Los acaparadores del agua

María González Valencia[*]

 

Resumen: El agua es un bien común para la vida. Sin embargo, en la actualidad se encuentra amenazada por el poder económico y político que ejercen las empresas, nacionales y trasnacionales, en la toma de decisiones sobre las políticas hídricas y en el acaparamiento de los principales acuíferos. Este texto da cuenta de la situación del agua en México, y en particular en Jalisco, y describe el actual modelo de gestión del agua y su marco normativo. Explica las consecuencias del sistema de concesiones, la captura corporativa del agua y revela las principales empresas que acaparan el agua en el estado. Busca ser un llamado a la construcción de una nueva Ley general de aguas, en la que se aborde de manera trasversal el derecho humano al agua y al saneamiento, así como de un tratado vinculante de empresas y derechos humanos con el que se sancionen las violaciones cometidas por las empresas.

Palabras clave: Agua, concesiones, acaparamiento, captura corporativa, empresas, derecho humano al agua y al saneamiento.

 

Abstract: Water is a common good that is essential for life. Today, however, it is threatened by the economic and political power wielded by corporations, both national and transnational, who influence decision–making on water policy and try to secure the main aquifers for their own use. This text looks at the water situation in Mexico, and particularly in Jalisco; it describes the water management model currently in use and its regulatory framework. It also explains the consequences of the concession system, corporate water capture, and names the leading companies that have gained control over much of the water in the state. The article calls for a new General Water Law that will address the human right to water and sanitation in a comprehensive way, and provide for binding penalties on companies that violate this right.

Key words: Water, concessions, corporate capture, corporations, human right to water and sanitation.

 

El agua es un elemento fundamental para la vida. En tiempos de cambio climático y de la crisis civilizatoria que enfrentamos, de ella depende la sobrevivencia del planeta. Los datos son preocupantes, en México 9.9 millones de personas no tienen acceso al agua en sus viviendas;[1] pero si tomamos en cuenta que el agua debe estar libre de contaminantes, debe ser accesible y estar disponible cuando sea necesario se estima que solo 40% cuenta con agua potable,[2] es decir, alrededor de 70 millones de personas no tienen agua de manera suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico.

De acuerdo con el estudio “Protección de ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva de los Derechos Humanos” realizado por la Universidad Nacional Autónona de México (UNAM) para la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se documentó que la disponibilidad de agua renovable per cápita se redujo en 2015 a 3,338 (m3 / habitante / año), cuando en 1950 era de 18,035 (m3/habitante/año). Por otra parte, el mismo estudio detalla que en el caso de las comunidades indígenas 1.5 millones no tienen servicio de agua entubada en su vivienda y 3.2 millones carecen de drenaje.

En relación con el saneamiento del agua en México el estudio señala que solo se sanea 35.36% de las aguas residuales, y explica que cada segundo se vierte a las redes de descarga y cuerpos de agua 89.2
m3/segundo de aguas contaminadas sin tratamiento alguno y 138.74 m3 / segundo de aguas residuales de origen industrial. Además, documenta que 54% de las aguas negras se descargan directamente en ríos o arroyos, provocando que más de 70% de los ríos, lagos y presas se encuentren con algún grado de contaminación. Por último, el estudio describe que se ha incrementado la cifra de acuíferos sobrexpotados; en la actualidad, de 653 acuíferos que existen en el país 144 están sobrexplotados.[3]

 

  1. Modelo de gestión del agua en México

Uno de los principales factores de la crisis del agua que actualmente enfrentamos en México se debe al deficiente y obsoleto modelo de gestión, puesto en marcha por décadas en las instituciones del agua y que se ha impuesto a la ciudadanía.

Este modelo centraliza las decisiones sobre nuestra agua en pocas manos bajo un esquema de “representatividad y participación” que excluye a las comunidades y a las personas de la toma de decisiones y del control social del agua. Asimismo, privilegia las grandes y costosas obras de ingeniería hidráulica, generando procesos de corrupción. Solo considera como voz exclusiva la de los expertos técnicos gubernamentales e inversionistas, rechazando la instrumentación de alternativas sustentables, equitativas, ecológicas, baratas y limpias.

El actual modelo de gestión del agua está enmarcado en una lógica de privatización que considera al vital líquido una mercancía y negocio. A través de leyes, programas y políticas este modelo debilitó la gestión pública[4] del agua, eliminando casi por completo la gestión comunitaria,[5] impulsando y fortalecido la gestión privada.[6]

En México desde 2012 se elevó a rango constitucional el derecho humano al agua y al saneamiento. El artículo 4, párrafo 6, establece que

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.[7]

No obstante, esta reforma trascendental se ha incumplido. El transitorio tercero mandató que “El Congreso de la Unión contará con un plazo de 360 días para emitir una Ley General de Aguas”,[8] pero han pasado siete años y el estado mexicano y las autoridades del agua no han emitido una nueva Ley General de Aguas que aborde de manera trasversal y garantice los derechos al agua y al saneamiento, su acceso equitativo y sustentable, ni garantías que aseguren que el agua tenga como uso prioritario el consumo humano, la protección de los ecosistemas, la soberanía alimentaria y la salud por encima de cualquier otro uso de negocio.

 

  1. La Ley de Aguas Nacionales y su inequitativo sistema de concesiones

En México la legislación en materia de agua ha venido en retroceso, desprotegiendo cada vez más los derechos humanos y fortaleciendo a los actores económicos. Como no se ha emitido una nueva Ley General de Aguas en el país la ley vigente es la Ley de Aguas Nacionales (LAN),[9] aprobada en 1992 con un enfoque del agua privatizador y mercantilista.

La ley vigente, en su capítulo cuarto, permite el acaparamiento de agua por actores económicos a través del sistema de concesiones y trasferencia de derechos sobre el agua a privados. El régimen de concesiones vulnera el principio de equidad y sustentabilidad del agua, es responsable de diversos conflictos y disputas por el agua entre comunidades y empresas, en el campo y la ciudad; ocasiona la sobrexplotación de acuíferos, su contaminación. En esencia, mantiene el control político y económico de nuestra agua por encima de los derechos y territorios de los pueblos indígenas, del acceso al agua paras las mujeres, los niños, las niñas y las poblaciones rurales y urbanas de bajos ingresos.

Según el artículo 20 de la LAN el sistema de concesiones permite acceder al agua a los particulares en cada cuenca mediante la obtención de una concesión ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua),
logrando así un derecho prácticamente irrevocable debido a los siguentes factores:

  • Las concesiones otorgadas pueden tener una vigencia de hasta 30 años con derecho a prórroga por la misma cantidad de años, es decir, pueden acaparar el agua de manera continua mínimo por 60 años (artículo 24 de la LAN).
  • Las concesiones pueden ser trasferibles, y por lo tanto un agricultor o campesino puede trasmitir su título de concesión a una compañía minera, constructora o cervecera a través de la firma de un convenio o contrato entre particulares (artículos 33 al 37, 23 y 37 bis de la LAN).
  • Las concesiones pueden cambiar el uso por el que originalmente fueron otorgadas, por ejemplo, de uso agrícola puede cambiarse para uso industrial al amparo del mismo título (artículo 25, párrafo cuarto de LAN).

El otorgamiento o no de las concesiones en teoría depende de la disponibilidad del agua en las cuencas. La triste realidad es la carencia de estudios e información científica confiable, sistemática y en tiempo real de la calidad, disponibilidad, dinámica del agua y volúmenes reales que se extraen del subsuelo, así como de la deficiente supervisión que la Conagua realiza de las concesiones.

Basta mencionar que en 2016 la Conagua atendió solo 37.9% (7,447) de las 19,640 solicitudes para el otorgamiento de títulos de concesión y asignación, por lo que 12,193 (62.1%) continuaban pendientes. Por otra parte, inscribió en el Registro Público de Derechos de Agua 52.8% (23,596) de los 44,675 requerimientos y 21,079 (47.2%) permanecían en rezago,[10] déficit que necesariamente influye en la administración del agua y, por lo tanto, en los datos aportados para determinar la disponibilidad.

En ese sentido la Auditoría Superior de la Federación reveló que hasta 2013 la Conagua inspeccionaba tan solo 1% de los títulos de concesión otorgados, lo cual resulta marginal para garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones derivadas de los títulos de concesión. Este mismo informe señala que en el caso de los concesionarios inspeccionados la obligación que más se incumplió fue la referente a no acatar las condiciones del título de concesión, como aprovechar aguas nacionales en un punto diferente al autorizado.[11]

 

  1. Investigación #AcaparadoresDelAgua en Jalisco

El estado de Jalisco también es parte de la política hídrica de acaparamiento del agua. En consecuencia, enfrenta severos problemas de contaminación, sobrexplotación de sus cuencas y sobreconcesionamiento de los acuíferos, como lo demuestra nuestra investigación “Los acaparadores del agua en Jalisco”,[12] realizada por el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, AC (IMDEC), presentada el 22 de marzo de 2019.

La investigación #AcaparadoresDelAgua tuvo por objetivo demostrar quiénes tienen acaparada nuestra agua y por ende el control político y económico del vital líquido en Jalisco. La averiguación se centra en esta primera parte del estudio, en la región hidrológica núm.12 Lerma–Santiago, que incluye los principales cuerpos de agua de Jalisco (lago de Chapala, río Verde, lago de Cajititlán, río Santiago, subcuencas y microcuencas de la zona metropolitana de Guadalajara), y que concentra la mayor conflictividad socioambiental en el estado.

A través del derecho de acceso a la información y trasparencia se obtuvieron los datos de las 50 mayores concesiones de aguas superficiales y subterráneas, otorgadas por la Conagua[13] en la región hidrológica núm. 12 Lerma–Santiago hasta septiembre de 2018.

De los principales hallazgos encontrados en la investigación se destaca que los mayores volúmenes de agua están en manos de actores económicos poderosos, que disminuyen la disponibilidad y la calidad del agua. Sobresalen cerveceras, constructoras, embotelladoras, inmobiliarias, refresqueras, tequileras, químicas, de agroexportación y fraccionamientos residenciales, con concesiones otorgadas de 10 hasta 50 años y con volúmenes máximos de extracción anual de 102’166,496 m3 de agua subterránea y 2,955’520,000 m3 de agua superficial, como se puede apreciar en las tablas 12.1 y 12.2.

Entre las empresas con mayores volúmenes de agua concesionados están la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma–Heineken y la Cervecería Grupo Modelo, las refresqueras Coca–Cola y Jugos del Valle, y las tequileras Tequila Sauza y Brown Forman.

En la lista se econtraron también empresas químicas consideradas de las más contaminantes, como las estadounidenses Grupo Celanese y Hutsman, así como la mexicana Mexichem, todas ubicadas en la cuenca del río Santiago, a las que a través de estudios oficiales e independientes se les ha comprobado sus altos niveles de contaminación.[14]

Destacan también empresas agrícolas y de agroexportanción ubicadas en la ribera de los lagos de Chapala y Cajititlán, en donde la población enfrenta un grave problema de salud pública derivado de
la contaminación ambiental, como la empresa mexicana Agropecuaria Sanfandila y la estadounidense Naturesweet.

Por otra parte, sorprendió el elevado número de empresas inmobiliarias, constructoras y fraccionamientos residenciales que acaparan el agua: 16 empresas encabezan la lista, entre ellas Urbi Construcciones, Casas Geo, Casas Javier, Bienes y Raíces Jardín Real y los fraccionamientos residenciales El Río Country Club, Bugambilias y Santa Anita. Lo anterior comprueba la sobrexplotación de las subcuencas y microcuencas del área metropolitana de Guadalajara en beneficio del sector inmobiliario y el uso desmedido e irracional del agua en zonas residenciales, en detrimento de la población urbana que habita en
las zonas marginadas de la ciudad y no tiene acceso al agua.

 

  1. La captura corporativa del agua

Desde hace más de 30 años la política hídrica del país ha sido decidida por élites económicas, nacionales y trasnacionales en acuerdo con la clase política. Lo que la Red Internacional DESC define como la “captura corporativa”, es decir, “las maneras en que una élite económica socava la realización de los derechos humanos y perjudica el medio ambiente mediante el ejercicio de una influencia indebida sobre los encargados de tomar las decisiones en el ámbito nacional e internacional, y sobre las instituciones”.[15]

En materia de agua en México esta práctica la podemos constatar a través del trabajo que realiza el Consejo Consultivo del Agua (CCA), conformado en 2000 en su mayoría por empresas del sector energético, minería, embotelladoras, constructoras y empresas que promueven la privatización de los sistemas de agua en el país.

El CCA se define como la “única organización de la sociedad civil del país, dedicada exclusivamente a temas de agua”,[16] y como un consejo vinculante, al cual “le corresponde ser consultado por la Conagua para elaborar propuestas, recomedaciones, análisis y evaluaciones respecto de los problemas nacionales prioritarios, relacionados con el uso del agua, según las leyes nacionales e internacionales”.[17]

De manera excepcional, en 2017 se conformó en Jalisco el Consejo Consultivo del Agua —Capítulo Jalisco—, único en todo el país, presidido por Francisco Javier Mayorga Castañeda, político y secretario de Agricultura en el gobierno de Felipe Calderón. Varias de las empresas que acumulan la mayor parte del agua en Jalisco, de la investigación #AcaparadoresDelAgua, son parte del CCA.

Tal es el caso de las Cervecerías Modelo, Cuauhtémoc–Heineken y de Coca–Cola, empresas que impulsan, además, el cuestionado “Pacto Social por el Agua”,[18] a través del cual pretende imponer el Plan Nacional Hídrico 2019–2024 y una Ley General de Aguas que continúe defendiendo sus intereses económicos por encima de los derechos humanos.

Es preocupante que la relación cada vez más profunda entre el gobierno y las empresas está debilitando a las instituciones estatales y los procesos responsables de garantizar, respetar, proteger y cumplir los derechos humanos. En este sentido, la captura corporativa actúa como una causa de muchos abusos contra los derechos humanos por parte de las empresas.

En México está claro el proceso de captura del sector hídrico, su captura en la toma de decisiones, en la gestión del agua y su acaparamiento. Las empresas definen las políticas del agua, se benefician de ella, controlan y ejercen las decisiones sobre este bien común.

 

  1. Hacia un tratado vinculante de empresas
    y derechos humanos

En 2016, durante su visita oficial a México, el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas constató, en al menos 67 casos,[19] que a pesar del creciente número de conflictos socioambientales, sobre todo por el agua, entre empresas y comunidades, la legislación en la materia a escala nacional e internacional es muy deficiente. Situación que se ve agravada por la falta de una reglamentación eficaz tanto en los estados de origen como en los estados que acogen empresas, y por la ausencia de una garantía de un acceso efectivo a la reparación y a la rendición de cuentas.

Sin embargo, se han dado pasos importantes desde las organizaciones de derechos humanos para elevar el debate y las propuestas en la materia. En primer lugar se reconoce que las empresas son actores no estatales que violan derechos humanos y por lo tanto están obligados a respetarlos y a reparar todas las consecuencias negativas sobre los derechos humanos que hayan provocado o contribuido a provocar.

En 2011 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció 31 principios rectores sobre empresas y derechos humanos,[20] una norma de conducta en el plano mundial para todas las empresas, tanto trasnacionales como de otro tipo, independientemente del tamaño, sector, ubicación, propietarios y estructura, así como para todos los estados.

Los principios se basan en el reconocimiento de las obligaciones que tienen los estados de respetar, proteger y cumplir con los derechos humanos; el papel de las empresas y su obligación de cumplir todas las leyes aplicables y respetar los derechos humanos, haciendo énfasis en que los derechos y obligaciones deben ir acompañados de recursos adecuados y efectivos en caso de incumplimiento.

El establecimiento de estos principios representa las primeras bases en términos de justicia contra el poder corporativo, no obstante, al no ser vinculantes, las empresas continúan vulnerando derechos, en muchos casos con total impunidad.

Debido a que los principios no son vinculantes, en 2014 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó la resolución A/HRC/RES/26/9,[21] en la que estableció un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta, con el mandato de elaborar un tratado internacional de derechos humanos legalmente vinculante para regular sus actividades, prevenir y remediar las violaciones de derechos humanos cometidas por empresas trasnacionales y otras empresas.

Han pasado diez años y en este proceso se han involucrado comunidades afectadas, movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos de todo el mundo, que han incluido temas esenciales como la participación y el acceso a información, la diligencia debida en materia de derechos humanos, las obligaciones extraterritoriales, la responsabilidad penal empresarial y el acceso a la justicia. Se cuenta con un “Borrador cero”[22] del tratado que fue discutido en octubre de 2018 en la cuarta sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental, y en octubre de 2019 se presentará y discutirá el “Borrador 1”.

Como es de imaginar, este proceso ha provocado resistencia por parte de varios países, sobre todo de la Unión Europea y Estados Unidos.[23] Es urgente seguir empujando este marco internacional para frenar los abusos generalizados y sistemáticos de derechos humanos por parte de las empresas.

 

  1. Conclusiones

La problemática del agua es compleja y nos involucra a todas las personas, pues de ella dependemos para vivir y, en los próximos años, para sobrevivir y no desaparecer. No importa nuestra condición social ni el lugar donde habitemos, lo que está en riesgo es la vida frente a un modelo económico que nos impone a diario proyectos de muerte, como le dicen los pueblos indígenas y campesinos.

La defensa de nuestra agua como un bien común es una tarea urgente. Existen más de 500 conflictos ambientales en México y en todos el agua es uno de los elementos en disputa,[24] pero al mismo tiempo el agua también nos une, nos hermana y nos moviliza.

Defender el agua es defender culturas, costumbres e identidades, es defender cosmovisiones y modos de vida de pueblos ancestrales, de comunidades campesinas y también de lo que significa el agua en las ciudades.

Los desafíos, como los describimos en el presente artículo, son muchos: lograr la democratización de las decisiones sobre nuestra agua es fundamental, para así evitar que siga siendo controlada y acaparada por las grandes corporaciones económicas en contubernio con las autoridades.

Transitar hacia un nuevo paradigma de manejo y gestión del agua es vital, un nuevo modelo en el que sea considerada el sustento de la vida y las culturas por encima de una oportunidad de negocio, que respete y
garantice los derechos humanos a la salud, la alimentación, al agua, a la vida, a la libre determinación de los pueblos y los derechos de la naturaleza sobre los derechos del capital. Este modelo debe reducir las brechas de desigualdad en el acceso al agua, garantizar su equidad, sustentabilidad, disponibilidad, calidad y el abastecimiento a lo largo del tiempo, para las generaciones presentes y futuras y los ecosistemas.

 

[*] Defensora de derechos humanos, egresada del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Especialista en agua, conflictos sociambientales y estrategias para la defensa de la tierra y el territorio. Feminista, activista y educadora popular. Es fundadora de diversas redes de agua y derechos humanos en México. Coordinadora del Área de Acción para la Defensa del Territorio del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, AC (IMDEC). Correo electrónico: maria@imdec.net

 

[1].  Comisión Nacional del Agua. Estadísticas del Agua en México, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ciudad de México, 2018, pp.101–124. Recuperado el 17 de junio de 2019, de http://sina.conagua.gob.mx/publicaciones/eam_2018.pdf

[2].  Gobierno de la República. “Informe nacional voluntario para el foro político de alto nivel sobre desarrollo sostenible: bases y fundamentos en México para una visión del desarrollo sostenible a largo plazo. Avance en el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, México”, Gobierno de la República, 2018, p.48. Recuperado el 16 de junio de 2019, de https://www.coparmex.org.mx/downloads/envios/InfNalVol.pdf

[3].    Sandoval Moreno, A., et al. Protección de ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva de los derechos humanos, UNAM/CNDH, Ciudad de México, mayo de 2018, p.17. Recuperado el 17 de junio de 2019, de http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/estudio_rios_lagos_acuiferos.pdf

[4].    Manejo del agua desde las instituciones del estado.

[5].    Manejo y control del agua desde las comunidades campesinas e indígenas.

[6].    Manejo del agua por las empresas nacionales y trasnacionales.

[7].    Cámara de Diputados. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4. Diario Oficial de la Federación, Ciudad de México, 8 de febrero de 2012. Recuperado el 17 de junio de 2019, de http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/012_comisioneslxii/01_ordinarias/002_agua_potable_y_saneamiento/13_marco_juridico/01_constitucion_politica_de_los_estados_unidos
_mexicanos

[8].    Ibidem.

[9].    Ley de Aguas Nacionales, Ciudad de México. Diario Oficial de la Federación, Ciudad de México, 24 de marzo de 2016. Recuperado el 18 de junio de 2019, de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/16_240316.pdf

[10].    Auditoría Superior de la Federación y Comisión Nacional del Agua. Gestión Integral y Sustentable del Agua, Administración del Agua Auditoría de Desempeño: 16–5–16B00–07–0410 410, p.156. Recuperado el 10 de junio de 2018, de http://informe.asf.gob.mx/Entrega3/Documentos/Fichas/Ficha_de_a.pdf

[11].        Auditoría Superior de la Federación y Comisión Nacional del Agua. Preservación del Agua en Cantidad, Auditoría de Desempeño: 13–0–16B00–07–0144, 2014, p.20. Recuperado el 10 de junio de 2018, de https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/ir2013i/Documentos/Auditorias/2013_0144_a.pdf

[12].       Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, AC, IMDEC. Los 50 mayores acaparadores del agua en Jalisco, Guadalajara, 2019. Recuperado el 19 de junio de 2019, de http://www.imdec.net/docs/2019/territorio/50mayorescaparadoresAguaJaliscoPresentacion.pdf

[13].       Solicitud de transparencia otorgada al IMDEC, AC, por la Comisión Nacional del Agua, Folio infomex: 1610100302518. Datos hasta septiembre de 2018.

[14].       Labunska, I., Brigden, K. y Santillo, D. Metales pesados y contaminantes orgánicos en descargas de aguas residuales de la empresa Huntsman en Atotonilquillo (México), Greenpeace, 2012. Recuperado el 18 de junio de 2019, de https://www.greenpeace.org/archive-mexico/es/Footer/Descargas/reports/Toxicos/Metales-pesados-y-contaminantes-organicos/#a0

[15].    Red DESC. Rendición de Cuentas Corporativa del proyecto Captura Corporativa. Recuperado el 19 de junio de 2019, de https://www.escr-net.org/es/derechoshumanosyempresas/capturacorporativa/acerca-captura-corporativa

[16].       Consejo Consultivo del Agua, AC. Inicio. Recuperado el 19 de junio de 2019, de http://www.aguas.org.mx/sitio/index.php/quienes

[17].    Consejos Consultivos Nacionales en Materia Agropecuaria y Ambiental. ¿Qué es? Recuperado el 19 de junio de 2019, de https://consejosconsultivos.mx/consejo-consultivo-del-agua.html

[18].    Pacto Social por el Agua. ¿Qué es el Pacto Social por el Agua? Recuperado el 19 de junio de 2019, de https://pactosocialagua.mx/

[19].    Greenpeace México. México: empresas y derechos humanos, compendio de información que presenta la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, Ciudad de México, 2016. Recuperado el 19 de junio de 2019, de https://www.greenpeace.org/archive-mexico/Global/mexico/Docs/2016/Informe_Mx_Empresas
_ddhh.pdf

[20].   Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ACNUR. Principios rectores sobre las empresas y los Derechos Humanos, Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para ‘proteger, respetar y remediar’, ONU, Nueva York/Ginebra, 2011. Recuperado el 19 de junio de 2019, de https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinesshr_sp.pdf

[21].       Resolución A/HRC/RES/26/9, aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Asamblea General de las Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos. Ginebra, 14 de julio de 2014. Recuperado el 20 de junio de 2019, de https://documents-dds-ny.un.org/doc/undoc/gen/G14/082/55/pdf/G1408255.pdf?OpenElement

[22].      Borrador Cero del Tratado Vinculante de Empresas y Derechos Humanos (solo en inglés). Recuperado el 19 de junio de 2019, de https://www.ohchr.org/Documents/hrbodies/HRCouncil/wgTransCorp/Session4/ZeroDraftOPLegally.PDF

[23].      López de Miguel, Alejandro. “La UE y EEUU se oponen al proyecto de la ONU para obligar a las multinacionales a respetar los derechos humanos”. Público, 29 de junio de 2014. Recuperado de https://www.publico.es/internacional/ue-y-eeuu-oponen-al.html

[24].   Espinosa, Verónica. “El caos ambiental y sus 500 puntos rojos, un grito de alarma a los presidenciables”. Proceso, 11 de abril de 2018. Recuperado de https://www.proceso.com.mx/529432/el-caos-ambiental-y-sus-500-puntos-rojos-un-grito-de-alarma-a-los-presidenciables

La reforma permanente en la educación mexicana

Juan Carlos Silas Casillas[*]

 

Resumen: La educación mexicana ha tenido en los últimos 100 años una gran cantidad de modificaciones operativas y legales que implican reacomodos tanto en el nivel de la escuela como en la relación entre los actores involucrados: gobiernos y profesores. Esto con la mediación atenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Se pone un acento particular en las dos reformas educativas recientes, cuyo carácter es más bien laboral y político que académico.

Palabras clave: Sistema educativo, reforma, sindicato, profesión docente.

 

Abstract: Over the past 100 years, Mexican education has undertaken quite a few operational and legal modifications that involve significant shifts at both the school level and in the relations between key players: governments and teachers, with the watchful mediation of the National Union of Educational Workers. Special attention is paid to the two most recent educational reforms, which affect labor and political relations more than academics.

Key words: Educational system, reform, union, teaching profession.

 

La educación en México es un tema con muchas inercias y tensiones, además de un asunto clave en la conformación de la sociedad y la formación de las nuevas generaciones en un marco de calidad y en consonancia con el modelo de nación que se propone, por tanto, es insoslayable que se busque la mejoría constante. En los años más recientes, la crítica (fundada y no) al sistema educativo en su conjunto, especialmente derivada de la valoración de la profesión docente, ha ganado espacios en las mesas de café, programas de radio y televisión, o sitios de la Internet. Organizaciones como Mexicanos Primero o el Instituto Mexicano para la Competitividad tuvieron en las últimas dos décadas un papel activo en la crítica al sistema y la propuesta de una nueva agenda en relación con la docencia y su evaluación. Esto parece modificarse a partir del año 2018 cuando comienza la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este texto muestra, a través de un breve recorrido histórico y un sucinto análisis de la política pública reciente sobre el tema educativo, cómo en México se vive en un “estado permanente de reforma educativa”. Se ilustra cómo el estado mexicano ha desarrollado su sistema educativo y su relación con los docentes de acuerdo con sus necesidades.

 

  1. Un poco de historia

El constante crecimiento demográfico y la adopción de diferentes modelos de desarrollo nacional en el siglo XX obligó al estado mexicano a abrir escuelas y contratar maestros en muy corto tiempo. Este texto parte de los años posrevolucionarios, básicamente a partir de 1917 cuando se incluye en la constitución la obligatoriedad para el gobierno de impartir en sus escuelas una educación laica y gratuita, lo cual lo obligaba a llevar a sus centros escolares los materiales y conseguir el personal académico suficientes para la instrucción de los menores.

En distintos momentos de su historia el gobierno se ha impuesto la cobertura total en diferentes niveles educativos. En 1934 se definió que la instrucción primaria sería obligatoria, lo mismo para la secundaria (1993), el prescolar (2003), la educación media superior (2012) y la educación inicial y superior (2019). En la práctica el estado no ha sido capaz de garantizar la cobertura universal. Se puede decir que desde inicios del siglo XX el estado mexicano ha “tratado de alcanzar al país”. Los 20 periodos presidenciales entre el de Álvaro Obregón (1921–1924) hasta el de López Obrador (2018–2024) han enfrentado retos importantes y han tenido cambios en el “modelo de nación” y las formas de comprender el desarrollo.

Los gobiernos posrevolucionarios buscaban reconstruir la nación a través de políticas desarrollistas con base en un modelo agrícola y una incipiente industrialización. El sistema escolar debía corresponder a ese esquema. En los años de la educación socialista el énfasis era racionalista, el cual se fue amalgamando con el nacionalismo de los años treinta y cuarenta. La posguerra trajo una educación científica e industrial que buscaba ligar a la escuela con la producción nacional. Algo parecido se dio entre los años cincuenta y el inicio de los ochenta. El periodo neoliberal de tres décadas y media entre 1982 y 2018 trajo una apertura comercial sin precedentes y proponía que niños y jóvenes se formaran como ciudadanos de un mundo global e interconectado económicamente. En muchos sentidos se puede decir que México ha vivido una paradoja en la que lo continuo es el cambio, y en este sentido es prácticamente imposible sostener una línea de planeación educativa con modificaciones cada periodo gubernamental.

 

  1. La profesión docente y el sindicato

El crecimiento del sistema educativo mexicano pudo lograrse a través de políticas públicas, acciones de gobierno que permitieran, por un lado, incorporar niños y jóvenes en el sistema educativo y, por el otro, la
habilitación para la docencia de un gran conjunto de personas con niveles y capacidades dispares realizando actividades profesionales bajo la acción consciente del estado mexicano. En las décadas de los treinta y cuarenta el estado ofreció seguridad laboral como elemento de atracción. Los maestros tendrían el estatus de empleado del estado mexicano y estarían bajo el cobijo de un poderoso sindicato.

