Fórum

doi: 10.31391/ap.vi1.10

Populismo, desinstitucionalización y gestión pública: los límites estructurales de la 4T*

Alberto J. Olvera iteso alberto.olvera@iteso.mx orcid: 0000-0003-3330-2542

J. Olvera, A. (2022). Populismo, desinstitucionalización y gestión pública: los límites estructurales de la 4T. Análisis Plural, (1).

Resumen: Se estudia la relación entre la naturaleza del régimen político en construcción (populismo personalista) y la desinstitucionalización del Estado en México. Se propone la hipótesis de que la baja calidad de la gobernanza, la improvisación de políticas públicas y la designación caprichosa de altos funcionarios es consecuencia del proceso político de construcción de una democracia delegativa y, por tanto, de un presidencialismo sin control civil ni parlamentario, fincado en un discurso y práctica populistas.

Abstract: The relationship between the political regime and the process of state deinstitutionalization in México is studied in this article. The hypothesis is that the low quality of governance, the improvisation of public policies and the arbitrary designation of highranking officials is the consequence of a political process conducive to the construction of a delegative democracy based on the concentration of power in the president in the absence of legislative and civil controls, which is complemented by a populist discourse and practice.

Palabras clave: populismo, desinstitucionalización, gestión pública, 4T, amlo.

Keywords: populism, deinstitutionalization, public management, 4T, amlo.

* El presente artículo está basado en tres publicaciones previas del autor: Olvera, A. J. (2021). Jugando con fuego. El País. https://elpais.com/mexico/opinion/2021-01-28/jugando-con-fuego.html; Olvera, A. J. (2021). Polarización como base del populismo: el caso de México. Ecuador Debate, 17(112), 113–138; Olvera, A. J. (2020). Populismo y religión en Brasil y México. Una breve reflexión. Encartes. Revista digital multimedia, 3(6), 113–134. Por consecuencia, este trabajo no constituye un trabajo original.

Introducción

Nos ocupamos en este texto de analizar las relaciones entre el carácter populista-personalista del actual gobierno y la baja calidad del desempeño gubernamental. La concentración del poder en el presidente propia de este tipo de regímenes, en un escenario de escasa autonomía de los otros poderes del Estado, conduce a la desinstitucionalización del Estado. Si bien esta fue una característica histórica del viejo régimen autoritario que nunca pudo revertirse en la fase de la transición a la democracia (Olvera, 2010), en el gobierno de López Obrador la profundización del proceso desinstitucionalizador ha dado lugar a una forma aguda de democracia delegativa (O’Donnell, 1994; O’Donnell, Iazzetta y Quiroga, eds., 2010) con una forma populista. Este proceso ha debilitado tanto a las instituciones democráticas como a la calidad de la gestión gubernamental. Estos problemas caracterizan al populismo como gobierno (Peruzzotti, 2017), el cual está obligado a practicar una alta dosis de improvisación y una plasticidad extrema, dada la volatilidad de las decisiones del ejecutivo. En este texto tratamos de hacer una explicación del proceso político que ha conducido a este resultado.

Para ello, en una primera sección situamos la crisis del régimen de la transición a la democracia, que dejó una estela de fragmentación del poder, corrupción generalizada, alza de la violencia criminal sistémica y precariedad fiscal. Es necesario entender este punto de partida para situar la respuesta ofrecida por el presidente López Obrador.

En una segunda sección analizamos las expresiones sectoriales de la crisis de gobernanza que ha creado la desinstitucionalización del Estado; estudiamos también la creación de un “Estado paralelo” a través del ejército y de los “Servidores de la Nación” y, finalmente, hacemos notar la notoria improvisación en las decisiones más relevantes de política pública en los primeros años de gobierno. Enmarcamos este proceso dentro de la práctica populista impulsada por un gobierno que ha llevado la delegación del poder en el ejecutivo a niveles comparables con el viejo régimen.

