, como consecuencia de
la crisis económica, 9.8 millones de personas más caerán en situación de pobreza y 10.7 millones en pobreza extrema.[13] Otras fuentes fueron aún más pesimistas, calculando estas cifras en hasta 12 y 12.3 millones de personas más en pobreza y pobreza extrema, respectivamente.[14]

Más allá de la adopción de las medias diligentes que podría adoptar el gobierno, orientadas a reducir o paliar el impacto negativo sobre la economía, los empleos y los niveles de pobreza (y por lo tanto sobre la vigencia de los des), en el caso de México, como el de muchos otros países con una infraestructura muy débil y limitada de seguridad social, la situación actual pone de manifiesto la medida en que en un sistema capitalista el ejercicio de los des depende de la existencia de una economía fuerte y dinámica que, a su vez, genere el mayor número posible de empleos formales. En contextos como el nuestro, de ausencia de un estado de bienestar funcional y robusto, el acceso al empleo formal se vuelve entonces una especie de “derecho llave”, que permite la vigencia de otros derechos, como la seguridad social, el acceso a servicios de salud adecuados, a educación de mayor calidad, a una mejor vivienda, a una alimentación más adecuada y en general a un mayor nivel de vida.

En suma, debemos esperar que la caída de la actividad económica y la pérdida de empleo (formal e informal) en México (así como en el resto del mundo), generadas a su vez por las medidas extremas de distanciamiento social adoptadas para intentar controlar la propagación del SRAS–CoV–2 tendrán un enorme impacto en el ejercicio de derechos como el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a la alimentación y en general a un nivel de vida adecuado de decenas de millones de personas en el país. Solo utilizando como criterio la cantidad de personas afectadas podemos incluso plantear que estamos en la antesala de la peor crisis en materia de des en México, al menos desde la adopción de la DUDH y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); la cual, aunada a la brutal crisis de derechos a la integridad física en el marco de la ola de violencia armada y la militarización que vivimos desde hace 15 años, hará de 2020, y con mucha probabilidad a 2021, los peores años en la historia de los derechos humanos en el México POSDUDH.

 

  1. Derechos humanos, consecuencias e interdependencia

El panorama anterior muestra una característica de los derechos humanos en la práctica,[15] que quizá se manifiesta con mayor crudeza en situaciones excepcionales y extremas, como la que estamos viviendo: medidas adoptadas con el fin de salvaguardar derechos concretos —que son en particular afectados en un momento dado o por una circunstancia particular— pueden tener consecuencias negativas sobre la vigencia de otros derechos, en el corto, mediano y largo plazo. Las medidas de distanciamiento social, tomadas en principio con el fin de salvaguardar el derecho a la vida y, en segunda instancia, el acceso a servicios de salud adecuados, están ocasionando una enorme crisis en materia de otros derechos económicos y sociales, como los derechos a la seguridad social, la educación, la vivienda, la alimentación y en general el derecho a un nivel de vida adecuado. Incluso la vigencia de los mismos derechos en origen priorizados (la vida y el acceso a servicios de salud adecuados) se verá también afectada por las medidas tomadas para salvaguardarlos, en casos o situaciones relacionadas con enfermedades distintas al covid–19. Por ejemplo, al reconvertir camas y hospitales para atender la pandemia se pierden esos espacios para atender el flujo normal de pacientes con otro tipo de enfermedades, en tanto que personas con algún otro padecimiento pueden decidir postergar su tratamiento, por temor a contagiarse al asistir a un centro de salud, complicando así su propia salud e incluso poniendo en riesgo su vida.[16] Más aún, la crisis de des afectará a un mayor número de personas al de aquellas beneficiadas por las medidas de distanciamiento social. La paradoja es clara y desconcertante: parece ser que la única manera de salvaguardar algunos derechos de algunas personas es afectando otros derechos de millones más. Esta constatación me lleva a señalar tres tensiones entre los derechos humanos en la práctica y algunos planteamientos teóricos “tradicionales” o dominantes (en buena medida dogmáticos) sobre los derechos humanos, sus características y su papel como doctrina moral pública con un estatus especial o incluso como “cartas ganadoras” en la toma e instrumentación de decisiones públicas.[17]

La primera tensión que sugiere la paradoja de los derechos humanos en la era del coronavirus tiene que ver con el principio de interdependencia. Distintas generaciones de profesionales de los derechos humanos (activistas, académicos y funcionarios de órganos oficiales nacionales e internacionales) nos hemos formado y hemos operado bajo la idea o el argumento de que los derechos humanos son interdependientes entre sí: es decir, la violación de un derecho afecta la vigencia de todos los demás, mientras que el respeto de otro derecho beneficia al resto.[18] Esta lógica es simplista en la medida en que sugiere que las dinámicas de interacción entre derechos pueden darse solo en la misma dirección (es decir, una acción positiva produce un impacto positivo y viceversa) y elimina la posibilidad de que existan relaciones de dependencia con signo negativo.

El principio de interdependencia implica suponer que los gobiernos enfrentan dos opciones y escenarios: una positiva o virtuosa, que implica respetar un derecho o actuar con mayor diligencia para garantizarlo y de esta manera obtener un impacto multiplicador y de signo positivo sobre la vigencia del resto de los derechos, o una negativa o viciada, que consiste en violar un derecho o menospreciar su garantía, lo cual tendrá un impacto por igual multiplicador, pero de signo negativo en todos los demás.

Pero la realidad de los derechos humanos en la práctica es más compleja que eso. Lo que esta pandemia está mostrando de manera dolorosa es que las dinámicas de interacción entre derechos y el menú de decisiones que tienen los gobiernos ante sí son más complejos de lo que parece sugerir la visión tradicional esbozada líneas arriba. La dependencia entre derechos puede también seguir una dinámica “negativa”. Es decir, los resultados pueden darse en la dirección contraria a la medida original: acciones tomadas para salvaguardar algunos derechos pueden tener consecuencias no deseadas y afectar la vigencia de otros derechos. En el caso actual del covid–19 se podría plantear que los efectos negativos sobre otros derechos económicos y sociales, de las medidas tomadas para salvaguardar los derechos a la vida y al acceso a servicios de salud adecuados, son “indirectos”. Esto es, que son resultado de una cadena de efectos, en la que las medidas tomadas para salvaguardar estos derechos están generando una crisis económica, la cual a su vez afecta (sobre todo, como he subrayado en el marco de un sistema económico capitalista y en contextos de una estructura institucional de seguridad social endeble) la vigencia de los des. Sin embargo, el que la relación sea indirecta o esté mediada por algún otro fenómeno, o por la vigencia de cierto modelo económico, es poco consuelo. El resultado final es el mismo: la consecuencia de intentar salvaguardar dos derechos en la práctica está afectando la vigencia de varios derechos más —afectando a un número mayor de personas que las beneficiadas por la medida original— y la visión dominante del principio de interdependencia oscurece esta característica —llamémosle de “dependencia potencialmente negativa”— de los derechos humanos en la práctica.

La segunda tensión que quiero poner sobre la mesa es que sociedades que creen en el valor o los méritos de los derechos humanos y que han aceptado que estos tienen un estatus moral o jurídico especial —incluso superior a otros principios o bienes públicos— pueden, bajo condiciones particulares —extraordinarias y extremas—, privilegiar acercamientos o modelos de toma de decisiones consecuencialistas. Es decir, las sociedades pueden —considero que legítimamente— identificar objetivos colectivos o públicos prioritarios y buscar maximizar su obtención, a pesar de los costos o de las consecuencias negativas sobre otros objetivos o bienes públicos.[19] En el caso de la actual pandemia las sociedades[20] decidieron privilegiar el derecho a la vida, de manera independiente de las consecuencias que ello pudiera tener sobre otros objetivos públicos, como el desarrollo económico, o incluso sobre otros derechos humanos. Esto puede ser desconcertante para las teorías tradicionales o dominantes sobre los derechos humanos, que suelen plantear que estos son principios morales o jurídicos con un estatus no solo especial sino incluso superior con respecto a otros marcos de principios o valores de referencia. Los derechos humanos suelen entenderse como “cartas ganadoras” que, de entrada, invalidan otras bases morales para la toma de decisiones y la acción pública. De manera particular, las visiones teóricas tradicionales sobre los derechos humanos como doctrina para la acción moral en el ámbito de lo público suelen considerarla una doctrina moral superior al consecuencialismo.[21] Desde una perspectiva de derechos humanos el consecuencialismo es inaceptable porque, al final de cuentas, al buscar a toda costa alcanzar el objetivo colectivo determinado antes, este último puede —si no es que suele— afectar los objetivos de algunas personas o grupos en particular. En este sentido, dentro de un marco consecuencialista suele haber perdedores[22] y el principio de universalidad —entendido como no discriminación, más que como homogeneidad cultural[23]— se opone de manera tajante a ello. Las personas —o los derechos de las personas— no pueden ser “sacrificadas” para alcanzar cierto fin social o colectivo, por muy legítimo que sea. Sin embargo, como ya señalé líneas arriba, en la práctica las sociedades, aun las que creen en los derechos humanos, pueden legítimamente actuar de manera consecuencialsita y definir a algún o algunos derechos humanos en particular —como, en este caso, el derecho a la vida— como el objetivo social o colectivo a perseguir, y en este sentido optan por aceptar o tolerar las consecuencias negativas sobre otros bienes públicos, incluyendo otros derechos humanos. Por lo general, esto implicará también privilegiar los derechos de algunas personas y tolerar o aceptar la consecuente violación de los derechos de otros.

En efecto, los objetivos públicos privilegiados o priorizados en el marco de una decisión consecuencialista pueden ser algunos derechos humanos en concreto. Esto me lleva a la tercera tensión que quiero resaltar. Otro de los principios consagrados en la dogmática de los derechos humanos es el de la indivisibilidad de los derechos humanos, que establece que no debemos tener categorías de derechos. Sobre todo, que no debemos suponer que un “tipo” de derechos tiene más valor —y por lo tanto jerarquía o prioridad— que otros. El principio se estableció en buena medida en respuesta a la decisión tomada en el marco de la Guerra Fría de adoptar dos tratados de derechos humanos por separado: uno sobre derechos civiles y políticos y otro sobre derechos económicos, sociales y culturales.[24] Más allá de plantear que no debemos dividir o separar a los derechos humanos en grupos como estos, lo que el principio de indivisibilidad sugiere es que no debe haber jerarquías entre derechos, que todos los derechos humanos tienen el mismo valor. Lo que estamos viendo en la práctica, como ya enfaticé, es que las sociedades pueden legítimamente priorizar y por lo tanto asignar valores diferenciados a distintos derechos humanos. En el caso de la pandemia de covid–19 se ha optado por privilegiar el derecho a la vida, por encima de otros derechos humanos, notablemente los derechos económicos y sociales que serán afectados por las medidas de distanciamiento social que se adoptaron para salvar vidas. Los gobiernos están obligados (de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos) a tomar medidas progresivas, a actuar con debida diligencia y a conservar o proteger un “contenido mínimo” de los des afectados por sus decisiones en el marco de la pandemia. Actuar de esta manera podría disminuir las consecuencias no deseadas de afectación a los derechos económicos y sociales. Ello no implica, no obstante, que una lógica consecuencialista se esté imponiendo, que sea legítima y que ello ponga en cuestión el principio de indivisibilidad.

 

  1. Conclusiones

Las medidas de distanciamiento social, adoptadas para garantizar el derecho a la vida y el derecho al acceso a servicios de salud adecuados en el marco de la pandemia de covid–19, están generando una crisis sin precedentes en materia de derechos económicos y sociales en México y el mundo. Esta es la paradoja de los derechos humanos en la era del coronavirus: para salvaguardar algunos derechos específicos de millones de personas parece que es inevitable afectar otros derechos de mucha más gente. Esta paradoja hace visibles ciertas tensiones y cuestiona algunas “certezas” establecidas en los acercamientos teóricos dominantes sobre los derechos humanos. En efecto, en un mundo ideal los gobiernos no tendrían que enfrentar canjes o sacrificios (tradeoffs) entre derechos humanos ni entre ciertos derechos de algunas personas y los derechos de otras, mientras que ningún derecho debería de tener un mayor valor o peso que los demás. Sin embargo, el mundo de los derechos humanos en la práctica es mucho más complejo, las opciones reales para los tomadores de decisiones pueden ser menos nítidas y los resultados pueden ser inevitablemente imperfectos. La interdependencia no siempre es la lógica dominante en los procesos de interacción entre los distintos derechos humanos y la realidad en ocasiones obliga a las sociedades a priorizar e incluso “canjear” entre derechos. Más aún, no siempre las decisiones públicas en materia de derechos humanos podrán escapar de la lógica del consecuencialismo. Una teoría —o las teorías— sobre los derechos humanos debe tomar en cuenta todo esto y problematizar un poco más algunas de sus “certezas”. Reconociendo la complejidad de los derechos humanos en la práctica, saliendo de su zona de confort y renunciando a sus dogmas —que no pueden ser una buena base para las ciencias sociales—, los acercamientos teóricos dominantes podrán aportar más a nuestro entendimiento de los fenómenos sociales, políticos y económicos relativos a los derechos humanos y así contribuir más al objetivo de avanzar en su vigencia en la práctica.

 

[*] Agradezco los comentarios de Ilsse Torres y Luis Daniel Vázquez a una versión preliminar de este artículo. Sus comentarios y observaciones me llevaron a complejizar o matizar distintas partes del argumento. Los errores u omisiones siguen siendo, claro, enteramente mías.

[**] Doctor en Gobierno y maestro en Teoría y Práctica de los Derechos Humanos por la Universidad de Essex, Inglaterra. Profesor del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos y coordinador de la Maestría en Derechos Humanos y Paz del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (nivel 2) de México. Autor de múltiples publicaciones sobre derechos humanos y las dinámicas políticas trasnacionales alrededor de ellos.

 

[1]       De acuerdo con Amnistía Internacional este tipo de medidas “sólo pueden estar justificadas en virtud del derecho internacional si son proporcionadas, tienen límites temporales, se imponen con fines legítimos, son estrictamente necesarias, son voluntarias siempre que sea posible y se aplican de forma no discriminatoria. Las cuarentenas se deben imponer de una manera segura y respetuosa. Deben respetarse y protegerse los derechos de las personas en cuarentena, incluida la garantía de acceso a atención médica, alimento y otras necesidades”. Amnistía Internacional. “Siete maneras en que el coronavirus afecta a los derechos humanos”, 5 de febrero de 2020. Recuperado el 15 de mayo 2020, de https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/02/explainer-seven-ways-the-coronavirus-affects-human-rights/

[2]       Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. La política social en el contexto de la pandemia por el SARS–CoV–2 (covid–19) en México, Coneval, Ciudad de México, 2020, p.10. Recuperado de https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/iepsm/Documents/Politica_Social_covid-19.pdf

[3]       Los datos de números de muertos, tasas de mortandad y número de personas contagiadas los tomo del Centro de Recursos de Coronavirus de la Universidad Johns Hopkins (https://coronavirus.jhu.edu/map.html) (datos actualizados al 17 de junio de 2020).

[4]       Emanuel, E.J. et al. “Fair Allocation of Scarce Medical Resources in the Time of Covid–19”, en The New England Journal of Medicine, 23 de marzo de 2020. Recuperado de https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/nejmsb2005114

[5]       Jones, L., Palumbo, D. y Brown, D. “Coronavirus: A visual guide to the economic impact”, en BBC News, 30 de abril de 2020. Recuperado el 15 de mayo de 2020, de https://www.bbc.com/news/business-51706225

[6]       Caso, D. “Prevé Banxico caída del PIB de hasta 8.8% este año”, en El Financiero, 27 de mayo de 2020. Recuperado el 29 de mayo de 2020, de https://www.elfinanciero.com.mx/economia/en-el-peor-escenario-mexico-tendra-su-peor-contraccion-desde-1932-banxico; ver también Solís, B. “Se acelera la recesión y la pérdida de empleos en México”, en El Financiero, 28 de abril de 2020. Recuperado el 15 de mayo de 2020, de https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/benito-solis/se-acelera-la-recesion-y-la-perdida-de-empleos-en-mexico, y González, L.M. “Covid–19: se perdieron 707,000 empleos entre el 18 de marzo y el 28 de abril”, en El Economista, 10 de mayo de 2020. Recuperado el 15 de mayo de 2020, de https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Covid-19-se-perdieron-707000-empleos-entre-el-18-de-marzo-y-el-28-de-abril-20200510-0078.html

[7]       González, L.M. Op. cit.

[8]       Reuters. “Crisis por pandemia de Covid–19 provocará la pérdida de un millón de empleos en México: AMLO”, en El Economista, 24 de mayo 2020. Recuperado el 29 de mayo de 2020, de https://www.eleconomista.com.mx/politica/Crisis-por-pandemia-de-Covid-19-provocara-la-perdida-de-un-millon-de-empleos-en-Mexico-amlo-20200524-0038.html

[9]       Banco Interamericano de Desarrollo. “¿Cómo impactará la covid–19 al empleo? Posibles escenarios para América Latina y el Caribe. Abril 2020”. Recuperado el 29 de mayo de 2020, de https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/C%C3%B3mo_impactar%C3%A1_la_covid-19_al_empleo_Posibles_escenarios_para_Am%C3%A9rica_Latina_y_el_Caribe.pdf

[10]     El Inegi aclaró que los datos de la ETOE no son comparables con los de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). “Hay diferencias en la implementación, en la tasa de no respuesta y sobre todo en los tamaños de muestra, equilibrio y robustez de datos que caracterizan a la ENOE. Sin embargo, resultan una aproximación a los indicadores que tradicionalmente capta la ENOE, por lo que la comparación es útil como medida de referencia”. Inegi. “Resultados de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE). Cifras oportunas de abril de 2020”, comunicado de prensa 264/20, 1 de junio de 2020, p.1. Recuperado el el 6 de junio de 2020, de https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/enoe_ie/etoe.pdf

[11]     Ibidem, p.2.

[12]     “La Ibero presenta encuesta de seguimiento de los efectos del covid en el bienestar de los hogares mexicanos #encovid19”, comunicado de prensa. Recuperado el 16 de mayo 2020, de https://ibero.mx/sites/default/files/comunicado_encovid-19_completo.pdf

[13]     Coneval. Op. cit.

[14]     Gutiérrez, J. “Prevé BBVA 12 millones 300 mil mexicanos más en pobreza extrema”, en La Jornada en línea, 12 de mayo de 2020. Recuperado el 21 de mayos 2020, de https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/05/21/preve-bbva-12-millones-300-mil-mexicanos-en-pobreza-extrema-9027.html

[15]     Por la noción de los derechos humanos en la práctica me refiero al terreno de la aplicación de la doctrina de los derechos humanos en el mundo real, en contraste con el de la construcción dogmática o idealizada de un concepto o una doctrina.

[16]     En este sentido, el dilema puede bien ser no entre el derecho a la vida y otros derechos humanos, sino también entre distintas manifestaciones del derecho a la vida en sí.

[17]     Véase Jones, P. Rights, MacMillan Press, Houndmills/Basingstoke/Hampshire/Londres, 1994, pp. 45–64 y 115–117.

[18]     Serrano, S. y Vázquez, D. Los derechos en acción. Obligaciones y principios de derechos humanos, flacso, Ciudad de México, 2013, pp. 34–26.

[19]     Para un acercamiento al consecuencialismo ver Jones, P. Op cit.

[20]     Encorcheto aquí una discusión complicada y extensa sobre si la decisión de privilegiar los intentos por salvar vidas mediante la contención de la pandemia fue realmente tomada por “las sociedades” o si fue más bien impuesta por los gobiernos. Para favorecer la continuación del argumento parto del supuesto de que si bien fue una decisión que en la práctica tomaron los gobiernos, ha sido en su mayoría apoyada o validada por las sociedades.

[21]     Véase Jones, P. Op cit.

[22]     Más allá de que los grupos perdedores suelen ser a menudo los mismos.

[23]     Serrano, S. y Vázquez, D. Op cit, pp. 17–33.

[24]     Ibidem, pp. 34–46.

Una perspectiva psicosocial sobre la noción de normalidad en medio de la crisis

Christian O. Grimaldo–Rodríguez[*]

 

Resumen: En este artículo se abordan algunas consideraciones para abordar los efectos psicosociales de la pandemia originada por el SRAS–cov–2 a partir de la discusión de la estrategia oficial orientada a la construcción de una “nueva normalidad” entendida como decreto. Asimismo, se aborda la alternativa de posicionar “otras normalidades” como parte de una agenda colectiva y plural que nos permita acceder a un mundo más justo y equitativo.

Palabras clave: nueva normalidad, efectos psicosociales, normas sociales, otras normalidades, covid–19

 

Abstract: This article looks at the psycho-social effects of the SARS–CoV–2 pandemic, discussing the official strategy aimed at building a “new normality” by decree. It also addresses the alternative of positing “other normalities” as part of a collective and plural agenda that will enable us to aspire to a fairer and more equitable world.

Key words: new normality, psycho–social effects, social norms,
other normalities, covid–19

 

La crisis abre el sentido de lo que es posible.[1]

 

  1. La normalidad como una expresión psicosocial

La expresión “nueva normalidad” ha aparecido en nuestras vidas como una suerte de mantra que busca dotar de certeza a un futuro eminentemente más incierto de lo que estamos habituados a imaginar. En el caso de México la “nueva normalidad” se ha referido oficialmente a una serie de disposiciones sanitarias propuestas por el estado, vinculadas a sectores productivos, frente a la situación excepcional que ha representado la diseminación del SRAS–cov–2 que provoca la enfermedad llamada covid–19.

En términos llanos, las disposiciones de la nueva normalidad pretenden prever el aumento de contagios y, por ende, el aumento de defunciones a causa de esta enfermedad y tienen como base la reclusión de la población en sus casas, el funcionamiento del sector productivo limitado a aquellas áreas determinadas como esenciales y la práctica recurrente de actividades como el lavado de manos, el desinfectado constante de objetos y alimentos, el mantenimiento de distancias de por lo menos metro y medio entre cuerpos en el espacio público, así como el uso sugerido (en algunas localidades obligatorio) de cubrebocas.

Las dificultades para encontrar sentido a estas drásticas disposiciones oficiales en el terreno de la vida cotidiana generan una serie de efectos que, en el relativamente corto tiempo que llevamos habitando en un planeta infestado por el nuevo virus, pueden ser leídas desde diferentes ángulos, uno de ellos es el psicosocial. En lo sucesivo me gustaría plantear algunas consideraciones psicosociales sobre la construcción de la normalidad, para posteriormente someter a discusión la pertinencia de la construcción de una nueva normalidad como decreto, frente a la posibilidad de concebir otras normalidades, siguiendo el ejemplo de grupos y movimientos sociales que han logrado formas diversas de organización, adaptándose a normas sociales alternativas a las hegemónicas sin sacrificar el sentido de estas y materializando otras formas de habitar y hacer el mundo.

Para no obviar la noción de lo psicosocial, siguiendo las ideas de Pablo Fernández Christlieb, puede entenderse por tal a todo aquel patrón relacional que genere un tipo particular de significados, prácticas, afectos y estéticas o formas.[2] De tal manera podemos identificar como psicosocial la sensación de miedo (afecto) al exponernos al espacio público (prácticas), debido a la constante proliferación de mensajes que nos recuerdan que las otras personas son fuentes potenciales de contagio (significado); esto, a su vez, repercute en la apariencia de los paisajes, en términos de la aparición de cuerpos con cubrebocas y caretas, pero también de adaptaciones inéditas a mostradores de tiendas, banquetas y vehículos (formas).