El gobierno de Manuel Ávila Camacho concretó la unificación de los gremios de docentes en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que nació oficialmente el 30 de diciembre de 1943. Este nuevo y poderoso sindicato, el único interlocutor reconocido por el gobierno en su relación con el gremio docente, contó con mecanismos preferenciales en su relación con el estado. Por su parte, el SNTE se comprometió a apoyar la expansión del sistema educativo nacional y al régimen del partido–gobierno que era el Partido Revolucionario Institucional. Este “matrimonio por conveniencia” fue decisivo en la construcción de la profesión docente mexicana, ya que el sindicato se convirtió en un organismo poderoso que realizaría negociaciones no solo en términos académicos o formativos sino en aspectos económicos, laborales o políticos que traerían beneficios directos a los agremiados sin la necesidad de mostrar su mérito profesional. Como sindicato corporativo, organización de carácter oligárquico y grupo de interés, el SNTE representa diferentes papeles que moldean la profesión docente.

En la práctica el SNTE cogobierna y determina de manera conjunta la política pública, pero de manera independiente establece el rumbo real de las acciones acordadas. Toma parte activa en la puesta en marcha de las iniciativas y en este sentido puede influir en el logro de estas y en la percepción que tenga el público sobre la efectividad de la política pública en materia educativa.

Entre las acciones de cogobierno relevantes está lo relativo a la formación docente y los mecanismos de ingreso, promoción y cese de los docentes, que se analizan a continuación.

 

  1. La formación docente

La historia de la formación de profesores y las escuelas normales en México es antigua. Respecto del siglo xx se puede decir que sus antecedentes principales son la Escuela Nacional de Maestros y las escuelas normales rurales, que eran el pilar principal del proyecto educativo de los gobiernos posrevolucionarios[1] y, aunque estas últimas carecían de un plan definido, que fue configurándose de manera espontánea,[2] parecían enfocarse en potenciar la educación en el ámbito rural mexicano al tiempo que proponían la concientización y participación de los que se formaban en estas escuelas en el desarrollo nacional.

Las normales rurales formaron profesores durante décadas y promovieron la autogestión en las comunidades, aunque tuvieron múltiples episodios de crisis por falta de recursos y por el poco atractivo que representaba trabajar con pocos recursos y salarios más bajos. Por otro lado, a partir de 1935 la Escuela Nacional de Maestros introdujo el socialismo en su plan de estudios en tres grandes núcleos temáticos: naturaleza, trabajo y sociedad. En este sentido quedaba claro que el papel de los docentes egresados de las escuelas normales era el de ser de manera simultánea dinamizadores sociales y formadores de niños y jóvenes. El espíritu de los tiempos y los compromisos que México contrajo al alinearse con los países ganadores en la segunda Guerra Mundial llevaron al sistema educativo nacional y la formación ofrecida en las escuelas normales a desplazarse del socialismo a la unidad nacional.[3] Esto planteó nuevos retos en las escuelas normales, y merced a ello se creó el Instituto de Capacitación del Magisterio y la Escuela Normal Superior de México.

Un breve recuento del último tercio del siglo XX deja ver la acelerada transición de modelos. En 1972 se modificaron los requisitos de ingreso y egreso en la formación docente y se formalizó que junto con el título de normalista en educación preescolar o primaria los jóvenes obtuvieran el certificado de bachiller en ciencias sociales. En 1978, por decreto presidencial, se creó la Universidad Pedagógica Nacional, la que desde su inicio tuvo varios fines difíciles de hacer compatibles. Por un lado, el SNTE la quería para dar formación y actualización superior a los maestros en servicio, para continuar su capacitación y obtener así un grado superior. Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) la entendía como un centro de docencia e investigación en que confluyeran y se formaran docentes, investigadores y administradores de alto nivel.[4]

Fue hasta 1984 cuando los grados que ofrecían las escuelas normales se reconocieron oficialmente como estudios de educación superior,[5] lo que aportó tensiones al sistema educativo. Las escuelas normales debían entonces ser reconocidas como instituciones de educación superior (IES), por lo que tendrían que cambiar su estatus ante la SEP y sus docentes debían ahora cumplir con las regulaciones para las IES. En la práctica significó que todo postulante a normalista debería contar con el certificado de educación media superior y que quienes egresaran lo harían en igualdad legal con los licenciados universitarios. También modificó la edad de ingreso y egreso en los estudios normalistas, retrasando con ello su entrada a la docencia. Los maestros normalistas, a partir de finales de los años ochenta, tenían un perfil más robusto profesionalmente y contaban con los títulos superiores que la normatividad establecía.

La última década del siglo XX trajo incrementos moderados tanto en la cantidad de escuelas normales como en el número de estudiantes, situación que no cambió mucho en los primeros años del XXI. Se han desarrollado nuevas licenciaturas y posgrados, siguiendo una lógica disciplinaria, entre las que destacan las licenciaturas en educación primaria o en educación secundaria con especialidad en alguna asignatura (biología, matemáticas, español, entre otras) o la licenciatura en educación intercultural bilingüe, por citar unos ejemplos.

 

  1. Contratación, promoción y remuneración

El proceso de contratación de docentes ha sido históricamente difícil. En las épocas del crecimiento acelerado del sistema educativo el reclutamiento y la contratación se caracterizaron por una lógica de urgencia, discrecional y accidentada. Se daban nombramientos por recomendación de algún funcionario o por asignación del SNTE.

Con la institucionalización de los procesos en la SEP la relación entre la formación como docente en las instituciones creadas por el estado para ello y la asignación de plaza como profesional docente en las escuelas operadas por el estado tuvo un comienzo terso que se fue complicando. En 1951 se otorgó una plaza por tres horas a cada uno de los egresados de la Escuela Normal Superior de México. Durante las décadas de los cincuenta a los setenta se mantuvo la tónica y fue en 1983 cuando esas plazas se incrementaron a 19 horas.[6] Sin embargo, dadas las recurrentes crisis económicas y tensiones políticas la contratación y consecuente asignación de plazas ha tenido altibajos desde finales del siglo xx. Es común encontrar casos en que se asignaron horas a los egresados de las normales en diferentes escuelas, lo que significó que los docentes deberían distribuir su jornada laboral en dos o tres centros de trabajo e invertir una parte sustancial de su día en trasladarse de uno a otro.

Más por presiones de organismos internacionales o de organizaciones empresariales que por interés de romper los pactos políticos, los gobiernos del año 2000 en adelante han buscado reducir la discrecionalidad en las contrataciones. Diferentes negociaciones entre el gobierno y el sindicato han traído un sistema de contratación un poco más trasparente. Un paso notorio fue la Alianza por la Calidad de la Educación, firmada por el gobierno federal y el SNTE en 2008, que seleccionaba con base en el resultado de evaluaciones a los maestros que se contratarían. La administración 2012–2018, en el marco del Pacto por México entre el gobierno federal y los partidos políticos, instrumentó el conjunto de modificaciones legales y normativas que llevó el nombre de Reforma educativa 2013. Esto se bosquejará muy brevemente en el apartado siguiente.

En todo caso, queda claro que el centro de toda modificación a los mecanismos de contratación–CESE y promoción está vinculada con el acuerdo de 1948 entre el gobierno federal y el SNTE que establecía que los docentes contratados por el estado estaban regidos por el apartado B del artículo 123 de la Constitución, lo que les daba seguridad laboral pues era —y es— prácticamente imposible ser despedidos.[7]

 

  1. La reforma educativa de 2013
    y la contrarreforma de 2019

El gobierno federal en funciones entre 2012 y 2018 diseñó un conjunto de modificaciones legales con la finalidad de recuperar la rectoría del estado en materia de contratación, evaluación, promoción y despido de los trabajadores de la educación. Este esquema tiene una gran similitud con el “Acuerdo de cooperación México–OCDE para mejorar la calidad de la educación de las escuelas mexicanas”, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),[8] lanzado en 2013 con el nombre de Reforma Educativa y que involucró cambios en el artículo 3 de la Constitución, la Ley General de Educación, la Ley del Servicio Profesional Docente y crear la Ley que dio autonomía al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE).[9] El núcleo duro de estas reformas se ubicó en la modificación del estatus laboral de los docentes, que en la práctica excluía a los profesores de la seguridad que otorga el apartado B del artículo 123.

La parte que generó más ruido estuvo en la Ley General del Servicio Profesional Docente, que establecía una relación distinta entre el gobierno y los trabajadores de la educación, ponía a la evaluación como eje del sistema educativo nacional bajo el supuesto de que incrementaría la calidad y se presentó como una actividad permanente, formativa y adecuada para la profesionalización de los docentes. El ingreso al servicio docente sería por concursos de oposición diseñados por el INEE y conducidos por la autoridad. Al ser abiertos podían postular profesionales no egresados de la Escuela Normal. Los seleccionados tendrían una plaza docente de carácter inicial, el profesor tendría un periodo de inducción de tres años y sería acompañado por un tutor designado por la autoridad educativa.

La permanencia en el servicio se ligó a las evaluaciones obligatorias por lo menos cada cuatro años. Un resultado insuficiente en una primera y segunda ocasión obligaría al evaluado a incorporarse a un programa de regularización. Una vez terminado debería sujetarse a una nueva evaluación en un plazo no mayor de 12 meses. Quien no se incorporara a los programas de regularización o no alcanzara el nivel de suficiente en la tercera evaluación sería separado de la docencia y reasignado a otro puesto en el servicio público. Si el docente no accedía sería separado del servicio público.

Es importante señalar que las negociaciones incluyeron que esto no ocurriría para ninguno de los docentes en servicio al momento de la promulgación de la ley. Las promociones y los reconocimientos al desempeño se integraron en el Programa de Promoción en la Función por Incentivos en Educación Básica, que postulaba otorgar estímulos económicos a los profesores con desempeño sobresaliente.

Los resultados de la reforma 2013 fueron magros. En la práctica no se mejoraron los aprendizajes ni se tuvo un incremento real en los niveles formativos de los profesores. De hecho, no existen reportes de maestros separados de su cargo por haber tenido resultados insuficientes en su evaluación, aunque sí hubo maestros cesados por no haberse presentado a las evaluaciones de manera reiterada cuando se les solicitó. Un resultado más fue un importante desprestigio de la profesión docente ante la sociedad civil por dos razones principales: el mensaje del gobierno federal, los medios de comunicación y los organismos empresariales se centró en señalar que el principal responsable de los pobres resultados educativos era el maestro, y algunos grupos de docentes incurrieron en vandalismo como medida de presión hacia el gobierno.

La contrarreforma de 2019 se operó políticamente desde los comienzos del sexenio del presidente López Obrador y se cristalizó en los días previos a la emblemática fecha del 15 de mayo (Día del maestro). Consistió en una serie de cambios que inactivaban los impuestos seis años antes y algunas adiciones. Ese día se hizo público que se echaba para atrás el espíritu y la letra de la reforma de 2013 y se incluyeron varias modificaciones trascendentes.

La primera modificación importante se enfoca en el artículo 3 de la Constitución, al que se le añadieron varios conceptos entre el que se destaca la obligatoriedad para el estado de impartir y garantizar la educación inicial y superior para los mexicanos. La segunda en el ámbito del artículo 3 constitucional es retomar la idea de que la educación debe ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Por otro lado resalta que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia, promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza–aprendizaje.

Los cambios más importantes se dieron en la abrogación de la ley que creaba como organismo autónomo al INEE, que en la práctica significó su desaparición, y la Ley General del Servicio Profesional Docente, la cual contenía las disposiciones para la evaluación obligatoria y el cese de los maestros que no resultaran idóneos. Se establece que deberá redactarse la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y otro conjunto de disposiciones reglamentarias, pero posiblemente la más relevante fue que se hace explícita la inclusión de los profesores en la fracción B del artículo 123, por lo que se regresa al estatus de servidor público.

En este momento es difícil saber qué contendrán las leyes reglamentarias y cómo prosperará el nuevo diseño de la educación mexicana. Lo que sí es fácil decir es que esta reforma 2019 (o contrarreforma, como se le llamó) responde al modelo de país que tiene la administración lopezobradorista, y que constituye un cambio más en la educación mexicana.

 

  1. A manera de conclusión

La educación mexicana en el último siglo ha pasado por diferentes episodios que han marcado su carácter. El vínculo entre el gobierno y el sindicato ha sido determinante en la conformación del gremio docente y la constitución del modelo educativo. Las modificaciones a las normativas, ya sean constitucionales, en el nivel de leyes generales o reglamentarias, parecen estar influidas por presiones políticas (internas o externas) y no tanto por análisis profundos de la realidad educativa.

Es casi una tradición que el gobierno que llega al poder cada seis años haga modificaciones sin realizar cambios de fondo en lo académico y sin resultados tangibles en el logro escolar de niños y jóvenes. El estado de cambio permanente no redunda en mejoras reales, por lo que es importante reflexionar acerca de lo que verdaderamente impacta en las vidas de las comunidades en México y sus habitantes.

Queda como materia pendiente el análisis de las características operativas de la reforma 2019, su modelo educativo, llamado de la “Nueva Escuela Mexicana” y sus materiales. Esto será materia de otro escrito.

 

[*]  Es profesor investigador del Departamento de Psicología, Educación y Salud del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Tiene estudios de Licenciatura en Psicología Educativa, Maestría en Educación y obtuvo el Doctorado en Educational Policy and Leadership de la Universidad de Kansas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su interés de investigación está en la línea de currículo y modelos educativos, en los modelos curriculares y la gestión del aprendizaje a nivel superior.

 

[1].     Navarrete, Z. “Formación de profesores en las Escuelas Normales de México. Siglo XX”, Revista Historia Educativa Latinoamericana, vol. 17 núm. 25, julio–diciembre de 2015, pp. 17–34.

[2].    Curiel, M.E. “La educación normal” en Solana, F; Cardiel R. y Bolaños R. (coords.), Historia de la educación pública en México. SEP, México, 1981.

[3].    Ibidem.

[4].    Arnaut, A. Historia de una profesión. Los maestros de educación primaria en México 1887–1994, CIDE, México, 1996.

[5].    Ibidem, así como Arnaut, A. El sistema de formación de maestros en México. Continuidad, reforma y cambio (Cuadernos de Discusión, 17), SEP, México, 2004.

[6].    Montaño, L. “La Educación Normal: su tránsito por la educación superior de políticas, reformas y tensiones”, en Sandoval, E., Blum–Martínez, R. y Andrews, I. H. (coords.), Desafíos y posibilidades en la formación de maestros. Una perspectiva desde América del Norte, UPN, México, 2009, p. 3.

[7].        Secretaría de Educación Pública (SEP). “Reglamento de escalafón de los trabajadores al servicio de la Secretaría de Educación Pública”, Diario Oficial de la Federación, 14 de diciembre de 1973; Santibáñez, L. “¿Están mal pagados los maestros en México? Estimado de los salarios relativos del magisterio”, Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, vol. XXXII, núm. 2, Centro de Estudios Educativos, 2002, pp. 9-41; Ortiz, M. Carrera magisterial. Un proyecto de desarrollo profesional (Cuadernos de Discusión 12) SEP, México, y Arnaut, A. El sistema de formación de maestros en México, op. cit.

[8].    Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. “Acuerdo de cooperación México–OCDE para mejorar la calidad de la educación de las escuelas mexicanas”, OCDE, París, 2010.

[9].    “Decreto por el que se reforman los artículos 3o. en sus fracciones III, VII y VIII, y 73, fracción XXV, y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción ii y una fracción ix al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Diario Oficial de la Federación, Presidencia de la República, México, 2010. Recuperado de https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5288919&fecha=26/02/2013

 

Una aproximación a los vacíos de protección frente a la crisis humanitaria de personas refugiadas en México: la experiencia desde el terreno

Andrea Villaseñor de la Vega[*]
Claudia Stephany León Ang[**]

 

Resumen: En este artículo se analiza el contexto actual de la situación de refugio en la región, realizando un repaso de la política en materia de protección internacional en México y analizando los vacíos de protección en el país, partiendo de una reflexión de los hallazgos proporcionados a través del trabajo de defensa y acompañamiento a la población solicitante de asilo desde el Servicio Jesuita a Refugiados México, con la finalidad de contrastar la realidad con los marcos normativos nacionales y la política de asilo en México.

Palabras clave: migración y refugio, violencia, acompañamiento a migrantes, Servicio Jesuita a Refugiados México, Centroamérica.

 

Abstract: This article looks at the current context of the refugee situation in the region, and reviews international protection policy in Mexico. It analyzes the gaps in protection that exist in the country, on the basis of a reflection on the experience of the Jesuit Refugee Service in Mexico in its work defending and accompanying asylum–seekers. The objective is to contrast reality with the national regulatory framework and Mexico’s asylum policy.

Key words: Migration and asylum, violence, accompaniment for migrants, Jesuit Refugee Service in Mexico, Central America.

 

Desde finales de 2017 el número de personas que se han visto forzadas a huir de sus países de origen desde Centroamérica y que buscan en México la posibilidad de proteger su vida se ha incrementado de manera significativa. Desde octubre de 2018 los grandes éxodos centroamericanos que han caracterizado las nuevas formas de movilidad humana en la región presentan un paradigma migratorio distinto y diversos retos en materia de protección internacional.

En este contexto, el Servicio Jesuita a Refugiados México, organización católica internacional de carácter no gubernamental,[1] se estableció en Tapachula para dar respuesta y atención a la situación de refugio en
la región. Desde el principio el trabajo se ha realizado de manera articulada con distintas organizaciones defensoras de los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo en el sureste mexicano, así como a través de la coordinación de acciones de acompañamiento, defensa y monitoreo a diversas violaciones a derechos humanos cometidas contra estas poblaciones tanto en el centro de detención migratoria de Tapachula como en el marco de los éxodos centroamericanos desde octubre de 2018.[2]

Para miles de personas que buscan refugio México se ha convertido en uno de los principales países de destino de la región, junto con Costa Rica. Tan solo de 2014 a 2018 más de 55 mil personas han solicitado refugio en México,[3] la mitad de estas solicitudes realizadas durante 2018. En los primeros cinco meses de 2019, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) ha recibido casi 25 mil solicitudes de la condición de refugiados, principalmente de personas provenientes de Honduras, Venezuela y El Salvador. De quienes buscan refugio en México, 78% son personas originarias de Centroamérica,[4] no obstante, aunque en menor medida, México también se está convirtiendo en destino de población extracontinental proveniente de países de África y Asia.

La inestabilidad política, social y económica en Centroamérica continúa ocasionando que miles de personas tengan que huir de sus países cada mes. Los éxodos centroamericanos de los primeros meses de 2019 no son más que el reflejo de esta situación, que se intensifica con la violencia y las diversas violaciones a derechos humanos que, de manera sistemática, sufren las personas en sus lugares de origen.[5]

Honduras se encuentra sumida en una crisis política desde el golpe de estado en 2009, que se agudizó con la reelección ilegal e ilegítima de su presidente, Juan Orlando Hernández, en 2017.[6] Estos factores han agravado una situación ya de por sí crítica, caracterizada por la desigualdad, la violencia estructural y la impunidad, que deja sin alternativas de vida segura a millones de personas.

Por su parte, Latinoamérica se caracteriza por ser la región con la mayor tasa de homicidios en el mundo.[7] En los países del norte de Centroamérica los niveles epidémicos de homicidios llegaron a una cúspide entre 2011 y 2016. Para 2017 la tasa nacional para Honduras fue de 43.6, para El Salvador de 60.1 y para Guatemala de 26 homicidios por cada 100 mil habitantes.[8] Frente a este panorama los jóvenes son los más vulnerables a la violencia. El porcentaje de víctimas de homicidio en menores de veinte años en El Salvador y Guatemala es mayor que en cualquier otro lugar del mundo. Como consecuencia se han documentado niveles alarmantes de desplazamiento forzado interno en estos tres países, como lo ha sido el caso de Honduras, que presentó un incremento de 174,000 personas desplazadas internas entre 2004 y 2014.[9]

Este cúmulo de condiciones de violencia, conflictos e inestabilidad es la principal causa de los exilios forzados que caracterizan a la región y que, de continuar como hasta ahora, se podría convertir, si no lo es ya, en una de las mayores crisis humanitarias de personas en situación de movilidad forzada.

En México la Comar, órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), es la institución gubernamental encargada para dar respuesta a estos éxodos forzados y ofrecer atención en materia de protección internacional a las personas solicitantes de la condición de refugiadas en el país. Esta comisión se estableció en 1980 en el marco del conflicto armado interno en Guatemala para atender a la población refugiada guatemalteca.[10] En 1984 el estado mexicano firmó la Declaración de Cartagena, ampliando en 1990 la definición de refugiado a la legislación migratoria nacional de ese momento mediante la Ley General de Población.[11] Sin embargo, no fue sino hasta el año 2000 cuando México ratificó la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y el Protocolo de 1967 en el marco de Naciones Unidas,[12] y hasta 2011 cuando aprobó la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria —que en 2014 pasó a llamarse Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, año en el que se acordó la Declaración de Brasil—, con su reglamento publicado un año después.

Esto da muestra del gran rezago en el avance del diseño e instrumentación de los marcos normativos adecuados referentes a la protección internacional de personas refugiadas en México, pues tuvieron que pasar más de 30 años de espera para contar con una legislación nacional adecuada en esta materia y que atendiera a los compromisos internacionales y regionales adquiridos para la protección internacional de personas refugiadas.

La asignación del presupuesto público federal para la Comar no ha sido una prioridad para las distintas administraciones de gobierno. En tres años la Comar sufrió una reducción de 25% de su presupuesto, pasando de 27.7 millones de pesos en 2017 a 20.8 millones en 2019,[13] como una clara muestra de falta de voluntad política para el fortalecimiento del sistema de asilo en México y la consolidación de una política de estado en materia de protección internacional, en un contexto en el que las solicitudes de refugio ante la Comar se han incrementado exponencialmente, pasando de 8,796 solicitudes en 2016 a 29,647 en 2018.

A pesar de que el estado mexicano cuenta con una normativa federal en esta materia, no se han garantizado las medidas necesarias, suficientes y efectivas para ofrecer una respuesta integral y adecuada al incremento de las solicitudes de la condición de refugiado en los últimos años, agravado por las políticas basadas en el reforzamiento de fronteras y la contención de la movilidad humana impuestas desde Estados Unidos y replicadas por el gobierno mexicano,[14] provocando que los vacíos de protección sean cada vez mayores.

Los vacíos de protección (protection gaps) han sido clave para el análisis que realiza el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) a escala internacional,[15] haciendo un cruce, por un lado, entre la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967 y, por otro lado, la respuesta que los estados dan a las personas refugiadas. Fruto de este análisis es que se identifican los vacíos en términos de carencias, insuficiencias, disparidades y discrepancias en la aplicación de los estándares de protección internacional de los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de la condición de refugiado.

En función del acompañamiento que se proporciona en el Servicio Jesuita a Refugiados México se destacan algunos que resultan especialmente preocupantes en el contexto actual.

Un entorno de protección favorable para las personas refugiadas y solicitantes implica que estas sean admitidas y protegidas contra la devolución, con marcos normativos garantes de derechos e instituciones sólidas que las protejan. Sin embargo, además de las debilidades anteriormente señaladas que presenta la política en materia de protección internacional en México y de la poca capacidad institucional y presupuestal de la Comar, la política migratoria de México, basada en la gestión de la movilidad humana mediante el control, la persecución y la detención como la regla, afecta directamente el derecho a solicitar asilo y recrudece la tragedia humanitaria que atraviesan miles de personas, en un gran porcentaje, con necesidades de protección internacional.

La práctica sistemática de la detención migratoria resultó en más de 138 mil personas privadas de su libertad en 2018 debido a su condición migratoria, esto es, un aumento de 48% de las detenciones en comparación con 2017.[16] De estas, 89% corresponde a personas originarias de Centroamérica, sobre todo de Honduras, país de donde proviene más de la mitad de las solicitudes de refugio en México. Tan solo en el primer tercio de 2019 casi la mitad de las detenciones migratorias se realizaron contra la población hondureña, con más de 25 mil personas detenidas,[17] a pesar de que el ACNUR señaló que el aumento de las solicitudes de refugio de personas de Honduras se incrementó 237% de enero a marzo de 2019,[18] en comparación con el mismo periodo en 2018.

La dificultad para solicitar asilo en la frontera expone a mayores riesgos y limita el acceso al procedimiento, y la detención como norma implica que solicitantes inicien su trámite en total privación de libertad, que a pesar de que existe el Programa de Salidas de Estaciones Migratorias coordinado por el ACNUR, la Comar y el Instituto Nacional de Migración para acceder a una alternativa a la detención, lo cierto es que estos esfuerzos han resultado insuficientes. De octubre 2017 a octubre 2018 casi 2,400 solicitantes de asilo en detención migratoria accedieron a esta posibilidad,[19] cuando en ese mismo periodo 144,849 personas fueron privadas de su libertad.[20]

El registro y la determinación de la condición de refugiado hace referencia a los procedimientos para distinguir a personas necesitadas de protección internacional y para ayudar a confirmar la condición de
refugiado. En México la Ley sobre Refugiados contempla la figura de protección complementaria, sin duda un avance para la protección, aunque persisten algunas interrogantes en su aplicación, por ejemplo, en los casos de violencia de género, donde se hace necesario adecuar la definición de la causal de género en concordancia con las directrices del ACNUR para proteger de manera adecuada.[21]

Con la aplicación de otros instrumentos internacionales como la Declaración de Cartagena de 1984, ampliando la definición de refugiados que se retoma en la Ley sobre Refugiados en México[22] y donde 89% de los casos que se han reconocido bajo esa definición se dio en 2016,[23] en su mayoría a población venezolana, bajo la causal de violencia masiva de derechos humanos. Además, preocupa que ha sido aplicada de manera discriminatoria para solicitantes de Honduras y El Salvador, ya que entre 2011 y 2016 han sido excluidos de su protección.[24]

La libertad de circulación y el acceso a recursos legales tiene que ver con circular libremente en el territorio de acogida y no ser privado de la libertad de manera arbitraria. Sin embargo, la práctica de la detención sistemática y otras acciones establecidas para el control migratorio conllevan graves violaciones a los derechos humanos de las personas solicitantes de asilo en México, no solo por el hecho de privar de la libertad a personas con necesidades de protección internacional como medida punitiva al no contar con documentos migratorios sino también por el gran riesgo que representa la detención migratoria como antesala de la violación al principio de no devolución.

En México existen más de 58 centros de detención migratoria a lo largo del territorio nacional,[25] en donde en promedio son detenidas más de 150 mil personas cada año. Las condiciones de estos lugares han
sido documentadas y denunciadas por diversas organizaciones de la sociedad civil y se caracterizan por el hacinamiento, la atención médica inadecuada y la alimentación deficiente, la desinformación, los castigos arbitrarios, amenazas, actos discriminatorios, detenciones prolongadas, así como por la práctica de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y actos de tortura.[26] A pesar de esto, durante los éxodos centroamericanos desde octubre 2018 se ha observado un aumento en las detenciones masivas incluso contra personas que han manifestado su interés en solicitar refugio en México y un temor fundado en regresar a su país.[27] También se habilitaron nuevos espacios improvisados por el gobierno a manera de extensiones de la Estación Migratoria Siglo XXI, como la Feria Mesoamericana que continúa habilitada para la detención de población extracontinental, con una capacidad de 1,600 personas. Esta situación que impide la libertad de circulación se ha exacerbado con el reciente despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur de México y su participación en redadas migratorias en lugares públicos en la ciudad de Tapachula.[28]

Una limitación adicional que restringe la libre circulación se establece en el Reglamento de la Ley sobre Refugiados en su artículo 24, sobre la obligación que tienen las personas solicitantes de asilo de firmar cada semana como medio de verificación de la Comar de que la persona no ha abandonado el procedimiento, aunado al hecho de que, durante el tiempo que dure el procedimiento, las personas están obligadas a permanecer en el estado donde comenzaron la solicitud ante la Comar, imposibilitándoles mayor movilidad al interior del país.

Las necesidades básicas y los servicios esenciales implican asegurar la disponibilidad de alojamiento adecuado, agua limpia y condiciones sanitarias generales, suficientes alimentos para mantener un buen estado de salud, atención primaria de salud y educación. A pesar de que en el artículo 44 de la Ley sobre Refugiados se reconoce el derecho a la salud, a la educación y al trabajo, entre otros, para la población refugiada, en México no existe una política de estado en materia de acogida y de inclusión para las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas. Incluso las mismas organizaciones de la sociedad civil han emitido propuestas acerca de la importancia de contar con un Sistema Integral para Personas en Movilidad en México,[29] con la finalidad de tener un mecanismo de coordinación interinstitucional y de articulación entre diferentes sectores y actores sociales, así como entre los distintos niveles de gobierno, para el diseño y ejecución de una política integral en materia de movilidad humana, en la que las necesidades de las personas migrantes y refugiadas sean trasversales en diversas dependencias gubernamentales y programas sociales. No obstante, esta propuesta aún no ha sido retomada del todo por la actual administración federal, y continúa existiendo una gran descoordinación entre las instituciones obligadas a garantizar el acceso a los diversos derechos sociales, económicos, culturales, ambientales y políticos para la población en contexto de movilidad humana en México, aunado a sistemas sociales débiles con poco presupuesto y a la discriminación institucional para proporcionar servicios de atención básicos.

