El mundo–balón: apuntes sobre un mundial

Eduardo Quijano[*]

 

Resumen: el Mundial de Rusia 2018 es un escenario propicio para analizar el significado del fútbol en la cultura global. En estos apuntes, se revisan diversas dimensiones socioculturales que participan en la consolidación de un fenómeno complejo y fascinante, inserto en las dinámicas de desigualdad e injusticia. En el entramado geopolítico, como alimento de ilusiones colectivas y sintaxis de visibilización identitaria, el deporte con el mayor protagonismo y consumo masivo, catarsis y espectáculo, da cuenta de una singular esfera de relación entre países y ciudadanos: lenguaje universal con el que los individuos crean sentidos sobre la vida social.
Palabras clave: Mundial Rusia 2018, futbol, FIFA, política, Islandia, México.

 

Abstract: The Russia 2018 World Cup is a setting that lends itself to analyzing the meaning of football in global culture. These notes review a number of sociocultural dimensions that contribute to the consolidation of a complex, fascinating phenomenon that permeates dynamics of inequality and injustice. Within the framework of today’s geopolitics, feeding into collective illusions and the syntax used to make identity visible, the sport with the greatest mass impact and consumption, catharsis and spectacle represents a unique sphere of relations between countries and citizens: a universal language that individuals use to create meanings about social life.
Key words: Russia 2018 World Cup, football, FIFA, politics, Iceland, Mexico.

 

¿De qué me había cansado? ¿Solo del fútbol?
¿Del fútbol en la sociedad tecnológica y espectacularizadora del siglo XXI?
¿De esa sociedad de ruido y toxicidad?
Axel Torres[1]

El fútbol no es solamente un juego: constituye un hecho social total,
ya que analizando los componentes —lúdicos, sociales, económicos, políticos, culturales, tecnológicos—,
se pueden descifrar mejor nuestras sociedades contemporáneas, identificar mejor los valores fundamentales, las contradicciones que forman nuestro mundo.
Y comprenderlos mejor.
Ignacio Ramonet[2]

 

El fútbol es un mito de muchos rostros. Como el más popular espectáculo del planeta, ofrece la seductora narrativa y los ingredientes terrenales de una ficción que millones de seres han incorporado a su vida cotidiana. Ficción gozosa y estridente, tejida de heroísmos y lamentaciones, de historia, tradición y rupturas, de figuras arrebatadoras y cínico negocio. El futbol de hoy se juega en la cancha de la cultura global, usa el idioma de los corporativos multinacionales, alimenta de contenidos a los grandes consorcios mediáticos.

Para comprender a cabalidad la historia sociocultural de la segunda mitad del siglo XX y las primeras décadas de este, es indispensable reconsiderar la emergencia y relevancia de la institucionalización global del fútbol: analizar a mayor profundidad las implicaciones que conlleva. Valgan como ejemplo conexo, las facultades de autonomía de gestión y aplicación de leyes asumidas por las federaciones nacionales —y la propia Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA)—, lo que de facto implica que dichas organizaciones sean, más que entidades privadas, auténticas corporaciones de derecho público ya que, en realidad, ejercen funciones públicas en la esfera privada.

En ese feudo —que poco a poco, ha privatizado o difuminado su carácter público y popular—, campean la corrupción y la vulgaridad; el fútbol se ha consolidado como territorio de una fascinación adictiva, de transacciones fantásticas; universo donde rifan los intereses del poder y el poder del dinero; donde la pasión de las tribunas y la afición frente al televisor son redituables herramientas de la política y de los políticos.

Culturalmente, operando desde la racionalidad que los filósofos y sociólogos refieren como constitutiva de “la posmodernidad”:[3] habita en sociedades fracturadas por la desigualdad, crisis institucionales y reducción de lo público. El fútbol, deporte con el mayor protagonismo y consumo masivo, simboliza una singular esfera de relación: imperfecto lenguaje universal con el que los individuos crean sentidos sobre la vida social. En tanto vínculo y factor de fugaz[4] cohesión social y solidaridad, devela aquello que interesa en cualquiera de las pantallas en que se mira. Como expresión de la vida pública, el balompié desnuda carencias y miserias sociales, comporta manipulación política y especulación financiera; propicia rancio nacionalismo, xenofobia, dopaje, racismo, machismo violento. Expresiones sociales habituales en la vida cotidiana, cuya dimensión se multiplica en escenarios con formidables plataformas de difusión y legitimidad.

Fenómeno mediático, económico y cultural, el fútbol es un espejismo demasiado real, un espectáculo, desde el que se pueden interpretar los excesos y las obsesiones de la fascinación de los seres humanos por el juego. Sin embargo, más allá de la dimensión lúdica como pulsión de la especie, el fútbol, señala Umberto Eco,[5] “es más que un juego; es un sistema de signos que codifica las experiencias y le da significados a diversos niveles. Permite al espectador leer la vida con la ayuda de los recursos mediáticos que orientan y controlan nuestra visión de las experiencias”.

Se habla de fútbol siempre y con todos, en la casa, en la calle, en la escuela o el trabajo: la necesidad de pertenencia, la ilusión de colectividad encuentran una salida a través de un equipo de fútbol. En tanto metáfora sociológica de pertenencia, el fútbol refiere la necesidad de fidelidad y confianza común ante el vacío de la política, superstición y refugio ante la irresoluble complejidad de la vida. Todo —o casi todo— cabe en la sintaxis inabarcable del fenómeno: tema de conversaciones, disputas y preocupaciones de la cultura masculina, de intercambio de emociones y momentos. En los contextos particulares de cada país, el balompié marca la temperatura de las vibraciones nacionalistas, promueve la construcción de símbolos identitarios regionales y la épica de las percepciones comunes.

Centro del calendario ritual de esta enorme maquinaria de esperanzas, cada cuatro años, el Mundial de Fútbol se constituye en pantalla del entretenimiento, incluso para aquellos que no gustan del juego, en el evento humano de mayor convocatoria en el planeta. Para el antropólogo Manuel Mandianes,[6] “la religión se ha metamorfoseado en nuevas formas que definen la modernidad, y su más impresionante trasformación puede ser el fútbol”. Según él, “es un deporte, sí, pero para los aficionados es también un rito con himnos, cánticos, banderas, procesiones” y, “a diferencia de la religión, salva el sentido de lo incondicional sin recurrir a Dios ni al absoluto”.

Si alguna actividad tiene la capacidad de aceptación para generar un cierto comportamiento global (se ha dicho que incluso más que la democracia) es el fútbol. Para investigadores mexicanos como Andrés Fábregas Puig,[7] podemos comprender que:

El resultado es la operación de una sociedad mucho más compleja, donde la fragmentación persiste, pero es resuelta simbólicamente a través del fútbol. Más allá del cliché sobre “el opio de los pueblos”, el deporte en general y el fútbol en particular, han pasado a otro plano en la vida social, cumpliendo papeles que antes cumplía la religión o la política, como lo demuestra el caso de los Jaguares de Chiapas.

El largo y sinuoso sendero clasificatorio rumbo a esta Meca mundialista tuvo su etapa final, como cada vez, durante el verano, estación de tormentas y promesas. Con 32 selecciones clasificadas, los habituales favoritos, plenamente identificados, y buena parte de la humanidad pendiente de lo que ha ocurrido con los protagonistas en esta película, por primera vez en su historia, el Mundial tuvo como escenario un país de Europa oriental: Rusia. Esta circunstancia no es para nada baladí; pone de manifiesto el significado geopolítico del acontecimiento futbolístico. El régimen encabezado por Vladimir Putin —ya en su cuarto mandato— ha invertido más de 9,000 millones de euros en la construcción de seis estadios ultramodernos que, durante un mes, buscaron ofrecer una imagen amable, el rostro moderno y saludable de un país que figura entre los que el Democracy Index 2017[8] califica como “regímenes autoritarios”.

En el Mundial 2018, la megalomanía como tendencia dominante habrá triunfado en el fútbol; espectáculo que mezcla signos seductores, partidos inolvidables e inquietantes vicios. La infraestructura comprometida envuelve a cada Mundial en un entorno de proporciones colosales: trasmisiones globales desde estadios de arquitectura futurista, el peso de los patrocinios a las figuras estelares, las audiencias y la cobertura, el costo de las entradas, los impresionantes dispositivos de seguridad y las campañas de relaciones públicas. Previamente, pocas sedes de una Copa del Mundo habían generado tanta antipatía fuera de sus fronteras como la Rusia gobernada por Putin. Rusia es hoy una nación enfangada en la corrupción, golpeada por las sanciones internacionales como castigo a sus políticas de exterminio en Siria, la anexión de Crimea o por los ataques cibernéticos orquestados; una república, en muchos aspectos, atrasada que coarta la libertad de expresión y el permanente desprecio de sus autoridades por los derechos humanos, como la salvaje represión a las manifestaciones LGTBIQ y a todo acto que pueda ser tachado de “propaganda” homosexual.

En este plano, el momento mundialista despliega características únicas para el mundo y en particular para la Europa post–Brexit, la del liderazgo incontrastable de la canciller alemana Ángela Merkel, de la peligrosa fragilidad política de Italia, la caída de Mariano Rajoy y el Partido Popular en España, del oportunismo de Emmanuel Macron, de las denigrantes políticas migratorias y las decisiones proteccionistas del presidente estadounidense Donald Trump. Los europeos que se imaginaron como una gran nación sin fronteras, rechazan y a la vez necesitan a Rusia. Para hacer frente a nuevos desafíos políticos y económicos y mantener su viabilidad como comunidad económica y política, encaran graves problemáticas de desempleo, terrorismo, migración y racismo. En lo futbolístico, sus ligas más poderosas (España, Italia, Inglaterra), concentran el mercado de los mejores futbolistas, alimentando una inflación mayúscula en el valor de los intercambios. Es esa la epidermis del Mundial ruso. Ingenuo sería pensar que la suma de estos y otros factores que activan su proceder, no tendrá un impacto en lo que ahí ocurra.

Un Mundial, además del mayor espectáculo deportivo del mundo globalizado con sus concentraciones de ansiosos fanáticos, es el prototipo casi perfecto de los poderes fácticos: rentable, sin fronteras, absorbente, inmensamente rico y dispendioso. El Mundo–Balón es un juego trasfigurado, irreversiblemente, en simple y vulgar mercadotecnia, una superstición masiva con intereses concretos; triunfo del autoritarismo antidemocrático de la FIFA y tsunami emocional en los corazones. En la biografía de cada quien, sedante para la injusta realidad circundante, detonador de alegrías y legítimos placeres compartidos. Para quienes amamos el juego —y para los que se asoman cada cuatro años—, el Mundial es la estación suprema, la celebración de sus dioses bienamados. Rusia ha sido el escenario para poner a prueba, una vez más, las ilusiones depositadas en una selección verde inestable, incierta, anclada en el permanente “ya merito”,[9] pero al fin nuestra.

Como ninguno, el Mundial es el momento de los futbolistas, la puerta de entrada al paraíso de los talentos, aunque la mayor de las veces termine imponiéndose la racionalidad implacable de los grandes equipos que conocen e interpretan la lógica del juego y sus misterios. Una inmensa pantalla de ultra alta definición (y para los que gusten, opciones de realidad virtual) nos mantuvo atentos: promesas, historias insólitas o tristes decepciones, memorias e imágenes que, desde 12 sedes diferentes, fueron referencia del futuro cuando el balón rodó hacia lo imprevisible. Porque un Mundial, casi lo olvidaba, es también
una fiesta en medio del caos, la injusticia y el desánimo, el territorio donde acontece todo y cualquier cosa: lo memorable y lo inesperado.

 

  1. Una cenicienta de fuego y hielo va al Mundial

Pienso en Islandia y me brillan los ojos.
Como sociedad representa la cima de la evolución humana […] En un mundo contemporáneo tan revuelto y confuso, con tanta desigualdad,
violencia y miedo, Islandia ofrece un oasis de calma y un modelo a seguir.

John Carlin[10]

 

La historia del futbol está escrita con fascinantes notas a pie de página, con metarrelatos provocadoramente humanos que son crónicas de la vida íntima del deporte, microuniversos que expresan otras muchas realidades que lo habitan: historias de hazañas, de seres de carne y hueso, de goles y contagio, de campeonatos y formas particulares de existir en el concierto del fútbol.

Más allá de lo anecdótico, esas historias abren espacio para compartir esperanza, dan fe de que otros futuros son posibles. Ninguno, tan actual, y con el romántico realismo de los personajes que hicieron posible el cuento de hadas de Islandia, la nación más pequeña en competir en un Mundial de la FIFA. Al igual que Panamá, la selección nacional de Islandia participó por primera vez en su historia en una Copa del Mundo. Lo que la literatura periodística ha calificado como un milagro tiene cimientos en políticas públicas implementadas por las autoridades islandesas hace más de 20 años.

A mediados de la década de los años noventa, alertadas por el sensible incremento del alcoholismo y el consumo de drogas entre la población juvenil, decidieron ejecutar un amplio programa de creación de infraestructura techada (¿cómo jugar soccer en un clima gélido, un territorio con 33 volcanes, erupciones constantes y 12% del territorio cubierto por glaciares?) aunada a un extenso plan de estímulos y apoyos destinados a fomentar la práctica del deporte, entonces concentrado en el balonmano.

El espléndido artículo de Sean Gregory, How Iceland Became the World Cup’s Ultimate Underdog,[11] ofrece un recuento de las raíces históricas, el entorno y los protagonistas de esta epopeya que contó con el liderazgo de su portero Hannes Thór Halldórsson, —a sus 34 años cineasta de tiempo completo— y del entrenador Lars Edvin “Lasse” Lagerbäck —que compaginaba hasta el año pasado su responsabilidad con la de dentista y— que diseñó la estrategia de este tozudo y perseverante representativo. La tibia noche del 27 de junio de 2016, en el estadio Allianz Riviera de Niza, cambió lo que había sido el fútbol para Islandia, su sentido. Después de tres minutos adicionales, el silbatazo final marcaba un punto de inflexión en su balompié: la victoria de Islandia 2–1 sobre Inglaterra. Congregados frente a una gigantesca pantalla en la Plaza Ingólfstorg de Reykjavík, miles de fans, con una amalgama de pasión colectiva y delirante alegría, festejaron el pase de su equipo a los cuartos de final de la Eurocopa 2016. Los gritos de “Afram Island!” (¡Adelante, Islandia!) fueron acompañados de la plástica Viking Clap.[12]

La escena, extrañamente onírica y surrealista, pero auténtica, dio la vuelta al planeta: Islandia estaba en el mapa del fútbol mundial.

La clasificación de Islandia a la Copa del Mundo (estuvo ubicada en el grupo D con Argentina, Croacia y Nigeria) confirma que lo sucedido en la Eurocopa de Francia, más que quimera, ha sido fruto de la planeación adecuada, el esforzado trabajo y la conjunción de talentos. Con apenas 345,000 habitantes, Islandia solo cuenta con 150 jugadores profesionales, aunque con más de 500 acreditados como entrenadores de fútbol, de los cuales 190 poseen una licencia de la FIFA y diez son mujeres. Desde el primer cotejo en el que dignamente enfrentaron a la escuálida Argentina de Lionel Messi, más de 80% de la población siguió los partidos por televisión y otros medios; además, se calcula que al menos 8% los islandeses estuvieron en Rusia presenciando los tres partidos de su equipo. Con su digno debut dentro de la celebración suprema del balón, esta generación de jugadores islandeses confirmó que el futbol ha sido una brutal plataforma para consolidar un consenso social de décadas; este juego, simple, cuasi primitivo, ha puesto de relieve valores propios y una manera particular de entenderlo: han encontrado en el fútbol una esfera para el vínculo y la diversión, acceso a la visibilidad identitaria, región en la que desde el respeto y la tolerancia se hacen presentes.

La aventura de la selección de Islandia en Rusia concluyó pronto. ¿Habrá valido la pena? Por supuesto, ante la eliminación de la selección de su país, el escritor y periodista peruano Santiago Roncagliolo sintetizó el significado que el futbol aportó a Perú: “El equipo no ha ganado, pero ha devuelto a todo un país la fe en ganar […] Total, un año antes lo absurdo, lo inédito, lo increíble era clasificar. Hoy, el suelo de
lo posible se ha elevado un escalón”.[13] De la misma forma, el cuento de la cenicienta que llegó del hielo tendrá un final feliz: el turismo ha cambiado el comportamiento histórico de la economía islandesa de forma sustantiva, duplicando, durante los últimos cinco años, el número de visitantes; si el planeta ha puesto la mirada en Islandia, en su historia y en su gente, fue el fútbol un magnífico escaparate.

 

  1. Ponte la verde

 

México entero saboreaba por primera vez el dulce tequila de hablarle de tú al campeón,
estar al parejo y por encima de los grandes supuestamente inapelables
y corear en boca de todos el ¡¡No mames!!
Qué le podemos espetar hoy mismo a los políticos mentirosos,
los rateros de siempre, los sicarios del crimen organizado
y los pinches gringos de la peor ralea Trump: ¡¡No mames!!

Jorge Hernández[14]

 

Aunque un Mundial es más que nada una fábrica de ahoras, de una inasible sucesión de presentes, México comenzó el Mundial de Rusia pensando en el futuro. Justo en los días de la inauguración, la FIFA anunció que nuestro país, con Canadá y Estados Unidos, será sede del Mundial de 2026, una edición que quizás incluirá la decisión de aumentar el número de países participantes a 48, con la expectativa de que los beneficios económicos para la FIFA se incrementen 35%. México tendrá así, su tercer Mundial desde 1970.

En una república fervientemente futbolera, hablar de futuro en el verano de 2018, implica preguntarse: ¿desde cuál presente? Nuestra nación, durante más de dos decenios, ha padecido con mayor severidad las consecuencias de su disfuncional democracia: miles de muertos y desaparecidos por el incontenible baño de sangre de la violencia cotidiana, tejido social carcomido por corrupción, impunidad, lacerante pobreza, desigualdad y abusos; descarada intervención de redes criminales en la política, ineficacia gubernamental y salvaje destrucción de sus recursos. Desconfianza, sospechosismo y complacencia. A unos
cuantos días de la mayor jornada electoral de nuestra historia política, pareciera que no podríamos estar peor.

Fraguado desde el hartazgo generalizado y el clamor colectivo por cambiar el carismático Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su partido Morena (Movimiento Regeneración Nacional) han ganado, con abrumadora solvencia, además de la presidencia, la mayoría de representantes y aliados en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. AMLO ha convencido a una significativa mayoría de que un cambio real en la vida nacional es posible y que ganando la batalla contra la corrupción se avanzará hacia una trasformación en la moral colectiva. Jesús Silva Herzog Márquez[15] perfiló las dimensiones de este cambio al señalar que:

[…] es el más hondo que ha vivido la política mexicana en varias generaciones. No se acerca un simple cambio de gobierno, la transmisión del poder de un partido viejo a un partido nuevo. La transformación por venir alterará la brújula de la política, modificará sustancialmente el mecanismo del poder, alterará la imagen misma de lo social.

En ese entorno, con más de 40,0000 mexicanos que viajaron a Rusia para apoyar a su selección, al ganar de manera rigurosa sus dos primeros partidos, el Tri ilusionó al país. Por una semana, dejando de lado sus agudas problemáticas, México salió al recreo. Millones de camisetas verdes en calles y plazas compartiendo alegría. Después, el equipo de Juan Carlos Osorio, con actuaciones desastrosas e ineficientes, regresó a la incertidumbre y mediocridad del pasado. Tercero con el promedio de mayor edad entre los equipos que asistieron, el representativo nacional, pese a los seis puntos conseguidos, no exhibió calidad ni contundencia. Recibió más goles y anotó menos que cualquier otra selección mexicana en los últimos 24 años. Pese a la histriónica retórica de su técnico, a las triviales bravatas de algunos seleccionados, el quinto partido sigue siendo una ilusión maldita, tan distante como asequible. En el futbol seguimos siendo aficionados de la infelicidad.

No han sido ni las palabras ni las promesas, alineaciones o nombres, suficientes argumentos para cambiar la historia de la participación mundialista mexicana. Este grupo de jugadores (algunos al límite de sus trayectorias: Rafael Márquez, Andrés Guardado, Héctor Herrera, Carlos Vela, Javier Hernández y otros que no jugaron), mantuvieron a México rumiando, una vez más, la desilusión. La huella de su paso tendrá, tal vez, el aroma heroico del domingo 17 de junio derrotando a Alemania en el estadio Luzhniki de Moscú. Además de convicción y deseo, otras capacidades indispensables en los equipos ganadores —filo ofensivo, seguridad, potencia— jamás aparecieron en el funcionamiento del Tri. Con actuaciones mejores o parecidas, durante casi un cuarto de siglo, el futbol nacional se ha mantenido anclado, sometido a sus persistentes carencias, disminuido por la avaricia y la impericia de los dueños del negocio; también por ausencia de talentos y liderazgo para construir un colectivo sólido que le ofrezca a sus millones de aficionados, algo más que ilusiones.

Hoy, con lo ocurrido dentro y fuera de las canchas de fútbol, nadie se podrá engañar: cada país, cada equipo, forja su propia historia con lo que hacen o dejan de hacer sus ciudadanos o sus jugadores. Una historia que no sería la misma sin un radical cambio en los liderazgos y en las formas de hacer y ser: cómo hacer equipo; imprimirle vocación, descubrir afinidades y corregir las lacerantes deficiencias. Como ser otros. En nuestra vida social, como en el fútbol, es propicio, a estas alturas, responder lo que en verdad interesa de cara al futuro: ¿a dónde lleva este camino si no somos capaces de cambiarlo?

 

Julio 5 de 2018

 

[*] Académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores (ITESO). Periodista, bloguero y productor multimedia. Miembro de diversos consejos consultivos en organismos públicos. Autor de columnas y artículos en revistas nacionales e internaciones; de ensayos sobre cine, organizaciones, literatura, deporte y espacio público. Conduce El séptimo vicio, programa radiofónico sobre cine y Cine–Beats, miniserie para televisión. Correo electrónico: quijanoedu@gmail.com

[1].     Torres, Axel. El faro de Dalantagui: postales islandesas del verano previo a la gesta futbolística. Editorial Contra, Barcelona, 2017.

[2].    Ramonet, Ignacio. “Un hecho social total”, en Santiago Segurola (ed.), Fútbol y pasiones políticas, Debate, España, 1999.

[3].    Bauman, Zygmunt. Ética Posmoderna, Siglo XXI, México, 2005; Harvey, David. La condición de la posmodernidad: investigación sobre los orígenes del cambio cultural, Amorrortu, Madrid, 2008.

[4].    “[…] la realidad parece confirmar que los jugadores y equipos son tan volátiles en un mundo posmoderno, como lo son las mercancías y como lo son los flujos financieros”, tomado de: Añorve, Daniel. “El jugador volátil como reflejo de la cultura posmoderna: el caso del Club Morelia”, en Relaciones, vol.37, núm.147, El Colegio de Michoacán, 2016.

[5].    Trifonas, Peter. Umberto Eco y el fútbol, Gedisa, Barcelona, 2004.

[6].    Mandianes, Manuel. “El fútbol, la religión del siglo XXI”, en El Mundo, 26 de agosto de 2016.

[7].    Fábregas Puig, Andrés. “El fútbol en Chiapas (México): ¿un símbolo de identidad?”, en Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, vol. LXI, julio–diciembre, 2006, pp. 145–161.

[8].    The Economist. The Economist Intelligence Unit. Democracy Index 2017. Free speech under attack. Londres, Reino Unido, 2018. Recuperado el 30 de agosto de 2018, de https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/Democracy_Index_2017.pdf

[9].    Para la colección de relatos y ensayos de Breve historia del ya merito (Márquez, Rodrigo. Breve historia del ya merito, Sexto Piso, México, 2018) “este ya merito es una franja de resistencia ante la tecnología del razonamiento estadístico y económico del juego. La historia no la escriben los que ganan ni los que pierden. La reescriben los que renuncian al tiempo. Si cada año mundialista es una escenificación de la épica al alcance de todos, cabe aclarar que lo sobrenatural y lo inesperado juegan un papel fundamental en la construcción de esa heroicidad lírica que en algún momento dejó de preguntarse quién ganó para comenzar a cuestionarse qué significa ganar”.

[10].    Carlin, John. Crónicas de Islandia: el mejor país del mundo, La línea del horizonte. Madrid, 2016.

[11].    Gregory, Sean. “How Iceland Became the World Cup’s Ultimate Underdog”, en Time Magazine, 7 de junio de 2018.

[12].    Celebración pintoresca con la que fue universalmente conocida la afición islandesa: “hipnótico canto que implica dos golpes de tambor, un momento de silencio y luego un sonido resonante mientras los fanáticos golpean sus manos sobre sus cabezas”, tomado de: Gregory, Sean. “How Iceland Became the World Cup’s Ultimate Underdog”, op. cit.

[13].    Roncagliolo, Santiago. “Balada de las botas puestas”, de El País, 24 de junio de 2018. Recuperado el 30 de agosto de 2018, de https://elpais.com/deportes/2018/06/24/mundial_futbol/1529853917_740664.html

[14].    Hernández, Jorge. “¡¡No mames!!”, en El País, 18 de junio de 2018. Recuperado el 30 de agosto de 2018, de https://elpais.com/internacional/2018/06/18/mexico/1529339358_895367.html

[15].    Silva Herzog, Jesús. “Sobre un volcán”, en Nexos, 1 de junio de 2018.

 

Reflexiones sobre la caravana migrante

Iliana Martínez Hernández Mejía[*] 

 

Resumen: la Caravana Vía crucis “Migrantes en la Lucha” causó un gran impacto en su cruce por México durante la primavera de 2018. No es la primera movilización masiva de personas migrantes que se hace por el territorio mexicano; sin embargo, en esta ocasión, lograron una gran visibilidad debido principalmente, al gran número de participantes y a la atención que recibió de parte del presidente Donald Trump y de los medios de comunicación. El presente texto aborda algunos antecedentes de la caravana y analiza la más reciente en su paso por Guadalajara. Finalmente, se exponen algunos impactos y posibles consecuencias, sobre las políticas migratorias de México y Estados Unidos, de esta movilización.
Palabras clave: migración en tránsito, política migratoria, movimiento migrante, derechos humanos, movimientos migratorios región Centro América – México – Estados Unidos.

Abstract: The Via Crucis Caravan “Migrants in the Struggle” made a significant impact as it traversed Mexico in the spring of 2018. It was not the first mass mobilization of migrants organized in Mexican territory; this time, however, it achieved greater visibility due primarily to the large number of participants and to the attention of U.S. president Donald Trump and the media. This text looks at part of the caravan’s back story and analyzes this year’s caravan as it passed through Guadalajara. Finally, it presents some of the impacts and possible consequences of this mobilization on migration policy in Mexico and the United States.
Key Words: transit migration, migration policy, migrant movement, human rights, migratory movements in the Central America-Mexico-United States region.

 

  1. Antecedentes de las movilizaciones de personas migrantes en tránsito: Caravanas y Vía crucis

Algo que puede resultar sorprendente, para quienes escucharon por primera vez de las caravanas de migrantes en la primavera de 2018, es que a lo largo de por lo menos diez años se han venido realizando numerosas movilizaciones de grupos —algunas grandes, otras de menor tamaño— de personas migrantes por México. Por tanto, surge la pregunta de si el objetivo de esta población es pasar por el territorio mexicano sin ser detectado, de manera clandestina, ¿qué hace que, estos grupos, decidan llamar la atención y hacer visible su camino?

Existen diversos tipos de movilizaciones que involucran participación de los propios migrantes o familiares de migrantes, las que han recibido mayor atención son los vía crucis y las caravanas. Entre las que se han realizado, existe una gran diversidad: se pueden distinguir entre sí por su tamaño en la composición, nivel de organización, visibilidad, objetivos, alcance territorial, quiénes la convocan, entre otras características. Aunque vale la pena señalar que la mayoría comparte la intención de visibilizar y denunciar las terribles condiciones a las que se expone la población en tránsito por México, no obstante, tienen diversos matices y objetivos.

Sin embargo, como señala Claudia León,[1] colaboradora de la Estancia del Migrante González y Martínez, ubicada en Tequisquiapan, las movilizaciones que se componen de población migrante tienen otros objetivos muy importantes, entre estos, brindar protección para realizar el viaje de manera un poco más segura. De igual forma, los movimientos ayudan a visibilizar el trabajo de los albergues y defensores de migrantes, así como también activan una respuesta solidaria de la sociedad.

La representación del vía crucis es, generalmente, una tradición católica que se realiza en Semana Santa, en la cual se rememora el camino que Cristo siguió hacia su crucifixión. Debido a que muchos albergues de migrantes son obras pastorales católicas, los vía crucis migrante se realizan haciendo un símil de las dificultades del camino de Cristo con el de los migrantes. Una de las celebraciones más conocidas es la que lleva a cabo anualmente el albergue La 72 en Tenosique, Tabasco; su intención es aprovechar los días de reflexión para acercar a la comunidad a la realidad de las personas migrantes y visibilizar los abusos de los que son objeto en esta región fronteriza. También se han realizado en la Ciudad de México y Guadalajara. Probablemente, el que mayor atención ha generado fue el que se realizó en 2014 en Tenosique, ya que quienes participaban decidieron continuar el trayecto hacia la frontera norte.

A los recorridos que implican trayectos más largos, con una serie de paradas en el camino y buscando la atención de la sociedad con un objetivo, se les han identificado como caravanas. La más conocida es la de Madres de Migrantes Desaparecidos,[2] que se ha realizado en 13 ocasiones y ha recorrido diversas rutas migratorias a lo largo de México. Esta caravana es organizada por el Movimiento Migrante Mesoamericano y convoca a representantes de los colectivos de madres y familiares centroamericanos organizados para la búsqueda de sus familiares que han desaparecido migrando a través de México. Esta movilización ha adquirido una visibilización importante y ha logrado posicionar la agenda de las personas desaparecidas en la discusión política. Otra de las Caravanas que se ha hecho presente en 2014 y 2016 fue la organizada por la Asociación de Migrantes Retornados con Discapacidad (Amiredis).[3] Esta se integraba por un grupo pequeño —entre 14 y 20 personas— de migrantes de origen hondureño, que sufrieron accidentes en su intento de cruce a través de México y retornaron con alguna discapacidad a su país de origen. La organización continúa activa, pero ahora desde Estados Unidos.

Existen también caravanas en otras regiones del mundo, las cuales también buscan denunciar las vejaciones a las que se exponen las personas migrantes y las políticas migratorias inhumanas. Por ejemplo, este año se realizó la cuarta Carovane Migranti,[4] que recorre distintos puntos del Mediterráneo y que tiene lazos con diversos activistas y colectivos mexicanos.