Analizar la realidad desde la perspectiva psicosocial nos permite identificar el estrecho vínculo entre las ideas y los afectos que guardamos con respecto a un objeto, sujeto o situación, y su materialización en términos de objeto u objetividad. En otras palabras, la mirada psicosocial nos posibilita entender el nexo entre el plano de lo subjetivo y lo objetivo. Se trata, pues, de algo más que el resultado de las interacciones entre las personas y se refiere a la condición relacional que dota de sentido a situaciones determinadas, integrándolas a lo que reconocemos como real o posible. La suma de objetos, afectos, formas, sujetos y símbolos en juego en determinadas circunstancias que las relacionen produciría un orden de sentido y, en consecuencia, tendría la capacidad de producir, mantener o trasformar la realidad.[3]

Ahora bien, la normalidad, sin adjetivar, es un concepto de apariencia inocua para una persona que se encuentre desarrollando su vida cotidiana; es una suerte de contrasentido afirmar lo siguiente, pero es anormal cuestionar lo normal. Parafraseando a Kenneth Gergen, eso que llamamos normalidad se construye a partir de una “coalición de subjetividades”, lo cual conlleva formas más o menos homologadas de pensar, sentir y comunicarnos, cuyo conocimiento proyectado en el tiempo se consolida en lo que reconocemos como “sentido común”.[4]

Lo normal es un tejido de subjetividades, una intersubjetividad que se crea y recrea de manera constante. No es de extrañar pues que a la mayoría de nosotros resulte descabellado, inverosímil e incluso risible que las nuevas disposiciones desafíen al sentido común incluso al grado de prohibir algo tan cotidiano como el saludo de mano o la cercanía entre cuerpos en espacios abarrotados como el trasporte público.

Para que la normalidad ocurra se requiere de un proceso que la ancle a un sentido compartido de la realidad, a ese proceso se le reconoce como normalización y puede definirse como el “proceso de creación de las normas que regulan la conducta, la percepción, el pensamiento o los deseos de las personas en una situación concreta”.[5] No es fortuito que la etimología de la palabra norma tenga que ver con una escuadra utilizada por los carpinteros para “cuadrar” las piezas de madera, o que le llamemos “reglas” al conjunto de disposiciones que orientan nuestras conductas morales respecto de ciertos temas. La normalidad nos “alinea” con el orden que resulta significante para otras personas.

La práctica de cuestionar la normal es de suma relevancia política por el hecho de que los procesos de normalización determinan, legitiman y fundamentan el sentido de la vida cotidiana, que, como sostuvieron Berger y Luckmann, es “la realidad por excelencia”.[6] En este sentido podríamos argumentar que no basta con que una autoridad decrete el nacimiento de una nueva normalidad para que esta cobre sentido, antes bien es necesario que esta responda a las necesidades históricas de la mayoría de las personas a las que sus respectivas reglas están dirigidas.

 

  1. La nueva normalidad como un decreto

En la situación actual los usos de la expresión “nueva normalidad” exceden los campos sanitario y económico que suelen darle sentido en tanto disposiciones oficiales y se extienden a una serie de esferas que, en conjunto, trastocan las escalas de lo privado y lo público.[7] Estos usos, que podríamos llamar extraoficiales, tienen más que ver con un horizonte de sentido, un anhelo de recuperar una cotidianidad que cada vez se aleja más; entre tales esferas están ciertas prácticas que tienen que ver con patrones económicos, alimentarios, laborales y educativos, pero también aquellas referentes al ocio, el hábitat y la movilidad. Estas esferas cobran sentido procesual al conectarse en el plano de la vida cotidiana, que, al mismo tiempo, es aquella en que las personas construimos el sentido de nuestra existencia en el mundo.

La sinergia entre las medidas oficiales para mitigar el impacto económico y sanitario del covid–19 y la vida cotidiana de los millones de personas que habitamos las comunidades con altos riesgos de contagio no ha resultado armónica por múltiples razones, que van desde las brechas de desigualdad económica, étnica y de género que preexistían al virus que ahora nos atormenta y que dificultan su acatamiento; hasta la incapacidad de los actores político–electorales para trasmitir normas más o menos homogéneas y consensuadas entre ellos mismos, debido a la alta capacidad que esta crisis tiene para trasformar en capital político los contagios y las muertes traducidos en cifras que se simplifican burdamente en la arena pública a “mejores” y “peores” autoridades según sea el caso.

Destaca pues el valor moral que ha cobrado el acatamiento de las “nuevas normas”, que a su vez ha derivado en formas desafortunadas para referirse a quienes no encuentran el sentido del encierro frente a una enfermedad que todavía no logra anclarse a los significados cotidianos de las mayorías. Como ejemplo puede mencionarse el caso del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, que el 23 de abril de 2020 se posicionó en sus redes sociales frente a la dificultad que parte de la población tiene para acatar las normas de la nueva normalidad de la siguiente manera:

Ni madres que nos vamos a rendir. Ni madres que vamos a aflojar el paso. Es por ellos, por nuestros hijos, por nuestros padres, por los que amamos. Es por los que hoy se fueron y por los que se irán en los próximos días. Es por los que están sufriendo y por los que están cuidándonos. Es por la gente consciente que cumple con su responsabilidad y también por los pendejos que siguen sin entender.[8]

Ante este tipo de debates y posicionamientos cabe preguntarse ¿a qué se debe la dificultad para entender o acatar las disposiciones de una nueva normalidad? ¿Qué efectos generan estas nuevas normas en las vidas de quienes se adaptan o no a ellas? ¿Qué nuevas categorías de persona se generan a partir de la nueva normalidad y qué conflictos o alianzas se tienden a partir de ellas?

Dado que evidentemente las normas no funcionan solo por ser decretadas, en los últimos meses hemos presenciado la proliferación de medidas autoritarias por parte de los gobernantes en diferentes partes del planeta quienes, frente a la dificultad para que consensuemos el sentido de una nueva normalidad de manera brusca, buscan contener no solamente nuestras prácticas individuales sino el sentido colectivo de las formas de interactuar y sobrevivir que antes estas mismas autoridades nos habían incentivado o impuesto.

Un ejemplo de lo anterior son los tianguis como forma de comercio semiformal que tiene su sentido y función anclada al espacio público y que, ahora, representan un potencial riesgo de contagios y han sido prohibidos de manera tajante en algunas partes del área metropolitana de Guadalajara.[9] Al no contar con alternativas claras para la subsistencia de los comerciantes, este tipo de prohibiciones parece negar la realidad precaria en que quedan sumergidos, lo cual parece implantar la norma implícita de que sus situaciones no importan más allá de su bienestar sanitario. La prohibición reiterativa de aspectos como el anterior, sin plazos posibles para regresar a la anterior normalidad, aunada a las pocas o nulas alternativas que el estado propone, amenazan con la extinción de un conjunto de formas culturales sin proponer algo que las suplante, dejando en su lugar espacio para la incertidumbre, la frustración, la desesperación y el miedo.

Autoras como Angela Giglia han identificado pistas sobre cómo las dinámicas planteadas por la nueva normalidad en las ciudades repercuten en la construcción del sentido de habitar los espacios públicos.[10] Giglia sostiene que el habitar es una práctica que tiene que ver con ocuparse del espacio y ocuparse de las otras personas que lo habitan, en términos de cuidados. Desde esta perspectiva, la forma diferencial de habitar las ciudades filtra nuestras formas de concebir y relacionarnos con los lugares y las personas, de manera que la nueva normalidad sustentada en el imperativo “quédate en casa” sostenido oficialmente trastoca el valor y las prácticas que dotan de sentido cultural al espacio público, en concreto, a las calles y aceras como sitios de encuentro con la diversidad, ahora vistos como espacios potenciales de contagio. Mientras las calles pierden su valor como escenarios generadores de sentido, los hogares se convierten en escenarios multifuncionales de producción y consumo.

Para Giglia la emergencia del covid–19 implica también un proceso de normalización de la desigualdad, identificable a partir de la distinción categórica de dos grupos: los cuidadores y los cuidados. En el primer grupo se encuentran todos aquellos que practican oficios o profesiones que entran en la categoría de indispensables frente a la pandemia, desde los trabajadores del sector salud hasta las y los obreros, empleados de paquetería, empleadas domésticas y recolectores de basura, por mencionar algunos. En sintonía con esta categorización Ian Alan Paul propone distinguir entre sujetos domesticados/conectados y sujetos móviles/desechables, lo cual nos permite entender las dinámicas circulatorias de la pandemia desde la cualidad de vulnerabilidad, exposición y precariedad que normaliza y recrudece la desigualdad de un sistema de producción y consumo que no puede entenderse sin el valor de las conexiones digitales y la circulación de bienes materiales.[11]

 

  1. Las otras normalidades como resultado de acuerdos

Con la ampliación de la brecha entre las vidas que producen y las vidas que consumen entramos en una suerte de paradoja: las dinámicas de la nueva normalidad abren una brecha para normalizar un recrudecimiento de la desigualdad socioeconómica, de género, étnica y racial que amenaza con consumirnos a todos; pero, al mismo tiempo, posibilita su desnormalización. Paul menciona que el llamado “reinicio corona”, al que estamos expuestos actualmente, nos permite insistir en la reterrritorialización de nuestra sociedad, una oportunidad de reiniciar nuestra sociedad antes de que el mismo sistema que la ha ordenado durante siglos retome su curso habitualmente devastador.[12]

Aparentemente el estado como forma de control reconoce la brecha que se ha generado con la crisis actual y ejecuta una serie de medidas autoritarias con el fin de mantener el control de un orden productivo que lo sostenga como eje ordenador de las sociedades. Ejemplo de esto son las muertes de Giovani López, un trabajador de la construcción de 33 años que murió a manos de fuerzas policiales del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, según el relato de sus familiares, debido a que no portaba un cubrebocas.[13] También vale recordar el asesinato de Alexander Martínez, un joven de 16 años, también a manos de policías, pero en el estado de Oaxaca, en el municipio de Acatlán de Pérez, porque el joven circulaba en una motocicleta después de jugar fútbol con familiares y amigos.[14]

¿Existen alternativas frente a la brutalidad para crear normalidades? Con la frase “La crisis abre el sentido de lo que es posible” Naomi Klein nos alienta a responder que sí.[15] Por esto es que me gustaría recurrir a la expresión de “otras normalidades” antes que a la noción de “nueva normalidad”; no solo por el valor político de referirnos ella en plural para reconocer las enormes disparidades que hay entre los grupos que habitamos un mismo territorio y que se disparan conforme cambiamos a escalas globales, sino también porque la idea de “lo otro” nos recuerda que las alternativas a la normalidad han existido desde hace siglos, en resistencia y frente a una normalidad carente de futuro pero aceptada como parte de un sistema tautológico. Angela Davis comenta al respecto lo siguiente:

Deberíamos aprovechar esto como una oportunidad para generar el tipo de organización que resalte el sentido de la necesidad de solidaridad internacional, y que tenga la capacidad de sacarnos de nuestro adormecimiento, de reconocer que podemos aceptar liderazgos de personas que se organizan en otras partes del mundo.[16]

La noción de otras normalidades también nos recuerda que las normas son un acuerdo antes que un decreto. Esta idea, además, se fortalece en la posibilidad de poner las relaciones humanas al centro y no los intereses mercantiles y los privilegios de ciertos grupos que se beneficiaban exclusivamente de la normalidad que ahora se encuentra en crisis. Recordemos por ejemplo los esfuerzos de la lucha feminista por deconstruir una normalidad en que la violencia machista se reproduce como la norma, a partir de la denuncia pública representada con el #NoEsNormal. También contamos con el ejemplo de las comunidades que han creado normalidades alternativas construidas a partir de pensar que la vivienda es un derecho antes que un negocio, como el caso del asentamiento urbano de la cooperativa Acapatzingo, situado entre las delegaciones Iztapalapa y Tláhuac de la Ciudad de México, quienes se organizan a partir de la búsqueda de la satisfacción colectiva de necesidades y el reconocimiento de los bienes comunes, experimentando formas colaborativas de construcción, seguridad y cultura para sus habitantes.[17] No olvidemos, además, la larga tradición autonómica de múltiples comunidades indígenas en nuestro país, así como la lucha de los caracoles zapatistas en Chiapas.

Como es notorio, la constante que ha caracterizado al surgimiento de las otras normalidades proviene de condiciones sistemáticas de desigualdad e injusticia; estas normalidades, además, representan expresiones psicosociales en cuanto proponen, articulan, legitiman y trasforman la realidad subjetiva y objetivamente, pero al parecer de manera acotada y siempre en resistencia frente a la normalidad hegemónica que atenta con ganar el territorio que parece perder tanto mental como geográficamente.

Me gusta pensar —de la mano con las autoras y autores que he citado aquí— que la discusión sobre la supuesta “nueva normalidad” ha abierto la posibilidad de reconocer las otras normalidades y sumarlas en un esfuerzo sin precedentes por no regresar a la normalidad que ha sido el problema que nos ha sometido a la terrible crisis que nos enfrentamos ahora. Los efectos psicosociales de esta crisis son y serán inevitables, lo que está ahora en juego es la posibilidad de encauzar tales efectos a la materialización de otros órdenes sociales más justos, equitativos y heterogéneos. Quizá sea el momento de preguntarnos ¿qué estamos dispuestos a hacer para conseguir esto y qué alianzas podemos tender para lograrlo? Me gusta pensar que podemos comenzar por desnormalizar una cuestión ontológica que Alejandra De la Torre ha reconocido muy bien en uno de sus textos más recientes: “No éramos universos separados antes de esta pandemia, y ahora, más que nunca, debemos saber que no lo seremos nunca”.[18]

 

[*] Doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Tiene experiencia en estudios urbanos desde la perspectiva de las ciencias sociales, específicamente desde la psicología social, la antropología urbana y la geografía humana. Es profesor asociado B adscrito al Departamento de Formación Humana y el Departamento de Psicología Educación y Salud en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), donde coordina el Proyecto de Aplicación Profesional Co–laboratorio urbano. Correo: grimaldo@iteso.mx

 

[1]       Naomi Klein, citada en Sbriller, L. y S. de la Torre. “Imaginarios para salir del desastre: Conversación entre Angela Davis y Naomi Klein”, en Revista Anfibia, Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, 6 de mayo de 2020. Recuperado de http://revistaanfibia.com/ensayo/imaginarios-salir-del-desastre/

[2]       Fernández, P. “Lo psicosocial”, en El alma pública: revista desdisciplinada de psicología social, vol.2 núm.4, 2009, pp. 41–49.

[3]       La crítica de Fernández a la interacción como eje de lo psicosocial se enfoca especialmente a su condición causal y lineal, es decir que, en su sentido más elemental, la interacción se reduce a un vínculo entre dos elementos: sujeto–objeto; sujeto–sujeto; mente–materia. Mientras que lo relacional remite a una concepción más abarcadora y situacional que entendería a lo psicosocial como algo que resulta ser más complejo que el mero intercambio entre lo individual y lo social, se trata de una concatenación de elementos que, en sus propias palabras, surgen de un choque, una suerte de big bang social que ocurre situación tras situación en un continuum histórico.

[4]       Gergen, K. El yo saturado, Paidós, Barcelona, 1997, p.119.

[5]       Samuel–Lajeunesse, J. “Influencia, conformidad y obediencia: las paradojas del individuo social”, en Ibáñez, T., Introducción a la psicología social, UOC, Barcelona, 2004, p.257.

[6]       Berger, P. y T. Luckmann. La construcción social de la realidad, Amorrortu, Buenos Aires, 2006, p.37.

[7]       La nueva normalidad tiene un hito marcado por su referente al campo de las finanzas bursátiles, expresamente en el 2008 frente a la crisis económica global generada por la especulación inmobiliaria. La expresión se atribuye a una nota publicada ese año en Bloomberg News por los columnistas Rich Miller y Matthew Benjamin, quienes describían a la nueva normalidad de la siguiente manera: “Es posible que EE. UU. tenga que acostumbrarse a una nueva definición de normal, caracterizada por ganancias de productividad más débiles, un crecimiento económico más lento, un mayor desempleo y una industria de servicios financieros disminuida”. Véase Miller, R. y M. Benjamin. “Post–subprime economy means subpar growth as new normal in U.S”, en Bloomberg, 18 de mayo de 2008. Recuperado de https://www.bloomberg.com/news/articles/2008-05-18/post-subprime-economy-means-subpar-growth-as-new-normal-in-u-s

[8]       “Hay ‘pendejos que siguen sin entender’: Alfaro”. En Aristegui Noticias, 24 de abril de 2020. Recuperado de https://aristeguinoticias.com/2404/mexico/hay-pendejos-que-siguen-sin-entender-alfaro

[9]       Velasco, J. “Guadalajara suspende tianguis en zonas de alto riesgo”, en El Informador, 9 de junio de 2020. Recuperado de https://www.informador.mx/jalisco/Guadalajara-suspende-tianguis-en-zonas-de-alto-riesgo-20200609-0138.html

[10]     Giglia, A. “Repensar las ciudades desde el encierro doméstico”, manuscrito, S.F. Recuperado de https://www.academia.edu/43024004/repensar_las_ciudades_desde_el_encierro_domestico

[11]     Paul, I. “El reinicio corona”, en La Tempestad, 19 de marzo de 2020. Recuperado de https://www.latempestad.mx/coronavirus-pandemia-capitalismo-transformacion-reflexion/

[12]     Ibidem.

[13]     “Giovanni López: ‘Justicia para Giovanni’, el caso de brutalidad policial que conmociona a México”. En BBC News, 5 de junio de 2020. Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/noticias-52935685

[14]     Rodríguez, Ó. y M. del Pozo. “A Alexander lo ejecutaron los policías en Oaxaca, acusa su familia”, en Milenio, 11 de junio de 2020. Recuperado de https://www.milenio.com/estados/alexander-martinez-asesinado-policias-oaxaca-familiares

[15]     Sbriller, L. y S. de la Torre. Op. cit.

[16]     Idem.

[17]     Navarro, M. “Hacer común contra la fragmentación en la ciudad: Experiencias de autonomía e interdependencia para la reproducción de la vida”, en Varios autores, Producir lo común: entramados comunitarios y luchas por la vida, Traficantes de sueños, Madrid, 2019, pp.121–138.

[18]     De la Torre, A. “Por un futuro (com)prometido”, en Cruce, núm.782, ITESO, Tlaquepaque, 22 de junio de 2020. Recuperado de https://cruce.iteso.mx/por-un-futuro-comprometido/

 

Biopolítica, viralidad y máquinas de guerra. Bit_ácoras covid–19

Víctor Hugo Ábrego[*]
Diego Arredondo[**]
Eduardo G. de Quevedo[***]
Eliseo R. Colón Zayas[****]
Paloma López Portillo[*****]
Rossana Reguillo[******]

 

Resumen: La reconfiguración profunda que ha significado la pandemia por covid–19 exige formular nuevas preguntas que incorporen la dimensión sociodigital en la medida en que todas las medidas sanitarias y de política pública reposan en el (auto)confinamiento, en el distanciamiento y en el teletrabajo. Todo ello ha supuesto cambios en los modos en que comprendemos la vida y la muerte. La biopolítica, ese poder de gestionar la vida humana, cobra hoy una nueva centralidad junto con la información y los datos personales. En tal sentido nos preguntamos por las formas en que la ciudadanía, usuaria de redes sociodigitales, produce otras narrativas y formas de solidaridad.

Palabras clave: covid–19, biopolitics, datification, war machines, big data

 

Abstract: The profound reconfiguration that the covid–19 pandemic has unleashed demands that we formulate new questions that consider the socio–digital dimension, inasmuch as all the public health and public policy measures center on (self)confinement, distancing and remote working. All of this has changed the way we look at life and death. Biopolitics—the power to manage human life—takes on renewed importance, together with information and personal data. In this sense, we raise questions about the ways in which citizen users of socio—digital networks create alternative narratives and forms of solidarity.

Key words: covid–19, biopolitics, datification, war machines, big data

 

El covid–19 es un fenómeno global que atraviesa élites y periferias, empresas locales y trasnacionales, gobiernos nacionales y continentales e identidades tanto hegemónicas como contestatarias. Sin embargo, su condición de posibilidad planetaria no constituye un piso parejo a todas las personas. Aunque el virus es capaz de enfermar a cualquiera, son las condiciones de asimetrías y brutales desigualdades tanto entre naciones como al interior de estas naciones, las que reparten y aumentan el riesgo de modo desigual en esta pandemia que representa un llamado de atención sobre el capitalismo contemporáneo.

En esta entrega para Análisis Plural trabajamos en torno a tres ejes que consideramos fundamentales en la configuración sociocultural y política de la pandemia: la biopolítica, en tanto el virus ha puesto de manifiesto la centralidad de las políticas en torno a la vida y a la muerte y su tensión entre los impulsos constituyentes y destituyentes;[1] un segundo eje es el de la datificación y el culto al dato en un proceso de entronización de la epidemiología como vector que organiza o pretende comandar la única representación legítima de la pandemia, y, finalmente, nos interesa acercarnos a la noción de “máquinas de guerra”, elaborada por Deleuze y Guattari,[2] como la producción de una narrativa que constituye un punto de fuga con respecto al discurso dominante.

 

  1. Sujetos, mercados y crisis sanitaria

La medida sanitaria, tomada a escala global, de separar los cuerpos para evitar el contagio del virus, produce también condiciones para la normalización del imaginario de un “ciudadano” inerme frente a las decisiones políticas de los gobiernos nacionales ante la crisis sanitaria. Los mismos gobiernos que, en muchos casos a escala global, han cedido al mercado su capacidad de regulación de las condiciones básicas de vida digna de las personas, quedan aún más débiles dando por sentada la crisis por venir, sin poner en la mesa siquiera un señalamiento a las empresas más beneficiadas por las desigualdades económicas para que estas tomen algo de la responsabilidad.

La nube que muestra una red de relaciones semánticas es una representación de las primeras discusiones en México, cuando se tomaban las medidas iniciales sobre el cierre de negocios (véase la figura 10.1). La filial mexicana de la empresa Starbucks tomó la decisión de mandar a los empleados a su casa sin pagarles su sueldo. Apenas comenzaba la crisis sanitaria y los primeros indicios de las preocupaciones ciudadanas expresadas en redes se vinculaban a la subsistencia, al consumo y la dimensión laboral.

Toda vez que el relato dominante que circula en los circuitos de información es, por un lado, el de la parálisis ante las muertes que está dejando y dejará a su paso el virus y, por otro, el de la devastación de todas las condiciones de vida que dejará el derrumbe económico poscovid–19, nos enfrentamos a la reducción preocupante de la incidencia de pensamientos críticos que coadyuven a la construcción de sentidos compartidos en torno a la centralidad de la vida, de la solidaridad y la defensa de los derechos humanos. La reducción del espacio público, derivada de las medidas de aislamiento social, vuelve imposibles las formas organizativas presenciales; de ahí la importancia de articular lo digital para impulsar otras formas de comprensión y acción solidaria, en un contexto en que la saturación de información vuelve muy difícil colocar el sentido de la pandemia fuera de un marco exclusivamente epidemiológico y economicista.

 

  1. Aceleración, propagación y contagio

La propagación de información acerca del covid–19 es aún más acelerada que la propagación del virus en los cuerpos. Esta aceleración alimenta una dinámica comunicativa que parte, en algunos casos, de la falta de filtros necesarios para negociar el sentido de la información que la gente consume.