El contexto de la victoria de la “cuarta transformación”

La abrumadora victoria de López Obrador en las elecciones de julio de 2018 fue el resultado de una elección plebiscitaria: la ciudadanía rechazó masivamente la desigualdad, la exclusión, la ineficiencia y la corrupción que caracterizaron al régimen de la transición a la democracia (2000-2018) (Olvera, 2021). El mérito de López Obrador fue encarnar simbólicamente tanto la oposición a ese neoliberalismo rapaz como la crítica moral a la clase política corrupta que gobernó el país en las primeras dos décadas del siglo xxi. Para ello construyó, a partir de su ruptura con el prd en 2013, un movimiento-aparato electoral, Morena, que se convirtió en su partido personal.

Parte central de su estrategia política fue la construcción de una narrativa que combinó la crítica de la corrupción de la tecnocracia neoliberal y de sus frívolos excesos con la instrumentación de acciones de gobierno desde las redes partidarias de Morena (los “Servidores de la Nación”), que adquirieron, de hecho, la condición de actores estatales meses antes de que amlo tomara posesión como presidente. En efecto, jóvenes voluntarios empezaron a levantar los censos de futuros beneficiarios de los subsidios prometidos por López Obrador en campaña antes de que éste tomara posesión, organizaron la “consulta” para cancelar la construcción del aeropuerto de Texcoco, y después fueron contratados como funcionarios públicos informales, es decir, sin prestaciones ni estabilidad laboral.

Se construyó así desde el arranque del actual gobierno un sistema simbólico de equivalencias: el “pueblo” igual a Morena como movimiento, igual a Morena como partido, igual a amlo como líder indiscutido. Clásica operación populista, estudiada por Laclau (2005), que en un primer momento tiene un sentido democratizador en la medida en que moviliza a un sector de las masas y crea un proceso de inclusión de quienes estaban excluidos del sistema político. Sin embargo, como la abundante literatura sobre el populismo ha hecho notar (De la Torre, 2015; Urbinati, 2019), esta inclusión no es orgánica, sino meramente simbólica, pues la participación está limitada a las iniciativas, temas, formatos y tiempos definidos por el líder. No hay mediaciones, no hay construcción de ciudadanía —en tanto no se apela a derechos—, sino de un sujeto abstracto, el “pueblo”, que carece de lazos y medios de representación efectiva.

amlo consideró desde el principio de su gobierno que la burocracia estatal, las reglas, las leyes y las instituciones existentes eran un conjunto de limitantes que le impidían cumplir su misión autoasignada. Por eso había que debilitarlas, colonizarlas (como se fue haciendo con la Suprema Corte, la Comisión Nacional de Energía y otras), anularlas políticamente (como se hizo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos), o destruirlas, como se hizo con la Policía Federal.

La falta de límites al poder del presidente, facilitada por la mayoría de Morena en ambas cámaras y por la confusión y falta de liderazgo en los partidos de oposición, condujo a que las políticas públicas se decidieran y ejecutaran sin fundamento en razones técnicas o económicas. Conforme avanzó el gobierno de amlo, incluso la débil mediación del partido oficial desapareció para dar paso a una relación directa el presidente y el pueblo. Esta relación, anclada en fuertes bases emotivas, debería haber tenido bases materiales firmes para garantizar su persistencia en el tiempo y cierta legitmidad de ejercicio (Contreras, 2017). El problema era que, para lograrlo, el gobierno debería haber desarrollado un mínimo de eficacia en la gestión pública y conseguido recursos suficientes para poner en marcha sus políticas. Pero eso eso no ha sucedido, por las razones que veremos a continuación.

