Exploraciones
doi: 10.31391/ap.vi6.106 Recepción: 19–12–2023 Aprobación: 01-03-2024
La ruta de la paz en un México herido
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Jorge Atilano González Candia |
González, J. A. (2024). La ruta de la paz en un México herido Análisis Plural, (6).
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Resumen: La inseguridad que vive el país tiene su relación con alianzas criminales que se han empoderado por la desorganización de los territorios, el descuido de las policías municipales y el débil sistema de justicia. En estos problemas subyace un individualismo que está desvinculando a las personas y una falta de institucionalidad que hace difícil poner límites a las dinámicas delictivas. Este tiempo electoral es una oportunidad para evaluar y proponer mejoras a las estrategias de seguridad de los distintos niveles de gobierno. La magnitud de la violencia hace necesaria una amplia participación de la sociedad que haga posible construir los acuerdos necesarios para construir la paz. Ya no podemos pensar en programas aislados, se necesitan sistemas conectados desde lo local hasta lo federal para detener esta escalada de violencia. |
Abstract: Insecurity in Mexico is linked to criminal alliances that have been empowered by the disorganization of territories, the neglect of the municipal police and the weak justice system. Underlying these problems is an individualism that is separating people and, also, a lack of institutionality that makes difficult to put limits on criminal dynamics. This electoral time is an opportunity to evaluate and propose improvements to security strategies on the different levels of government. The magnitude of the violence requires broad participation from society in order to make it possible to build the necessary agreements to set up peace. We can no longer think about isolated programs; connected systems from the local to the federal level are needed to stop this escalation of violence. |
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Palabras clave: paz, inseguridad, crimen organizado, México, elecciones |
Keywords: peace, insecurity, organized crime, Mexico, elections |
La ciudadanía necesita comprender las causas de la violencia para proponer acciones estratégicas a los candidatos y las candidatas a los diferentes puestos de elección. Los cambios que se necesitan sólo podrán gestarse con una amplia participación de la sociedad civil y en un trabajo junto con los distintos niveles de gobierno. El tiempo electoral es propicio para evaluar las políticas y emprender mejoras a la vida institucional del país. Es momento de unir esfuerzos en una ruta hacia la paz.
Son muchos los signos de violencia que preocupan a la ciudadanía: los altos índices de homicidios y desaparecidos, la violencia al interior de las familias, la extorsión y el cobro de piso, así como la tala ilegal y el control de los territorios, entre muchos otros. Tal parece que este sexenio será el más violento de la historia. Algo está pasando que se está viendo en la violencia una ventaja competitiva para tener más recursos, más reconocimiento y más poder.
Por eso, en este artículo primero deseo describir las causas de la violencia, en un esfuerzo de aportar a la comprensión de la inseguridad que vivimos y después la ruta que necesitamos emprender como país para revertir esta situación. Todo esto con la intención de aportar al debate de la seguridad en el país y abonar a la construcción de caminos para la paz.
La violencia es multicausal y sistémica, tiene en sus raíces un individualismo que ha erosionado los sistemas que regulan la conducta, como la familia, la comunidad o la relación vecinal (González & Mendoza, 2016). Esto se une a la débil institucionalidad que tenemos en el sistema de justicia y el sistema de seguridad. No hemos logrado constituir un sistema que ponga límites a los grupos delictivos. Son ya varias décadas de venir experimentando formas de contener la violencia sin obtener los resultados esperados.
La lógica política ha llevado a priorizar acciones con un efecto mediático sin resolver de manera estructural las causas de la violencia. La descomposición social que vivimos no es un problema económico, no es la pobreza la causa de la violencia. Tampoco la causa es la falta de policías y armas que puedan contener los altos niveles de homicidios que tiene el país. Estamos delante de un problema de diseño institucional: no hemos logrado constituir el sistema de justicia que garantice la atención adecuada a la conflictividad social y tampoco hemos logrado constituir el sistema de seguridad que garantice el cuidado de las personas y los territorios.
En la socialización violenta, las disposiciones y posiciones de los agentes ilegales dependen del grado de impunidad permitido en ciclos de reformas policiales y judiciales. En sus trayectorias sociales, los victimarios incorporan, durante la infancia y adolescencia, disposiciones a la violencia, aprendidas intergeneracionalmente, mediante las cuales utilizan diferentes estrategias de control social basadas en la fuerza física (Zavaleta, 2023:121).