La noción con la que hemos aprendido a nombrar los acontecimientos que irrumpen de golpe en la agenda pública y llaman la atención de grandes porciones de las poblaciones en poco tiempo a través de nuestro acceso permanente a las redes sociodigitales es la de “eventos virales”. La aceleración que alcanza la producción, distribución y consumo de información hoy es tal que vivimos en una suerte de “régimen live stream[3] que suprime las posibilidades de filtración crítica de ciertos contenidos a los que accedemos en el día a día por uno u otro canal, y también suprime las posibilidades de no quedar expuesto hasta la saturación al evento viral en turno. Así, la integración de temas a la vida pública se da a partir de la dinámica incontrolable, en muchos casos ininteligible, e impredecible del contagio.

Durante los primeros días de marzo la discusión en Twitter en torno a la pandemia se movilizó rápidamente. En dos grafos mostramos las relaciones de hashtag a hashtag del término #coronavid19 y las relaciones de usuario a usuario del término #covid_19mx (véanse las figuras 10.2 y 10.3). El periodo de descarga es del 11 de marzo al 18 de marzo de 2020.

 

  1. Datificación del virus

Con la llegada del coronavirus empresas y gobiernos han hecho un uso indiscriminado de cantidades enormes de datos personales, y en algunos países asiáticos se ha implantado un régimen de vigilancia digital. Es posible pensar que la sistematización del registro de la experiencia online de millones de personas durante estos meses no solo será utilizada para la prevención y el control del virus sino para ampliar las posibilidades de control político a través de algoritmos que generen y amplíen, al menos, sesgos socioeconómicos (quién tendrá acceso a cuáles beneficios durante y después de la crisis) y culturales (cuál visión de presente y futuro se pondrá más en circulación en los circuitos comunicativos).

Sin embargo, es necesario pensar en la utilización crítica de los datos que están siendo producidos a escala global sobre el coronavirus. Estos datos pueden ser utilizados también para:

  • La creación de mapas que visibilicen las capacidades de reacción e infraestructura de estados–nación alrededor del mundo para prevenir un mayor número de fallecimientos.
  • La generación de líneas de tiempo para identificar los cuellos de botella informativos, que saturan de datos a las audiencias, pero únicamente para alimentar la incertidumbre y abrir paso a nuevas medidas de control social, durante y después de la crisis.
  • Evidenciar el papel de los algoritmos que en ocasiones pueden llegar a orientar las búsquedas de información de millones de personas, a partir más de la velocidad con la que circulan notas e informes sobre el virus que del rigor en esa información. El contexto actual muestra el límite de la lógica comercial de los sesgos algorítmicos. Se necesitan otros filtros que no sean únicamente los de la velocidad y el del mayor número de clics dados a un enlace para que este sea preponderante frente a otros.
  • Pensar en quiénes están generando los datos sobre el coronavirus, y en manos de quiénes también deberían estar esos datos (universidades, medios independientes, laboratorios e investigadores/as) para ser visualizados y analizados de manera crítica.
  • Intervenir el imaginario de la catástrofe como única opción poscovid–19 a través de la generación de modelos de redistribución de los recursos a escalas global y nacional.

 

  1. #CuandoEstoSeAcabe

Ante la imposibilidad de detener su viaje, cual hilito de aliento imparable, el virus trasmutó rápidamente de enfermedad, aflicción, infección, plaga, en un asunto de estado: pándêmos (pan [todos] demus [pueblo]), pandemia. Como asunto público, del pueblo, el covid–19 se coronó globalmente. En su caminar por la milenaria ruta de la seda viajó hacia Europa y el resto del mundo desde Wuhan, importantísimo centro político, económico, financiero, comercial, cultural y educativo de China, motor de la economía neoliberal global. Su recorrido fue impulsado en muchos lugares, como ha sido en el Mediterráneo y el Caribe, por aliados de la economía neoliberal global como el low–cost flying, el short–term rental y el massive tourism. En su recorrido por el mundo el covid–19 ha triunfado y triunfa en los grandes escenarios de Estados Unidos y el Reino Unido por la voracidad política y cultural del laissez faire de un capitalismo y políticas neoliberales que siempre anteponen el bienestar económico al humano.

La actitud expansionista del covid–19 y su pulsión hacia Tánatos llevan a pensar el papel de la información y la extracción de datos en estos tiempos de pandemia. Por un lado, nos encontramos a merced de una aceleración de la automatización técnica de la información y la extracción de datos de todo aquello que se refiera a lo humano, a la vida, al eros. Por otro lado, agobia la manera en que, sometidos, sojuzgados y dominados por el pándêmos, nos convertirnos en forraje y alimento del apetito insaciable de datos, data–driven, de las principales empresas de plataformas de la Internet y de todos los gobiernos y economías mundiales en el afán de querer detener el viaje global del covid–19 y poder quitarle su pasaporte all inclusive.

En la red de relaciones entre pares de palabras (bigrama) se muestra el cuerpo de texto descargado de 14,166 tuits que mencionaron el hash-tag #CuandoEstoSeAcabe, del 21 al 28 de marzo 2020 (véase la figura 10.4). Esta red permite identificar relaciones semánticas en mensajes que se compartieron alrededor de ese hashtag, que se calculan a partir del orden y la frecuencia en que fueron combinadas sus palabras dentro de cada tweet.

Estamos ante un momento difícil del que puede que no haya escapatoria debido a que acarrea dos situaciones mutuamente conflictivas y, por momentos, dependientes entre sí. Por un lado, como ciudadanos del “demos”, aceptamos cada información que tiene la osadía de colarse y presentarse ante nuestro sistema cognitivo sin respetar distancias ni aislamiento social y que pertenece al bombardeo comunicacional de mensajes continuos y altamente mediatizados, y de múltiples fuentes, medios y canales, dirigidos a quienes compartimos globalmente el confinamiento. La información que nos llega se asume como necesaria, muchas veces sin cuestionar su procedencia. Reconocemos en ella los intentos y maneras de reducir el contagio viral del covid–19 para poder retomar nuestra pulsión de vida, nuestro eros, nuestras ilusiones, nuestros deseos. Vemos esta información como un antiviral, un anticuerpo, un antibiótico contra el covid–19.

Por otro lado, preocupa el culto al dato y a la información propia de la incertidumbre apocalíptica del capitalismo con sus nuevos órdenes económicos, autoritarios, necropolíticos y biopolíticos globales.
Por ello inquieta la normalización e instauración por los estados nacionales alrededor del mundo de sistemas de vigilancia sanitaria
modelados en la centralidad de la información y datos, igual que aquellos que impulsan a las empresas del capitalismo de plataforma: Google, Facebook, Airbnb, Booking, YouTube, Spotify, entre muchas otras. La Organización Mundial de la Salud describe el sistema de vigilancia centinela mediante sistemas de posicionamiento global (GPS), como aquel que se utiliza cuando se necesitan datos de alta calidad sobre una enfermedad en particular y que no se pueden obtener a través de un sistema pasivo.

Al fin y al cabo, mientras influencers mediáticos, intelectuales y académicos intentan describir la configuración del orden global capitalista una vez que se disipe el covid–19, lo que todos queremos es que la tensión y la ansiedad desaparezcan (#Cuandoestoseacabe), que no haya más muertos ni más contagiados y que recobraremos finalmente nuestra cotidianidad. No obstante, estamos ante la encrucijada que los dilemas del culto al dato y a la información engendran en tiempos actuales de la necropolítica y la biopolítica. Muchas interrogantes surgen cuando queremos imaginar la era poscoronavirus. Planteamos las siguientes: ¿Subiremos al tranvía de nuestras ilusiones nuestra pulsión de eros y nuestros deseos con o sin GPS? ¿Recobraremos la sociabilidades y sensibilidades que nos arropan, nos unen, nos entrelazan y entrecruzan con o sin GPS?

Hasta el momento es difícil vislumbrar un mundo de ilusiones ni deseos a lo Buñuel. Más bien el GPS poscoronavirus traza la ruta hacia la fantasmagoría de 28 horas después y Niños del hombre y nos lleva a transitar hacia un mundo donde el capital exige la administración biológica de la población mediante unas medidas de control sanitario que exigen la disciplina y la regulación del cuerpo para la protección del cuerpo biológico de la nación. Solo queda confiar que queden en la tierra un hilito de ilusión y deseo y sirvan de GPS a V con su Vendetta.

 

  1. Infodatos y máquinas de guerra

Los afectos atraviesan el cuerpo como flechas, son armas de guerra.[4]

En esta sección acudimos a la noción de “máquina de guerra”, desarrollada por los filósofos Deleuze y Guattari, como una metáfora que permite aprehender la datificación de la realidad a partir de un conjunto de axiomas (verdades autoevidentes que no requieren comprobación), que se despliegan en los límites o márgenes de lo que los autores consideran la forma–capital, la forma–estado. Con Deleuze y Guattari podemos afirmar que la información sobre el covid–19, que llega, se pide, se comparte, se altera, se enriquece, se esconde, constituye una máquina de guerra en la medida en que construye un sistema de desarticulación del espacio “formal” de la comunicación para crear otro distinto.

Las máquinas de guerra interrumpen el flujo del discurso dominante; se trata de formas culturales que responden por fuera de los márgenes de acción previstos y controlados por el poder, ese es su frente de batalla. Se trata de una respuesta política y cultural, que dirige su atención a las “verdades autoevidentes” que empiezan a tambalearse frente al nuevo ensamblaje que proponen e impulsan las “máquinas de guerra”, como otras narrativas posibles.

Como ejemplo está el caso de la enfermera Azahara, en el Hospital Valdepeñas, en España, que para evitar la angustia de sus pacientes por tratar con personas con mascarillas y equipo de protección de cuerpo completo propuso escribir su nombre en su pantalla facial: “Hola! Soy su enfermera Azahara”.[5] Después más enfermeros y enfermeras se unieron a la iniciativa. Con cientos de pacientes hospitalizados, la labor de cuidado y cercanía de las enfermeras/os es vital, pero la urgencia y la prisa con la que deben operar en el hospital, y que estén cubiertos de cuerpo completo, puede ser angustiante para los pacientes, e incluso entre las mismas enfermeras/os que tampoco se pueden reconocer entre sí.

Aquí el nombre propio es una máquina de guerra porque reconfigura la relación entre enfermera y paciente, en un espacio donde deben tomarse medidas sanitarias por el riesgo de contagio. Es decir, la enfermera está cubierta de pies a cabeza, con un equipo médico que actúa como una “barrera” frente al virus, como una herramienta de autocuidado. En este espacio ella no es la única, todos los enfermeros y enfermeras deben llevar el mismo equipo para evitar el contagio y la propagación. Los pacientes no son atendidos por la misma enfermera o el mismo enfermero cada vez, los cuidados los reciben de distintas personas, pero que en estas circunstancias se ven igual a las demás. El hecho de ponerle nombre propio a este “uniforme” es intervenir la barrera que los separa.

Habitar, poseer, rentar; el #Covid19 ha puesto en evidencia uno de los ejes más problemáticos del capitalismo: la propiedad. Sobran ejemplos que señalan la mezquindad que se traduce en la propiedad que señala cada día que habitas algo que no es tuyo. Eso y otros ejes o vectores del capitalismo han aparecido con fuerza en estas últimas semanas de aislamiento y cese de actividades no esenciales.

Las historias que circulan distintas redes sociales dan cuenta de brotes de racismo y xenofobia, historias de discriminación terribles; pero la máquina de guerra construye otros relatos al límite de lo posible.

Caseros que condonan los pagos, profesores que van a casa de sus estudiantes y detrás de una ventana explican en una pizarra un ejercicio de matemáticas; un entrenador deportivo que en la ciudad de Hamburgo da clases gratuitas en la calle para que sus vecinos se ejerciten desde sus balcones; taqueros que en México regalan comida al que lo necesita, como se han mostrado en varias publicaciones en Twitter.[6]

Las máquinas de guerra, en el sentido que les atribuimos aquí, distorsionan el mensaje capitalista “ganancia sobre la vida”. En las máquinas de guerra el papel de las plataformas digitales, especialmente Twitter, es cada vez más importante. Las narrativas y los relatos que alimentan la necesaria “máquina de guerra” son esa voluntad colectiva motivada por un interés en común: la solidaridad frente a la catástrofe.

Si se acepta que la información y los datos pueden operar como máquinas que interrumpen el relato dominante, es fundamental plantear algunas preguntas:

  • ¿La pandemia abre un nuevo escenario de gubernamentalidad que rebasa las formas convencionales?
  • ¿Cómo se reconfigura la relación poder–saber, fe–ciencia, opinión–dato, que día tras día desde de los inicios de la pandemia pavimentan la escena para un colapso de la episteme[7] que comanda la contemporaneidad?
  • ¿Qué elementos, figuras, personas–personajes, animales o naturaleza ponen a circular las nuevas máquinas de guerra inauguradas por el coronavirus?

Covid–19 ha construido un nuevo “afuera”, en el silencio de las calles, en el amontonamiento del trasporte público de los que no han podido parar y quedarse en casa, un afuera que se sostiene con trabajos precarios y la invisibilización de lo que es necesario para mantenerlo funcionando. Pero al analizar lo que sucede en las plataformas y redes sociodigitales, al descargar cientos de miles de tuits, de publicaciones en Instagram, lo que se dibuja es un nuevo “adentro” en el que los afectos “nos han atravesado como flechas”.

 

[*] Coordinador de Ciencias de la Comunicación y coordinador ejecutivo en Signa_Lab.
[**] Coordinador tecnológico y diseño de interfaces en Signa_Lab.
[***]
 Analista y responsable técnico de Signa_Lab.
[****]
Profesor investigador de la Universidad de Puerto Rico. Agradecemos al doctor Eliseo Colón su valiosa colaboración para pensar y trabajar con el equipo de Signa_Lab en este artículo.
[*****]
 Analista y curadora de datos en Signa_Lab.
[******]
 Coordinadora general de Signa_Lab.

 

[1]       Reguillo Cruz, R. Paisajes insurrectos. Jóvenes, redes y revueltas en el otoño civilizatorio, ITESO / Ned Ediciones, Barcelona, 2017.

[2]       Deleuze, G y F. Guattari. Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia, Pre–Textos, Valencia, 1988. Una máquina de guerra es la producción de un relato dentro del cuerpo mismo del discurso dominante para generar otros sentidos o romper el sentido dominante.

[3]       Valencia, S. “Psychopolitics, celebrity culture, and live regime in the Trump Era”, en Norteamérica, CISAN–UNAM, Ciudad de México, 2018.

[4]       Deleuze, G y F. Guattari. Op. cit.

[5]       Álvarez, M. “‘Hola, soy tu enfermera Azahara’: el cartel en un EPI que cambia la vida de los enfermos”, en NIUS, 1 de abril de 2020. Recuperado de https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/enfermera-cartel-epi-cambia-vida-enfermos-coronavirus_18_2923995072.html

[6]       Véanse, por ejemplo, https://twitter.com/Goodable/status/1244989515472818177?s=20; https://twitter.com/afp/status/1244579875660455936?s=20, y https://twitter.com/siempreMonRo/status/1245212882360360961?s=20

[7]       Por episteme entendemos, desde una perspectiva foucaultiana, al conocimiento como formación discursiva dominante en una época, es decir, un sistema de interpretación (véase Foucault, M. La arqueología del saber, Siglo XXI, México, 1970).

La libertad que existe. Bioética internacional durante el estado de emergencia por covid–19

Juan José Padilla Rodríguez[*] 

 

Resumen: A través de la revisión de 40 de las 51 guías bioéticas de 28 países publicadas por la Organización Mundial de la Salud en sus contenidos sobre covid–19 en el primer semestre de 2020, se hace una reflexión crítica del accionar ético de tres gobiernos durante el estado de emergencia sanitario: el alemán, el inglés y el jalisciense, para después realizar una valoración de los aportes normativos de estas guías y plantear líneas de reflexión para la deliberación médica, política, jurídica y bioética, útiles en posibles estados de emergencia futuros.

Palabras clave: epistemología política, estado de emergencia, bioética internacional, guías bioéticas

 

Abstract: A review of covid–19-related content found in 40 of the 51 bioethical guides from 28 countries published by the World Health Organization in the first half of 2020 leads to a critical reflection on the ethical underpinnings of the actions taken by three governments during the recent public health emergency: specifically, those of Germany, England and Jalisco. The author then offers an assessment of the normative contributions of these guides and suggests lines of reflection for medical, political, legal and bioethical deliberation that might prove useful in future states of emergency.

Key words: political epistemology, state of emergency, international bioethics, bioethical guides

 

En marzo de 2020 el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció por una postura de “no politización” de la pandemia,[1] por lo cual se delegaría al campo de las ciencias las decisiones técnicas requeridas; posición compartida por líderes mundiales que han establecido el discurso rector en esta aventura epocal: “Reconocemos que aquello que nos da certeza es la ciencia”. Es decisivo reconocer y entender los criterios con los que se tomarán las decisiones económicas, de salubridad, políticas, judiciales, médicas y científicas desde la reflexión filosófica y el campo de la bioética, no solo del científico. Hemos asistido a decisiones de líderes nacionales y estatales que hacen cimbrar la viabilidad del estado de emergencia en el presente y de los posibles en el futuro. Casos puntuales en Alemania, Inglaterra y Jalisco servirán para clarificar qué se puede cuestionar en las respuestas emergentes y cómo se puede fortalecer la ejecución y el fundamento de los protocolos éticos internacionales para la mejora en la instrumentación de decisiones políticas.

 

  1. Estado de emergencia

“El proceso de análisis ético involucra la identificación de principios relevantes, aplicarlos a situaciones particulares y elaborar juicios con los que se ponderen estos principios cuando no puedan satisfacerse todos ellos”.[2] El primer proceso de análisis ético fue la determinación de la situación de pandemia global como estado de emergencia sanitario, en el que la prioridad médica no se centra ya en el individuo, sino en la colectividad.[3] Salvaguardar a las instituciones de salubridad y pensar en estrategias colectivas es la prioridad moral; de lo que se sigue un estado de excepción, en que los derechos y garantías individuales, por ejemplo, el libre movimiento y la libre reunión, pueden ser vulnerados en bien del interés colectivo. De ahí la imposición legítima de las cuarentenas[4] aún con la fuerza policial.

En el estado de emergencia la valoración ética, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), estriba entre la salud del individuo y la salud de la colectividad, pues no se pueden garantizar las dos. En el de excepción, la disyuntiva está entre la libertad y autonomía individuales y su restricción temporal. Desde la primera decisión institucional por cambiar el orden de acción “normal” al emergente confluyeron razonamientos éticos sobre la libertad, los que se encuentran estipulados en los protocolos éticos internacionales y nacionales.

 

  1. La bioética internacional ante el estado de emergencia[5]

La OMS y las secretarías de Salud nacionales, junto con los consejos de bioética estatales y de comunidades académicas, han dedicado sendos manuales éticos para orientar las respuestas ante acontecimientos que colapsan la vida social, aunque se mencionen con menos frecuencia en los discursos políticos y científicos, pero que la comunidad internacional se ha comprometido a respetar.[6]

La bioética “se ha consolidado a nivel internacional como un acercamiento inter y multidisciplinario que adopta un enfoque comprensivo del cuidado de la salud en medio de tensiones culturales, basada en el balance de los intereses colectivos e individuales y grupos vulnerables”.[7] El sustento bioético delinea los protocolos internacionales, nacionales y locales desde el manejo de insumos en hospitales, el ofrecimiento de recursos y tratamientos a pacientes, la vigilancia del uso de la fuerza policial, el uso de tecnologías digitales de rastreo y contabilización, también de la comunicación trasparente del estado a la población y la realización de las investigaciones científicas.

El principio base de todas las guías es el de igualdad. El ser humano, antes de ser paciente, posee en él humanidad, lo que lo dota del mismo valor ante cualquier otro. En situación de escasez de recursos médicos lo que se busca es la maximización del número de vidas: salvar lo más posible a la humanidad. Para ello se definen criterios de selección en dos escenarios: antes de que se saturen los servicios, en cuyo caso se ha de atender a quienes lleguen primero y, en segundo, después de saturados, en el que se prioriza a los pacientes con más probabilidad de supervivencia (aquellos con menos condiciones críticas o crónicas). En este último escenario comienzan los procesos de triage o filtros procedimentales para la valoración clínica entre pacientes, los cuales podrían ser erradicados en el futuro próximo.[8] En ambos los pacientes deben recibir el tratamiento más apropiado según su condición. Por ningún motivo el médico ha de cargar con la responsabilidad de definir los criterios de atención sin contar con un grupo de especialistas en deliberación ética y de derecho. En este sentido se reconoce una mediación clínica (puramente técnica) y una mediación social (de deliberación y definición de valores).[9] También se han de respetar la dignidad y la integridad del paciente procurando los mejores cuidados posibles hasta el momento de su muerte.[10] Este principio atañe directamente a la labor clínica y al derecho.

El segundo principio más relevante en este estado de emergencia es el de proporcionalidad, que define que la acción de todos los actores ha de concentrarse en el objetivo de garantizar los servicios médicos a la mayoría, por lo que su acción debe definir estrategias de racionalización colectiva, sensibles al balance entre solidaridad colectiva y autonomía individual, para lo cual se ha de incluir a la mayor parte de la población.

Ser autónomo significa ser libre con los demás, no de manera aislada, y en caso de emergencia la colaboración solidaria y administración de la autonomía es esencial para evitar la expansión de la epidemia.[11] El ámbito al que más impacta la definición de metas y de organización de los actores para lograrlas es la sociedad civil.

Las decisiones políticas, siguiendo el principio de trasparencia, han de garantizar un fundamento basado en evidencia científica, plena y claramente difundidas, además de abiertas a la deliberación conjunta con los demás actores sociales. Es su responsabilidad valerse de los medios más efectivos, como las tecnologías y modelos científicos más avanzados. “La crisis del coronavirus es la hora de la política democrática legítima”.[12] Su legitimidad atañe al papel de medios de comunicación, decisores políticos, instituciones de gobierno, instituciones científicas e investigadores, para generar la confianza necesaria para seguir las medidas, por parte de la opinión pública. Los recursos numéricos e informáticos de la ciencia y la tecnología son vitales para la decisión pertinente y oportuna. Sin embargo, se ha de garantizar la privacidad de la información, su uso igualitario, el acceso ampliado y velar por la justicia social en sus contabilidades. Lo mismo aplica para la investigación científica. Estas tecnologías serán apoyo del ejercicio bioético en todos los campos implicados.[13]

A continuación se presentan algunos ejemplos en los que se pueden reconocer faltas a los principios dentro de los ámbitos antes mencionados en la escena política mundial.

 

  1. Tres casos concretos

El primer caso es el estado unívoco en Alemania.[14] El discurso de reapertura a las actividades económicas y de movilidad social en Alemania, el 23 de abril, muestra a una Angela Merkel preocupada por los niños y los ancianos. Remarca la necesidad de aprender a vivir con el virus hasta conseguir una vacuna. Su postura fue tildada de maternal por los medios de comunicación, pero consintieron en evaluar positivamente la reacción del gobierno ante el estado de emergencia sanitaria, al contrario de diversas facciones parlamentarias.