Como se comentó antes, probablemente el vía crucis que mayor atención recibió fue el de 2014 de Tenosique, ya que los integrantes decidieron continuar su marcha al norte, convirtiéndose, de cierto modo, en caravana. El movimiento recibió mucha atención mediática y política; algunos de ellos lograron llegar al norte de México. Sin embargo, la atención se sumó a otras dos movilizaciones que tuvieron lugar en los mismos meses. Antes, en el mes de marzo, se había llevado a cabo la marcha de los migrantes retornados con discapacidad y ese verano se dio la crisis de los menores migrantes llegando a los diversos pasos fronterizos con Estados Unidos. Fue así, que el 7 de julio de ese año, el gobierno mexicano anunció la implementación del Plan Integral para la Frontera Sur (PIFS), el cual ha endurecido la vigilancia en la región, dificultando el cruce, empeorando las ya terribles condiciones de las personas migrantes y aumentando las detenciones. Si bien, no se puede decir que la implementación del PIFS sea ocasionado únicamente por las movilizaciones de migrantes, sí puede decirse que sea un factor determinante.[5]

Sin duda, las lecciones aprendidas en 2014 dejaron una huella muy honda, sembrando una importante reflexión entre diversos sectores de la sociedad civil migrante sobre los impactos indirectos de las movilizaciones.

 

  1. Contexto actual de la migración en tránsito en la región

El endurecimiento en las políticas migratorias de Estados Unidos, implementadas por la administración del presidente Donald Trump, han puesto, de nueva cuenta, la atención del mundo en el sistema migratorio que conforman Centroamérica–México–Estados Unidos y Canadá.[6] No obstante, desde hace varios años la movilidad humana en la región ha sido motivo de preocupación por las condiciones en las que tienen lugar los desplazamientos. Algunas de estas condiciones causadas por las políticas migratorias implementadas a nivel regional.

En 2010, Amnistía Internacional ya denunciaba que el cruce de las personas migrantes a través de México era uno de los viajes más peligrosos del mundo.[7] Casi una década después, ratifica que, tanto las personas migrantes como los solicitantes de asilo, continúan siendo sometidos a asaltos, extorsiones, secuestros y homicidios.[8] No debe dejarse de lado que este desplazamiento a través del territorio mexicano se da en medio de un contexto de guerra y violencia, el cual ubica a las personas migrantes en una situación de mayor vulnerabilidad y alto riesgo. Más aún, estas terribles condiciones de violencia se extienden hacia el sur, hasta los barrios de los países que conforman el Triángulo Norte de Centro América (TNCA): Honduras, El Salvador y Guatemala. En el último decenio, las maras y la delincuencia organizada la han convertido en “una de las subregiones más peligrosas del mundo”.[9]

Ante la terrible situación en Centroamérica, las reacciones de sus países vecinos del norte dejan mucho que desear. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados estimó que hay 500,000 personas en tránsito por México,[10] muchas de las cuales deben recibir protección como refugiados. Esto ha tenido un impacto que ha incrementado en 1,067% las solicitudes de asilo en México de 2011 a 2017.[11] Es decir, en 2011, México tan solo reconoció a 259 personas como refugiadas y permitió que 752 solicitaron esta condición;[12] mientras que en 2017, 14,596 personas aplicaron para solicitar la condición de refugiadas. Para el mismo año, tan solo 1,907 fueron reconocidos.[13] Un alto número de casos se encuentran en trámite (7,719), 1,650 fueron no reconocidos, otros abandonaron el trámite (2,233), algunos más se encuentran en diversos estatus (desistieron, recibieron protección complementaria, etcétera).[14]

Aunque las cifras de personas refugiadas en México provenientes del TNCA han aumentado en los últimos años, las políticas migratorias del país van en otro sentido. Las cifras de deportación de los últimos años lo ilustran muy bien. Entre 2010 y 2014, aumentó en 50% la deportación, desde México y desde Estados Unidos, de ciudadanos originarios de Guatemala, El Salvador y Honduras.[15] Aunque el flujo ha variado en los últimos años, entre 2010 y 2015, México realizó un promedio de 179,000 repatriaciones anuales al TNCA.[16] Más aún, en 2015, México hizo 86,700 deportaciones, mientras que Estados Unidos llevó a cabo 42,200; es decir que, en ese año, las autoridades migratorias mexicanas deportaron casi el doble de personas procedentes del TNCA que Estados Unidos.[17]

El gobierno mexicano no ha implementado de manera clara una política que tenga una visión de seguridad humana, cuyo objetivo central sea brindar apoyo a los centroamericanos, mismos que no están teniendo otra alternativa más que abandonar sus comunidades. Por el contrario, privilegia su seguridad nacional —como lo demostró al echar a andar el Programa Integral Frontera Sur—, ya que no busca resguardar los derechos humanos de las personas en tránsito sino que, en cambio, los detiene y expulsa del territorio mexicano. La situación se vuelve cada vez más complicada, ya que las personas que han salido en estas condiciones no tienen la posibilidad de volver a su comunidad debido a que su vida está en riesgo. Por lo tanto, el deportar a este tipo de población es, nuevamente, poner en riesgo su vida, o en palabras de Amnistía Internacional, son “deportados de vuelta al infierno”.[18]

La población en tránsito está en una situación muchas veces desesperada, porque cruzar hacia Estados Unidos se vuelve cada vez más complicado. Pudieron haber fracasado en su intento en muchas ocasiones, pero regresar a su país ya no es una opción. Para muchos, su vida está amenazada y en grave riesgo. Es así que muchas ocasiones, se encuentran varados en México ante una nueva encrucijada. Algunos de ellos consideran modificar su proyecto migratorio, tal vez pensando en México como una segunda alternativa. Es en este contexto que diversas iniciativas de movilización social y política de la población migrante, como lo son las caravanas, se encuentran con nuevos escenarios y retos, como sucedió con la más reciente Caravana 2018, Vía crucis “Migrantes en la Lucha” organizada por Pueblos Sin Fronteras.

 

  1. Caravana 2018 Vía crucis “Migrantes en la Lucha”

Aunque en el título en español incluye la palabra vía crucis, realmente fue más una caravana, ya que el trayecto fue mucho más largo. Si bien, la movilización inició en la Semana Santa, desde un inicio se tenía contemplado que el objetivo era cruzar todo México y llegar hasta la frontera con Estados Unidos.

La organización que impulsó la caravana se llama Pueblos Sin Fronteras[19] y trabaja de forma binacional desde 2010.[20] De acuerdo con su página web, el colectivo lo conforma un grupo de amigos que se encuentran en solidaridad permanente con las personas desplazadas. Acompaña migrantes y refugiados en su camino, y junto con ellos demanda el respeto a los derechos humanos y también provee ayuda humanitaria y asistencia legal.[21] Anterior a esta caravana, en 2017, realizaron el Vía crucis de Refugiados en el mes de abril y el Vía crucis Guadalupano en noviembre.

A través de un comunicado de prensa, se anunció la salida de la caravana. Se mencionó que llegarían a la ciudad de Puebla para recibir asesoría legal, pero no se especificaba su destino final. Se enunciaron exigencias hacia los gobiernos centroamericanos, mexicano y estadounidense, que van en la línea del respeto a los derechos humanos; se pidió justicia, alto a la corrupción y a la violencia, que se detuvieran las deportaciones, entre otras.[22]

Inició en la ciudad de Tapachula, el domingo 25 de marzo, y algunos de los grupos que iban acompañados de los organizadores fueron llegando a Tijuana los últimos días de abril y primeros de mayo. Es decir, el viaje duró, aproximadamente, un poco más de un mes. Aunque realmente es complicado dar una fecha de finalización, ya que hubo diversos desenlaces para los participantes. Esto se debe a que, si bien la caravana arrancó con un grupo de alrededor de 1,500 personas migrantes, a lo largo del camino se fueron quedando algunas de ellas y se fueron sumando otras. Varias decidieron separarse del grupo y tomar otros caminos o quedarse en alguna de las paradas. Otros migrantes fueron detenidos por el Instituto Nacional de Migración (INM) en diversos puntos. En particular, se presentó un caso que causó malestar entre muchas organizaciones, el cual surgió en el estado de Veracruz y se abordará más adelante.

De acuerdo a Bernardette Eguia, parte del Servicio Jesuita a Refugiados en Tapachula, muchas de las personas que habían iniciado su solicitud de refugio se fueron con la Caravana, dejando su caso trunco. Algunos por desesperación, otros por seguridad, ya que las condiciones en la frontera sur no son aptas para personas que vienen huyendo de la violencia. Por ejemplo, personas LGBT que se encuentran en gran riesgo, deciden partir.[23]

En entrevistas y trasmisiones en vivo que realizaron los mismos organizadores, reconocen que la cantidad de personas rebasó, por mucho, la participación de otros años. En particular, la cantidad de mujeres y menores, la cual, en el momento de salida, estiman que fueron aproximadamente 400.[24] También es complicado trazar una ruta con fechas, ya que, después de las primeras paradas, la caravana no logró viajar siempre junta. Se iba movilizando en grupos de diversos tamaños, intentando que uno fuera de avanzada para ir preparando el lugar de llegada. Los diversos grupos que se van formando, transitan por los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla para llegar a la Ciudad de México. De ahí, deciden salir por el estado de México y continuar hacia Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja California.

 

3.1. La atención y tensión

Como ya se ha dicho, las caravanas, vía crucis y marchas de personas migrantes se han realizado desde hace mucho tiempo, y como también se ha enfatizado, una de sus intenciones es atraer la atención de los medios y las autoridades. No obstante, este año lograron llamar la atención del presidente de Estados Unidos, y eso los colocó en el centro de la atención mundial.

De acuerdo con algunos reportes, Donald Trump se enteró de la movilización por la cobertura de Fox News y comenzó a enviar mensajes a través de su cuenta de Twitter.[25] Sus textos buscaban alarmar a la ciudadanía estadounidense y mover su agenda migratoria. Se refería a los migrantes como una amenaza muy peligrosa que su vecino del sur estaba obligado a detener; buscando con ello presionar al gobierno mexicano para actuar en contra de la caravana. Esto provocó que la prensa nacional e internacional se volcara a cubrir el recorrido de los migrantes y las reacciones de ambos gobiernos. En cuanto a Trump, respondió enviando a la Guardia Civil a la frontera con México.[26]

Por su parte, el gobierno mexicano emitió un comunicado informando que se daría atención a los integrantes de la caravana, se informaba también acerca de sus alternativas y se otorgaban oficios de salida a quienes estuvieran en condiciones de regularizarse. En el mismo texto, se buscaban dejar en claro que: “Política migratoria no está sujeta a presiones: gobierno mexicano”.[27] Sin embargo, el mismo día, se sostuvo una reunión entre el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, y el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, en la que acordaron enviar agentes de la Gendarmería a la frontera sur de México.[28]

Esto fue denunciado en un comunicado por un gran número de organizaciones sociales como una medida errónea y demandando un replanteamiento de la estrategia.[29] Existe el temor de que pueda darse de nueva cuenta un refuerzo en la estrategia de seguridad en la frontera sur, como ya sucedió en 2014, y que las condiciones para las personas que siguen llegando a México empeoren todavía más.

Como se puede imaginar, el movilizar a una cantidad tan grande de personas en medio de un conflicto internacional, con tanta atención, en una ruta tan peligrosa y con condiciones casi imposibles de controlar por la organización, generó importantes conflictos. Probablemente, el evento que desató la mayor preocupación entre diversas organizaciones de sociedad civil, fue cuando se reportó que se dejó de lado, en una zona muy peligrosa del estado de Veracruz, a un grupo de aproximadamente 600 personas migrantes. Después, se recibieron reportes de que el Instituto Nacional de Migración había detenido a muchos de ellos.[30]

Ante las dificultades del camino y las fallas organizativas de los coordinadores para asegurar protección al grupo, un gran número de organizaciones se pronunciaron en contra de que la caravana siguiera su viaje. Esto, al argumentar que no había condiciones para continuar, ya que se estaba poniendo en un alto riesgo y desgaste a la gente que la integraba, así como rebasando las capacidades de atención de los espacios de acogida de manera innecesaria.[31]

Por su parte, la Dimensión Episcopal de la Pastoral de Movilidad Humana también emitió un pronunciamiento en el cual cuestionaba, de manera fuerte, el que no se coordinara, de antemano, la ayuda con los espacios de atención y que se expusiera a las personas migrantes a condiciones en las que no se podían asegurar sus necesidades básicas.[32]
No obstante, ambos pronunciamientos reconocieron el apoyo solidario que se había manifestado de parte de la ciudadanía.

Teniendo conocimiento de las dificultades, y a pesar de no estar en total acuerdo con la forma de proceder de los coordinadores de la caravana, muchas organizaciones brindaron ayuda humanitaria y recibieron a los viajantes a lo largo del camino. El recuento de manifestaciones de hospitalidad está presente en muchas de las notas periodísticas y es uno de los aspectos que más rescatan quienes recibieron a la caravana.

 

  1. ZMG. El Refugio, una muestra de solidaridad

 El albergue El Refugio, en Tlaquepaque, Jalisco, es un ejemplo de la hospitalidad que se brindó a las personas migrantes durante el recorrido de la caravana. El padre Alberto Ruiz, responsable del albergue, estaba enterado de las dificultades logísticas que implicaba recibir a la caravana, ya que le había tocado recibirla en 2017. Su principal preocupación era el no tener capacidad para atender a un número tan grande de personas. No obstante, al leer una carta de la Conferencia del Episcopado Mexicano, manifestando el apoyo de los obispos,[33] se sintió alentado, tuvo fe y supo que, de alguna forma, se resolverían las necesidades materiales. Y así fue.[34]

El albergue de El Refugio[35] abrió sus puertas a las personas migrantes y refugiadas desde 2012. Está ubicado en el Cerro del Cuatro, una colonia popular, a unos 20 minutos de las vías del tren, en el tramo donde arriban los trenes que vienen de Irapuato. El albergue es parte de una comunidad muy dinámica y ha logrado fortalecer, poco a poco, su trabajo a favor de las personas migrantes. Antes de esta caravana, su trabajo no era tan conocido en la ciudad.

El padre Alberto Ruiz comenta que la atención que provocó Donald Trump, hizo que este año la caravana no pasara desapercibida —como en 2017—, y esto le ayudó a impulsar el trabajo que realiza en su barrio, ya que muchos vecinos se acercaron a apoyar, mostrando ese lado solidario de la comunidad inmediata al albergue. Un ejemplo que sorprendió al padre fue que, debido a que los baños eran insuficientes, los vecinos pegaron carteles en el albergue con la dirección de su casa, ofreciendo sus baños a los migrantes. “Fue una solidaridad que desbordó, espontánea”, menciona. También resalta que se lograron movilizar apoyos de diversos grupos, sobre todo de autoridades de gobierno estatal y municipal, que nunca antes se habían acercado.

Entre el 14 y el 19 de abril, al Albergue El Refugio le tocó atender a poco más de 700 personas que fueron llegando en grupos, en su mayoría migrantes de origen hondureño, pero también un importante número de salvadoreños, y en menor número, nacionales de Guatemala, México y otros países. También había un alto número de mujeres y menores, contrario a lo que generalmente se recibe en el albergue, por lo menos un grupo de 200.

El padre Alberto explica así la experiencia:

Rebasó todo lo que habíamos hecho. Pues yo nada más me encomendé a Dios, porque no tenía tanta comida. Le pedí a un amigo que me prepara cien pollos… les dimos la bendición y se multiplicaron
y todos comieron hasta saciarse. Esa fue la experiencia, que fue muy bonita, una gran bendición y una gran experiencia, ya que la gente se volcó a venir a traer ayuda de muchas partes, viendo en las redes sociales, en los medios de comunicación.

Aunque algunas personas tenían en mente quedarse en Guadalajara, incluso algunos que estaban solicitando la condición de refugiados, el sacerdote percibió que los “contagia el ambiente de la caravana” y todos prefirieron seguir con el grupo con la esperanza de poder cruzar a Estados Unidos. Fue así que casi 250 personas, menores, mujeres y personas enfermas se fueron en autobús hacia Mazatlán y el resto continuó en tren hacia Hermosillo.

  1. Frontera Norte. ¿El fin del trayecto?

Como ya se mencionó, hubo diversos desenlaces para los grupos que integraron la caravana. Desde Hermosillo, se tuvo una nueva negociación con el INM para otorgar diversos permisos o visas a las personas que no los tenían. Para ello, se realizó una huelga de hambre y esto tomó varios días. Otro grupo logró llegar en autobús a Mexicali y después a Tijuana.

En Tijuana, los organizadores convocaron a grupos de abogados y asesores especialistas en migración para revisar los casos de las personas que, finalmente, solicitarían asilo en Estados Unidos. A este llamado respondió Daisy Chávez, asistente legal de la Clínica Jurídica de Inmmigración de la Universidad Loyola de Los Ángeles, quien viajó a Tijuana con un grupo de compañeros para brindar el apoyo. Las tres personas que coordinaban a los voluntarios —los tres estadounidenses— dividieron a las personas en tres espacios de atención. En el que a ella le tocó, había alrededor de 150 migrantes. Comenta que realmente era desbordante la situación, porque eran muchas familias a las que había que asesorar y las condiciones no eran las ideales para dar la mejor atención. Las personas migrantes estaban muy cansadas, algunas no habían dormido y muchos niños venían enfermos.[36]

Su tarea consistió en explicar a los migrantes de qué se tratan las entrevistas de miedo creíble, que tienen que pasar todos los solicitantes de asilo. Estas entrevistas son muy delicadas porque se proporcionan datos sensibles que, en ocasiones, no son fáciles de compartir. Por otro lado, le llamó la atención la desesperación de algunas personas por cruzar a Estados Unidos, ya que le preguntó a un hombre que haría si no podía entregarse para solicitar asilo; él comentó: “si no puedo con la caravana, yo me voy por otro lado, pero yo tengo que pasar”.[37]

El día 30 de abril, las primeras personas pudieron ser recibidas por las autoridades migratorias en Estados Unidos para solicitar asilo. Para el 5 de mayo, los organizadores reportaban que 228 personas lo habían logrado y también daban cuenta de unas 100 personas más que se quedarían, por un tiempo, en Tijuana. Todavía el 7 de julio, a través de las redes sociales, se convocaba a una reunión de los caravaneros en Tijuana para próximas acciones de Pueblos Sin Fronteras.

 

  1. Algunas reflexiones

A lo largo del texto ya se han ido trazando algunas reflexiones sobre las posibles consecuencias o impactos de la Caravana 2018. Probablemente, lo más relevante se refleja en los recientes cambios en la política migratoria estadounidense. Como lo explica Daisy Chávez, lo que se oía diariamente en Estados Unidos de la caravana era todo negativo: que estaba llena de pandilleros y que México les estaba ayudando a pasar. Por tanto, se entiende que la caravana fuera utilizada por la administración Trump como pretexto para implementar las nuevas políticas migratorias restrictivas, como la separación de familias, la cual comenzó a aplicarse inmediatamente después de la movilización por México.

En cuanto a los impactos en México, Claudia León comenta que ya se percibe un aumento de la vigilancia en las vías, no solo en la frontera sur sino también en lugares como el centro del país. Incluso menciona la presencia ya no solo de guardias de seguridad privada sino de militares en zonas cercanas a la Estancia del Migrante en Tequisquiapan, Querétaro.

Sin duda, será muy complicado poder conocer el desenlace de lo que sucedió con cada una de las personas que participaron en las distintas etapas de la caravana, como para poder saber si la misma, realmente, benefició los proyectos migratorios que se tenían.

Bernardette Eguia comenta de algunos casos de personas que volvieron al sur de México para intentar recuperar sus trámites de refugio, pero también de otros que lograron llegar, de forma segura, a Ciudad de México y decidieron quedarse ahí porque corrían peligro en otras zonas.Por otra parte, vale la pena reflexionar acerca de la solidaridad y respuesta positiva de la sociedad en México. Como lo mencionó el padre Alberto, las amenazas de Trump ayudaron a visibilizar el tema y fortalecieron la respuesta de la ciudadanía. Sin embargo, es frecuente escuchar el argumento de que hay que apoyar a los migrantes a seguir su camino para que no se queden en México. Ante las dificultades y cambios que se vislumbran en las políticas migratorias regionales, hace falta abrir una reflexión profunda sobre la integración de las personas migrantes que han optado por quedarse en México.

Finalmente, como parte de sus propias reflexiones, Claudia León insiste en que no debe perderse de vista el problema de fondo, la gente tiene que viajar en tren o en estas caravanas, porque las condiciones para moverse por México, para las personas migrantes, son terribles. Esto se debe a que las políticas migratorias que tiene el país no corresponden a un enfoque de derechos humanos, de seguridad humana, es decir, no ponen a la persona migrante en el centro. Cada vez se ve más cómo las fronteras se van reforzando y cómo las políticas buscan tener un mayor control de la movilidad humana. En este contexto,
las caravanas no van a solucionar los problemas de fondo. Mientras las políticas no cambien, la crisis y la tragedia seguirá ocurriendo. Y a la par de este movimiento, la solidaridad siempre estará presente.

 

[*] Académica del Programa de Asuntos Migratorios (Prami) del Centro Interdisciplinario para la Formación y Vinculación Social del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Durante los últimos años, ha participado en el proyecto de investigación sobre comunidades trasnacionales de migrantes en Jalisco y sobre el acceso al derecho a la identidad para personas migrantes en retorno en la entidad, entre otros. Desde el Prami–ITESO ha colaborado en proyectos vinculados a la migración en tránsito, como por ejemplo el Complexus sobre Migración. Estudió Relaciones Internacionales en el Instituto Teccnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), es maestra en Migración Internacional por el Colegio de la Frontera Norte. Su tesis de maestría giró en torno al tema de las políticas públicas en Jalisco sobre migración y desarrollo. También tiene una maestría en Eurocultura, programa de Erasmus Mundus, con estancias en Polonia, España y Holanda. Su interés por explorar el tema de la migración desde el cine documental la ha llevado a colaborar en algunos proyectos audiovisuales relacionados con el tema, entre los que se encuentran DeNADIE, La Patrona y La cocina de las patronas.

[1].     La declaración fue recogida por parte de la autora a través de una entrevista realizada el 11 de julio de 2018.

[2].    El sitio oficial de la Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos puede consultarse en: https://movimientomigrantemesoamericano.org/category/caravana-de-madres-2017/

[3].    El sitio oficial de la Caravana de la Asociación de Migrantes Retornados con Discapacidad (Amiredis) puede consultarse en: https://www.facebook.com/amiredis/

[4].    Para mayor información acerca de la cuarta Carovane Migranti, se puede consultar el siguiente sitio: https://carovanemigranti.org

[5].    Animal Político. “Programa Frontera Sur: una cacería de migrantes”, en Animal Político, 2015. Recuperado el 10 de junio de 2018, de https://www.animalpolitico.com/caceriademigrantes/textoi.html

[6].    La política de tolerancia cero que genera la separación familiar en la detención es la más reciente.

[7].    Amnistía Internacional (AI). Víctimas invisibles. Migrantes en movimiento en México, 2010. Recuperado el 7 de junio de 2018, de https://amnistiainternacional.org/publicaciones/108-victimas-invisibles-migrantes-en-movimiento-en-mexico.html

[8].    Amnistía Internacional (AI). Ignoradas y sin protección. La mortal devolución de personas centroamericanas solicitantes de asilo desde México, 2018. Recuperado el 7 de junio de 2018, de https://www.amnesty.org/es/documents/amr41/7602/2018/es/

[9].    Amnistía Internacional (AI). ¿Hogar dulce hogar? El papel de Honduras, Guatemala y El Salvador en la creciente crisis de refugiados, 2016, p.9. Recuperado el 7 de junio de 2018, de https://amnistiainternacional.org/publicaciones/253-hogar-dulce-hogar-el-papel-de-honduras-guatemala-y-el-salvador-en-la-creciente-crisis-de-refugiados.html

[10].    Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Mexico Factsheet, febrero de 2017. Recuperado el 7 de junio de 2018, de http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/Mexico%20Fact%20Sheet%20-%20Februrary%202017.pdf

[11].    Ibidem.

[12].    Sin Fronteras. Evolución y retos del asilo en México. 20 años de asistencia legal e incidencia por las personas Refugiadas. Sin Fronteras, Ciudad de México, 2016. Recuperado el 7 de junio de 2018, de https://sinfronteras.org.mx/wp-content/uploads/2017/06/InformeAsilo_2016_WEB_02.pdf

[13].    Secretaría de Gobernación (Segob) & Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). Estadísticas 2013–2017, 2017. Recuperado el 7 de junio de 2018, de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/290340/estadisticas_2013_A_4TO_trimestre_2017.pdf

[14].    Ibidem.

[15].    Banco Bilbao Vizcaya BBVA Bancomer / Consejo Nacional de Población (Conapo). Anuario de migración y remesas. México 2016. Recuperado el 7 de junio de 2018, de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/109457/Anuario_Migracion_y_Remesas_2016.pdf

[16].    Amnistía Internacional (AI). ¿Hogar dulce hogar? El papel de Honduras, Guatemala y El Salvador en la creciente crisis de refugiados, op. cit.

[17].    Unidad de Política Migratoria. Prontuario sobre movilidad y migración internacional, Secretaría de Gobernación, 2016. Recuperado el 7 de junio de 2018, de http://politicamigratoria.gob.mx/es_mx/segob/Prontuario

[18].    Internacional (AI). ¿Hogar dulce hogar? El papel de Honduras, Guatemala y El Salvador en la creciente crisis de refugiados, op. cit., p.39.

[19].    El sitio oficial de Pueblos Sin Fronteras puede consultarse en: http://www.pueblosinfronteras.org

[20].   Para mayor información acerca de Pueblos Sin fronteras, también puede consultarse: https://www.facebook.com/PuebloSF/

[21].    Consúltese el sitio oficial de Pueblo Sin Fronteras en http://www.pueblosinfronteras.org

[22].   Pueblo Sin Fronteras. “Comunicado de prensa”, Pueblo Sin Fronteras, Tapachula, México, 23 de marzo de 2018. Recuperado el 8 de junio de 2018, de https://www.facebook.com/PuebloSF/photos/a.267391253287583.86521.214556975237678/2103600599666630/?type=3&theater

[23].   Las declaraciones fueron recogidas por parte de la autora a través de una entrevista realizada el 4 de julio de 2018.

[24].   Pueblo Sin Fronteras. “Video de arranque de caravana”, tomado del Facebook de Irineo Mujica, 23 de marzo de 2018. Recuperado el 8 de junio de 2018, de https://www.facebook.com/PSFCentromerica/videos/10213460072749526/?t=29

[25].   Semple, Kirk. “Así es la caravana migrante criticada por Trump”, en The New York Times, 5 de abril de 2018. Recuperado el 7 de junio de 2018, de https://www.nytimes.com/es/2018/04/05/caravana-trump-mexico/

[26].   Hernández, Samantta. “Trump enviará militares a la frontera con México ‘hasta que se tenga un muro’”, en Aristegui noticias, 3 de abril de 2018. Recuperado el 7 de junio de 2018, de https://m.aristeguinoticias.com/0304/mundo/trump-enviara-militares-a-la-frontera-con-mexico-hasta-que-se-tenga-un-muro/?utm_source=OneSignal&utm_medium=PushNotification&utm_campaign=Notificaciones

[27].   Secretaría de Gobernación–Secretaría de Relaciones Exteriores (Segob–SER). “Política migratoria no está sujeta a presiones: gobierno de México”, Comunicado Conjunto, 3 de abril de 2018. Recuperado el 8 de junio de 2018, de https://www.gob.mx/sre/prensa/politica-migratoria-no-esta-sujeta-a-presiones-gobierno-de-mexico

[28].   Llizaliturri, Arturo. “México también envía agentes armados a su frontera sur”, en Aristegui Noticias, 13 de abril de 2018. Recuperado el 9 de junio de 2018, de https://aristeguinoticias.com/1304/mexico/mexico-tambien-envia-agentes-armados-a-su-frontera-sur/

[29].   Red Todos los derechos para Todos y Todas. “Rechazo al envío de elementos de la Gendarmería Nacional a la frontera sur por Segob y gobierno de Chiapas”, Comunicado, 13 de abril de 2018. Recuperado el 8 de junio de 2018, de https://redtdt.org.mx/?p=10565

[30].   Para mayor información, puede consultarse el sitio en Facebook “Latinoamérica sin muros”, en su publicación del 3 de abril de 2018. Recuperado el 7 de junio de 2018, de https://www.facebook.com/LatinoamericaSinMuros/

[31].    Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes. “Caravana 2018, Viacrucis Migrantes en Lucha”, Comunicado, 19 de abril de 2018. Recuperado el 8 de junio de 2018, de https://www.facebook.com/cammigrante/photos/pcb.2050681811869438/2050679888536297/?type=3&theater

[32].   Ortiz, Guillermo. Comunicado, Arquidiócesis de Cuautitlán, 14 de abril de 2018. Recuperado el 8 de junio de 2018, de http://diocesisdecuautitlan.org.mx/2018/04/14/comunicado/. Guillermo Ortiz es el obispo de Cuautitlán y el encargado de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana.

[33].   Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM). “Por la dignidad de los migrantes”, Comunicado, 7 de abril de 2018. Recuperado el 7 de junio de 2018, de http://www.cem.org.mx/prensa/1597-por-la-dignidad-de-los-migranteS.html

[34].   Esta declaración del padre Alberto Ruiz y otras, citadas en este artículo, fueron recogidas por parte de la autora a través de una entrevista realizada el 29 de junio de 2018.

[35].   Para mayor información acerca del Albergue El Refugio, puede consultarse el siguiente sitio: https://www.facebook.com/elrefugiogdl/

[36].   Esta declaración de Daisy Chávez y otras, citadas en este artículo, fueron recogidas por la autora a través de una entrevista realizada el 29 de junio de 2018.

[37].   Ibidem.

#NoSonTresSomosTodos: jóvenes, las principales víctimas de desaparición en México

Darwin Franco Migues[*]

 

Resumen: 42% de todos los desaparecidos en el país son jóvenes de entre los 14 y 29 años de edad. En México, oficialmente, se reconoce la existencia de 36 mil 265 personas desaparecidas;[1] de estas, 15 mil 445 son jóvenes a los que se les desaparece, principalmente, por motivos económicos, ya que muchos están siendo utilizados por el crimen organizado en trabajos forzados de diversa índole. En este texto, se exploran algunas de estas causas, teniendo como centro la desaparición de los estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV) y el contexto de la desaparición de jóvenes en Jalisco.
Palabras clave: desaparición, desaparición forzada, jóvenes, violencia y narcotráfico.

Abstract: 42% of the forced disappearances in the country are young people between the ages of 14 and 29. In Mexico, official figures recognize the existence of 36,265 people who have been forcibly disappeared; of these, 15,445 are young people, disappeared primarily for economic reasons, many being used as forced labor by organized crime. This text explores some of the causes, with a focus on the disappearance of the students from the Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV) and the overall context of the disappearance of young people in Jalisco.
Key words: disappearance, forced disappearance, young people, violence and drug trafficking.

 

Javier Salomón Aceves Gastélum (27 años), Marco Francisco García Ávalos (20 años) y Jesús Daniel Díaz García (20 años), todos estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV) fueron desaparecidos el 19 de marzo de 2018 en el municipio de Tonalá, Jalisco. Su desaparición generó una serie de inéditas manifestaciones en Jalisco (12 marchas en un lapso de 27 días), lo cual propició que la sociedad civil se apropiara y rebautizara la Glorieta de los Niños Héroes[2] como la Glorieta de las y los Desaparecidos de Jalisco.