 

Las condiciones de ejercicio del poder. El proyecto económico

El nuevo gobierno ha desarrollado una estrategia dual en materia económica. De un lado, ha respetado la inevitable y estructural integración de México al mercado norteamericano y mantenido por tanto la esencia del modelo neoliberal. Por ello impulsó con urgencia en 2019 la firma del nuevo tratado de libre comercio, el T-mec, y se sometió, de manera humillante, a las imposiciones del gobierno de Trump en materia migratoria. Por otro, intentó disciplinar al capital nacional y reconstruir el protagonismo estatal en el desarrollo económico del centro y sur de México, donde se encuentra la principal clientela electoral de Morena. Para ello se cambiaron las formas de contratación y compras del sector público federal, se impulsó una reforma administrativa en materia fiscal orientada a evitar la elusión y la evasión de impuestos, y se rompieron algunas de las redes establecidas y formas instituidas de la corrupción. Asimismo, se definieron los megaproyectos del sexenio: los trenes Maya y Transístmico, la refinería en Tabasco y el aeropuerto de Santa Lucía, y se decidió rescatar a Pemex y a la cfe y volver a convertirlas en el eje del capitalismo nacional. Se recicló así el proyecto del Estado desarrollista, pero en condiciones de profunda precariedad fiscal y de plena inserción subordinada en la globalización. Para financiar este proyecto el gobierno decidió cortar gastos, no sólo los superfluos, sino incluso los necesarios para conservar a la escasa institucionalidad disponible. Esta reducción de tipo neoliberal del Estado condujo a graves déficits de personal calificado, de presupuesto y de reglas claras en todos los ámbitos de la política pública, especialmente en el campo estratégico de la salud. En el sector público bajó los salarios y las prestaciones de la alta burocracia, que ciertamente habían alcanzado grados alarmantes de privilegio, pero sin haber establecido mecanismos de recambio que garantizaran la capacidad técnica de los nuevos funcionarios.

Por otra parte, López Obrador y su partido han carecido de una tecnocracia económica competente, y los proyectos de desarrollo que el gobierno ha planteado, orientados (correctamente) al sur, la región más atrasada del país, padecieron desde el principio de graves déficits de planeación y fueron considerados económicamente inviables por los especialistas. Además, la apuesta de amlo al rescate de las empresas paraestatales Pemex y cfe para reposicionar al Estado como actor económico principal enfrentó desde el principio graves limitaciones técnicas y financieras, ante todo la ausencia de ajustes laborales imprescindibles, la falta de transparencia en los contratos, la apuesta a la construcción de una refinería en terrenos pantanosos e inundables, etc. La reforma eléctrica, aún en proceso y en un limbo jurídico, ha introducido una gran incertudumbre en el sector, sin que la cfe haya experimentado una reforma interna. Al contrario, se le regresaron al sindicato privilegios incosteables —como mecanismos de jubilación absurdos, eliminados a gran costo político por el gobierno anterior — y volvieron los viejos administradores a hacerse cargo de la empresa, trayendo consigo sus redes de compadrazgo en materia de contratos.

La redistribución de la renta y la relación Estado-sociedad

Las limitaciones fiscales han impactado también el otro pilar del proyecto del actual gobierno: la redistribución de la renta, que se está impulsando por medio de la generalización de subsidios a adultos mayores, jóvenes y campesinos.

Los subsidios no han sacado de la pobreza a nadie, pues no atacan sus causas, es decir, la falta de empleo, de infraestructura de salud y educación y de crédito a micro y pequeñas empresas. Los subsidios, en realidad, han sido pensados como remedios temporales e instrumentos clientelares. La forma en que se han levantado los censos de beneficiarios (por vías informales, opacas y sin reglas de operación) demuestran su sentido político. De hecho, amlo ha creado una especie de Estado en la sombra, que controla casi 20% del gasto público —el destinado a los subsidios —, que carece de controles parlamentarios y civiles y puede usarse para fines clientelares, como quedó demostrado en la pasada votación por la “ratificación del mandato”. Operadores de amlo manejan directamente una red administrativa que se ha impuesto a alcaldes y gobernadores y que crea una relación de dependencia simbólica directa, sin intermediarios, entre millones de beneficiarios de los subsidios y el propio presidente.