Las reacciones y los argumentos que se le externaron a la canciller, justo después de abandonar el podio, son bien sintetizadas con las participaciones de Christian Lindner, del Partido Democrático Liberal, y de Alezander Gauland, del partido Alternativa para Alemania. Este último aclaró que la tarea de la oposición es ampliar la visión en medio de las circunstancias apremiantes, en un contexto político impuesto por Merkel de modo intransigente, por ello se refirió a él como un “Estado de Basta”. Rebasada la mitad de su participación, sentenció: “Las decisiones sobre lo que viene son una tarea de los ciudadanos, no del régimen, y aquí, como ciudadanos, hemos de tomarlas”.[15]

Por su parte, Christian Lindner exhortó a pensar en cómo conciliar la relación entre libertad y salud, ya que, según él, se observaron medidas políticas en materia de salud que no tienen fundamento científico alguno y que, como tales, como decisiones políticas, deben ser discutidas. Lindner afirmó que el estado se reafirma en su deber cuando ocurre la oportunidad de reducir las libertades individuales. Luego añadió que sería injusto suponer que las mismas medidas preventivas deben extenderse a todas las regiones del país siendo que los focos de infección se presentan en territorios definidos. Dentro de sus propuestas aludió a la determinación de medidas regionales, según su situación específica, como una forma de hacer la conciliación entre libertad y salud. Por lo contrario, Lindner señaló que el estado alemán está tomando decisiones medievales como la cuarentena, el uso de máscaras y el aislamiento, dejando a un lado a los instrumentos tecnológicos digitales disponibles que podrían posibilitar estrategias más inteligentes. Por último, cuestionó la mengua en la capacidad individual de autogestión de los propios recursos al estar en un momento histórico de carencia y en el que se seguían aumentando impuestos.[16]

De ambos podemos rescatar las siguientes críticas al estado de emergencia alemán:

  • Anacronismo de la estrategia, obviando tecnologías y una racionalización en la contención con procedimientos focalizados y no generalizados.
  • Decisiones estatales paliativas sin una mirada a la formación ciudadana.
  • Poca o nula incidencia civil en las decisiones estatales.
  • Excesivo reforzamiento de medidas recaudatorias de impuestos, lo cual se torna injusto si no existen, por otro lado, incentivos suficientes.

El segundo caso es la poca trasparencia en Inglaterra. Aunque Boris Johnson optó por la “inmunidad de rebaño”, estrategia digna del laissez faire,[17] que en el contexto del coronavirus representa una posición irresponsable dado que no se conoce el comportamiento del nuevo patógeno y por lo tanto los riesgos poblacionales y la posibilidad de la saturación de los servicios de salud, al tener un abrupto aumento en los casos infectados, rápidamente viró la dirección y se dejó de comunicar con trasparencia;[18] razón por la cual se reporta una pérdida de credibilidad pública, que era de 60% a inicios de abril, a menos de 50% a finales de mayo. En su pronunciamiento público el Consejo Bioético de Nuffield refiere que el gobierno ha sido inconsistente y ha excluido a la comunidad académica de sus estrategias y que no se sabe con claridad cuáles son.

“Estamos siguiendo a la ciencia” es el supuesto mensaje tranquilizador. Pero aun seguir a la ciencia no es ni política ni moralmente neutral. Cualquier científico dirá que la ciencia no provee certeza (incluso la rebate); además de que tampoco provee de respuestas políticas —que involucran valores y juicios por los que las personas se han de responsabilizar y que tienen que pasar por escrutinio y ser determinados confiables.[19]

Del caso inglés rescatamos las críticas al manejo respectivo del estado de emergencia:

  • Toma de decisiones inconsecuentes con la información científica disponible.
  • Cambios a las políticas sin consulta abierta y trasparente, lo que disminuye la confianza hacia medios de comunicación y gobierno.
  • Nula apertura a la colaboración civil (academia, sindicatos, sociedad en general).

Por último, el tercer caso es la crisis de derechos y de autoridad en Jalisco, México. Enrique Alfaro Ramírez, gobernador del estado, tomó la batuta para informar sobre las noticias de la entidad federativa en relación con el coronavirus por medio de redes sociales, discursos televisados y entrevistas, en abierta oposición a las recomendaciones federales. A partir del día 20 de abril se impuso Tolerancia Cero en las estrategias de salubridad, refiriendo al comportamiento epidémico en países como Alemania y que requerirían de medidas estrictas: “Arresto por 36 horas, multas o amonestaciones son algunas de las sanciones previstas para aplicarse a partir de este lunes a las personas que salgan de sus casas a pie o viajen en vehículos particulares o públicos sin motivo justificado o sin cubrebocas”.[20] El día 4 de mayo Giovanni López, de treinta años, habitante del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, fue arrestado y  golpeado hasta la muerte, según sus familiares, testigos directos del suceso, por no llevar cubrebocas, hecho que niega el estado de Jalisco.[21] En días recientes, asimismo, se ha denunciado opacidad en el acceso a la información sobre casos de infección de la entidad[22] y el gobernador ha responsabilizado a la ciudadanía por el repunte infeccioso.

Las críticas obtenidas de este caso son las siguientes:

  • Incumplimiento de derechos humanos al permitirse la brutalidad policial.
  • Falta de trasparencia en los medios de acceso público a la información.
  • Escisión entre la colaboración gubernamental y la sociedad civil.
  • Insuficiente contenido empírico. No basta con aludir a la situación de otros países para aplicar las mismas medidas.

 

  1. La libertad que existe[23]

En ninguno de los tres casos abordados se gestionaron las intervenciones de acuerdo con un paradigma plural de corresponsabilidad simétrica entre sociedad civil y gobierno estatal. Se decidió tomar un rumbo unívoco, vertical y general sin apelar a una gestión regional inteligente. Imperan tendencias neohigienistas y de securitización que reproducen matrices históricamente útiles de militarización restrictiva. El asunto
de ser más libres no significa necesariamente tener más posibilidades de
acción, y eso se concedió civilmente al reducir la movilidad. Implica poder ser más libres, el poder de tomar decisiones compartidas para mejorar la vida. Valoremos las aportaciones de las guías bioéticas y revisemos algunas ideas de filosofía política y del derecho, pertinentes para pensar nuevas posibilidades.

Cada guía bioética sostiene el imperativo de volver al orden jurídico anterior en cuanto termine el necesario estado de emergencia, pero ¿y si lo único viable para emergencias futuras sea cambiar las posibilidades de vida establecidas por el orden jurídico del que venimos en el que se castiga por trasgredir la propiedad privada pero no se asegura la posesión posibilitante para todos de la misma?

La libertad que existe en estas guías se limita a la figura de los estados nacionales que imponen las directrices de acción, sus pronunciamientos se ciñen al orden jurídico vigente, se limitan a hacer recomendaciones realizables en las instituciones, mas no llegan a cuestionar el operar y la legitimidad de estas, salvo el del Consejo Ético de Nuffield, quienes también piden evaluar, pasada la emergencia, la efectividad científica de las medidas de aislamiento.

En la línea de estas observaciones autocríticas la Universidad Johns Hopkins propone una guía bioética para la selección de las políticas de reapertura pospandemia, considerando cinco ámbitos: bienestar, privacidad, justicia, legitimidad y de revisión para la mitigación y diseño de remedios de las políticas previamente seleccionadas durante el proceso.[24]

El consejo de Sudáfrica propone un método de ponderación cuantitativo de los pacientes con referencia a sus condiciones crónicas que puede ser instrumentado como estructura de aplicación de los valores previamente comentados. Fuera del discurso oficial, filósofos de la Universidad de Oxford proponen incluso un algoritmo de corte utilitarista que refleja un índice de utilidad de la intervención médica según dos variables: la probabilidad de muerte y los recursos necesarios para su tratamiento.[25]

El consejo alemán, opuesto a esa racionalización algorítmica, propone hacer a un lado, en un futuro próximo, al triage. Esto supone la construcción de sistemas capaces de responder a las necesidades emergentes de manera local. Supone también una articulación entre sociedad civil capacitada y un estado observante de los derechos, y este es un reto revitalizante pues la pandemia y el virus no son solo asuntos de la biología, sino de la epistemología política que practicamos.

Las guías bioéticas tienen límites críticos como los tienen los tomadores de decisiones, médicos y abogados, debido a la epistemología política arraigada. En este aspecto las comunidades filosóficas están contribuyendo desde el foro de voces ciudadanas democráticas. “La política, según Kant, debe abstenerse de la coacción, y ofrecer más bien estímulos —por ejemplo, de tipo monetario, material, informacional, logístico o incluso en lo tocante a la reputación o a cuestiones inmateriales— con el propósito de fomentar sus proyectos”.[26]

Es posible pensar que previo a estados de emergencia futuros, se efectúe una política del fomento y empoderamiento del tejido social como medio racional de anticipación, con lo cual las acciones coercitivas no serían la única vía de acción. “No son camas y ventilación mecánica, son nuevas relaciones sociales condensadas en la institucionalidad del estado a través de nuevos sistemas de salud y protecciones sociales que sean capaces de cuidar, proteger y sanar para ciudadanizar. No sólo de controlar, vigilar y castigar”.[27]

 

[*] Profesor de Bioética en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Es licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales por la misma universidad y maestro en Investigación Educativa de las políticas y contextos organizacionales de la educación por la Universidad de
Guadalajara. Correo: juanjopadilla@iteso.mx

 

[1]       Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina, “Decisiones ante covid–19 se basan en criterios científicos, afirma presidente; aislamiento masivo, innecesario en fase actual”, 13 de marzo de 2020. Recuperado el 27 de junio de 2020, de https://lopezobrador.org.mx/2020/03/13/decisiones-ante-covid-19-se-basan-en-criterios-cientificos-afirma-presidente-aislamiento-masivo-innecesario-en-fase-actual/

[2]       OMS. “Guidance for managing ethical issues in infectious disease outbreaks”, en who Press, Ginebra, 2016.

[3]       Consejo Bioético de Nuffield. “Ethical considerations in responding to the covid–19 pandemic”, 17 de marzo de 2020. Recuperado el 27 de junio de 2020, de https://www.nuffieldbioethics.org/assets/pdfs/Ethical-considerations-in-responding-to-the-covid-19-pandemic.pdf

[4]       OMS. Op. cit., p. 25

[5]       En este apartado se pretende reconstruir una narrativa unitaria de la bioética internacional. Se han revisado la mayoría de las guías bioéticas encontradas en el portal de contenido sobre Ética de salud global: recursos sobre ética y Covid–19, en el sitio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), recuperado de https://www.who.int/ethics/topics/outbreaks-emergencies/covid-19/en/index2.html; al día 29 de junio de 2020 se cuentan 28 países que, en conjunto, han propuesto 51 guías bioéticas durante los primeros seis meses de 2020. A estas se suman las guías de diferentes consejos internacionales, como el europeo, el africano y el panamericano y de consejos interacadémicos. De este acervo se han consultado 40 archivos. Se han excluido solo los documentos de Grecia, Corea del Sur, Finlandia y Noruega por motivos de lengua y aquellos más alejados a la reflexión bioética de la libertad. Es de resaltar que no se encuentra en ese portal guía alguna de China, Singapur o Taiwán. Asimismo, son de relevancia filosófica para la libertad, sobre todo, las propuestas de Inglaterra, Escocia, Sudáfrica e Irlanda.

[6]       Consejo de Europa. “Convention for the protection of human rights and dignity of the human being with regard to the application of biology and medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine”, en Council of Europe, Oviedo, 4 de abril de 1997. Recuperado el 27 de junio de 2020, de https://rm.coe.int/168007cf98

[7]       Gobierno de México. “Bioethics in the face of Covid–19 pandemic”; Gobierno de México, 12 de marzo de 2020. Recuperado el 27 de junio de 2020, de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/544217/bioethics_in_the_face_of_the_covid-19_pandemic.pdf

[8]       Deutscher Ethikrat. “Press release 04/2020: solidarity and responsibility during the coronavirus crisis”, abril de 2020. Recuperado el 29 de junio de 2020, de https://www.ethikrat.org/en/press-releases/2020/solidarity-and-responsibility-during-the-coronavirus-crisis/

[9]       Bioethikkommission. “Zum Umgang mit knappen Ressourcen in der Gesundheitsversorgung im Kontext der Covid–19–Pandemie Stellungnahme der Bioethikkommission”, Viena, marzo de 2020, p.13. Recuperado el 27 de junio de 2020, de https://www.who.int/ethics/topics/outbreaks-emergencies/200402_Covid_Bioethik.pdf?ua=1

[10]     Enfatizado en las guías de Filipinas y San Marino.

[11]     CCNE. “Covid–19 contribution from the French National Consultative Ethics Committee Ethical issues in the face of a pandemic Response to the request from the Minister for Health and Solidarity”, 13 de marzo de 2020. Recuperado el 27 de junio de 2020, de https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/ccne_contribution_march_13_2020.pdf

[12]     Deutscher Ethikrat. Op. cit

[13]     CCNE. “Réflexions et points d’alerte sur les enjeux d’éthique du numérique en situation de crise sanitaire aiguë Bulletin de veille n°1 Autosaisine”, 24 de marzo 2020. Recuperado el 27 de junio de 2020, de https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/bulletin-1-ethique-du-numerique-covid19-2020-04-07.pdf

[14]     AFP. “Merkel faces growing criticism over German coronavirus strategy”, en The Local, 27 de abril de 2020. Recuperado el 27 de junio de 2020, de https://www.thelocal.de/20200427/merkel-faces-growing-criticism-over-german-coronavirus-strategy

[15]     Versión estenográfica de las participaciones en la sesión del 23 de abril de 2020 en el parlamento alemán. “Merkel sieht Coronakrise noch nicht überwunden”. Recuperado el 27 de junio de 2020, de https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7441882#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/dmlkZW9pZD03NDQxODgy&mod=mediathek

[16]     Ibidem.

[17]     Deutscher Ethikrat. “Solidarity and responsibility during the coronavirus crisis Ad hoc recommendation”, 27 de marzo de 2020. Recuperado el 27 de junio de 2020, de https://www.ethikrat.org/fileadmin/Publikationen/Ad-hoc-Empfehlungen/englisch/recommendation-coronavirus-crisis.pdf

[18]     Waterson, J. “Public trust in UK government over coronavirus falls sharply”, en The Guardian, 1 de junio de 2020. Recuperado el 28 de junio de 2020, de https://www.theguardian.com/world/2020/jun/01/public-trust-in-uk-government-over-coronavirus-falls-sharply

[19]     Consejo Bioético de Nuffield. “Statement: covid-19 and the basics of democratic governance”, 25 de abril de 2020. Recuperado de https://www.nuffieldbioethics.org/news/statement-covid-19-and-the-basics-of-democratic-governance

[20]     Partida, J.C. “Anuncian en Jalisco aislamiento obligatorio y ‘tolerancia cero’”, en La Jornada, 20 abril 2020. Recuperado el 28 de junio de 2020, de https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/04/20/anuncian-en-jalisco-aislamiento-obligatorio-y-tolerancia-cero-9848.html

[21]     Herrera, L. “Muerte de Giovanni López golpea política ‘Tolerancia Cero’ de Enrique Alfaro en Jalisco”, en Reporte Índigo, 4 de junio de 2020. Recuperado el 28 de junio de 2020, de https://www.reporteindigo.com/reporte/muerte-de-giovanni-lopez-golpea-politica-tolerancia-cero-de-enrique-alfaro-en-jalisco/

[22]     Mora, Y. “Jalisco, opaco en información sobre covid–19”, en El Informador, 24 de junio de 2020. Recuperado el 28 de junio de 2020, de https://www.informador.mx/jalisco/Jalisco-opaco-en-informacion-sobre-covid-19-20200624-0060.html

[23]     Se reflexionará con base en Dierksmeier, C. Libertad cualitativa. Autodeterminación con responsabilidad mundial, Herder, Barcelona, 2019.

[24]     Bernstein, J. et al. An ethics framework for the Covid19 reopening process, Universidad Johns Hop-kins, Baltimore, 26 de mayo de 2020. Recuperado el 29 de junio de 2020, de https://bioethics.jhu.edu/wp-content/uploads/2019/10/final-snf-Agora-Covid-19.pdf

[25]     Savulescu, J. et al. “An ethical algorithm for rationing life–sustaining treatment during the covid–19 pandemic”, en British Journal of Anaesthesia, mayo de 2020.

[26]     Dierksmeier, C. Op.cit., p. 68.

[27]     Basile, G. La triada de cuarentenas, neohigienismo y securitización en el SARS–CoV–2: matriz genética de la doctrina del panamericanismo sanitario, Ediciones GT Salud Internacional y Soberanía Sanitaria clacso, Buenos Aires, 2020, p.14. Recuperado el 27 de junio de 2020, de http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20200529070501/Neohigienismo-y-cuarentenas-verticales.pdf

La nueva peste: condicionantes sociales de la morbilidad y la mortalidad

Luis Ignacio Román Morales[*]

 

Resumen: En este artículo se presenta un análisis de las implicaciones y los efectos de la pandemia en la economía. Desde la premisa de que nuestro sistema económico es “patogénico”, puesto que las injusticias que genera nos hace más frágiles para enfrentar eventos como este, se comparan las afectaciones del covid–19 en diversos países para después revisar la efectividad de los apoyos financieros a las unidades económicas en México. Se concluye la necesidad de establecer esquemas fiscales, financieros, productivos, legales, sociales y ambientales en los que se nos considere ciudadanos, productores y consumidores, y no solo votantes, compradores y vendedores.

Palabras clave: incidencia, mortalidad y letalidad del covid–19, efectos de la pandemia en la economía, estrategias socioeconómicas frente a la pandemia

 

Abstract: This article offers an analysis of the implications and effects of the pandemic on the economy. Taking as a starting point the premise that our economic system is “pathogenic” because the injustices it generates make us more fragile when it comes to dealing with crises like this one, first a comparison is made of covid–19’s effects on different countries, followed by a review of the effectiveness of the financial supports offered to economic units in Mexico. The analysis leads to the conclusion that what is needed is the establishment of fiscal, financial, productive, legal, social and environmental frameworks that see us as citizens, producers and consumers, and not just voters, buyers and sellers.

Key words: incidence, mortality and lethality of covid–19; the pandemic’s effects on the economy; socio–economic strategies to deal with the pandemic

 

A mediados del siglo XIV una gigantesca epidemia, la más mortífera de la historia, arrasó Europa, matando entre 26 y 200 millones de personas, dependiendo del estudio de referencia. El “quédate en casa” fue la forma básica de supervivencia en un mundo occidental dominado por el dogma y el terror de la Santa Inquisición y por aquellos capaces de interpretar los textos sagrados. La “peste negra” era atribuida a un castigo, uno debido a los pecados humanos. La solución a la epidemia era obvia… había que acabar con los pecadores. El problema es que la peste no cesaba, por lo que había que ser más severos con los pecadores, los herejes y las brujas.

El hubiera no existe, pero sirve como reflexión retrospectiva. En un contexto más abierto a la crítica, con un poder menos centralizado, con mayor respeto por los pensamientos alternativos, difícilmente la peste negra hubiese provocado tanto daño como el que causó. El peligro de que llegara la epidemia no hubiese sido muy distinto, pero el riesgo
de enfermar o morir no depende solo de la existencia de los patógenos, sino de la vulnerabilidad de las poblaciones ante su llegada.

En la tercera década del siglo XXI, y guardando las proporciones, también hemos llegado a un contexto de predominancia de dogmas, centralización del poder y alta vulnerabilidad, ya no solo de la población de un continente, sino de todo el planeta. Cabe hacer una analogía económica con la Edad Media. En la lógica que se ha impuesto, sobre todo desde la década de los ochenta del siglo XX, la racionalidad económica individual es el motor que mueve al mundo. Más eficiencia genera mayor productividad, que a su vez genera más producto, más empleo, mejores salarios, menos pobreza y bienestar general. Para que ese aumento de la productividad se logre se requiere que los agentes privados sean más libres, que el Estado no entorpezca las iniciativas empresariales y que en cambio les otorgue confianza, facilidades, subsidios, y que se les cobre los menores impuestos posibles. Sin embargo, las pandemias de la pobreza, de la concentración de la riqueza, de la oligopolización y monopolización económicas, así como del deterioro del medio ambiente, siguen creciendo de manera exponencial… la curva no se aplana. Si la mayor parte de la humanidad se encuentra en situaciones de vulnerabilidad física, mental, laboral, de vivienda, educativa y sanitaria, no es de extrañar que el nuevo virus llegue con un caudal de destrucción y muerte en especial intenso en las sociedades en las que se ha generado mayor marginación, exclusión y vulnerabilidad. En México, frente a las crisis de 1982, 1987, 1994, 2001 y 2008, el diagnóstico fue recurrente: la liberalización es correcta, pero no se ha hecho lo suficiente, el mismo argumento del Santo Oficio en el siglo XIV. Del “cambio estructural” de los ochenta pasamos a los “ajustes estructurales” del cambio de siglo y, de ahí, a las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, presidente de la República en el periodo de 2012 a 2018. Con frecuencia lo “estructural” refería un fortalecimiento del poder del mercado, en detrimento del estado y del cumplimiento de derechos sociales. Al llegar coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo severo, SRAS–CoV–2, el escudo de protección económica y social de los hogares estaba resquebrajado y la población quedó casi indefensa, económica y socialmente, ante el avance del gran enemigo de cinco micras. ¿Cuántas víctimas cobrará esta nueva peste? La Universidad Johns Hopkins lleva registro de más de 800 mil fallecidos y más de 23.5 millones de contagiados al 24 de agosto de 2020 —ya nos ubicamos en una de las 10 epidemias más letales de las que se tenga registro en la historia de la humanidad.[1] Por otro lado,
las expectativas económicas no son mejores, al igual que en la Edad Media el deterioro es recurrente y cada gran crisis se vuelve más profunda.

Este artículo pretende efectuar un boceto de la crisis de la pandemia del coronavirus para México con respecto al plano internacional en dos esferas: la evolución en la incidencia de la epidemia (casos confirmados) y el comportamiento de la letalidad / mortalidad.

La referencia internacional responde a la dificultad de comparar en términos temporales la evolución de México con respecto a sí mismo en un periodo previo, a menos que comparásemos la situación actual con la que se presentó durante la gripe española de 1917 a 1919, o la epidemia de viruela durante la conquista española, lo que sería un despropósito dada la diferencia de contextos. La comparación internacional también es muy limitada, en vista de las enormes diferencias de entornos económicos y sociales, las características sociodemográficas de las poblaciones, las formas de medición y la temporalidad de la pandemia, al aterrizarse nacionalmente. Por ello es importante subrayar justamente las diferencias tanto estructurales como de estrategia, seguidas por México y los casos con los que se le compare.

Partimos del supuesto de que la incidencia de contagios y la letalidad, aunque están relacionadas (no puede morir con covid–19 alguien que no haya sido contagiado por el virus), cuentan con un conjunto de determinantes diferenciados.

Consideramos que la incidencia de covid–19 está afectada por la efectividad de la estrategia epidemiológica, la que a su vez está determinada ante el advenimiento del SRAS–CoV–2. En este caso, resulta fundamental el balance entre la necesidad económica de mantener la actividad productiva y los ingresos de la población frente a la necesidad social de detener tal actividad ante el riego de contagio, de enfermedad y muerte. Esto no indica que no haya también factores estructurales y de marco institucional que también cumplen un efecto significativo, como lo son los principales factores de comorbilidad (obesidad, diabetes, hipertensión y tabaquismo) y un marco económico–institucional que impide a gran parte de la población guardar el confinamiento, como lo es la baja estabilidad laboral y la inexistencia nacional de seguro de desempleo, lo que obliga a gran parte de la población a buscar el sustento diario, sea como sea.