La desaparición de estos tres jóvenes colocó, nuevamente en la escena mediática y periodística nacional, a los jóvenes como la principal víctima de desaparición, lo cual no se había manifestado con tanta fuerza desde la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, Guerrero.

Las manifestaciones generadas tras la desaparición de los tres estudiantes del CAAV generaron una consigna específica #NoSonTresSomosTodos, frase icónica con la que miles de jóvenes se reconocieron quizá por vez primera como posibles víctimas de una desaparición, y mediante la cual expresaron que los tres jóvenes cineastas representaban apenas una parte de los miles de jóvenes que, como ellos, no han logrado regresar a casa con sus seres queridos.

Cuando los ánimos de exigencia de justicia y aparición con vida se encontraban en su punto más álgido, la Fiscalía General de Jalisco, el 23 de abril de 2018, ofreció una rueda de prensa que resultó ser lapidaria para las esperanzas de todos aquellos que salieron a las calles a exigir la localización de Javier Salomón, Marco Francisco y Jesús Daniel, ya que en esa primer comunicación oficial tras la desaparición de los estudiantes, se aseguró, sin pruebas científicas concluyentes, que estos habían sido asesinados por integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que sus cuerpos habían sido disueltos en ácido para borrar la evidencia del crimen.

La autoridad aseguró que había llegado a tales inferencias a través de 400 entrevistas, 15 cateos en diversos domicilios y la confesión directa de dos de los ocho responsables de los hechos;[3] la Fiscalía General de Jalisco aseguró que la desaparición de los jóvenes sucedió debido a una confusión, pues el lugar en donde estos realizaban una filmación escolar, el día de su desaparición, había fungido como casa de seguridad del Cártel de la Nueva Plaza (grupo que se creó tras una escisión del CJNG en la zona), específicamente de Diego Gabriel Mejía Oliden, detenido el 15 de julio de 2015 tras habérsele localizado, en ese domicilio, armas y droga.

A pesar de este hecho, el domicilio no fue incautado o asegurado por la autoridad, pues en 2016 fungió como domicilio del Centro Especializado en Conductas y Adicciones para Jóvenes y Adolescentes (CECAAJ), tal y como puede apreciarse en su página de Facebook,[4] en la cual aparece poca información sobre este centro; sin embargo, su dirección y las fotografías colocadas ahí coinciden con lo presentado en las indagatorias de la Fiscalía General de Jalisco.

Este domicilio, a decir de la autoridad, era propiedad de Mejía Oliden, sin embargo, este utilizaba prestanombres para acreditar la propiedad; uno de ellos era Edna, tía de Javier Salomón Aceves Gastélum, hoy detenida y consignada por lenocinio tras haberse comprobado la existencia de este delito en las estéticas masculinas de las que esta era dueña o administradora. La Fiscalía aseguró que algunas de estas estéticas eran propiedad de la pareja sentimental de Mejía Oliden.

Edna fue quien había facilitado a los estudiantes del CAAV el domicilio para grabar su tarea escolar; sin embargo, los estudiantes desconocían que este estaba siendo vigilado por integrantes del CJNG, quienes pensaban que Mejía Oliden podría regresar ahí; no obstante, la Fiscalía, específicamente, señaló que era un domicilio vigilado y que los estudiantes tuvieron la mala fortuna de encontrarse en un lugar de “alto riesgo”.

Cuando los estudiantes salieron de este sitio, se trasladaron por el nuevo Periférico Oriente, entre el kilómetro 19 y 20, uno de los vehículos en los que viajaban tuvo una avería, lo que provocó que los estudiantes se detuvieran a un costado del camino; ahí fueron interceptados por sus captores, quienes luego se someterlos a todos, solo se llevaron a Javier Salomón, Marco Francisco y Jesús Daniel.

Los tres jóvenes, según confesaron los detenidos Gerardo N. y Omar N., fueron trasladados a una casa de seguridad ubicada en la calle Lechuza, en la colonia Pinar de Las Palomas en Tonalá, donde fueron golpeados y torturados para obtener información del por qué estaban en el primer domicilio y qué información tenían de sus rivales. Ninguno de los jóvenes tenía vinculación con la delincuencia.

En esa casa de seguridad, los estudiantes fueron golpeados, razón por la cual se encontraron allí rastros hemáticos que resultaron positivos con la información genética de Marco Francisco, Jesús Daniel y Javier Salomón. Los hoy procesados por el delito de privación de la libertad (no por el de desaparición) también confesaron que de ese lugar los estudiantes fueron trasladados a una segunda casa de seguridad ubicada en Amapola, colonia Rancho de la Cruz, también en Tonalá, donde, aparentemente, fueron asesinados y sus cuerpos disueltos en ácido.

En dicho lugar, la Fiscalía aseguró haber localizado 46 tinacos y 56 litros de ácido sulfúrico, comúnmente utilizado por la delincuencia para disolver cadáveres; sin embargo, esta instancia no presentó los resultados de los análisis forenses realizados a los restos biológicos localizados en dichos tinacos o en las tuberías del domicilio; sus “inferencias lógicas”, basadas en la declaración de los detenidos y en los hallazgos localizados en el lugar, les hizo concluir que los estudiantes pudieron tener este triste final, así lo precisó Elizabeth Torres, encargada de la investigación.

Lo cierto es que, hasta la redacción de este texto,[5] no se han presentado los resultados de las confrontas entre el material genético localizado en los tinacos donde aseguraron existían restos humanos en estado graso y las muestras de ADN otorgadas por las familias de los estudiantes. La aseveración de que los cuerpos de los estudiantes fueron disueltos en ácido sigue siendo algo que la Fiscalía General de Jalisco no ha logrado sostener científicamente, aunque sí logró, de manera efectiva, colocar en el espacio público–mediático una narrativa en donde “los estudiantes fueron privados de su libertad con la finalidad de quitarles la vida para posteriormente disolver sus cuerpos en ácido”.

Tras la difusión y publicación de esta verdad histórica se desarticuló, paulatinamente, la protesta social, a tal punto que hoy, en el imaginario social, se comparte la idea de que los tres jóvenes no están desaparecidos sino muertos. Sus familias, sin embargo, insisten en que no aceptarán la versión de las autoridades en tanto estas no presenten todas las pruebas forenses que les permitan saber que, en efecto, la vida de sus hijos fue totalmente desaparecida tras la acción criminal.

¿Es posible que un grupo de la delincuencia organizada pueda en Jalisco desaparecer, asesinar y exterminar todo el rastro de humanidad de una persona en total impunidad? Sí, es posible, y es algo que hemos padecido en más de una ocasión desde que el Cártel de Jalisco Nueva Generación surgió en el año 2007; sin embargo, afirmar que esto fue lo que les ocurrió a Javier Salomón Aceves Gastélum, Marco Francisco García Ávalos y Jesús Daniel Díaz García, estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales, desaparecidos desde el 19 de marzo, no resulta creíble porque los resultados de las investigaciones presentadas por la Fiscalía General de Jalisco, a más de un mes de la desaparición, se sustentaron en “inferencias lógicas”, pero no en pruebas científicas que permitan tener certeza de que los cuerpos de los jóvenes fueron disueltos en ácido el mismo día en que sucedió su desaparición.

La desaparición de Javier Salomón, Marco Francisco y Jesús Daniel es, lamentablemente, uno de los tantos casos de desaparición que ocurren en Jalisco. De hecho, durante el mes en que estos fueron desaparecidos, en la Fiscalía General de Jalisco se presentaron 383 denuncias por desaparición,[6] las cuales no solo siguen impunes sino que se ignora el paradero de los desaparecidos por las pocas o nulas acciones de búsqueda que la autoridad realiza para encontrarlos.

 

  1. Ser joven y desaparecer en México

En México, oficialmente, se reconoce la existencia de 36,265 personas desaparecidas, de las que 15,445 son jóvenes; esto significa que 42% de todos los desaparecidos del país tienen entre 14 y 29 años. De estos jóvenes desaparecidos, 10,104 son hombres y 5,341 mujeres (véase la figura 10.1).

En México, toda una generación nacida entre 1990 y 2014 se ha convertido en la principal víctima de desaparición. Estados como Tamaulipas (2,128 jóvenes desaparecidos), Estado de México (1,763), Jalisco (1,403), Sinaloa (1,324), Nuevo León (1,231), Puebla (1,069) y Chihuahua (923) conjuntan 63% de todas las desapariciones de jóvenes (véase figura 10.2).

Pero, ¿por qué o, mejor dicho, para qué se desaparece a los jóvenes en México? Las aristas no solo son complejas sino también múltiples y dependen de diversos factores como:

  1. La zona en donde ocurre la desaparición.
  2. El género del desaparecido.
  3. Las autoridades que gobiernan en ese estado o municipio.
  4. El grupo de la delincuencia organizada que domina el territorio donde un hombre o mujer joven fueron desaparecidos; no porque los jóvenes tengan vinculación con el narcotráfico sino porque son las actividades delincuenciales del crimen organizado las que generan y propician las desapariciones en la mayoría de los casos con la colusión de las autoridades municipales, estatales y federales.

Buscaré explicar esto en el estado donde he dedicado más de seis años a investigar las desapariciones: Jalisco.[7] Este estado ha estado bajo el dominio y terror del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)[8] desde el año 2007; este grupo criminal —que surgió, creció y se consolidó en plena “guerra contra el narcotráfico”— posee un dominio territorial sectorial, es decir, tiene encargados regionales que realizan no solo las tareas de control sino también las de producción y trasiego de droga, principalmente metanfetamina. Este control incluye tanto la protección del territorio de grupos rivales como las relaciones de colusión y corrupción que se establecen con autoridades estatales y municipales, así como la comisión de delitos como extorsión, desaparición y homicidios.

A lo largo de las 13 regiones geográficas en las que se divide Jalisco, el CJNG ha logrado diversificar tanto sus actividades ilícitas, que la mano de obra que requieren para funcionar como la maquinaria trasnacional que son, resulta incuantificable; ahí es donde existe una explicación del porqué son los jóvenes, más que cualquier otra población, a quienes más se les desaparece; su fuerza laboral es, para esta organización criminal, un bien invaluable que se requiere para:

  1. El funcionamiento de la trata de blanca y el comercio sexual.
  2. La siembra de marihuana y / o amapola.
  3. La producción química de drogas sintéticas.
  4. El trasiego de la droga.
  5. Las labores de sicariato dentro y fuera del territorio dominado.
  6. La extracción ilegal de minerales, principalmente hierro, para ser intercambiados en el mercado negro por los precursores químicos que usan para elaborar metanfetamina.

Existe, sin embargo, una última desaparición que implica la deshumanización del cuerpo y la disolución de la dignidad humana como si se trataran, las y los desaparecidos, de cuerpos desechables en el marco de una “economía de muerte”,[9] donde las personas: “ya no se conciben como seres irreemplazables, inimitables e indivisibles, sino que son reducidas a un conjunto de fuerzas de producción fácilmente sustituibles”,[10] ya sea que se usen como fuerza laboral forzada o estafetas de un mensaje de terror y poder.[11]

A continuación, se presentan algunas historias[12] que dan cuentan y, a la vez confirman la desaparición de jóvenes en Jalisco para el trabajo forzado en el marco de una economía de muerte impulsada por la necropolítica y capitalismo gore.

Juan, de 19 años, es originario de la región serrana de Jalisco. Sus labores cotidianas se dividían entre el negocio familiar y sus estudios, hasta el día en que fue desaparecido, junto con otros jóvenes, en el municipio de San Gabriel. Él permaneció poco más de tres años en grandes sembradíos de amapola que el CJNG posee en la serranía jalisciense hasta el día en que una distracción de sus captores le permitió escapar. Corrió durante tres días, vivió trepado en la copa de un árbol otros dos; tenía miedo de ser descubierto, ya que sabía que la muerte era lo que le esperaba; así les pasó a otros jóvenes que pelearon por su libertad. Hoy, sus cuerpos están en las fosas clandestinas que alguna vez Juan tuvo que cavar para enterrar a quienes, como él, solo fueron desaparecidos para satisfacer la producción de amapola de la organización criminal.

Otra historia de terror fue la que vivió Luis, de 21 años, quien acudió a una cita de trabajo en el municipio de Tala. La falta de oportunidades y recursos lo hizo trasladarse a este municipio para obtener el empleo que le permitiría seguir estudiando. Todo pintaba bien, el empleo era atractivo y se lo habían otorgado; el problema surgió cuando le dijeron que antes de regresar a casa lo llevarían a conocer “la empresa de seguridad”; él aceptó ir, fue ahí cuando se le desapareció.

Estos empleos como guardia de seguridad resultaron ser la fachada para los campos de adiestramiento forzado que el CJNG posee en diversos puntos de Jalisco; ahí llegan decenas de jóvenes para ser entrenados en el manejo de armas y convertirse, así, en la primera línea de choque que el cártel usa en su combate contra grupos enemigos o elementos del estado. La amenaza directa es que si no hacen lo que les dicen, asesinarán a su familia.

Luis sabía que les había entregado todos los datos para localizar a su familia cuando se presentó en “la entrevista de trabajo”. Más de dos años vivió siendo un sicario a las órdenes de la organización criminal; como él, muchos otros jóvenes eran obligados a matar y desaparecer. Sus vidas, para el cártel, eran y son desechables.

La historia de Luis se inscribe en estas lógicas de muerte que Sayak Valencia[13] ha construido para explicar que, hoy en día, México está subsumido en un proceso de narcoempoderamiento donde lo que trasforma todo contexto o situación no es la posibilidad de acción o autopoder sino el alto grado de vulnerabilidad y / o subalternidad que se configura a través de “acciones distópicas y de auto–afirmación perversa logradas por medio de prácticas violentas”.[14] El narco–poder como una de las máximas expresiones de un capitalismo gore donde “la muerte se ha convertido en el negocio más rentable”.[15]

Joaquín, de 18 años, refleja de manera clara este narcoempoderamiento, ya que fue víctima de la barbarie que impera en las lógicas del narco–poder. A él, no se le desapareció para forzarlo a realizar ningún trabajo solo se le desapareció para utilizar su cuerpo como mensaje. Días después de que este y sus compañeros, todos trabajadores de la construcción, fueran desaparecidos de la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan, sus cuerpos torturados fueron hallados sin vida el 24 de noviembre de 2011 debajo de la obra escultórica “Los Arcos del Milenio”, ubicada en la ciudad de Guadalajara. Su desaparición y muerte solo se redujo a ser el medio para que Los Zetas mandaran un mensaje en contra del CJNG.

Esta violencia “fantasmagórica, ilocalizable y difusa”, que opera desde lo que Rossana Reguillo[16] ha denominado la narcomáquina, dispositivo de violencia que apuesta por la disolución de lo humano a través del ejercicio constante del miedo y el terror que se ejerce desde el crimen organizado, es, lamentablemente, una de las constantes que más acecha a los jóvenes tanto en Jalisco como en todo el país.

Juan, Luis y Joaquín son víctimas de esta narcomaquinaria que hace difícil entender el origen real de esta violencia, pues no es posible ejercer el narco–poder, como sostienen Reguillo y Valencia, sin la vinculación o colusión de la maquinaria institucional que, dadas las condiciones históricas de la primera (la narco–máquina), terminan haciendo, casi siempre, nebulosa la diferenciación entre la violencia criminal y la violencia política.[17] Esta narcomaquinaria y su necropolítica no solo definen qué cuerpos son desechables sino también precisan cuáles podrían ser reutilizables y bajo qué condiciones podrían serlo, ya sea para ser el medio de un mensaje de terror o formar parte de la red de trata de personas que, igualmente, es operada por los diversos cárteles del narcotráfico en sus territorios.

Ana, de 16 años, solo fue desaparecida porque “era muy bonita”, eso le dijeron sus captores. Pasó varios meses en casas de seguridad del CJNG para luego ser trasladada a diversos burdeles que el mismo cártel opera. Ana tardó cuatro años para pagar su libertad. En México, existen 9,327 mujeres desaparecidas; 5,341 (57%) son jóvenes que, como Ana, podrían ser una de las 21,000 mujeres que cada año son víctimas de trata.[18]

A manera de conclusión

Las historias aquí descritas, lamentablemente, continúan sucediendo porque esto que pasa en Jalisco forma parte del modus operandi de la mayoría de grupos criminales de México, ya que se integran a las políticas y estrategias económicas trasnacionales de producción y tráfico de drogas en las cuales, como sostiene Valencia,[19] se generan estados de excepción donde el capitalismo gore usa a la violencia como principal articulador del poder y terror causado no solo a los cuerpos violentados sino también sobre todos aquellos que se conciben como posibles mercancías a las cuales se les puede desaparecer y / o asesinar con fines económicos y / o de control territorial.

De ahí, que la desaparición sea un delito que se emplea como una estrategia de terror, pero también como una forma moderna de esclavitud donde los jóvenes son las principales víctimas, ya sea por su fuerza laboral o capacidad de ser moldeable, utilizable y reutilizable en la infinidad de delitos que los cárteles del narcotráfico controlan dentro y fuera de México.

La única posibilidad de cambio para revertir esta brutal situación es la articulación de esfuerzos, pues lo que hombres y mujeres jóvenes están viviendo actualmente en México es un crimen de lesa humanidad que debe ser nombrado y denunciado local, nacional e internacionalmente, porque en tanto no hagamos algo por revertir esta situación, desapariciones como las de Javier Salomón, Marco Francisco, Jesús Daniel Díaz García (estudiantes del CAAV), Juan, Luis, Joaquín y Ana seguirán ocurriendo a la par de las narrativas gubernamentales y mediáticas con las que se intentan minimizar sus desapariciones y criminalizar sus identidades, lo cual eclipsa siempre la figura del narcotráfico como articulador de este delito y la del estado como instancia que, por acción, inacción, colusión u omisión, le permite realizarlo.

 

[*] Es doctor en Educación y maestro en Comunicación Social por la Universidad de Guadalajara. Profesor e investigador del Departamento de Estudios en Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara, profesor del Departamento de Estudios Socioculturales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México. Correo electrónico: micorreoformal@hotmail.com

[1].     Puede consultarse el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas en: https://rnped.segob.gob.mx/

[2].    Esta glorieta está ubicada en los cruces de las avenidas Niños Héroes y Chapultepec. En esa misma glorieta sucedió, en 2013, la primera manifestación de familiares de desaparecidos en Jalisco.

[3].    Hasta el 25 de junio de 2018 había cinco personas detenidas por estos hechos.

[4].    Dicho sitio de Facebook puede consultarse en: https://www.facebook.com/Cecaaj/?ref=page_internal

[5].    26 de junio de 2018.

[6].    Oficio de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de Jalisco: FG / UT / 1035 / 2018.

[7].    Jalisco es cuna del narcotráfico en México, pues aquí surgió durante la década de los años ochenta, uno de los primeros cárteles de la droga, el otrora Cártel de Guadalajara. Jalisco, hasta el 30 de abril de 2018, es el segundo estado en México con mayor número de personas desaparecidas, con 5,728.

[8].    De acuerdo con informes de inteligencia, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene presencia en 22 de los 32 estados de México; además es uno de los principales distribuidores de metanfetaminas en Europa y Asia.

[9].    Mbembe, Achille. Necropolítica, Melusina, Madrid, 2011.

[10].    Ibidem, p.15.

[11].    Tal y como la Fiscalía General de Jalisco buscó establecer en relación con la desaparición de los estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales, CAAV.

[12].    En estas historias los nombres de los jóvenes fueron cambiados por cuestión de confidencialidad y seguridad. Estas entrevistas personales sucedieron entre 2015 y 2017, producto de mi actividad periodístico–académica.

[13].    Valencia, Sayak. Capitalismo gore. Control económico, violencia y narcopoder, Paidós, Barcelona, 2016.

[14].    Ibidem, p.31.

[15].    Ibidem, p.26.

[16].    Reguillo, Rossana. “La narcomáquina y el trabajo de la violencia: Apuntes para su decodificación”, en E–misférica 8.2 #narcomáquina, 2011. Recuperado el 29 de agosto de 2018, de http://hemisphericinstitute.org/hemi/es/e-misferica-82/reguillo

[17].    Robledo, Carolina. “El laberinto de las sombras: desaparecer en el marco de la guerra contra las drogas”, en Estudios Políticos, núm.47, 2015, pp. 89–108.

[18].    Hispanics in Philanthropy (HIP). La trata de personas en México. Una mirada desde las organizaciones civiles. Senado de la República, México, 2017. Recuperado el 29 de agosto, de http://www.senado.gob.mx/comisiones/trata_personas/docs/trata.pdf

[19].    Valencia, Sayak, op. cit.

Enrique Peña Nieto y la crisis de seguridad que hereda

Elda Magaly Arroyo Macías[*]

 

Resumen: la estrategia de seguridad del gobierno de Enrique Peña Nieto fue solo en el discurso, pues lejos de aminorar la violencia, permitió que la inseguridad creciera aún más que con Felipe Calderón, convirtiéndose en una de las principales deudas que deja con los mexicanos. La casi desaparición de la investigación criminal y la falta de continuidad en los trabajos de prevención social, así como el escaso seguimiento al nuevo modelo de justicia son solo algunos de los factores que incidieron en su fracaso.
Palabras clave: estrategia, continuidad, violencia, homicidios, crimen, México.

Abstract: The security strategy of Enrique Peña Nieto’s cabinet was all talk: far from diminishing violence, he allowed insecurity to grow even more than Felipe Calderón did. Public insecurity is one of the main outstanding debts that he leaves unpaid. The enfeeblement of criminal investigation, the lack of continuity in social prevention initiatives, and weak follow-through on the new model of justice are just some of the factors that ensured the failure of his leadership.
Key words: strategy, continuity, violence, murders, crime, Mexico.

La incertidumbre política quedó atrás y México, a partir del 1 de diciembre de 2018, tendrá como presidente de la república a Andrés Manuel López Obrador, calificado como un progresista. El cambio de proyecto de nación se anuncia con gran expectativa en diferentes rubros, sobre todo en la economía y la educación, con contrarreformas en puerta, reconciliaciones y otras medidas que se plantean desde un escenario en el que el Poder Ejecutivo contará con un fuerte respaldo del Legislativo.

Pero qué pasa con la seguridad. ¿Cuáles son las condiciones del país en el tema que más preocupa a los mexicanos? ¿La estrategia implementada por el saliente Enrique Peña Nieto fue la correcta? ¿Se logró contener la crisis de seguridad que se generó durante la gestión de Felipe Calderón? ¿Se redujo la violencia provocada por las organizaciones criminales? ¿Se justifica la aprobación de una polémica Ley de Seguridad Interior? ¿Cuáles son los pendientes que tendrá que resolver el nuevo gobierno?

Este análisis tiene como finalidad dar respuesta a estos y otros cuestionamientos, haciendo una revisión cronológica de los hechos de seguridad más relevantes que se registraron durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto (2012–2018), así como una observación de los indicadores y objetivos que se plantearon desde el gobierno federal.

 

  1. La estrategia

En 2012, luego de resultar ganador en las elecciones presidenciales, Enrique Peña Nieto dejó en claro que, a diferencia de su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa (2006–2012), no enfrentaría a las organizaciones criminales de manera frontal sino que su gobierno trabajaría para reducir la violencia con base en seis líneas de acción:

  1. Planeación.
  2. Prevención.
  3. Protección y respeto a los derechos humanos.
  4. Coordinación.
  5. Trasformación institucional.
  6. Evaluación y retroalimentación.

En ese momento, la promesa de disminuir los homicidios dolosos resultaba atractiva, pues la “guerra contra el narco”, que emprendió su antecesor, dejó como saldo 121,683 muertes violentas, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).[1] La violencia estaba desbordada en todo el país e “imperó el luto, el dolor e incluso el terror en amplios sectores debido a las miles de personas asesinadas, desaparecidas, desplazadas, exiliadas, torturadas, extorsionadas, víctimas directas o indirectas de la violencia”, según el informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez sobre ese sexenio.[2]

Los cambios comenzaron, y entre las primeras acciones del gobierno de Peña Nieto estuvo la reorganización del país en cinco regiones geográficas para focalizar los recursos de las fuerzas policiales (véase la figura 9.1).

  1. Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora.
  2. Noreste: Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.
  3. Occidente: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas.
  4. Centro: Ciudad de México, estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
  5. Sureste: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz.

De manera paralela, se hizo un ajuste en la estructura orgánica y a partir del 2 de enero de 2013, a doce años de su creación, desapareció la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para dar paso al Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), que en conjunto se encargarían de formular y ejecutar las políticas, programas y acciones para garantizar la seguridad de los mexicanos.

Con un nuevo enfoque de proyecto y la exhibición pública de casos en los que agentes federales se vieron coludidos con grupos del narcotráfico, la existencia de la SSP ya no tenía razón de ser, pues había sido creada como el ente articulador entre las fuerzas federales en el combate a la delincuencia organizada, así como del resguardo de áreas públicas en espacios federales, como los aeropuertos y las fronteras.

Durante el periodo de campaña, Peña Nieto también planteó la creación de una policía militarizada, basada en el modelo aplicado en Francia y Chile. El 12 de febrero de 2013, anunció que Manuel Mondragón y Kalb sería el titular de dicha corporación, la cual sería adiestrada por la Gendarmería Nacional Francesa, destinándose para ello un presupuesto millonario. Oficialmente, el 16 de septiembre de 2013, coincidiendo con el desfile de las fuerzas armadas, inició sus operaciones la Gendarmería Nacional, integrada por cinco mil efectivos.

Hasta este punto, la estrategia parecía ser la correcta: planeación, coordinación y trasformación, al menos en esencia, de administración pública, pues la reorganización estructural de las instituciones era imperante, ya que las vinculaciones de altos funcionarios con líderes de los cárteles había puesto en entredicho la honorabilidad de las corporaciones. Además, la distancia con la ciudadanía por los “daños colaterales” era abismal, por lo que era necesario recuperar la confianza de una sociedad que no solo estaba herida sino que se desangraba.

Emprender el camino de la planeación es fundamental en el ámbito de la seguridad pública, pues esto permite diseñar un plan a futuro, con objetivos claros y metas coherentes que se traduzcan en beneficios para la ciudadanía. Ninguna corporación de seguridad puede o debe funcionar sin un plan estratégico, ya que este es el que dicta la ruta de sus intervenciones y la intensidad de los recursos que se destinarán. Sin embargo, para que la estrategia sea eficaz debe ser evaluada y retroalimentada periódicamente, para realizar los ajustes que sean necesarios y replantearse el camino rumbo al cumplimiento de los objetivos.

Apostar por la prevención social es el camino ideal para mejorar la seguridad, pero se debe entender que es un camino largo, en donde la continuidad es vital, pues no se trata solamente del cumplimiento del marco legal y las promesas de campaña sino que las causas de la violencia son multifactoriales y comienzan desde el ámbito local, por lo que se les debe dar estricto seguimiento, de ahí la importancia de las policías municipales, cuyas labores son preventivas. Pero las corporaciones policiales no pueden solas en este trabajo, la prevención inicia desde el seno familiar con el fomento de los valores, el respeto y una mejor calidad de vida.

Para la administración de Peña Nieto, el tema de la prevención se tocó, prácticamente, solo en el discurso, pues se anunció que se enfocarían los recursos públicos en la atención de las causas del fenómeno delictivo, a través de programas transversales, y en 2013, se dio a conocer que se haría una inversión de 115,600 millones de pesos, además de la creación de fondos especiales para este rubro.

La organización México Evalúa analizó el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia,[3] el cual depende directamente de la Segob, concluyendo que si bien significaba un avance importante en la materia, no contaba con una metodología clara sobre cómo elegir a los municipios a los cuales se les entregarían los recursos, porque los diagnósticos no recababan evidencia ni tampoco se presentaban indicadores para medir la efectividad de los proyectos a los que se destinaba el dinero. En términos de planeación, este tipo de información es relevante, porque de lo contrario no se puede tener una retroalimentación y evaluación de las políticas públicas.

El plan de prevención destinaba recursos a proyectos que combatieran los factores de riesgo en 57 demarcaciones prioritarias, seleccionadas por los altos índices delincuenciales. Esta fue la principal inconsistencia que encontró México Evalúa, pues los municipios seleccionados fueron aquellos que enfrentaban las consecuencias de la violencia, no en los cuales había factores de riesgo para la población, como alto índices de marginación. Además, tampoco quedó claro o se sustentó el por qué destinar recursos a rubros como clases de zumba o la creación de huertos comunitarios, contribuían a disminuir las condiciones de violencia.

El flujo de recursos también dejó en claro la relevancia que tenía para la administración de Peña Nieto el tema. En 2013, el Presupuesto de Egresos contempló que el Programa Nacional de Prevención del Delito debía recibir 2,595 millones de pesos. Ese mismo año, el gasto destinado por el gobierno federal a publicidad oficial ascendió a 8,154 millones de pesos.[4] En 2014, se mantuvo igual el recurso para la prevención del delito, y para 2015 hubo un ligero incremento al destinarse 2,683 millones de pesos. Durante esos dos años, el gasto en comunicación social sumó 17,408 millones de pesos.[5] Para 2016, se evidenció que la “apuesta” por la prevención cambió, ya que se recortaron los recursos, al contemplarse solo 2,015.3 millones de pesos para este tema. La peor parte de la historia se contó en 2017, cuando no se otorgaron recursos, dejando el presupuesto de este programa en cero, mientras que para 2018, el gobierno de Enrique Peña Nieto consideró que 300 millones de pesos eran suficientes para la prevención del delito (véase figura 9.2). No pasó igual con el recurso destinado a publicitar los logros del gobierno federal, cuyo acumulado superó los 35 mil millones de pesos de 2013 a 2017.[6]

Esta falla en la estrategia de seguridad de Peña Nieto es evidente y significativa, pues si el fenómeno delictivo no se atiende, desde la prevención y como prioritario, es natural experimentar un dramático ascenso en la macrocriminalidad. A menor prevención, mayor inseguridad.

Pero ese no fue el único error en la ejecución de una estrategia que lucía prometedora. La Gendarmería Nacional fue creada para buscar un consenso para la consolidación del mando único en las policías estatales, lo cual evidentemente no se logró. Además, se argumentó que esta nueva agrupación tendría como objetivo la reducción de homicidios, secuestros y extorsiones. Tampoco sucedió.

La extrapolación de políticas públicas no es mala, siempre y cuando se haga un serio análisis de las condiciones locales. En el caso de la Gendarmería Nacional, este modelo de policía militarizada es un híbrido entre la gendarmería francesa y la guardia civil española; es decir, una mezcla que debe atender situaciones de seguridad en ambientes rurales y urbanos, pero que no fue muy bien vista por las fuerzas castrenses del país, que exigían que al tratarse de una policía militar fuese, precisamente, uno de sus miembros quien encabezara la nueva agrupación y no Mondragón y Kalb, pese a su formación en la Armada.

El número de elementos también es un hándicap. Los cinco mil miembros de la Gendarmería Nacional no son suficientes para abarcar el territorio nacional. Su presencia, originalmente, representaba un refuerzo de las fuerzas federales a las policías locales, sin embargo, buena parte de esos elementos se concentraron en la frontera norte del país para robustecer la vigilancia en la zona.