Además de los distintos vacíos de protección en México identificados desde el trabajo de acompañamiento directo con la población solicitante de asilo y refugiada, a pesar de las mejores respuestas de hospitalidad mostradas durante el primero éxodo centroamericano en octubre de 2018 por las poblaciones locales a lo largo de la ruta migratoria en el país, comienzan a ser más evidentes y frecuentes los brotes de xenofobia y racismo contra la población extranjera proveniente principalmente de Centroamérica.[30] Esto se observa mediante los diversos mensajes de odio, discursos de criminalización y descalificación, lo que representa un gran obstáculo para la participación de la comunidad, autogestión y autosuficiencia, de forma que puedan ser partícipes de la vida comunitaria en igualdad de condiciones con el resto de la población.

Nos encontramos ante nuevos desafíos y oportunidades, donde la participación de diversos sectores de la sociedad se hace indispensable para que la búsqueda de soluciones sea conjunta y sin olvidar que no se trata solo de migrantes, se trata de nuestra humanidad.[31]

 

 [*] Directora del Servicio Jesuita a Refugiados México, maestra en Género y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid y en Cooperación al Desarrollo por la Universidad de Comillas.

 [**]  Coordinadora de Incidencia del Servicio Jesuita a Refugiados México y maestra en Migración, Movilidad y Desarrollo por la Escuela de Estudios Orientales y Africanos (SOAS), Universidad de Londres.

 

[1].     Servicio Jesuita a Refugiados Latinoamérica y el Caribe. “Sobre Nosotros”. Recuperado de https://sjrlac.org/Nosotros

[2].    Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano. Informe del Monitoreo de Derechos Humanos del Éxodo Centroamericano en el Sureste Mexicano: octubre de 2018–febrero de 2019. Recuperado de https://observatoriocolef.org/articulos/informe-del-monitoreo-de-derechos-humanos-del-exodo-centroamericano-en-el-sureste-mexicano-octubre-2018-febrero-2019/

[3].    Unidad de Política Migratoria. Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Boletín Estadístico de Solicitantes de Refugio en México 2018, Unidad de Política Migratoria, México, 2018.

[4].    Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar. Estadísticas de solicitantes de refugio en la Comar al mes de mayo de 2019. Recuperado de https://www.gob.mx/comar/articulos/la-comar-en-numeros?idiom=es

[5].    “Audiencia Regional de la CIDH: Situación de Derechos Humanos de las personas que integran la caravana de migrantes”, Revista Brújula Ciudadana, núm. 105, 2019. Recuperado de https://docs.wixstatic.com/ugd/82d74e_bd27a81bbc294d5c9ab7b718051e34fb.pdf

[6].    Organización de Estados Americanos. “Misión de Observación Electoral. Elecciones generales. Honduras. 26 de noviembre de 2017. Informe Final”. Recuperado de http://scm.oas.org/pdfs/2017/cp38551smoeh.pdf

[7].    Muggah, R. y Aguirre, K. “Citizen Security in Latin America: Facts and Figures”, Igarapé Institute, Strategic Paper, núm.33, abril de 2018. Recuperado de https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2018/04/Citizen-Security-in-Latin-America-Facts-and-Figures.pdf

[8].    Grupo de Protección Regional del REDLAC. “Panorama de la Situación de Violencia y Protección”, Consejo Noruego para Refugiados, junio y julio de 2018.

[9].        Ibidem.

[10].    Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar. “La creación de la Comar”, 27 de enero de 2011. Recuperado de http://www.comar.gob.mx/es/comar/La_creacion_de_la_comar

[11].        Cobo, S. y Fuerte, P. “Refugiados en México. Perfiles sociodemográficos e integración social”, Centro de Estudios Migratorios. Unidad de Política Migratoria, México, 2012. Recuperado de http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/segob/Resource/1353/4/images/Cobo_2012_refugiados.pdf

[12].    Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Estados parte de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y el Protocolo de 1967, al 30 de junio de 2011. Recuperado de https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/bdl/2001/0506.pdf?file=fileadmin/Documentos/bdl/2001/0506

[13].       Fundar, Centro de Análisis e Investigación. “Análisis del Paquete Económico 2019”. Recuperado de http://fundar.org.mx/wp-content/uploads/2018/12/Ana%CC%81lisis-del-Paquete-Econo%cc%81mico-2019.pdf

[14].       Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, et al. “Comunicado. Día Mundial de las Personas Refugiadas. La conmemoración de las personas refugiadas más triste de México”, 20 de junio de 2019. Recuperado de https://sjrlac.org/campaign_detail?tn=project-20190621014545&L=3

[15].       Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. “Vacíos en la protección. Marco de análisis. Mejorando la protección de los refugiados”, Ginebra, 2008.

[16].       Instituto Nacional de Migración. “Boletín estadístico anual sobre eventos de extranjeros presentados ante la autoridad migratoria, según continente y país de nacionalidad. 2017–2018”, Unidad de Política Migratoria. Secretaría de Gobernación. Recuperado de http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/segob/Boletines_Estadisticos

[17].       Instituto Nacional de Migración. “Extranjeros presentados y devueltos, 2019”, Unidad de Política Migratoria. Secretaría de Gobernación. Recuperado de http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/segob/Extranjeros_presentados_y_devueltos

[18].    Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. “Mexico. Fact sheet. Operational context”, abril de 2019. Recuperado de http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/unhcr%20Factsheet%20Mexico%20-%20April%202019.pdf

[19].    Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, MIRPS. “Informe regional de seguimiento 2017–2018 por la Organización de Estados Americanos y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados”. Recuperado de https://www.acnur.org/5be46de64.pdf

[20].   Instituto Nacional de Migración. “Boletín estadístico anual sobre eventos de extranjeros presentados ante la autoridad migratoria, según continente y país de nacionalidad, octubre 2017 a octubre 2018”, Unidad de Política Migratoria. Secretaría de Gobernación. Recuperado de http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/segob/Boletines_Estadisticos

[21].    Universidad Iberoamericana. El género como causal del reconocimiento de la condición de refugiado en el sistema de asilo mexicano, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, enero de 2019.

[22].   Fracción II del artículo 13 de la Ley sobre Refugiados.

[23].   Universidad Iberoamericana. Declaración de Cartagena en México: 34 años de distanciamiento entre la ley y la práctica, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, septiembre de 2018.

[24].   Ibidem.

[25].      Global Detention Project. Mexico immigration detention profile, 2013. Recuperado de https://www.globaldetentionproject.org/countries/americas/mexico

[26].      “Informe Alternativo de las Organizaciones de la Sociedad Civil de México al Comité contra la Tortura de la ONU 2012–2019”. Recuperado de http://cmdpdh.org/project/informe-alternativo-de-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil-de-mexico-al-comite-contra-la-tortura-de-la-onu-2012-2019/

[27].      Documento colectivo de las organizaciones y redes de sociedad civil de la región de Centroamérica y Norteamérica. Audiencia Regional: Situación de Derechos Humanos de las Personas que integran la Caravana de Migrantes. 170 periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Washington, 6 de diciembre de 2019.

[28].   Monitoreo a la Crisis Humanitaria de Personas Migrantes y Refugiadas. “Comunicado. Nueva caravana cae en detención bajo el engaño y el desgaste. Metapa de Domínguez, Chiapas”, 6 de junio de 2019. Recuperado de https://foca.org.mx/blog/caravana-migrante-cae-en-detencion-bajo-el-engano-y-desgaste-comunicado/

[29].   “Personas migrantes y refugiadas como prioridad para el gobierno: un sistema integral para personas en movilidad humana en México. 2019”. Elaborado por Alianza Américas; Colectivo por una Migración sin Fronteras; Grupo Articulador México del Plan Acción Brasil (GAM–PAB); Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria; Red Jesuita con Migrantes México; Red por las Migraciones y los Derechos Humanos en la Ciudad de México (Remideh cdmx), entre otras.

[30].   Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano. “Informe del Monitoreo de Derechos Humanos del Éxodo Centroamericano en el Sureste Mexicano: Octubre 2018–Febrero 2019”. Recuperado de https://observatoriocolef.org/articulos/informe-del-monitoreo-de-derechos-humanos-del-exodo-centroamericano-en-el-sureste-mexicano-octubre-2018-febrero-2019/

[31].    Sección de Migrantes y Refugiados. Recuperado de https://migrants-refugees.va/es/blog/2019/06/18/se-trata-de-nuestra-humanidad/

 

#MeToo, de la denuncia anónima al debate público

Vanesa Robles[*]

 

Resumen: En este artículo se presenta un análisis del movimiento MeToo en México que evidenció la magnitud de la violencia contra las mujeres en diversos ámbitos de la vida nacional. Se retoman sus antecedentes, la importancia que las redes sociales tuvieron en su desarrollo y su irrupción como respuesta frente a la impunidad de los agresores. Se analiza su aporte frente a la normalización de la violencia de género, pero también las consecuencias que pueden traer las denuncias anónimas y los linchamientos públicos.

Palabras clave: MeToo, violencia de género, feminismo, impunidad, justicia.

 

Abstract: This article analyzes the MeToo movement in Mexico, which attested to the magnitude of the violence against women in different areas of national life. The movement’s background is examined, along with the important role that social media played in its development, and its sudden burst onto the scene as a response to aggressors’ impunity. Its challenge to the normalization of gender violence is discussed, but also the possible consequences of anonymous denunciations and public lynchings.

Key words: MeToo, gender violence, feminism, impunity, justice.

 

Escribo con mucho retraso este artículo sobre fenómenos virales en las redes de la Internet como #MeToo, #EscuchaIteso y #YoSíTeCreo; son más complejos que otros, por ejemplo, que las reacciones masivas que provocan las decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por las cuales es más o menos fácil pronunciarse en cualquier sentido.

En cambio, los movimientos citados, impulsados por personas que se sienten ofendidas por el trato de un o una colega, jefe, profesor o personaje de la vida pública tienen tres características muy poderosas: las denunciantes son mujeres y los denunciados hombres —aunque no exclusivamente—; las denuncias se refieren a agresiones sexuales, que van desde el acoso hasta la violación, y en muchos casos las denuncias se hacen desde el anonimato.

Durante el último lustro con mayor énfasis, el movimiento que pretende frenar las prácticas de agresión sexual y su asimilación en la vida cotidiana ha sorprendido con hashtags o etiquetas directísimas a una gran parte del mundo y generado opiniones diversas, a menudo radicalmente encontradas, en torno a sus formas más que a sus propósitos.

Por eso, tras la tardanza para escribir lo que ustedes están leyendo ahora hay un montón de argumentos, pero el más importante es la precaución ante un tema que extraña los matices y el análisis de situaciones en cada caso.

Como sea, MeToo es el fantasma que recorre al mundo —aunque no se sabe por cuánto tiempo, y esa es una de sus desventajas.

Tanto se ha hecho notar que la revista estadounidense Time nombró a The Silence Breackers —“Los que Rompieron el Silencio”—, y con ellos a #MeToo como los personajes del año 2017.

En el artículo “The silence breakers” que explica la elección de Time, y cuya versión en inglés está disponible en la Internet,[1] las periodistas Stephanie Zacharek, Eliana Dockterman y Haley Sweetland Edwards reflexionan:

Se supone que las estrellas de cine no son como tú ni como yo. Son personas esbeltas, glamorosas, dueñas de sí mismas. Usan vestidos que no podemos pagar y viven en casas que solo podemos soñar. Sin embargo, resulta que, de la manera más dolorosa y personal, las estrellas de cine se parecen más a ti y a mí de lo que nunca supimos […] Cuando las estrellas de cine no saben a dónde ir, ¿qué esperanza hay para el resto de nosotros? ¿Qué esperanza hay para la conserje que está siendo acosada por un colega, pero permanece en silencio por temor a perder el trabajo que necesita para mantener a sus hijos?

Las mujeres y los hombres que han roto su silencio abarcan todas las razas, todos los rangos de ingresos, todas las ocupaciones y prácticamente todos los rincones del mundo. Podrían trabajar en los campos de California o detrás de la recepción en el majestuoso Hotel Plaza de
la ciudad de Nueva York, o en el Parlamento Europeo. Son parte
de un movimiento que no tiene nombre formal. Pero ahora tienen una voz…[2]

La historia del MeToo comenzó en 2006, hace 13 años: mucho antes que el alcance viral del hashtag o la etiqueta que lo hizo famoso. Su antecedente fue el Just Be, impulsado en 2003 por la activista neoyorquina Tarana Burke.

El objetivo inicial fue trasformarse en una comunidad de base para hacer evidente y desarticular la violencia sexual, así como realizar un trabajo colectivo de promoción de políticas públicas y otros recursos para la atención y curación de las víctimas o “sobrevivientes” de las agresiones, particularmente las de “color” y que viven en condiciones de pobreza en Estados Unidos.

En 2019, cuando la frase ha sido popularizada por actrices de Holly-wood y replicada en muchos países del mundo, el movimiento original conserva una página donde, entre otras cosas, relata historias y ofrece una biblioteca de recursos legales para Estados Unidos.[3]

Como suele ocurrir en estos momentos de la historia, la frase se escapó de las manos de Tarana Burke y sus colaboradores y se volvió una etiqueta emblemática.

Con asombro y admiración fui testigo de la denuncia pública, en las paredes de esta universidad, en marzo de 2019, a través de #Escucha Iteso y #MeTooIteso, y casi de manera simultánea en las redes sociales de la Internet, de casos de supuesto acoso y agresión sexual, por parte de jefes, profesores, compañeros de trabajo y de la escuela.

No uso la palabra supuesto por casualidad. Todas las personas acusadas de haber cometido una falta o un delito son presuntas responsables hasta que un juez aplica las leyes que vienen al caso, en teoría de manera informada, expedita e imparcial. Se supone que de eso se trata el trabajo no solo de los jueces sino de todo el sistema judicial.

El meollo del asunto es que en México el movimiento #MeToo contiene todos los elementos de hartazgo que provoca la impunidad.

La mayoría de los organismos que trabajan en el tema define la impunidad como la falta de derecho por la inexistencia o las carencias de una investigación para inculpar, detener y procesar al o a los responsables de un delito. La impunidad genera un desánimo generalizado que provoca más impunidad, por ejemplo, cuando las víctimas no acuden con las autoridades, porque creen que al hacerlo no recibirán justicia.

Así, a escala nacional la cifra negra de delitos, o los delitos que no se denuncian, alcanza 93.7% respecto de los que sí son denunciados, según el índice global de impunidad México 2018, realizado por la Universidad de las Américas, en Puebla.[4] El documento acusa que Jalisco sobrepasa el promedio nacional y, peor, que de los delitos que sí se denunciaron en 2018, un poco más de 95 mil, las carpetas de investigación no alcanzaron ni una tercera parte; los imputados solo fueron 10 mil y los sentenciados en primera instancia apenas alrededor de tres mil.

De entre todos los delitos, los sexuales están entre los que menos se denuncian y menos reciben castigo, admite el Comité de Violencia Sexual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en el Diagnóstico sobre la atención de la violencia sexual en México, que se elaboró con datos del quinquenio 2010–2015.[5]

La académica del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) Ana Sofía Torres Menchaca cree que quedan muchos pendientes, aunque se han hecho esfuerzos nacionales e internacionales importantes para poner la violencia sexual en contra de las mujeres en la agenda de discusión pública. Uno de ellos, dice, es la agenda que se derivó de las recomendaciones puntuales que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le hizo al estado mexicano para la reparación integral del daño, en el caso de la desaparición y el hallazgo de los cadáveres, en noviembre de 2001, de ocho mujeres jóvenes en un campo algodonero de Ciudad Juárez.[6]

Pero 18 años después de aquellos hechos las agresiones y los crímenes sexuales contra mujeres siguen en un panorama de fiscalías que no saben investigar, no tienen personas suficientes para hacerlo o están inmersas en relaciones de poder desiguales y estereotipos de género que alcanzan también a los jueces. “El derecho no se acerca a la sociedad que lo interpela”, dice.

En estas condiciones, el #MeToo y los movimientos de denuncia colectiva similares, donde quiera que se manifiestan, son una crítica de la normalización de las agresiones sexuales, su aceptación cultural y la impunidad que existe en torno a ellas, en un contexto donde algunas víctimas —las mujeres adultas con cierto capital cultural— son conscientes de sus derechos.

Hasta aquí parece haber consenso en una parte grande de la población. Un tema es que, del otro lado del espejo, las denuncias anónimas, igual que los linchamientos públicos pueden afectar a personas inocentes, cuya conducta permanece en duda. Otro es que al concentrarse en la Internet y, a menos que una sea una actriz memorable, los casos serios que denuncia el #MeToo tienen un efecto de bajada estrepitoso de la agenda pública y, por último, que al quedarse en la nube, de manera literal, existen menos posibilidades de justicia para las víctimas.

El ejemplo más dramático es el suicidio del músico Armando Vega Gil, tras haber sido acusado de forma anónima en #MeTooMusicosMexicanos, del acoso de una mujer cuando ella tenía 13 años.

Durante los casi 20 años que cubrí la fuente de salud en distintos medios de comunicación supe que, en la mayoría de los casos, quien se quita la vida no obedece a una sola causa sino casi siempre a una depresión añeja. Sin embargo, unos minutos antes de hacerlo, Armando Vega Gil hizo publica las consecuencias que tendría en su vida la acusación, de la que, dijo, era falsa.

El caso arrastró la polarización de opiniones que ya había en torno al movimiento, a tal grado que intelectuales como la escritora Elena Poniatowska, quien se proclama feminista, en un tuit publicó su repudio a las acusaciones “a tontas y a locas”, un argumento al cual la antropóloga y feminista de la vieja guardia Martha Lamas añadió el hecho de la poca eficacia. Las administradoras de la plataforma #MeTooMusicosMexicanos se negaron a hacer cualquier rectificación de su postura inicial: a las denunciantes hay que creerles todo, continuaron.

Ya antes el movimiento había sido cuestionado por mujeres intelectuales, como la periodista Katy Kay, de la BBC: “Que no haya dudas: los hombres que han acosado o abusado sexualmente deben ser señalados [pero] lo que en un principio parecía una simple situación de blanco o negro, en realidad contiene toda una gama de grises”, declaró en diciembre de 2017.[7]

Ana Sofía Torres Menchaca se pone en medio, pero siempre del lado de las mujeres. “Es importante que se haga la denuncia —incluso la denuncia anónima— porque al contener fragmentos de experiencias, cambia la narrativa de lo acostumbrado: hace visibles los problemas, respalda mujeres, se les cree. Las mujeres requieren que sus relatos sean validados”.

Añade que siempre es mejor tener medios de denuncia que carecer de ellos. “El activismo es efímero y no siempre se institucionaliza”, recuerda.

Sin embargo, admite que existe un problema en el hecho de ponerle nombres y apellidos a los acusados en los movimientos anónimos de denuncia de violencia sexual, sobre todo porque “estos no saben con quién sembrarán un diálogo y repararán el daño, en el caso de que sean responsables”.

Por el contrario, integrar la justicia con la verdad y la paz permitiría que las denuncias y la solución de las agresiones adquieran un sentido comunitario, en opinión de la especialista.

Quizás para que esto ocurra hace falta otro MeToo que denuncie el clima cultural e institucional de agresión sexual que persiste en el país.

 

[*]  Periodista y profesora. Ha ganado los premios Jalisco de Periodismo (en 2001 y 2008), Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez (2000) y el Nuevo Periodismo categoría de Radio (FNPI, 2002), entre otros. Estudió la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), donde también realizó la Maestría en Ciudad y Espacio Público Sustentable. Es profesora de esta universidad. Correo electrónico:: vanesarobles@iteso.mx

 

[1].     El artículo “The silence breakers” puede consultarse, completo, en https://bit.ly/2IP3ymw.
La traducción es de la autora.

[2].    Zacharek S., Dockterman, E. y Edwards H. “The silence brakers”, “Person of the Year 2017”, Time, 18 de diciembre de 2017. Recuperado el 1 de julio de 2019, de https://time.com/time-person-of-the-year-2017-silence-breakers/ Las cursivas son agregadas.

[3].    Véase https://metoomvmt.org

[4].    El documento completo contiene información nacional y de cada una de las entidades del país. Puede consultarse en https://bit.ly/2NumHyz

[5].        El resumen ejecutivo está disponible en https://bit.ly/2REeQwD

[6].    La ficha técnica completa del caso del campo algodonero se puede consultar en https://bit.ly/2YdxtKp

[7].    “Cómo una campaña como #MeToo puede volverse en contra de las mujeres”, Tele13, 7 de diciembre de 2017. Recuperado de https://bit.ly/2KEswXA

 

La justicia por el agua. Reflexiones en torno a la audiencia realizada por el Tribunal Latinoamericano del Agua en Jalisco

Carlos Peralta Varela[*]

Resumen: en octubre de 2018, sesionó en Jalisco el Tribunal Latinoamericano del Agua. Apreciamos entonces un estrujante panorama sobre diversos problemas de sobreexplotación o despojo de recursos hídricos en algunos países del continente. Particularmente en México, se evidenciaron los efectos de la contaminación de ríos y lagos sobre la calidad de vida y salud de las personas que habitan sus márgenes, al tiempo que se constató la falta de voluntad o de capacidad de gobiernos federal y estatales para revertir la contaminación y atender a fondo sus consecuencias.
Palabras clave: agua, tribunal, medioambiente, contaminación, salud.

Abstract: In October 2018, the Latin American Water Tribunal held hearings in Jalisco, where testimonies referred to a bleak panorama: various cases of overexploitation or dispossession of water resources in different countries. Particularly in Mexico, compelling evidence was presented of the effects of pollution in rivers and lakes on the quality of life and health of people living along their banks, together with a lack of will or capability on the part of federal and state governments to clean up the pollution and deal with the consequences.
Key words: water, tribunal, environment, pollution, health.

 

El Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) fue formalmente constituido en 1998 y a la fecha, ha realizado 12 audiencias. Es una instancia de carácter “internacional, autónoma e independiente de justicia ambiental”.[1] Cabe mencionar que es un tribunal ético (no vinculante), que sustenta su acción en un análisis científico / técnico y jurídico, de la información y pruebas que se le presentan.

¿Porque es necesario un tribunal como este? El punto de partida, según menciona Javier Bogantes,[2] presidente del tribunal, es que en América Latina padecemos una crisis de legalidad en relación con los temas y asuntos medioambientales, entre los cuales obviamente se incluye el agua. Es cierto que los países cuentan con leyes y normativas medioambientales, pero existen graves problemas en relación con una adecuada aplicación de las mismas y la posibilidad de lograr una verdadera justicia hídrica.

• Existen leyes en los países, pero los gobiernos no siempre tienen recursos o voluntad para que se cumplan, por lo menos, no en forma adecuada.

• Algunas leyes fueron hechas para fomentar el extractivismo, no promueven un desarrollo sustentable y, más aún, propician un desequilibrio de poderes entre las empresas y las comunidades.

Por otro lado, el acceso a la justicia internacional es complicado. Bernardo Azar[3] nos recuerda que son muy pocos los asuntos relacionados con conflictos por el agua atendidos y resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, el procedimiento para llegar a la corte no es expedito, pueden pasar varios años antes de que se atienda y resuelva un caso.

Así, entonces, ante la falta de instancias en donde se pueda buscar justicia expedita por conflictos en torno al agua, el TLA aporta un modelo alternativo que propicia el conocimiento y difusión de la problemática, el diálogo entre actores, además de que resuelve ética y jurídicamente con la intención manifiesta de solucionar justamente un conflicto.

En el presente escrito, se realiza una reseña analítica sobre algunas de las posturas ofrecidas por el TLA, fundamentalmente con relación a la relevancia de las comunidades indígenas en la defensa del medio ambiente. Además, se exponen, de manera sintética, los casos planteados en el TLA, y finalmente, se profundiza en uno de los casos mexicanos, con la intención de tener mayor claridad acerca del contexto actual de nuestro país.

1. La Audiencia en Guadalajara 2018

La audiencia pública del TLA en 2018 tuvo su sede en Jalisco, específicamente en Guadalajara en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), de los días 22 al 26 de octubre. Esta audiencia, en particular, fue dirigida a atender los problemas y conflictos hídricos que se suscitan en territorios indígenas de América Latina.

Se presentaron ocho casos provenientes de cuatro países. Dos casos provenían de Guatemala, un caso de Colombia, un caso de Argentina y cuatro casos de diferentes partes de México.

Acorde a lo mencionado por Javier Bogantes, todos los casos presentados deberían considerarse emblemáticos. Unos dan cuenta de la grave situación de contaminación de los cuerpos de agua y las correspondientes afectaciones a la salud pública; otros evidencian fórmulas de despojos o mecánicas de extractivismo que se salieron o están fuera de control; otros dan cuenta de políticas públicas erróneas que posibilitan la afectación de derechos, el daño de la biodiversidad o que generan perjuicios irreversibles en la vida sociocultural de los pueblos y comunidades indígenas.

La audiencia se dedicó a casos vinculados con comunidades indígenas porque (acorde a lo dicho por Javier Bogantes en el discurso inaugural):

• El pensamiento y filosofía de comunidades indígenas son fuente de inspiración para enmendar la crisis civilizatoria en torno a territorios y agua.

• Por su riqueza, las regiones habitadas por comunidades indígenas son asediadas, aunque se tengan acuerdos nacionales o internacionales para su protección.

• Las comunidades indígenas cuidan sus territorios, el agua y los bosques porque forman parte integral de su vida, de su equilibrio.

• En relación con las comunidades indígenas, no se debe prescindir de la participación, de la consulta y de su consentimiento.

Las comunidades indígenas deben ser reconocidas como actores relevantes en la lucha por la adecuada conservación de recursos y en contra de la sobre explotación. Para el TLA, era importante actuar para impulsar la justicia hídrica, en los territorios habitados por comunidades indígenas.

2. Síntesis de los casos internacionales

2.1 Caso de Colombia

El Movimiento Ríos Vivos Antioquia, promovió la denuncia por la violación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las poblaciones de Antioquia, debido a la construcción de la represa Hidroituango. La edificación del embalse en el río Cauca ha causado daños ambientales, así como afectaciones a la producción agrícola y al ingreso de los pobladores del departamento de Antioquia, además de que el proyecto representa una amenaza inminente de inundación para la región.

2.2 Casos de Guatemala

El primer caso lo presentaron las comunidades indígenas—específicamente las comunidades Ch’ortí—, mestizas y campesinas, ubicadas en los departamentos de Zacapa y Chiquimula, por la deforestación exacerbada en la montaña Las Granadillas, la cual ha sido provocada por la actividad de diferentes industrias que operan bajo al amparo de licencias forestales otorgadas por el Instituto Nacional de Bosques (Inab). Esta instancia no ha regulado de manera efectiva tales licencias, por lo cual la deforestación es mayor a lo permitido y se afecta de manera directa a la zona de recarga de los acuíferos.

El segundo caso fue presentado por el Comité Campesino del Altiplano (CCDA), organización indígena y campesina con presencia en 20 departamentos de Guatemala. La denuncia se realizó porque las estructuras de gestión en la Cuenca del Lago Atitlán, han excluido de manera sistemática, deliberada e ilegítima a la población originaria maya y campesina que habita esta zona en Guatemala. Los habitantes demandan su derecho a participar en la elaboración de un plan de ordenamiento territorial de la cuenca, la eliminación de proyectos como el “megacolector” de aguas residuales, y la evaluación técnica y estratégica de los impactos que generan la minería metálica, las centrales hidroeléctricas y la tala de bosques sobre los ecosistemas.

2.3 Caso de Argentina

El caso fue presentado por la Fundación Chadileuvu (FUCHAD). La denuncia fue por el acaparamiento del recurso hídrico del río Grande    —principal afluente del río Colorado— en la medida que se usará para la represa Portezuelo del Viento. Proyecto que cuenta con un estudio de impacto ambiental (EIA) limitado solo al territorio mendocino, pero que no abarca, ni da cuenta del impacto que generará el acaparamiento de agua en el resto de la cuenca. Esta represa se prevé que beneficie únicamente a la provincia de Mendoza en detrimento de las demás provincias copartícipes de la cuenca y del medio ambiente.

3. Síntesis de tres casos nacionales

3.1 Caso de la cuenca de los ríos Sonora y Bacanuchi (Sonora)

Los comités de cuenca del río Sonora, demandaron al estado mexicano por afectaciones a los derechos al agua, la salud y el medio ambiente sano. En agosto de 2014, ocurrió un derrame de 40 millones de litros de solución de sulfato de cobre (CuSO4) acidulado proveniente de la represa Tinajas 1, de la compañía Buenavista del Cobre, subsidiaria del Grupo México. El derrame corrió a lo largo del arroyo Tinajas, el río Bacanuchi y el río Sonora. Afectó a 25,000 habitantes de siete municipios. Fue reconocido por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), como el peor desastre ambiental ocurrido en la historia de la minería en México.