En cambio, la letalidad (proporción de fallecimientos con respecto a la población contagiada) no puede depender de la estrategia implantada en la coyuntura. Es posible establecer una nueva política alimentaria y de regulación frente a los alimentos y bebidas chatarra, pero ello ya no salvará a la población que ya está afectada por el covid–19 y tiene obesidad, diabetes o hipertensión. Podría diseñarse una nueva política de movilidad, pero ello ya no salvará a quienes aún ahora siguen estando obligados a desplazarse en el trasporte público sin que pueda operar la “sana distancia”. Podría diseñarse una nueva política de vivienda y de desarrollo urbano, pero ello no evitará la necesidad de grandes y peligrosos desplazamientos para la población suburbana. Además, los intereses corporativos de las grandes firmas de alimentos, bebidas, tabaco, industria automotriz, vivienda, comercios y demás con dificultad aceptarían una política que atentara contra sus intereses financieros. Nuestra economía es patogénica, nos enferma, y nos hace más frágiles ante la llegada de eventos como el SRAS–CoV–2. Además, el impacto sobre la letalidad depende por igual de la infraestructura sanitaria y la disponibilidad de profesionales de la salud. Si se ha restringido cada vez más la formación de médicos y enfermeras (medicina es tal vez la carrera de más difícil acceso en las universidades públicas); si se ha retrasado y abandonado la construcción de hospitales, clínicas, laboratorios y centros de salud en general; si los presupuestos públicos en salud refieren una erogación proporcional al gasto público que apenas representa una fracción de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS);[2] si el crecimiento del producto interno bruto (PIB) en salud es poco significativo frente al del sector financiero o de telecomunicaciones… no es de sorprender la alta letalidad mexicana ante el coronavirus.[3] En suma, estamos expuestos a una deterioro súbito o progresivo de nuestra salud y, al mismo tiempo, el sistema de salud es cada vez más precario.

Por último, la mortalidad (proporción de fallecimientos con respecto a la población total) refiere un balance entre la incidencia de contagio y la letalidad. Al cambiar el denominador de la ratio de población contagiada a la población total, una eficiente estrategia epidemiológica puede amortizar la fragilidad de la población y las carencias del sistema médico hospitalario.

A las tasas de letalidad y mortalidad conviene añadir el debate sobre los tratamientos, por su costo, eficiencia, pertinencia y daños colaterales”.[4] La competencia entre farmacéuticas, laboratorios y naciones, así como la competencia entre las grandes potencias económicas por encontrar la vacuna frente a la enfermedad, no pueden estar exentas del gran interés económico que representa encontrar el potencial tratamiento frente al covid–19.

Ubicaremos a México en el plano internacional en cuanto a la evolución mensual, de marzo a julio, de la incidencia del coronavirus (casos confirmados), la mortalidad (con respecto al total de la población) y la letalidad (con respecto a los casos confirmados). Luego abordaremos la estrategia y los impactos económicos constatados y previsibles. La información sobre los casos de contagios y muertes son tomados de la base de datos creada por la Universidad Johns Hopkins, y la población total por país de Wikipedia que, aunque no refiera un dato censal preciso, establece una aproximación estandarizada para 244 países soberanos y territorios dependientes.[5]

 

  1. La incidencia del coronavirus (casos confirmados)

Sabemos que el nuevo coronavirus mata en mucho mayor proporción a personas con hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo y enfermedades autoinmunes. También sabemos que el riesgo de contraer la enfermedad y morir aumenta con respecto a la edad. Por otro lado, existen correlaciones entre la propagación de la enfermedad y tipo de sangre (mayor en la población con sangre tipo “a”),[6] así como, aunque parezca difícil de creer, con el grado de escolaridad (mayor letalidad entre la población con escolaridades menores).[7] Sin embargo, existen países con una muy alta incidencia del coronavirus, pero con una muy baja letalidad: a escala mundial, la tasa de incidencia de casos confirmados era al 17 de julio de 2.36 personas por cada mil habitantes, en tanto que la de letalidad era de 4.9% de los contagiados. Por ejemplo, Catar registra 41.4 contagiados por cada mil personas, pero solo había fallecido 0.16% de estos contagiados; otros casos similares en sus registros son Bielorrusia (7.2 casos y 0.84%, respectivamente), Omán (16.4 y 0.53%), Kuwait (16.4 y 0.68%), Singapur (9.21 y 0.05%), Bahréin (26.7 y 0.36%) y el propio Vaticano (14.98 y cero fallecidos). Todos estos casos muestran una muy elevada tasa de incidencia combinada con una muy baja tasa de letalidad, lo que puede estar asociado a una detección masiva temprana.

Con excepción de Bielorrusia, en los demás casos se trata de países con
niveles de PIB per cápita muy superiores al de México y, por ende,
con mejores capacidades financieras nacionales para la realización de pruebas, lo que puede explicar un registro mucho más elevado de casos que en los promedios internacionales.[8] Las pruebas más precisas, como la de reacción a la polimerasa (PCR), cuestan alrededor de 50 euros cada una en Europa (en México van de 1,300 a 4,500 pesos).[9] Alemania llegó a realizar alrededor de 300 mil pruebas por semana, lo que implicaría 65 millones de euros al mes,[10] equivalentes a alrededor de 1,500 millones de pesos mensuales en México (17,000 millones anuales), lo que a su vez representaría 13.2% del presupuesto total de la Secretaría de Salud para 2020, solo para hacer las pruebas. Además, para procesarlas se requieren aparatos cuyo costo va de 50 mil a 250 mil euros por unidad (con capacidades de procesamiento diferenciadas según el precio). Es decir, aun reorientando una parte significativa del presupuesto hacia salud, el orientarlo hacia las pruebas mermaría el presupuesto para atender la enfermedad misma.

Claudia Cohen señala que un tipo de prueba intermedia, la serológica, tiene un costo unitario de 10 a 25 euros (260 a 650 pesos), sin embargo, su costo sigue siendo elevado y su precisión está menos demostrada (solo 60%).[11] De igual modo, el Financial Express indica que la búsqueda de tipos de prueba nos arroja algunas de hasta 650 rupias (200 pesos mexicanos).[12] El problema es que, con un alto margen de error, los falsos positivos y falsos negativos podrían generar una propagación de la pandemia mayor a la que se daría si no se hicieran pruebas, como fue el uso masificado de pruebas de bajo costo en el Perú.

Al restringirnos solo a los datos de incidencia, relativizados por el tamaño de población, así como a la tasa de crecimiento diario del número de casos, se resalta lo siguiente:

  • El número de casos por cada 100 mil habitantes indica que las naciones más afectadas no son (salvo al inicio de la pandemia) las que han estado en el epicentro (China, Italia o Estados Unidos y Brasil, sucesivamente) sino pequeños estados nacionales con poco margen de maniobra local (Vaticano, San Marino y Catar) y una alta capacidad de detección de todos o la mayor parte de los casos.
  • La incidencia crece de unos cuantos casos por 100 mil habitantes en marzo a cientos en abril, algunos alcanzan los miles en mayo, lo que se va extendiendo a todos los países con mayor número de casos, hasta abarcar la totalidad de los 10 primeros a mediados de julio.
  • Hay una gran variabilidad de los países que se encuentran en la lista de los que sufren la mayor incidencia: solo Bahréin, Catar, el Vaticano, San Marino y Andorra se encuentran en la mayor parte de los meses.
  • Los países con mayor tasa de crecimiento en la progresión de contagios no se encuentran entre los países con mayor incidencia, en virtud de que tales tasas de crecimiento refieren los momentos incipientes en el brote de la enfermedad. Solo Sudán del Sur, Mauritania, Nepal, Santo Tomé, Lesoto, Namibia y Botswana se ubican durante dos meses entre los de mayor tasa de crecimiento. Ninguno se ubica durante tres meses o más. Ello indica que las mayores intensidades se pueden sostener durante periodos breves.
  • Mientras que los países con mayor número de casos son naciones con una situación económica fuerte para generar un registro significativo y confiable de su número de casos, las mayores tasas de crecimiento se encuentran en países con bajos niveles de ingreso, lo que puede ser indicativo de un problema aún mayor al registrado, ya que implicaría impactos sociales y vitales más dramáticos en estos países, así como el riesgo de nuevos rebrotes mayores a escala global.
  • México se ubica en un papel cada vez más elevado en la tasa de incidencia y en uno cada vez menor en su tasa de crecimiento. Al 10 de marzo de 2020 no alcanzaba los 10 casos totales; al 1 de abril solo tenía un caso por cada 100 mil habitantes, ubicándose en el lugar 113 mundial; al 1 de mayo llegó a una tasa de 16 contagiados por 100 mil habitantes, lo que lo colocó en el sitio 85 del planeta; al 1 de junio ya tenía una incidencia de 74 casos por 100 mil habitantes, llegando al lugar 59 del mundo; a inicios de julio ya habían sido 187 contagiados de cada 100 mil y a comienzos de agosto 347, colocándose en los lugares 55 y 53 del conjunto de naciones, respectivamente. De manera inversa, en marzo, México fue el lugar 17 en su tasa de crecimiento, bajando a los sitios 21, 48 y 58 en abril, mayo y junio, respectivamente. Es así como, al empezar agosto, México registra una tendencia a duplicar su número de casos cada mes.[13]

Los datos de México, en el entorno global, muestran una evolución de la epidemia (expresión nacional de la pandemia) similar a la media mundial. Al 4 de agosto el promedio mundial era de 236 casos por cada 100,000 habitantes contra 347 de México (valores cercanos a la media, dada la enorme desviación estándar entre los datos nacionales). Dada la colindancia de tres mil kilómetros con el epicentro mundial (Estados Unidos), los inmensos cruces diarios de personas y mercancías entre ambos países (Tijuana es la frontera más transitada del mundo), la enorme proporción de la economía informal, la concentración de la población en grandes metrópolis y la carencia nacional de seguro de desempleo, que impide que la mayor parte de la población pueda mantenerse en confinamiento, entre otros factores, permiten valorar una evolución epidemiológica favorable de México, dadas sus condiciones.

 

  1. La mortalidad y la letalidad

Si bien a México no le ha ido tan mal en términos de incidencia del coronavirus, los datos de mortalidad son menos favorables, en tanto que los de letalidad se encuentran entre los más graves del planeta. Si la incidencia de la enfermedad depende de la estrategia epidemiológica, en tanto que la de muertes depende de las condiciones estructurales del país, cabría señalar una estrategia exitosa en medio de condiciones desfavorables.

En este apartado presentaremos la evolución desde comienzos de abril, ya que, si bien la incidencia global se generalizó en las semanas previas, la mortalidad representa una parte menor del número de contagiados y por ende la consolidación de un alcance mayor a escala global se presenta semanas después.

El paso del virus alrededor del mundo se asemeja al de un huracán: la muerte que va dejando a su paso va impactando a distintas naciones, es decir, su impacto geográfico no es simultáneo sino secuencial. Luego de su desencadenamiento en China, las referencias básicas de crecimiento fueron Italia e Irán, pero ningún país se ha repetido más de un mes en el listado de los 10 con mayor tasa de crecimiento de la enfermedad, con excepción de Mauritania, que continuó con uno de los mayores ritmos de aumento en mayo y junio. De hecho, México encabezó el listado mundial del porcentaje de incremento diario de fallecimientos durante abril.

Si bien este “virus–huracán” afecta a todo el mundo, también se parece a un terremoto en cuanto a las grandes diferencias de sus impactos en función de las condiciones de los países, las cuales no están delimitadas solo por su nivel de desarrollo económico o PIB per cápita, sino por la cobertura de derechos sociales de su población.

Las figuras 8.1 y 8.2 representan, respectivamente, la relación entre las tasas de contagio y tasas de mortalidad y de letalidad. Para construirla, integramos los datos de incidencia de contagios, mortalidad y letalidad de los 10 países con mayores valores relativos en cada uno de estos aspectos (con respecto a su tamaño poblacional). A ello añadimos a China (donde se desató la pandemia) y a los países con mayor número de casos que no entraban en las listas previas (Brasil, India, Rusia y Sudáfrica). En conjunto, obtuvimos un listado de 28 países (dada la repetición de algunos en dos variables).

De esta manera, lo que la figura 8.1 muestra es:

  • Las naciones con mayor número absoluto de casos no representan altos niveles de incidencia en contagios o mortalidad, al relativizar tales números por el tamaño de su población, sobre todo China y la India, pero inclusive Rusia y Sudáfrica (aunque en este último caso la velocidad de su propagación en julio–agosto puede generar un drama grave). Esta situación es distinta a la de Estados Unidos, que además de ser el epicentro mundial de la pandemia en términos absolutos, también se encuentra entre los 10 países tanto con mayor incidencia de covid–19 como en la tasa de mortalidad con respecto a su población.
  • Naciones tan distantes unas de las otras, como la República Árabe Saharaui, Yemen y Hungría, pese a sus altos índices de letalidad, cuentan con reducidos valores tanto en incidencia como en mortalidad. Es decir, es reducida la probabilidad de contagio en estos países, pero para quien llega a contagiarse su riesgo de muerte es enorme. En mucho menor proporción, pero es este el tipo de comportamiento al que se acerca México.
  • En el otro extremo, diversos países del Medio Oriente (Catar, Bahréin, Kuwait y Omán) y el Vaticano se encuentran con las mayores tasas de incidencia, pero una mortalidad ínfima. Es factible pensar que siendo pequeños estados con muy elevado pib per cápita, hayan contado con los recursos suficientes para efectuar una amplia y temprana detección de los contagios, lo que habría permitido tratamientos y confinamientos oportunos y, por ende, una baja mortalidad.
  • Dentro de la gravedad de contagios y fallecimientos de los países incluidos en este listado, Armenia, Panamá y México se encuentran con niveles bajos en ambos rubros, pero es notoria la mayor incidencia con menor mortalidad en Armenia y Panamá, frente a la menor incidencia pero mayor mortalidad en México.
  • Chile y Francia se encuentran en niveles medios y muestran tasas de mortalidad similares, pero a partir de niveles de contagio mucho mayores en Chile.
  • En general, los europeos enlistados muestran muy altas tasas de mortalidad, aunque los contagios no sean tan elevados como en otras regiones. Tal mortalidad no es directamente relacionada con su nivel económico: con incidencias de contagio similares, los datos de mortalidad son ascendentes entre Francia, Suecia, Italia, España, Reino Unido, Andorra, Holanda y Bélgica. Esto puede estar asociado a las estrategias de contención de la pandemia. Destaca el caso sueco, que actuó de forma distinta al resto de los escandinavos, que no se encuentran en las listas de los más altos contagios ni fallecimientos. Por igual destaca que se trata de economías internacionalizadas tanto en los mercados de bienes y servicios (Francia, Italia, España), como en los financieros y de logística (Reino Unido y Holanda), en el comercio local internacional (Andorra, pequeño estado limítrofe entre España y Francia) y la principal sede de la Unión Europea (Bélgica).
  • En el plano latinoamericano resaltan los casos de Brasil, por el número absoluto de contagios; de Perú, por su tasa de mortalidad y de Chile, por la amplitud de su propagación. Con una intensidad menor en Panamá también se advierten niveles altos a escala mundial de contagios y mortalidad, así como en México en este segundo aspecto.
  • Resalta que la mayor parte de los estados enlistados sean pequeños territorios y núcleos poblacionales, como la República Árabe Saharaui (ocupada por Marruecos), los estados incluidos del Medio Oriente en el entorno de la península arábiga, el Vaticano, Andorra, Panamá o incluso Bélgica. El caso más extremo es San Marino, enclavado en el territorio italiano, siendo el único en el que se registra una alta incidencia de la enfermedad y una también muy alta mortalidad. Esto sugiere el pobre margen de maniobra de los pequeños estados nacionales ante las vicisitudes de este evento mayor de carácter global.
  • En suma, hasta comienzos de agosto se registra una alta incidencia en estados pequeños, aun y cuando cuentan con niveles elevados de actividad económica. Sin embargo, la mayor mortalidad se asocia con niveles mayores de internacionalización económica. Cabe recordar que las mayores tasas de crecimiento se encuentran en las naciones más pobres, lo que está modificando la estructura de la población afectada, en detrimento de las poblaciones con menos posibilidades de infraestructura y de reservas económicas para enfrentar tanto la pandemia como la crisis económica asociada.

Por su parte, la figura 8.2 ubica a México en una situación más complicada:

  • Con excepción de los casos extremos de Yemen (la mayor letalidad pero con una reducida incidencia de contagios) y de Catar (en la situación inversa), se observa que las naciones con mayor incidencia tampoco se corresponden con la de mayor letalidad. El dramático caso de Yemen, con enorme escasez de agua y a donde no llegaron los mantos petrolíferos del Medio Oriente, refiere 28% de probabilidad de morir para una persona enferma con covid–19, en tanto que en Catar la probabilidad correspondiente es de 0.4%.
  • La mitad de los países enlistados cuentan con bajas tasas de letalidad, aunque cuenten con alta incidencia de covid–19, lo que en el caso de países muy poblados llega a traducirse en una rara combinación de baja tasa de letalidad y una enorme cantidad de fallecimientos. Son casos tan diversos en sus condiciones económicas y sus contextos geográficos y culturales como Armenia, Omán, Panamá, Kuwait, Vaticano, Chile, Bahréin y Catar. Es un amplio contingente de países pequeños (con excepción de Chile) pero con recursos económicos significativos para la atención de la pandemia que complementan a las naciones con mayor número de casos de coronavirus: Estados Unidos, Rusia, China, India y Brasil.
  • Aunque con grados de letalidad más elevados, coexisten países con muy baja incidencia de la pandemia (República Árabe Saharaui) y otros con una gran incidencia (Suecia, Andorra y San Marino). En estos últimos casos es factible una capacidad sanitaria elevada en el contexto europeo.
  • La letalidad se dispara en varias de las economías europeas de mayor tamaño e interacciones económicas muy significativas y México, que comparte con los europeos (Reino Unido, Bélgica, Italia, Francia, Holanda y España) niveles extremos de letalidad. México está tendiendo a privilegiar la supervivencia económica inmediata aun ante el riesgo de contagio, dada la carencia estructural de mecanismos efectivos de cumplimiento de los derechos sociales básicos.
  • La letalidad de México registra valores elevados, aun comparándolo con las demás naciones latinoamericanas que aquí se encuentran enlistadas (Perú, Brasil, Panamá y Chile). Ello lleva a dos conjeturas alternativas: una, que en el caso de México se presente una información de fallecimientos más completa que la registrada en otros casos latinoamericanos. Sin embargo, esto implicaría una puesta en cuestión de los datos, lo que puede ser válido para cualquier nación. Otra explicación puede estar dada por los factores socioeconómicos de México que le llevan a una mayor vulnerabilidad de la población ante un evento externo, como lo es la crisis del coronavirus.

 

[*] Es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y doctor en Estructuras Productivas por la Universidad París VII y en Trabajo y Política Social por la Universidad París X. Profesor del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Correo electrónico: iroman@iteso.mx. El autor agradece ampliamente el apoyo de Vanessa Betzabeth Haro Medina, estudiante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales del ITESO, para la realización de este artículo.

 

[1]       abc Sociedad. “El coronavirus, comparado con las pandemias de la historia”, en abc Sociedad, 14 de abril de 2020. Recuperado de https://www.abc.es/sociedad/abci-coronavirus-no-lejos-peor-epidemias-mas-letales-historia-202003201350_noticia.html

[2]       OMS. “Estadísticas Sanitarias Mundiales”, 2014. Recuperado en 2020, de https://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2014/fr/

[3]       Conforme al Sistema de Cuentas Nacionales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), base 2013, la tasa promedio de crecimiento anual del PIB total en México ha sido de 2.4% entre 1993 y el 2018, pero lo ha sido de 5.6% en fabricación de equipo de trasporte (sobre todo industria automotriz), 8.1% en información en medios masivos (básicamente la Internet), 8.6% en servicios financieros y solo 1.9% en el sector salud (Inegi. “Banco de Información Económica”, Inegi, México, 2018. Recuperado de https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?tm=0)

[4]       Las consultas de precios se hicieron a partir de la oferta de tales medicamentos en cadenas farmacéuticas y portales diversos de la Internet para el aprovisionamiento del medicamento.

[5]       “Anexo: Países y territorios dependientes por población”. En Wikipedia, 5 de agosto de 2020. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_y_territorios_dependientes_por_poblaci%C3%B3n

[6]       Información basada en las conferencias vespertinas ofrecidas a los medios de comunicación por parte de la Subsecretaría de Salud

[7]       Méndez, E. “71% de los mexicanos muertos por covid–19, con escolaridad de primaria o inferior”, en Excelsior, 9 de julio de 2020. Recuperado de https://www.excelsior.com.mx/nacional/71-de-los-mexicanos-muertos-por-covid-19-con-escolaridad-de-primaria-o-inferior/1393033

[8]       Datos del Banco Mundial. “GDP per capita (current us$) – Belarus, Mexico, Qatar, Kuwait, Omán, Singapore, Bahrein”, Banco Mundial, 2020. Recuperado de https://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.pcap.cd?end=2019&locations=by-mx-qa-kw-om-sg-bh&start=2000

[9]       Blaize, A. y J. Giorgetta. “Test coronavirus: PCR, sérologique, prix, en pharmacie, résultats”, en Le Journal Des Femmes Santé, 19 de agosto de 2020. Recuperado de https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-maladies/2623965-coronavirus-test-france-virologique-pcr-nasal-serologique-gratuit-prix-salivaire-rapide-resultats-ordonnance-pharmacie/#:~:text=Le%20co%C3%BBt%20du%20test%20de,m%C3%AAme%20sans%20avoir%20d’ordonnance

[10]     Agencia AFP. “Alemania apuesta por el modelo surcoreano para frenar el covid–19”, en Gestión, 30 de marzo de 2020. Recuperado de https://gestion.pe/mundo/coronavirus-alemania-apuesta-por-el-modelo-de-surcoreano-para-frenar-el-covid-19-noticia/

[11]     Cohen, C. “Coronavirus: ¿Cuánto cuestan las pruebas de detección?”, en Le Figaro, 24 de abril de 2020. Recuperado de https://www.lefigaro.fr/societes/coronavirus-combien-coutent-les-tests-de-depistage-20200424

[12]     “World’s cheapest covid testing kit? IIT Delhi launches Corosure, to cost Rs 650 per test”. En Financial Express, 15 de julio de 2020. Recuperado de https://www.financialexpress.com/lifestyle/health/worlds-cheapest-covid-testing-kit-iit-delhi-launches-corosure-to-cost-rs-650-per-test/2025258/

[13]     Universidad Johns Hopkins. “Coronavirus Resource Center”, 2020. Recuperado de https://coronavirus.jhu.edu/map.html

Las desapariciones de personas en México: una problemática ineludible de afrontar

María Alejandra Nuño Ruiz Velasco[*]

 

Resumen: En este texto se da cuenta del fenómeno de las desapariciones en México, tanto las cometidas durante la llamada “Guerra Sucia” como en la actualidad. Hace un recuento estadístico sobre el fenómeno y detalla diversos retos y problemáticas para afrontar adecuadamente el fenómeno desde distintas aristas: la búsqueda, identificación, entrega de restos, sanción de los responsables y prevención de esta grave problemática que cada vez aqueja a más sectores de la sociedad mexicana.

Palabras clave: desapariciones, fosas clandestinas, derechos humanos

 

Abstract: This text looks at the phenomenon of forced disappearances in Mexico, both during the period of the “dirty war” and today. It conducts a statistical tally and details the challenges and issues involved in dealing with different aspects of the phenomenon: the search for the disappeared, their identification, the delivery of remains, the punishment of the perpetrators, and the prevention of this crime that affects more and more sectors of Mexican society.

Key words: forced disappearances, clandestine graves, human rights

 

Todavía cantamos, todavía pedimos,
todavía soñamos, todavía esperamos…

Víctor Heredia

En 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió dos sentencias históricas contra el Estado mexicano: una, sobre la desaparición forzada del líder Rosendo Radilla Pacheco durante la llamada “Guerra Sucia”,[1] y la segunda, por la falta de prevención y de debida diligencia en las investigaciones relacionadas con desapariciones, tortura y posterior asesinato de tres mujeres en Ciudad Juárez, siendo dos de las víctimas menores de edad.[2]

Las graves violaciones de derechos humanos perpetradas durante ambos periodos se veían lejanas. No obstante, una década después de las dos decisiones internacionales se empezaba a visibilizar un nuevo fenómeno: la desaparición de personas en el contexto de la lucha contra la delincuencia organizada.