Como consecuencia, los resultados de la gendarmería no fueron los esperados, pues la tendencia de homicidios se mantuvo, así como el secuestro y la extorsión (véanse las figuras 9.3 y 9.4).

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, considerado como el autor de la estrategia frontal ante el narcotráfico, publicó el libro Seguridad con bienestar, en el cual critica el desempeño de los funcionarios de Peña Nieto, principalmente, por haber desaparecido la SSP, así como porque “se dejó de invertir en equipo de cómputo, servidores y licencias de software para la carga, resguardo, procesamiento y análisis de datos, voz e imagen de las bases de datos a nivel municipal, estatal y nacional, y se abandonaron los sistemas para las tareas de seguridad pública en todo el territorio nacional”,[7] lo que habría favorecido un aumento de la actividad de los cárteles del narcotráfico.

Los señalamientos a la estrategia de seguridad de Peña Nieto también vinieron del sector empresarial, pues Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), declaró que “bajo ninguna manera podemos prestar oídos sordos y ojos ciegos ante una realidad que nos preocupa. El buen gobierno se construye ratificando las políticas exitosas de instrumentación y también reconociendo los errores cuando se cometen. Y en materia de seguridad, esta administración se ha equivocado una y otra vez”.[8]

Los errores fueron evidentes y la falta de continuidad es la constante, pues no se mantuvo el plan de prevención y tampoco se le dio seguimiento a herramientas de inteligencia, que son indispensables para el trabajo policial. Además, no se consolidaron los objetivos para los cuales fue creada la Gendarmería Nacional, mucho menos se avanzó en la protección a los derechos humanos.

  1. El crimen organizado

El cambio de estrategia también impactó en el crecimiento de los grupos del crimen organizado, pues al hacerse la advertencia de que el combate ya no sería frontal y la intención era pacificar al país, se redujo la presencia de las fuerzas federales en las calles, aunque se mantuvo al ejército fuera de los cuarteles, como había sido en el sexenio anterior.

Durante la gestión de Felipe Calderón Hinojosa, en el país predominaron siete organizaciones delictivas con sus respectivas células:

  • Cártel de Sinaloa.
  • Cártel del Golfo.
  • Cártel de Pacífico Sur o de los hermanos Beltrán Leyva.
  • La Familia Michoacana / Los Caballeros Templarios.
  • Los Zetas.
  • Cártel de Juárez.
  • Cártel de Tijuana.

Mientras que en la administración de Peña Nieto operaron nueve grupos, pues se dio una escisión en la Familia Michoacana y los Caballeros Templarios, sumando así una nueva organización, a lo que se añade el nacimiento y crecimiento vertiginoso del Cártel Jalisco Nueva Generación, que en poco tiempo se convirtió en el grupo criminal más violento y poderoso del país, capaz de derribar un helicóptero de la marina para impedir la detención de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el 1 de mayo de 2015.

Quizá el hecho más relevante de la administración de Peña Nieto en cuanto al combate al narcotráfico fue la detención de Joaquín Guzmán Loera, el “Chapo”, el 22 de febrero de 2014, en un balneario de Mazatlán, en su natal Sinaloa, en donde el líder de uno de los cárteles con más historia y en ese momento el hombre más buscado por las autoridades mexicanas e internacionales, se movía sin grandes aparatos de seguridad, sabiéndose protegido en su tierra.

Sin embargo, ese mismo “triunfo” se convertiría en la principal humillación del gobierno priista, ya que luego de 17 meses de estar recluido en el Centro Federal de Readaptación Número 1, conocido como El Altiplano, la cárcel de máxima seguridad en el país, y postergar en repetidas ocasiones la extradición hacia Estados Unidos, el “Chapo” logró escaparse a través de un túnel que había sido excavado sin que nadie se diera cuenta, abonando a la imagen de corrupción de los funcionarios de Peña Nieto.

Al darse a conocer la fuga de Guzmán Loera, las autoridades federales declararon que la recaptura sería la prioridad número uno de las fuerzas armadas. Les llevó seis meses lograrlo. El 8 de enero de 2016, Enrique Peña Nieto, a través de un mensaje de Twitter, anunciaba la detención con un “misión cumplida”. A diferencia de la ocasión anterior, el gobierno mexicano comenzó de inmediato los trámites para la extradición y, sorpresivamente, el 20 de enero de 2017 se dio a conocer que el “Chapo” había sido enviado a la ciudad de Nueva York, en donde sería juzgado por diversos delitos.

Pese a “triunfos” como el anterior, en general la estrategia de pacificación, como fue ejecutada, no resultó ser efectiva, pues la violencia se incrementó en todo el país, impulsada en parte por el avance del Cártel Jalisco Nueva Generación, que tiene células en todo el territorio nacional. Así lo indica el informe 2017 de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), que además le atribuye el control del tráfico de cocaína y metanfetamina en un corredor de 10 mil kilómetros en el océano Pacífico, Asia y Australia, que afianzó desde 2014, año en que las autoridades se avocaron a debilitar al Cártel de Sinaloa.

El mismo documento señala que el crecimiento del Cártel Jalisco se dio por ser la organización menos afectada por las autoridades mexicanas, y si bien durante el primer semestre de 2018 se realizaron detenciones importantes —como las de Abigail y Rosalinda González Valencia, cuñado y esposa de “El Mencho”, respectivamente—, la organización mantiene su poderío económico porque no tienen dificultades para el tráfico y la venta de drogas sintéticas.

Con el “Chapo” Guzmán fuera de circulación y el regreso del mítico capo Rafael Caro Quintero a las calles desde el 9 de agosto de 2013, el escenario del narcotráfico en México se volvió más violento. Incluso, información publicada por el portal www.sinembargo.com señala que el presidente Enrique Peña Nieto canceló una visita a Reynosa, Tamaulipas, el 26 de enero de 2018, ante la posibilidad de ser víctima de un ataque por la disputa del control de territorio que se da en esa zona fronteriza.[9]

 

  1. La Ley de Seguridad Interior

 La Cámara de Diputados aprobó el 30 de noviembre de 2017 la Ley de Seguridad Interior, que se contrapone a lo que inicialmente Peña Nieto dijo que sería su gobierno, pues aseguró que, como parte de las líneas de acción, habría una estricta protección a los derechos humanos.

La normativa en cuestión facultó al titular del Poder Ejecutivo para ordenar la intervención de las fuerzas armadas en cualquier punto del país cuando se identifiquen “amenazas a la seguridad interior” y la capacidad de las fuerzas federales o locales resulten insuficientes para hacer frente. Los principales detractores de esta ley señalan que con ella se abren las puertas a la militarización del país, algo que legalmente ni siquiera sucedió durante la gestión de Calderón, quien involucró a las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico. La imagen del ejército mexicano no abonó al tema, ya que esta no ha podido ser resarcida desde 2014, tras la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa y la matanza de Tlatlaya.

En esencia, la Ley de Seguridad Interior permite que el presidente ordene la intervención del Ejército o la Marina en zonas de conflicto y, de ser así, debe ponerlo a consideración del Consejo de Seguridad Nacional para emitir una declaratoria, la cual a su vez deberá contar con el visto bueno de la comisión bicameral en la materia.

El artículo 16 del citado ordenamiento destaca que “aquellos casos en que las amenazas representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones”,[10] es decir, que en una agresión de los grupos del crimen organizado a la sociedad —como la que se vivió el 1 de mayo de 2015 en diferentes puntos de Jalisco, al registrarse 29 narcobloqueos— el presidente de la república podría ordenar la intervención de las fuerzas armadas para protección de la ciudadanía.

Si se toma en cuenta que la violencia en el país es palpable, pues no hay día que no se informe sobre algún homicidio doloso relacionado con posibles ajustes de cuentas entre narcotraficantes, y la ambigüedad en la redacción de la ley, el resultado es que el presidente tiene manga ancha para aplicarla.

 

  1. Los pendientes

La crisis de seguridad se ha agravado por la pérdida del estado de derecho, los homicidios dolosos mantienen una tendencia al alza, así como otros delitos, principalmente los de alto impacto, pues la mayoría de las corporaciones policiales se encuentran atascadas en una pronunciada curva de aprendizaje sobre el Sistema Penal Acusatorio Adversarial, lo que ha permitido que delincuentes reincidentes se mantengan en la calle y esto sea percibido por la ciudadanía como inoperancia de la autoridad.

Andrés Manuel López Obrador, ganador de la elección presidencial en el proceso que culminó el 1 de julio de 2018, hereda un país con altos niveles de violencia, en donde ser periodista o candidato a un puesto de elección popular es un riesgo de muerte, pues tan solo en el sexenio de Peña Nieto, 40 trabajadores de la información fueron ultimados, al igual que 101 políticos, por parte de supuestos miembros del crimen organizado.

La tarea de combatir al crimen se anuncia complicada, prácticamente, en todo el país, y las nuevas autoridades tendrán que replantear la estrategia. De acuerdo con lo que ha externado públicamente López Obrador, se hará un nuevo intento de pacificación con una reorganización de las instituciones, en donde se recupere a la Secretaría de Seguridad Pública.

Asimismo, el nuevo gobierno intentará concretar el mando único, el cual estaría bajo la conducción del presidente de la república. Además, se asegura que el trabajo en la seguridad sería la prioridad y que, al igual que hizo durante su gestión como jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador tendría todos los días reuniones con el gabinete especializado para recibir el parte informativo y así tomar decisiones.

La Gendarmería Nacional podría recibir una nueva oportunidad, quizá bajo el nombre de Guardia Nacional, ya que el proyecto del nuevo presidente lo contempla con algunos ajustes, manteniendo la esencia de una policía militarizada, para que el ejército pueda regresar a sus funciones en los cuarteles.

El punto más importante para que esta nueva estrategia funcione, sin duda, es el desarrollo social, pues la promesa de López Obrador está en la atención al crecimiento económico, con el fomento a las fuentes de empleo y garantizando el acceso a la educación, lo que se traduciría en bienestar social. Asimismo, se contempla la recuperación del campo como parte de la estrategia de seguridad, ya que, según el político tabasqueño, el abandono de las tierras y la baja en la productividad de las zonas rurales han propiciado que la inseguridad y la violencia se arraiguen en el país.

La atención a los jóvenes deberá de ser el eje de la nueva estrategia, siempre y cuando esté basada en la prevención social, ya que es, precisamente, este sector de la población el que se encuentra en condiciones de mayor vulnerabilidad para ser víctima de la violencia o la delincuencia. La tarea es titánica, pero con una conducción adecuada y continuidad en los planes, México podría comenzar su camino hacia la recuperación de la paz.

 

[*] Cursó la Licenciatura en Letras Hispánicas en la Universidad de Guadalajara. Se ha desempeñado como periodista independiente en diferentes medios de comunicación locales, enfocándose en temas de seguridad pública, especialización que complementó con el curso de formación básica para policía preventivo. Cuenta con publicaciones en Sudamérica y Estados Unidos. Labora como coordinadora de Jefaturas de la División de Planeación y Gestión Estratégica de la Policía de Guadalajara. Correo electrónico: eldaarroyo@hotmail.com

[1].     Proceso. “Más de 121 mil muertos, el saldo de la narcoguerra de Calderón: Inegi”, en Proceso, 30 de julio de 2013. Recuperado el 29 de agosto de 2018, de https://www.proceso.com.mx/348816/mas-de-121-mil-muertos-el-saldo-de-la-narcoguerra-de-calderon-inegi

[2].    Aristegui Noticias. “Sexenio de Calderón, ‘marcado por la violencia y las cifras de muerte’”, en Aristegui Noticias, 7 de febrero de 2013. Recuperado el 29 de agosto de 2018, de https://aristeguinoticias.com/0702/mexico/sexenio-de-calderon-marcado-por-la-violencia-y-las-cifras-de-muerte-centro-pro/

[3].    El análisis puede ser consultado en: http://mexicoevalua.org/prevencion/

[4].    Fundar. Contar lo bueno cuesta mucho. El gasto en publicidad oficial del gobierno federal de 2013 a 2016, septiembre de 2017. Recuperado el 29 de agosto de 2018, de http://fundar.org.mx/mexico/pdf/P.O.2013-2016oK2.pdf

[5].    Ibidem.

[6].    Campos, Mariana. “Publicidad oficial al vapor”, en El Sol de México, 29 de marzo de 2018. Recuperado el 29 de agosto de 2018, de https://www.mexicoevalua.org/2018/03/29/publicidad-oficial-al-vapor/

[7].    Gallegos, Zorayda. “Reaparece en México el polémico ministro de la guerra contra el narco”, en El País, 16 de abril de 2018. Recuperado el 29 de agosto de 2018, de https://elpais.com/internacional/2018/04/16/mexico/1523907875_369575.html

[8].    González, Lilia. “Enrique Peña Nieto se ha equivocado una y otra vez con la estrategia de seguridad: Coparmex”, en El Economista, 29 de mayo de 2018. Recuperado el 29 de agosto de 2018, de https://www.eleconomista.com.mx/politica/Enrique-Pena-Nieto-se-ha-equivocado-una-y-otra-vez-con-la-estrategia-de-seguridad-Coparmex-20180529-0107.html

[9].    Moreno, Martín. “Seguridad, el fracaso de EPN”, en Sin Embargo, 31 de enero de 2018. Recuperado el 29 de agosto de 2018, de http://www.sinembargo.mx/31-01-2018/3379472

[10].    La ley aprobada se puede consultar en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LSInt_211217.pdf

El sistema penal acusatorio adversarial desde la óptica policial

 

Elda Magaly Arroyo Macías*

Desde 2008, la impartición de justicia en México inició un proceso de transición, al pasar de un sistema inquisitivo a uno adversarial acusatorio en el que se privilegia el respeto a los derechos humanos, tanto de la víctima como del imputado, garantizando con ello la presunción de inocencia que derive en un proceso legal y justo para ambas partes. Sin embargo, a diez años de que se oficializó esta nueva modalidad para atender las causas penales, los operadores aún no han logrado su consolidación y ofrecer resultados tangibles para aquellos que reclaman justicia.

Cuando una persona es víctima de un hecho delictivo tiene derecho a que el daño le sea resarcido, es decir, que reciba justicia acorde a lo que marcan las leyes. El Sistema Penal Acusatorio Adversarial (SPAA), aprobado en México tras un largo debate legislativo, busca precisamente que la víctima tenga y se le otorguen más derechos, pero
la percepción tras su implementación es que no funciona bien y que la justicia se aleja cada vez más y son los delincuentes quienes resultan beneficiados.

Ante los cuestionamientos sociales por el incremento de los índices delictivos, entre los políticos se popularizó la fórmula de responder “es culpa del nuevo sistema de justicia penal”. Así lo han asegurado Eruviel Ávila,[1] Miguel Ángel Mancera[2] y Omar Fayad,[3] entre otros gobernantes, que incluso proponen que se haga una contrarreforma para solventar las “fallas” que no se dieron cuenta que existían en los ocho años que en los que se supone se debió observar y profesionalizar la implementación del sistema, previo a su puesta en operación.

1. Primeros esbozos

Nuevo León fue el primer estado en donde se llevó a cabo un juicio oral en México. En 2005, un juez de Montemorelos sentenció a un hombre a pasar tres años en la cárcel, luego de que, en 15 minutos, determinara que era culpable de la muerte de una persona y de la invalidez de otra, tras atropellarlos estando bajo los efectos del alcohol.

Apenas un año antes, en junio de 2004, el Congreso del Estado aprobó la implementación de los juicios orales en Nuevo León, como una modalidad de impartición de justicia, con un objetivo claro: agilizar el sistema penal. El primer caso puso a prueba a las autoridades, quienes demostraron que la intensa capacitación que se dio, previa a la puesta en marcha del modelo, sirvió para alcanzar la meta.

Chihuahua se sumó a esta modalidad en 2007. Ese año, Aurelio Urtuzuástegui Chávez fue sentenciado a 15 años de cárcel, luego de que se le encontrara culpable por el delito de homicidio calificado. Sin embargo, su defensa logró que se hiciera una revisión del caso al encontrar anomalías y violaciones a los derechos del imputado, por lo que se ordenó que se llevara a cabo un nuevo procedimiento y, posterior a ello, el inculpado terminó en libertad.

Estos casos representan las dos caras de la moneda de los juicios orales, que son parte esencial del SPAA. Por un lado, en la sentencia que se emitió en Nuevo León, la culpabilidad del sujeto estuvo acreditada con base a las pruebas que se presentaron ante el juez, con lo que se obtuvo justicia para las víctimas y se le garantizó al imputado un proceso rápido, apegado a los principios de equidad. Mientras que, en lo que se refiere a Urtuzuástegui Chávez, este pasó siete años alegando inocencia, justificando su detención en su parecido con un retrato hablado; el hombre obtuvo su libertad, no porque el juez considerara que era inocente sino porque se presentaron varias impugnaciones en las que se exhibían errores en el proceso.[4]

Tanto Nuevo León como Chihuahua han sido los laboratorios para el perfeccionamiento del nuevo sistema de justicia. Su experiencia ha permitido detectar las fallas y enmendarlas, sobre todo en el rubro de la capacitación. En ambas entidades, sus operadores se han tomado muy en serio la tarea de la profesionalización de todas las autoridades que intervienen en el proceso, en especial, después de enfrentar un caso como el de Urtuzuástegui Chávez, a quien, debido a una serie de errores, regresaron a las calles pese a ser encontrado culpable.

El estudio Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías[5] indica que en ambas entidades se ha logrado reducir la incidencia delictiva. Chihuahua reporta una efectividad de 64.9% en sus órdenes de aprehensión desde la aplicación de este sistema de justicia, con lo que se ubica entre los más avanzados en el rubro. La de Nuevo León es de 59.6% (véase la tabla 14.1).

Estos resultados ponen en evidencia que los gobernantes que critican al nuevo sistema no hicieron la tarea. De hecho, la experiencia que han adquirido Chihuahua y Nuevo León, junto con los resultados que hoy ofrecen a sus ciudadanos en cuanto a la reducción de la delincuencia, son el ejemplo de que el SPAA sí funciona y es responsabilidad de las autoridades su correcta aplicación, así como que es necesario que funcionen todos los eslabones adecuadamente para lograr avances en la lucha contra el delito.

2. El rol del policía en el SPAA

El policía es, sin duda, uno de los eslabones más importantes para que el SPAA opere de manera óptima, pues es la primera autoridad, con funciones de seguridad pública, en atender la posible comisión de un delito, actuando como primer respondiente. A este funcionario es al que le compete corroborar la denuncia, localizar, descubrir o recibir las aportaciones de indicios o elementos ministeriales probatorios y realizar las detenciones en caso de flagrancia, según se establece en el Protocolo Nacional de Primer Respondiente.[6]

Además de su adiestramiento en técnicas y tácticas policiales, es el encargado de cumplir una serie de exigencias estipuladas para que, en caso de que el asunto llegue a un juez, la víctima pueda recibir justicia. Con el SPAA, el policía es quien da inicio a la investigación, por lo que su actuación debe ser impecable, pues si comete un error u omisión, esto se revela durante el proceso y representa la oportunidad para que el acusado escape a la acción de la justicia.

Pese a su importancia, el policía ha sido el elemento más olvidado dentro de la implementación del nuevo sistema, sobre todo en la que corresponde a su capacitación, que no es la idónea.

Durante años, en muchas partes del país, se podía ingresar a las filas de una corporación con estudios mínimos, incluso solo sabiendo leer y escribir, alejándose de la profesionalización que exige esta actividad. Actualmente, las corporaciones policiales atraviesan un proceso de depuración, sobre todo por el ámbito académico, pues es requerimiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública que los elementos cuenten con, al menos, el bachillerato. Pero el SPAA es más exigente, pues, en la operatividad, le exige a este eslabón una serie de funciones y conocimientos que lo distancian del objetivo de brindar un servicio de calidad para la ciudadanía, pero que sí le representan una responsabilidad legal en caso de una mala actuación.

Dentro del planteamiento operativo del SPAA, se espera que el policía tenga conocimientos, al menos en un nivel profesional, de derecho, victimología, criminalística, criminología, primeros auxilios, técnicas y tácticas policiales, investigación criminal, geografía, entre otras, que es hacia donde se enfoca la capacitación que recibe, la cual, en muchos de los casos suele ser exprés, sin corroborar la calidad de la enseñanza.

Desde 2014, el Centro de Investigación para el Desarrollo, AC (CIDAC) realiza un ejercicio de evaluación sobre la implementación del SPAA, el cual arroja resultados poco halagadores para los policías preventivos, pues según sus Hallazgos 2016,[7] la capacitación que han recibido estos funcionarios es tan deficiente, que del total de oficiales solo 25% es capaz de llenar de manera correcta un Informe Policial Homologado (IPH), el documento en donde se reporta su actuación durante cualquier intervención.

Como experiencia propia, es válido mencionar que el policía preventivo es sometido a jornadas de capacitación que, más allá de cumplir con el objetivo de adquirir un conocimiento vital para su desempeño diario, solo busca cubrir horas que le permitan salir avante en la permanencia dentro de las instituciones.

Además, los diferentes niveles de preparación que tienen los policías que integran una corporación complican el desarrollo de los talleres de capacitación que se les imparten, pues los grupos son tan heterogéneos que para el replicador o instructor implica un reto adicional manejar conceptos de manera tal que puedan ser comprendidos por todos, lo que no siempre se logra.

Para la elaboración de este artículo, se entrevistó a tres especialistas en la capacitación de policías como primeros respondientes, quienes indicaron que, ya en la operatividad, en el trabajo de calle, la realidad es muy diferente a la que se espera de los agentes como parte del SPAA, pues su esfuerzo se concentra en controlar las situaciones de riesgo, dejando de lado aspectos fundamentales como el llenado del IPH, la atención a la víctima o la preservación de indicios, entre otros aspectos a su cargo.

Para los policías jóvenes, la asimilación del nuevo modelo es natural, ya que son formados bajo estos nuevos conceptos. A los oficiales de mayor antigüedad les es más complicado el cambio y asimilar que su rol ahora es protagónico para la impartición de justicia; entre ellos, prevalece el temor a la integración de una carpeta de investigación, por la falta de capacitación y dejan la inducción para el llenado de los datos al agente del Ministerio Público.

El SPAA también prevé la aplicación de medios alternos de solución de conflictos, como la mediación, negociación o conciliación, habilidades que debe adquirir el policía y ponerlas en prácticas cuando se presenta una situación en la que se puede llegar a un acuerdo sin que se deba iniciar una carpeta de investigación. Esto implica otro tipo de capacitación que debe recibir, dentro del múltiple catálogo de habilidades que se le exige a un oficial, quien, en la realidad del trabajo diario en las calles, se concentra más en ser reactivo ante la demanda de la ciudadanía.

3. La distancia interinstitucional

El divorcio que hay entre el agente del Ministerio Público y el policía preventivo es uno de los grandes escollos para la impartición de justicia en México. La aplicación del SPAA lo ha vuelto más evidente y profundizado. Quien lo padece es la ciudadanía, pues la falta de coordinación para el cumplimiento de un objetivo común entre ambos
eslabones provoca que muchos delincuentes permanezcan en las calles.

Uno de los principales desencuentros está en la interpretación que se hace del artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde se manifiesta que “el policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución”.[8]

Así, la autoridad ministerial se asume como el “jefe” del policía preventivo, señalándole que su actuación está sujeta a lo que él determine por ser quien conduce la investigación y le exige “cuadrar los servicios”,[9] dejando datos abiertos que posteriormente pueden significar el error que una hábil defensa puede aprovechar para invalidar un proceso o una ventana a la corrupción para los sobornos.

Los policías entrevistados indican que, aunque se tenga una buena actuación e integración de elementos probatorios, la vulnerabilidad en la aplicación del SPAA está en el Ministerio Público, quien bajo el amparo de la conducción de la investigación funge como un “juez de control” al determinar qué sí y qué no puede ser calificado para la apertura de una carpeta de investigación.

Alberto Binder, especialista en la implementación de Sistemas de Justicias en América Latina, señala la urgencia que tiene México de hacer una reingeniería funcional sobre la figura del Ministerio Público, pues sus malas ejecuciones han provocado los principales problemas para la implementación de este nuevo sistema, más allá de las actuaciones policiales, pues la autoridad ministerial ha llegado a asumir funciones que no tiene. Además, considera que a los juicios se deben añadir jurados, integrados por personas de la comunidad, para hacer democrático y trasparente el ejercicio de la impartición de justicia, como se hace en otros países en donde este modelo está consolidado.

4. Los recursos del Poder Judicial

La espera de buenos resultados tras el cambio en el modelo impartición de justicia, al menos para varios estados, podrá ser muy larga, pues aunado a la falta de capacitación de los policías preventivos y el distanciamiento que hay con la autoridad ministerial, hay que sumar el déficit de jueces y recursos económicos de los que dispone el Poder Judicial.

Un ejemplo es Jalisco. Ricardo Suro, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, ha mencionado que la entidad padece de una severa falta de personal, sobre todo de jueces, ya que la media nacional es de cuatro jueces por cada 100 mil habitantes, cuando lo recomendable es que sean 17 por cada 100 mil.

Según Suro, los jueces de Jalisco aún no han logrado superar las cargas laborales, pese a que ese es uno de los objetivos del SPAA, que la impartición de justicia sea lo más rápido posible y que los procesos no se lleven más de cuatro meses en alcanzar sentencia.

A nivel nacional, la historia no es diferente a la de Jalisco, pues según el estudio del CIDAC, en promedio, hay un rezago de 50% de las carpetas de investigación que no han sido determinadas o despachadas, como se dice dentro del argot judicial, lo que va en contra de la esencia del nuevo modelo de justicia. A esto hay que sumar el poco número de detenidos. Solo 50% de los casos que llegan a tribunales cuentan con un presunto responsable que habría sido detenido en flagrancia; para el resto de los casos, la esperanza de conseguir una reparación del daño es mínima, pues dependen de los resultados de las investigaciones que realice la autoridad ministerial, usualmente, rebasada por el número de denuncias que se presentan día a día.

El panorama en las cárceles tampoco es alentador, pues si bien la intención del cambio de modelo era despresurizar los centros de readaptación social para convertirlos en auténticos espacios de reinserción, esto no se ha conseguido, pues las prisiones se mantienen en hacinamiento y con evidencias de violaciones a los derechos humanos de los internos. Para el académico Alberto Zenteno Meza, quien fuera miembro de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema Penal Acusatorio Adversarial, el fracaso en las cárceles se ha dado porque el sistema, a pesar de que es perfecto en su esencia, su ejecución se ha llevado de manera tardía por las diferentes autoridades, quienes han esperado hasta el último momento, cuando los plazos oficiales estaban por cumplirse, para iniciar las modificaciones a su esquemas de trabajo.

5. Los pendientes de la implementación

El ejercicio que realizó el CIDAC permite conocer cuál es el estatus del SPAA en el país y según los criterios de evaluación aplicados, los pendientes en la materia aún son muchos. Se estima que tendrían que pasar otros once años para que se puedan ver los verdaderos efectos de este cambio en el paradigma de la impartición de justicia.

Dentro de los grandes pendientes que tienen los operadores del sistema, está la homologación en la información criminal, la cual no se ha conseguido, ya que los IPH no se llenan correctamente, lo que complica estandarizar los datos que, se supone, deben recoger para facilitar el trabajo policial dentro del SPAA. El caso de Jalisco es un ejemplo de ello, pues, al inicio de la implementación del nuevo modelo, los policías preventivos locales fueron capacitados en el llenado de los documentos federales, sin embargo, al hacer las remisiones, las autoridades ministeriales locales exigían el nuevo llenado de formatos con base a sus propios requerimientos causando más papeleo y demoras, las cuales se reflejaron en la integración de las carpetas de investigación.

Otro de los grandes pendientes es la reingeniería institucional de entidades como la Procuraduría General de la República, la cual, a la brevedad, debe ser consolidada como una fiscalía autónoma para que pueda hacer un trabajo real de investigación criminal y no esté sujeta a la arena política. De vuelta al caso Jalisco, como evidencia del aterrizaje de esto en las instancias locales, se tiene que la fiscalía del estado no cumplió con las expectativas que se generaron al fusionar la Secretaría de Seguridad Pública y la entonces Procuraduría General del Justicia, ya que no solo se creó un monstruo institucional sino que no ejerció con autonomía, y en 2018 enfrentará una nueva transición que, posiblemente, genere otra curva de aprendizaje para sus operadores y, con ello, una dilatación para la llegada de la justicia a los miles de casos que la esperan.

6. Conclusiones

Aunque se le señale con dedo flamígero, el SPAA no es un mal sistema de impartición de justicia. Cumple con los requerimientos internacionales de protección a los derechos humanos, está alineado con la modalidad de impartición de justicia en los países del Primer Mundo. Las autoridades mexicanas, entre las que se encuentran algunos de sus principales críticos, son las que no han sabido gestionar y adaptarse a un modelo que busca ser más justo.

Desde 2008, se debió comenzar a preparar a las instituciones en todo el país para esta transición, que arrancaba en 2016, y con ello, evitar al máximo los errores que hoy enfrentamos y que favorecen que un sinnúmero de delincuentes esté en las calles.

Hubo quienes sí aprovecharon el tiempo e hicieron la tarea, como Nuevo León y Chihuahua, que a base de prueba y error han ido perfeccionado su actuación, mejorando con ello las cuentas que le dan a
la ciudadanía en la materia. Es lamentable que sean la excepción. Luego de ocho años de saber que este momento llegaría, la mayoría de las autoridades de todas las esferas de gobierno no se prepararon para enfrentar con eficiencia el cambio más significativo en la impartición de justicia en el México moderno, incluso cuando se presentaron casos de estudio que pudieron ser analizados y reflexionados para acortar las curvas de aprendizaje.

De manera teórica, contamos con protocolos de actuación, con códigos de procedimientos que indican la manera correcta de hacer las cosas, pero la realidad que vive un policía en las calles es completamente diferente y no siempre el deber ser es la forma en que responderá frente a un hecho delictivo.

Los policías preventivos, como el eslabón más débil en esta cadena de atención a la inseguridad, fueron los últimos en recibir las capacitaciones correspondientes, sin antes hacer una reflexión sobre el rol protagónico que tienen en esta nueva historia. Su formación ha estado limitada y se ha completado de manera exprés en muchos municipios para no perder recursos federales, según indica la investigación del CIDAC. a ello se suma que no se han contemplado mecanismos de evaluación que garanticen su profesionalización en la materia, sobre todo cuando el uniformado se encuentre sentado frente a un juez y deba explicar cada uno de sus procedimientos en el marco de un juicio oral.

Aunado a ello, tampoco hay conciencia de que tenemos un nuevo sistema operado por las mismas personas que tenían a su cargo el anterior, quienes si bien es cierto que cuentan con experiencia y eso abona a la impartición de justicia, también prevalecen las costumbres y prácticas ligadas a la corrupción, que permiten aprovechar los recovecos legales o la falta de trasparencia en algunas instancias para mantener vivos los vicios que se buscan erradicar.