Esta falta de institucionalidad necesaria para regular el comportamiento de las personas ha permitido el desarrollo de economías que usan la violencia y la ilegalidad para tener ventajas competitivas. Son economías que no sólo generan ganancias sino producen poder para dominar a lo otro, sean personas o recursos naturales, y eso las hace atractivas a quien buscar de manera desordenada el reconocimiento social.
Los procesos son largos, costosos, poco flexibles o adaptables a las circunstancias; existen numerosos obstáculos tanto para el acceso a la justicia como para que el resultado contribuya a solucionar efectivamente los problemas; la justicia resulta mayormente incomprensible para la ciudadanía y tiende a incrementar la desigualdad social; se privilegia la forma procesal sobre la resolución del conflicto y las personas que enfrentan conflictos con frecuencia no saben a dónde acudir y cómo obtener servicios de asistencia jurídica de calidad y bajo costo; finalmente, existe la percepción de que existe corrupción y que la justicia se vende al mejor postor. En suma, la mayor parte de las y los mexicanos simplemente no tiene un acceso efectivo a la justicia (Agenda Nacional de Paz, 2023:29).
¿Qué está pasando? Estos grupos delictivos son alianzas entre un sistema económico que le interesa dominar y explotar territorios, un sistema político que provee condiciones institucionales para realizarlo y un sistema criminal que ofrece mecanismos de control para realizar las metas planteadas. Se trata de redes de macro–criminalidad que se alimentan con pactos de impunidad, en que el sistema económico y político apuesta a la estabilidad por encima de la verdad y la justicia. “Estas redes se complejizan porque conllevan estructuras coercitivas, políticas y financieras que, además, se tornan mucho más flexibles y difusas” (Vázquez, 2023:119).
No se trata de unas personas que han optado por la maldad y que es necesario detener para terminar con sus malas acciones, se trata de un sistema de complicidades instalado en las instituciones políticas, en los territorios y en los mercados económicos, que se usan mutuamente para alimentar sus perversos deseos: deseo de mayor ganancia (sistema económico), deseo de mayor poder (sistema político) y deseo de fama (sistema criminal).
Los estudios sobre grupos de crimen organizado en América Latina nos han mostrado que las relaciones entre éstos y los actores estatales no siempre son conflictos de suma cero, y en muchos casos incluyen formas de cooperación y alianza que, lejos de sólo ser anomalías, representan tipos de interacción regular para crear y sostener órdenes sociales (Albarracín, 2023:13).
El mercado ha encontrado en el poder político un aliado para tener condiciones institucionales de dominio y en el sistema criminal un aliado para controlar los territorios. El sistema político ha encontrado en el sistema económico un aliado para hacerse de recursos y en el sistema criminal un aliado para controlar un electorado. El sistema criminal ha encontrado en el poder político un aliado para instalar la extorsión y en el sistema económico un aliado para legalizar las ganancias. “El principal problema con la existencia de redes de macro–criminalidad donde hay agentes estatales es que existe una promesa explícita de impunidad para los miembros de la red” (Vázquez, 2023:126).
Un ejemplo para explicar lo anterior es el flujo económico que existe en algunos centros penitenciarios. Ahí se tienen normativas paralelas y un régimen pseudolegal instalado por la débil institucionalidad del Estado (Macaulay, 2019:243). Hay centros penitenciarios donde se cobra por tener un teléfono, un negocio, ciertos privilegios, vivir en determinada área, etc. Esto encarece la vida de los internos y se recurre a la extorsión telefónica para tener los ingresos que permitan cubrir los gastos que les representa la prisión.1 Es un dinero que se entrega a los custodios y sube a otros funcionarios públicos, convirtiendo a las cárceles en cajas chicas con ingresos no fiscalizados.
La falta de recursos y el abandono que crónicamente ha padecido el sistema penitenciario han puesto en riesgo la seguridad de los centros y la gobernabilidad al tiempo que propician la corrupción por parte del personal, así como la participación de líderes o grupos criminales que detentan el poder de facto al interior de los centros penitenciarios (Azaola, 2023:44).