Estas nuevas desapariciones eran inéditas en su número, tipología, perpetradores y en la falta de claridad sobre las obligaciones del estado porque, en su mayoría, eran cometidas por particulares. “Levantones”, “secuestros”, “detenciones” son algunos de los nombres que se emplearon al carecer una nominación que identificara claramente esta problemática y que la situara en el terreno de los derechos humanos.

Por lo general los “levantones” venían acompañados de prejuicios, como ya se había visto en los casos de niñas y mujeres desaparecidas. Se tenía la creencia que todas las personas desaparecidas eran delincuentes y, por tanto, tenían merecido lo que les sucediera. En el caso de las mujeres, su estilo de vida, vestuario, lugares frecuentados y horarios de esparcimiento podrían ser factores que justificaran la agresión o cualquier otro delito de género cometido en su contra.

 

  1. LA PROBLEMÁTICA EN CIFRAS

Después de varias décadas de la Guerra Sucia la oleada de desapariciones de personas tuvo un incremento desmesurado y empezó a ser visible durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa. Luego de una fallida estrategia en materia de seguridad que implicó la militarización de la misma a partir de siete operativos conjuntos en diferentes regiones del país,[3] fue inevitable que las desapariciones aumentaran, al igual que otras violaciones de derechos humanos y delitos. Era un secreto a voces identificado por la prensa, las familias y las organizaciones de derechos humanos, salvo por las autoridades.

En marzo de 2011 el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas (GTDFI) visitó México y, en un intento por empezar a identificar la magnitud de la problemática, tomó de base la información otorgada por organizaciones no gubernamentales respecto de la existencia de 3,000 desapariciones, contadas a partir de 2006. Dado que no había certeza sobre cuántas de ellas podrían ser calificadas como forzadas (es decir, en las que hubo un involucramiento directo de las autoridades), el GTDFI insistió en la relevancia de contar con investigaciones que dieran certeza al respecto.[4]

A falta de reconocimiento de la problemática, la primera recomendación emitida por el Grupo de Trabajo se centró en que el estado mexicano “reconozca la dimensión del problema de la desaparición forzada como el primer paso necesario para desarrollar medidas integrales y efectivas para su erradicación”.[5] El GTDFI también recomendó la elaboración de estadísticas desagregadas para entender el fenómeno y adoptar las medidas pertinentes y necesarias para abordarlo adecuadamente.[6]

No obstante, fue hasta 2013 cuando el gobierno mexicano empezó a reconocer a regañadientes la problemática, a través de la entonces subsecretaria de Derechos Humanos, Lía Limón. Luego de haber sostenido una reunión con representantes de Human Rights Watch (HRW) que le entregaron un informe sobre el tema,[7] la funcionaria federal no tuvo más remedio que dar una lista de poco más de 26,000 personas desaparecidas.[8]

Al año siguiente de la visita del GTDFI se publicó la nueva Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED).[9] Para entonces ya se empezaban a vislumbrar los problemas derivados de la incertidumbre en las cifras. Por ejemplo, en 2014, el RNPED presentó un informe en el que reconocía menos desapariciones que las inicialmente mencionadas por la subsecretaria Limón en 2013. De acuerdo con ese registro nacional para diciembre de 2014 el total de personas desaparecidas o no localizadas sería de 25,230, correspondiendo 24,812 al fuero común y 418 al fuero federal.[10]

Hasta abril de 2018 (fecha en que dejó de ser actualizado con base en lo establecido en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares, LGDFDP, y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas), el RNPED reconoció 36,265 personas desaparecidas.

Finalmente, la nueva administración federal había dado cifras distintas (40,180 personas desaparecidas a enero de 2019),[11] pero fue el 6 de enero de 2020 cuando la Secretaría de Gobernación, a través del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, y la comisionada Nacional de Búsqueda, dio nuevos datos, la mayoría de ellos más preocupantes:

  • En el primer año de la administración de Andrés Manuel López Obrador se documentaron 9,164 desapariciones en el país. De ellas continuaron desaparecidas 5,184,[12] lo cual implica que, de acuerdo con la información oficial, las demás personas fueron localizadas. A la luz de esa información el año con mayor número de desapariciones sigue siendo 2017, con dos cifras distintas: según el RNPED, el total era de 5,477 personas que continuaban sin ser localizadas,[13] mientras que los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) incrementaron el número a 7,595.[14]
  • El estado con mayor número de desapariciones reportadas fue Jalisco, con 2,100,[15] lo que significa que solo en esta entidad se registró 40.50% del total de desapariciones en el periodo del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019.
  • Jalisco fue líder en mujeres, niños y niñas desaparecidos, pero también en personas localizadas durante el periodo del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019.[16]
  • Las diferencias etarias en las desapariciones de niñas y mujeres, a diferencia de los hombres, podrían ser indicadores sobre los distintos móviles en las desapariciones. Como ya había desagregado el RNPED los rangos de edad varían dependiendo del sexo de la persona desaparecida. En el caso de los hombres las edades en que se reporta mayor número de desapariciones son las que oscilan entre 25 y 29 años (con un total de 6,615 registros), mientras que en el caso de las mujeres es entre los 15 y 19 años (con un total de 4,433).[17]
  • También se dio cuenta sobre el número de fosas clandestinas registradas. El único registro oficial hasta ese momento había sido un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh), que había documentado 855 fosas clandestinas entre el 1 de enero de 2007 y el 30 de septiembre de 2016.[18] En el caso del informe federal, entre 2006 y 2019 se detectaron 3,631 en México.[19]

 

A partir de la información difundida por el gobierno federal se pueden ver algunas tendencias en relación con los hallazgos de fosas clandestinas. Por ejemplo, en el conteo histórico de las entidades con mayor número de fosas (2006–2019) Jalisco se sitúa en el sexto lugar,[20] pero cuando se limita el registro del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019 encontramos un cambio de posiciones y también vemos nuevas entidades como Colima (véanse las tablas 10.1 y 10.2).

  1. ALGUNOS RETOS

En diversas oportunidades el subsecretario Alejandro Encinas ha informado que la prioridad número uno del gobierno federal tratándose de derechos humanos tiene que ver con las desapariciones de personas.[21] Empero, la magnitud de la problemática tiene una diversidad de retos que deben atenderse e identificarse adecuadamente para superar esta crisis.

Por su diversidad, es difícil enunciar la totalidad de estos retos, pero a continuación se enunciarán algunos de los más recurrentes:

 

2.1 La ausencia de registros adecuados

En el acápite anterior se compartieron estadísticas sobre personas desaparecidas y se evidenció la falta de consistencia entre ellas. Por esta razón distintas instancias internacionales han urgido al estado mexicano a cumplir con lo establecido en la LGDFDP. Entre ellas se encuentran la Corte IDH[22] y el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED),[23] que reiteró la relevancia de contar con los registros ordenados por la LGDFDP. Sin embargo, seguimos sin contar con todas las bases de datos, un paso básico para avanzar en políticas estructurales para afrontar la problemática.

 

2.2 Búsqueda adecuada

De manera reiterada, las familias se quejan por la falta de acciones inmediatas de las autoridades para la búsqueda en vida de sus seres queridos. También existen quejas por las acciones para buscar personas posiblemente muertas. Por la ineficacia de las autoridades en la búsqueda es que desde hace años existen colectivos de familiares que se han convertido en expertos y expertas en la búsqueda: la Brigada nacional de búsqueda, las rastreadoras del Fuerte de Sinaloa, los otros desaparecidos de Iguala, los colectivos de Veracruz y muchos otros.

Por la relevancia del tema el CED emitió unos Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas[24] con la finalidad de dar criterios básicos en relación con esta obligación fundamental. Los Principios establecen que la búsqueda debe ser coordinada (principio 12), hacerse de manera inmediata (principio 6) y debe ser bajo la presunción de vida de la persona desaparecida (principio 1). También debe respetar la dignidad humana (principio 2), debe tener un enfoque diferencial (principio 4), debe respetar el derecho a la participación de las familias (principio 5) y debe ser organizada de manera eficiente (principio 10). Finalmente, la búsqueda también es una obligación permanente (principio 7), debe regirse por una política pública (principio 3) y debe realizarse con una estrategia integral (principio 8).

Por otra parte, como es sabido, la LGDFDP estableció el sistema nacional de búsqueda y creó a la CNB. También se cuenta con un protocolo homologado de búsqueda. No obstante, la realidad demuestra la falta de eficacia en este rubro que es el más importante para las familias. La falta de planes de búsqueda, la acción de las autoridades para iniciar la búsqueda 72 horas después de la desaparición y la deficiente coordinación entre autoridades (lo cual se exacerba en casos de personas que desaparecen en tránsito entre estados o en casos de personas migrantes desaparecidas), son algunos de los aspectos que urge resolver.

 

2.3 Identificación de restos

En México existe una crisis forense, la cual se refleja en la ausencia de personal suficiente y debidamente capacitado; la descoordinación entre autoridades; la falta de protocolos para toma de muestras e identificación de restos; la ausencia de espacios suficientes para inhumación; la falta de autonomía en la mayoría de los servicios forenses del país; la negligencia en el tratamiento de restos (que ha derivado en la incineración de más de 1,500 restos y de al menos 444 personas alojadas en tráileres en Jalisco, así como de la falta de medidas de seguridad para que hasta perros ingresen a las instalaciones forenses), y la desconfianza en las autoridades forenses, las cuales en más de una oportunidad han entregado restos erróneos a las familias (mexicanas y extranjeras).

Dada esta situación, en diciembre de 2019 la Secretaría de Gobernación anunció la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, acción que ha sido reconocida como un paso importante para resolver esta problemática.[25]

 

2.4 Entrega digna de restos

A lo largo de los años se han conocido casos extraordinarios de falta de sensibilidad de funcionarios encargados de explicar a las familias sobre la identificación (genética, en su mayoría), de resolver sus dudas y de entregar los restos para su inhumación. En más de una ocasión han impedido abrir los ataúdes (y luego se ha demostrado que estos no contenían restos humanos) o han impedido la realización de ritos funerarios de acuerdo con las costumbres.

 

2.5 Sanción de los responsables

Es sabido que la impunidad en México es la regla al alcanzar al menos 98%[26] y que existe un subregistro importante en la presentación de denuncias. El caso de las desapariciones de personas no es la excepción y el problema se complejiza cuando las fiscalías especializadas carecen de recursos (materiales y humanos), que no cuentan con capacitación suficiente; que la calidad de la prueba no es adecuada para lograr sanciones en sede judicial, y que sobre todo muchas veces no califican el delito como tal sino como privación ilegal de libertad, secuestro, negación del servicio público, entre otros.

En casos de desapariciones forzadas (en las que existen funcionarios y funcionarias involucrados por acción u omisión) las dificultades para lograr una sanción se incrementan en tanto ha sido más difícil que al interior de las fiscalías no se subestimen alegaciones de desapariciones forzadas y no se tomen medidas internas para blindar la investigación y el posterior procesamiento.

Por último, un elemento adicional a tomar en cuenta la seguridad de todos los sujetos procesales, ya sea jueces, agentes del ministerio público, peritos o, sobre todo, las víctimas. Hemos visto dolorosos ejemplos de familiares que han sufrido amenazas, ataques o han sido asesinadas por haber exigido justicia, como lo evidencian los casos de Miriam Rodríguez en Tamaulipas, de Marisela Escobedo en Chihuahua, o los cientos de familiares que cuentan con medidas de protección locales, nacionales e internacionales por el riesgo en que se encuentran.

 

2.6 Otras medidas derivadas de la desaparición: atención psicosocial y declaración especial de ausencia por desaparición

Es sabido que para las familias la búsqueda de su ser querido es la prioridad. No obstante, la situación emocional en que se encuentran hace necesario que tengan un acompañamiento psicosocial que les permita afrontar de mejor manera la problemática y que sea focalizado para que tenga un mejor impacto (en niños y niñas, adolescentes o personas adultas). Por lo general han sido organizaciones de la sociedad civil las que han dado este apoyo, aunque de manera incipiente existen esfuerzos dentro de instituciones gubernamentales y organismos públicos autónomos de derechos humanos.

Adicionalmente, y conforme pasa el tiempo, las familias empiezan a tener complicaciones derivadas de la desaparición que impactan en el patrimonio o en sus relaciones familiares. Para esta situación es relevante contar con marcos jurídicos que prevean la figura de la declaración especial de ausencia para personas desaparecidas: un procedimiento que debe ser gratuito, sencillo, flexible y rápido.

 

2.7 Leyes, políticas públicas y medidas preventivas

La desaparición de personas es una violación de derechos humanos múltiple y continuada. Es compleja y responde a una diversidad de móviles. Es imposible abordar casuísticamente cada caso. Por tanto, urgen políticas públicas eficaces que, sin dejar de centrarse en las particularidades de los casos, logren prevenir las desapariciones, brinden atención adecuada a las víctimas y sancionen a los responsables.

Las políticas públicas deben, al menos, tener en cuenta los distintos periodos de las desapariciones; la tipología y los responsables de estas; la prueba que se puede obtener (por ejemplo, en casos de la Guerra Sucia); así como el análisis del contexto y de las particularidades de las víctimas.

También es fundamental homologar la LGDFDP en toda la república —cuya redacción y posterior aprobación por el Congreso de la Unión se debe mayoritariamente a las familias— y, luego, garantizar que tales leyes se cumplan.

 

  1. UNA REFLEXIÓN FINAL

La desaparición de personas es un fenómeno doloroso, persistente, que va en aumento y que afecta a toda la sociedad. Existen diversos retos impostergables para afrontar adecuadamente la problemática, cuya responsabilidad recae en los tres poderes, las autoridades de los tres órdenes de gobierno y otros órganos involucrados.

No obstante, también es nuestra responsabilidad como sociedad involucrarnos, sensibilizarnos, exigir a las autoridades el cumplimiento de sus obligaciones y apoyar en lo que podamos. Las familias de personas desaparecidas nos han demostrado que, con muy pocos recursos, pero con voluntad y esperanza, se puede avanzar en la dirección que todos y todas queremos: en un México en paz, donde la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición sean una realidad.

 

[*] Abogada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y maestra en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Essex. Actualmente es directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ. Correo: anuno@iteso.mx

 

[1] Corte IDH. Caso Rosendo Radilla vs. Estados Unidos Mexicanos. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 23 de noviembre de 2009, Serie C No. 209, párrafos 132 y 133.

[2]  Corte IDH. Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 16 de noviembre de 2009, Serie C No. 205.

[3] Los operativos fueron: Michoacán, Baja California, Chihuahua, Sierra Madre, Nuevo León–Tamaulipas y Guerrero. Entre otros, véase Escalante Gonzalbo, Fernando. “Homicidios 2008–2009. La muerte tiene permiso”, en Nexos, 1 de enero de 2011. Recuperado el 6 de febrero de 2020, de https://www.nexos.com.mx/?p=14089, y Merino, José. “Los operativos conjuntos y la tasa de homicidios: una medición”, en Nexos, 1 de junio de 2011. Recuperado el 6 de febrero de 2020, de https://www.nexos.com.mx/?p=14319&

[4] “Sólo mediante una investigación independiente, imparcial y completa se puede descartar una potencial desaparición forzada. Por ende, el número de casos de desaparición forzada no puede ser establecido a cabalidad sin la debida investigación” (ONU. Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Misión a México, Doc. ONU A/HRC/19/58/Add.2, 20 de diciembre de 2011, párr. 21).

[5] Ibidem, párr. 80.

[6] La recomendación giró en torno a “la generación de datos estadísticos, desagregados por sexo, edad, lugar y autoridades presuntamente involucradas, sobre las desapariciones forzadas para desarrollar políticas de prevención, erradicación, investigación, sanción y reparación. Se debería incluir información, en caso de estar disponible, sobre la fecha y lugar de la exhumación y la información sobre los miembros de la familia” (Ibid, párr. 81).

[7]  HRW. “Los desaparecidos de México. El persistente costo de una crisis ignorada”, HRW, Nueva York, 20 de febrero de 2013. Recuperado de https://www.hrw.org/es/report/2013/02/20/los-desaparecidos-de-mexico/el-persistente-costo-de-una-crisis-ignorada

[8] “Lía Limón da a conocer lista de 26,000 desaparecidos”, en Aristegui Noticias, 26 de febrero de 2013. Recuperado el 5 de febrero de 2020, de https://aristeguinoticias.com/2602/mexico/lia-limon-da-a-conocer-lista-de-26000-desaparecidos/

[9] Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril de 2012.

[10] RNPED. Informe anual presentado al Consejo Nacional de Seguridad Pública en la Sesión Ordinaria XXXVIII, agosto de 2015, p.16. Recuperado el 6 de febrero de 2020, de https://www.senado.gob.mx/comisiones/derechos_humanos/docs/Informe_Anual_2014_rnped.pdf

[11] Segob. “Mensaje del comisionado nacional, Roberto Cabrera Alfaro, sobre las acciones realizadas por la Comisión Nacional de Búsqueda”, Boletín 006/2019, 17 de enero de 2019. Recuperado el 8 de febrero de 2020, de https://www.gob.mx/segob/prensa/mensaje-del-comisionado-nacional-roberto-cabrera-alfaro-sobre-las-acciones-realizadas-por-la-comision-nacional-de-busqueda?tab=

[12] CNB. Informe sobre fosas clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas, 6 de enero de 2020, diapositiva 4

[13] Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. “Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, RNPED”. Recuperado el 5 de febrero de 2020, de https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de-datos-de-personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped

[14] CNB. Op. cit, diapositiva 20.

[15] Ibidem, diapositiva 6.

[16] Ibid, diapositivas 9, 10 y 12.

[17] Ibid, diapositiva 29.

[18] CNDH. Informe especial sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México, 6 de abril de 2017. Recuperado el 5 de febrero de 2020, de http://informe.cndh.org.mx/uploads/menu/30100/InformeEspecial_Desapariciondepersonasyfosasclandestinas.pdf. La cndh detalló que en las fosas encontradas se exhumaron 1,548 cadáveres y 35,958 restos óseos y humanos.

[19] CNB. Op. cit, diapositiva 17.

[20]  Idem. Ese registro no incluye el número de cuerpos u osamentas encontradas en cada fosa.

[21] Segob. “Prioridad del Gobierno de México búsqueda en vida, postmortem e identificación de personas: Alejandro Encinas”, Boletín No. 028/2020, 27 de enero de 2020. Recuperado de https://www.gob.mx/segob/prensa/prioridad-del-gobierno-de-mexico-busqueda-en-vida-postmortem-e-identificacion-de-personas-alejandro-encinas.

[22] Véase Corte IDH. Caso Alvarado Espinoza y otros vs. México. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia del 28 de noviembre de 2018, Serie C No. 370.

[23] Comité contra la Desaparición Forzada. “Observaciones de seguimiento del Comité sobre la información adicional presentada por México en virtud del artículo 29, párrafo 4, de la Convención”, Doc. ONU CED/C/MEX/FU/1, ONU, Nueva York, 19 de noviembre de 2018, párrafo 17.

[24] Cfr. Comité contra la Desaparición Forzada. “Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas”, Doc. ONU CED/C/7, ONU, Nueva York, 8 de mayo de 2019.

[25] Véanse, entre otros, ONU. “ONU–DH: La creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense representa un paso importante hacia la resolución de la emergencia forense que prevalece en México”, comunicado del 6 de diciembre de 2019. Recuperado de https://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=1347:onu-dh-la-creacion-del-mecanismo-extraordinario-de-identificacion-forense-representa-un-paso-importante-hacia-la-resolucion-de-la-emergencia-forense-que-prevalece-en-mexico&Itemid=265, y CIDH. “CIDH saluda la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense en México y espera su pronta implementación”, comunicado No. 329/19, 18 de diciembre de 2019. Recuperado el 9 de febrero de 2020, de https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/329.asp

[26] Idem.

#Culiacán 17 de octubre: perder la calle, ganar la red

@Signa_Lab[*]

 

Resumen: El 17 de octubre de 2019 la ciudad de Culiacán se vio envuelta en una aterradora ola de violencia. Tras el operativo para la detención de Ovidio Guzmán, hijo del “Chapo” Guzmán e integrante del Cártel de Sinaloa, la esfera digital se convirtió, una vez más, en un territorio en disputa entre los usuarios que apoyan al presidente Andrés Manuel López Obrador y los que están en contra, lo que terminó por diluir el debate sobre el acontecimiento.

Palabras clave: Culiacán, violencia, polarización, estrategias sociodigitales

 

Abstract: On October 17, 2019, the city of Culiacán witnessed a terrifying spasm of violence. After the failed attempt to arrest Ovidio Guzmán— son of Chapo Guzmán and member of the Sinaloa Cartel— the digital sphere once again became a disputed territory between those who sympathize with Andrés Manuel López Obrador and those who oppose him, which ended up obscuring the debate about the incident itself.

Key words: Culiacán, violence, polarization, socio–digital strategies

La aceleración de la tecnología y los impactos en las formas en que se documenta, se procesa y se circula la información han transformado de maneras inéditas los modos en que se percibe la realidad, pero también las formas de “ver”,[1]coincidir o disentir con otros, participar en la construcción o discusión de una narrativa y en especial la decisión —que hay que tomar en nanosegundos—, de “compartir” o no una imagen, una noticia, una declaración, decisión que multiplicada por los miles y millones de personas conectadas a las redes sociodigitales tiene un efecto muy importante en lo que llamamos “construcción sociodigital de la realidad”, que entendemos como la configuración y articulación de posiciones de enunciación que dan forma, organizan y administran los relatos o narrativas sobre el acontecimiento y el acontecer a través de la web y sus diferentes plataformas.

Hoy el volumen, la variedad y la velocidad de grandes volúmenes de datos susceptibles de ser extraídos y analizados recibe el nombre de Big Data.[2] Pero más allá de una taxonomía de los conceptos y categorías nos interesa enfatizar en la necesidad de elaborar análisis multicapa que puedan hacerse cargo de estos grandes volúmenes de datos, sin perder la densidad teórica y sociopolítica, estructural y subjetiva, simbólica y algorítmica. En otras palabras, lo que interesa es hacer hablar los datos en diferentes lógicas.

En este informe nos acercamos a un acontecimiento brutal para la vida democrática de México: el operativo malogrado para detener a Ovidio Guzmán, hijo del que fuera líder del Cártel de Sinaloa.

El objetivo de este estudio es analizar y evidenciar el–los modo–s en que se interfiere un acontecimiento, una conversación, el curso de un suceso para “politizarlo” o, mejor, contaminarlo con el objetivo de dificultar o impedir que la conversación orgánica (natural, ciudadana, espontánea), sea lo que configure la narrativa a la que hemos aludido ya.

 

  1. ANTECEDENTES

El ciclo de violencia vinculado al narcotráfico en México tiene por lo menos 20 años de afectar al país, pero fue en 2006, con la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia de la República, cuando con la estrategia conocida como “guerra contra el narco” se desató el infierno.