El SPAA, por sí solo, no es la respuesta a la reducción de la delincuencia, es apenas una parte en la que se busca que la justicia sea impartida con estricto apego a los derechos humanos. Lo que en verdad es necesario es una auténtica política de seguridad pública orientada a la prevención, es decir, que involucre al sistema económico, educativo, de salud y cultural para el desarrollo de mexicanos alejados de la violencia.

La actuación del policía, en la contención o inhibición de la posible comisión de un delito, se da, justamente, cuando como sociedad hemos fallado en la integración de las familias, en la generación de condiciones de empleo digno, del acceso a un sistema de salud universal o del avance en los niveles de educación.

  1. . “Eruviel culpa al Nuevo Sistema de Justicia Penal de aumento de violencia en el Edomex”, en Oaxaca Político, 7 de julio de 2017.
  2. . Ruiz, Joel. “Más delitos, culpa del Nuevo Sistema Penal: Mancera”, en El Universal, 7 de junio de 2017. Recuperado el 24 de febrero de 2018, de http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/06/7/mas-delitos-culpa-del-nuevo-sistema-penal-mancera
  3. . Morales, Alberto; García, Carina & Aldaz, Penélope. “Los gobernadores van por reforma al sistema de justicia”, en El Universal, 11 de julio de 2017. Recuperado el 24 de febrero de 2018, de http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/07/11/conago-pedira-reformar-el-nuevo-modelo-de-justicia
  4. . Un año después de su liberación, Aurelio Urtuzuástegui fue ejecutado, junto con otras tres personas, en un hecho vinculado al narcotráfico.
  5. . Zepeda Lecuona, Guillermo. “Índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías”, en Impunidad Cero y Jurimetría, 2017. Recuperado el 24 de febrero de 2018, de https://www.impunidadcero.org/uploads/app/articulo/49/contenido/1510005056X78.pdf
  6. . Consejo Nacional de Seguridad Pública. Primer respondiente. Protocolo Nacional de Actuación, Gobierno de la República. Recuperado de 24 de febrero de 2018, de http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/normateca/protocolos/ProtocoloPrimerRespondienteV1.pdf
  7. . Centro de Investigación para el Desarrollo, AC (CIDAC). Hallazgos 2016: seguimiento y evaluación de la operación del sistema de justicia penal en México, CIDAC, México, 2017. Recuperado el 24 de febrero de 2018, de http://cidac.org/wp-content/uploads/2017/06/documento-hallazgos-2016_completo-digital.pdf
  8. . Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. “Código Nacional de Procedimientos Penales (Nuevo Código publicado 5 de marzo de 2014)”, en Diario Oficial de la Federación (DOF), última reforma publicada el 17 de junio de 2016, Capítulo VI. Policía. Recuperado el 24 de febrero de 2018, de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_170616.pdf
  9. . Argot policial que significa acomodar los datos en una secuencia que favorezca a la actuación del agente del Ministerio Público.

Jóvenes en el #19S. Usos críticos de la Internet en tiempos de crisis

Víctor Hugo Ábrego*

Conforme pasaron las horas y los primeros días después del sismo del 19 de septiembre de 2017 (#19S) en México, la discusión en las escuelas, en los medios de comunicación tradicionales, en las calles y en todos lados giró en torno a señalar el papel preponderante que los jóvenes estaban teniendo en los momentos más trágicos. Ahí, donde las instituciones de gobierno respondían con lentitud, torpeza e incluso con actos de rapiña propagandística; ahí, donde los adultos intentaban ayudar compartiendo rápido, pero con pocos filtros críticos, el torrente amorfo de información que consumían en redes y en medios tradicionales; donde la televisión abierta echaba a andar sus estrategias de agenda y encuadre del siglo pasado para llamar la atención de las audiencias y estrechar la discusión del modo más amarillista. Mientras el mundo adulto avanzaba a tientas y mirando el espejo retrovisor para tratar de resolver el presente, los jóvenes estaban construyendo potentes herramientas de recolección, captura y difusión de datos, filtros críticos en tiempo real para tener la información más fidedigna sobre lo que ocurría, y alianzas afectivas altamente políticas por su capacidad de mostrar posibilidades de organización social sin jerarquías ni burocracias institucionales.

Las columnas en distintos medios y las opiniones en la red y fuera de ella (on y offline) eran de sorpresa. ¿Cómo era posible que los llamados millennials, una generación tachada de apática, apolítica, individualista, encerrada en lo digital, entre otros estereotipos, estuviera mostrando el camino más solidario y eficaz para salir del mejor modo de la peor situación?

El objetivo de este texto es hacer una revisión general de algunas de las estrategias utilizadas por los jóvenes durante la crisis post #19S y, al mismo tiempo, hacer una crítica a los señalamientos más coloquiales que estigmatizan la condición juvenil en México, empezando por la etiqueta generacional de moda, millennials, que, tal parece, es utilizada para nombrar lo que no se entiende cuando se abordan temas referentes a la juventud contemporánea.

1. De la crisis al despliegue de repertorios políticos on–offline

El 19 de septiembre de 2017, un temblor de 7.1 grados sacudió el centro de México. El municipio de Axochiapan, Morelos, fue el epicentro y afectó de manera visible partes de Puebla, Estado de México, Guerrero, Morelos y de la Ciudad de México. Como hace 32 años,[1] los gobiernos quedaron paralizados, en algunos casos, y rebasados, en la gran mayoría, a la hora de reaccionar para ayudar a la población.

Fue la gente de a pie la que también, como pasó después del terremoto de 1985, se volcó a las calles con todo tipo de ayuda. La diferencia en esta ocasión estuvo en que los escenarios de producción, filtración y distribución de la información, así como los canales de ayuda no fueron únicamente los cara a cara, los espacios oficiales y los medios tradicionales, sino que la Internet, y en específico las redes digitales (Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp y Telegram, sobre todo), fueron espacios privilegiados para construir tanto el relato como el rumbo de muchas de las experiencias solidarias de parte de la población.

Miles de jóvenes participaron en la filtración de información, en la creación de canales eficaces para circularla, en la discusión crítica de las responsabilidades institucionales sobre la falta de infraestructura urbana para soportar un sismo de esta magnitud, en la organización de brigadas a municipios que estaban recibiendo menos atención mediática, en la creación de centros de acopio, en la recaudación de fondos para apoyar a las personas damnificadas, etcétera.

Dentro de todo lo que se movió en esas horas y días, el uso cotidiano de tecnologías digitales con acceso a la Internet fue un elemento central para la movilización material y simbólica de ayuda al mostrar que los modos actuales de apropiación de estos aparatos están lejos de quedar destinados solo al entretenimiento y a la construcción de una presencia editada, o de un tipo de “sí mismo en línea”[2] que sirve para mostrar lo que mejor nos parezca de nosotros en esos escenarios.

La ayuda, después del sismo del #19S, fluía de un edificio a punto de derrumbarse hacia un grupo en Telegram que confirmaba, en tiempo real, la creación de centros de acopio y divulgaba la necesidades del lugar en cuestión, hacia el escritorio de un joven que armaba una infografía, hacia una mesa con más chicos alimentando un mapa interactivo en Google Maps, agregando capas que mostraban estados, ciudades, tipos de daños, si había o no ayuda y qué tipo de apoyo era requerido; ese mapa era compartido en Twitter con el hashtag #Verificado19S y ayudaba a que en una universidad, un grupo de estudiantes hiciera que el resto de sus compañeros supiera qué ocurría y, por la tarde, a que una familia supiera a qué centro de acopio llevar qué tipo de víveres.

La ola de protestas ocurridas durante la segunda década del siglo XXI mostró al mundo la potencia política de los usos de la Internet. La noción de Tecnopolítica,[3] de manera general, consiste en comprender dos posibilidades del uso crítico de la web.

Por un lado, permite comprender que hoy en día los procesos de subjetivación política, es decir, de consumo de fuentes discursivas capaces de alimentar el sentido crítico de las personas, atraviesa cada vez más por nuestro estar día a día conectados a la red, de modo que, es en la web en donde millones de personas están al tanto de noticias locales e internacionales, de descubrimientos científicos, de protestas contra distintas injusticias, del desarrollo de conceptos que cuestionan normas sociales y de un alud de información cuyo procesamiento puede producir[4] tipos de subjetividad menos proclives a creer en las versiones oficiales de la realidad.

Por otro lado, después de la primavera árabe,[5] es posible afirmar que las protestas online no son únicamente válvulas de escape o mecanismos encerrados en los escenarios virtuales, sin ninguna repercusión en la vida offline sino que, por el contrario, lo que ha quedado demostrado, desde entonces, es que una protesta que cobra relevancia en las redes digitales, tiene amplias posibilidades de convertirse en un evento “conducente a la acción” colectiva en las calles, en la medida en que la conexión online no solo es racional sino afectiva, lo cual convoca, de manera mucho más acelerada, a las personas que están pensando y sintiendo lo mismo en un momento dado; esto, combinado con las posibilidades de inmediatez e hipertextualidad de la red, da como resultado una mayor probabilidad de “conectar” on y offline la experiencia de millones de personas..

Por lo tanto, los modos de participación política de millones de personas alrededor del mundo, hoy en día están cifrados en un vaivén entre lo on y lo offline, donde la Internet cumple un papel, no de sustitución de los encuentros cara a cara sino de una “ampliación de los repertorios comunicativos”.[6]

Actualmente, tejemos nuestra experiencia en conversaciones que pueden comenzar en el supermercado, continuar en un grupo en Facebook, seguir en una llamada por teléfono, viajar a un meme en Twitter o a una historia en Instagram, y terminar en la mesa de un bar. Y no hay contradicción, no hay interrupción y, lo más importante, no hay sustitución. Lo que sí hay es una ampliación de las prácticas comunicativas; es decir, no hacemos lo online por un lado y lo offline por otro sino que hacemos, intermitentemente, de modo continuo, lo on y lo offline. Nuestras vidas están en ese continuum. De igual forma, nuestra participación política también está ampliando sus repertorios.

El despliegue de repertorios políticos durante la crisis del #19S abarcó entonces múltiples capas on y offline de apoyo y solidaridad, material y simbólica, todas necesarias y todas útiles en ese momento. El despliegue online, sin embargo, tiene la particularidad de mostrar que, a contrapelo de los prejuicios de muchas instituciones, ciertos usos de la Internet son parte de un proceso cotidiano de alfabetización crítica que, en coyunturas como la vivida, son capaces de dar saltos acelerados en la producción de estrategias de apoyo, discusión y solución de problemas en tiempo real. A continuación, revisaremos algunas
de esas estrategias.

2. Caja de herramientas tecnopolíticas

A través de herramientas de minería de datos, de software especializado y de algoritmos para información obtenida en redes digitales, Signa_Lab ITESO[7] estuvo al tanto de los momentos clave de usos críticos de la Internet después del sismo del #19S.

El equipo del laboratorio descargó, procesó y analizó distintos tipos de datos alrededor, sobre todo, de la discusiones que se dieron en redes digitales, con el objetivo de comprender quiénes eran los actores individuales y en grupo implicados, cuál era el sentido de la discusión para cada uno, cuáles eran las disputas entre ellos; capturar el sentido que cada grupo le dio a la crisis, y, finalmente, para identificar la presencia de posibles cuentas falsas o pagadas que pretendieran contaminar la discusión y, de ser así, analizar los posibles fines de esas interferencias en las discusiones online.

La figura 13.1 muestra una nube de los emojis[8] más utilizados en los primeros momentos y días después de la crisis, del 19 al 21 de septiembre, por usuarios de Twitter alrededor del hashtag #SismoMx. La visualización muestra el tono afectivo del discurso social vertido en las redes a través de las imágenes más grandes (que fueron las más compartidas en esos días). Vemos gestos de preocupación, emergencia, llanto y pesar, que fueron las emociones más sentidas o, se podría decir, “el clima afectivo”, de las primeras horas y días después del sismo, cuando aún no se sabía bien a bien el alcance de los daños en todos los lugares afectados.

La figura 13.2, por su parte, es una nube obtenida a partir de la descarga de tuits efectuada del 22 al 29 de septiembre, con el hashtag #Verificado19S,[9] en donde vemos un cambio notorio en la tonalidad afectiva de los emojis capturados, las imágenes ahí remiten a la ayuda (metaforizada con herramientas), al acopio de víveres (comida) y a la fuerza (músculo) mostrada por todas las personas que estuvieron apoyando on y offline a las víctimas.

Ambas imágenes dan cuenta de la tonalidad afectiva de la discusión y del protagonismo de la sociedad frente a la tragedia. Por su parte, las instituciones de gobierno, igual que hace tres décadas, durante la crisis postsismo, se mostraron débiles e incapaces de ser los canales legítimos de ayuda y de información que la sociedad necesitaba.

Más, incluso, en esta ocasión, varios funcionarios públicos fueron captados en foto o en video por ciudadanos tratando de aparentar su ayuda o, en el peor de los casos, etiquetando con publicidad institucional la ayuda recibida de donaciones. Esto generó que fueran estas mismas instituciones las más criticadas en las redes. En Twitter, hashtags como #ApagaTelevisa #RoboComoGraco y #PartidosDenNuestroDinero fueron portavoces de la molestia ante la ineficacia y el oportunismo institucionales. El equipo de Signa_Lab ITESO capturó 2,461 tuits con combinaciones entre algunos de esos hashtags, los cuales conforman la figura 13.3. El grafo muestra las etiquetas más utilizadas para criticar a gobiernos estatales, al federal, a los medios de comunicación y a los diputados. En la imagen, se aprecian conexiones más fuertes (líneas más gruesas) entre los hashtags que fueron utilizados más veces en el mismo tuit.

El uso cotidiano de twitter como arena política en México no puede reducirse o banalizarse a la ligera. Este tipo de prácticas son parte del proceso de alfabetización crítica de usos de la Internet y de subjetivación política que mencioné más arriba, que debería sustituir al inútil debate de si la tecnología es “buena o mala”. Antes bien, hace falta crear espacios institucionales (empezando por las escuelas y
los medios) donde se dé cuenta de la importancia de pensar a los espacios virtuales como espacios de “disputa por la palabra”[10] y en esa medida, como espacios en donde hoy se lucha por la configuración del sentido de parte de la realidad.

Si es posible visibilizar la importancia de la Internet como elemento central para la construcción de una esfera pública democrática en la era contemporánea, se comprenderá porqué es necesario permanecer atentos a la infiltración o a la “siembra” de enfoques de la realidad desde las redes,[11] ya que mientras los medios tradicionales se alimentan cada vez más de lo que ocurre en las redes, la opinión pública también se abre a nuevos riesgos de caer en versiones manipuladas de los hechos, promovidas por quienes intentan dominar la discusión o reprimir la disidencia, ahora también en la Internet.

Otra de las herramientas colectivas que fue clave como parte del apoyo ciudadano, fue el sitio www.verificado19s.org que nació a menos de una semana de ocurrido el sismo y que, mediante la verificación de información en tiempo real con personas presentes en distintos puntos de la Ciudad de México y otras urbes, se convirtió en uno de los filtros más importantes de legitimación de información.

El sitio se encargó de monitorear la discusión en Twitter con el hashtag #Verificado19S, al mismo tiempo que filtraba los tuits para enlazar a usuarios con centros de acopio y con personas presentes en algún lugar específico. También creó un mapa interactivo de la Ciudad de México con distintas capas que muestran la localización de información corroborada de los daños reportados en las últimas 24 horas,

de centros de acopio y albergues, de reportes no verificados, de puntos de acceso libre a la Internet (que fue otra de las muestras de apoyo de los vecinos cercanos a las áreas de desastre), y de personas que ofrecían ayuda, así como de aquellas que la necesitaban. En la página de inicio se puede leer como respuesta a: ¿Cómo surgimos?, lo siguiente:

Ante la emergencia humanitaria provocada por el terremoto del 19 de septiembre, un grupo de activistas, periodistas y programadores decidieron reunirse en el Centro Cultural Horizontal para buscar formas de verificar la información que aparecía en medios de comunicación y redes sociales. Con la colaboración inicial de programadores desarrollamos un mapa y una base de datos colaborativa y que actualmente es la plataforma más certera, más actualizada y más visitada de datos sobre el terremoto.

Además de la Ciudad de México, ya se incluye información de todos los estados afectados por el terremoto del 19 de septiembre.[12]

Este sitio es una de las muestras más claras del nivel de sofisticación de la ayuda online recibida después del sismo, ninguna fuente oficial fue capaz de procesar y filtrar con tal nivel de eficacia la cantidad ingente de información que venía de todos lados, ni tuvo la legitimidad social con que contó #Verificado19S. ¿Cuáles son las implicaciones políticas de la creación, en menos de una semana, de un sitio con
estas características a menos de un año de las elecciones presidenciales en México? ¿Se puede seguir desdeñando el uso de la Internet como herramienta de contestación y de producción autónoma de sentido en momentos coyunturales? La respuesta a la crisis del #19S puede ser un buen pretexto para replantear muchos prejuicios alrededor del uso que realizan, sobre todo, los jóvenes de la Internet, sus posibilidades de aprendizaje y lo que las instituciones, empezando por la escuela, pueden integrar a sus lógicas a partir de estas experiencias.

Además de estos tres ejemplos (apenas una muestra) a modo de caja de herramientas tecnopolíticas, muchos jóvenes, y ciudadanos en general, participaron también en la creación de otros mapas colectivos, en Google Maps, para identificar daños en las primeras horas después del sismo; crearon grupos en Telegram y en WhatsApp que siguieron como canales fiables de información durante semanas; estuvieron compartiendo datos puntuales y desmintiendo noticias falsas, replicadas o desfasadas, en publicaciones personales en sus distintos perfiles online, y también estuvieron creando memes y mensajes (véase la figura 13.4) que, desde el humor, ayudaron a construir un clima de optimismo que acompañaba a las fotografías de brigadistas recogiendo escombros y buscando sobrevivientes. Todo esto, hay que insistir, nos muestra cuán errónea es la concepción común de pensar a la Internet como un escenario que sustituye nuestros encuentros cara a cara, cuando más bien, en muchos casos,[13] funciona como un amplificador de nuestras prácticas colectivas.

A pesar de todo esto, la reacción para distintos medios fue de sorpresa al ver “el despertar” de los jóvenes, como si las habilidades que mostraron las hubieran aprendido de un día para otro, como si su presencia colectiva no importara sino hasta ahora. Por eso es necesario repensar, de manera crítica, la condición juvenil en México.

3. Capital social de los jóvenes en México. Contra la etiqueta de “millennials”

“Fuertemente impactados por la comunicación y la emotividad”,[14] temerosos de que “regresen a su mundo digital”[15] y sorprendidos porque “pasaron de su discurso de 140 caracteres a la acción en cuestión de minutos”,[16] fueron algunas de las reacciones estereotipadas que generó en los medios de comunicación la participación de los jóvenes después del #19S. La juventud, sin embargo, como lo han planteado con claridad

distintos investigadores desde hace varias décadas,[17] si bien tiene un horizonte de sentido cifrado en lo etario, en términos culturales no es un estado esencial del sujeto sino una categoría que se construye a partir de los contextos biográfico y sociocultural del sujeto, es decir, depende de la capacidad de agencia del joven y de los condicionamientos históricamente situados que lo atraviesan.

Ahora bien, de acuerdo con Rossana Reguillo, los jóvenes en México se enfrentan, desde hace casi tres décadas, a diversos procesos de “descapitalización”, que van de lo escolar a lo social y a lo político. Por descapitalización política la autora entiende:

[…] la dificultad de convertir la posición social en reconocimiento. La descalificación y la estigmatización a la que se ven sometidos los jóvenes, que siguen siendo considerados como sujetos de tutela pero no como sujetos políticos, son la lógica en la que se fundamenta que la posición juvenil se constituya en explicación de su marginación, subordinación o exclusión de la dinámica social. En otras palabras, ser joven es lo que explicaría y justificaría todo lo demás […]

La cara menos visible pero más dramática de esta descapitalización política está representada por la tendencia a depositar en los individuos […] la total responsabilidad de su situación.[18]

Aunado a esto, hasta finales de 2017, la guerra contra el narcotráfico en México, iniciada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa y continuada por su sucesor, Enrique Peña Nieto, ha dejado como saldo más de 100 mil personas asesinadas y más de 32 mil desaparecidas, la mayoría de las cuales han sido jóvenes. ¿De qué modo se trastoca con más claridad la vida cotidiana de una generación completa de mexicanos que viven día a día sabiendo que, por vivir en medio de una guerra y ser jóvenes, están en constante riesgo?

Cabe entonces preguntarnos si la apatía, el desinterés y la desvinculación, de las que se les acusa a los jóvenes, pueden ser, más bien, parte del conjunto de prejuicios producidos por una sociedad que, por un lado, le exige a la juventud pertenecer, cooperar, trabajar y sacrificarse, mientras que, por otro, se empeña en excluirlos y en despojarlos de oportunidades mínimas de inserción social digna. Lo más sencillo, sin embargo, cuando se habla de la juventud en la actualidad desde espacios institucionales, es excluirla en los hechos y anhelarla en el discurso, sorprenderse cuando se les ve ayudando, pero ignorarlos cuando son relegados y cuando no siguen las pautas que las normas institucionales les exigen. Como pronunciaron hace casi dos décadas Mario Margulis y Marcelo Urresti: “la juventud es la esperanza del futuro y la amenaza del presente”.[19]

Ahora bien, ¿cuál es el papel que ha tenido la apropiación de la Internet en la vida de millones de jóvenes en México?[20] Miles de niños de hace 11 años —cuando empezó la guerra contra el narcotráfico—, jóvenes en la actualidad, ¿dónde encontraron refugio seguro para estar con sus amigos? ¿Dónde construyeron sus espacios de complicidad afectiva y de afirmación personal? ¿Dónde construyeron sus horizontes de sentido y sus fuentes legítimas de consumo cultural? Sí, muchos de ellos encontraron y construyeron estos espacios vitales, también,[21]
en la red, y no por ser “adictos” a la tecnología sino porque ahí estuvo en muchas ocasiones el margen restante de acción que la guerra les dejó a ellos y a sus padres, como reducto de seguridad en el día a día.

Es importante mencionar esto, porque para muchas personas el uso de la Internet sigue siendo una “adicción”, claro, sobre todo para los jóvenes, una “distracción” en la escuela, una “pérdida de tiempo” de lo que “realmente importa”, y un largo etcétera de las peores formas de determinismo tecnológico, que en el fondo muestran el desconocimiento de las posibilidades de aprendizaje cotidianas con el uso de la Internet.[22]

La escuela, la familia, la iglesia, los medios, cuando hablan de la Internet suelen hablar de las peores cosas que pasan ahí (que por supuesto existen, igual que existieron en lo offline antes de la red), acaso desplegando una estrategia que a través del desprestigio trata de aferrarse a las certezas perdidas. Tal vez por ello, critican tanto a la Internet, porque es ahí en donde sus hijos, sus estudiantes, sus creyentes y sus audiencias encuentran fuentes alternativas a las tradicionales, porque es en la Internet donde, a pesar de todo, habita, en muchos casos, el germen de la producción autónoma de sentido.[23]

Con todo, podemos, es necesario hacerlo, reencausar la discusión sobre la participación política de los jóvenes en México. De entrada habría que aclarar que la tan famosa y usada etiqueta de millennials, más bien parece enunciar todo lo que quien la usa no entiende cuando habla de prácticas juveniles y en específico de sus usos de tecnología con acceso a la Internet, y por eso les llama “tecno–junkies” [24] o la “generación malcriada”.[25]

Habría que decir, por el contrario, que esta generación de jóvenes carece de una esencia y que está desarrollándose en un contexto con múltiples peculiaridades, que abarcan el uso cotidiano de la Internet y de teléfonos móviles, el desdibujamiento de la familia nuclear y de la heteronormatividad como posibilidades únicas de configuración de identidades y afectividades primarias; ser parte del momento histórico en el que la escuela ya no es el único lugar legítimo de acceso al conocimiento, el consumo a la carta de contenidos mediáticos, la guerra contra el narcotráfico, más de 100 mil personas asesinadas y más de 30 mil desaparecidas.

Bajo este contexto, es que miles de jóvenes en México se hicieron cargo de gran parte de la ayuda después del sismo del 19 de septiembre, en medio del espasmo del mundo adulto que, sorprendido, no mostró sino su incapacidad de darse cuenta de que, por desgracia y en muchas ocasiones, no entiende que no entiende cuando habla de sus jóvenes.

4. Conclusiones

Después del #19S los jóvenes no se preocuparon por estar “pasando horas” en la Internet ni por tener que esperar a que un medio les confirmara sobre un nuevo derrumbe, sus redes fueron mucho más eficaces para ayudar y para estar enterados de lo que pasaba; su modo de “cubrir” el evento no dependió de un editor que a su vez dependiera de los intereses comerciales de una empresa sino de la inmediatez y el sentido de cooperación trasmitido del mismo modo, cara a cara, que a través de espacios virtuales, espacios que estuvieron al pendiente día y noche de todo lo que estaba ocurriendo.

En medio del año electoral en México, experiencias como la aquí analizada son muestra de procesos de alfabetización crítica de la Internet en los que miles de jóvenes están inmersos en el día a día, así como de la aceleración que estos pueden alcanzar en coyunturas específicas. La potencia colectiva liberada por estos procesos, probablemente, será clave en las estrategias por venir para favorecer a las personas frente a las instituciones.

Finalmente, las discusiones online se han convertido en espacios de disputa política por el sentido de distintas situaciones en México. Lejos de ver en estas discusiones algo banal o inútil, la sociedad en general tiene que hacerlas relevantes como parte de la necesaria configuración de la toma de decisiones, de la creación de espacios de crítica en
el momento de crisis política, de inseguridad y económica que vive el país, y como parte de procesos de subjetivación política de miles de usuarios, jóvenes y no, de la Internet. Por supuesto, si este tipo de experiencias se agota en las redes, siempre será insuficiente, pero como ya subrayamos, las conversaciones online conllevan la posibilidad de convertirse en puntos de acceso a experiencias multicapa, es decir experiencias on–offline, que contaminen más espacios de discusión y, eventualmente, que se conviertan en ciclos de aprendizaje colectivo, como lo fue el apoyo de los jóvenes durante la crisis del #19S.

  1. . El mismo día, pero de 1985, otro temblor sacudió la capital del país.
  2. . Para entender mejor este concepto, hay que leer a Ábrego, Víctor Hugo. “Generación hipertextual de sentido y construcción de la presencia en Facebook”, en: Z. Rodríguez & T. Rodríguez (coords.), Socialidades y afectos. Vida cotidiana, nuevas tecnologías y producciones mediáticas, Universidad de Guadalajara, México, 2013.
  3. . Toret, Javier. “Tecnopolítica del 15M. La insurgencia de la multitud conectada”, en E. Serrano et al., 15MP2P. Una mirada transdisciplinar del 15M, Copyleft, Barcelona, 2014, pp. 278–288. Recuperado el 24 de febrero de 2018, de http://tecnopolitica.net/sites/default/files/toret.pdf
  4. . Aunque no necesariamente, ni en todos los casos.
  5. . Protestas en países de la región medio oriente desplegadas principalmente entre 2010 y 2011.
  6. . Linke, Cristine. “Mobility, media and relational communicative repertoires. An analysis of everyday family interactions”, en Interactions: Studies in Communication & Culture, vol.3, núm.1, 2012, pp. 25–38.
  7. . Laboratorio de innovación y estudios interdisciplinarios aplicados del ITESO. Un espacio interdepartamental donde se trabajan, entre otras cosas, la producción de software de minería, procesamiento y análisis de datos, para la investigación de fenómenos sociales en clave tecnopolítica.
  8. . Los emojis son los gestos que acompañan cada vez más nuestras conversaciones y publicaciones online, y son, como los gestos corporales, no un “adorno” de la palabra sino un signo como tal, portador de sentido y capaz de generar contextos de interpretación e interacción propios.
  9. . Fue un trending topic o tema tendencia en Twitter durante los días posteriores al sismo, y fue utilizado por miles de usuarios para confirmar información sobre lugares y personas que necesitaran ayuda o que pudieran brindarla.
  10. . Para una discusión amplia sobre esto, véase: Reguillo, Rossana. Paisajes insurrectos. Jóvenes, redes y revuelta en el otoño civilizatorio, NED, Barcelona, 2017.
  11. . En México, hay una tendencia peligrosa a la creación de “granjas” de bots (cuentas automatizadas) y de trolls (cuentas pagadas), para inflar ciertos temas y desviar la atención de otros en momentos específicos. Un ejemplo de ello puede consultarse en el siguiente informe de Signa_Lab ITESO: Signa_Lab. “Del #Gasolinazo a #SaqueaUnWalmart: mapeando la batalla en línea durante la crisis gasolinera en México”, en GlobalVoices, 3 de febrero de 2017. Recuperado el 24 de febrero de 2018, de https://es.globalvoices.org/2017/02/03/del-gasolinazo-a-saqueaunwalmart-mapeando-la-batalla-en-linea-durante-la-crisis-gasolinera-en-mexico/
  12. . #Verificado19s. “¿Cómo surgimos?”, en #Verificado19s. Recuperado el 24 de febrero de 2018, de http://www.verificado19s.org/#nosotros
  13. . Tampoco en todos, tampoco siempre.
  14. . Cedeño, Alonso. “La Generación del #Sismo. Jóvenes demostraron al mundo que a tuizatos sí se puede salir de una crisis”, en El Universal, 26 de septiembre de 2017. Recuperado el 24 de febrero de 2018, de http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/la-generacion-del-sismo
  15. . Expansión. “Los ‘millenials’ salen de la vida digital para ayudar a las víctimas del sismo”, en Expansión, 26 de septiembre de 2017. Recuperado el 24 de febrero de 2018, de http://expansion.mx/nacional/2017/09/26/los-millenials-salen-de-la-vida-digital-para-ayudar-a-las-victimas-del-sismo
  16. . Aranda Luna, Javier. “El sismo de los milennials”, en La Jornada en línea, 27 de septiembre de 2017. Recuperado el 24 de febrero de 2018, de 16http://www.jornada.unam.mx/2017/09/27/opinion/a04a1cul
  17. . En México, incluso, existe un Padrón Nacional de Jóvenes Investigadores de la Juventud con sede en el Seminario de Investigación en Juventud de la UNAM.
  18. . Reguillo, Rossana. “La condición juvenil en el México contemporáneo. Biografías, incertidumbres y lugares”, en Reguillo, Rossana (coord.), Los jóvenes en México, FCE, México, 2013, pp. 398–399.
  19. . Margulis, Mario & Urresti, Marcelo. “La construcción social de la construcción de juventud”, en Cubides, H.; Laverde, M.C. & Valderrama, C. (eds.), Viviendo a toda. Jóvenes, territorios culturales y nuevas sensibilidades, Siglo del Hombre, Colombia, 1998.
  20. . De los más de 62 millones de internautas que hay en México, poco más de 45% tiene entre 13 y 34 años. Bermúdez, Daniela. “18 datos sobre Internet y sus usuarios en México”, en El Economista, 22 de mayo de 2016. Recuperado el 24 de febrero de 2018, de https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/18-datos-sobre-Internet-y-sus-usuarios-en-Mexico-20160522-0083.html
  21. . Del mismo modo que lo hallaron también en otros espacios, pero menos que sus padres.
  22. . Pueden hallarse pistas generales en: Casacuberta, David. “Juventud y medios digitales: entre la inmunitas i la communitas”, en Jóvenes, tecnosofía y arte digital, Revista de estudios de juventud, núm.102, 2013, pp. 69–81.
  23. . Un informe acerca de los usos y las apropiaciones de los usos de la Internet en adultos en México, muestra parte de estos prejuicios. Se titula “Informe de usos y apropiaciones de la tecnología con acceso a Internet (primavera 2016)” y se puede consultar en el sitio web Observatorio de Redes Sociales y Mundos virtuales en: https://observaiteso.wordpress.com/2016/05/02/informe-de-usos-y-apropiaciones-de-la-tecnologia-con-acceso-a-internet-primavera-2016/
  24. . Horovitz, Bruce. “After Gen X, Millennials, what should next generation be?”, en USA Today, 5 de abril de 2012. Recuperado el 24 de febrero de 2018, de http://usatoday30.usatoday.com/money/advertising/story/2012-05-03/naming-the-next-generation/54737518/1
  25. . Fernández, Alba. “Millennials: la generación mal criada que quiere cambiar al mundo”, en ABC.es, 06 de noviembre de 2012. Recuperado el 24 de febrero de 2018, de http://www.abc.es/20121103/sociedad/abci-millennials-generacion-201211021603.html

19S: las diferentes caras de su cobertura mediática

 

Darwin Franco Migues*

Ante la tragedia, la solidaridad; así ocurrió con el temblor de 1985 y volvió a suceder el 19 de septiembre de 2017. Sin embargo, existió un factor de diferenciación clave: las redes sociales digitales. En ambos hechos, el poder lo tomó la solidaridad y fue la ciudadanía la que hizo frente a las catástrofes.