Esta red está dirigida por 32 delegados federales de Programas Sociales en los estados (mejor conocidos como “superdelegados”), que concentran buena parte del manejo del gasto público federal. El poder de estos funcionarios es enorme, pues, en promedio, 85% de los recursos de los estados y municipios del país provienen de “transferencias federales”, es decir, del dinero recaudado por el gobierno federal. La mitad de esos fondos aún son manejados por los gobernadores, pero hay una tendencia a centralizar cada vez más el gasto público a través de la federalización de la salud y la educación, tal como se hacía en el régimen priista.

Por esta razón, los “superdelegados” se han convertido en “gobernadores paralelos”, pues no solamente controlan el gasto público federal en la mayoría de los estados, sino que también asumen un papel político como coordinadores de las políticas de seguridad y participan en las decisiones sobre el despliegue de la Guardia Nacional, la policía militar creada por amlo. A su vez, hay un conjunto de 285 “delegados regionales”, cuyo territorio de responsabilidad coincide casi exactamente con los 300 distritos electorales federales, que atienden conflictos y demandas y participan también de las reuniones de seguridad regionales. El “superdelegado” y los delegados regionales controlan también a los “Servidores de la Nación”, por lo que su papel político-territorial es estratégico.

Se está produciendo así una sustitución de la vieja intermediación corporativa y clientelar por una intermediación híbrida, burocrático-política, la cual implica un grave riesgo, el del populismo personalizado, pues el mecanismo refuerza simbólicamente la imagen de una relación directa entre el presidente y las masas.

Por otra parte, amlo ha denunciado a las organizaciones sociales y civiles existentes como “agentes conservadores”, intermediarios rentistas o agentes de las viejas élites económicas y políticas. En particular, amlo ha rechazado a las organizaciones de la sociedad civil como interlocutores válidos. Las ong son vistas por el presidente como instancias dependientes de los poderes empresariales o del financiamiento extranjero. De esta manera, se ha deslegitimado políticamente al conjunto de la sociedad civil, trátese de los sectores sindicales y campesinos, de las clases medias organizadas o de think tanks profesionales.

Este rechazo a toda la sociedad civil y esta apuesta a la relación directa entre el presidente y la ciudadanía se sustenta en un concepto populista del ejercicio del poder: el presidente no necesita de intermediaciones para relacionarse con la sociedad. Por eso habla todos los días a través de conferencias de prensa matutinas; por eso hace giras semanales por todo el país; por eso denuncia a los medios de comunicación críticos. La unidad simbólica y política entre el presidente y el pueblo se ha construido sistemáticamente y se refuerza con las nuevas estructuras administrativas y la recentralización del poder en el ejecutivo.

Con los empresarios se mantiene, en la práctica, el mismo tipo de relación que en el viejo régimen y en el neoliberalismo democrático: una relación particularista entre el presidente y algunos de ellos. La mayor parte del gasto público no se licita, y si bien ha habido algunos esfuerzos por eliminar la corrupción masiva institucionalizada, esto no significa que se estén construyendo mercados competitivos y transparentes. Todo indica que se están creando nuevos sectores privilegiados de la elite empresarial, al igual que en gobiernos anteriores.

Los efectos de la desinstitucionalización en sectores específicos. La salud

Ha sido ampliamente demostrado que el gobierno de amlo fue omiso en su política de control de la pandemia de covid-19. No sólo no se tomaron las medidas preventivas recomendadas por los expertos al principio de la pandemia (lo cual condujo a un número gigantesco de contagios, centenas de miles de muertes y colapso del sistema de salud), sino que además no hubo ninguna política económica que paliara los terribles efectos del cierre forzado de las actividades económicas en los sectores comercio, servicios y turismo, que son los principales proveedores de empleo en nuestro país. El gobierno continuó con sus megaproyectos y políticas de subsidios como si nada pasara. Consciente del potencial costo electoral de la tragedia sanitaria, amlo decidió usar la campaña de vacunación como un instrumento electoral. Para ello instruyó la centralización de todo el proceso en el gobierno federal, asignando la responsabilidad de la campaña a la Secretaría del Bienestar y al Ejército, dejando en un lugar secundario a la Secretaría de Salud y negando cualquier función a los gobiernos estatales y a los actores privados. Esas agencias del gobierno federal carecían de la experiencia y de los medios para dirigir la campaña de vacunación. Como resultado, fue imposible acelerar el ritmo de la vacunación en un país de las dimensiones geográficas y demográficas del nuestro.