Debido a la contaminación del río Sonora y por el consumo de agua de pozos sin garantía de calidad, los habitantes de la región han estado expuestos a graves riesgos para su salud. En agosto de 2016, se consideraba que existían 381 personas afectadas en su salud por la contaminación de acuíferos. Este fue el último dato oficial sobre la cantidad de afectados por el derrame, toda vez que el Fideicomiso Río Sonora y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), entidades encargadas de detectar, dar atención e indemnizar a los afectados por el derrame, dejaron de publicar información.

El informe sobre las afectaciones por el derrame de Tinajas 1 realizado por la UNAM detalla que “existe un riesgo elevado a la salud por exposición a plomo en la zona de San Felipe de Jesús. Las concentraciones exceden los valores de referencia de 400 mg/kg, con un máximo de 1945 mg/kg de plomo en fracción de suelo adherible a manos”.[4] Las consecuencias y afectaciones a la salud se consideran relevantes por los afectados.

3.2 El caso de los Valles Centrales de Oaxaca

La Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda), conformada por 16 comunidades indígenas ubicadas en la región de Valles Centrales del estado de Oaxaca, demandaron al estado mexicano por la falta de reconocimiento de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas para decidir sobre el cuidado, uso, disfrute y administración del agua.

Estas comunidades se dedican a la agricultura en pequeña escala y tienen títulos de concesión ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El acuífero de esta región se considera en veda, aunque desde 2011 se otorgó permiso a una empresa minera para la extracción de agua. Las comunidades, frente a esta contradicción y para aclarar su lógica de relación con Conagua, presentaron recursos legales para ser reconocidos como sujeto colectivo del acuífero Valles Centrales de Oaxaca; por ello, se decidió hacer una consulta en las comunidades, en la cual se proponía que el agua fuera administrada por estas, conforme los sistemas de usos y costumbres, en coordinación con Conagua. La consulta no se terminó y Conagua empezó a realizar acciones de presión a las y los campesinos para renovar los títulos de concesión individuales y para que abandonaran el movimiento.

3.3 El caso de la cuenca Atoyac–Zahuapan

Diversas comunidades ribereñas de la cuenca Atoyac–Zahuapan denunciaron la continuidad y agravamiento de la violación de derechos a un medio ambiente sano, al agua, la salud y la alimentación, entre otros. En la cuenca se presentan serias afectaciones ambientales por la indebida disposición de sustancias tóxicas de las más de 20,400 empresas manufactureras asentadas en ella.

En la actualidad y según la recomendación 10 / 2017, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH),[5] los desechos incluyen diversas sustancias tóxicas: metales, fenoles, compuestos de benceno, nitritos y nitratos, fosfato, xilenos, sólidos suspendidos, compuestos
orgánicos volátiles (COVs), cloroformo, cloruros y otras
sustancias. La recomendación muestra “un estrecho vínculo entre la calidad del medio ambiente, el saneamiento y la salud”, que a su vez están relacionados con otros derechos.[6]

Acorde a los datos oficiales de mortalidad de las localidades que forman parte de la cuenca Atoyac–Zahuapan, en los 15 años transcurridos entre 2002 y 2016, fallecieron de cáncer 25,737 personas; de enfermedad renal crónica 4,379 y se registraron 906 abortos espontáneos. Estas cifras equivalen a una muerte cada cuatro horas y un incremento de 1,350% respecto al resto del país. Los demandantes presumen que dichos fallecimientos pueden estar asociados con la grave contaminación de la cuenca.

El caso de contaminación de la cuenca Atoyac–Zahuapan se había presentado en 2006 ante el tla, y por desgracia no se ha resuelto el problema. Es evidente que las autoridades mexicanas, en sus tres niveles de gobierno, han sido omisas y negligentes en la solución del grave problema de la contaminación, lo cual está provocado que aumenten los impactos en la salud de la población.

4. El caso de la ribera de Chapala[7]

Los habitantes de las comunidades indígenas coca (Mezcala y San Pedro), que habitan en el entorno del lago de Chapala, denunciaron el incumplimiento del estado mexicano en sus tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), de las obligaciones establecidas en los tratados internacionales de derechos humanos y en la legislación nacional y estatal, respecto a la violación de las garantías del derecho humano al agua y al saneamiento, a la salud, al medio ambiente sano, a los derechos de los pueblos indígenas, así como los derechos de los niños y las niñas. Se considera que la violación del derecho humano al agua impacta directamente en el medio ambiente, en la calidad de vida, en la salud y en otros derechos.

El Lago de Chapala es el más grande de México, tiene una extensión de 1,740.8 km2. El río Lerma es su principal abastecedor, pero también desembocan los ríos Zula, Huaracha y Duero. El lago
de Chapala nace en el río Santiago. Es importante mencionar que desde 2009, el vaso
lacustre está clasificado como sitio ramsar, es decir, se considera un humedal de importancia internacional. Brinda múltiples servicios ecosistémicos y funciona también como zona de hibernación, refugio, alimentación y reproducción de aves silvestres, muchas de ellas migratorias que llegan desde Alaska, Canadá y Estados Unidos.

Es muy importante saber que el lago de Chapala proporciona 60% de abasto de agua para el área metropolitana de Guadalajara. Debemos, entonces, tener presente que el lago no es solo importante para los pobladores de la ribera, es un sitio de alta importancia para el sustento de la metrópoli.

A pesar de vivir en un lugar que pudiera considerarse paradisiaco, desde el año 2005, los pobladores de estas comunidades han enfrentado el crecimiento sin precedentes de enfermedades renales, daños cerebrales, cáncer y malformaciones genéticas, lo que ha puesto al estado de Jalisco como uno de los primeros lugares mundiales en incidencia de enfermedad renal crónica.

Un primer y grave problema es que el origen y las causas de estas enfermedades no han sido adecuadamente identificados, prevenidos y atendidos por las autoridades responsables. Las investigaciones al respecto las han realizado académicos de la Universidad de Guadalajara y consideran que el problema es multifactorial, aunque para los pobladores estas problemáticas tienen relación con la calidad del agua y del pescado que consumen. Particularmente en San Pedro Itzicán; se considera que también se vincula a la fuente de agua entubada, ya que es de origen termal y los pobladores consideran que no es adecuado el consumo cotidiano de este tipo de agua a largo plazo.

Sobre la enfermedad renal, el doctor Guillermo García, jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, menciona que “en Jalisco, en el registro que llevamos, la prevalencia en terapia de reemplazo es de alrededor de mil 600 casos por millón de habitantes. En el municipio de Poncitlán [del cual forman parte las comunidades] anda en 2 mil 500 casos por millón […] Esto es una contingencia epidemiológica”.[8] Por su parte, el doctor Felipe Lozano, de la Universidad de Guadalajara, asegura que según los estudios realizados a pobladores de esta zona, “La gente está orinando plomo y están orinando molibdeno, otro metal duro que no se produce en el país y que se usa en la industria del acero inoxidable, y también encontramos mercurio […] los resultados, obtenidos hasta diciembre [2017], sugieren que por lo menos 270 de los 950 habitantes de Agua Caliente [población colindante con San Pedro Itzicán], padecen algún grado de daño renal”.[9] Por su parte, el doctor Alfredo Celis, director de división del Centro Universitario de Ciencias de la Salud en la Universidad de Guadalajara, afirma que, en Agua Caliente:

Hemos tomado muestra de orina, hemos tomado muestra de tierra. Hemos encontrado cosas que no esperábamos particularmente en la tierra. Hemos encontrado metales como el Tungsteno que es un metal pesado y duro que se utiliza en la industria de iluminación, hemos encontrado metales que se utilizan en la industria de acero inoxidable […] Suponemos que eso llegó por contaminación. ¿De dónde viene? No lo sabemos todavía. Pudiera ser que en el trayecto del río Lerma que recorre el estado de México, Guanajuato, etcétera.[10]

Existe un vínculo entre la calidad del agua del Lago de Chapala, el agua termal, la salud y la calidad de vida de los pobladores. Si bien, los estudios resultan aún insuficientes para constatar el grado de interacción entre la contaminación y las enfermedades que padecen los pobladores de la ribera norte de Chapala, no debería existir algún obstáculo para que el estado mexicano tomara las medidas inmediatas para cumplir sus obligaciones de garantizar, proteger y respetar los derechos humanos, bajo lo que se conoce como el principio de precaución.

El principio precautorio indica que, de existir una duda razonable sobre la peligrosidad de una actividad en el medio ambiente, se debe evitar o tomar medidas para que (aun considerando un daño científicamente no comprobado), este pueda llegar a producirse. A la letra dice: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”.[11]

Es importante mencionar que en el ITESO se realizó un análisis del monitoreo oficial realizado por Conagua en relación con el Lago de Chapala, el cual contempla datos desde finales de 2012 hasta febrero de 2018.

De entrada, se constató que Conagua está al tanto de la problemática, en la medida que se reportaron niveles altos o extremadamente altos en algunos de los parámetros físicos, químicos y biológicos medibles, conforme a los niveles máximos permitidos en las normas oficiales mexicanas para potabilización del agua y de descargas residuales en aguas nacionales. Los niveles alcanzados de estos elementos indican, sin lugar a duda, que el Lago de Chapala está contaminado, acorde a las normas oficiales mexicanas, a pesar de que son normas laxas respecto de estándares internacionales más protectores de la calidad del agua.

Particularmente, resulta muy elevada la presencia de coliformes fecales (incluida la Escherichia coli). Las concentraciones históricas de las coliformes, en promedio rebasan los límites máximos permitidos con relación a las normas nacionales e internacionales que determinan la potabilidad del agua, e inclusive se encuentran muy por encima de lo que en la legislación mexicana se permite en relación con las descargas de aguas recién tratadas a cuerpos de agua nacionales. El lago está muy contaminado y el estado lo sabe, y no se aprecian acciones eficientes para atender y resolver de fondo la contaminación y los problemas que acarrea.

5. Comentarios finales

Los casos expuestos ante el TLA son una muestra de la problemática en relación a las diferentes formas de acaparamiento y explotación de los recursos hídricos en cuatro países del continente.

Específicamente, sobre los casos expuestos en relación con nuestro país, se puede apreciar cómo el estado favorece un tipo de modelo de desarrollo urbano–industrial y agroproductivo contaminante, y, además, por medios legales o por omisión, propicia que el interés privado extractivista se posicione por encima del interés de las comunidades. No se aprecia la voluntad o la capacidad para evitar y para revertir las diferentes fórmulas de acaparamiento y contaminación del agua.

Se aprecia, en diferentes ríos del país, que este modelo ha propiciado el deterioro de la calidad y cantidad del agua en lagos y acuíferos, y que, además, está impactando en la conservación de los ecosistemas, en la salud humana y repercute en la vigencia de otros derechos. El estado, en la práctica, está incumpliendo con sus obligaciones de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos al agua y saneamiento, a la salud, y al medio ambiente, y en esta línea, aumenta la afectación a grupos sociales que, de por sí, eran considerados vulnerables, como son los pueblos indígenas.

En el caso de la ribera de Chapala, se evidenció que el estado tiene conocimiento de la contaminación y de los niveles a los que llegan ciertos contaminantes, pero también se aprecia que no está entre sus prioridades atender la problemática que padece el lago más grande de México y de las comunidades que viven en sus orillas. Se requiere apoyo urgente en temas de salud y de alimentación a las comunidades y se requiere un estudio epidemiológico en la región, pero también una política estructural diferente para impedir más contaminación y empezar a sanear el lago y su ribera.

 

[*] Doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social, por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) de Occidente. Profesor e investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), actualmente inscrito al Departamento de Estudios Socio Políticos y Jurídicos. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entre sus líneas de investigación se encuentran: derechos humanos, democracia participativa, movimientos sociales y el derecho humano al agua y al saneamiento.

 

[1]. Azar López, Bernardo. Derecho humano de acceso al agua y su relación con la gestión del vital líquido y el sistema jurídico mexicano. Instituto de Investigaciones Jurídicas–UNAM, México, 2018. Recuperado de https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4733/20.pdf

[2]. Este comentario lo realizó en la inauguración de la sesión del tribunal de 2018 en Guadalajara, pero se sustenta también en el documento: Tribunal Latinoamericano del Agua. “Por una justicia ambiental”, San José Costa Rica, s.f.

[3]. Azar López, Bernardo, op. cit.

[4]. Universidad Nacional Autónoma de México. Diagnóstico ambiental en la cuenca del río Sonora afectada por el derrame del represo “Tinajas 1” de la mina Buenavista del Cobre, Cananea, Sonora. Informe final, UNAM, s.l.,10 de octubre de 2016, p.5.

[5]. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Recomendación No. 10 / 2017. Sobre la violación a los derechos humanos a un medio ambiente sano, saneamiento del agua y acceso a la información, en relación con la contaminación de los ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes; en agravio de quienes habitan y transitan en los municipios de San Martín Texmelucan y Huejotzingo, en el estado de Puebla; y en los municipios de Tepetitla de Lardizábal, Nativitas e Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, en el estado de Tlaxcala, cndh, Ciudad de México, 21 de marzo de 2017. La recomendación se puede consultar en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2017/Rec_2017_010.pdf

[6]. Ibidem, p.81.

[7]. Este caso fue estructurado por un equipo de investigación del ITESO liderado por Carlos Peralta, con el apoyo de las auxiliares de investigación Ana Sofía Macías y Loreto Soto. Fue estructurado jurídicamente para presentarse ante el tribunal por el licenciado Agustín Verduzco.

[8]. Palacios, Daniela.  “Especialista confirma epidemia de insuficiencia renal crónica en Poncitlán”, en UdeG Noticias, 11 de junio de 2017. Recuperado de http://www.udg.mx/es/noticia/especialista-confirma-epidemia-de-insuficiencia-renal-cronica-en-poncitlan

[9]. El Informador. “Con daño renal, la mitad de habitantes muestreados en Agua Caliente”, en El Informador, 30 de enero de 2017. Recuperado de https://www.informador.mx/Jalisco/Con-dano-renal-la-mitad-de-habitantes-muestreados-en-Agua-Caliente-20170130-0035.htm

[10]. Rodríguez, Trini. “Entrevista, Dr. Alfredo Celis de la Rosa. Director Preservación de la Salud”, C7 Jalisco [canal de televisión], el 2 de febrero del 2017. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=sEjGcNzwiuE. La transcripción de la cita es del minuto 5’30’’ al 12’04’’.

[11]. Organización de las Naciones Unidas (ONU). “Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo”, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Desarrollo Sostenible, Principio 15. Recuperado de http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm

 

Crisis forense en Jalisco: cuando los cuerpos y las vidas son desechables

Darwin Franco Migues[*]

 

Resumen: un tráiler frigorífico con 273 cuerpos de personas no identificadas deambuló, entre el 31 de agosto y el 17 de septiembre de 2018, por tres municipios de Jalisco. No pertenecía al crimen organizado. Se trataba de un contenedor adquirido por el gobierno estatal para sortear la sobresaturación del Servicio Médico Forense del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Este artículo da cuenta de la crisis forense que padece Jalisco, enfatizando que el escándalo de los contenedores frigoríficos, que tuvo resonancia nacional e internacional, es solo la punta del iceberg, ya que en Jalisco existen 3,146 cuerpos de personas no identificadas que yacen en circunstancias irregulares en morgues del IJCF, panteones e, incluso, en anfiteatros de universidades públicas y privadas.
Palabras clave: personas no identificadas, pruebas forenses, desaparecidos e impunidad.

Abstract: A refrigerated trailer with 273 bodies of unidentified persons wandered from August 31 to September 17, 2018 through three Jalisco municipalities. It did not belong to an organized crime group; it was a container acquired by the state government to deal with the overflow at the Forensic Medical Service of the Jalisco Institute of Forensic Sciences (IJCF). This article provides an account of the forensic crisis that Jalisco is undergoing, and emphasizes that the scandal of the refrigerated trailer, which made national and international headlines, is just the tip of the iceberg: in Jalisco there are 3,146 bodies of unidentified persons being held in irregular circumstances in IJCF morgues, cemeteries, and even amphitheaters of public and private universities.
Key words: unidentified persons, forensic proof, disappearances and impunity.

Decimos: “Este es el cuerpo de x”, como si el cuerpo,
que una vez fue el hombre mismo y no algo que lo representaba
o que le pertenecía, sino el mismísimo hombre llamado: x,
de repente careciera de importancia.
Paul Auster, La invención de la soledad

 

Movidos por lo mórbido del hecho, muchos medios de comunicación decidieron llamar al hallazgo, en Guadalajara, Jalisco, de un contenedor frigorífico con 273 cuerpos de personas no identificadas, como: “el tráiler de la muerte”.

Las palabras siempre son evocativas y sugieren interpretaciones entre quienes se sienten interpelados por ellas. De ahí que la primera significación de esta noticia, que tuvo resonancia nacional e internacional, pasara más por la narco narrativa impuesta por los golpes de la violencia (y que muchos medios y periodistas adoptamos sin mayores debates), que por la responsabilidad que el estado adquiere en materia de preservación e identificación de todas aquellas personas que no logran ser identificadas tras los primeros análisis forenses y cuyos cuerpos deben ser conservados y resguardados tanto para devolverles su identidad como para resolver el crimen que les arrebató la vida.

1. Los contenedores frigoríficos: la indolencia ante la muerte de los otros

Los contratos firmados entre la Fiscalía General de Jalisco, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y la empresa Logística Montes —especializada en tracto cajas de refrigerados—, oficialmente, datan del año 2017. Sin embargo, la presencia de este tipo de trasporte en las instalaciones de IJCF fue denunciada por familiares de desaparecidos desde 2015, ya que en sus constantes visitas a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) fueron percatándose de que en el estacionamiento trasero de la institución estaban estacionados dos contenedores frigoríficos.

Al preguntar sobre el por qué yacían estos ahí, trabajadoras sociales les confirmaron que: “ahí colocaban los cuerpos que ya no cabían dentro de la morgue”.[1] La respuesta evidenció el tipo de respuesta institucional que se dio para hacer frente al incremento de los homicidios dolosos en Jalisco y a las centenas de cuerpos no reclamados que se derivaron de la comisión de este delito en todo el estado.

Se trataba de dos contenedores frigoríficos; uno de ellos contenía los cuerpos de 273 personas no identificadas y, el otro, los de 49. Ambos estaban ubicados en el estacionamiento posterior del IJCF y en su interior los cuerpos se encontraban amontonados, dentro de bolsas plásticas, en cuyo extremo tenían una etiqueta con el folio correspondiente al expediente que se abrió a su entrada al Semefo.

Dichos contenedores frigoríficos nunca habían salido de las instalaciones del IJCF, hasta que, a finales de agosto de 2018, se ordenó que uno fuera trasladado a una bodega en la calle Frailes, en la colonia La Duraznera, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Ahí, el contenedor frigorífico con 273 cuerpos, no con 157 como se informó inicialmente, estuvo del 31 de agosto al 14 de septiembre, fecha en la que el cabildo municipal ordenó su retiro por no contar con los permisos adecuados para tener un trasporte con esas características dentro de una bodega.

Los olores fétidos alertaron a los vecinos de la zona de que algo no estaba bien dentro de la bodega y, por ello, denunciaron esto a las autoridades municipales, las cuales ordenaron la clausura del lugar colocando sellos sobre la bodega. Sin embargo, personal de la Fiscalía arribó al sitio y violentando esta disposición, quitó los sellos para trasladar dicha cámara frigorífica al municipio de Tlajomulco de Zúñiga donde, sin más, la abandonaron en un lote baldío aledaño al fraccionamiento Paseos del Valle.

La segunda ubicación de este contenedor frigorífico también trascendió por las denuncias que vecinos de la colonia realizaron al descubrir que los fuertes olores que percibían provenían de un contenedor ubicado detrás de sus casas. Al llegar la policía estatal y municipal, les pidieron que no se asustaran, porque no se trataba de un hecho delictivo sino de un contenedor con personas no identificadas, del cual ya tenían conocimiento las autoridades, ya que estas habían acordado “dejarlo ahí en tanto se definía qué hacer con ellos”.[2]

El contenedor estuvo abandonado en Tlajomulco de Zúñiga por alrededor de 18 horas, hasta que fue retirado por elementos de la Fiscalía General de Jalisco para ser trasladado a la bodega de evidencias de la dependencia en el municipio de Guadalajara. Las autoridades aclararon —tras el escándalo— que dicho destino, siempre había sido el previsto para el contenedor, pero que las dimensiones de la cámara, los habían obligado a quitar una viga para que pudiera entrar en la bodega; obra que retardó la llegada del tráiler frigorífico y, por ello, se decidió que este se quedara en el lote baldío, ya que no había dónde colocarlo.

La cámara frigorífica, no obstante, fue regresada el 17 de septiembre a las instalaciones del IJCF donde, junto con el segundo contenedor, permaneció hasta el 29 de octubre, fecha en que ambas cámaras fueron destruidas por considerar que eran un riesgo sanitario. No obstante, colectivos de familiares de desaparecidos, como Por Amor a Ellxs y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) se opusieron a esta destrucción, al considerar que esto eliminaba pruebas de una averiguación en curso, lo cual podría deslindar responsabilidades de aquellos que por negligencia ordenaron mantener los cuerpos en esas condiciones. Aunque resulte contradictorio, la destrucción de los contenedores frigoríficos fue solicitada y avalada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

Los  322 cuerpos contenidos dentro de las cámaras frigoríficas fueron inhumados en gavetas individuales dentro de dos panteones municipales de Guadalajara y El Salto; muchos de ellos, tenían entre uno y tres años dentro de las instalaciones del Semefo, pero no fue hasta que se dio este escándalo que se ordenó que todos tuvieran un expediente forense completo, lo cual incluye la necropsia, el perfil genético, el levantamiento de huellas dactilares, la toma de fotografías forenses, los dictámenes odontológico y antropológico.

2. Responsabilidad compartida

El “Convenio específico de colaboración para la identificación de cadáveres de personas desconocidas y / o conocidas” fue celebrado entre la Fiscalía General de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, el 2 de enero de 2017. Firmaron este documento los entonces funcionarios, Eduardo Almaguer Ramírez, fiscal general del estado, Luis Octavio Cotero Bernal, director del IJCF, y Maricela Gómez Cobos, fiscal central.

En dicho documento, que es público desde entonces, se señala la necesidad de contratar los servicios de una cámara frigorífica porque dentro del IJCF existían diversos cuerpos que no habían sido reclamados por nadie; su presencia en el lugar —se precisa en el convenio— resultaba problemática porque ocupaban un espacio necesario para la preservación de nuevos cadáveres y que, sin embargo, seguían ahí porque el Ministerio Público (adscrito a la Fiscalía General) no podía ordenar su traslado a ninguna otra parte porque la Fiscalía no contaba con ningún otro espacio para su preservación; así que mientras se disponía de un lugar se decidió que la Fiscalía contratara un “contenedor móvil con cámara de refrigeración en el cual conservará y resguardará los cadáveres que ya se encuentran a su disposición [y] con las [debidas] pericias practicadas por el IJCF”[3] y que este se ubicaría temporalmente en el estacionamiento del IJCF.

Al hacerse público el deambular del contenedor frigorífico con 273 cuerpos, la entonces fiscal central, Maricela Gómez Cobos, aseguró que el resguardo y conservación de los cuerpos era competencia única del IJCF y que la Fiscalía no tenía responsabilidad alguna. Sin embargo, el convenio citado previamente reafirma lo que señalan legislaciones locales, como el Código de Procedimientos Legales de Jalisco, y normativas nacionales, como la Ley General de Víctimas, la Ley General de Desaparición Forzada, la Ley General de Salud y el Protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas, en que se precisa que instancias como las fiscalías o procuradurías son las responsables del resguardo y conservación de los cuerpos de personas no identificadas, pues a las instancias forenses solo les compete la elaboración de las pruebas y el resguardo de sus resultados.

De ahí que en la cláusula tercera de dicho convenio celebrado entre la Fiscalía y el IJCF fuera necesario precisar que la primera “Deslindará de cualquier responsabilidad penal, administrativa y civil al Instituto a partir de que este le devuelva la custodia y resguardo de los cuerpos al Ministerio Público”,[4] lo cual, a decir del hoy exdirector del IJCF, Luis Octavio Cotero Bernal, ya había sucedido y, por ello, el traslado del primer contenedor frigorífico fue responsabilidad total de la Fiscalía y no del instituto forense.

A pesar de esto, el primer funcionario en ser cesado por este suceso fue, justamente, Luis Octavio Cotero Bernal, quien fue señalado por el entonces gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, como uno de los responsables de estos hechos. Sin embargo, tras su despido, Cotero Bernal señaló que: “La Fiscalía se estaba lavando las manos al evadir la responsabilidad al haber autorizado el traslado de los cuerpos porque nosotros en el instituto, no podíamos actuar sin el aval del Ministerio Público”.[5]

Conforme a las Políticas Generales del Funcionamiento del Servicio Médico Forense y la Ley Orgánica del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la única autoridad facultada para determinar el resguardo, entrega y destino final del cuerpo de una persona identificada o no identificada que ingresa y permanece en el Semefo es el Ministerio Público; no obstante, es el IJCF el que sugiere cuál podría ser el destino final de las personas no identificadas, tal y como se precisa en el artículo Vigésimo Noveno del reglamento del Semefo:

Para la procedencia del destino final de los cadáveres no reclamados, aún y cuando hayan sido de personas identificadas, el encargado del área administrativa del SEMEFO dentro del día hábil siguiente de haberse cumplido las setenta y dos horas que refieren estas políticas deberá solicitar por escrito a la Agencia del Ministerio Público la autorización del destino final y notificar lo conducente a las autoridades correspondientes.[6]

El señalamiento público de familiares de desaparecidos, sobre la responsabilidad compartida entre la Fiscalía General y el IJCF, y el escándalo internacional que provocó el deambular de la cámara frigorífica con 273 cuerpos, obligó a que el entonces gobernador, Aristóteles Sandoval, cesara de su cargo al fiscal general, Raúl Sánchez Jiménez, quien durante toda esta crisis se encontraba de vacaciones.

En conferencia de prensa, celebrada el 19 de septiembre de 2018, se aclaró que sí existían dos cámaras refrigerantes y que en ellas estaban los cuerpos de 322 personas; ya que en el contenedor que deambuló de un lado para otro en realidad contenía los cuerpos de 273 personas, no 157. Al respecto, Dante Haro, fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General, declaró que los principales responsables de estos hechos era el personal del IJCF, ya que este actúo sin el aval de la Fiscalía e, incluso, habían sido omisos en sus funciones porque de los 322 cuerpos que tenían en las cámaras y los 122 que yacían en al interior de sus instalaciones, solo 13% (60 cuerpos) contaban con todos los registros forenses.[7]

Por su parte, el hoy exgobernador, Aristóteles Sandoval, señaló que no estaba: “dispuesto a tolerar este tipo de errores que sacudieron y horrorizaron a la opinión pública”,[8] asegurando que la acumulación de cuerpos en las instalaciones del IJCF tuvo una lógica de negligencia, indolencia falta de coordinación y nula capacidad de gestión; sin embargo, el entonces mandatario solo ordenó la inhumación de todos los cuerpos; el despido de dos funcionarios y la ampliación de las cámaras frigoríficas dentro del Semefo. La negligencia del hecho permanece en total impunidad.

Conforme a la ley, tanto la Fiscalía General de Jalisco como el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses tenían responsabilidad del resguardo, no solo de los cuerpos que estuvieron en las cámaras frigoríficas sino también de todos los cuerpos que actualmente están bajo su custodia.

Para señalar qué autoridades son responsables de lo que se considera una grave violación a los derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la comisión estatal iniciaron una investigación conjunta para determinar y señalar a quienes avalaron “el trato inhumano dado a los 273 cuerpos de personas no identificadas”, ya que para ambas instancias lo ocurrido refleja “no solo falta de capacitación y sensibilización sino un mal manejo de los restos en materia de salud pública”,[9] precisaron en comunicado de prensa. A la fecha de la redacción de este artículo,[10] todavía no había resultados de esta investigación.

Para la vigilancia y control de la inhumación de los 322 cuerpos de personas no identificadas dentro los contenedores y los 122 cuerpos que en ese momento —septiembre y octubre de 2018— estaban dentro de las instalaciones de la morgue, se creó una Comisión para el Acompañamiento y Observación del Proceso de Identificación e Inhumación de los Cadáveres[11] integrada por autoridades y colectivos de familiares de desaparecidos, la cual avaló que estos 444 cuerpos fueran inhumados en el Panteón Guadalajara y en el Panteón Municipal Número 3 de El Salto.

Antes de su inhumación, y tras la praxis correcta de las pruebas forenses, así como por la atención a más de 2,150 familiares de desaparecidos de Jalisco y de estados circunvecinos, se logró la identificación y entrega de 69 cuerpos a sus familiares.