En este texto se hará énfasis en la configuración y articulación de las redes sociales digitales surgidas alrededor del sismo de 7.1 grados que afectó a varios estados de México, el 19 de septiembre de 2017. Esta explicitación de las acciones colaborativas en red se pondrán en perspectiva con la cobertura que se dio en los medios de comunicación tradicionales (prensa, radio, televisión), a la par de hacer un análisis particular del caso de #FridaSofía, niña que aparentemente estuvo atrapada bajo los escombros de la escuela Enrique Rébsamen (al sur de la Ciudad de México) y cuya existencia fue desmentida después de que decenas de medios nacionales e internacionales le dedicaran 43 horas de cobertura mediática.

1. La solidaridad red tras el sismo

y la lógica de la comunicación red

El día y momento del sismo estaba en clase con mis alumnos del ITESO; nos enteramos de lo que estaba ocurriendo a través de un mensaje que fue subido a Twitter desde la colonia Condesa, una de las más afectadas en la Ciudad de México. Los mensajes subsecuentes llegaron por la misma vía, algunos con mayor grado de verosimilitud porque se trataban de mensajes emitidos por algún usuario conocido, ya sea un familiar o amigo que estaba en el lugar de los hechos; otros más llegaron vía Facebook o WhatsApp en forma de imágenes y videos. “Acaba de temblar muy fuerte” y “estamos bien” fueron de los mensajes más recurrentes, mientras que las imágenes más reiterativas eran las de edificios que se colapsaban en segundos provocando gritos entre quienes grababan, sabedores de la relevancia que tenía hacer un registro. La tragedia nos llegó ese día a través del teléfono celular.

Después, vinieron los medios tradicionales, a los cuales la dimensión de la tragedia también les llegó a través de las redes sociales digitales, que en segundos llenaron la Internet de videos o imágenes alusivas al sismo. Los medios tradicionales por igual replicaban estos mismos contenidos porque, en ese momento, era la única manera de informar sobre lo que estaba pasando. Así fue como muchos vimos el colapso de edificios en las colonias Roma o Condesa, o el vaivén de las aguas desde una trajinera en Xochimilco. La viralización de los contenidos ocurrió de manera natural y, con ella, la desinformación, ya que el compartir no siempre implica el verificar.

Dan Gillmor[1] en el prólogo del libro Nosotros, el medio: cómo las audiencias están modelando el futuro de las noticias y la información, asegura que esto ocurre porque “La tradicionalmente centralizada recolección y distribución de noticias está siendo complementada (y en algunos casos será reemplazada) por lo que está pasando en la periferia de las redes cada vez más ubicuas”.[2] Y es esta capacidad, principalmente movilizada por el teléfono celular, fue la que ocasionó que la primera información generada sobre el sismo proviniera de espacios virtuales, mientras eran los usuarios de plataformas como Twitter, Facebook, WhatsApp e, incluso, Instagram, quienes tomaban la batuta en la generación informativa, no solo de lo que estaba pasando sino en qué se podría hacer para ayudar.

La red de solidaridad que se tendió en las calles, cuando por doquier salieron ciudadanos para ayudar a remover escombros, se replicó en las redes sociales digitales para establecer formas de ayuda y solidaridad. El uso y articulación de #hashtag expresó tanto un lenguaje colectivo como una acción que, de la misma manera, articuló esfuerzos, ideas y ayuda.

De hashtag como #SismoCDMX, #Sismo MX y #Sismo se pasó a #AyudaCDMX, #AquíSeNecesita, #AquíNecesitamos, #Voluntarios, #AquíYaNoSeNecesita, #HoyTengoFe y #FuezaMéxico; sin embargo, uno de los etiquetados en red más importantes fue #Verificado19S, el cual no solo articuló diversos esfuerzos individuales y colectivos sino que concatenó toda esta labor para focalizarla en la verificación de la información que ese día y en las semanas posteriores se compartió a través de diversos medios, tanto tradicionales como digitales.

En su página web (http://www.verificado19s.org/), #Verificado19S explica que:

Ante la emergencia humanitaria provocada por el terremoto del 19 de septiembre, un grupo de activistas, periodistas y programadores decidieron reunirse en el Centro Cultural Horizontal para buscar formas de verificar la información que aparecía en medios de comunicación y redes sociales. Con la colaboración inicial de programadores desarrollamos un mapa[3] y una base de datos colaborativa y que actualmente es la plataforma más certera, más actualizada y más visitada de datos sobre el terremoto.

Que se lograra esta articulación, sin embargo, no ha sido un proceso gratuito ni automático, ya que la edificación de esta cultura participativa[4] y su inminente inteligencia colectiva,[5] manifestada en acciones horizontales a través de la Internet y sus aplicaciones tecnológicas,
responde más a profundos cambios socioculturales que a cuestiones meramente tecnológicas, ya que el engranaje que prioriza la apropiación y domesticación de una tecnología no responde solo a la posesión y acceso que se tenga de la misma sino a los usos y apropiaciones que se hagan de ella. Tampoco es un asunto generacional sino que se trata de una nueva lógica de sentido, en donde, tecnológicamente hablando, es posible ser un medio de autocomunicación masiva.[6] Esta lógica rompe, de múltiples formas, la comunicación unidireccional con la que los medios tradicionales han dominado nuestras prácticas mediáticas.

Entender que se debe hacer un registro de la tragedia y que este tiene que ser compartido con otros a través de las redes sociales digitales, implica ya un profundo conocimiento de lo que conlleva la comunicación en red, pues no solo se registra o se publica para sí mismos sino para “un nosotros” que existe dentro de cada red social digital. Ese saberse acompañado nos orilla a comprender que lo sucedido alrededor de fenómenos como #Verificado19S no son meras prácticas tecnológicas sino principalmente de sentido, pues estas trastocan las lógicas tradicionales en las que hemos aprendido a consumir y difundir la información.

La decisión de nombrar a este esfuerzo colaborativo #Verificado19S es en sí mismo el reconocimiento de que estas nuevas formas de comunicación requieren un orden y estructura para dar forma y sentido a lo que se comparte, ya que el establecer comunicación red implica combatir la entropía que se genera cuando muchos generan una conversación que causa más incertidumbre que certezas.

Ese tejer verosimilitud entre el mar informativo dejado por millones de personas durante y después del sismo puede considerarse también como una respuesta colectiva a una lógica informativa que no tiene como principal fuente de acceso a la información a los medios de comunicación tradicionales sino a las redes sociales digitales;[7] de aquí que la autorregulación del mismo modo tuvo que provenir de los propios usuarios, que, de manera horizontal, verificaron toda la información generada por ciudadanos, medios de comunicación y entidades gubernamentales.

El elemento a cuestionar fue principalmente informativo y este se criticó con fuerza cuando se pretendió minimizar la tragedia o maximizar las acciones gubernamentales o mediáticas surgidas alrededor del sismo; por ello, desde un ejercicio como este, se analizaron y verificaron tanto las acciones comunicacionales y de rescate de las entidades gubernamentales, así como las desmedidas coberturas mediáticas que usaron a la tragedia como un insumo mediático; por ello, al concluir las actividades de monitoreo y verificación de #Verificado19S, los ciudadanos y colectivos participantes lanzaron las siguientes interrogantes:

¿Por qué el gobierno, en todos sus niveles, fue incapaz de establecer en tiempo real y de forma veraz una red de logística: acopio, almacenamiento, distribución y entrega de herramientas, materiales, equipo, medicamentos, víveres, mano de obra y especialistas en las zonas de riesgo y de derrumbe; así como de facilitar el trabajo de los equipos de rescate? [8]

Con los debidos errores e inconsistencias, la comunicación red generada tras el sismo mostró y dio visibilidad a cientos de acciones colectivas de solidaridad, así como de resistencia y memoria; los jóvenes que articularon estas acciones dieron muestra de que siempre han estado ahí, ya que no despertaron tras la tragedia sino que se hicieron presentes en ella, haciendo lo que mejor saben hacer: el trabajo colectivo y horizontal en red, de lo cual hay antecedentes recientes, como las acciones ciudadanas emprendidas bajo las banderas de #YoSoy132 o #AyotzinapaSomosTodos.

2. #FridaSofía: la lógica de los medios tradicionales

En 1985, los grandes medios —en especial los de alcance nacional— fueron los que centralizaron la información, no solo sobre la catástrofe sino también alrededor de las formas de solidaridad que se tejieron tras la tragedia. En consecuencia, esto ocasionó la mediatización del temblor y dio a la televisión, específicamente a Televisa, el rol central en la construcción de su significación.

En ese entonces, millones de familias miraron el temblor a través de sus señales y entendieron la magnitud de lo ocurrido a través de su narrativa, la cual se enfocó en lo informativo tanto como en lo emotivo; de ahí que historias como la de Monchito, supuesto niño atrapado bajos los escombros, tomaron una relevancia inusitada para una televisora que, en ese entonces, poseía toda la atención de las audiencias, al ser prácticamente la única opción. Al final, Monchito no existió, solo su cobertura.

En 2017, el escenario para Televisa fue totalmente distinto. No era ya la única opción televisiva, aunque sí se mantenía como el medio hegemónico en cuanto a los niveles de audiencia, ya que aún concentraba los mayores ratings. Ante este panorama, se hizo un gran esfuerzo en la cobertura del sismo para atraer a los televidentes. La experiencia y la infraestructura estaba de su lado, porque ningún medio en México tiene la capacidad humana y el alcance tecnológico que posee Televisa. La cuestión era encontrar la mejor historia, entre las miles que se tejieron alrededor del rescate de los damnificados. La mira se puso en la ocurrida en la escuela primaria Enrique Rébsamen, ya que se trataba del rescate de niños, así que la televisora le apostó todo a este rescate.

Un día después de ocurrido el sismo, el 20 de septiembre, vino el golpe mediático que esperaba: debajo de los escombros existía aún atrapada una niña. La reportera asignada al lugar, Danielle Dithurbide, a las 9:18 horas comunicó a Carlos Loret de Mola, titular del noticiero matutino:

[…] te puedo confirmar que están teniendo contacto con una niña con vida. Le acaban de pasar una manguera para que pueda tomar agua […] Están teniendo contacto hablado con una niña […] En tan solo unos minutos podremos estar en vivo, al aire, con el rescate de esta pequeñita […] Alcanzamos a oír que le dijeron mueve la mano y es por eso que podemos confirmar que sigue con vida, porque vieron que movieron la mano.[9]

Esta fue la primera vez que públicamente se habló de la niña. Aún no se le nombraba como Frida Sofía, pero ya se había difundido en televisión nacional su aparente existencia. Supimos que se llamaba Frida Sofía y que tenía 12 años a las 18:05 horas del 20 de septiembre; posteriormente, en las pantallas de Televisa se anunció que ya se había tenido contacto con su familia y que su rescate era inminente.

Después de largas horas de trasmisión, se supo que jamás existió una niña con ese nombre. Esto se conoció tras la rueda de prensa que ofreció la Secretaría de Marina, el 21 de septiembre, en voz del almirante Enrique Sarmiento, quien (14 horas después de que se inició la cobertura informativa del “rescate” de Frida Sofía) expresó:

Con la versión que se sacó con el nombre de una niña. No tenemos conocimiento, nosotros nunca tuvimos conocimiento de esa versión. Estamos seguros que no fue una realidad puesto que […] se corroboró con [la Secretaría de] Educación Pública, con la delegación y con la escuela y todos, la totalidad de los niños, desgraciadamente algunos fallecieron, otros están en el hospital y los demás están sano y salvos en su casa.[10]

Televisa, a través de sus periodistas Carlos Loret de Mola, Denise Maerker y Danielle Dithurbide. expresó al aire que el error no fue suyo y que la Secretaría de Marina era la única responsable de trasmitir esta información falsa, razón por la cual debería de pedir disculpas. El almirante Sarmiento lo hizo el 21 de septiembre.

En un ejercicio de análisis puntual realizado por el Observatorio de Medios Q ITESO de las 43 horas de trasmisión, se creó una TimeLine[11] que demuestra, de manera puntual, los errores en la precisión y
verificación informativa que se cometieron durante la trasmisión exclusiva que Televisa realizó del acontecimiento, ya que fue el único medio que pudo prevalecer dentro de la Escuela Enrique Rébsamen para observar las labores de rescate. No se trató, conforme a los resultados del estudio, de un error de información gubernamental sino de una cadena de errores en el proceder periodístico de parte de Televisa (y de muchos medios más), ya que se confió en testimonios que jamás fueron verificados.

En el mismo ITESO, se realizó el estudio de audiencias nombrado “#FridaSofía: de la ilusión a la desesperanza”,[12] en el cual se preguntó directamente a 32 televidentes que presenciaron la cobertura de Televisa:[13] “¿Cuál fue su sentir durante la trasmisión y cuál fue su reacción al enterarse de que Frida Sofía jamás existió?”.

Algunas de los hallazgos encontrados fue que las audiencias concentraron su atención sobre el “rescate” de #FridaSofía en dos puntos: por un lado, la vinculación y conexión emocional con Frida Sofía —por su cualidad de infante y por la narrativa de esperanza que se construyó de ella a través de la televisora— y, por otro, la impotencia de saber que una televisora que trasmitió por largas horas una historia no confirmada no sería castigada, lo cual les generó desilusión, al saberse engañados.

En relación con el primer punto, “el gancho emocional” que propició una recepción prolongada del caso Frida Sofía fue que se trataba de una niña; esta condición de vulnerabilidad, sumada a la empatía al sentir que “podría ser su hija o hermana menor”, les hizo mantenerse pegados a la trasmisión exclusiva de Televisa.

Las audiencias deseaban ver “en vivo” el rescate porque esto les hubiese permitido tener una catarsis mediática ante el sismo; al respecto, coincidieron en que la televisora supo atraer su atención, porque manejó una narrativa que los atrapó a tal punto que suspendieron actividades cotidianas para no perderse nada del rescate.

La decepción sobre el tema y la televisora ocurrió cuando se enteraron que Frida Sofía jamás había existido, esto implicó un golpe emocional muy fuerte porque habían depositado sus sentimientos y esperanzas en la historia. Tanto adultos como jóvenes consideraron que Televisa no solo “jugó con sus sentimientos” sino que se aprovechó de ellos porque prefirió el rating antes que su compromiso con la verdad.

Las audiencias adultas aseguraron que, a partir de esto, dejaron de ver Televisa; mientras que las más jóvenes volvieron a confirmar su rechazo a la televisora. En ambos casos, se sintieron defraudados al saber la verdad, pues en la trasmisión “todo se veía tan real” que les sorprendió saber que, incluso, era posible mentir aunque lo que se estuviese viendo fuera una trasmisión “en vivo”.

La cobertura que los medios tradicionales dieron al sismo no solo no ofreció nada nuevo sino que apostó por la misma lógica que aplican ante las tragedias humanas: la espectacularización de una historia y la apelación emocional por encima de la claridad y verificación informativa; sin embargo, Televisa no fue el único medio que le apostó a esta historia, también lo hicieron muchos más, incluso, el periódico El Universal creó toda una sección titulada “Frida Sofía: la esperanza de México”, la cual fue desmontada tras saberse la verdad. Esta misma acción de desaparecer información ocurrió en medios como Aristegui Noticias o Proceso, los cuales después fueron muy críticos de Televisa.

Lo cierto es que a Frida Sofía la creamos todos, ya que la mediatización de un hecho, sea este o no verídico, no depende exclusivamente de la postura o producción de una televisora, o de un medio de comunicación, sino de la imposición de las lógicas mediáticas que centralizan buena parte de nuestras interacciones cotidianas. Esto no justifica ni avala la excesiva cobertura que decenas de medios mexicanos y extranjeros realizaron sobre el caso de #FridaSofía; al contrario, deseo señalar que la mediatización de un hecho no puede darse sin la interacción e interactividad entre el suceso, los medios que lo retratan y las audiencias que lo significan y resignifican en el momento de su recepción.

3. Cuando las lógicas mediáticas se cruzan

Ante una catástrofe como la vivida el 19 de septiembre de 2017, los medios de comunicación y los usuarios tuvieron que tomar decisiones y estas, desde luego, no fueron fáciles, porque ninguna víctima debía ser más relevante que otra; sin embargo, no todas recibieron la misma visibilidad ni el mismo tiempo en las pantallas. Los medios eligieron entre el sinfín de dolorosas historias a aquellas que pensaron serían más impactantes o a aquellas que creyeron les dejarían mejores dividendos, tanto en rating como en el tráfico de usuarios dentro de sus sitios web. En este sentido, la historia de una niña atrapada bajo los escombros de su escuela resultaba peculiarmente atractiva. Cuando se dijo que uno de los niños atrapados bajo los escombros llevaba por nombre Frida Sofía, inició el proceso de mediatización de esta historia, porque las víctimas de este colegio se concatenaron a través de un solo nombre, y fue este nombre el que le dio una identidad colectiva a la tragedia.

En este sentido, creamos la veracidad de Frida Sofía porque seguimos las más de 43 horas de trasmisión de su aparente rescate, así como porque la conducta y gramática de la comunicación red apeló a nuestro capital emocional y respondimos haciendo de #FridaSofía un fenómeno en redes sociales digitales.

La mediatización de su rescate permitió generar tanto todo tipo de producciones mediáticas como todo tipo de conversaciones sociales donde medios y audiencias se permitieron participar en la construcción de argumentos, que mantuvieron las expectativas y esperanzas de un rescate, tanto como significaron una decena de decisiones de producción que, en la mayoría de los casos, colocó la espectacularidad antes que el rigor periodístico que exige en todo momento un apego irrestricto a la veracidad.

Las lógicas mediáticas justo tienden a favorecer al espectáculo porque no están necesariamente pensadas para satisfacer o garantizar el derecho de las audiencias; al contrario, están ahí para que el mercado de la comunicación mediática fluya y deje beneficios
a quienes —sabedores de sus lógicas— deciden explotar, mediáticamente hablando, a la emoción por encima de la razón.

Aunque con diversos matices, así operó también la lógica mediática en las redes sociales digitales que usamos para hablar de #FridaSofía, porque fue su viralización y no su confirmación la que la hizo real para todos los que pasamos del drama televisivo a la conversación digital, edificando, a partir de ello, conversaciones que apuntaban a su rescate y al sentido de esperanza que depositamos en ella.

Desde luego que, bajo un proceso de mediatización, existen responsabilidades; en este sentido, los medios que dieron gran cobertura a la historia tuvieron que haber confirmado la historia, pero no lo hicieron cuando apostaron por sostener, a través de una sola fuente periodística, el peso de toda la historia y, por ello, su responsabilidad tras darse a conocer que nunca existió Frida Sofía es grande. No bastan, entonces, sus disculpas, porque violaron nuestro derecho como audiencias a la veracidad.

Como usuarios también nos equivocamos, porque compartimos información falsa, información que consumimos —justamente— en los medios que no verificaron la historia. A Frida Sofía la creamos todos, porque estamos tan incrustados en las lógicas mediáticas que, muchas veces, nos cuesta distinguir la realidad de las producciones mediáticas y ahí estriba la relevancia de que una organización en red como #Verificado19S existiera, ya que fue su estructura y organización lo que rompió con las lógicas mediáticas en la cobertura del sismo, colocando en jaque no solo a las formas tradicionales de comunicación sino además a la capacidad gubernamental que, en materia de comunicación social, buscó minimizar la tragedia antes que usar esas mismas vías para garantizar la ayuda.

Hoy las lógicas de los medios tradicionales y las lógicas de la comunicación red tienen a concatenarse con más fuerza; la cobertura del sismo fue un ejemplo notable dentro de un campo comunicacional que hoy coloca a la posverdad como principal eje en la construcción de los acontecimientos, tanto sociales como mediáticos. El poder, así como pasó con el sismo, debe seguir estando en la solidaridad red.

  1. . Gilmor, D. “Prólogo”. En Bowman, Shayne & Willis, Chris. Nosotros, el medio: cómo las audiencias están modelando el futuro de las noticias y la información, The Media Center, Bogotá, 2003.
  2. . Ibidem, p.iv.
  3. . El mapa puede verse en: http://google.org/crisismap/a/gmail.com/v19s
  4. . Jenkins, Henry. Converge cultura. La cultura de la convergencia de los medios de comunicación, Paidós, Barcelona, 2008.
  5. . Lévy, Pierre. Inteligencia colectiva por una antropología del ciberespacio, INFOMED, La Habana, 2004.
  6. . Castells, Manuel. Comunicación y poder, Siglo XXI, México, 2012.
  7. . Reuters. “More than half online users get news from Facebook, YouTube and Twitter: study”, 14 de junio de 2016. Recuperado el 8 de diciembre de 2016 http://www.reuters.com/article/us-media-socialmedia-news-idUSKCN0Z02UB
  8. . Horizontal. “#Verificados19S”, en Horizontal. Recuperado el 24 de febrero de 2018, de https://horizontal.mx/verificado19s/
  9. . Noticieros Televisa. “Niña da señales de vida entre escombros”, en Youtube, 20 de septiembre de 2017. Recuperado el 24 de febrero de 2018, de https://youtu.be/pxoKzNQTH8M
  10. . SA. “No hubo Niña Frida Sofía: Ángel Enrique Sarmiento Beltrán subsecretario de Marina”, en Youtube, 21 de septiembre de 2017. Recuperado el 24 de febrero de 2018, de https://www.youtube.com/watch?v=e_g9_mnA_5w
  11. . La línea del tiempo puede consultarse en: “Análisis de la construcción del caso Frida Sofía” [DE disponible en: https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1uP6nzpG_9YoIXVCBYIXz9Uus_uwJ9e8uxLKgu70Qgwo&font=Default&lang=en&initial_zoom=2&height=650].
  12. . Véase Readymag. “#FridaSofía: De la esperanza a la desilusión”. Recuperado el 24 de febrero de 2018, de https://readymag.com/u57908487/90f281/
  13. . Las 32 entrevistas fueron semiestruturadas y se realizaron con audiencias jaliscienses (21 adultas y 11 jóvenes) de diversos niveles socioeconómicos que presenciaron “en vivo” algún momento de la cobertura informativa.

Resiliencia urbana y reconstrucción en la Ciudad de México. La atención gubernamental tras los terremotos de 2017

Alejandro Mendo Gutiérrez*
Mara Alejandra Cortés Lara**

La Ciudad de México es una urbe que, desde su fundación en tiempos prehispánicos, registra terremotos preocupantes. Reportes dan cuenta de más de tres mil eventos sísmicos, incluyendo precursores y réplicas.[1] Solo durante el siglo XX se registraron más de 11 macrosismos, de magnitud mayor a 7 en la escala de Mercalli Modificada, que implicaron graves daños, incluso en las recientes edificaciones construidas con sistemas modernos con base en marcos estructurales de acero o concreto reforzado.[2]

Los trágicos temblores septembrinos de 1985 marcaron al país, no solo por las devastadoras consecuencias sociales y económicas que dejaron tras de sí sino por las modificaciones normativas a que dieron lugar en materia de ingenierías preventivas y protección civil. No obstante, a pesar de los nuevos estándares constructivos exigidos para los edificios levantados desde entonces, de nueva cuenta, la naturaleza puso a prueba a la sociedad mexicana con los lamentables movimientos telúricos de septiembre de 2017, los cuales devastaron asentamientos rurales y urbanos en los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos, Estado de México, Guerrero y la propia Ciudad de México; pero, sobre todo, con la incomprensible y fatal sacudida del martes 19.

El recuento, reporta David Vicenteño en Excélsior, de perjuicios ocasionados por estos sismos abarca 360 decesos —con dos terceras partes ocurridos en la capital del país—, cerca de 184 mil viviendas siniestradas, 16,000 escuelas afectadas, 1,821 edificios patrimoniales de valor cultural averiados, 175 equipamientos hospitales y clínicas con percances, y 140 carreteras con deterioros.[3] Según cálculos preliminares, la inversión económica necesaria para reparar los daños podría ascender a unos 48 mil millones de pesos.[4]

Sobra abundar en los infaustos detalles, pero sí debe decirse que el alcance de estos sismos cimbró de nuevo a todos los sectores de la población, sin importar su perfil social o arraigo geográfico. De hecho, lo que se vivió tras los terremotos fue una masiva respuesta civil, volcada solidariamente a la ayuda. En este artículo, se comentarán cuestiones relacionadas con políticas urbanas, con la producción de vivienda y con las capacidades institucionales de respuesta que ahora surgen con mayor pertinencia, otra vez, al tratarse de temas de interés público emergentes y prioritarios.

1. Respuestas institucionales ante la tragedia

Una primera evaluación general de cómo reaccionaron los distintos órganos gubernamentales responsables de atender la contingencia en su urgente inmediatez se resume en la palabra pasmo. Pasmo por la incredibilidad ante los hechos, pasmo por la pesadez en operar, pasmo ante el rebasamiento por parte de la ciudadanía. Dicho de otra forma, se impuso un estupor subyugante. Pero más allá de los aciertos o ineficiencias oficiales, importa aquí, enfocar el despliegue de estrategias reconstructivas formales —inmediatas, unas y de largo plazo, otras— ante un escenario de vulnerabilidad explícita que obliga al blindaje con base y en consideración de las debilidades actuales. En este sentido, proponemos dos referentes a valorar: las medidas tomadas por el gobierno federal en el plano nacional y las estrategias impulsadas localmente por las autoridades de la capital.

Las acciones de reconstrucción emprendidas por el gobierno de la república podrían resumirse en dos: remoción de escombros en localidades con edificaciones dañadas y entrega de tarjetas bancarias para ofrecer recursos líquidos a los damnificados.

Respecto de las tareas de demolición y limpieza de predios y espacios públicos, tras la tragedia se habían inventariado 150,000 viviendas afectadas en ocho entidades,[5] de las que se había removido un estimado de dos millones de metros cúbicos de cascajo. En estas labores, intervino personal militar del ejército mexicano y de la armada, además de rescatistas civiles y voluntarios.

Por su parte, el Ejecutivo federal creó la Red de Mujeres Vigilantes de la Reconstrucción, instituida para canalizar la distribución de apoyos monetarios etiquetados para la reparación habitacional mediante plásticos bancarios.[6] La emisión de tarjetas del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) había alcanzado una cifra de 140 mil plásticos para finales de noviembre;[7] se establecieron dos modalidades de apoyos: 15,000 pesos para quienes tuvieron daño parcial en sus viviendas, y 120 mil pesos para mano de obra y materiales para quienes sus viviendas resultaron totalmente dañadas.[8]

A lo anterior, se sumaron otras opciones convencionales de ayuda ofrecidas por los organismos públicos de vivienda, como préstamos personales extraordinarios para afectados por desastres naturales que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSTE) a sus derechohabientes y algunas medidas de apoyo lanzadas por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) —por ejemplo, poder disponer del ahorro para vivienda acumulado en la cuenta del Sistema de Ahorro para el Retiro, tener derecho a la apertura de un segundo crédito expedito para pago de renta temporal o para contar con liquidez y poder hacer frente ante la eventualidad, así como prórrogas limitadas en el pago de obligaciones fiscales y rembolsos por pérdida de menaje y enseres menores. A este conjunto de respuestas gubernamentales, desde la administración pública federal, hay que añadir las distintas iniciativas independientes con que los sectores privado y social también han aportado. Entre ellas, destaca la contribución de 4,000 millones de pesos

—captados por constructores, banqueros y organismos empresaria— y que serán administrados mediante el fideicomiso Fuerza México.[9]

A su vez, aunque en la capital del país se identificaron de inmediato 4,120 edificios dañados,[10] posteriormente, la cifra fue revisada, más de 11,000 inmuebles afectados por los terremotos y al menos 40% de ellos evidenció problemas constructivos de menores a graves.[11] Para afrontar la situación, el gobierno de la Ciudad de México desplegó un conjunto de estrategias enfocadas en varios objetivos prioritarios: garantizar seguridad física a la población y brindar cobijo material a los afectados; orientar jurídicamente a los propietarios de bienes inmuebles perjudicados acerca del estatus legal de su patrimonio, formular un plan de reconstrucción e integrar un equipo de trabajo para dar seguimiento al desastre, coordinar esfuerzos colaborativos de terceros comprometidos con la atención a la catástrofe, entre otros.

Uno de los detalles más sobresalientes de la reacción institucional capitalina ha sido la utilización de la Internet como referente privilegiado para establecer la relación entre autoridades y ciudadanía. Efectivamente, la puesta en operación de la Plataforma CDMX supuso la apertura de un canal de comunicación oficial entre dependencias y habitantes respecto de los múltiples asuntos relacionados con el siniestro. De esta manera, los responsables gubernamentales emitieron dictámenes de seguridad estructural y habitabilidad, orientaron a vecinos sobre la ubicación de albergues y centros de acopio, difundieron declaratorias, decretos e informes, y varias funciones más.

Adicionalmente, el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, y
el jefe de gobierno de la capital, Miguel Ángel Mancera Espinosa, anunciaron, de manera conjunta a principios de octubre, la implementación del Plan de Reconstrucción para la Ciudad de México, mismo que detalla las modalidades específicas de apoyo a los damnificados. En consonancia, el 24 de noviembre de 2017, el jefe de gobierno expidió la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una cada vez más resiliente ciudad. En este decreto se enlistan los procedimientos particulares con que se resolverán los distintos casos que se presentaron tras los sismos; por ejemplo, que las viviendas ubicadas en suelo de propiedad social, que tengan dictamen de inhabitables, serían repuestas por las autoridades con una superficie máxima de 45 metros cuadrados. A los vecinos en condición vulnerable que no puedan reinstalarse en conjuntos habitacionales con daños estructurales reparables, también se les ofrecen ayudas para renta temporal y reposición de menaje, salvo realización de estudios socioeconómicos.