Las consecuencias no se limitaron a la precariedad de la vacunación, sino a la falta de atención a los enfermos. La carencia de medios y la improvisación condujeron a miles de muertes afuera de hospitales y en casas particulares, y a escenas dramáticas de gente desesperada en busca de oxígeno. Para colmo, la reconversión de hospitales para atender a más enfermos de covid-19 implicó la suspensión de los servicios normales de especialidad, la posposición de cirugías programadas y la de facto la paralización del sistema médico. El “exceso de muertes” derivado del colapso del siema hospitalario ha sido el mayor daño social causado por la irresponsabilidad del gobierno en materia sanitaria.

A ello hay que sumar el aumento de la pobreza derivado del desempleo y la falta de apoyo a microempresas, a la economía informal y a los trabajadores formales. El costo social de la tragedia ha resultado mucho mayor en México que en otros países de América Latina.

El Estado paralelo: la militarización de la gestión pública

La magnitud del triunfo de López Obrador y la polarización que la caracterizó ocultó una verdad inconveniente. El proceso electoral de 2018 fue el más violento de la historia política mexicana desde 1952. Fueron asesinados 124 políticos en activo o que recientemente habían ocupado cargos en la política local, entre ellos 52 candidatos a puestos de elección popular. Estos crímenes, que afectaron a todos los partidos, son un indicador de que la disputa por el control territorial se ha salido de control del Estado e involucra a numerosos grupos delincuenciales que usan la violencia como un mecanismo de amedrentamiento de la clase política y de la ciudadanía por igual (Alvarado, 2019). La fragmentación del poder que resultó del régimen autoritario subnacional1 vigente desde mediados de la década pasada profundizó las fracturas del orden social y debilitó la autoridad del Estado en vastas regiones del país. Esta situación continúa sin cambio hasta la fecha, pues el gobierno federal no ha definido una política coherente destinada a resolver la violencia política y acotar el poder del crimen organizado. En las elecciones federales y locales de 2021 la violencia criminal fue tan grave como la de 2018. Al menos 113 políticos fueron asesinados y hubo múltiples denuncias de intervención abierta del crimen organizado en las elecciones locales de Michoacán, Sinaloa y Veracruz (Olvera, 2021).

Ante la crisis de violencia e inseguridad y la pérdida de control sobre el territorio el gobierno hizo aprobar un riesgoso paquete de reformas constitucionales que legalizaron el comando militar de la seguridad pública —que ya existía de facto desde 2006—, creando una “Guardia Nacional”. Hasta ahora, la ilegal y discrecional intervención de las fuerzas armadas en la seguridad, su impreparación en esta materia y su débil articulación con las policías estatales y municipales, muchas de ellas cooptadas por la delincuencia, ha conducido a la continuidad de altos niveles de violencia criminal y a la comisión de múltiples atentados a los derechos humanos.

El gobierno federal le ha otorgado un poder inédito al ejército que, a cambio de su legalización como fuerza de seguridad pública, ha aceptado convertirse parcial y gradualmente en una policía militar propiamente dicha. Pero al hacerlo en ausencia de instituciones locales y federales de justicia fuertes (ignoradas por completo en las reformas del actual gobierno), se ha creado un nuevo poder de facto, que incluso puede someter a las autoridades locales y hasta las nacionales. Peor aún, junto con esta medida se ha impuesto el populismo penal al aumentar los delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, mientras se incumple el compromiso de dotar de autonomía política a la fiscalía nacional, destruyendo así los pilares de la ya de por sí precaria reforma penal (Olvera, 2019).