Muchas de estas familias denunciaron que llevaban buscando a su ser querido entre uno y dos años en las instalaciones del Semefo, donde la respuesta siempre fue negativa respecto a si se encontraba ahí el cuerpo de su familiar, pero la realidad es que siempre estuvo ahí, dentro de uno de los dos frigoríficos.

Tal es el caso de una familia que denunció la desaparición de dos hermanos, César Alejandro y Pablo Iván. La del primero ocurrió el 9 de abril de 2018, mientras que al segundo lo desaparecieron en plena búsqueda de su pariente, el 13 de julio de ese mismo año. Pablo Iván, lamentablemente, fue localizado en la fosa clandestina que se descubrió el 3 de agosto de 2018 en la colonia Santa Elena de la Cruz en Guadalajara. Sobre César, existen indicios de que pudiera estar entre los cuerpos de personas no identificadas en el Semefo; sin embargo, la familia aún sigue esperando los resultados de la confronta de ADN.

El destino del resto de los cuerpos que no han sido identificados es incierto, ya que aunque estos ya están en gavetas dentro de los panteones municipales, las acciones para salir de la crisis forense solo se concentraron en la elaboración de los expedientes forenses, pero no en la revisión de las carpetas de investigación que se abrieron por cada una de las muertes, lo cual debió haberse realizado si el interés se hubiera extendido a la garantía de otorgarle a cada una de estas personas su derecho a la verdad y la justicia.

En total, de los 322 cuerpos de contenedores frigoríficos, 201 fueron víctimas de homicidio doloso; 92 murieron a causa de una enfermedad o accidente, mientras que de 29 personas no se pudo determinar la causa de la muerte debido a las condiciones de los cuerpos.[12]

3. La punta del iceberg de una crisis forense aún mayor

El estigma social alrededor de los cuerpos de personas no identificadas ha operado como una barrera para que estos no tengan un destino final digno, tal y como lo marca la Ley General de Víctimas y la Ley Estatal de Atención a Víctimas de Jalisco. En ambas legislaciones se reconoce el derecho a la dignidad de quienes permanecen en condición de personas no identificadas, cuyos cuerpos deben ser preservados de manera adecuada por las autoridades para su identificación, ya que existe la presunción de que muchos de estos pudieran pertenecer a personas desaparecidas o a personas de las que sus familiares desconocen su muerte; por lo tanto, debieran conservarse en las mejores condiciones posibles y con todas las pruebas periciales y forenses que permitan su futura identificación.

Lo cierto es que diversos proyectos para construir panteones forenses conforme a lo que marca la legislación en materia de víctimas de la violencia, han sido frenados por la oposición de vecinos a los lugares proyectados, quienes expresan que no quieren tener estos cuerpos cerca aduciendo que presentan un problema de salud pública y porque son cuerpos que pertenecen a quienes en vida estuvieron vinculados con la delincuencia organizada. Estos dichos se hicieron visibles en las protestas acontecidas cuando el proyecto forense se planeó desarrollar en los municipios de Magdalena, Atotonilco, Tonalá y El Salto.

De acuerdo con datos obtenidos de la Unidad de Transparencia del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (Solicitudes IJCF / UT / 585 / 2018; 1437 / 2018 y 1440 / 2018),[13] este instituto —en conjunto con la Fiscalía— tienen bajo su resguardo 3,146 restos humanos; de los cuales 1,560 son restos humanos en ceniza y 1,354 corresponden a cuerpos o partes de este; de estos 180 están resguardados en las instalaciones del IJCF (tanto en su oficina central en Tlaquepaque como en sus 11 oficinas regionales);  1,174 han sido inhumados (401 en el panteón de Guadalajara; 262 en el panteón de Coyula en Tonalá; 118 en el panteón municipal de El Salto, y 393 en diversos panteones privados y públicos del interior del estado) y, finalmente, 232 han sido prestados a diversas universidades para realizar prácticas médicas (217 están en universidades de la zona metropolitana de Guadalajara y 15 en centros regionales).[14]

Una buena parte de estos cuerpos de personas no identificadas tampoco tiene todas las pruebas forenses que determina la ley; muchos de ellos, incluso, han sido incinerados o inhumados con total irregularidad porque en las instalaciones que tiene el IJCF fuera de la capital del estado, tampoco se dan abasto con la cantidad de cuerpos que les llegan a diario y, por ello, algunos occisos solo cuentan con acta de defunción y un listado de características físicas generales. No obstante, la crisis que desborda a las morgues en el estado los ha llevado a realizar prácticas forenses terribles, como la incineración de los cuerpos o el depositarlos sin ningún tipo de control dentro de contenedores frigoríficos.

4. Conclusiones ante una realidad espeluznante

Bajo la administración del gobernador Aristóteles Sandoval (2013–2018) se cometieron 7,065 homicidios dolosos;[15] desaparecieron 6,298[16] personas y se localizaron 119 fosas clandestinas de las que se exhumaron 256 cuerpos. En 2019, la tendencia delictiva, lamentablemente, se mantiene al alza, en tanto que las nuevas autoridades estatales, encabezadas por Enrique Alfaro, siguen sosteniendo que la violencia es porque “se están matando entre criminales”.

Con esta violencia desbordada en Jalisco, ni siquiera la construcción del panteón forense sería suficiente para albergar a las decenas de cuerpos que se suman a las más de 3,000 personas que siguen sin ser identificadas tras haber muerto en el estado. La realidad, como precisaron las familias de los desaparecidos ante la crisis forense, es tan espeluznante que ahora las fosas pueden pasearse en las calles, dentro de contenedores frigoríficos, sin que nadie sepa el por qué y sin que a nadie se les castigue realmente por esto.

A las familias que integran el colectivo les preocupa mucho que desde el gobierno no se acepte que es “espeluznante el hecho de que los cuerpos ya no quepan en el Semefo” y, peor aún, que al no hacerlo se ignoren las verdaderas causas de este problema, las cuales, a su parecer, son: “el incremento desmedido de desapariciones y homicidios; la ineficiencia de la Fiscalía para investigar y castigar los delitos, y la incapacidad del IJCF para almacenar e identificar cientos de cuerpos”.[17]

La negligente preservación de los cuerpos de personas no identificadas en Jalisco apunta a la deshumanización de la vida y la disolución de la dignidad humana, como si cada uno de estos cuerpos fuesen objetos desechables en el marco de una “economía de muerte”, como la denomina Achille Mbembe; una economía donde las personas: “ya no se conciben como seres irreemplazables, inimitables e indivisibles, sino que son reducidas a un conjunto de fuerzas de producción fácilmente sustituibles”[18] o, en su defecto, se conciben como algo que debe reubicarse para dar cabida a nuevos cuerpos que también fueron víctimas de la violencia y que, como sus antecesores, podrían ser olvidados en morgues donde solo se cuentan cuerpos y espacios pero no las vidas e historias detrás de cada uno de ellas y ellos.

Estamos de frente a una violencia “fantasmagórica, ilocalizable y difusa” que opera desde lo que Rosana Reguillo[19] ha denominado la narcomáquina, un dispositivo de violencia que apuesta por la disolución de lo humano a través del ejercicio constante del miedo y el terror que se ejerce desde el crimen organizado pero que también desde el estado es capaz de ejercer esta misma violencia expresiva[20] sobre los cuerpos de a quienes debería darles verdad y justicia pero que optó por tratarlos como si estos solo hubiesen sido “carne muerta humana”.

Esta narcomaquinaria y la necropolítica, que también envuelve las acciones del estado, no solo definen qué cuerpos son desechables sino también precisan cuáles podrían ser sus destinos finales, porque los estigmas sociales sobre los cuerpos de las personas no identificadas también operan en la maquinaria institucional, la cual ha convertido en dogma, la criminalización del otro; por ello, sus cuerpos no importan ni son garantes de verdad y justicia; al contrario, son materia que debe ser desechada para dar paso a los siguientes cuerpos que arrojará la violencia sistémica que padecemos.

Su destino final, como ha sucedido históricamente en Jalisco, podría ser un horno crematorio, una gaveta en algún panteón municipal o un ínfimo espacio dentro de un contenedor frigorífico, pero, al parecer, nunca un escenario de dignidad o justicia.

 

[*] Es doctor en Educación y maestro en Comunicación Social por la Universidad de Guadalajara. Profesor e investigador del Departamento de Estudios en Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara y profesor del Departamento de Estudios Socioculturales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México. Correo electrónico: micorreoformal@hotmail.com

 

[1]. Franco Migues, Darwin. Fosas itinerantes, en ZonaDocs. Recuperado el 28 de octubre de 2018, de https://zonadocs.com/fosasitinerantes/

[2]. Ibidem, p.2.

[3]. Fiscalía General de Jalisco. “Convenio específico de colaboración para la identificación de cadáveres de personas desconocidas y / o conocidas”, 2 de enero de 2017, p.1. Recuperado el 30 de septiembre de 2018, de https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/u37/conveni%20ijcf%20conservacion%20cadaveres.pdf

[4]. Ibidem, p.5.

[5]. Franco Migues, Darwin, op. cit, p.3.

[6]. Gobierno de Jalisco. Ley Orgánica del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Recuperado el 10 de septiembre de 2018, de https://info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/leyes/Ley_Organica_Instituto_Jalisciense_Ciencias_Forenses.pdf

[7]. Franco Migues, Darwin, op. cit, p.3.

[8]. Ibidem.

[9]. Comisión Nacional de Derechos Humanos. “Expresan CNDH y CEDHJ indignación por el trato a 157 cadáveres trasladados en un tráiler por diversos municipios del área metropolitana de Guadalajara; demandan investigar el caso y que no haya impunidad”, [boletín de prensa], Ciudad de México, 18 de septiembre de 2018. Recuperado el 21 de septiembre de 2018, de http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2018/Com_2018_268.pdf

[10]. 10 de enero de 2019.

[11]. Gobierno de Jalisco. “La Comisión para el Acompañamiento y Observación del Proceso de Identificación e Inhumación que permita la Inhumación de Cadáveres, presentó un informe sobre la situación del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses”, 15 de octubre de 2018. Recuperado el 26 de octubre de 2018, de https://sgg.jalisco.gob.mx/prensa/noticia/1174

[12]. Información obtenida de una solicitud de transparencia otorgada al autor por la Fiscalía General de Jalisco; Folio: IJCF / UT/ 1441 / 2018.

[13]. Solicitud de transparencia otorgada al autor por la Fiscalía General de Jalisco; Folios: IJCF / UT / 585 / 2018; 1437 / 2018 y 1440 / 2018. Datos hasta el 31 de diciembre de 2018.

[14]. Franco Migues, Darwin, op. cit, p.4.

[15]. Con datos del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP, 2019).

[16]. Con datos de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de Jalisco.

[17]. Franco Migues, Darwin, op. cit, p.4.

[18]. Mbembe, Achille. Necropolítica, Melusina, Madrid, 2011, p.15.

[19]. Reguillo, Rossana. “La narcomáquina y el trabajo de la violencia: Apuntes para su decodificación”, en e–misférica, 8.2 #Narcomáquina. Recuperado el 28 de diciembre de 2018, de http://hemisphericinstitute.org/hemi/es/e-misferica-82/reguillo

[20]. Segato, Rita. La escritura en el cuerpo de las mujeres de Ciudad Juárez. Tinta Limón, Buenos Aires, 2011.

 

El paso de las caravanas de migrantes por México. Un recuento en el contexto regional

Iliana Martínez Hernández Mejía[*]

Resumen: en otoño de 2018, se movilizaron por territorio mexicano grandes grupos de personas migrantes centroamericanas, a los que se denominó como caravanas de migrantes. El presente texto aborda parte del contexto regional en el que tuvieron lugar, así como algunas de las características de su movilización a lo largo del territorio nacional. Parte importante del texto se enfoca en recuperar las etapas relevantes del recorrido de las caravanas por la zona metropolitana de Guadalajara.
Palabras clave: migración en tránsito, centroamericanos, caravana, ayuda humanitaria, refugiados.

Abstract: In the fall of 2018, large groups of Central American migrants, known as migrant caravans, moved through Mexico. This text looks at part of the regional context where they occurred, as well as some of the characteristics of their mobilization across national territory. One important part of the text focuses on recovering the relevant stages of the caravans’ passing through the Guadalajara Metropolitan Area.
Key words: transit migration, Central Americans, caravan, humanitarian aid, refugees.

 

A lo largo de 2018, dos grandes movimientos de personas migrantes, denominados caravanas de migrantes, irrumpieron en el territorio y panorama mexicano. El primero fue la caravana vía crucis “Migrantes en la lucha”, que atravesó México entre los meses de marzo y mayo,[1] y el segundo, las caravanas, que se movilizaron entre octubre y diciembre. Vale la pena mencionar que la primera tuvo gran cobertura mediática debido, entre otros factores, a los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero la segunda caravana fue mucho más numerosa y con mayor impacto en la sociedad.

Para abordar diversos aspectos de las caravanas de otoño de 2018, el texto se divide en tres secciones. En la primera, se plantea un panorama general del sistema migratorio del cual forma parte México. La segunda incluye datos relevantes para comprender las características que tiene una caravana de migrantes. En la tercera sección, se hace un recuento del paso de las caravanas por la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG), desde la experiencia de acompañamiento del Programa de Asuntos Migratorios del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Finalmente, a partir de estas movilizaciones, se presenta un breve recuento de algunos de los temas que se deben continuar reflexionando.

1. El panorama actual de la migración en México

Las caravanas generaron cuestionamientos sobre el porqué se da este “nuevo” fenómeno en el cruce por México. Para poder entenderlo, es necesario analizar algunos elementos del sistema migratorio que conforman Centroamérica–México–Estados Unidos–Canadá. Desde 2010, Amnistía Internacional ya denunciaba que el cruce de las personas migrantes a lo largo del territorio mexicano era uno de los viajes más peligrosos del mundo.[2] En 2017, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estimó que 500,000 personas transitaron por México.[3]

A pesar de los riesgos del viaje, la salida de personas provenientes de Centroamérica no cesa. Entre las principales razones está la agudización de la violencia en Honduras, El Salvador y Guatemala, países que ahora conforman una de las subregiones más peligrosas del mundo.[4] La situación en Centroamérica también se ha ido agravando a partir de diversos conflictos a nivel político, económico, ambiental, por ejemplo: los impactos de proyectos de desarrollo, la falta de democracia, la crisis social a causa de la impunidad, el aumento de las pandillas, el incremento de las deportaciones.

Las políticas migratorias de Estados Unidos y de México, cada día reducen más las posibilidades a las personas centroamericanas para su ingreso en estos países, tanto de forma indocumentada, como para pedir asilo o algún otro tipo de programa que permita la reunificación familiar. De acuerdo con Amnistía Internacional, parte de las personas que México deporta, podrían acceder a protección internacional, derecho que, en la mayoría de los casos, el gobierno mexicano no ha brindado a esta población.[5]

La salida de Centroamérica no se detiene y en ocasiones, volver no es una opción; no obstante, la esperanza de llegar a Estados Unidos sigue presente. El cruce por México es peligroso, pero a veces, ante la falta de alternativas, hay que quedarse. La presión al sistema va generando nuevas estrategias, como las caravanas, realizando el viaje de manera masiva, visible y acompañada, intentando obtener una respuesta humanitaria.

2. Caravanas de migrantes, otoño 2018

Aunque de forma generalizada se refirió a este tipo de movilidad como caravanas, algunas organizaciones optaron por utilizar otros conceptos como “éxodo”[6] o “desplazamiento forzado”,[7] o señalar que el grupo estaba integrado por migrantes y refugiados. Parte de la intención de estos términos consistía en enfatizar que la salida de personas se dio a modo de expulsión y que, por tanto, el estado mexicano estaba obligado a brindar ayuda humanitaria y protección internacional.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) estima que el primer grupo que ingresó a México el 19 de octubre 2018 estaba conformado por alrededor de 7,000 personas, pero que la suma de todas las movilizaciones fue de aproximadamente 10,000 personas.[8] Cifras oficiales, proporcionadas por el Instituto Nacional de Migración (INM) al 20 de diciembre de 2018, indicaban que en Tijuana y Mexicali se encontraban alojadas, en diversos albergues, 3,907 personas; retornaron a su país, asistidos por autoridad migratoria desde Baja California, 1,157 personas; retornaron a su país, desde otros puntos, 1,232 personas; y se recibieron en México 3,068 solicitudes de regularización por razones humanitarias.[9]

Con respecto al número de personas viajando al mismo tiempo, sí fue un hecho inusual. Sería deseable comparar el número de personas presentes en las caravanas con el número de personas migrantes que atravesaron de forma irregular México un año antes, el problema es que este dato no existe, ya que las personas realizan el cruce de manera clandestina y no es posible contabilizarlas. Sin embargo, un dato que sirve de referencia para dimensionar el tamaño de las movilizaciones, aunque sea una parte del flujo, es el de número de deportaciones que realiza el INM. En 2017, el INM realizó los siguientes eventos de deportación de personas originarias de El Salvador, Guatemala y Honduras: 7,684 en octubre; 8,134 en noviembre y 6,095 en diciembre. La suma del trimestre es de 21,913 eventos.[10] Insistimos, no es comparable, pero puede ayudar a dar una idea.

Si bien, los movimientos organizados de personas migrantes, como las caravanas, no son algo nuevo,[11] sí hay características distintas en las movilizaciones de otoño de 2018. Por lo menos, pueden distinguirse cinco elementos: la presencia de un alto número de familias, mujeres, menores, población LGBTI+; un elevado número de personas afirmando que la causa de su salida fue por razones de violencia; una convocatoria organizada desde el origen; desplazamiento por vías carreteras —no usan el tren— y una gran visibilización de su recorrido.[12] Estos elementos estuvieron claramente presentes en el primer grupo que conformó la caravana, en menor o diferente medida en las que le siguieron.

En cuanto a los perfiles de las personas que integraron esta movilización, El Colegio de la Frontera Norte (COLEF) realizó un diagnóstico en el que se da cuenta de manera detallada de sus características. Entre las principales, están que: 77% de las personas eran hombres y 23% mujeres; más de la mitad eran jóvenes de 18 y 19 años de edad, y una tercera parte eran personas de entre 30 y 44 años. La mayoría, de origen hondureño. Entre los oficios que reportaban tener, un poco más de la quinta parte eran trabajadores artesanales, casi 20% trabajadores agrícolas; y casi una quinta parte de las mujeres eran amas de casa.[13]

Por la forma de movilizarse y dimensiones del fenómeno, resulta complicado dar cuenta de los recorridos de las personas migrantes. La CNDH realizó un recuento general para la audiencia regional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el cual se pude tener un panorama del paso por todo el país. En dicho documento ubican a Jalisco en la etapa de “grandes recorridos”, que se caracteriza por largas distancias, en las cuales se dificulta brindar seguridad a los grupos, sobre todo en los tramos donde el índice delictivo es alto y hay presencia de delincuencia organizada. Si bien, Guadalajara no forma parte de la ruta más transitada hacia Estados Unidos,[14] esta nueva forma de movilización vía carreteras ubica a la ciudad como un punto importante de paso obligado hacia Tijuana.

Cada población y ciudad por las que pasaron las caravanas presentaron condiciones diversas, en términos de la reacción de la ciudadanía, el apoyo del gobierno, las condiciones climáticas, entre otros factores. Con la intención de conocer lo acontecido en la ZMG con mayores elementos, en la siguiente sección se hace un recuento del paso por la ciudad.

3. Paso de las caravanas por la zona metropolitana de Guadalajara

Para explicar el recorrido de las caravanas de otoño por la ZMG se han definido dos etapas, las cuales a su vez se dividen en tres momentos cada una.

• La primera etapa es en la cual el gobierno del estado es el que coordina las acciones de atención humanitaria, dividida en: preparativos, recepción y punto de quiebre. Esta va de los últimos días de octubre al martes 13 de noviembre de 2018.

• La segunda etapa es en la cual la sociedad civil toma la batuta y lidera las acciones de asistencia. Esta se divide en: atención en la caseta El Arenal; preparativos para recibimiento de siguientes caravanas; traslado y puente en autobuses. Comprende las fechas de la tarde del martes 13 de noviembre al 19 de noviembre 2018.

Este recuento solo recupera el punto de vista del Programa de Asuntos Migratorios del ITESO, a partir del acompañamiento y observación que se realizó del paso de las caravanas por la ZMG.[15]

Primera etapa: gobierno dirigiendo las acciones de ayuda humanitaria

3.1.1 Preparativos

Desde un inicio, la caravana no tenía definida la ruta que seguiría en México. El 8 de noviembre por la noche, sus integrantes decidieron que continuarían su recorrido por carretera, desde la Ciudad de México hacia Tijuana, atravesando el Bajío, occidente–Pacífico, pasando por Guadalajara.

Un par de semanas antes, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) y el gobierno del estado, principalmente el Instituto Jalisciense para Migrantes (IJAMI), iniciaron preparativos para el caso de que la caravana decidiera seguir por la ruta occidente.[16] En las diversas reuniones, participaron dependencias de gobierno, estatales y municipales, así como un representante del gobierno de transición del estado. En algunas de las reuniones se convocó a actores de sociedad civil especializados en la atención a esta población, como fm4 Paso Libre, los hermanos Scalabrinianos y El Refugio para migrantes y refugiados. Es así que el secretario General de Gobierno anunció que el gobierno de Jalisco brindaría atención humanitaria a la caravana, habilitando el Auditorio Benito Juárez como albergue.

3.1.2 Recepción

El sábado 10 de noviembre de 2018, comenzó la recepción de las primeras personas en el albergue del Auditorio Benito Juárez; alrededor del cual se estableció un perímetro de seguridad, resguardado por vallas y numerosos agentes de múltiples cuerpos policiacos. Las personas migrantes arribaron a Guadalajara por diversas vías, pero la mayoría se movilizó a través de aventones o “jalones”,[17] principalmente desde Querétaro o Irapuato. Bajaban del transporte en la entrada a la capital de Jalisco y, en autobuses de transporte público y vehículos de gobierno, se les trasladó al auditorio.

Una vez ahí, se les ubicó en dos grandes secciones, una para familias y otra para varones que viajaban solos; también se asignó un espacio para el colectivo lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual (LGBTI+). En el ingreso, al realizar el registro, se identificaba a las personas que presentasen alguna necesidad en particular o condición de salud que atender y se les conducía a los módulos móviles donde había personal de la Secretaría de Salud, la Cruz Roja, Protección Civil, la Universidad de Guadalajara, etcétera. Adicionalmente, en la parte posterior del recinto, se instaló una cocina móvil, operada por el DIF estatal, y un gran comedor; más atrás, en el estacionamiento del inmueble, se adecuaron regaderas y baños.

Se habilitaron mesas de atención de la CNDH y la CEDHJ, de FM4, ACNUR y de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), donde se ofrecían diversos servicios, desde asistencia legal, llamadas telefónicas, asesoría para el camino, entre otros apoyos. En otros espacios se ubicaron televisores, equipos de sonido, mesas para actividades recreativas, y se designó un espacio de reuniones y una oficina donde se encontraban los funcionarios responsables del albergue, así como un lugar desde donde se dieron las conferencias de prensa. Al ingreso del auditorio, se recibían los donativos que la ciudadanía llevó; aunque la mayor parte de los recursos que se distribuyeron, provenían de diversas dependencias de gobierno.

El albergue operó con un gran número de personal de gobierno de múltiples dependencias. Desde sociedad civil, los estudiantes de la FEU realizaron un trabajo coordinado y de registro importante; FM4, entre varias labores, se dio a la tarea de coordinar a los y las voluntarias de la organización y ciudadanos. En cuanto a los medios de comunicación, se tuvo una presencia de numerosos medios locales, nacionales e internacionales.

Hasta donde se pudo documentar, y lo reportado en el informe de la CNDH, hubo incidentes menores al interior del auditorio,[18] como, por ejemplo, discusiones entre algunos migrantes, peleas por la repartición de donativos, consumo de drogas y alcohol, entre otros. Uno de los elementos que causó molestia entre las personas migrantes y enfrentamientos entre migrantes y policías, fue que en un punto de la tarde se comenzó a restringir la salida, hasta que se impidió por completo que las personas dejaran el espacio.[19] A pesar de la tensión y las dificultades, se logró mantener el orden y se brindó una atención digna.

Se estima que entre el sábado 10 y domingo 11 de noviembre arribaron alrededor de 1,000 personas.[20] Algunas llegaron, descansaron y se fueron al día siguiente; otras se instalaron para esperar al resto de la caravana. El mayor número de personas migrantes llegó el lunes 12 a lo largo del día; la CNDH señaló que se recibió a más de 7,000 personas esa jornada.[21] El albergue se mantuvo en operación hasta las 14:33 del martes 13 de noviembre, cuando se desalojó a todas las personas que permanecían en el espacio.[22]

3.1.3 Punto de quiebre

No se tiene la información completa de los acontecimientos que derivaron en el cambio de posición de 180 grados por parte del gobierno del estado de Jalisco, pero se exponen algunos elementos que pueden dar pistas de por qué se decidió cerrar el albergue en el Auditorio Benito Juárez.

Representantes de la organización Pueblo Sin Fronteras,[23] que lideraban la caravana y no habían estado presentes en la ciudad, llegaron por la tarde noche del lunes 12 y mantuvieron reuniones con las autoridades del estado. Los acuerdos a los que se llegaron fueron objeto de disputa, ya que ambas partes dieron versiones distintas al respecto. Los principales puntos fueron:

• Retiro del apoyo del albergue. Los líderes de la caravana manifestaron que querían quedarse a descansar, ya que algunas personas migrantes recién habían arribado el lunes en la noche y no se les permitió. Las razones que dieron las autoridades de gobierno, en un primer momento, fueron que no había recursos suficientes.[24] Más adelante, se dijo que así se decidió porque hubo eventos de consumo de alcohol y drogas al interior del recinto, y que resultaba muy riesgoso mantener a las personas en el auditorio.[25]

• Lugar de traslado. Se acordó que el punto donde a los migrantes los dejarían los autobuses, en los que los trasladaba el gobierno de Jalisco, sería Ixtlán del Río, Nayarit. Ahí, el gobierno de Nayarit los esperaría con autobuses para trasladarlos a la frontera con Sinaloa —debido al huracán que afectó el estado—, pero finalmente los dejaron en la caseta de El Arenal, Jalisco, a 85 km de Ixtlán.

Resultó sorprendente la resolución de dar por terminado el apoyo humanitario, ya que, tanto en las declaraciones durante la visita del gobernador Aristóteles Sandoval al albergue,[26] como en la conferencia de prensa del domingo 11 de noviembre, se anunció que el recinto estaba listo para mantenerse en operación toda la semana para recibir a las siguientes caravanas. En cuanto al traslado, es una situación similar, ya que el gobierno aseguró que no había un compromiso de llevar a la gente hasta Ixtlán.[27]

El martes 13, muy temprano por la mañana, comenzaron a trasladar a las personas en autobuses hasta la caseta de Ixtlán del Río; al llegar al lugar de descenso, las personas migrantes se resistieron a bajar, ya que no era el punto que se había acordado, no obstante, fueron obligados a hacerlo. Es así que se difunde un comunicado por parte del Éxodo Centroamericano, difundido por Pueblo Sin Fronteras, en el que se denuncia que el gobierno de Jalisco está sacando a la caravana de la ciudad y poniéndolos en peligro.[28] El comunicado comenzó a generar alerta por parte de los medios de comunicación y las organizaciones a nivel nacional.

Mientras tanto, las personas migrantes que se encontraban en el auditorio, estaban en calma a la espera de los autobuses. Un poco más tarde, alrededor de las 10:00 horas, un líder de la caravana con megáfono, comunicó lo que está sucediendo con los autobuses a un grupo reducido de migrantes —de unas 50 personas—, el resto no podía escuchar. Este grupo dialogó durante unos minutos y tomó la decisión de no esperar más a los autobuses e irse caminando; pidieron a las autoridades que abrieran las puertas, y las personas salieron caminando hacia el Periférico a buscar la forma de trasportarse hasta la caseta de El Arenal. Había mucha confusión por parte de todos, migrantes, gobierno, sociedad civil.

3.2 Segunda etapa: sociedad civil y otros actores, coordinan respuesta solidaria

3.2.1 Atención en la caseta de El Arenal

En el camino y en la caseta de El Arenal, las personas migrantes recibieron asistencia básica por parte de grupos de iglesias, sociedad civil y protección civil. A lo largo del día, algunos lograron movilizarse en aventones o caminando hacia Nayarit, la mayoría hombres, por lo que se va quedando en la zona un grupo grande de alrededor de 1,000 personas, principalmente menores, mujeres, familias y parte del colectivo LGBTI+.

En la zona se encontraban patrullas de la policía federal y estatal. También estuvo presente personal de la CNDH y de la CEDHJ; así como algunos ciudadanos, organizaciones de sociedad civil, iglesias y universidades que llegaron a brindar ayuda humanitaria y a monitorear la situación. Al ver que las personas se quedarían varadas y que era riesgoso emprender el viaje de noche, a sugerencia de un representante de la CNDH, se generó un plan de acción para financiar autobuses que pudieran movilizar a las personas hasta Ixtlán del Río. En esa coordinación participaron la CNDH, Cáritas, los Scalabrinianos, la FEU, la CEDHJ, académicos de la Universidad de Guadalajara y el ITESO.