Lo que se conoce como Kingpin Strategy[3] dejó un saldo de 121,683 muertes y 24,943 casos de desaparición forzada, aunque los registros no son confiables. En el sexenio siguiente, con el regreso del Partido Revolucionario Institucional (pri) al poder con Enrique Peña Nieto esta cifra se incrementó: 150,992 muertes[4] y alrededor de 37 mil personas desaparecidas.[5] En 2014, después de los terribles sucesos en Ayotzinapa, cuando 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos, “desaparecieron”, el poeta y activista Javier Sicilia declaraba que “el pri creyó que podía administrar el infierno”, para aludir a la incapacidad de la autoridad para encarar el desafío de un país en llamas;[6] quizás esa misma advertencia por alguien que ha vivido en carne propia el horror de esta “guerra” se aplicaría a la actual administración. En lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se han registrado 29,629 muertes[7] y se han encontrado alrededor de 522 fosas clandestinas con 671 cuerpos.[8] Administrar el infierno no es fácil, la violencia no ha disminuido, los grupos del crimen organizado se fragmentaron, creció la disputa por los territorios y las zonas de paso, y se complejizó el panorama con los megaproyectos extractivistas en algunas zonas del país.

¿De qué habla la ciudadanía? ¿Cuáles son sus miedos? Frente a un despliegue de fuerza y ataque como el que se vivió en la ciudad de Culiacán el pasado 17 de octubre, ¿de qué sirven las redes, de qué sirve Twitter, la red política más relevante del país?

 

  1. LA IRRUPCIÓN

La tarde del jueves 17 de octubre, alrededor de las 15 horas, se realizó un operativo para la detención de Ovidio Guzmán, hijo del “Chapo” Guzmán, en el fraccionamiento Tres Ríos en la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa. Alrededor de dos horas después la ciudad de Culiacán se vio envuelta en una aterradora ola de violencia. Tiros, incendios, bloqueos, pánico, vialidades colapsadas que fueron tomadas por el Cártel de Sinaloa.[9]

 

  1. LA ESCENIFICACIÓN

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que, tras el operativo, se aseguró una ametralladora ‘minimi’;[10]ocho armas largas; tres armas cortas; siete granadas de fragmentación; tres granadas calibre .40 mm; una granada fumígena; 40 cargadores; cerca de mil cartuchos y 20 vehículos.[11]

En Whatsapp empiezan a circular audios de voces que llaman a “‘trabajar’ por 20 mil pesos, hasta que esto dure”.

Se registra un motín en el penal de Aguaruto. Se escapan 51 reos y Eduardo Arturo Bailleres, director del penal, es destituido de su cargo y sujeto a investigación. Circula información sobre supuestos rehenes, amenazas a familiares de soldados; autos quemados; aviso de suspensión de clases (por mal clima); cancelación de rutas e instalación de retenes. Velocidad, inmediatez y miedo, todo esto está siendo compartido en tiempo real por usuarias y usuarios en diferentes plataformas sociodigitales.

Tras esta fuerte ola de violencia el operativo se suspende, el hijo de “El Chapo” es puesto en libertad y el presidente Andrés Manuel López Obrador declara: “No puede valer más la captura de un delincuente que la vida de las personas”. Se supo poco después de la decisión de suspender la detención de Ovidio Guzmán.

 

  1. LAS REDES

El 22 de octubre, cinco días después del acontecimiento, el estudio de Mesura[12] indica que el comportamiento de las redes —en el caso del operativo en Culiacán— también trajo consigo un flujo de desinformación durante los hechos. Se compartieron gráficas, memes y especulación de información tanto para legitimar como para deslegitimar las acciones del gobierno, incrementando el tono de las discusiones.

En Signa_Lab, se realizó un seguimiento minucioso a partir del 17 de octubre para “monitorear” la conversación en redes. Se utilizaron diferentes aproximaciones metodológicas y analíticas, que discutimos más adelante. Interesa plantear que el llamado “Culiacanazo”, se convirtió en menos de dos horas en una nueva (y ya desgastante) disputa por “ganar la red”, a través del empleo de hashtags, cuentas automatizadas, guerrillas digitales y coordinación humana.

Por lo anterior hay que enfatizar que hay una enorme diferencia entre 2006 y 2019. Las incursiones brutales del crimen organizado tenían en los comienzos del siglo XXI un impacto localizado, solo amplificado por los medios de comunicación corporativos, poco interesados en los efectos sociales de la violencia que asomaba. En ese contexto, diferentes grupos de narcotraficantes entendieron —muy pronto— el valor de la propaganda y de lo que hoy se conoce como posverdad[13] y varios de estos grupos se fueron abriendo paso en YouTube, plataforma que se convirtió a lo largo de la primera década del siglo en canal propagandístico de grupos del crimen organizado, para sembrar terror y mandar mensajes a adversarios, autoridades y ciudadanos, con alcance bastante restringido.

En cambio, en 2019 el crecimiento de las rrss como Twitter, Instagram, Youtube y Facebook permiten la distribución del miedo en tiempo real. Inmediatez, velocidad, contagio, para incidir en la construcción de una esfera pública cada vez más vulnerable a la contrainformación, noticias falsas, manipulación de datos, imágenes, lógicas.

En este informe presentamos un análisis de lo que se generó en la esfera sociodigital en torno a los acontecimientos en Culiacán con la detención de Ovidio Guzmán. Proponemos que la esfera digital se ha convertido en un territorio en disputa entre contendientes que buscan no solamente intervenir la realidad a través del manejo discursivo y de datos, sino especialmente a través del manejo de las emociones.

A continuación presentamos el análisis realizado en torno a lo que circuló en Twitter del 16 al 19 de octubre. Los términos o hashtags que comprenden el análisis son #Sinaloa, #Culiacan, #Culiacán, #amloEstamosContigo, #ComandanteSinBolas, #Renunciaamlo, #amloElFracasoPresidencial, #OvidioGuzman, #Chapito y #EstadoFallido.

Se procedió a la descarga de datos[14] con nuestra herramienta thoth. En cada uno de los términos de análisis se ofrece la información del volumen de data contemplado y el tipo de relación–interacción que se privilegió para ofrecer un panorama lo más completo posible de un tema nodal para la vida del país.

En la figura 9.1 el grafo muestra las relaciones de usuario a hashtag de los términos “Sinaloa” y “Culiacán”, en el periodo de descarga que comprende del 16 al 19 de octubre. Está compuesto por 201,001 tuits, 26,736 nodos, 47,005 aristas y 415 comunidades.

En esta primera visualización se muestra un comportamiento orgánico en los primeros momentos de la crisis. Etiquetas como “Culiacán / guardia nacional”, en color verde; morado “culiacan”,[15] azul “sinaloa / el chapo” y amarillo “Ovidio Guzmán”, constituyen la respuesta inicial de las y los usuarios de Twitter, para pronunciarse y compartir contenido propio o de medios de comunicación o de otros usuarios. Una respuesta sorprendida y preocupada.

Con el objetivo de ofrecer una visualización de cómo se van articulando las “conversaciones” en las redes y cómo emergen “etiquetas”, es decir, hashtags que van reencauzando la discusión, el grafo muestra la aparición de #LopezRendidoYHumillado del lado izquierdo, mientras que va ganando tracción el ht hashtag #Borolas que aglutina las expresiones de apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador y en referencia directa al expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Y van tomando forma y peso los hashtags como #AmloEstamosContigo, #amloElPuebloTeApoya, #TotalApoyoALopez y #DesdelaIzquierda. Así, al igual que en el caso de #Minatitlán,[16] la “conversación” deja de girar en torno a los acontecimientos para derivar en una defensa–ataque a la figura de López Obrador.

Ese día Andrés Manuel visitó Oaxaca para la entrega de recursos del programa La Escuela es Nuestra, y recibió fuertes críticas por no cancelar su visita en medio de la crisis en Sinaloa. El hashtag #amloEnOaxaca aparece muy cercano a #OposiciónCarroñera, que fue utilizado para señalar y denostar a quienes criticaban el operativo.

 

  1. LA OTRA BATALLA: GANAR LA RED, PERDER LA CALLE

En el transcurso de poco menos de tres horas la discusión–narrativa en Twitter dejó de estar centrada en los sucesos: una ciudad tomada por la delincuencia organizada, un ejército superado y la evidencia de un operativo mal planificado, a la defensa–ataque de la figura presidencial. Mientras la ciudadanía enfrentaba una situación de violencia brutal, la red se convertía en una especie de “referéndum” presidencial: AMLO sí o AMLO no. La simplificación y polarización que esto trajo consigo la mostramos en el grafo 2 de “usuarios a hashtags” (véase la figura 9.2), es decir de cuentas que utilizaron y replicaron las siguientes etiquetas: #amloEstamosContigo, #ComandantesinBolas, #Renunciaamlo, #amloElFracasoPresidencial.

Se tomó la decisión de conjuntar en una sola visualización las tendencias anti y pro AMLO, con el fin de ver cómo se fue diluyendo la conversación en torno al acontecimiento en Culiacán.

Las tendencias analizadas acumularon 111,000 tuits, en los que participaron 22,709 nodos (posiciones de enunciación), que generaron 56,469 aristas, es decir, que interactuaron esa cantidad de veces, organizados o agrupados en 132 clusters o comunidades.

A lo largo de las tensas horas que siguieron al operativo, la crisis y pánico en la ciudad, la fuga de reos del penal y la decisión de liberar a Ovidio Guzmán, y la evidencia de que la calle se perdía, la estrategia fue la de “ganar en redes” la idea de la liberación de Ovidio Guzmán como un logro estratégico del gobierno. Inmediatamente apareció la contratendencia que buscaba evidenciar el fracaso del operativo como un fracaso presidencial.

El color azul representa la parte reprobatoria de la discusión, con los hashtags #Renunciaamlo, #ComandanteSinBolas, #amloElfracasoPresidencial, #amloRenunciaYa, #MexicoNoTienePresidente, #EstadoFallido, e incluso se observa una crítica al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, con el hashtag #RenunciaDurazo.

El color naranja, que es el predominante, representa el lado de la red en apoyo al presidente López Obrador, con los hashtags #amloEstamosContigo, #amloElPuebloTeApoya, #amloElMejorPresidenteDelMundo, entre otras variaciones en las que es evidente el apoyo directo a Andrés Manuel. Vuelve a aparecer el hashtag #ComandanteBorolas, que como ya se dijo alude al expresidente Felipe Calderón. Asimismo, es notoria la presencia de la #Redamlove, #Redamlo y #amlovers (estos como una comunidad aparte, pero unificada en el color naranja). Más adelante se muestra la velocidad de subida de la etiqueta #amloEstamosContigo más un análisis por grado de salida con pesos, que indica que este hashtagsiguió un comportamiento no orgánico.[17]

Así, en esta red polarizada que indica un comportamiento no orgánico —de uno y otro lado— resulta muy difícil dar paso a un debate, conversación serena e informada en torno a la violencia en México, las estrategias de seguridad y, en este caso, la situación de Sinaloa y el impacto del Cártel de Sinaloa en la dinámica social. Esto sin duda es dañino para la salud democrática de la sociedad mexicana.

En este grafo y en color verde también aparecen los hashtags #Morena y #Yeidckol. Yeidckol Polevnsky, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (cen) del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), publicó un video en su cuenta de Twitter en defensa de Andrés Manuel López Obrador.[18] En la publicación del video incluye los hashtags#Morena, #Yeidckol y #amloEstamosContigo. Es interesante para el tono de la discusión que la estrategia digital de la presidenta del cen de Morena también sea utilizar esas etiquetas en sus publicaciones, lo que no abona a la discusión.

Se muestra a continuación el cluster que utilizó #amloEstamosContigo con el objetivo de analizar el grado de entrada con pesos (es decir, el número de veces que una cuenta utilizó el hashtag) y en especial el grado de salida (el número de veces que un hashtag o tuit determinado fue retuiteado por una cuenta). Esto permite volver visible la relación orgánico–no orgánico en una conversación. Por ejemplo, en este caso, la cuenta @scorpionvichs_ tuvo, en casi cinco días, un grado de salida con pesos de 641. Esto quiere decir que utilizó 641 veces el hashtag, lo que significa un promedio de 128 menciones diarias, que rebasa con mucho las posibilidades de una cuenta promedio y, además, esta cuenta aparece hoy como inexistente, lo que podría estar indicando que fue creada específicamente para amplificar este hashtag.

Para validar metodológicamente la data recurrimos a varias estrategias para medir la intensidad de participación en la red alrededor del ht hashtag; decidimos seleccionar las diez cuentas con más alto grado de salida con pesos[19] Se muestran los resultados en la tabla 9.1.

El grafo 4 es otro ejemplo de la polarización en la discusión (véase la figura 9.4). Se muestran las relaciones de usuario a hashtag de los hashtags #OvidioGuzman, #Chapito y #EstadoFallido, y está compuesto de 53,871 nodos, 146,038 aristas y 225 comunidades.

Las comunidades que predominan en esta descarga son #EstadoFallido, en color verde, y #OvidioGuzman / #Chapito, en color morado. Aquí el color verde representa, nuevamente, la crítica hacia el gobierno, mientras que en el color morado se percibe la conversación alrededor del tema general.

En esta misma línea, y para complementar esta visualización, se realizó una nube de frecuencias de las palabras más utilizadas en los tuits que usaron los hashtags #OvidioGuzman o #Chapito (véase la figura 9.5).

En esta nube de frecuencias se muestran las palabras más utilizadas en los tuits asociados a los hashtags #Chapito y #OvidioGuzmán. Se observa que la narrativa se construye en torno a las menciones a López Obrador, la liberación de Ovidio y al concepto del Estado fallido en vez de a un cuestionamiento directo sobre los actos violentos ejecutados por el crimen organizado en Culiacán. La conversación se centra en la premiación o descalificación de la estrategia de López Obrador como figura de poder, “vergüenza”, “errores”, “culpa” y “evasión” son algunas de las expresiones de los usuarios para describir los acontecimientos.

Se menciona al Chapo como líder de la familia Guzmán. En materia de análisis es interesante que el nombre de Ovidio sea ubicado como hijo de Joaquín Guzmán Loera y no como la cabeza o líder del Cártel de Sinaloa. Estos resultados muestran que, en el imaginario social respecto del narcotráfico, se mantiene la imagen del “Chapo” como la representación del narcotráfico en México, independientemente de su situación actual.

En la nube aparecen algunas referencias como “Piñera” o “Chile despertó” porque en las recientes movilizaciones en Chile se ha utilizado también la etiqueta “Estado fallido” para explicar la crisis política en la que se encuentra el país. Asimismo, se identifican capas emocionales en la conversación, palabras como “miedo”, “infierno”, “amigos”, “muertos” evidencian el terror sembrado que también se encarna en las conversaciones en la red.

 

  1. MAPAS DE CALOR EN TWITTER: CRÓNICA DE UNA INTERVENCIÓN DIGITAL

En el video que puede consultarse en el canal de Youtube de Signa_Lab con el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=13bT_E3UhlU&feature=youtu.be se muestra el comportamiento cronológico y espacial de los hashtags #Culiacan, #amloElFracasoPresidencial y #amloEstamosContigo.

Según este análisis, a las 16:45 comienza la actividad en torno al hashtag #Culiacan, alcanzando su punto más alto a las 22:35 de actividad, con un total de 781,500 tuits. #AmloElFracasoPresidencial fue también utilizado para referir a los hechos en Culiacán, el cual alcanzó los 23,700 tuits. A la misma hora y como respuesta al primer hashtag emerge #AmloEstamosContigo, para expresar su apoyo al presidente de la república y desestimar las críticas contra el operativo. Pese a la diversidad de hashtags utilizados para expresar críticas y preocupación el hashtag #amloEstamosContigo se convirtió en una tendencia de muy alta intensidad, que hace pensar en manipulación automatizada; el 18 de octubre, a las 7:45 de la mañana, acumulaba 263,600 tuits.

  1. ¿REDES PARA LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA?

Ya hemos planteado en otros informes que Twitter es una plataforma vital para el debate público, que se ha convertido en un espacio para la discusión y construcción de la agenda política. No es novedad que ahora las redes sociales, en especial Twitter, se hayan transformado en un territorio constantemente en disputa, donde un acontecimiento importante, en este caso lo sucedido en Culiacán, se vea o se tome como una oportunidad para defender o atacar posturas políticas.

El problema principal no es que los usuarios tengan una postura sobre un tema en la discusión, sino que se generen estrategias digitales para sostener tendencias que terminan por desviar el tema central del debate, en que el acontecimiento pasa a segundo plano, se difumina entre el ataque y la defensa. En otras palabras, la conversación en Twitter sobre los acontecimientos en Culiacán se vio envuelta en una disputa por atacar o defender la figura de Andrés Manuel López Obrador, con estrategias de sostener hashtags (como #amloEstamosContigo o #amloFracasoPresidencial) para “ganar las redes” y hacer parecer que solamente hay una interpretación válida del problema.

En los primeros momentos de la crisis en Culiacán el comportamiento en la esfera sociodigital es de naturaleza orgánica. Los usuarios mostraron una respuesta inicial a lo que sucedía en el momento, con imágenes, videos, notas periodísticas, y con un tono compartido de preocupación. El contenido que circuló en tiempo real en las redes evidenció el problema social que desborda al país: la violencia.

Sin embargo, como en ocasiones anteriores, se activaron tendencias desde una lógica de polarización con el propósito de mantenerse vivas en medio de la crisis. Pareciera que los hashtags a favor o en contra de AMLO se convirtieron en máquinas para contradecir y gritar “¡yo estoy bien y tú estás mal!”, en las que el objetivo de debatir o compartir una opinión se desvía para acallar al otro a toda costa.

La evidencia del uso artificial de las redes para distraer, para desviar la conversación, para atacar y denostar, para fortalecer el propio punto de vista a toda costa, minan las posibilidades de cualquier convivencia y debate democrático. Las urgencias y desafíos son muchos.

 

  1. SOBRE LOS AUTORES
  • Rossana Reguillo, profesora, investigadora emérita del ITESO y coordinadora general de Signa_Lab.
  • Paloma López Portillo, investigación, análisis y producción digital en Signa_Lab.
  • Eduardo G. de Quevedo, responsable técnico de Signa_Lab.
  • Diego Arredondo, coordinador tecnológico y diseño de interfaces.
  • Mónica Vargas, producción audiovisual en Signa_Lab.
  • Alicia Reynoso, analista de redes semánticas y emociones en
    Signa_Lab.
  • Zoe Peregrina, maestrante en Comunicación, analista de redes semánticas en Signa_Lab.
  • Mariana Barajas, becaria, estudiante de Ciencias de la Comunicación en el ITESO.
  • Monserrat Rosas, becaria, estudiante de Gestión Cultural en el ITESO.
  • Maricruz Ochoa, becaria, estudiante de Gestión Cultural en el ITESO.

[*] signalab@iteso.mx

 

[1]  Usamos la noción de “ver” en un registro amplio que incluye lectura de texto–imagen, implicación emocional–cognitiva, posicionamiento y decisión de compartir lo no lo “visto”.

[2]  Para una comprensión clara y sencilla del término véase Uman, Ignacio. “Big Data y Memoria Digital: claves para su exploración e investigación desde las ciencias sociales”, en Avatares de la Comunicación y la Cultura, núm. 15, junio de 2018. Recuperado de https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/avatares/article/view/4890

[3] El concepto Kingpin Strategy “puede definirse como una estrategia que dedica recursos desproporcionados a la eliminación de supuestos jefes criminales”. Véase “Kingpin Strategy: ¿qué es y cómo llegó a México?”, en Nexos, 21 de octubre de 2019. Recuperado el 23 de octubre de 2019, de https://seguridad.nexos.com.mx/?p=1646

[4]  Véase Migueles, Rubén. “Inegi: Sexenio de Peña Nieto rompe récord en homicidios”, en El Universal, 26 de julio de 2019. Recuperado el 23 de octubre de 2019, de https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/inegi-sexenio-de-pena-nieto-rompe-record-en-homicidios

[5] Véase Díaz, Glora Leticia. “De más de 37 mil desapariciones, sólo 170 ocurrieron a manos de Fuerzas Armadas, señala Peña en informe”, en Proceso, 1 de septiembre de 2018. Recuperado el 23 de octubre de 2019, de https://www.proceso.com.mx/549294/de-mas-de-37-mil-desapariciones-solo-170-ocurrieron-a-manos-de-fuerzas-armadas-senala-pena-en-informe

[6]  Véase Santajuliana, Inés. “Javier Sicilia. El pri creyó que podía administrar el infierno”, en El País, 18 de octubre de 2014. Recuperado el 13 de noviembre de 2019, de https://elpais.com/internacional/2014/10/18/actualidad/1413604263_947548.html

[7] Véase Ángel, Arturo. “29 mil 629 personas han sido asesinadas en México durante los primeros 10 meses de gobierno de AMLO”, en Animal Político, 20 de octubre de 2019. Recuperado el 13 de noviembre de 2019, de https://www.animalpolitico.com/2019/10/asesinatos-homicidios-inseguridad-inicio-gobierno-amlo/

[8] Véase Zerega, Georgina. “El gobierno de México cifra las fosas clandestinas en más de 3.000”, en El País, 30 de agosto de 2019. Recuperado el 13 de noviembre de 2019, de https://elpais.com/internacional/2019/08/30/mexico/1567173416_337248.html

[9]El 17 de octubre de 2019 en la cuenta Riodoce de Twitter se publicó un video con escenas de violencia en la ciudad. Véase https://twitter.com/Riodoce_mx/status/1184960783983284227?s=20

[10] La ametralladora fn Minimi es de uso exclusivo del ejército, en especial del ejército estadunidense. Al tipo de municiones se les conoce también como “matapolicías” porque están diseñadas para penetrar los chalecos antibalas.

[11] Véase “En Culiacán delincuentes usaron las mismas armas que tiene el ejército de eu”, en La Razón de México, 22 de octubre de 2019. Recuperado el 23 de octubre de 2019, de https://www.razon.com.mx/mexico/en-culiacan-delincuentes-usaron-las-mismas-armas-que-tiene-el-ejercito-de-eu/

[12] Mesura es una organización que se dedica a la inteligencia digital, análisis de redes y complejidad. Véase “Maquinarias de desinformación operaron en redes tras crisis de seguridad en Sinaloa: Páez”, enAristegui Noticias, 22 de octubre de 2019. Recuperado el 23 de octubre de 2019, de https://aristeguinoticias.com/2210/mexico/maquinarias-de-desinformacion-operaron-en-redes-tras-crisis-de-seguridad-en-sinaloa-paez-video/

[13] Posverdad “es la forma de describir aquellas circunstancias en las cuales los hechos objetivos verificables son menos relevantes, en la formación de la opinión pública, que la apelación a las emociones o las creencias personales”. Véase “Posverdad y desinformación: guía para perplejos”, en El País, 16 de marzo de 2018. Recuperado el 25 de octubre de 2019, de https://elpais.com/elpais/2018/03/16/opinion/1521221740_078721.html

[14] Un grafo es la representación visual en forma de red que muestra las interacciones entre nodos (puntos que pueden actores sociales, hashtags, tuits, emojis) y aristas (líneas cuyo grosor indica la intensidad de las interacciones entre los nodos), agrupados en comunidades (colores dentro de la red que dan cuenta de los nodos más cercanos entre sí).

[15]  Se utilizaron las dos versiones, Culiacán (con acento) y Culiacan (sin acento)

[16] Véase Signa_Lab. “México 2019: la disputa por la interpretación”, en Signa_Lab, 23 de mayo de 2019. Recuperado el 10 de octubre de 2019, de https://signalab.iteso.mx/informes/informe_disputa-polarizacion_01.html

[17] Véase la explicación en la nota 19.

[18]18.  Véase https://twitter.com/yeidckol/status/1185350655441035265?s=20

[19] Se entiende por grado de salida el número de veces que un usuario utilizó un hashtag o mencionó a otro usuario; sin embargo, cuando se introduce la condición de “peso” es posible observar la reitineración en el uso o la mención y, en este caso, muestra la actividad total de cada cuenta con respecto al hashtag.