La creación en 2019 de la llamada Guardia Nacional fue aprobada por la mayoría de los partidos, que trataron de garantizar que la nueva fuerza tuviera un mando civil. Sin embargo, el presidente pronto olvidó tal compromiso y ahora, por el contrario, quiere convertir en ley con rango constitucional el paso de la Guardia Nacional a la estructura del Ejército. La militarización de la seguridad pública no sólo se ha manifestado en el continuo crecimiento de la Guardia, sino en el nombramiento como secretarios de Seguridad pública estatales y municipales de militares en retiro.

La militarización creciente del Estado ha sido un proceso imparable en el actual gobierno: la Marina controla puertos y aduanas; el Ejército ha construido el nuevo aeropuerto de la capital, miles de sucursales bancarias oficiales, tramos del Tren Maya, ejecuta labores de seguridad pública en todo el territorio a través de la Guardia Nacional y controla las fronteras. Se le asignó un papel central en la vacunación masiva. amlo usa la institución castrense como un sustituto rápido y leal de un aparato estatal disfuncional, de cuyos altos mandos desconfía por completo. El problema de esta estrategia es que está profundizando la desinstitucionalización del Estado, sin conseguir que éste funcione con mayor eficacia. El Ejército carece de las capacidades administrativas, técnicas y funcionales para llevar a cabo las complejas tareas que se le han asignado. Para ocultar los enormes costos de esta decisión en términos de ineficiencia, desperdicio de recursos y dudosos resultados, el gobierno utiliza el velo secretivo que la Constitución brinda a las Fuerzas Armadas. Peor aún, el empoderamiento militar impide que se atienda el problema de las violaciones masivas de derechos humanos que el país padece, puesto que una importante proporción de éstas han sido cometidas por las propias Fuerzas Armadas.

amlo ha construido un Estado en la sombra, constituido hasta ahora por dos estructuras distintas, pero complementarias: las Fuerzas Armadas, encargadas de tareas operativas y funciones estatales básicas, y los “Servidores de la Nación” y los “superdelegados”, encargados de ejecutar la política social y garantizar las clientelas políticas que el gobierno actual requiere para ganar elecciones. Ambas estructuras son opacas, carecen de supervisión parlamentaria y civil, y sólo rinden cuentas al presidente. Este empoderamiento será difícil de revertir en el futuro, pues los militares y los repartidores de dinero no querrán dejar de ejercer un poder político y económico que no habían tenido antes.

Conclusión

Si bien hasta ahora no se han violentado abiertamente las normas de convivencia democrática, la polarización que induce el presidente López Obrador a partir de su concepción amigo-enemigo de la política y su uso autoritario de la mayoría parlamentaria ha reducido los espacios de diálogo fundamentales para la democracia; su insistencia en rescatar las empresas paraestatales, impulsar megaproyectos en el sur del país y repartir sin transparencia alguna apoyos asistenciales a los pobres, sin construir ciudadanía, ha puesto en crisis las finanzas públicas y obligado a una reducción de capacidades estatales en todos los órdenes, especialmente las áreas básicas de la salud, la educación, la seguridad pública y la justicia, provocando con ello una franca desinstitucionalización del Estado mexicano.

amlo carece de una propuesta de gobierno coherente y viable. Su ejercicio de gobierno es una colección desarticulada de decisiones inspiradas en el proyecto desarrollista estatista y paternalista propio del viejo régimen autoritario. La “Cuarta Transformación”, a pesar de su discurso de cambio, es en realidad un proyecto restaurador de un viejo orden en el que el Estado tenía el control del desarrollo económico, y no había separación entre Estado y sociedad. El problema es que es imposible regresar a esa época, pues el capitalismo mexicano está integrado al de Estados Unidos, y el Estado no puede ya recuperar la centralidad económica. Además, el principio de la unidad líder-pueblo es una idea inaceptable en una democracia moderna.