En la madrugada del miércoles 14 de noviembre se movilizó a todas las personas en 22 autobuses hacia Ixtlán del Río, Nayarit, bajo la vigilancia del personal de la CNDH. Personal del gobierno del estado vecino los esperó con autobuses que los llevaron a la frontera con Sinaloa.

3.2.2 Preparativos para las siguientes caravanas y recepción de pequeños grupos

La mañana del miércoles 14 de noviembre se realizó una reunión de la sociedad civil y la CEDHJ para coordinar un plan de atención para las caravanas que se encontraban en camino. Esto debido a que el gobierno decidió cerrar el albergue provisional del auditorio y declaró que no acogería al resto de personas migrantes que continuaban en trayecto. Información de Pueblo Sin Fronteras y de las organizaciones de sociedad civil que se encontraban en la Ciudad de México estimaban que el siguiente contingente era de 3,500 personas.

El grupo de la sociedad civil analizó la situación, considerando que ninguna organización tenía la capacidad de recibir y atender a un número tan alto de personas, y se percibía que había una actitud hostil del gobierno, por lo que lo más conveniente era que continuaran su viaje sin detenerse en la ciudad. Además, se consideró que la movilización del primer grupo resultó exitosa, y que el resto de los estados en la ruta estaban facilitando el trasporte, por lo que podrían viajar un poco más seguros. Es así que se optó por repetir la estrategia de los autobuses, recibiéndolos en algún punto de la entrada de Guadalajara y trasladándolos hasta donde el gobierno de Nayarit podría movilizarlos.

Por su parte, el gobierno del estado dio a conocer su estrategia de atención, que consistió en colocar nueve puntos de ayuda humanitaria a lo largo del estado, previendo que las personas pasarían en aventones o caminando.[29]

El viernes 16, se tuvo una nueva reunión por parte de las organizaciones de la sociedad civil y la CEDHJ, y se acordó con un representante de Pueblo Sin Fronteras que las personas migrantes se movilizarían a la ciudad hasta el lunes 19 de noviembre, porque el gobierno de Nayarit podía recibirlos hasta ese día. Se designaron, como voceros del plan, a los padres Alberto Ruíz, de El Refugio, y José Juan Cervantes, de los Scalabrinianos, quienes expusieron la propuesta a las autoridades de gobierno. En ese diálogo, no se rechazó el plan, pero tampoco hubo apoyo, y se mantuvo la postura de instalar los módulos de atención oficiales en el camino.

Después del martes 13, que cerró el albergue del auditorio, continuaron llegando grupos de personas migrantes a los albergues de la ciudad. El sábado 17 y domingo 18 se estima que en El Refugio se atendió entre 400 y 500 personas.

3.2.3 Traslado y puente en autobuses

En la mañana del lunes 19 de noviembre se inició con el traslado de las personas alojadas en El Refugio en siete autobuses, trasportando alrededor de 200 migrantes.

El gobierno declaró que sus puntos de apoyo estaban operando. Al hacer un recorrido al medio día, se constató que había apoyo de personal de Protección Civil en El Arenal, así como un par de camionetas en La Venta del Astillero. No había señalamiento de los puntos de ayuda, por lo que parecía un apoyo muy básico.

El punto en la caseta de La Joya se instaló y los autobuses que gestionó la sociedad civil estuvieron disponibles esperando a las personas para llevarlas a Ixtlán desde el mediodía. Quien coordinó gran parte de la movilización de las personas fue el P. Francisco de Asís, de Cáritas, quien realizó una ardua labor de gestión y financiamiento. Por su parte, la CNDH y la CEDHJ monitorearon a las personas y los traslados, al igual que Cáritas, los hermanos Scalabrinianos, FM4 y el ITESO.

En cuanto a la participación de las autoridades, en la caseta, hubo un gran número de personal de seguridad de diversos cuerpos policiacos, del DIF, de Protección Civil y ambulancias. A lo largo de varias horas, el encargado de la fiscalía central del estado de Jalisco, Fausto Mancilla, supervisó las operaciones.

Alrededor de las 15:00 horas, comenzaron a llegar en aventones los primeros grupos de migrantes, quienes descansaban unos minutos y luego se les conducía a los autobuses, para partir rumbo a Ixtlán. El traslado de todo el grupo en este punto se finalizó alrededor de las 20:00 horas. Se calcula que se movilizaron alrededor de unas 700 personas, en autobuses y tráileres que ofrecieron aventón. En La Venta del Astillero se encontraba otro grupo y se enviaron otros autobuses para apoyarlos en ese punto.

Los autobuses que se utilizaron para este traslado fueron financiados en su mayoría por Cáritas, con apoyo de ciudadanos, empresarios, universidades y otros grupos de personas solidarias. El gobierno se negó a proporcionar los trasportes y a condonar el pago de las casetas. Un pequeño número de personas migrantes decidió quedarse en alguno de los albergues de la ciudad, y un grupo inició trámites para solicitar algún tipo de regularización o protección.

4. Algunos elementos para reflexionar

Este texto abordó elementos que se consideran relevantes para tener una visión general de las caravanas migrantes en México, sobre todo en su paso por la ZMG, pero es evidente que hay mucha más información y puntos de vista al respecto. El análisis sobre estos desplazamientos se debe realizar desde múltiples niveles y hay muchos aspectos sobre los cuales reflexionar. A continuación, se plantean algunos de ellos.

Como ya se expuso en la primera parte, un elemento fundamental para la región es revisar los impactos negativos que tienen las políticas migratorias que se implementan actualmente. Esto puede conducir a negociar acuerdos entre los países del sistema migratorio, que permitan un cambio de políticas regionales, abordando la movilidad humana desde un enfoque de derechos humanos, desarrollo económico, seguridad humana y género, por mencionar algunos. Es decir, revisar las políticas en relación con sus causas estructurales, ya que, de otra forma se mantienen políticas que no responden a la realidad y orillan a las personas a situaciones de grave riesgo, como se hizo evidente con las caravanas.

No se debe perder de vista la principal razón por la que viajan en conjunto: ser visibles y tener protección. La inseguridad y violencia en el camino, continúan estando presentes y son temas que deben atenderse con urgencia. Hasta el momento, no queda claro cómo se está reconfigurando el crimen organizado y las redes de traficantes ante este nuevo panorama, pero es un tema al que estar atentos.

Aún no se puede decir si esta será la nueva forma de movilización de las personas migrantes por México, pero si lo fuera, este cambio, implicaría retos muy grandes en cuanto a la ayuda humanitaria que se requiere brindar. Ninguna organización de la sociedad civil o red de organizaciones que atienden a migrantes, tiene la capacidad de ofrecer este tipo de asistencia. Es así que las caravanas ponen el foco sobre la responsabilidad que tiene el estado y los organismos internacionales para responder ante esta nueva realidad.

Más allá de las caravanas, el gobierno y la sociedad mexicana deben hacer frente a su nuevo rol como país de destino y recepción de diversas poblaciones migrantes, en particular de los refugiados. Es importante conocer y reconocer lo que la condición de refugiado implica, así como por qué las personas que salen huyendo de su lugar de origen, tienen derecho a recibir protección en otro país. De igual forma, es importante no ceder ante las políticas del gobierno de Estados Unidos, que pretenden dejar en manos de México su responsabilidad de atención a las personas refugiadas.

Otro elemento importante a reflexionar son las expresiones de racismo y xenofobia que se manifestaron con mayor fuerza, a partir de la presencia de las caravanas. Aunque lamentablemente no es un fenómeno nuevo, son un indicador alarmante sobre la postura de la sociedad mexicana ante este tipo de personas migrantes, por lo que urge revisar y plantear estrategias de inclusión, respeto a la diversidad, reflexión sobre las identidades migrantes presentes en el país y de la composición pluri–multi–inter–trans–cultural, entre muchos otros aspectos.

Es importante decir, que muchas de estas reflexiones y preocupaciones han estado presentes, ya por algunos años, en la agenda de sociedad civil que trabaja con personas migrantes y refugiadas. Las caravanas, de cierta forma, han venido a ponerlas en primer plano de la discusión nacional, por lo que hay una oportunidad de hacer la tarea pendiente desde hace décadas y dar una respuesta congruente a la realidad migratoria de México.

 

[*] Es académica del Programa de Asuntos Migratorios (PRAMI) del Centro Interdisciplinario para la Formación y Vinculación Social del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) de Guadalajara. Estudió Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) campus Monterrey, y es maestra en Migración Internacional por el Colegio de la Frontera Norte. Su interés por explorar el tema de la migración desde el cine documental, la ha llevado a colaborar en algunos proyectos audiovisuales Denadie, La Patrona y La cocina de las patronas. Correo electrónico: ilianamtz@iteso.mx

 

[1]. En el número del primer semestre de 2018 de la colección Análisis Plural, El efecto AMLO, ITESO, Guadalajara, 2018, publiqué un artículo que aborda este primer movimiento, titulado “Reflexiones sobre la caravana migrante”. Se puede consultar en: https://analisisplural.iteso.mx/2018/10/10/reflexiones-sobre-la-caravana-migrante/

[2]. Amnistía Internacional. Víctimas invisibles. Migrantes en movimiento en México, EDAI, Madrid, 2010. Recuperado el 7 de junio de 2018, de https://amnistiainternacional.org/publicaciones/108victimas-invisibles-migrantes-en-movimiento-en-mexico.html

[3]. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. “Mexico Factsheet 2017”, febrero de 2017. Recuperado el 7 de junio de 2018, de http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/Mexico%20Fact%20Sheet%20-%20Februrary%202017.pdf

[4]. Amnistía Internacional. ¿Hogar dulce hogar? El papel de Honduras, Guatemala y El Salvador en la creciente crisis de refugiados, Amnistía Internacional, Londres, 2016, p.9. Recuperado el 7 de junio de 2018, de https://amnistiainternacional.org/publicaciones/253-hogar-dulce-hogar-el-papel-de-honduras-guatemala-y-el-salvador-en-la-creciente-crisis-de-refugiados.html

[5]. Amnistía Internacional. Ignoradas y sin protección. La mortal devolución de personas centroamericanas solicitantes de asilo desde México, Amnistía Internacional, Londres, 23 de enero de 2018. Recuperado el 7 de junio de 2018, de https://www.amnesty.org/es/documents/amr41/7602/2018/es/

[6]. Las organizaciones de sociedad civil del sureste de México utilizaron el concepto; véase por ejemplo: Voces mesoamericanas. “Actualizaciones sobre el éxodo migrante en la frontera sur de México. 8 y 9 de noviembre de 2018 [Comunicado]”. Recuperado de http://vocesmesoamericanas.org/noticias/comunicado-actualizaciones-exodo-migrante-en-la-frontera-sur-mexico-08-09-noviembre-2018/

[7]. Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica. “La Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica (RJM CA&NA) hace un llamado urgente: El respeto a la dignidad humana está en crisis”. Tomado del Portal de RJM CA&NA, Honduras, 17 de octubre de 2018. Recuperado el 12 de enero de 2019, de http://rjmcentroamerica.org/noticias-honduras/el-respeto-a-la-dignidad-humana-esta-en-crisis/

[8]. Comisión Nacional de Derechos Humanos. “Informe Especial. Participación de la cndh en la Audiencia Regional: Situación de derechos humanos de las personas que integran la Caravana de Migrantes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, 6 de diciembre de 2018, p.3. Recuperado el 18 de enero de 2019, de http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/INF-CNDH-CIDH-CARAVANA.pdf

[9]. Secretaría de Gobernación & Instituto Nacional de Migración. “Caravana Migrante Centroamericana”. Reporte al día 20 de diciembre de 2018.

[10]. Instituto Nacional de Migración. “III. Extranjeros presentados y devueltos”, Cuadro 3.2.4. Recuperado el 18 de enero de 2019, de http://politicamigratoria.gob.mx/es_mx/segob/Extranjeros_alojados_y_devueltos_2017

[11]. En el artículo “Reflexiones sobre la caravana migrante”, op. cit, se da cuenta de caravanas y vía crucis de migrantes previos, como el de Tenosique en 2010 y la Caravana de Madres Centroamericanas que se realiza desde 2004.

[12]. Para un panorama general de todo lo acontecido en el país se recomienda revisar el informe especial de la CNDH y el informe de El Colegio de la Frontera Norte, ambos citados en este texto, así como el recuento de notas que realizó el Observatorio del COLEF en http://observatoriocolef.org/?theme=caravana

[13]. El Colegio de la Frontera Norte. La caravana de migrantes centroamericanos en Tijuana 2018. Diagnóstico y propuestas de acción, El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, 13 de diciembre de 2018, p.5. Recuperado el 19 de enero de 2019, de https://www.colef.mx/estudiosdeelcolef/la-caravana-de-migrantes-centroamericanos-en-tijuana-2018-diagnostico-y-propuestas-de-accion/

[14]. Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes. El estado indolente: recuento de la violencia en las rutas migratorias y perfiles de movilidad en México. Informe 2017, REDODEM, 2017, p.159. Recuperado el 10 de febrero de 2019, de https://www.researchgate.net/profile/Jose_Mora29/publication/328062303_Perfiles_de_movilidad_por_el_occidente_de_Mexico/links/5bb56d1392851ca9ed379f37/Perfiles-de-movilidad-por-el-occidente-de-Mexico.pdf?origin=publication_detail

[15]. Agradecemos enormemente a todos y todas las profesoras, estudiantes, trabajadores, voluntarios, amigos y ciudadanos que colaboraron en los distintos momentos del proceso de acompañamiento, monitoreo y asistencia. También extendemos un gran reconocimiento al trabajo de las organizaciones de sociedad civil e iglesia que respondieron ante el gran reto, en particular a los religiosos Alberto Ruíz, José Juan Cervantes y Francisco de Asís.

[16]. Torres, Raúl. “Autoridades de Jalisco se preparan para la llegada de migrantes”, en El Universal, 10 de noviembre de 2018. Recuperado el 15 de enero de 2019, de https://www.eluniversal.com.mx/estados/autoridades-de-jalisco-se-preparan-para-la-llegada-de-migrantes

[17]. Expresión que utilizan las personas centroamericanas en referencia a recibir un aventón.

[18]. Martínez, Jorge. “Maná, religión y conflicto en tercera noche de migrantes”, en Milenio, 13 de noviembre de 2018. Recuperado el 16 de enero de 2019, de http://www.milenio.com/politica/comunidad/mana-religion-y-conflicto-en-tercera-noche-de-migrantes

[19]. Comisión Nacional de Derechos Humanos, op. cit, p.17.

[20]. Éxodo Centroamericano “Comunicado”, difundido por el sitio de Facebook de Pueblo Sin Fronteras, 13 de noviembre de 2018, 7:00 am. Recuperado el 18 de enero de 2019, de https://www.facebook.com/PuebloSF/photos/a.267391253287583/2450456291647724/?type=3&theater

[21]. Comisión Nacional de Derechos Humanos, op. cit, p.17.

[22]. El Informador. “Retiran albergue para caravana migrante en Jalisco”, en El Informador, 14 de noviembre de 2018. Recuperado el 12 de enero de 2019, de https://www.informador.mx/jalisco/Retiran-albergue-para-caravana-migrante-en-Jalisco-20181114-0020.html

[23]. Pueblo Sin Fronteras. “About us”. Recuperado el 18 de enero de 2019, de https://www.pueblosinfronteras.org

[24]. Reza, Gloria. “Caravana migrante y gobierno de Guadalajara polemizan por transporte”, en Proceso, 13 de noviembre de 2018. Recuperado el 14 de enero de 2019, de https://www.proceso.com.mx/559527/caravana-migrante-y-gobierno-de-guadalajara-polemizan-por-transporte

[25]. Reza, Gloria. “No habrá más albergues para migrantes en Jalisco, afirma Protección Civil”, en Proceso, 18 de noviembre de 2018. Recuperado el 14 de enero de 2019, de https://www.proceso.com.mx/560112/no-habra-mas-albergues-para-migrantes-en-jalisco-afirma-proteccion-civil

[26]. Meridiano. “Atiende gobernador a caravana de migrantes”, en Meridiano, 12 de noviembre de 2018. Recuperado el 13 de enero de 2019, de http://impreso.meridiano.mx/edicion/vallarta/2018/11/12/politica/publicidad/4.pdf

[27]. Reza, Gloria. “Caravana migrante…”, op. cit.

[28]. Éxodo Centroamericano, op. cit.

[29]. Reza, Gloria. “Jalisco sustituye albergue por módulos de atención para recibir éxodo de migrantes”, en Proceso, 16 de noviembre de 2018. Recuperado el 14 de enero de 2019, de https://www.proceso.com.mx/559982/jalisco-sustituye-albergue-por-modulos-de-atencion-para-recibir-exodo-de-migrantes

¿Medios públicos en México?

Israel Tonatiuh Lay Arellano[*]

Resumen: el 13 de noviembre de 2018, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En ella resaltó la adición a la fracción VIII del Artículo 27, en el cual se le otorgaba a la Secretaría de Gobernación la facultad de proveer el servicio de radiodifusión pública en todo el país. Diversas asociaciones expresaron su desacuerdo en que la Segob controlara los medios públicos, lo cual fue escuchado por el Senado que enmendó la fracción. ¿Cómo se llegó a tal propuesta, pasó inadvertida o se trató de un madruguete? ¿Realmente se trataba de un retroceso? El objetivo de este texto es describir el proceso y discutir sobre los medios públicos en México.
Palabras clave: medios públicos, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Comisión de Gobernación.

Abstract: On November 13, 2018, the Chamber of Deputies passed a reform to the Organic Law of the Federal Public Administration. One notable point was an addition to section VIII of Article 27, authorizing the Ministry of Government to provide public radio broadcasting service in the entire country. Different associations expressed their disagreement with the Ministry’s control of pubic media, and the Senate responded by amending the section in question. How exactly did this proposal come about? Did it simply slip through, or was there an attempt to smuggle it into law under the cover of night? Did it really represent a step backward? The purpose of this text is to describe the process and discuss public media in Mexico.
Key words: public media, Organic Law of the Federal Public Administration, Commission of Government.

 

1. El proceso legislativo

El 18 de octubre de 2018, el diputado Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Entre ellas se encontraba la propuesta para adicionar la fracción ii del artículo 8 y la fracción VIII del artículo 27, con el objetivo de otorgar a la Secretaría de Gobernación las facultades para elaborar e instrumentar la normatividad aplicable en materia de comunicación social del gobierno federal y las relaciones con los medios masivos de comunicación.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, la cual la conjuntó con otras iniciativas para reformar la misma ley y así redactar un solo dictamen. El 30 de octubre, esa comisión se reunió y se declaró en sesión permanente con el objetivo de desahogar las diferentes temáticas. Fue hasta la sesión del 12 de noviembre que la comisión discutió el dictamen elaborado, en el que justifica (aunque no fundamenta), en solo dos párrafos, la necesidad de adicionar la propuesta de reforma de la fracción VIII del artículo 27:

Si bien durante las mesas temáticas de la Conferencia Parlamentaria, diversos legisladores se manifestaron en contra de la asignación de facultades que se hacía a la oficina de la Presidencia en materia de comunicación social, esto obedece a una política anunciada por el presidente electo que se considera indispensable para su futura administración; que será coordinar y diseñar las estrategias de comunicación política de todo el gobierno federal con una visión unificada que permita claridad en los mensajes que emita el gobierno la República, y evite contradicciones entre los titulares de diversas dependencias gubernamentales.
Para lograr este objetivo se consideró pertinente adecuar las competencias que se distribuirán entre la oficina de la Presidencia y la Secretaría de Gobernación, para ello, se reformula la fracción ii del artículo 8 y la fracción VIII del artículo 27.[1]

Por lo anterior, se propuso adicionar a la propuesta original de la fracción VIII del artículo 27, la atribución de “proveer el servicio de radiodifusión digital a nivel nacional”, para quedar de la siguiente manera:

Arículo 27. Fracción VIII.- En el ámbito de su competencia, elaborar e instrumentar la normatividad aplicable, conforme la Constitución y las leyes, en materia de comunicación social del gobierno federal y las relaciones con los medios masivos de información; administrar, salvo lo establecido las leyes electorales, el tiempo que dispone el Estado en radio y televisión; proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional, así como autorizar, supervisar y evaluar los programas de comunicación social y publicidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.[2]

En la discusión de esta adición, participaron la diputada Martha Tagle, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, y las diputadas Lucero Saldaña y Dulce María Sauri, y los diputados Luis Miranda y Ricardo Aguilar del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Finalmente, el dictamen fue aprobado en la comisión por 20 votos a favor, 5 en contra y ninguna abstención.

El 13 de noviembre, en una sesión de pleno caracterizada por la aplanadora legislativa de la fracción parlamentaria de Morena, resulta interesante observar que ninguna de las propuestas de reserva al artículo 27 fue a la fracción VIII (solo para las fracciones IV, VII, XIII y XVII). Finalmente, el dictamen sería aprobado por 330 votos a favor, y remitido al Senado de la República.

En la sesión del pleno del Senado del 15 de noviembre de 2018, se turnó la minuta Proyecto de Decreto con el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos. Para esta fecha, la publicidad de la fracción viii del artículo 27 ya había generado reacciones y críticas, por el carácter regresivo que significaba al otorgarle la facultad del control de la radiodifusión pública a la Secretaría de Gobernación.

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), junto con otras 42 organizaciones, publicaron el 19 de noviembre, su posicionamiento al respecto, donde se destacó que:

La Secretaría de Gobernación (Segob) NO debería tener injerencia en la regulación de los medios de comunicación y mucho menos ser operadora de estaciones de radio o televisión. Los estándares internacionales de protección de la libertad de expresión establecen: (i) la regulación de los medios debe estar a cargo de autoridades independientes del poder político o económico y (ii) los medios públicos deben estar libres de cualquier interferencia política para cumplir con el ejercicio del derecho a la información en beneficio de los ciudadanos. La participación de Segob en la regulación de los medios es una de las herencias más lamentables de un pasado antidemocrático y autoritario que debería cambiar de inmediato.[3]

Los argumentos tuvieron eco en el Senado de la República, ya que aunque en la sesión de las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, del día 20 de noviembre, no hubo cambios en la fracción viii del artículo 27, el senador Emilio Álvarez Icaza remitió a la mesa directiva del Senado un documento donde fundamentó el voto particular que emitiría, en contra del dictamen de la minuta, al momento de su discusión en la sesión del pleno, al considerar que la modificación de la estructura del Poder Ejecutivo federal es una pieza para un modelo de gobierno con características de corte autoritario.[4]

Durante la discusión de la sesión del pleno del día 22 de noviembre, 20 senadores reservaron el artículo 27. El senador Ricardo Monreal y la senadora Olga Sánchez Cordero, propusieron modificar la fracción, justificándolo de la siguiente manera:

En atención a los diversos señalamientos de los sectores sociales, académicos, en materia de medios de los derechos de las audiencias, el día de hoy, en este momento, estoy proponiendo la reserva para que se elimine la referencia siguiente, cito textual: “proveer del servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional” con el fin de regresar a la redacción original de la iniciativa y mantener, como hasta ahora se ha tenido, la disposición normativa que todos conocemos.[5]

Los legisladores tomaron de manera positiva la propuesta y se sumaron a ella. Quienes hicieron uso de la voz coincidieron en defender la libertad de expresión: Xóchitl Gálvez (Partido Acción Nacional, PAN), Juan Manuel Zepeda Hernández (Partido de la Revolución Democrática, PRD), Manuel Añorve Baños (PRI), y Emilio Álvarez Icaza (independiente). Miguel Ángel Mancera (PRD) habló en contra de la concentración mediática; Verónica Delgadillo (Movimiento Ciudadano) subrayó la importancia de las señales públicas, y Antonio Álvarez Lima (Morena) destacó la necesidad de los medios públicos independientes.

Todos los senadores presentes estuvieron de acuerdo en la propuesta de Monreal y Sánchez Cordero, por lo que la reserva a esa fracción por parte de 20 senadores fue retirada una a una. El resto de las reservas no tuvieron tanta suerte, pues la mayoría se desecharon por la asamblea, lo que provocó malestar entre algunos legisladores que se retiraron. Los senadores que permanecieron en la sesión aprobaron las reformas a la minuta, con 105 votos a favor, sin abstenciones ni en contra, por lo que fue devuelta a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto en la fracción E del artículo 72 constitucional.

Por su parte, la Cámara de Diputados discutió los cambios en su sesión del 27 de noviembre, aprobándolos con 328 votos a favor, 49 en contra y ninguna abstención, por lo que fue enviada al Ejecutivo federal para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación, apareciendo en la edición matutina del 30 de noviembre.

2. ¿Medios públicos en México?

Si bien, estamos de acuerdo en que la Secretaría de Gobernación no debe tener el control de los medios públicos, el tema no solo significó el rasgarse las vestiduras para ciertos personajes sino toda una postura de intereses políticos antes que verdaderamente públicos. Resulta curioso que el argumento del senador Manuel Añore Baños (PRI), en contra de la fracción VIII del artículo 27, fue la libertad de expresión. Lo definimos como curioso, ya que no hace mucho fue el que esgrimieron los medios comerciales para rechazar cualquier regulación. Contrariamente, conocemos de casos de censura en medios como Canal 22 y el Canal 7 de Guadalajara en 2015, que se relatan más adelante, por lo que es válido preguntar ¿existen los medios públicos en México?

De acuerdo con la definición de la Unesco:

Los medios públicos son hechos, financiados y controlados por el público y para el público. No son comerciales ni de propiedad gubernamental, son libres de la interferencia política y la presión de las fuerzas comerciales. A través de los medios públicos, los ciudadanos son informados, educados y también entretenidos, garantizando el pluralismo, diversidad, independencia editorial, financiación apropiada, rendición de cuentas y transparencia, la radiodifusión de servicio público puede servir como una piedra angular de la democracia.[6]

Sin embargo, el término de medio público nunca existió en la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT), y su consideración en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFRT) difiere del que señala la Unesco. En la primera, los medios se dividían de acuerdo a su modalidad de operación. A aquellos cuyo objetivo era la explotación comercial del espectro radioeléctrico, se les otorgaba una concesión, a cambio de una contraprestación al estado. Los operadotres cuyos objetivos no eran lucrativos recibían un permiso, aunque cabe señalar que se otorgaron concesiones para no lucrativos, como el Canal 22, y para algunas de las frecuencias agrupadas en el Instituto Mexicano de la Radio (Imer).

La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones de 2013 abrió la posibilidad del reconocimiento a la radiodifusión comunitaria, la cual por definición es un espacio de participación ciudadana. La LFRT la agrupa junto con la radiodifusión indígena en el tipo de concesión para uso social, sin embargo, no son este tipo de emisoras las que se identifican como medios públicos sino aquellos operados por instancias gubernamentales o universitarias. La fracción II del artículo 67 de la LFRT define la concesión para uso público como

[…] el derecho a los Poderes de la Unión, de los Estados, los órganos de Gobierno de la Ciudad de México, los Municipios, los órganos constitucionales autónomos y las instituciones de educación superior de carácter público para proveer servicios de telecomunicaciones y radiodifusión para el cumplimiento de sus fines y atribuciones.[7]

Pero incluso cabe subrayar que en la iniciativa de ley que presentó el Ejecutivo federal, no aparecían en este rubro las instituciones públicas de educación superior, las cuales fueron incluidas por los legisladores durante el proceso en la Cámara de Diputados. En el caso de las universidades privadas, estas quedaron contempladas dentro de las concesiones para uso social. En ambos casos, la comercialización de espacios publicitarios quedó prohibida, limitando de esta manera su crecimiento y potencialización, alejándose aún más del término propuesto por la Unesco.

También habría que aclarar que en ningún caso en el mundo, los llamados medios públicos son propiedad de la ciudadanía, ni siquiera en la famosa BBC, cuyos integrantes son elegidos por el gobierno británico, por su propia junta directiva, por miembros internos y por la propia reina “por recomendación del Secretario de Estado de Cultura, Medios y Deportes a través del Primer Ministro”.[8] Lo que sí es una de sus características es la garantía de independencia frente a controles de tipo político o comercial, y se financia con un impuesto televisivo que pagan quienes tienen un receptor de TV en el Reino Unido, con lo cual se asegura la imparcialidad, la programación de calidad y la libertad de expresión.

Si bien la LFRT señala que las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de interés general, en ninguna parte de la ley se garantizan los derechos de las audiencias, ya que, aunque los medios gubernamentales por ley requieren consejos ciudadanos consultivos y existe la figura del defensor de las audiencias, su verdadera aplicación deja mucho que desear.

Asimismo, basta un par de ejemplos para demostrar que los llamados medios públicos nacionales han atentado contra el derecho a la información y contra la independencia editorial.