Es necesario subrayar que el programa de reconstrucción moviliza recursos públicos provenientes del fondo de contingencias de la ciudad y también coordina recursos externos concurrentes, pero, aun para aquellos casos de pérdida total de edificios, lo que se ofrece es un préstamo hipotecario de largo plazo bajo condiciones contractuales atenuadas, pero que no deja de estar planteado como instrumento crediticio bancario. Esta es una cuestión que ha generado múltiples críticas, debido a que las circunstancias exigían medidas más radicales que estuvieran en consonancia con la magnitud de la emergencia social.

En opinión de algunos legisladores y representantes gremiales, se desaprovechó, en esta ocasión, la oportunidad de capitalizar las positivas experiencias de organización ciudadana y apoyo técnico académico que resultaron memorables de la movilización civil de 1985.[12] Por ello es que, en el contexto actual, llama la atención que las autoridades capitalinas no estén ejerciendo expropiaciones ni convocando a las fuerzas vecinales a constituir comités locales de reconstrucción ni de vigilancia social de las obras. Por el contrario, el planteamiento es fuertemente financiero, desde que se habla de una bolsa colocada en el mercado de valores con obligaciones de deuda.

2. Metas y objetivos

de las políticas de reconstrucción

Siempre que existe un evento traumático de magnitudes como las de los sismos de septiembre, las afectaciones a la ciudad se convierten en cicatrices que permanecen por mucho tiempo y dejan su huella social, geográfica y económica. Es inevitable pensar que, cada vez que se emite una nueva política pública urbana que incide directamente en la ciudad y la trasforma en muchos sentidos, debería hacerse el esfuerzo crítico de analizar no solo los objetivos y metas planteadas para el largo plazo sino también los efectos ulteriores, una vez que haya sido aplicada esta. Con ello, se podrían obtener aprendizajes sociales sobre los procesos de construcción de ciudad y así lograr una respuesta más eficiente y coordinada hacia la ciudad resiliente que tanto se requiere.

En este apartado, se analizan, desde una perspectiva crítica de la sustentabilidad y resiliencia urbanas, los objetivos y metas planteadas en la política de reconstrucción de la Ciudad de México con relación a los siguientes ejes transversales: lo social, lo económico y lo ambiental, en dos escalas, principalmente, la de la vivienda y la de la resiliencia urbana. Por último, se plantea una serie de interrogantes provocadoras que conviene mantener vigentes para guiar de forma constructiva mejores procesos —e idealmente resultados más óptimos— una vez que se concluya con la etapa de reconstrucción urbana a largo plazo.

La política aplicada, en materia de reconstrucción, identificó claramente dos momentos de atención: la emergencia posdesastre y la reconstrucción consiguiente. Ambas etapas respondieron a la idea de atender tres objetivos fundamentales. Uno inicial, abocado a salvaguardar a la población brindando albergue temporal a los afectados y dictaminando los niveles de riesgo en las edificaciones. Otro, orientado a emprender el restablecimiento urbano con acciones de recuperación, demolición, reparación y construcción de infraestructura urbana y edificios. Y un último, pensado para conducir a la capital hacia nuevas dinámicas de desarrollo y consolidación.[13]

De acuerdo con el plan de reconstrucción planteado, existen varios puntos que podrían cuestionarse. Uno de ellos es la mutación de las configuraciones sociales preexistentes y otros efectos subsecuentes asociados a toda reubicación de población damnificada; por ejemplo, la atracción de otras poblaciones hacia los epicentros
del desastre una vez concluidos los nuevos proyectos habitacionales. Estos desplazamientos demográficos, llamados gentrificación en la literatura sociourbana, desencadenan nuevas secuelas multidimensionales, como el aumento en los valores del suelo o la demanda de distintos satisfactores de mercado; no obstante, en última instancia, esto se debe a que la política de reconstrucción no logró establecer, claramente, las estrategias para mantener a la población en su lugar original.

Es cierto que las condiciones socioeconómicas de los habitantes ahora damnificados son muy diversas y de esta variedad aleatoria de situaciones depende su acceso al crédito que ofrece el programa: si son propietarios y pueden comprobarlo; si son económicamente activos con ingresos comprobables; si tienen buen historial de crédito; si tienen prestaciones institucionales, como el Infonavit; si cuentan con una red familiar de apoyo que les brinde acompañamiento, y un largo etcétera. Otro impacto social es si la reconstrucción y parte de sus costos deberían ser trasladados a los usuarios, y si entonces los fondos de desastres como el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y el Fondo de Atención a los desastres Naturales en la Ciudad de México (Fonaden) funcionan adecuadamente, y qué tanta vulnerabilidad social y económica se le agrega a esta población que de por sí ya está en una situación complicada.

Existen varios aspectos más de esta propuesta de reconstrucción para la Ciudad de México que vale la pena considerar, como el traslado de parte del financiamiento de dicha reconstrucción a los propios afectados; por lo tanto, surge la duda de hasta dónde se encuentran definidas las aportaciones de los fondos de desastres de la ciudad y federales que realizan contribuciones para la reconstrucción, así como sobre los recursos que tantas empresas, ciudadanía y otros aportaron para apoyar estas acciones.

En lo económico, parece interesante la aplicación de instrumentos antes no empleados para la atención de desastres —como lo son las asociaciones público–privadas— y sería más llamativo aún plantearlas ahora en términos de asociaciones público–privadas–sociales, considerando estos grandes proyectos de inversión como detonadores financieros para las empresas constructoras, pero que a su vez deben evitar correr el riesgo de alterar los mercados inmobiliarios y sus parámetros. ¿Quién regulará que efectivamente esta reconstrucción tenga un tinte social profundo y no sea un gran negocio para unos pocos?

Desde otra óptica, considerando que en México existe un gran rezago nacional en la formalización de la titularidad de las propiedades, y pasa igual respecto del buen historial crediticio y las prácticas de ahorro o tandeo, nos preguntamos qué tan efectiva será esta política para ayudar a todas las personas que se han visto afectadas por este sismo. Y todavía más, ¿estos mecanismos previstos permiten una contraloría trasparente como para verificar la aplicación de los recursos y la correcta canalización de apoyos específicos?

En lo social, debe cuestionarse de entrada si la reconstrucción, y parte de sus costos en materia de vivienda, deberían ser trasladados a los usuarios. ¿Cuál será la función del Fonaden y de todos los donativos otorgados para la reconstrucción? ¿Cómo altera la situación económica familiar el hecho de enfrentar el pago de un nuevo crédito? ¿Cómo controlar la tentación lucrativa y los posibles excesos para las constructoras independientes de esta catástrofe? ¿Cómo evitar la alteración de los mercados inmobiliarios y neutralizar el desplazamiento y gentrificación de ciertas colonias afectadas para convertirse en nuevos polos de desarrollo inmobiliario especulativo?

Uno de los efectos positivos de los sismos es el trabajo colegiado que grupos de profesionales han realizado para dictaminar tanto los edificios como infraestructuras que se han visto afectadas, así como para actualizar los códigos de edificación para prevenir futuras tragedias. En comparación con los terremotos de 1985, la actualización en los códigos estructurales constructivos derivó en una menor destrucción de edificios en 2017. Sin embargo, el tema de la corrupción se hizo presente, ya que hubo inmuebles afectados de muy reciente construcción en los que, posteriormente, se comprobó que hubo una falta de cumplimiento de las disposiciones constructivas. Lo que es peor, acaba de descubrirse una maquinación ofensiva en las entrañas del aparato estatal federal, desde donde se desviaron —mediante operaciones fraudulentas con las tarjetas bancarias emitidas para abonar dinero a los damnificados-— recursos millonarios a otras manos.[14]

En materia de resiliencia urbana, la crisis telúrica puso a prueba los trabajos que el actual gobierno de la Ciudad de México ha venido realizando. Debe recordarse que, desde 2013, la capital del país fue electa para integrarse a la iniciativa internacional 100 Ciudades Resilientes promovida por la Fundación Rockefeller.[15] En este sentido, a partir de 2016 se venía avanzando en varios ejes estratégicos que resultaron insolventes por su reducida capacidad para enfrentar la eventualidad de los terremotos. Así, dos de las principales áreas focales incluidas en la Estrategia de Resiliencia CDMX —resiliencia a través de la gestión del riesgo y economía resiliente afronta percances agudos— no mostraron la efectividad de la estrategia institucional, pues ni se movilizaron suficientes equipos urbanos para atender peligros ni se tenían listos fondos mixtos para respaldar los apoyos urgentes.

En resumen, se aprecia que tanto en el caso de la Ciudad de México como en el resto de localidades del país donde se registraron afectaciones por los movimientos telúricos de septiembre de 2017, los programas oficiales no logran abordar otras esferas inherentes a la resiliencia —como la gestión intersectorial de la vulnerabilidad, la instrumentación de actividades preventivas de desastres, la dotación de equipos, unidades y recursos o como la constitución de fondos económicos robustos— de forma tal que, cuando ocurren los percances disruptivos no se cuenta con la capacidad para mantener las funciones sociourbanas esenciales. En consecuencia, tampoco se disponen procesos trasparentes y claros de canalización de recursos, ni una estrategia para reducir la vulnerabilidad de la ciudad más allá de la que ya han generado las tragedias previas.

3. Conclusiones

La crisis civil nacional que se generó con los desastres sísmicos puso en evidencia la reducida capacidad institucional del país y sus instancias para enfrentar graves eventualidades. También se refrendó el carácter solidario de la ciudadanía para solidarizarse con las víctimas. Algunos actores del sector productivo aprovecharon para reivindicarse ante la población, mientras que un reducido número de profesionales contribuyó sin reservas a paliar la situación con aportaciones muy valiosas. Sorprendió positivamente que las reformas normativas en materia de construcción y estructuras edificadas —instauradas a partir de los sismos de 1985— efectivamente nulificaron un desastre potencialmente mayor. Sin embargo, resultó muy lamentable constatar que, en el ámbito del desarrollo urbano, la obra pública y la ejecución de vivienda, aflorara la corrupción como una constante de la realidad nacional. En este orden de ideas, todo el sistema de la industria de la construcción padece irregularidades: a nivel oficial se consiguen autorizaciones y se facilitan trámites mediante dádivas, en el ámbito de los constructores se utilizan materiales de baja calidad y no se respetan especificaciones técnicas en las obras, en la dimensión vecinal hay violaciones a bandos, disposiciones y normas y no se asumen con seriedad las prácticas preventivas.

También se percibe que las políticas y planes son fragmentados y no se diseñan desde una perspectiva integral. Inclusive, muchas de las instancias y de los recursos instrumentados para estos casos acusan altos riesgos de perder el origen social para el que fueron creados. Adicionalmente, flota, en el ambiente, una amenaza mercantilista que fácilmente puede cooptar y secuestrar las situaciones de emergencia para aprovechar las ventajas imponiendo fines particulares ilegítimos. Es decir, hay una suerte de vacío intersectorial en el entorno que
dificulta la coordinación entre ciudadanía y gobierno y, potencialmente, da lugar a la intervención de otros agentes con fines divergentes. Capacidad técnica existe, sin embargo, está afectada por la corrupción (licencias indebidamente otorgadas, obras fuera de norma, registro de técnicos fantasma), y por la impunidad (crecientes abusos cotidianos, no se cumple la ley, penalización reducida).

Tocante a los riesgos urbanos, continúa vigente una insuficiente prevención y poco se hace para reducir las situaciones de amenaza ya conocidas. A pesar de contarse con metodologías claras de actuación en caso de sufrir algún evento extraordinario, no hay, en la práctica, una cultura ciudadana activa y comprometida con los protocolos adoptados. La planeación urbana a futuro no alcanza para intervenir en áreas vulnerables y parece muy lejano que pueda concretarse un nivel mínimo de resiliencia urbana. Mientras en materia de vivienda subyazcan poderosos intereses inmobiliarios conduciendo la actuación gubernamental, no podrá alcanzarse el estatuto de ciudad segura, próspera y resiliente.

  1. . García Acosta, Virgnia & Rojas Rabiela, Teresa. “Los sismos como fenómeno social: una visión histórica”, en E. Rosenblueth, V. García Acosta & T. Rojas Rabiela, Macrosismos. Aspectos físicos, sociales, económicos y políticos, UNAM, México, 1992, p.9.
  2. . Rosenblueth, Emilio. “Sismos y sismicidad en México”, en E. Rosenblueth, V. García Acosta & T. Rojas Rabiela, Macrosismos. Aspectos físicos, sociales, económicos y políticos, UNAM, México, 1992, p.5.
  3. . Vicenteño, David. “Sube a 360 muertos por sismo del 19 de septiembre”, en Excélsior, 30 de septiembre de 2017. Recuperado el 30 de noviembre de 2017, de http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/30/1191724
  4. . Presidencia de la República. “Recursos públicos y privados para reconstrucción tras sismos son independientes”, en Blog, Gobierno de México, 7 de noviembre de 2017. Recuperado el 1 de diciembre de 2017, de https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/recursos-publicos-y-privados-para- reconstruccion-tras-sismos-son-independientes?idiom=es.
  5. . Animal político. “Los sismos de septiembre destruyeron 150 mil casas, la misma cantidad que se edificó en 2016”, en Animal político, 27 de septiembre de 2017. Recuperado el 1 de diciembre de 2017, de http://www.animalpolitico.com/2017/09/sismos-destruyeron-casas-150-mil-construidas-2016/
  6. . Presidencia de la República. “Recorrido en la comunidad de La Nopalera, en el municipio de Yautepec”, en Blog, Gobierno de México, 16 de noviembre de 2017. Recuperado el 1 de diciembre de 2017, de https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/recorrido-en-la-comunidad-de-la-nopalera-en-el-municipio-de-yautepec?idiom=es
  7. . Notimex. “Gobierno federal entrega 140 mil tarjetas de apoyo para reconstrucción”, en Notimex, 30 de noviembre de 2017. Recuperado el 1 de diciembre de 2017, de http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/455222
  8. . Secretaría de Gobernación. “Inicia el Gobierno de la República entrega de tarjetas para la reconstrucción de viviendas afectadas por los sismos de septiembre”, en Prensa, Gobierno de México, 29 de octubre de 2017. Recuperado el 1 de diciembre de 2017, de https://www.gob.mx/segob/prensa/inicia-el-gobierno-de-la-republica-entrega-de-tarjetas-para-la-reconstruccion-de-viviendas-afectadas-por-los-sismos-de-septiembre?idiom=es
  9. . Raziel, Zedryk. “Aporta IP 4 mil mdp a reconstrucción”, en Reforma, 24 de noviembre de 2017. Recuperado el 1 de diciembre de 2017, de http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=1264902&Fuente=MD
  10. . El Valle. “Investigadores de El Colegio Mexiquense y UAEM ubican inmuebles dañados por sismo”, en El Valle, 11 de noviembre de 2017. Recuperado el 5 de enero de 2018, de http://elvalle.com.mx/investigadores-del-colegio-mexiquense-y-uaem-ubican-inmuebles-danados-por-sismo
  11. . De la Rosa, Alejandro. “Dictámenes brindarán certeza a afectados por sismo: Forópolis”, en El Economista, 3 de octubre de 2017. Recuperado el 23 de noviembre de 2017, de https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Dictamenes-brindaran-certeza-a-afectados-por-sismo-Foropolis-20171003-0062.html
  12. . Villamil, Jenaro. “El plan de reconstrucción que endeudará a los damnificados”, en Proceso, 11 de octubre de 2017. Recuperado el 7 de diciembre de 2017, de http://www.proceso.com.mx/507035/plan-reconstruccion-endeudara-a-los-damnificados
  13. . Gobierno de la Ciudad de México. “Evaluación de inmuebles 14621 CDMX”, en Plataforma CDMX, 2017. Recuperado el 3 de marzo de 2018, de https://www.plataforma.cdmx.gob.mx/sig
  14. . Galván Ochoa, Enrique. “Dinero”, en La Jornada, 16 de enero de 2018. Recuperado el 17 de enero de 2018, de http://www.jornada.unam.mx/2018/01/16/opinion/006o1eco
  15. . Secretaría del Medio Ambiente (Sedema). CDMX sustentable, Gobierno de la Ciudad de México, México, 2016.

Sismos de septiembre reabren una herida sin sanar

 

Eduardo Aragón*

¿Cuánto dura un instante? Lo suficiente para cambiar una vida. Es lo que podrían decir millones de mexicanos de la 13:14:40 horas del martes 19 de septiembre. Un instante infinito que nos recordó lo vulnerables que alguna vez fuimos y aún somos.

Septiembre de 2017 quedará para siempre en la memoria de los habitantes de la Ciudad de México, no solo por los trágicos sucesos del martes 19 sino por una serie de eventos previos que, a la distancia, casi parecerían premonitorios, aunque, como bien sabemos, la ciencia nos ha dicho siempre que los terremotos no pueden predecirse. Sus efectos, por el contrario, sí podrían prevenirse.

1. El preámbulo de la tragedia

Es necesario comenzar este recuento el miércoles 6 de septiembre, cuando a las 19:06 horas, la activación de la alerta sísmica hizo que decenas de miles de personas salieran de sus casas y oficinas en la Ciudad de México, en espera de una sacudida o, al menos, del aviso de que un movimiento telúrico acababa de ocurrir, aunque fuera imperceptible. Ni el Servicio Sismológico Nacional (SSN) ni las aplicaciones móviles de alerta reportaron sismo alguno. Fausto Lugo, titular de Protección Civil de la Ciudad de México, explicó después que un “error humano” fue el origen de la alerta y a través de la cuenta de Twitter del centro de mando C5 de la capital, ofreció una disculpa a la ciudadanía.[1]

Un día después, el 7 de septiembre, la alarma resonó de nuevo en las calles de la capital mexicana minutos antes de la medianoche. Miles de desconfiados habitantes de la ciudad salieron a regañadientes a las calles y hacia los puntos de seguridad, mascullando maldiciones y descalificaciones en contra del sistema que quizá se había activado otra vez por error. No fue tal. A las 23:49 horas, el piso se deslizó de un lado a otro y los edificios crujieron por primera vez. Aun antes del final del movimiento, ya era viral en redes sociales la imagen de la columna de la Independencia balanceándose, con su Ángel dorado en lo más alto, en el cruce del Paseo de la Reforma y la avenida Florencia, enmarcado por un cielo nublado, iluminado por las llamadas “luces de terremoto”.[2]

Los protocolos de seguridad y protección civil se instauraron de inmediato y las redes se saturaron en minutos de mensajes oficiales que aseguraban que la Ciudad de México no presentaba daños mayores, salvo algunos apagones y un par de bardas caídas. Fue un sismo de 8.2 grados, el más fuerte desde que se llevan registros en territorio nacional. Con una profundidad de 52 kilómetros, el SSN ubicó el epicentro 113 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas.[3] Debido a su lejanía de la Ciudad de México, la capital no sufrió daños.

No corrieron con tanta suerte en Oaxaca y Chiapas. Desde Juchitán y sus alrededores, comenzaron a llegar reportes a cuentagotas, a través de redes sociales, sobre los daños en los edificios del centro de la ciudad, decenas de casas derruidas y miles de personas negándose a regresar a sus moradas ante el temor de una réplica de similar intensidad. 82 personas sin vida en Oaxaca, 19 en Chiapas y cuatro en Tabasco, cerraron la cifra de víctimas en 102.[4] Los damnificados se contaban por miles y las viviendas pérdidas o inhabitables sumaron poco más de 50 mil, entre el total de más de 100 mil edificaciones con daños en 380 municipios afectados en ambos estados.[5]

Entre el 7 de septiembre y el 19 de septiembre, los medios de comunicación reseñaron un interminable desfile de funcionarios de primer nivel, secretarios de estado comisionados a atender regiones específicas, recorriendo calles polvorientas y prometiendo que
las ayudas no tardarían en llegar; en efectivo o especie, las autoridades estatales y federales se encargarían de apoyar a cada uno en la reconstrucción y el regreso a la normalidad, según declaraciones insistentes de sus miembros. Pese a la puesta en marcha del plan de atención a emergencias, DN–III–E, con 1,800 elementos del ejército mexicano,[6] las quejas de los afectados en Oaxaca y Chiapas comenzaron a escucharse; la ayuda era insuficiente, tardaba en llegar y familias enteras dormían con hambre a la intemperie, cuidando lo poco que quedó dentro de sus casas derruidas.[7]

2. Una coincidencia inimaginable

Con las miradas todavía puestas en lo ocurrido en Chiapas y Oaxaca, llegó el 19 de septiembre. Como cada año, desde hace 32, el día arrancó con el aviso de la realización del macrosimulacro de evacuación. Un ejercicio preventivo que busca evitar una repetición de la tragedia y las imágenes apocalípticas que dejó tras de sí el terremoto de 8.0 grados que a las 7:19 horas del 19 de septiembre de 1985,[8] devastó amplias
zonas de la capital del país, con un saldo oficial de 10 mil fallecimientos.

Un instante que convulsionó a México y dejó como legado la solidaria participación ciudadana y ejemplos de organización civil como nunca antes se habían visto en la nación. Una cicatriz sobre la que se crearon protocolos de prevención y protección, reglamentos de construcción y normas de seguridad, como resultado de una lección que no se debía olvidar.

A las 11:00 am, al igual que cada 19 de septiembre, el simulacro de prevención de la tragedia se realizó, como de costumbre, con las indicaciones de siempre: “No grito. No corro. No empujo”, para salir de las edificaciones hacia los puestos de seguridad designados por autoridades de protección civil. A la una de la tarde, la mayoría de
los participantes en el ensayo estaba de regreso a la normalidad. Minutos después, sobrevino el horror.

“Alerta sísmica, alerta sísmica”, comenzó a repetir segundos antes de la 1:14 pm la voz automatizada desde las bocinas colgadas en las calles de la ciudad, acompañada por el característico sonido de las ondas sonoras que resuenan como golpes de metales sucesivos. El sonido que, en teoría, brinda por lo menos 50 segundos de ventana para aplicar lo aprendido en los macrosimulacros. Esta vez no fue así.

A la 1:14, la ciudad se sacudió como lo había hecho también 32 años atrás. Solo que esta vez, la naturaleza no descargó la fuerza de un movimiento de 8.0 grados a más de 400 kilómetros de la capital frente a las costas de Michoacán, como en 1985.

En 2017, el punto de partida de las ondas sísmicas de menor magnitud, 7.1 grados, se ubicó a 57 kilómetros de profundidad, a 12 kilómetros de Axochiapan, Morelos, muy cerca del límite con Puebla, aproximadamente a 120 kilómetros de la Ciudad de México.[9] La tierra se había
partido en la casa de al lado y las ondulaciones alcanzaron, en segundos, el suelo arcilloso del otrora vaso lacustre sobre el que se asienta la megalópolis. La alerta no dio más tiempo que el suficiente para caer
en cuenta de que no había de dónde sostenerse, de que los pies no saben cómo apoyarse con seguridad sobre un piso que vibra a una velocidad de vértigo y que la mano de un desconocido puede ser el asidero más seguro del mundo.

3. La articulación de respuestas de la sociedad civil

Tras el caos coral de los gritos y las crisis de nervios, aún en medio del aturdimiento, las miradas y las manos buscaban entre las nubes de polvo señales de los que quedaron bajo los escombros. En minutos, cadenas humanas se formaron frente a los edificios que se desplomaron durante el movimiento y aquellos que con columnas dobladas y muros resquebrajados apenas se sostenían. No había todavía una idea de la amplitud de los daños y la atención estaba enfocada en ayudar a salir con vida a los que quedaron atrapados bajo los muros derruidos.

En espera de los especialistas en atención a emergencias, los vecinos organizaban y replicaban a través de redes sociales los pedidos de ayuda, las solicitudes de herramientas para la remoción de escombros

y los llamados en busca de información de personas cuyo paradero aún se desconocía.

En medio de la inmediata movilización y el despliegue de los cuerpos públicos y civiles de atención de emergencias, paramédicos y personal de todas las autoridades federales y locales trataban de organizar las acciones y los recursos desde el centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana C5, un punto referencial en tecnología para la supervisión y vigilancia urbana de la capital mexicana.

En las calles, fue la ciudadanía la que articuló espontáneamente y con rapidez la respuesta a la tragedia. Fueron los mismos vecinos de los inmuebles dañados los que instalaron centros de acopio de víveres, herramientas, ropa, agua. Fueron ellos los que designaron a los responsables de mantener bajo control el arribo y la seguridad de los miles
de voluntarios que colaboraban en el retiro de los escombros y el rescate de personas. Fueron ellos, los ciudadanos, los que desbordaron
los centros de acopio con todo tipo de víveres y enseres para los afectados por el sismo.

Fueron también ciudadanos, activistas de organizaciones civiles, periodistas y especialistas de diversos campos de la tecnología, los que lanzaron, apenas 24 horas después del sismo, una plataforma de verificación y monitoreo de la ayuda que no cesaba de llegar. La idea fundacional de #Verificado19S, que operó desde la sede del Centro Horizontal en la colonia Condesa, era evitar la confusión y la dispersión de rumores o información falsa.[10]

Sin parar, los analistas de redes desentrañaban cuáles eran las necesidades reales en cada punto afectado y los canales adecuados para hacer llegar el apoyo. Pese a todo, la ayuda tardó en llegar a los puntos más alejados de la megalópolis, como Xochimilco, y más allá, a los municipios afectados en Puebla y Morelos, pero fluyó incesante e ininterrumpida hacia los espacios que se identificaron como puntos críticos: el colegio Enrique Rébsamen, en Tlalpan; la fábrica textil ubicada en el cruce de las calles Chimalpopoca y Bolívar, en el centro de la ciudad, y el edificio de oficinas en Álvaro Obregón 286, en la colonia Roma Norte.

4. Los traspiés de los medios

En los medios de comunicación, la urgencia por llevar la información antes que nadie, llevó a muchos a cometer traspiés. El caso emblemático fue el rescate de “Frida Sofía”, una menor supuestamente atrapada bajo los escombros del colegio Enrique Rébsamen, de donde ya se habían sacado a 19 niños y seis adultos sin vida. Cientos de personas se afanaban por el rescate de una menor que se decía que había sido escuchada por miembros de los cuerpos de rescate.

Durante 48 horas, las cámaras de televisión, en particular de Televisa, y los reportes de la radio, así como las actualizaciones digitales de los diarios, dieron cuenta de los esfuerzos para el rescate de la niña. Hasta que el encargado de coordinar las labores en el colegio, el subsecretario de la Marina Armada de México, Ángel Enrique Sarmiento Beltrán, apareció ante las cámaras para confirmar que “Frida Sofía” no estaba atrapada en el lugar, simplemente porque no existía; que las acciones se enfocaban en la búsqueda de una mujer adulta a la que se presumía ya sin vida y cuyo cuerpo, efectivamente, fue sacado después, elevando la cifra de víctimas a 26.[11]

Los cuestionamientos de la audiencia a la televisora alcanzaron tal resonancia, que dos de sus comunicadores principales, Denisse Maerker y Carlos Loret de Mola, tuvieron que salir a dar explicaciones de cómo y por qué surgió el caso “Frida Sofía”.[12] Responsabilizaron al representante de la Marina de haber proporcionado información imprecisa a su corresponsal en el sitio y de haber alimentado falsamente la esperanza de encontrar a alguien más con vida. La desaprobación ciudadana al actuar de la televisora, a la que se acusaba en redes sociales de montar un show mediático, fue tanta que el propio subsecretario Ángel Enrique Sarmiento debió salir de nuevo a ofrecer una disculpa pública por las supuestas expectativas creadas por testimonios no verificados de rescatistas civiles.

En Chimalpopoca y Bolívar, el caso ejemplificó las prácticas de corrupción a múltiples niveles y la confusión que provoca la falta de trasparencia en las actividades de las dependencias de control oficial. El edificio de cuatro pisos, que se derrumbó segundos después de que comenzó el sismo, albergaba a un número indeterminado de empresas con un número gris de trabajadores.

Los rumores en redes hablaban hasta de un centenar de trabajadoras de un taller de costura sepultadas ahí, lo que motivó la instalación de brigadas de activistas sociales que, a la par de colaborar con los rescates, tenían como propósito evitar que se ocultara lo que sucedió en el lugar. Los rumores escalaron, alimentando la animadversión contra representantes de las autoridades y hasta de los cuerpos de rescate, y los trabajos se realizaron en medio de enfrentamientos.

Con las autoridades haciendo mutis, fue el trabajo de reporteros de sitios de noticias como Animal Político, el que fue desemarañando poco a poco, entre registros de dependencias oficiales, lo que ocultaban los cristales oscuros de la construcción colapsada. Ahí tenían espacios de trabajo ABC Toys Company, una empresa de importación de juguetes de origen taiwanés, que reportó al menos dos víctimas entre sus trabajadores; SEO Young Internacional, fabricante de origen coreano de bisutería para industria textil; Dascham System, dedicada a la instalación de cámaras de vigilancia, también de origen taiwanés; ahí tenían también sus talleres dos fabricantes de ropa, Alta Moda y New Fashion, en donde, se especuló en redes sociales, laboraban decenas de trabajadoras indocumentadas de origen centroamericano.[13] Rumores que fueron desmentidos por personal diplomático de Guatemala, Honduras y El Salvador que acudieron a los servicios médicos forenses a identificar si había connacionales entre las 22 víctimas mortales.

El edificio, que había sido ocupado desde las décadas de los ochenta y noventa del siglo XX por dependencias oficiales, ya contaba con advertencias desde 32 años antes, tras el sismo de 1985, y según reportó la revista Proceso, extrabajadores del lugar ya habían denunciado
la debilidad estructural del inmueble. Pese a ello, se añadieron pesos a la estructura, como una antena y sistemas de ventilación, que dificultaron los rescates tras el colapso.[14]

La corrupción y las prácticas ilegales fueron también las que marcaron el destino final del llamado “ground zero” del sismo de 2017. El edificio de oficinas de la avenida Álvaro Obregón, en donde quedó sepultado el mayor número de personas, 77, y donde se registró la mayor cantidad de víctimas mortales: 49 como saldo final.

Ahí, la mala gestión del enlace oficial designado por las autoridades generó incontables dudas no solo sobre la eficacia de las operaciones de rescate bajo las pesadas losas de concreto sino también sobre los numerosos rumores acerca de complots internacionales para rescatar objetivos de alta prioridad para naciones como España e Israel, por encima del rescate de los empleados de empresas contables y despachos de análisis de inversiones atrapados también ahí. Rumores que fueron alimentados por la errática actuación de Humberto Morgan, coordinador de asesores de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, quien fue claramente sobrepasado por las circunstancias, empeñado en mantener aislados a los familiares de las víctimas, rodeados de un grupo de voluntarios, obstaculizando la labor de informadores y voluntarios externos.

Pese a que durante las primeras 48 horas, los rescatistas mexicanos lograron sacar con vida a 28 personas, las labores avanzaron después con inexplicable lentitud, ante la desesperación y reclamos de cientos de personas que exigían que se acelerara la búsqueda de sus familiares, con la esperanza de que los encontraran con vida.