 

¿Una nueva política social?: cambios y continuidades en los programas sociales de la 4T

Máximo Ernesto Jaramillo Molina[*]

 

Resumen: Al cumplirse el primer año del sexenio de Andrés Manuel López Obrador vale la pena realizar un corte de caja para analizar con más evidencias si realmente se ha transitado a un nuevo paradigma que enmarque la política social. Con el objetivo de analizar con mayor profundidad el paradigma de la política social de la autoproclamada cuarta transformación este texto busca puntualizar las características de la política social del nuevo sexenio, así como de sus programas sociales; comparar en términos históricos su monto y desagregación; analizar quiénes son los nuevos ganadores y los nuevos perdedores respecto de programas sociales, y por último concluir de manera general con los cambios y las continuidades de política social de la 4T.

Palabras clave: política social, 4T, gasto redistributivo, desigualdad

 

Abstract: The end of Andrés Manuel López Obrador’s first year in power is a good time to take stock of the evidence and analyze whether the country has actually moved to a new paradigm in the formulation of social policy. In order to do an in-depth analysis of the social policy paradigm of the so–called fourth transformation, this text sets out to define the characteristics of the new administration’s social policy, including its social programs; to make a historical comparison of its scope and breakdown; to analyze who are the new winners and losers with these social programs. It concludes with an overview of the changes and continuities in the social policy of this fourth transformation.

Key words: social policy, fourth transformation, redistribution spending,
inequality

 

  1. PROGRAMAS SOCIALES PRINCIPALES DEL GOBIERNO
    DE LA 4T Y SUS CARACTERÍSTICAS

De acuerdo con el inventario de programas y acciones sociales federales, durante el año 2018 existían 155 programas, mientras que para 2019 el nuevo total pasó a 150.[1] Tal cantidad oculta una realidad más compleja, ya que realmente muchos programas fueron reconfigurados, o simplemente renombrados y, de hecho, durante 2019 operaron 17 nuevos programas sin antecedente directo.

A pesar del panorama con una amplia diversidad de programas se puede señalar un grupo de 16 de los programas sociales actuales (incluyendo los de nueva creación y otros que tienen un antecedente directo) que acaparan tanto la narrativa oficial sobre el nuevo paradigma de política social, como el debate y escrutinio público, por parte de analistas, partidarios y oposición. Además, de ese subconjunto de programas, 80% del presupuesto para el ejercicio de 2020 se concentra en solo cinco de ellos.[2] La concentración presupuestal en pocos programas queda clara al observar la figura 8.1.

Una vez que observamos la importancia que para el gobierno federal tienen estos programas sociales vale la pena mencionar algunas de sus características. El programa más importante en términos presupuestales, con más de 100 mil millones de pesos, es la “Pensión para el bienestar de las personas adultas mayores”, una pensión no contributiva que continúa el programa iniciado casi dos décadas atrás en la Ciudad de México durante el gobierno de López Obrador. En el plano federal existía un programa similar, pero con presupuesto menor y focalizado solo a aquellas personas sin otro tipo de pensión.[3] Así pues, el principal cambio durante el actual sexenio fue el incremento de la transferencia de 1,160 a 2,550 pesos entregados bimestralmente, equivalente a 82% de la línea de pobreza urbana por persona,[4] así como la “universalización” del programa.

Por su parte, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez aglutina en suma 23% del total del presupuesto de estos programas sociales prioritarios para el gobierno federal. Si bien el antecedente directo es el componente educativo del programa Prospera, las becas para educación básica y superior siguen estando focalizadas a hogares en pobreza extrema, mientras que la beca para educación media superior pasó a ser parcialmente universal, ya que se otorga a toda persona que estudie educación media superior en una escuela pública.

La beca para educación básica disminuyó: se transfieren 666.67 pesos mensuales por hogar,[5] frente a 970 pesos promedio de Prospera en 2017. Por lo anterior, el presupuesto para educación básica ha disminuido, mientras que el de educación media superior alcanzará 30 mil millones de pesos en 2020. Además, a pesar de las críticas en las condicionalidades de Prospera, las becas mantienen obviamente el requisito de que las personas beneficiarias se encuentren estudiando, por lo que la nueva configuración de estos programas tampoco implica un avance hacia el enfoque de derechos. También es de destacar que, aunque el componente educativo del programa anterior consideraba montos de transferencia diferenciados según sexo, tal distinción se perdió en las becas Benito Juárez.

Otro de los programas emblemáticos del gobierno de López Obrador es Jóvenes construyendo el futuro. Este programa entrega 3,600 pesos mensuales, equivalente a 115% de un salario mínimo en 2019, a las y los jóvenes de entre 18 y 29 años, desocupados y que no se encuentren estudiando, a cambio de que estos se capaciten en un centro de trabajo cinco días a la semana por entre cinco y ocho horas al día. Claramente, estos requisitos implican que este es un programa social condicionado.

Además, otro beneficio del programa es el otorgamiento de seguro médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que si bien cubre las ramas de accidentes, enfermedades, maternidad y de riesgos de trabajo, no incluye el servicio de guarderías, aspecto que fue criticado, pues ocho de cada 10 personas de la población objetivo son mujeres dedicadas al trabajo de cuidados.[6] Por último, cabe destacar que solo se había ejercido 63% del monto presupuestado para el primer semestre de 2019.[7]

Finalmente, el programa Sembrando Vida es otro de los más exitosos dentro de la narrativa del nuevo gobierno federal, a tal punto que se ha anunciado que se expandirá internacionalmente como mecanismo de cooperación internacional con Centroamérica.[8] Al igual que el programa para jóvenes desocupados, este programa reproduce el llamado “workfare”,[9] es decir, los beneficiarios tienen la obligación de trabajar a cambio de la transferencia en cuestión. Consiste en otorgar un monto de 5,000 pesos mensuales por beneficiario a aquellas personas dueñas o poseedoras de 2.5 hectáreas disponibles para trabajo agroforestal, y cuyos ingresos se encuentren por debajo de la línea de pobreza rural. El programa también incluye apoyos en especie para fomentar la producción.

Debe tomarse en cuenta que la posesión de las tierras agrícolas en México es un tema en el que el género permanece como una dimensión de desigualdad: aunque las mujeres producen entre 60% y 80% de los alimentos en “países en desarrollo”, no poseen más de 2% de las tierras.[10] Si bien en México no existen registros sobre el  porcentaje correspondiente, según la Red de Mujeres Indígenas Tejiendo Derechos por la Madre Tierra y el Territorio no hay políticas públicas trabajando en la garantía del derecho a la tierra.[11]

A la luz del análisis anterior, y tomando en cuenta otras características de los principales programas sociales del gobierno de la 4T, que por cuestión de espacio solo se señalan en la tabla 8.2, es posible hacer cuatro conclusiones sobre su paradigma:

    • Los programas sociales continúan siendo focalizados, en su gran mayoría, a personas en pobreza, en territorios prioritarios (bajo criterios de pobreza, ruralidad o violencia) y otros criterios específicos (estudiantes de escuelas públicas, entre otros). En todos los casos la “universalidad” mencionada en la narrativa oficial es solo parcial.
    • La obligación de trabajar a cambio de redistribución, paradigma también conocido como “workfare”, es un componente ahora fundamental de la política social. De igual manera, tres de los 11 programas prioritarios presentados en la tabla 8.2 podrían clasificarse como programas de “fomento productivo”.
    • Muchos de los programas tienen condicionalidades: ya sea la mencionada sobre el trabajo, o la de ser estudiante, desocupado o población sin seguridad social, en todos esos casos continúa la segmentación de la población objetivo y obligación del cumplimiento de ciertas exigencias.
    • Se pierde el enfoque de género en casi todos los programas sociales y se incurre en algunos retrocesos al respecto, como la no distinción por sexo en becas de educación básica, y que el programa actual más importante para áreas rurales (Sembrando Vida) entregue el monto a los hombres (que son más frecuentemente los dueños de las tierras).[12] Se ignora en todo momento la dimensión de cuidados, como parte de la protección social integral.

A lo anterior cabe agregar lo respectivo al tema de salud: se aprobó ya la transformación del Seguro Popular en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Si bien aún no queda claro cómo operará, todo indica que heredará al menos los mismos problemas del antecesor (baja cobertura de enfermedades y medicinas),[13] ya que el presupuesto pasó de 73,779 millones de pesos (mdp) en 2019 a 72,538 mdp para 2020. Con recursos iguales o menores es imposible garantizar una cobertura más amplia del derecho de salud por parte del nuevo sistema. El cambio en el sistema es solo nominal.

 

  1. ¿REALMENTE SE INVIERTE MÁS EN LOS MÁS POBRES?

Dicho todo lo anterior, queda aún sin tratarse —y refutarse— uno de los argumentos mencionados por quienes defienden que la política social ahora tiene un paradigma diferente: “La inversión actual en política social es la más grande de la historia”. Para aportar información al respecto se puede hacer uso del Inventario de programas sociales del Coneval. Este documento agrupa la totalidad de programas y acciones sociales, subsidios y bienes públicos redistribuidos por el gobierno federal.

Al comparar la serie histórica de 2009 a 2019 es posible darse cuenta de que el monto presupuestal total invertido alcanzó un máximo de 1.12 billones de pesos[14] en 2014, y disminuyó constantemente durante el sexenio anterior, hasta un mínimo de 967 mil mdp en 2018. El aumento entre 2018 y 2019, con la llegada de López Obrador a la presidencia, si bien fue importante (6.6% de incremento), no fue suficiente para alcanzar el máximo de 2014, pues en total aglutina un presupuesto de 1,032 billones de pesos. En la figura 8.1 se puede observar con detalle esa evolución.

Lo anterior es un reflejo de que, a pesar de que se crearon muchos programas sociales nuevos, varios de ellos fueron el resultado de la sustitución de otros, además de que se eliminaron 18.[15]

Aun cuando el Coneval no ha publicado el inventario de programas sociales para 2020 es posible rastrear los cambios en el presupuesto de los principales programas sociales con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.[16] Así pues, el dato más importante para destacar es que el monto total sumado de estos 16 programas disminuirá en 2020 en términos nominales (aun sin contar la inflación), pasando de un total de 305.6 mdp a 297.9. Así como programas como la Pensión de adultos mayores y Sembrando Vida tendrán incrementos importantes, otros como Jóvenes construyendo el futuro y las Becas Benito Juárez para educación básica se verán fuertemente recortados.

 

  1. ¿QUIÉNES SON LOS MÁS BENEFICIADOS Y LOS MÁS PERJUDICADOS CON LOS CAMBIOS EN LOS PROGRAMAS SOCIALES?

Con los programas sociales de gobiernos anteriores se había formado una especie de red de protección social mínima, acotada, fragmentada y que estigmatizó a sus beneficiarios,[17] pero al final de cuentas cubría a 40% de la población sin seguridad social en México.[18] Mientras que los beneficios de las pensiones y los sistemas públicos de seguridad social se concentran principalmente en áreas urbanas, más de la mitad de los beneficiarios de Prospera se encontraban en áreas rurales en 2016, y un tercio de los beneficiarios de 70 y más y del Seguro Popular vivían en tales localidades. Cuando el análisis se hace por quintiles de ingreso (figura 8.2), se observa cómo el conjunto de programas minimalistas (Seguro Popular, 70 y más y Prospera) estaba orientado a la población más pobre, caso contrario a las instituciones de seguridad social y las pensiones.

De hecho, al calcular el coeficiente de concentración[19] para ocho programas o rubros de gasto redistributivo (figura 8.3), resulta que solo el paquete de programas mencionados realmente redistribuye positivamente, mientras que el resto de los programas termina haciendo una redistribución regresiva. En la figura 8.4 es posible observar cómo el poder redistributivo de Prospera y el Seguro Popular disminuyó con el tiempo, aunque levemente, mientras que las becas que otorgaba el gobierno pasaron de ser progresivas a regresivas, y servicios como el IMSS y el Instituto Nacional de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en 2018 se concentran más en los hogares más ricos, comparado con 1992.

El análisis anterior es suficiente para ser crítico ante el paradigma de la política social anterior al gobierno de López Obrador. De eso no hay duda. Pero también es muestra de que, aunque insuficientes, programas sociales como Prospera y 70 y más cumplían un papel redistributivo de vital importancia para muchos hogares: cada uno representaba 21% del total de ingresos de los beneficiarios pertenecientes al 10% más pobre (decil I). Si bien no eran suficientes, eran importantes.

Aún no es posible realizar un análisis como el anterior con datos de 2019, ya que será hasta 2021 cuando se publiquen los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2020. En todo caso, se pueden hacer algunos análisis con base en la información de años pasados y algunos supuestos sobre el actual.

Los cambios en la política social en términos de ganadores y perdedores durante el gobierno de López Obrador son buenas y malas noticias para los beneficiarios de programas sociales como los mencionados antes. Por su parte, el hecho de que el monto transferido por la ahora llamada Pensión para el bienestar de las personas adultas mayores haya aumentado 220% es una gran noticia para este sector de la población. A pesar de lo anterior, el cambio en la población objetivo del programa, pasando de la focalización a personas sin pensión, a universal para personas mayores a 68 años, implica por construcción que el programa ahora tendrá un coeficiente de concentración mayor y, por lo tanto, menor poder redistributivo en términos de desigualdad. Aun así, por sí mismo es una buena noticia para muchos hogares en los cuales esta transferencia de casi un salario mínimo hará la diferencia entre estar o no por debajo de la línea de pobreza. Además, con seguridad el programa ampliará aún más su padrón de beneficiarios en áreas urbanas, y no tanto en rurales.

La reconfiguración en términos del monto redistribuido por becas también es interesante de analizar. Antes, con Prospera, el mayor componente del presupuesto estaba netamente orientado a áreas rurales, con base en las becas de educación básica. En 2020 la beca de educación básica se reducirá a más de la mitad de su presupuesto en 2019, mientras que aumentarán en 70% y 74% los programas dirigidos a media superior y educación superior, respectivamente. Lo anterior es grave en términos de progresividad de la redistribución: 83% de los estudiantes de educación media superior y 90% de nivel superior
se encuentran en áreas urbanas. Además, el 50% más pobre del país sólo cuenta con 34% del total de estudiantes de educación media superior y 20% de superior. De esta manera, la reorientación del
presupuesto a niveles educativos más altos impactará menos en los más pobres.

Por último, el otro programa que presenta aumentos importantes es Sembrando Vida, y sería el que aportaría nuevos beneficios para las áreas rurales en el país. Ya se mencionó que este programa se dirigirá en su mayoría a hombres, quienes acumulan de manera desproporcionada la posesión de las tierras agrícolas en México.[20]

En suma, parece que la reconfiguración en los programas sociales durante 2019 y 2020 beneficiará más a hogares que no necesariamente se encuentran en el fondo de la estratificación social: hogares urbanos, no en pobreza extrema, personas estudiando media superior y superior, y adultos mayores que ya recibían alguna pensión. Esto sería indudablemente una buena noticia si no se estuviera haciendo a costa de disminuir transferencias que llegan a mujeres, rurales o en pobreza extrema. A la luz de ambos procesos las conclusiones unívocas son difíciles.

 

  1. CONCLUSIONES: RIESGOS DE LOS CAMBIOS
    EN LOS PROGRAMAS SOCIALES

 

A pesar de que tanto críticos como apologistas se han creído la narrativa de que “el gobierno de López Obrador redistribuye hoy más dinero a los hogares más pobres” frente a lo que hacían sus antecesores, realmente esto no es cierto. Como ya se probó, el monto de los programas sociales en suma es aún menor que el del año 2014, cuando se alcanzó el máximo de presupuesto utilizado en programas y acciones sociales redistributivas.

De igual manera, es cuestionable la creencia de que los programas del nuevo gobierno representan un cambio paradigmático para la política social: se mantienen las características de focalización y condicionalidad de programas sociales de años anteriores. Además, es importante el impulso al workfare, es decir, al obligar a los beneficiarios de programas sociales a trabajar a cambio de la transferencia. Es importante distinguir la diferencia entre un programa de fomento productivo y un programa dirigido a disminuir la pobreza o atacar la desigualdad.

De hecho, mantener condicionalidades u obligar a beneficiarios a trabajar para recibir montos transferidos son características que alejan a los programas sociales del enfoque de derechos, y reproduce el imaginario de “pobres/beneficiarios merecedores y no merecedores”.

Sumado a las problemáticas anteriores, sí hay algunos cambios que son importantes al comparar los nuevos programas sociales respecto de los anteriores: por un lado, el incremento del número de programas que no cuentan con reglas de operación[21] y que no hacen público su padrón de beneficiarios o es imposible analizarlo,[22] y, por otro, aún no son públicos los datos del problemático Censo del Bienestar, con el que supuestamente se levantaron los datos respecto de los potenciales beneficiarios de los programas sociales, mediante los “servidores de la nación”, quienes se sospechaprovienen directamente de las redes de operación electoral del partido Movimiento de Regeneración Nacional.[23] Otra restricción para el éxito de la política social es que se ha asegurado que no se incrementarán los impuestos, por lo que parece difícil lograr la cobertura universal de los programas sociales.

En conclusión, parece claro que las continuidades y la inercia institucional y programática de la política social en México son más fuertes que los cambios dentro del gobierno de la 4T, por lo que no hay forma de sostener el argumento de que actualmente se vive una transformación paradigmática, al menos en cuanto a la política social. Así, queda en el aire la duda: ¿realmente se está atendiendo “primero a los pobres”?

 

[*] Es doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología por El Colegio de México. Director de Información Estadística en el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México. Laboró como coordinador de Estudios de Desigualdad en Oxfam México. Ha impartido clases en El Colegio de México, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Panamericana. Sus principales líneas de investigación son: legitimidad de la meritocracia y percepciones sobre pobreza, desigualdad y justicia distributiva; políticas sociales en México y América Latina, y mediciones de pobreza y desigualdad.

 

[1]  Coneval. “Inventario de programas y acciones sociales federales 2018”, Coneval, México, 2018. Recuperado de https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/ipfe/Documents/Inventarios_Anteriores/Inventario_2018.zip

[2] SHCP. “Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Ejercicio Fiscal 2020”, shcp, Ciudad de México, 2019. Recuperado de https://www.ppef.hacienda.gob.mx/es/ppef2020/introduccion

[3]  Sedesol. “Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Pensión para Adultos Mayores, para el ejercicio fiscal 2014”, en Diario Oficial de la Federación, Sedesol, Ciudad de México, 30 de abril de 2014. Recuperado de http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/normateca/Normateca/Reglas_Operacion/2014/rop_adultos_mayores.pdf

[4] Coneval. “Líneas de pobreza por ingresos México 1992 (enero) a 2019 (octubre)”, Coneval, Ciudad de México, 2019. Recuperado de https://www.coneval.org.mx/Medicion/Documents/Lineas_bienestar/Lineas_Bienestar.zip

[5] El equivalente de distribuir 800 pesos otorgados por los 10 meses del ciclo escolar, en los 12 meses del año.

[6] CEEY. “El programa ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’… a la luz de ‘Millennials en América Latina y el Caribe: escuchando a los jóvenes de México’”, CEEY, Ciudad de México, 2018. Recuperado de https://ceey.org.mx/wp-content/uploads/2018/12/Nota-de-PP_Jóvenes-Construyendo-el-Futuro_final.pdf

[7]  Flores, Zenyazen. “Sin ejercer, 63% del presupuesto para programa de Jóvenes Construyendo el Futuro”, en El Financiero, 9 de agosto de 2019.  Recuperado de https://www.elfinanciero.com.mx/economia/sin-ejercer-63-del-presupuesto-para-programa-de-jovenes-construyendo-el-futuro

[8] Forbes. “México dará 250 dólares a cada centroamericano con programa Sembrando Vida”, en Forbes México, 14 de agosto de 2019. Recuperado de https://www.forbes.com.mx/mexico-dara-250-dolares-a-cada-centroamericano-con-programa-sembrando-vida/

[9] Barba, Carlos. “Inseguridad y protección social en los países desarrollados y en América Latina”, en Revista Mexicana de Sociología, vol.75, núm.1, enero–marzo de 2013, pp. 29–61.

[10] FAO. “La mujer y la seguridad alimentaria”, en FAO Focus, s.f. Recuperado de http://www.fao.org/focus/s/women/Sustin-s.htm

[11]  Antúnez Estrada, Montserrat. “Derecho a la tierra para las mujeres en México, un tema de desigualdad”, en Cimacnoticias, 30 de noviembre de 2017. Recuperado de https://cimacnoticias.com.mx/noticia/derecho-a-la-tierra-para-las-mujeres-en-mexico-un-tema-de-desigualdad/

[12] A diferencia de lo que sucedía con Prospera, que entregaba el monto transferido a las mujeres.

[13] Para un análisis a mayor profundidad sobre las carencias del Seguro Popular, véase Valencia Lomelí, Enrique y Máximo Ernesto Jaramillo–Molina. “El Programa Progresa–Oportunidades–Prospera en el régimen de bienestar dual mexicano”, en Hernández Licona, Gonzalo et al. (coords.). El Progresa–Oportunidades–Prospera, a 20 años de su creación, Coneval, Ciudad de México, 2019. Un dato que da muestra de las carencias del Seguro Popular es que cubría solo 14% de las intervenciones y 11% de las enfermedades.

[14]  Los montos se muestran en precios constantes de 2019.

[15] Badillo, Diego. “AMLO eliminó 12 programas sociales que incidían en la pobreza”, en El Economista, 1 de septiembre de 2019.  Recuperado de https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-elimino-12-programas-sociales-que-incidian-en-la-pobreza-20190901-0005.html

[16] SHCP. Op. cit.

[17] Yaschine Arroyo, Iliana y Sara María Ochoa León. “La política de superación de la pobreza en México 1997– 2014”, en Cordera Campos, Rolando y Enrique Provencio Durazo (coords.), Informe del desarrollo en México 2015 pued–unam, Ciudad de México, 2016, pp. 121–148; Valencia Lomelí, Enrique, David Foust Rodríguez y Darcy Tetreault Weber. Sistema de protección social en México a inicio del siglo xxi, cepal / asdi, Santiago de Chile, 2012, y Jaramillo–Molina, Máximo Ernesto. “‘Sin intermediarios’: la política social en la 4T”, en Nexos, 14 de marzo de 2019. Recuperado de https://economia.nexos.com.mx/?p=2165

[18] Valencia Lomelí, Enrique y Máximo Ernesto Jaramillo–Molina. Op. cit.

[19] El coeficiente de concentración parte de la misma lógica del coeficiente de Gini, con la diferencia de que ordena los hogares según alguna variable diferente de la que mide la concentración. Por ejemplo, el coeficiente de concentración de –0.265 para Prospera indica que está redistribuyendo más dinero o los hogares más pobres frente a los más ricos (por eso es negativo), en una magnitud mayor que el Seguro Popular, cuyo dato es –0.176.

[20]  No se han logrado abrir los archivos con los datos proporcionados por el área de transparencia y padrones de la Secretaría de Bienestar, por lo que aún no ha sido posible realizar un análisis partiendo de los datos del padrón.

[21] De los 11 programas incluidos en la tabla 8.2 solo dos cuentan con reglas de operación, seis solo tienen lineamientos, y para tres no se pudo encontrar ninguno de dichos documentos.

[22] El programa Jóvenes construyendo el futuro publicó en algún momento su padrón de beneficiarios en formato de una gran tabla en formato pdf, lo que dificultaba el análisis para muchos usuarios.

[23] Hernández, Rafael. “Servidores de la Nación: la maquinaria electoral”, en Nexos, 1 de septiembre de 2019. Recuperado de https://www.nexos.com.mx/?p=44276 y Jaramillo–Molina, Máximo Ernesto. Op cit.