En abril de 2015, el Canal 7 de Guadalajara, perteneciente al Sistema Jalisciense de Radio y Televisión del Gobierno del Estado de Jalisco, se negó a difundir cualquier acto de la campaña electoral de ese periodo, fundando su decisión en una torcida consulta a la Procuraduría General de la República sobre si los empleados del medio gubernamental eran considerados funcionarios públicos y si, por ende, podrían caer en delitos electorales al hacer proselitismo. Aunque no hubo ningún estudioso de las ciencias políticas que validara su ingenua visión, por el contrario, se le exigió al medio su obligación de proporcionar información veraz, objetiva e inmediata para que los ciudadanos pudieran tomar decisiones, la administración del canal sostuvo su postura.[9]

El segundo ejemplo es el despido de reporteros y personal del Canal 22 en agosto de 2015. Mientras el medio argumentó que se trataba de recortes presupuestarios, la mayoría de la comunidad académica e intelectual no dudó en que se trató de una represalia a la carta de protesta que periodistas del canal le habían hecho llegar a su entonces director, Raúl Cremoux, por censurar su trabajo en temas como Ayotzinapa, la reforma educativa y el despido de Carmen Aristegui de mvs, entre otros.

3. El control de los medios públicos a la Segob: ¿ingenuidad o intención de madruguete?

Con todo lo anterior se pretende demostrar que no existen los medios públicos en México, o al menos no en el sentido de la definición de la Unesco o del modelo de la BBC, aunque con ello, insistimos, no justificamos el proyecto de otorgarle el control de tales medios a la Secretaría de Gobernación. Si bien, no existe una justificación por escrito de tal propósito, los manejos de la política en México nos permiten tratar de entender tal decisión.

Ya hemos señalado que la propuesta inicial de reforma a la fracción viii del artículo 27 de la Ley de la Administración Pública Federal fue adicionada con la intención de otorgarle a la Secretaría de Gobernación el control de los medios públicos, lo cual fue enmendado por el Senado, regresando la redacción a su propuesta original, pero no perdamos de vista que la redacción va vinculada a la de la fracción ii del artículo 8, sobre el formular y conducir la política de comunicación social del gobierno federal.

Apegados a derecho, para la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, los medios públicos son aquellos que administran los poderes de la unión, de los estados, los órganos de gobierno de la Ciudad de México, los municipios, los órganos constitucionales autónomos y las instituciones de educación superior de carácter público.

Con una mayoría de la fracción parlamentaria de Morena, partido del entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tanto en la Comisión de Gobernación como en el pleno de la Cámara de Diputados, no fue difícil creer que la propuesta fortalecía los objetivos de la fracción ii del artículo 8, y por ende las metas de comunicación social de la administración lopezobradorista. Lo que sorprende es que no hay evidencia de desacuerdo ni en la Comisión ni en la discusión del pleno, ya que las protestas solo se presentaron después de que el dictamen fue aprobado.

¿Será que, bajo la lógica de los medios gubernamentales, su control por parte de la Secretaría de Gobernación es coherente? ¿Podría ser que después del análisis del costo–beneficio de una discusión pública sobre el control de las emisoras se optó por el escenario menos perjudicial para la nueva administración y con ello además se mostraba un Poder Legislativo abierto a la crítica social y dispuesto a las correcciones? Es difícil saberlo sin la existencia o el acceso a las versiones estenográficas de las reuniones de las comisiones legislativas, sin duda un compromiso de transparencia todavía no cumplido.

Finalmente ¿qué entienden los políticos por libertad de expresión? Los mismos, o más bien de los mismos partidos, que durante la discusión de la Ley Televisa en 2006 y en 2014 defendían a los grandes medios, también la esgrimían como argumento en contra de cualquier regulación. Contrariamente, las radios comunitarias e indígenas que no tenían permiso fueron siempre perseguidas y criminalizadas, sin que ese ideal fuera motivo para permitirles operar. Asimismo, ningún medio público en México (entiéndase gubernamental) ejerce la libertad de expresión. El ejemplo aquí descrito es una muestra.

Quizás valga la pena pensar, aunque corramos el riesgo de que sea ingenuamente, que, tras esta demostración de interés de los medios públicos, se presente una iniciativa para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para definir adecuadamente lo que es un medio público, sus funciones, mecanismos claros de financiamiento, y de paso hacer lo mismo con los medios indígenas y comunitarios.

 

[*] Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. Es profesor investigador Titular A en el Instituto de Gestión del Conocimiento y Aprendizaje en Ambientes Virtuales. Es miembro del Sistema Nacional de investigadores, nivel I, y de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Capítulo Jalisco. Sus líneas de investigación son: legislación de medios, sociedad civil, poderes fácticos, redes sociales virtuales y legislación, y políticas públicas para el autismo. Es Autor del libro Legislación de medios y poderes fácticos en México 2000–2012.

 

[1]. Cámara de Diputados. “Dictamen de la Comisión de Gobernación y Población, con opinión de la Comisión de Seguridad Pública, que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal”, en Gaceta Parlamentaria, año XXI, núm.5155–III, México, 13 de noviembre de 2018, p.303. Recuperado de http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2018/nov/20181113-III.pdf

[2]. Ibidem, pp. 313–314.

[3]. Asociación Mexicana de Derecho a la Información. “Posicionamiento: Secretaría de Gobernación no debe ser operadora de estaciones de radio o televisión”, Ciudad de México, 19 de noviembre de 2018. Recuperado de http://www.observalosmedios.org/nuevo/politica/posicionamiento-secretaria-de-gobernacion-no-debe-ser-operadora-de-estaciones-de-radio-o-television/

[4]. Senado de la República. “Voto particular en contra del dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que establece diversas modificaciones en la estructura del Poder Ejecutivo Federal”. Oficio dirigido al Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, of. / 068 / eail / 2018,  Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. Recuperado de http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-11-22-1/assets/documentos/Voto_Particular_Sen.Alvarez_Icaza_loapf.pdf

[5]. Senado de la República. “Versión estenográfica de la sesión ordinaria de la H. Cámara de Senadores”, Ciudad de México, 22 de noviembre de 2018. Recuperado de http://www.senado.gob.mx/64/version_estenografica/2018_11_22/1931#_Toc530780071

[6]. Unesco. “Medios públicos y comunitarios”. Recuperado de http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/comunicacion-e-informacion/desarrollo-de-los-medios/medios-publicos-y-comunitarios/

[7]. Secretaría de Gobernación. “Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión”, en Diario Oficial de la Federación, México, 14 de julio de 2014. Recuperado de http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5352323&fecha=14/07/2014

[8]. Miguel Trula, Esther. “Cómo se eligen a los presidentes y consejeros de la BBC, la cadena pública más prestigiosa de Europa”, en Xatca.com, 2 de julio de 2018. Recuperado de https://magnet.xataka.com/preguntas-no-tan-frecuentes/como-se-eligen-presidentes-consejeros-bbc-cadena-publica-prestigiosa-europa

[9]. Sobre esta situación, la Amedi Capítulo Jalisco y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), debido a que la negativa de cubrir las campañas por parte de C7 violaba el derecho humano de acceso a la información. Sin embargo, la respuesta de la CEDHJ, posterior al proceso, también se enfocó solo en el aspecto electoral y no en el derecho a la información, por lo que la queja no fue admitida. CEDHJ. “Oficio DQ / 687 / 2015”, Guadalajara, Jalisco, 2 de julio de 2015.

 

Tecnología y libre expresión: entre el acoso y el espionaje

Frida V. Rodelo[*]

Resumen: a la creciente violencia contra periodistas, en México y a nivel mundial, se ha sumado el surgimiento de nuevas amenazas para el derecho a la libertad de expresión: las tecnologías digitales han impactado, para bien y para mal, la seguridad de los periodistas. El artículo analiza los riesgos asociados con estas tecnologías en México y Jalisco, principalmente a partir de los casos recientes de acoso de periodistas y de adquisición gubernamental de software de vigilancia.
Palabras clave: periodismo, tecnología digital, seguridad

Abstract: Added to the growing violence against journalists in Mexico and around the world is the emergence of new threats to the right to freedom of expression: digital technologies have had an impact, for better and for worse, on journalists’ security. This article analyzes the risks associated with these technologies in Mexico and Jalisco, primarily on the basis of recent cases of harassment of journalists and the government’s acquisition of surveillance software.
Key words: journalism, digital technology, security.

 

Al incremento de casos de violencia contra periodistas —no solo en México sino a nivel mundial— se ha sumado el surgimiento de nuevas amenazas para el derecho a la libertad de expresión. Este texto intentará dar un panorama sobre la manera en que las tecnologías digitales han impactado, para bien y para mal, en la seguridad de periodistas en México y en el estado de Jalisco, a partir de casos recientes de interés público, como lo son la adquisición gubernamental de los software de vigilancia Galileo y Pegasus, y los casos de acoso de periodistas.

El uso social de las tecnologías de la información ha provocado tensiones entre los derechos a la libertad de expresión y a la privacidad. La paradoja que permea a Internet, en palabras de Evgeny Morozov,[1] es que una mayor libertad de Internet implica una mayor libertad de expresión: hay numerosos incentivos para hacer uso de Internet y por primera vez en la historia de las democracias moderna, existe la posibilidad material de que los puntos de vista de cualquier individuo privado, sin importar su estatus, puedan ser escuchados. Sin embargo, al mismo tiempo, la mayor libertad de Internet ha implicado una mayor capacidad de vigilancia (o una menor privacidad) al dar visibilidad y valor monetario a información que, o no existía previamente o bien se consideraba privada —como lo pueden ser las ubicaciones, registros de tiempo y datos de contacto de los sujetos.[2]

En otras palabras, la expansión de la esfera pública mediante Internet no ha estado exenta de contradicciones. Incluso otra interpretación, más pesimista, conceptúa a las tecnologías digitales como “el dispositivo disciplinario por excelencia”; esto debido a que operan sin necesidad de un espacio físico y a que tienen capacidad de acceder a la esfera privada de los individuos,[3] con el resultado de permitir labores de vigilancia y castigo que los actores con poder realizan para controlar e imponer un orden social bajo el pretexto de velar por la seguridad nacional y pública.[4]

La tecnología digital se ha usado como herramienta periodística primordialmente para facilitar el trabajo en redes, como fuente de información alternativa o para contrastar y verificar fuentes, así como para conocer y difundir información censurada o sobre temas, asuntos y entornos escasamente cubiertos. Todo esto, como hemos visto, no implica la ausencia de problemas y limitaciones asociados a cada uno de estos usos “benignos”. En contraparte, entre los principales riesgos que el uso de las tecnologías de la información implica para periodistas se encuentran, principalmente, la vigilancia, los ataques, el acoso y las amenazas. Todos estos son riesgos preexistentes, pero potenciados en su capacidad por las nuevas tecnologías.

Es en este sentido que, en un estudio comisionado por la Unesco, Jennifer Henrichsen, Michelle Betz y Joanne Lisosky afirmaron que “algunos riesgos de seguridad simplemente se han transferido del mundo fuera de línea al mundo en línea”.[5] Lo anterior, se origina debido a que Internet, como tecnología, ha ido con el paso del tiempo abarcando una mayor cantidad de capacidades que van más allá de ser una forma de comunicación entre personas y un ámbito para la expresión. Hoy en día, Internet es, además de lo anterior, un mecanismo de comunicación entre dispositivos, una plataforma para la prestación de servicios y la realización de transacciones comerciales, etcétera.[6]

Como se mencionó, transferir los riesgos del mundo fuera de línea al mundo en línea comparte las “ventajas” (desde el punto de vista de los actores con poder) que en general brindan las tecnologías digitales:[7] la automatización de tareas, la indetectabilidad, así como un bajo costo de operación. Rasgos distinguibles en la siguiente relación de riesgos asociados con el uso de la tecnología digital en México.

El caso emblemático que destapó la vigilancia digital secreta no supervisada de periodistas y defensores de derechos humanos, realizada por varios gobiernos mexicanos, fue el descubrimiento de que al menos tres dependencias del gobierno federal mexicano —la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen)— utilizaron el software de espionaje Pegasus, diseñado por la empresa israelí NSO Group, para vigilar a periodistas y defensores de derechos humanos entre 2015 y 2016.[8]

En una última tanda de revelaciones, el grupo de investigación de la Universidad de Toronto Citizen Lab dio a conocer en noviembre de 2018, días antes del cambio de gobierno federal en México, que colegas del periodista asesinado Javier Valdez fueron blancos de intentos de espionaje mediante el uso de este spyware.[9] El caso ha permitido exhibir al gobierno federal como indolente y criminal. Pero, además, a esta situación se suma el hecho de que Pegasus no es el único software de espionaje utilizado en México por entidades gubernamentales, ni este método la única modalidad de vigilancia practicada con ayuda de la tecnología.

Otro riesgo son los ataques digitales contra periodistas y sus fuentes. Aristegui Noticias, Sin Embargo, Mientras Tanto en México y Río Doce son algunos de los sitios web periodísticos que han sido blanco de casos de ataques de denegación de servicio (ataques DDOS).[10] Un ataque DDOS exitoso puede lograr sacar de línea por completo al sitio web objetivo. El tiempo que tome restaurar el sitio varía, dependiendo del soporte técnico con el que cuente la organización. Como lo menciona Morozov,[11] con frecuencia es difícil determinar con certeza si la “caída” del sitio fue provocada por un ataque DDOS; además, los ataques DDOS perjudican la relación de la organización de medios con el proveedor del servicio de Internet (ISP), porque el ataque puede provocar afectaciones a otros sitios hospedados en el mismo servidor.

Además de “tumbar” los sitios web, los ataques pueden dirigirse hacia individuos, como cuando hablamos del acoso y las amenazas contra periodistas, activistas y usuarios de medios sociales. Por ejemplo, la delincuencia organizada ofreció una recompensa a quien diera información sobre un periodista anónimo de Tamaulipas que publicaba el blog “Valor por Tamaulipas”; el bloguero, poco tiempo después, tomó la decisión de dejar de publicar informaciones sobre el tema de la violencia.[12] En varios estados, periodistas han denunciado que funcionarios públicos han estado involucrados en prácticas de acoso.[13]

El acoso y los ataques digitales contra mujeres periodistas parecen tener rasgos peculiares. Los informes de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión señalan que los ataques contra mujeres periodistas han ido en aumento; además, indican que las mujeres están especialmente expuestas a ser acosadas a través de medios sociales. Otras formas particulares en que las periodistas mujeres son afectadas es al recibir menor remuneración que los periodistas varones, tener menor oportunidad de escalar a puestos editoriales y directivos, así como el recibir trato particularmente condescendiente de las autoridades.[14] Con todo, falta mayor información que detalle el papel de la variable de género,[15] lo cual se explica por realizarse apenas en 2014 la adopción de la dimensión de género dentro del paradigma de libertad de expresión de la Unesco,[16] y ser también reciente el trabajo de abogacía con perspectiva de género, no solo en México sino también en el resto del mundo.

Los riesgos relacionados con el auge de la tecnología digital poco a poco han dado paso a conductas precautorias de periodistas mexicanos, como el evitar ser monitoreados, establecer redes de comunicación con colegas para compartir ubicación y asistir a entrenamientos de seguridad.[17] Con todo, prácticas como el espionaje y el acoso, además de ser inaceptables en términos legales y democráticos, imponen una pesada carga mental en los actores en riesgo, como se avizora en el testimonio del periodista Ismael Bojórquez durante la conferencia de prensa a propósito del caso Pegasus:

Nosotros nunca le dimos un clic a ninguno de esos mensajes, pero no estamos tan seguros de que no hayan sido infectados los teléfonos. De repente te sientas en la computadora, lees tu Whatsapp, y te dice que cierres una sesión, y dices: ¿y quién tiene abierta una sesión? […] No tenemos esa seguridad.[18]

1. Jalisco: viejas y nuevas maneras de vigilar y acosar

El desarrollo y adopción en los últimos años de tecnologías digitales ha dado paso a nuevos métodos para vigilar y acosar a periodistas, que han sido utilizados principalmente por agentes gubernamentales, como lo demuestran los casos que han cobrado notoriedad y que a continuación abordamos.

Desde 2015, la filtración a WikiLeaks de documentos de la empresa italiana Hacking Team permitió evidenciar que el gobierno de Jalisco compró el software de espionaje Galileo, desarrollado por Hacking Team, al proveedor SYM Servicios Integrales, por un monto de 748 mil euros (trece millones de pesos).[19]

Asimismo, documentos obtenidos a partir de la misma filtración revelaron que la licencia vendida al gobierno de Jalisco fue para que dos dependencias diferentes usaran el software —la Fiscalía General del Estado de Jalisco y la Secretaría General de Gobierno—, puesto que existe evidencia de que las dos dependencias mencionadas recibieron el producto. Sin embargo, la capacitación para usarlo fue realizada directamente por personal de Hacking Team en la sede de la Coordinación General de Asuntos Sociales de la Secretaría General de Gobierno, lo cual sugiere que el software de espionaje se adquirió con el objetivo de realizar espionaje político y no para combatir el secuestro, como aseguró en su momento el subsecretario de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno de Jalisco, Salvador González.[20]

Profundizando en lo anterior, el informe sobre este tema elaborado por la organización no gubernamental R3D[21] precisa que la Fiscalía General del Estado de Jalisco requiere autorización del Poder Judicial para poder realizar la intervención de comunicaciones privadas y añade a lo anterior solicitudes de información pública que demuestran que en el periodo 2014–2015, la citada Fiscalía solicitó autorización judicial para realizar intervenciones de comunicaciones en solo dos ocasiones. De esta manera, R3D concluyó que, o bien se adquirió un software que costó 13 millones de pesos para ser usado en dos ocasiones, implicando esto un uso irracional de los recursos públicos, o bien el Gobierno del Estado de Jalisco ha estado utilizando este software de manera ilegal.

El entonces alcalde de Guadalajara, perteneciente al partido de oposición Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez, mostró un rechazo enérgico hacia el uso ilegítimo de sistemas de vigilancia. En un gesto de protesta, Alfaro abandonó el Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto, justificando de la siguiente manera su acción:

Renuncio porque no se puede formar parte de un espacio de simulación donde un integrante del Secretariado como el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz tiene en su poder y utiliza de manera opaca un software como el que el gobierno federal ha usado para espiar activistas, periodistas y opositores políticos. Esto rompe con cualquier posibilidad de diálogo y confianza entre la [sic] partes anulando las oportunidades de concretar un ejercicio auténtico de gobierno abierto.[22]

A lo que siguió un exhorto del Poder Legislativo, promovido por la bancada del partido Movimiento Ciudadano, para recibir un “informe detallado” del uso gubernamental del software.[23] Sin embargo, ante la ausencia de nueva información que aclare cómo se ha usado el software Galileo en Jalisco, el tema ha resurgido únicamente ante nuevas revelaciones de evidencias de actos de espionaje gubernamental en el país, como la que el Citizen Lab diera a conocer tras analizar una serie de mensajes sms enviados a periodistas del semanario sinaloense Río Doce después del asesinato del reconocido periodista Javier Valdez.[24]

El hallazgo ha generado incertidumbre acerca de cuáles serán las acciones que tomen los nuevos gobiernos, tanto el federal como el estatal, hacia el tema del espionaje y la vigilancia tecnológica, máxime cuando es sabido que esta es apenas una de entre varias modalidades de vigilancia de opositores políticos practicadas por los gobiernos. Dos ejemplos ilustran lo anterior: por un lado, el descubrimiento de micrófonos ocultos en oficinas gubernamentales, a propósito de revisiones realizadas por órdenes de funcionarios de las administraciones entrantes durante el reciente relevo de gobiernos municipales.[25]

El segundo ejemplo fue el descubrimiento de un “cuarto de guerra”, conformado por altos funcionarios del Gobierno del Estado de Jalisco, con el propósito de desarrollar e implementar estrategias para “frenar el avance de [Enrique] Alfaro Ramírez” frente a su creciente popularidad y en vista de las entonces próximas elecciones intermedias de 2015.[26] Este grupo secreto recibía carpetas de información con perfiles de organizaciones de medios, para utilizarlas como insumo de estrategias para controlar la información publicada por las organizaciones de medios. Estrategias de control que incluyeron el uso de gasto gubernamental en publicidad como medida de censura indirecta de los medios de comunicación.

Pero con el incremento del uso de los medios sociales, los gobiernos ya no están únicamente interesados en lo que publican los medios sino que buscan también vigilar y, en la medida de lo posible, incidir sobre los comportamientos de usuarios en los medios sociales. Y para lo anterior, se han destinado cantidades millonarias de recursos públicos.

Ivonne Ojeda relata la existencia de numerosos contratos de varias secretarías del gobierno federal con agencias especializadas en el monitoreo y vigilancia de medios sociales, con objetivos tales como el “servicio de monitoreo y seguimiento de actores de redes sociales los… días de la semana las 24 horas del día”.[27] Una de las principales, IONC, S.A.P.I. de C.V., tiene sede en Jalisco y se encuentra en la lista de proveedores del gobierno del estado.

Métodos viejos y nuevos también se superponen cuando hablamos del acoso a periodistas. En 2011, más de dos docenas de periodistas de distintos medios de comunicación firmaron un desplegado para denunciar el acoso reiterado de un funcionario público de la administración del entonces gobernador Emilio González Márquez.[28]

El funcionario en cuestión, Alberto Jiménez Martínez, alias “la Antena”, se dedicaba a amenazar y agredir a periodistas a través de llamadas telefónicas y mensajes en medios sociales.[29] El caso de La Antena destacó por el alto perfil del agresor, quien era director de área en la Secretaría de Finanzas, y por la lentitud de sus superiores en reaccionar; además, el episodio visibilizó la que entonces podía considerarse una nueva modalidad de agresión a activistas y periodistas, que emergió en un entorno digital en el que actores pueden crear con suma facilidad perfiles y cuentas personales con la intención específica de difamar, acosar o colonizar los medios sociales. Caldo de cultivo en que han surgido troles, es decir, cuentas anónimas desde donde se agrede a personas, ya sea de manera individual o coordinada, y entorno en donde se han manifestado también esfuerzos de comunicación más estructurados, desde donde se publican contenidos políticos de forma anónima. Un ejemplo de esto último fue la famosa página “Fisgón Político Jalisco”, especializada en publicar informaciones y videos que perjudican al Partido Revolucionario Institucional (PRI), como lo explica la propia persona que la elabora.[30]

Las mujeres pueden ser víctimas de agresiones particularmente virulentas a través de Internet. Durante años, las estadísticas de ataques contra la prensa han mostrado mayor cantidad de agresiones contra periodistas hombres,[31] pero de manera reciente diferentes organizaciones que trabajan el tema de la libertad de expresión han comenzado a reconocer que las mujeres enfrentan formas diferentes de violencia, que pueden ser difíciles de identificar y denunciar, en entornos con actitudes androcéntricas en donde pueden imponerse la normalización de la violencia y el temor a ser revictimizadas.

En el caso del funcionario acusado de hostigamiento, mencionado anteriormente, una periodista manifestó: “Hace algunos años… tuve agresiones físicas… que tuvieron consecuencias de hasta hospitalización de altos niveles. Pero también quiero decirles que en ese momento quizás yo no tenía la misma fortaleza mental que tengo ahora para poder platicarlas”. Y añadió: “durante un largo periodo, Alberto Jiménez Martínez también en el Facebook agredió a mi persona descalificándola, llamándome prostituta y diciendo que yo no rebuznaba porque no podía ser más burra cuando jamás, jamás, en mi quehacer periodístico tuve una descalificación hacia su persona”.[32]

En abril de 2018, se hizo famoso el caso de un aficionado del equipo de futbol Chivas de Guadalajara, que agredió sexualmente a una reportera deportiva del canal Fox Sports que trasmitía en vivo. El tocamiento lascivo a María Fernanda Mora, además de visibilizar las formas diferentes de violencia que enfrentan las mujeres dentro del periodismo, ha permitido constatar la clase de comentarios agresivos y descalificatorios que las periodistas suelen recibir al denunciar públicamente estas formas de violencia, como el usuario que desde una cuenta anónima opinó: “Te viste súper pendeja, el aficionado solo estaba celebrando, si no quieres rosarte con ellos vete a un programa de cocina a donde perteneces” (sic). Las agresiones pueden producirse sin mayor razón que la de insultar a mujeres que ocupan el espacio público representando roles tradicionalmente considerados masculinos, como ha sido denunciado por periodistas deportivas en México y en Estados Unidos.[33]

2. A manera de conclusión

Los casos de espionaje y ataques DDOS, además de ser actos inaceptables, afectan la confianza de los actores en riesgo y de terceros, pues, como expusimos en este texto, con frecuencia no hay certeza sino únicamente sospechas, acerca de la perpetración de ataques. Aunque el acoso y hostigamiento digitales pueden pasar desapercibidos para el público en general por la falta de visibilización del tema, se trata de prácticas violentas que producen frustración, incomodidad y ansiedad en quienes son blancos de estas.

En ambos tipos de riesgos, hablamos de afectaciones a los derechos de actores con un importante rol democrático que no son menores ni intrascendentes. Y además de lo anterior, los casos relatados de vigilancia tienen en común el uso escandaloso de recursos públicos en tareas ilegítimas que tienen exclusivamente propósitos políticos.

Hasta el momento, el nuevo presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, ha prometido transparentar todo lo relativo a la adquisición del software Pegasus, al tiempo que un amparo promovido por R3D ha frenado la clasificación realizada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de la información relacionada con Pegasus.[34] La incertidumbre permanece respecto a las acciones que tomen los nuevos gobiernos (y sus efectos) hacia el tema del espionaje y la vigilancia tecnológica.

 

[*] Es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es profesora titular en la Universidad de Guadalajara y de asignatura en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores; su investigación académica versa acerca de las prácticas y coberturas periodísticas. Es integrante de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) Capítulo Jalisco, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y el Observatorio de Participación Política de las Mujeres de Jalisco. Correo electrónico: frida.rodelo@academico.udg.mx

 

[1]. Morozov, Evgeny. “Liberation technology: whither Internet control?”, en Journal of Democracy, vol.22, núm.2, 2011, pp. 62–74.

[2]. Ibidem.

[3]. Ricaurte–Quijano, Paola, Nájera Valdez, Jacobo & Robles Maloof, Jesús. “Sociedades de control: tecnovigilancia de estado y resistencia civil en México”, en Teknokultura, vol.11, núm.2, 2014, pp. 259–282.

[4]. Ibidem.

[5]. Henrichsen, Jennifer; Betz, Michelle & Lisosky, Joanne. Building digital safety for journalism: A survey of selected issues, unesco Publishing, París, 2015, p.8.

[6]. Berger, Guy. “Why the World Became Concerned with Journalistic Safety, and Why the Issue Will Continue to Attract Attention”, en Carlsson, U. & Poyhtari, R. (eds.), The Assault on Journalism. Building Knowledge to Protect Freedom of Expression, Nordicom, Gotemburgo, 2017.

[7]. Ibidem.

[8]. Artículo 19, R3D & Socialtic. Gobierno espía. Vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México. México, 2017. Recuperado el 1 de septiembre de 2018, de https://articulo19.org/wp-content/uploads/2017/06/Reporte-Gobierno-Espi%CC%81a-Final.pdf

[9]. The Citizen Lab. “Reckless VI. Mexican Journalists Investigating Cartels Targeted with NSO Spyware Following Assassination of Colleague”, 27 de noviembre de 2018. Recuperado el 1 de diciembre de 2018, de https://citizenlab.ca/2018/11/mexican-journalists-investigating-cartels-targeted-nso-spyware-following-assassination-colleague/

[10]. López Serrano, Erick. “Ciberataques a la prensa: México frente al ciberdelito”, en Nexos, 13 de abril de 2015. Recuperado el 1 de septiembre de 2018, de https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=4554; Artículo 19, R3D y Socialtic, op. cit.

[11]. Morozov, Evgeny, op. cit.

[12]. Centro Jurídico por los Derechos Humanos & Freedom House México (coords.). Informe sobre la libertad de expresión y prensa en México. Estado de las recomendaciones emitidas a México en camino a la sesión 17 del Examen Periódico Universal de Naciones Unidas, 23 de agosto de 2013. Recuperado de https://freedomhouse.org/sites/default/files/Informe%20sobre%20la%20libertad%20de%20expresion%20y%20prensa%20en%20Mexico.pdf

[13]. Ibidem.

[14]. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Informe especial sobre la situación de la libertad de expresión en México, rele–cidh / oea, junio de 2018.

[15]. Ibidem.

[16]. Berger, Guy, op. cit.

[17]. Hughes, Sallie & Márquez–Ramírez, Mireya. “How Unsafe Contexts and Overlapping Risks Influence Journalism Practice”, en Carlsson, U. & Poyhtari, R. (eds.), The Assault on Journalism. Building Knowledge to Protect Freedom of Expression, Nordicom, Gotemburgo, 2017.

[18]. R3D. “Revelan dos nuevos casos de #GobiernoEspía” [ video de YouTube], 30 de noviembre de 2018. Recuperado el 1 de diciembre de 2018, de https://www.youtube.com/watch?v=3eSvwqHsx3U

 

[19]. Ángel, Arturo. “El Sabueso: ¿Jalisco compró el sistema de Hacking Team solo para investigar secuestros?”, en Animal Político, 24 de julio de 2015. Recuperado el 3 de octubre de 2018, de https://www.animalpolitico.com/elsabueso/el-sabueso-jalisco-compro-galileo-solo-para-investigar-secuestros-y-sin-conocer-a-hacking-team/

[20]. Ibidem.