Los confusos mensajes del encargado de comunicación sobre las dificultades impuestas a los rescates por una técnica de construcción que aceleró el colapso y una supuesta falla estructural propiciada por un inadecuado diseño arquitectónico de los pisos añadidos de manera irregular al edificio, no ayudaban mucho; tampoco los testimonios de familiares y rescatistas que, fuera de cámara, con los rostros cansados y a veces entre lágrimas, insistían en que no se estaba trabajando en las zonas donde estaban las personas atrapadas.

Así hicieron su arribo los equipos de rescate enviados por Israel, España, Japón y Estados Unidos, algunos de los 20 países que ofrecieron apoyo al país. Los trabajos se aceleraron, apoyados en tecnología de búsqueda de punta, y sin descanso continuaron día y noche, con esporádicas interrupciones por lluvia; los cuerpos comenzaron a ser sacados una vez más, pero la información seguía detenida y la molestia entre los afectados crecía.

Expresada a través de las trasmisiones de cadenas internacionales como CNN, Univision, CCTV, RT y BBC, y reportes de El País y El Mundo, las quejas finalmente, después de una semana, obligaron a las autoridades a remover de sus labores al enlace Humberto Morgan, tras una visita del subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa.

Tras la salida de Morgan, se aclaró cuántos cuerpos habían sido rescatados hasta entonces y cuáles eran sus identidades, cuántos faltaban por rescatar y cómo se estaban desarrollando las labores de rescate. Nunca hubo respuesta a los cuestionamientos de por qué algunos
cadáveres fueron llevados a morgues en distintos rumbos de la ciudad, sin avisar ni explicar a sus familias que ya habían sido recuperados.

Tras el rescate de la víctima 49 en Álvaro Obregón 286, se cerró oficialmente la lista de muertos por el terremoto del 19 de septiembre: 228 en la Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 15 en Estado de México, seis en Guerrero y uno más en Oaxaca.[15] Víctimas cuya memoria se honrará, prometieron las autoridades de la Ciudad de México, con un memorial construido en el terreno expropiado de Álvaro Obregón 286 en la colonia Roma.

5. Las interrogantes tras la sacudida

Hablar del terremoto del 19 de septiembre es parte de las sobremesas en casi cualquier reunión en la Ciudad de México. ¿Tú dónde estabas? ¿Todo bien en tu casa? ¿Estuviste como voluntario? ¿Y cómo va todo ahora? Son parte del intercambio de interrogantes que se comparten una y otra vez, en cada encuentro fortuito o planeado con esos amigos y familiares a los que se había dejado de ver antes del sismo.

Es parte obligada de la catarsis para superar lo vivido esa tarde soleada que dejó también 8,405 edificios dañados, de los que 2,193 fueron declarados pérdidas totales, según el censo realizado por las autoridades de la Ciudad de México.[16] Es parte también de la dura realidad de cientos de familia que aún pernoctan en casas de campaña frente a sus domicilios o en espacios prestados por amigos y familiares, y que esperan aún una respuesta que solucione la difícil situación en la que se encuentran desde entonces.

Los sismos son impredecibles, dicen hasta el cansancio los expertos del Servicio Sismológico Nacional, pero algunos de sus devastadores efectos sí pueden prevenirse. Tan es posible que el geofísico Víctor Cruz Atienza, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue reconocido como uno de los diez científicos más relevantes de 2017 por un estudio publicado en la revista Nature a finales
de 2016, en el que elaboró un modelo de la mecánica de suelos del valle de México en caso de un sismo con magnitud 7 grados o mayores. Los daños sufridos por la capital mexicana tras el sismo de septiembre fueron una dolorosa comprobación de los datos en el estudio. “Mi modelo no predice cuándo ocurrirá un sismo, pero sí puede, en cambio, decir cuáles son las zonas más vulnerables, a las que se debe poner más cuidado desde el punto de vista de desarrollo urbano y mejorar las regulaciones de seguridad para las construcciones en esas zonas”, aseguró Víctor Cruz Atienza a CNN sobre la utilidad futura de su modelo.[17]

Un modelo que ofrece más herramientas para seguir entendiendo cómo el suelo de la Ciudad de México y de otras regiones del país experimenta la aceleración de las ondas sísmicas de distintas magnitudes, profundidad y cercanía a los epicentros. Sobre todo, insisten los especialistas, deberá contribuir a mejorar la observancia de los reglamentos de construcción, especialmente en las obras levantadas en áreas particularmente vulnerables.

A cuatro meses del 19 de septiembre de 2017, ese instante registrado a las 13:14:40 horas dejó al desnudo lo mucho que avanzamos
en materia de prevención y organización como sociedad, pero también dejó en claro los retrocesos en los que hemos incurrido por prácticas enquistadas de corrupción que permiten obviar medidas básicas de construcción y la obligatoria vigilancia del trabajo de dependencias oficiales y la iniciativa privada. Nos recordó que la información en 2017 fluye a través de canales que en 1985 eran ciencia ficción y que su uso, para ser eficaz, aún debe pasar por el tamiz de los principios básicos de verificación y validación de siempre. Nos recordó también la mezquindad de algunos, pero sobre todo, dejó en claro la generosidad y la solidaridad de los mexicanos, que son mayoría.

  1. . La explicación fue que “El #C5 realizaba pruebas de funcionamiento en los altavoces de la #CDMX y que, debido a un error humano, el audio de la alerta sísmica fue enviado”, según se difundió a través de las cuentas de Twitter @c5_cdmx y @FaustoLugo, el 6 de septiembre de 2017.
  2. . cnnenEspanol.com. “El Ángel de la Independencia oscila durante el sismo”, 8 de septiembre de 2017. Recuperado el 24 de febrero de 2018, de http://cnnespanol.cnn.com/video/cnnee-brk-sismo-ciudad-mexico-video-twitter-imagenes-temblor-magnitud-8-7-septiembre/
  3. . Véase Servicio Sismológico Nacional. “Catálogo de sismos”, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) / Geofísica UNAM. Recuperado el 24 de febrero de 2018, de http://www2.ssn.unam.mx:8080/catalogo/
  4. . Secretaría de Gobernación. Sistema Nacional de Protección Civil. Luis Felipe Puente. @LuisFelipe_P
  5. . Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. “¿Sabes cuántas viviendas se vieron afectadas tras los sismos de septiembre?”, Gobierno de México, 13 de octubre de 2017. Recuperado el 24 de febrero de 2018, de https://www.gob.mx/sedatu/articulos/sabes-cuantas-viviendas-se-vieron-afectadas-tras-los-sismos-de-septiembre?idiom=es; véase también: datos.gob.mx/busca/dataset/municipios-con-declaratoria-de-emergencia-extraordinaria
  6. . García, Dennis. “Sedena aplica plan DN–III—E en Chiapas y Oaxaca”, en El Universal, 8 de septiembre de 2017. Recuperado el 24 de febrero de 2018, de eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/sedena-aplica-plan-dn-iii-e-en-chiapas-y-oaxaca
  7. . Matías, Pedro. “Acusan ‘abandono gubernamental’ afectados por sismo en Oaxaca; la ayuda no llega, reclaman”, en Proceso, 11 de septiembre de 2017. Recuperado el 24 de febrero de 2018, de http://www.proceso.com.mx/502778/acusan-abandono-gubernamental-afectados-sismo-en-oaxaca-la-ayuda-llega-reclaman
  8. . Cruz Atienza, Víctor, Krishna, Shri & Ordaz, Mario. “¿Qué ocurrió el 19 de septiembre de 2017 en México?”, en Ciencia.unam.mx, 28 de septiembre de 2017. Recuperado el 24 de febrero de 2018, de http://ciencia.unam.mx/leer/652/-que-ocurrio-el-19-de-septiembre-de-2017-en-mexico-
  9. . Véase Servicio Sismológico Nacional, op. cit.
  10. . Para mayor información acerca del sitios de #Verificado19S, puede consultarse su sitio en: www.verificado19s.org; también puede contactarse a través de: @verificado19s
  11. . Expansión. “La Marina ofrece disculpas por el caso Rébsamen”, en Expansión.mx, 21 de septiembre de 2017. Recuperado el 24 de febrero de 2018, de http://expansion.mx/nacional/2017/09/21/la-marina-ofrece-disculpas-por-el-caso-del-colegio-rebsamen; véase también: RT. “Confirman que no existe Frida Sofía, la supuesta niña atrapada en una escuela mexicana”, en www.actualidad.rt.com, 21 de septiembre de 2017. Recuperado el 24 de febrero de 2018, de https://actualidad.rt.com/actualidad/250825-descartan-existe-nina-frida-sofia-atrapada-escuela-mexico
  12. . Foro tv. 21 de septiembre de 2017.
  13. . Sandoval, Francisco & Roldán, Nayeli. “¿Cuántos eran, en qué condiciones, hay más desaparecidos? Las dudas de la textilera colapsada”, en Animal Político, 23 de septiembre de 2017. Recuperado el 24 de febrero de 2018, de http://www.animalpolitico.com/2017/09/autoridades-sospechan-que-en-edificio-de-chimalpopoca-colapsado-por-sismo-trabajaban-obreras-indocumentadas/
  14. . Turati, Marcela. “Fábrica caída en Chimalpopoca, vieja conocida del gobierno”, en Proceso.com.mx,
    26 de septiembre de 2017. Recuperado el 24 de febrero de 2018, de http://www.proceso.com.mx/504893/fabrica-caida-en-chimalpopoca-vieja-conocida-del-gobierno
  15. . Luis Felipe Puente. @LuisFelipe_P, 4 de octubre de 2017.
  16. . Domínguez, Pedro. “Tras sismo, en CDMX hay 2 mil inmuebles con daño total”, en Milenio, 5 de octubre de 2017. Recuperado el 24 de febrero de 2018, de http://www.milenio.com/df/inmuebles-codigo_rojo-danos-sismo-septiembre-2017gobierno-cdmx-milenio_0_1042695880.html
  17. . La entrevista se grabó el 20 de diciembre de 2017, pero a la fecha en que este artículo se redacta, dicha entrevista aún no había salido al aire

Crece el arcoíris

Por Ricardo Salazar*

Para quienes viven en la diversidad sexual y luchan por sus derechos en el mundo, 2016 fue un muy buen año; pero no todo fue color de rosa. El avance de los grupos conservadores, su músculo social y económico, y la llegada al poder de populistas que abanderan su causa han metido freno, en algunos casos y en otros solo presión, a la conquista de derechos.

El año de 2016 fue de contrastes en materia de derechos de la Comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual y Queer1 (LGBTTTIQ), aunque la tendencia a la consolidación y ampliación de estos se mantuvo. Por medio de las vías judicial o legislativa más países se sumaron a la lista de los que reconocen a las parejas del mismo sexo y lo mismo pasó en el plano local en México. El arcoíris sigue creciendo.

Al cierre del año se elevó a 25 el número de países que cuentan con reconocimiento pleno, en todo su territorio, de las uniones gay: 22 que las llaman matrimonio y tres que lo designan con guras equiparables, pero con otro nombre.

Durante 2017 al menos tres países más discutirán en sus parlamentos el tema, con buenos pronósticos. En otros dos crece el movimiento con legislaciones locales que poco a poco se van expandiendo.

Como resultado del reconocimiento en la igualdad de derechos de parejas homosexuales con las heterosexuales han surgido necesidades y demandas de algunas prerrogativas derivadas de las actas de matrimonio que no se habían visto antes, desde la herencia o la seguridad social hasta la extensión de derechos a los hijos biológicos de la pareja, pasando por la petición de ciudadanía para uno de los miembros del matrimonio. Incluso se han registrado juicios para obligar a estados–nación que no reconocen a sus ciudadanos este tipo de unión a que reconozcan a extranjeros que se han casado en otros países y que ahora viven ahí.

Otros aspectos que marcaron 2016 son los que tienen que ver con la salud y con la religión, pues las prácticas de rechazo o exclusión han ido cambiando en algunos grupos, por buena voluntad, por conveniencia o de plano obligados por las autoridades.

Vamos por partes, porque igual que el arcoíris, 2016 trajo noticias de muchos colores. Las noticias alegres son las de las naciones que aprobaron legislaciones para reconocer el matrimonio entre parejas del mismo sexo y todos los derechos que de él emanan. Se trata de Italia, Colombia y Finlandia.

1. ARCOÍRIS QUE SE EXPANDE POR EL MUNDO

Fue en mayo cuando el país en cuyo corazón se alberga al territorio que es la sede del catolicismo aprobó que dos personas del mismo sexo se casen si así lo desean. Fue el propio primer ministro de Italia, Matteo Renzi, quien promovió la legislación y al final logró que se aprobara tanto en el senado como en el parlamento. Pero no fue una conquista total, pues gracias a las protestas de grupos católicos y de defensores de la familia tradicional se eliminó de la ley el derecho a la adopción.

La vía judicial fue el camino con el que el matrimonio gay se volvió una realidad en Colombia. Los ministros de la Corte Constitucional votaron en abril a favor de una ley que prohíbe a los jueces o notarios negar el derecho al matrimonio a una pareja del mismo sexo, como venía sucediendo por la omisión del Legislativo, que ignoró el llamado que en 2013 la propia Corte le había hecho para que en menos de dos años legislara en la materia, y como no lo hizo, fue esta la que declaró la legalidad a escala nacional de las uniones. Y hubo esta en las calles.

Finlandia se convierte en 2017 en el país número 22 que reconoce a estas uniones como tal, como matrimonio, pues tres años antes había aprobado la legislación en la materia, pero la había reservado y el 1 de marzo de este año entra en vigor. Aunque es justo decir que fue uno de los primeros países en modi car sus leyes para ofrecer protección a parejas homoparentales con uniones civiles. Lo había hecho desde 2002.

La lista de las 25 naciones que reconocen plenamente las uniones gay se complementa con Holanda, Bélgica, Canadá, España, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Argentina, Dinamarca, Nueva Zelanda, Uruguay, Francia, Luxemburgo, Brasil, Irlanda y Estados Unidos, países todos donde los matrimonios homosexuales ya eran legales antes de 2016. Alemania cuenta con uniones civiles a escala nacional desde 2001; Grecia hizo lo propio en 2015, en tanto que Israel reconoce las uniones civiles del mismo sexo incluso antes que el matrimonio heterosexual.

En el caso del país del cercano oriente, hasta 2010 el matrimonio religioso era el trámite que las instituciones israelíes aceptaban para dar derechos a la pareja de un hombre y una mujer. Y desde 2006, por un mandato judicial, se creó la figura civil para las del mismo sexo, lo que creó un mecanismo de presión y ahora ya no es una obligación para los ciudadanos heterosexuales casarse de forma religiosa, y quien lo quiera hacer solo ante las autoridades civiles lo puede hacer.

Los países en los que han avanzado legislaciones locales en las cuales las autoridades ya aceptan el trámite de registro civil de una pareja que desee unir sus destinos son Australia y Japón. En algunos de sus territorios o provincias, ya sea por amparo judicial o voluntad de las autoridades municipales, se comenzó a realizar el trámite. Algo parecido, aunque menos festivo, sucedió en China, donde en 2016 se registró la primera boda gay por mandato judicial. Pero fue la única.

Los presidentes o parlamentarios de países como Costa Rica, Taiwán y Chile se aprestan a discutir la legislación para legalizar las uniones entre parejas del mismo sexo. En los tres casos se habla de matrimonio y, dado que se cuenta con el apoyo de importantes guras políticas y sociales de las localidades —en Costa Rica, el partido gobernante; en Chile, la presidenta, y en Taiwán, artistas y marchas masivas en las calles—, se prevé un panorama alentador.

El siguiente país en sumarse por completo al reconocimiento de derechos para las parejas del mismo sexo sería Australia, donde el primer ministro y la coalición gobernante habían planteado someter a plebiscito las bodas homosexuales, cosa que molestó a la oposición y a los activistas, pues los derechos no se ponen a consulta, así que no logró los votos necesarios y ahora para pasar la ley por la vía parlamentaria tendrá que esperar, se calcula, tres años. En Australia ya existen figuras de alcance regional o municipal para que una pareja del mismo sexo se una, pero no hay una ley que sea reconocida y avalada en todo el país.

Las protestas en algunos países como Francia y México metieron el tema en la agenda electoral y en ambas naciones se comenzó a plantear un conjunto de caminos jurídicos para echar atrás las leyes que ya permiten el matrimonio —a escala nacional, en el caso de Francia, y regional en el caso de México. Esto fue aprovechado por algunos partidos o figuras que al apoyar la causa cobraron relevancia y popularidad.

2. AVANCE Y RETROCESO EN MÉXICO

También 2016 fue un año de contrastes en el país en materia de derechos de la comunidad LGBTTTIQ. Fue histórico oír hablar por primera vez del tema y con todas sus letras a un presidente de la república. Fue en el mes de mayo, justo el Día de la Lucha contra la Homofobia, cuando Enrique Peña Nieto, en un acto en Los Pinos, donde estuvo flanqueado por activistas LGBTTTIQ, anunció que había mandado a los diputados y senadores una iniciativa para modi car la Constitución y el Código Civil en el plano federal con el n de que el matrimonio igualitario fuera ley a lo largo y ancho de todo el país.

Antes, los presidentes evadían las palabras relativas a la diversidad, pero esta vez no solo las palabras sino el arcoíris mismo se hicieron presentes en la casa presidencial al momento en el que Peña Nieto firmó las iniciativas. Fue una esta, mucha alegría, mucho orgullo… esta, alegría y orgullo que tardó apenas unos meses en desinflarse.

El presidente atravesó en 2016 una de sus peores crisis de popularidad y de legitimidad. No tuvo fuerza siquiera para negociar con su propio partido, y fue el propio PRI el que les dio una patada y lanzó por la borda las iniciativas presidenciales al argumentar que eran anticonstitucionales, pues nuestra Carta Magna establece que cada estado tiene libre determinación en materia de registro civil. Obligarlos por medio de un Código Federal era invadir su autonomía, se dijo entonces. Y las iniciativas presidenciales murieron, murieron sin que el presidente saliera a dar la batalla. Ni siquiera una postura lamentando lo que los legisladores habían argumentado. Nada. Silencio. Silencio total. Silencio sepulcral.

Tal vez ese silencio se debió a que a raíz de las iniciativas presidenciales el movimiento conservador Jalisco es Uno por los Niños tomó nueva fuerza y organizó, no una, sino dos manifestaciones masivas por las calles de Guadalajara con el n de mostrar su oposición a las uniones de las parejas del mismo sexo. Grupos ligados al Partido Acción Nacional (PAN) y al Partido Encuentro Social tomaron a los niños como pretexto, pues según ellos permitir la adopción a parejas homosexuales los exponía a la perversión.

Se manejó tal cantidad de mentiras que en uno de los actos al final de las marchas unos padres lloraron en el micrófono ante la posibilidad de que hubiera tanta demanda de adopción de pequeños por parte de parejas del mismo sexo que el estado no se diera abasto y, por lo tanto, empezaría a quitar a las familias heterosexuales a sus niños para dárselos a los gay. De ese nivel es el absurdo. Eso no está ni estaba en ninguna iniciativa, aunque muchos de los que marcharon estaban convencidos de que sí era así. Otros temían que al morir en algún accidente el estado diera sus hijos en adopción de forma automática a parejas gay, sin caer en la cuenta de que la patria potestad pasa en automático a tías, tíos, abuelos o cualquier pariente, antes de que cualquier infante vaya parar a un albergue para ser adoptado.

De ser un movimiento regional del occidente de México, la iniciativa presidencial fue el pretexto para volverlo nacional, y en 2016 se registró por primera vez una marcha “por la familia” en la Ciudad de México, donde desde 2010 el matrimonio entre parejas del mismo sexo es legal. Los activistas LGBTTTIQ entraron al quite y combatieron el discurso de las posturas conservadoras y defendieron los derechos ya conquistados hasta de forma física. Hubo momentos en que los opositores y los apoyadores del matrimonio gay se enfrentaron a empujones, pero no pasó a mayores.

Paradójicamente, mientras estas marchas fueron alentadas por la iniciativa presidencial y lograron que fuera desechada, también lograron que en la capital del país se consolidaran los derechos de la comunidad de la diversidad. Los últimos meses de 2016 se instaló la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, y en la Constitución que redactó quedó incluido el matrimonio igualitario. Hubo intentos por borrarlo, sacarlo o no incluirlo, pero diputados ciudadanos y algunos activistas que quedaron como constituyentes dieron la batalla y lograron que se incluyera en la redacción final del documento, que se convirtió así en una de las constituciones de vanguardia en todo el país. El dato que en este caso más llamó la atención es que nueve diputados del PAN votaron a favor del matrimonio homosexual.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) continuó dando la nota progre al aprobar recursos a favor de la comunidad LGBTTTIQ. En febrero se alcanzó el número de casos para generar jurisprudencia en Jalisco, con lo que la Corte determinó que ya no era necesario tramitar un amparo para las parejas que quisieran casarse en este estado y que el Registro Civil debía garantizar este derecho al que declaró constitucional, pues negarlo atenta contra el artículo 1 de la carta magna, que establece la prohibición de cualquier tipo de discriminación por un montón de motivos, entre ellos el de preferencia sexual. Así, envió una comunicación al Congreso de Jalisco para que se modi cara el artículo del Código Civil estatal que establece que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Los diputados cumplieron, pero solo literalmente y no realizaron la reforma necesaria. Únicamente quedó inscrito en el archivo, en el documento original del Código Civil, que ese artículo había sido invalidado, así con pluma. Nunca se modificó ni se publicó en el diario oficial el cambio de las palabras hombre y mujer, como habría sido lo adecuado, lo que provocó que cada municipio decidiera de manera independiente si permitía o no, por la buena voluntad de su presidente municipal, los matrimonios entre parejas del mismo sexo. Así que al terminar el año había denuncias de que en decenas de los territorios municipales de Jalisco se seguía negando este derecho. Ante ello, los diputados locales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentaron una iniciativa para aprobar, ahora sí, tal cual, el matrimonio entre parejas del mismo sexo, pero no ha avanzado en comisiones, pese a que la mayoría de diputados en la actual legislatura estatal se dice de izquierda o de centro izquierda.

Los estados donde sí avanzaron y aprobaron las legislaciones locales fueron Michoacán y Morelos, que el mismo mes de mayo en el que el presidente se vestía de colores, se volvieron un hecho en esas entidades. En Tlaxcala, por su parte, se celebró su primer matrimonio gay de la historia por medio de un amparo, y lo mismo pasó en Hidalgo.

Al igual que en Francia e Italia, grupos conservadores intentaron promover recursos legales para echar atrás las leyes aprobadas que permiten las uniones o los matrimonios homosexuales. Fue el caso específico de Nuevo León, Hidalgo y Chiapas, donde la SCJN desempeñó de nuevo un papel determinante, pues bateó los recursos en contra de las leyes locales que otorgan derechos a la diversidad, o frenó algunas de las promovidas por los propios legisladores. Este recurso en contra fue el que hizo que los ministros ordenaran armonizar la ley local de Nuevo León con la Constitución. A los opositores les salió el tiro por la culata.

A diferencia de Jalisco, Chihuahua aceptó la acción de inconstitucionalidad y publicó en su diario oficial la instrucción de que cualquier pareja gay debe ser casada por los oficiales del registro civil estatal.

De esta manera, ya son nueve estados los que cuentan con una ley local que reconoce a las parejas del mismo sexo como matrimonio. En 2015 sumaban cinco: Distrito Federal, Quintana Roo, Colima, Coahuila y Nayarit. En 2016 se sumaron Michoacán, Morelos, Campeche y Chihuahua.

Los siguientes en la lista deben ser Nuevo León, que ya cuenta con la orden de armonizar su ley local dada por la SCJN, y Sinaloa, donde ya hay una iniciativa local en trámite, igual que en Jalisco. Si no se congelan, claro.

El estado en que parece que no se verán pronto los matrimonios homosexuales, pero se expone a una controversia constitucional, es Durango, donde la mayoría de sus diputados locales votaron en contra de la aprobación de estos enlaces.

3. MURO ARCOÍRIS

Donald Trump y sus propuestas como candidato a la presidencia fueron tomados a broma desde el principio. Por todos, menos por sus seguidores, quienes se toman muy en serio lo que dice, y lo vuelven práctica. Por eso caló tan hondo en algunas regiones de Estados Unidos el hecho de que se declarara pro familia y conservador. Ello hizo que muchos de sus apoyos base acosaran a quienes viven en la diversidad, por “atentar” contra los valores familiares. A esos, se les señalaba de ser favorecidos por el presidente Barack Obama, y de vivir en guetos que les daban mejores condiciones que a los heterosexuales. La campaña creció y creció, aunque hubo un hecho que la vino a parar en seco y provocó que el propio Trump saliera a pedir su cese y a hablar en favor de la comunidad gay: la matanza de Orlando.

El 12 de junio de 2016, a las 2:00 am, un atacante solitario detonó un arma de grueso calibre dentro del bar Pulse y cobró la vida de 50 personas, lo que convirtió a esta masacre en la de mayor número de víctimas en Estados Unidos, solo después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Nunca un tiroteo, en una escuela, en un mall, en la calle, había cobrado tantas vidas. El atacante fue abatido por la policía y las autoridades aseguraron que juró lealtad al Estado Islámico antes de cometer el atentado.

Donald Trump tuiteó entonces que esto comprobaba su hipótesis de que el terrorismo islámico estaba en casa y era una amenaza grave para Estados Unidos, hecho que le valió muchas críticas, pues se fijó en el atacante y no en las víctimas. Ante ello, hizo después una declaración pública en la que llamó a sus seguidores a no atacar a personas lesbianas u homosexuales sino a los demócratas que han permitido que ellos sean ahora el blanco de un ataque como el de Orlando. “Si ayuda, lo diré y lo diré directamente frente a las cámaras: ‘Deténganse’”, dijo entonces.[typography font=”Cantarell” size=”9″ size_format=”px”]2[/typography] Y luego declaró también que no intentaría modi car la ley federal que permite el matrimonio gay en todo su país: “Me siento cómodo con lo que aprobó la Suprema Corte en 2015”.

A raíz de ello los ataques no solo bajaron sino que Trump ganó la simpatía de grupos que luchan por los derechos de la diversidad y hasta se crearon comités de apoyo a su campaña en varios estados. Un apoyo que Trump supo compensar, pues aunque en campaña prometió eliminar los recursos que daba Barack Obama a activistas de campañas queer, los mantuvo ya como presidente. Además, salió a defender al polémico Milo Yiannopoulos, un homosexual antifeminista que señala a las activistas en pro de la mujer como una contradicción, pues defienden la libertad de elegir y la soberanía sobre el cuerpo de las estadunidenses, al mismo tiempo que de ende la libertad religiosa y específicamente al islam, que las cosifica y reduce a sirvientes del hombre, y no les da ninguna autonomía ni capacidad de decisión sobre su propio cuerpo, mucho menos el derecho al placer.

Los debates en lo que participó habían sido encendidos e incluso en algunos acudió con chaleco antibalas y flanqueado por policías, pero nunca había habido una turba de gente manifestándose de forma violenta para impedir su presentación como sucedió en plena Universidad de Berkeley, casa de estudios a la que Trump amenazó con cortar los fondos federales por no garantizar la libertad de pensamiento.

Parte de lo que incendió los ánimos es que Milo es editor de uno de los pocos medios que Donald Trump considera que sí dicen la verdad: Breitbart.

Otro de los argumentos de Milo en contra de las feministas es que ellas defienden la libertad de una religión que si se ejerciera como tal en Estados Unidos los querría muertos a él y a todos los homosexuales y lesbianas. Así sucede en los países donde el gobierno se rige por la religión y así sucede también en donde hay gobierno “laico”, pero en que el Estado Islámico tiene presencia. Daesh, como se la llama de forma despectiva, dio la nota este año al difundir en varias ocasiones videos de cómo lanzaba desde edificios a personas homosexuales porque con sus prácticas “ofendían” a Dios.

En contraste con el Estado Islámico o Daesh, que mata homosexuales en el nombre de Dios, otros grupos religiosos se han ido abriendo y ya permiten y realizan incluso bodas como tal con la bendición de sus ministros. Es el caso del judaísmo, que las realiza con todo el ritual de una boda heterosexual, y lo mismo sucede con luteranos y evangélicos en Alemania, por ejemplo.

De regreso a Estados Unidos, en noviembre de 2016 un video se hizo viral, pues un estadunidense le pidió matrimonio, con todo y su anillo de compromiso y hasta mariachis tocando en vivo en una estación del tren, a un tapatío: Julio Nuño, a quien su pareja, el modelo Joey Grant, le dio el anillo al bajar del tren en una de las estaciones de metro más populares de Nueva York.

Unas semanas antes, Juan Carlos, otro tapatío, se volvió oficialmente ciudadano estadunidense. Recibió su green card tras casarse con Richard, a quien conoció en West Hollywood doce años antes. En 2015 se casaron, justo el año en que la Suprema Corte de Estados Unidos determinó que parejas gays debían recibir los mismos beneficios que las parejas hetero.

Y mientras los cuentos de hadas se hacían realidad en Estados Unidos con dos príncipes, en Perú hubo controversia porque la autoridad en la materia aceptó como válido un matrimonio entre una pareja homosexual que se realizó en México y eso abrió el marco para presentar y aprobar una iniciativa local que legalice el matrimonio en ese país. Aunque se ve difícil que se apruebe, pues el presidente está en contra y su argumento es que es una persona religiosa.

Ese ha sido el panorama de contrastes en un año que para muchas cosas fue un parteaguas, y para otras fue la continuación de una tendencia. Lo que está claro es que aún hay mucho por hacer, pues en un informe de 2013 (último disponible), la Organización de las Naciones Unidas denunció que todavía 78 países (40% del total de los miembros de la ONU), seguían teniendo legislaciones que criminalizan las relaciones homosexuales.

[typography font=”Arial” size=”11″ size_format=”px”]*Es periodista multimedia. Cuenta con 22 años de trayectoria en medios de comunicación, desde donde ha seguido de cerca los temas de diversidad sexual y derechos humanos. Fue jefe de cierre y columnista en el periódico Público–Milenio en Guadalajara. Durante seis años condujo programas de análisis en televisión que se trasmitían en esta ciudad por canales de Televisa y de la Universidad de Guadalajara. Durante más de 20 años ha laborado en Radio Universidad de Guadalajara, donde comenzó como reportero. Actualmente dirige esa estación. Correo electrónico: rsalazar85@hotmail.com
1. Término global (en inglés) para designar a quienes no son heterosexuales o de género binario (masculino o femenino). En Occidente, la gente que se identifica como queer suele buscar situarse aparte del discurso, la ideología y el estilo de vida que tipi can las grandes corrientes en las comunidades LGBTI, que consideran opresivas o con tendencia a la asimilación.
2. EFE. “Trump dice que aceptará un salario de un dólar como presidente”, en Agencia EFE, 14 de noviembre de 2016. Recuperado de http://www.efe.com/efe/america/politica/trump-dice-que- aceptara-un-salario-de-dolar-como-presidente/20000035-3095699

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