La militarización de la seguridad, de las fronteras y los puertos, e incluso de los grandes proyectos de infraestructura, así como el carácter y gestión paternalista de la política social, han conducido a la opacidad de la gestión pública y a la construcción de un Estado paralelo que profundiza la crisis estatal.

El “cambio de régimen” se ha convertido en una crisis de régimen caracterizada por un intento de destruir el orden político de la transición sin haberse construido uno nuevo en su lugar. Los actores políticos del pasado sobreviven en los márgenes, sin representar alternativa alguna. México vive una especie de interregno cuyo descenlace es imprevisible. Los movimientos sociales parecen ser los únicos portadores de alternativas creíbles, pero por ahora son sólo un horizonte lejano ante la imposibilidad de traducir en fuerza política su potencial de transformación social y cultural.

Referencias

Alvarado, Arturo 2019. Violencia política y electoral en las elecciones de 2018. Alteridades, 2019, 29 (57): pp. 59-73. http://www.doi.org/10.24275/uam/izt/dcsh/alteridades/2019v29n57/Alvarado

Contreras, Javier (2017). ¿Que democracia es ésta?. Historia intelectual de la democracia en México, en Guillén, Diana y Alejandro Monsiváis (eds.). La legitimidad como desafío democrático. Tijuana: El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana.

De la Torre, Carlos (2015). The promise and perils of populism. Global perspectives. Lexington: University Press of Kentucky.

Gibson, E. L. (2013). Boundary Control: Subnational Authoritarianism in Federal Democracies. Cambridge: Cambridge University Press.

Hincapié, Sandra y Alberto J. Olvera (2019). “Capacidades estatales en órdenes mixtos”, Clivajes. Revista de Ciencias Sociales. Año vi, No. 11, enero-junio.

Laclau, Ernesto (2005). La razón populista. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

O’Donnell, Guillermo (1994. “Delegative Democracy”, Journal of Democracy, Vol. 5, No. 1, enero de 1994: 55-69. National Endowment for Democracy and The Johns Hopkins University Press.

O’Donnell, Guillermo, Osvaldo Iazzetta y Hugo Quiroga (eds.) (2010). Democracia Delegativa. Buenos Aires: Prometeo.

Olvera, A.J. (2010). ¿Existe la democracia delegativa en México? Notas sobre el régimen político, la transición a la democracia y la rendición de cuentas en los gobiernos subnacionales” en O’Donnell, G., Iazzetta, O. y Quiroga, H. (eds.) (2010), op. cit.

Olvera, A. J. (coord.) (2018). Veracruz en su laberinto. Autoritarismo, crisis de régimen y violencia en el sexenio de Javier Duarte. Xalapa: Universidad Veracruzana.

Olvera, A. J. (2019). “Crisis de régimen, autoritarismo subnacional y reforma penal en México” en Perfiles Latinoamericanos, 27(53). Doi: 10.18504/pl2753-006-2019.

Olvera, A. J. (2021). “De la elección plebiscitaria al populismo nostálgico. López Obrador y la “Cuarta Transformación” en México” en Murakami, Yeseke y Enrique Peruzzotti (eds.), América Latina en la encrucijada: coyunturas cíclicas y cambios políticos en la segunda mitad de la década del siglo xxi. Xalapa: Universidad Veracruzana.

Peruzzotti, Enrique (2017). “El populismo como ejercicio de poder gubernamental y la amenaza de hibridación de la democracia liberal”. Revista saap (issn 1666-7883). Vol. 11, No. 2, noviembre, 213-225. Buenos Aires.

Rosanvallon, Pierre (2020). Le siècle du populisme. Histoire, théorie, critique. París: Seuil.

Shields, David (12 de mayo de 2020). “pemexproa a la vista”. Reforma. Recuperado de https://www.reforma.com/pemexproa-a-la-vista-2020-05-12, consultado el 27 de agosto de 2020.

Urbinati, Nadia (2019). Me, the People. How Populism Transforms Democracy. Cambridge: Harvard University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctvk12sz4

---