[21]. R3D. El Estado de la vigilancia. Fuera de control, noviembre de 2016. Recuperado el 1 de noviembre de 2018, de https://r3d.mx/estadodelavigilancia/

[22]. Alfaro Ramírez, Enrique. “Acabo de enviar mi renuncia…” [Publicación de Facebook]. 22 de junio de 2017. Recuperado el 1 de diciembre de 2018, de https://www.facebook.com/EnriqueAlfaroR/posts/acabo-de-enviar-mi-renuncia-como-miembro-propietario-y-representante-de-los-muni/1561094973921669/

[23]. Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Jalisco. “Acuerdo legislativo 1320–lxi–17”, 18 de julio de 2017.

[24]. The Citizen Lab, op. cit.

[25]. Martínez Macías, Carlos. “¿Y el sistema de espionaje?”, en Milenio Jalisco, 14 de noviembre de 2018. Recuperado el 1 de diciembre de 2018, de http://www.milenio.com/opinion/carlos-martinez-macias/sin-pedir-audiencia/y-el-sistema-de-espionaje

[26]. Osorio, Alberto & Reza, Gloria. “La mesa de estrategia… sucia”, en Proceso Jalisco, 9 de agosto de 2014. Recuperado el 29 de octubre de 2018, de https://www.proceso.com.mx/379201/la-mesa-de-estrategia-sucia

[27]. Ojeda, Ivonne. “El caso Ayotzinapa detonó un espionaje inédito en las redes a los críticos del Gobierno de epn”, en Sin Embargo, 6 de febrero de 2019. Recuperado el 9 de febrero de 2019, de https://www.sinembargo.mx/06-02-2019/3531927

[28]. Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. “Periodistas de Jalisco denunciamos hostigamiento y amenazas”, en CEPAD, 28 de marzo de 2011. Recuperado el 3 de octubre de 2018, de https://cepad.org.mx/2011/03/periodistas-de-jalisco-denunciamos-hostigamiento-y-amenazas/

[29]. Ibidem.

 

[30]. Fisgón Político. “La imparcialidad no existe, existe la veracidad y la transparencia”, en Fisgón Político, 1 de enero de 2012. Recuperado el 1 de diciembre de 2018, de https://elfisgonpolitico.com/la-imparcialidad-no-existe-existe-la-veracidad-y-la-transparencia/

[31]. Rodelo, Frida V. “Violaciones de la libertad de expresión de periodistas y trabajadores de medios en Jalisco, 1995–2013”, en Paláu Cardona, M.M.S. (coord.), Medios de comunicación y derecho a la información en Jalisco 2013, Guadalajara, 2014, pp. 95–112.

[32]. Planter, Karla. “Entrevista a Cecilia Márquez y el caso de ‘La Antena’”, en UDG Noticias, 25 de marzo de 2011. Recuperado el 31 de octubre de 2015, de http://medios.udg.mx/node/7724

[33]. Corona, Sonia. “Las periodistas de deportes de México quieren detener el acoso en redes”, en El País, 27 de febrero de 2017. Recuperado el 1 de diciembre de 2018, de https://verne.elpais.com/verne/2017/02/27/mexico/1488150620_563816.html

[34]. Rodríguez García, Arturo. “Espionaje político mediante Pegasus será transparentado: López Obrador”, en Proceso, 19 de diciembre de 2018. Recuperado el 1 de enero de 2019, de https://www.proceso.com.mx/564519/espionaje-politico-mediante-pegasus-sera-transparentado-lopez-obrador

El mundo–balón: apuntes sobre un mundial

Eduardo Quijano[*]

 

Resumen: el Mundial de Rusia 2018 es un escenario propicio para analizar el significado del fútbol en la cultura global. En estos apuntes, se revisan diversas dimensiones socioculturales que participan en la consolidación de un fenómeno complejo y fascinante, inserto en las dinámicas de desigualdad e injusticia. En el entramado geopolítico, como alimento de ilusiones colectivas y sintaxis de visibilización identitaria, el deporte con el mayor protagonismo y consumo masivo, catarsis y espectáculo, da cuenta de una singular esfera de relación entre países y ciudadanos: lenguaje universal con el que los individuos crean sentidos sobre la vida social.
Palabras clave: Mundial Rusia 2018, futbol, FIFA, política, Islandia, México.

 

Abstract: The Russia 2018 World Cup is a setting that lends itself to analyzing the meaning of football in global culture. These notes review a number of sociocultural dimensions that contribute to the consolidation of a complex, fascinating phenomenon that permeates dynamics of inequality and injustice. Within the framework of today’s geopolitics, feeding into collective illusions and the syntax used to make identity visible, the sport with the greatest mass impact and consumption, catharsis and spectacle represents a unique sphere of relations between countries and citizens: a universal language that individuals use to create meanings about social life.
Key words: Russia 2018 World Cup, football, FIFA, politics, Iceland, Mexico.

 

¿De qué me había cansado? ¿Solo del fútbol?
¿Del fútbol en la sociedad tecnológica y espectacularizadora del siglo XXI?
¿De esa sociedad de ruido y toxicidad?
Axel Torres[1]

El fútbol no es solamente un juego: constituye un hecho social total,
ya que analizando los componentes —lúdicos, sociales, económicos, políticos, culturales, tecnológicos—,
se pueden descifrar mejor nuestras sociedades contemporáneas, identificar mejor los valores fundamentales, las contradicciones que forman nuestro mundo.
Y comprenderlos mejor.
Ignacio Ramonet[2]

 

El fútbol es un mito de muchos rostros. Como el más popular espectáculo del planeta, ofrece la seductora narrativa y los ingredientes terrenales de una ficción que millones de seres han incorporado a su vida cotidiana. Ficción gozosa y estridente, tejida de heroísmos y lamentaciones, de historia, tradición y rupturas, de figuras arrebatadoras y cínico negocio. El futbol de hoy se juega en la cancha de la cultura global, usa el idioma de los corporativos multinacionales, alimenta de contenidos a los grandes consorcios mediáticos.

Para comprender a cabalidad la historia sociocultural de la segunda mitad del siglo XX y las primeras décadas de este, es indispensable reconsiderar la emergencia y relevancia de la institucionalización global del fútbol: analizar a mayor profundidad las implicaciones que conlleva. Valgan como ejemplo conexo, las facultades de autonomía de gestión y aplicación de leyes asumidas por las federaciones nacionales —y la propia Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA)—, lo que de facto implica que dichas organizaciones sean, más que entidades privadas, auténticas corporaciones de derecho público ya que, en realidad, ejercen funciones públicas en la esfera privada.

En ese feudo —que poco a poco, ha privatizado o difuminado su carácter público y popular—, campean la corrupción y la vulgaridad; el fútbol se ha consolidado como territorio de una fascinación adictiva, de transacciones fantásticas; universo donde rifan los intereses del poder y el poder del dinero; donde la pasión de las tribunas y la afición frente al televisor son redituables herramientas de la política y de los políticos.

Culturalmente, operando desde la racionalidad que los filósofos y sociólogos refieren como constitutiva de “la posmodernidad”:[3] habita en sociedades fracturadas por la desigualdad, crisis institucionales y reducción de lo público. El fútbol, deporte con el mayor protagonismo y consumo masivo, simboliza una singular esfera de relación: imperfecto lenguaje universal con el que los individuos crean sentidos sobre la vida social. En tanto vínculo y factor de fugaz[4] cohesión social y solidaridad, devela aquello que interesa en cualquiera de las pantallas en que se mira. Como expresión de la vida pública, el balompié desnuda carencias y miserias sociales, comporta manipulación política y especulación financiera; propicia rancio nacionalismo, xenofobia, dopaje, racismo, machismo violento. Expresiones sociales habituales en la vida cotidiana, cuya dimensión se multiplica en escenarios con formidables plataformas de difusión y legitimidad.

Fenómeno mediático, económico y cultural, el fútbol es un espejismo demasiado real, un espectáculo, desde el que se pueden interpretar los excesos y las obsesiones de la fascinación de los seres humanos por el juego. Sin embargo, más allá de la dimensión lúdica como pulsión de la especie, el fútbol, señala Umberto Eco,[5] “es más que un juego; es un sistema de signos que codifica las experiencias y le da significados a diversos niveles. Permite al espectador leer la vida con la ayuda de los recursos mediáticos que orientan y controlan nuestra visión de las experiencias”.

Se habla de fútbol siempre y con todos, en la casa, en la calle, en la escuela o el trabajo: la necesidad de pertenencia, la ilusión de colectividad encuentran una salida a través de un equipo de fútbol. En tanto metáfora sociológica de pertenencia, el fútbol refiere la necesidad de fidelidad y confianza común ante el vacío de la política, superstición y refugio ante la irresoluble complejidad de la vida. Todo —o casi todo— cabe en la sintaxis inabarcable del fenómeno: tema de conversaciones, disputas y preocupaciones de la cultura masculina, de intercambio de emociones y momentos. En los contextos particulares de cada país, el balompié marca la temperatura de las vibraciones nacionalistas, promueve la construcción de símbolos identitarios regionales y la épica de las percepciones comunes.

Centro del calendario ritual de esta enorme maquinaria de esperanzas, cada cuatro años, el Mundial de Fútbol se constituye en pantalla del entretenimiento, incluso para aquellos que no gustan del juego, en el evento humano de mayor convocatoria en el planeta. Para el antropólogo Manuel Mandianes,[6] “la religión se ha metamorfoseado en nuevas formas que definen la modernidad, y su más impresionante trasformación puede ser el fútbol”. Según él, “es un deporte, sí, pero para los aficionados es también un rito con himnos, cánticos, banderas, procesiones” y, “a diferencia de la religión, salva el sentido de lo incondicional sin recurrir a Dios ni al absoluto”.

Si alguna actividad tiene la capacidad de aceptación para generar un cierto comportamiento global (se ha dicho que incluso más que la democracia) es el fútbol. Para investigadores mexicanos como Andrés Fábregas Puig,[7] podemos comprender que:

El resultado es la operación de una sociedad mucho más compleja, donde la fragmentación persiste, pero es resuelta simbólicamente a través del fútbol. Más allá del cliché sobre “el opio de los pueblos”, el deporte en general y el fútbol en particular, han pasado a otro plano en la vida social, cumpliendo papeles que antes cumplía la religión o la política, como lo demuestra el caso de los Jaguares de Chiapas.

El largo y sinuoso sendero clasificatorio rumbo a esta Meca mundialista tuvo su etapa final, como cada vez, durante el verano, estación de tormentas y promesas. Con 32 selecciones clasificadas, los habituales favoritos, plenamente identificados, y buena parte de la humanidad pendiente de lo que ha ocurrido con los protagonistas en esta película, por primera vez en su historia, el Mundial tuvo como escenario un país de Europa oriental: Rusia. Esta circunstancia no es para nada baladí; pone de manifiesto el significado geopolítico del acontecimiento futbolístico. El régimen encabezado por Vladimir Putin —ya en su cuarto mandato— ha invertido más de 9,000 millones de euros en la construcción de seis estadios ultramodernos que, durante un mes, buscaron ofrecer una imagen amable, el rostro moderno y saludable de un país que figura entre los que el Democracy Index 2017[8] califica como “regímenes autoritarios”.

En el Mundial 2018, la megalomanía como tendencia dominante habrá triunfado en el fútbol; espectáculo que mezcla signos seductores, partidos inolvidables e inquietantes vicios. La infraestructura comprometida envuelve a cada Mundial en un entorno de proporciones colosales: trasmisiones globales desde estadios de arquitectura futurista, el peso de los patrocinios a las figuras estelares, las audiencias y la cobertura, el costo de las entradas, los impresionantes dispositivos de seguridad y las campañas de relaciones públicas. Previamente, pocas sedes de una Copa del Mundo habían generado tanta antipatía fuera de sus fronteras como la Rusia gobernada por Putin. Rusia es hoy una nación enfangada en la corrupción, golpeada por las sanciones internacionales como castigo a sus políticas de exterminio en Siria, la anexión de Crimea o por los ataques cibernéticos orquestados; una república, en muchos aspectos, atrasada que coarta la libertad de expresión y el permanente desprecio de sus autoridades por los derechos humanos, como la salvaje represión a las manifestaciones LGTBIQ y a todo acto que pueda ser tachado de “propaganda” homosexual.

En este plano, el momento mundialista despliega características únicas para el mundo y en particular para la Europa post–Brexit, la del liderazgo incontrastable de la canciller alemana Ángela Merkel, de la peligrosa fragilidad política de Italia, la caída de Mariano Rajoy y el Partido Popular en España, del oportunismo de Emmanuel Macron, de las denigrantes políticas migratorias y las decisiones proteccionistas del presidente estadounidense Donald Trump. Los europeos que se imaginaron como una gran nación sin fronteras, rechazan y a la vez necesitan a Rusia. Para hacer frente a nuevos desafíos políticos y económicos y mantener su viabilidad como comunidad económica y política, encaran graves problemáticas de desempleo, terrorismo, migración y racismo. En lo futbolístico, sus ligas más poderosas (España, Italia, Inglaterra), concentran el mercado de los mejores futbolistas, alimentando una inflación mayúscula en el valor de los intercambios. Es esa la epidermis del Mundial ruso. Ingenuo sería pensar que la suma de estos y otros factores que activan su proceder, no tendrá un impacto en lo que ahí ocurra.

Un Mundial, además del mayor espectáculo deportivo del mundo globalizado con sus concentraciones de ansiosos fanáticos, es el prototipo casi perfecto de los poderes fácticos: rentable, sin fronteras, absorbente, inmensamente rico y dispendioso. El Mundo–Balón es un juego trasfigurado, irreversiblemente, en simple y vulgar mercadotecnia, una superstición masiva con intereses concretos; triunfo del autoritarismo antidemocrático de la FIFA y tsunami emocional en los corazones. En la biografía de cada quien, sedante para la injusta realidad circundante, detonador de alegrías y legítimos placeres compartidos. Para quienes amamos el juego —y para los que se asoman cada cuatro años—, el Mundial es la estación suprema, la celebración de sus dioses bienamados. Rusia ha sido el escenario para poner a prueba, una vez más, las ilusiones depositadas en una selección verde inestable, incierta, anclada en el permanente “ya merito”,[9] pero al fin nuestra.

Como ninguno, el Mundial es el momento de los futbolistas, la puerta de entrada al paraíso de los talentos, aunque la mayor de las veces termine imponiéndose la racionalidad implacable de los grandes equipos que conocen e interpretan la lógica del juego y sus misterios. Una inmensa pantalla de ultra alta definición (y para los que gusten, opciones de realidad virtual) nos mantuvo atentos: promesas, historias insólitas o tristes decepciones, memorias e imágenes que, desde 12 sedes diferentes, fueron referencia del futuro cuando el balón rodó hacia lo imprevisible. Porque un Mundial, casi lo olvidaba, es también
una fiesta en medio del caos, la injusticia y el desánimo, el territorio donde acontece todo y cualquier cosa: lo memorable y lo inesperado.

 

  1. Una cenicienta de fuego y hielo va al Mundial

Pienso en Islandia y me brillan los ojos.
Como sociedad representa la cima de la evolución humana […] En un mundo contemporáneo tan revuelto y confuso, con tanta desigualdad,
violencia y miedo, Islandia ofrece un oasis de calma y un modelo a seguir.

John Carlin[10]

 

La historia del futbol está escrita con fascinantes notas a pie de página, con metarrelatos provocadoramente humanos que son crónicas de la vida íntima del deporte, microuniversos que expresan otras muchas realidades que lo habitan: historias de hazañas, de seres de carne y hueso, de goles y contagio, de campeonatos y formas particulares de existir en el concierto del fútbol.

Más allá de lo anecdótico, esas historias abren espacio para compartir esperanza, dan fe de que otros futuros son posibles. Ninguno, tan actual, y con el romántico realismo de los personajes que hicieron posible el cuento de hadas de Islandia, la nación más pequeña en competir en un Mundial de la FIFA. Al igual que Panamá, la selección nacional de Islandia participó por primera vez en su historia en una Copa del Mundo. Lo que la literatura periodística ha calificado como un milagro tiene cimientos en políticas públicas implementadas por las autoridades islandesas hace más de 20 años.

A mediados de la década de los años noventa, alertadas por el sensible incremento del alcoholismo y el consumo de drogas entre la población juvenil, decidieron ejecutar un amplio programa de creación de infraestructura techada (¿cómo jugar soccer en un clima gélido, un territorio con 33 volcanes, erupciones constantes y 12% del territorio cubierto por glaciares?) aunada a un extenso plan de estímulos y apoyos destinados a fomentar la práctica del deporte, entonces concentrado en el balonmano.

El espléndido artículo de Sean Gregory, How Iceland Became the World Cup’s Ultimate Underdog,[11] ofrece un recuento de las raíces históricas, el entorno y los protagonistas de esta epopeya que contó con el liderazgo de su portero Hannes Thór Halldórsson, —a sus 34 años cineasta de tiempo completo— y del entrenador Lars Edvin “Lasse” Lagerbäck —que compaginaba hasta el año pasado su responsabilidad con la de dentista y— que diseñó la estrategia de este tozudo y perseverante representativo. La tibia noche del 27 de junio de 2016, en el estadio Allianz Riviera de Niza, cambió lo que había sido el fútbol para Islandia, su sentido. Después de tres minutos adicionales, el silbatazo final marcaba un punto de inflexión en su balompié: la victoria de Islandia 2–1 sobre Inglaterra. Congregados frente a una gigantesca pantalla en la Plaza Ingólfstorg de Reykjavík, miles de fans, con una amalgama de pasión colectiva y delirante alegría, festejaron el pase de su equipo a los cuartos de final de la Eurocopa 2016. Los gritos de “Afram Island!” (¡Adelante, Islandia!) fueron acompañados de la plástica Viking Clap.[12]

La escena, extrañamente onírica y surrealista, pero auténtica, dio la vuelta al planeta: Islandia estaba en el mapa del fútbol mundial.

La clasificación de Islandia a la Copa del Mundo (estuvo ubicada en el grupo D con Argentina, Croacia y Nigeria) confirma que lo sucedido en la Eurocopa de Francia, más que quimera, ha sido fruto de la planeación adecuada, el esforzado trabajo y la conjunción de talentos. Con apenas 345,000 habitantes, Islandia solo cuenta con 150 jugadores profesionales, aunque con más de 500 acreditados como entrenadores de fútbol, de los cuales 190 poseen una licencia de la FIFA y diez son mujeres. Desde el primer cotejo en el que dignamente enfrentaron a la escuálida Argentina de Lionel Messi, más de 80% de la población siguió los partidos por televisión y otros medios; además, se calcula que al menos 8% los islandeses estuvieron en Rusia presenciando los tres partidos de su equipo. Con su digno debut dentro de la celebración suprema del balón, esta generación de jugadores islandeses confirmó que el futbol ha sido una brutal plataforma para consolidar un consenso social de décadas; este juego, simple, cuasi primitivo, ha puesto de relieve valores propios y una manera particular de entenderlo: han encontrado en el fútbol una esfera para el vínculo y la diversión, acceso a la visibilidad identitaria, región en la que desde el respeto y la tolerancia se hacen presentes.

La aventura de la selección de Islandia en Rusia concluyó pronto. ¿Habrá valido la pena? Por supuesto, ante la eliminación de la selección de su país, el escritor y periodista peruano Santiago Roncagliolo sintetizó el significado que el futbol aportó a Perú: “El equipo no ha ganado, pero ha devuelto a todo un país la fe en ganar […] Total, un año antes lo absurdo, lo inédito, lo increíble era clasificar. Hoy, el suelo de
lo posible se ha elevado un escalón”.[13] De la misma forma, el cuento de la cenicienta que llegó del hielo tendrá un final feliz: el turismo ha cambiado el comportamiento histórico de la economía islandesa de forma sustantiva, duplicando, durante los últimos cinco años, el número de visitantes; si el planeta ha puesto la mirada en Islandia, en su historia y en su gente, fue el fútbol un magnífico escaparate.

 

  1. Ponte la verde

 

México entero saboreaba por primera vez el dulce tequila de hablarle de tú al campeón,
estar al parejo y por encima de los grandes supuestamente inapelables
y corear en boca de todos el ¡¡No mames!!
Qué le podemos espetar hoy mismo a los políticos mentirosos,
los rateros de siempre, los sicarios del crimen organizado
y los pinches gringos de la peor ralea Trump: ¡¡No mames!!

Jorge Hernández[14]

 

Aunque un Mundial es más que nada una fábrica de ahoras, de una inasible sucesión de presentes, México comenzó el Mundial de Rusia pensando en el futuro. Justo en los días de la inauguración, la FIFA anunció que nuestro país, con Canadá y Estados Unidos, será sede del Mundial de 2026, una edición que quizás incluirá la decisión de aumentar el número de países participantes a 48, con la expectativa de que los beneficios económicos para la FIFA se incrementen 35%. México tendrá así, su tercer Mundial desde 1970.

En una república fervientemente futbolera, hablar de futuro en el verano de 2018, implica preguntarse: ¿desde cuál presente? Nuestra nación, durante más de dos decenios, ha padecido con mayor severidad las consecuencias de su disfuncional democracia: miles de muertos y desaparecidos por el incontenible baño de sangre de la violencia cotidiana, tejido social carcomido por corrupción, impunidad, lacerante pobreza, desigualdad y abusos; descarada intervención de redes criminales en la política, ineficacia gubernamental y salvaje destrucción de sus recursos. Desconfianza, sospechosismo y complacencia. A unos
cuantos días de la mayor jornada electoral de nuestra historia política, pareciera que no podríamos estar peor.

Fraguado desde el hartazgo generalizado y el clamor colectivo por cambiar el carismático Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su partido Morena (Movimiento Regeneración Nacional) han ganado, con abrumadora solvencia, además de la presidencia, la mayoría de representantes y aliados en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. AMLO ha convencido a una significativa mayoría de que un cambio real en la vida nacional es posible y que ganando la batalla contra la corrupción se avanzará hacia una trasformación en la moral colectiva. Jesús Silva Herzog Márquez[15] perfiló las dimensiones de este cambio al señalar que:

[…] es el más hondo que ha vivido la política mexicana en varias generaciones. No se acerca un simple cambio de gobierno, la transmisión del poder de un partido viejo a un partido nuevo. La transformación por venir alterará la brújula de la política, modificará sustancialmente el mecanismo del poder, alterará la imagen misma de lo social.

En ese entorno, con más de 40,0000 mexicanos que viajaron a Rusia para apoyar a su selección, al ganar de manera rigurosa sus dos primeros partidos, el Tri ilusionó al país. Por una semana, dejando de lado sus agudas problemáticas, México salió al recreo. Millones de camisetas verdes en calles y plazas compartiendo alegría. Después, el equipo de Juan Carlos Osorio, con actuaciones desastrosas e ineficientes, regresó a la incertidumbre y mediocridad del pasado. Tercero con el promedio de mayor edad entre los equipos que asistieron, el representativo nacional, pese a los seis puntos conseguidos, no exhibió calidad ni contundencia. Recibió más goles y anotó menos que cualquier otra selección mexicana en los últimos 24 años. Pese a la histriónica retórica de su técnico, a las triviales bravatas de algunos seleccionados, el quinto partido sigue siendo una ilusión maldita, tan distante como asequible. En el futbol seguimos siendo aficionados de la infelicidad.

No han sido ni las palabras ni las promesas, alineaciones o nombres, suficientes argumentos para cambiar la historia de la participación mundialista mexicana. Este grupo de jugadores (algunos al límite de sus trayectorias: Rafael Márquez, Andrés Guardado, Héctor Herrera, Carlos Vela, Javier Hernández y otros que no jugaron), mantuvieron a México rumiando, una vez más, la desilusión. La huella de su paso tendrá, tal vez, el aroma heroico del domingo 17 de junio derrotando a Alemania en el estadio Luzhniki de Moscú. Además de convicción y deseo, otras capacidades indispensables en los equipos ganadores —filo ofensivo, seguridad, potencia— jamás aparecieron en el funcionamiento del Tri. Con actuaciones mejores o parecidas, durante casi un cuarto de siglo, el futbol nacional se ha mantenido anclado, sometido a sus persistentes carencias, disminuido por la avaricia y la impericia de los dueños del negocio; también por ausencia de talentos y liderazgo para construir un colectivo sólido que le ofrezca a sus millones de aficionados, algo más que ilusiones.

Hoy, con lo ocurrido dentro y fuera de las canchas de fútbol, nadie se podrá engañar: cada país, cada equipo, forja su propia historia con lo que hacen o dejan de hacer sus ciudadanos o sus jugadores. Una historia que no sería la misma sin un radical cambio en los liderazgos y en las formas de hacer y ser: cómo hacer equipo; imprimirle vocación, descubrir afinidades y corregir las lacerantes deficiencias. Como ser otros. En nuestra vida social, como en el fútbol, es propicio, a estas alturas, responder lo que en verdad interesa de cara al futuro: ¿a dónde lleva este camino si no somos capaces de cambiarlo?

 

Julio 5 de 2018

 

[*] Académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores (ITESO). Periodista, bloguero y productor multimedia. Miembro de diversos consejos consultivos en organismos públicos. Autor de columnas y artículos en revistas nacionales e internaciones; de ensayos sobre cine, organizaciones, literatura, deporte y espacio público. Conduce El séptimo vicio, programa radiofónico sobre cine y Cine–Beats, miniserie para televisión. Correo electrónico: quijanoedu@gmail.com

[1].     Torres, Axel. El faro de Dalantagui: postales islandesas del verano previo a la gesta futbolística. Editorial Contra, Barcelona, 2017.

[2].    Ramonet, Ignacio. “Un hecho social total”, en Santiago Segurola (ed.), Fútbol y pasiones políticas, Debate, España, 1999.

[3].    Bauman, Zygmunt. Ética Posmoderna, Siglo XXI, México, 2005; Harvey, David. La condición de la posmodernidad: investigación sobre los orígenes del cambio cultural, Amorrortu, Madrid, 2008.

[4].    “[…] la realidad parece confirmar que los jugadores y equipos son tan volátiles en un mundo posmoderno, como lo son las mercancías y como lo son los flujos financieros”, tomado de: Añorve, Daniel. “El jugador volátil como reflejo de la cultura posmoderna: el caso del Club Morelia”, en Relaciones, vol.37, núm.147, El Colegio de Michoacán, 2016.

[5].    Trifonas, Peter. Umberto Eco y el fútbol, Gedisa, Barcelona, 2004.

[6].    Mandianes, Manuel. “El fútbol, la religión del siglo XXI”, en El Mundo, 26 de agosto de 2016.

[7].    Fábregas Puig, Andrés. “El fútbol en Chiapas (México): ¿un símbolo de identidad?”, en Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, vol. LXI, julio–diciembre, 2006, pp. 145–161.

[8].    The Economist. The Economist Intelligence Unit. Democracy Index 2017. Free speech under attack. Londres, Reino Unido, 2018. Recuperado el 30 de agosto de 2018, de https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/Democracy_Index_2017.pdf

[9].    Para la colección de relatos y ensayos de Breve historia del ya merito (Márquez, Rodrigo. Breve historia del ya merito, Sexto Piso, México, 2018) “este ya merito es una franja de resistencia ante la tecnología del razonamiento estadístico y económico del juego. La historia no la escriben los que ganan ni los que pierden. La reescriben los que renuncian al tiempo. Si cada año mundialista es una escenificación de la épica al alcance de todos, cabe aclarar que lo sobrenatural y lo inesperado juegan un papel fundamental en la construcción de esa heroicidad lírica que en algún momento dejó de preguntarse quién ganó para comenzar a cuestionarse qué significa ganar”.

[10].    Carlin, John. Crónicas de Islandia: el mejor país del mundo, La línea del horizonte. Madrid, 2016.

[11].    Gregory, Sean. “How Iceland Became the World Cup’s Ultimate Underdog”, en Time Magazine, 7 de junio de 2018.

[12].    Celebración pintoresca con la que fue universalmente conocida la afición islandesa: “hipnótico canto que implica dos golpes de tambor, un momento de silencio y luego un sonido resonante mientras los fanáticos golpean sus manos sobre sus cabezas”, tomado de: Gregory, Sean. “How Iceland Became the World Cup’s Ultimate Underdog”, op. cit.

[13].    Roncagliolo, Santiago. “Balada de las botas puestas”, de El País, 24 de junio de 2018. Recuperado el 30 de agosto de 2018, de https://elpais.com/deportes/2018/06/24/mundial_futbol/1529853917_740664.html

[14].    Hernández, Jorge. “¡¡No mames!!”, en El País, 18 de junio de 2018. Recuperado el 30 de agosto de 2018, de https://elpais.com/internacional/2018/06/18/mexico/1529339358_895367.html

[15].    Silva Herzog, Jesús. “Sobre un volcán”, en Nexos, 1 de junio de 2018.