Igual sucede con los grupos criminales que controlan territorios para dedicarse al robo, a la extorsión, a la venta de droga o negocios lícitos, ellos tienen que dar una cuota a las policías para tener el permiso de actuación en el territorio.2 Así, los grupos criminales generan un “impuesto” que se convierte en un recurso que puede usarse sin las restricciones legales que tienen otros impuestos recaudados por el Estado. La presencia de los grupos criminales en el territorio representa ingresos económicos para los distintos niveles de gobierno que no siempre están dispuestos a ceder.
La actuación del sistema criminal en los territorios está dejando ganancias económicas a los tres sistemas (político, económico y criminal); este flujo económico que existe en las cárceles, los juzgados y las policías alimenta la impunidad y la corrupción que permite la actuación desmedida de las economías criminales. A mayor control territorial por parte de esta alianza criminal mayores ingresos económicos para las tres partes y menor capacidad del Estado para hacer frente a esta situación. Además, un nuevo conflicto es la oportunidad de renegociar el impuesto y poner cuotas más altas.
¿Qué hacer? Es necesario entender que el problema no es que la gente sin empleo se puede dedicar a delinquir o que los jóvenes que no van a la escuela son futuros delincuentes, el problema de la violencia en México no está en la falta de oportunidades o ingresos económicos en las familias, pues este gobierno es el que más recursos ha dado a las familias a través de las distintas becas y, sin embargo, eso no se ha traducido en reducción de la violencia. El problema de la violencia en México es que no hay quien ponga límites a las economías criminales que están incrustadas en las propias estructuras del Estado.
Será difícil desaparecer las economías criminales, pero sí es posible ponerles límites que permitan una vida institucional sana y una vida social segura. El tema es cómo construir los límites en el propio Estado, en la propia economía y en la propia sociedad. Hoy nadie quiere que le pongan límites, pues reina la cultura de la libertad individual y se usa el discurso del derecho para abogar por los no límites. “Debilitar al crimen organizado pasa necesariamente por implementar políticas públicas de lucha contra la impunidad estatal” (Albarracín, 2023:15).
Se necesitan tres acciones estratégicas para construir los límites a las economías criminales: 1) Fortalecer el sistema de justicia, en el nivel federal y estatal, de tal manera que tenga capacidad para investigar y autonomía para resolver casos; 2) Fortalecer las policías municipales, conectarlas con el sistema de justicia y las fuerzas armadas, para que coadyuven en la investigación y el cuidado del territorio, y 3) Recuperar la asamblea vecinal y la organización comunitaria para atender los problemas locales, conectados con el sistema de justicia y la policía municipal.
El poder judicial federal y las fiscalías estatales necesitan capacidad para investigar los delitos. Actualmente son instancias desbordadas para atender la violencia del país, no tienen las condiciones para hacer frente a la situación que vivimos y necesitan de un aliado clave para documentar las evidencias: este actor clave son las policías municipales. Se necesita construir capacidades de investigación para disminuir la impunidad, lo cual implica incrementar el número de investigadores y construir capacidades en las policías locales.
Si hay una instancia que necesita recursos para fortalecer su capacidad para hacer frente a la delincuencia es el sistema de justicia. Tantos años de apostar económicamente al Ejército y a los programas sociales sin alcanzar los resultados esperados son razón para hacer un giro a la estrategia de seguridad y justicia. Si se logra construir el camino para recuperar la seguridad del país se tendrá la legitimidad suficiente para ganar unas elecciones. No se puede hipotecar la paz del país a costa de los intereses partidistas.
Las policías municipales no se pueden sustituir por la Guardia Nacional, tienen naturaleza distinta; se necesita un cuerpo de seguridad capaz de generar la empatía con la ciudadanía y construir canales de comunicación que permitan conocer las dinámicas delictivas. Además, la policía municipal tiene una capacidad de cobertura territorial que no la tiene la Guardia Nacional, su papel es estratégico para la seguridad del país, por algo son cooptadas por la delincuencia. Además, por su carácter civil, es posible construir mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, con la participación de la sociedad civil, para cuidar de su actuación en el territorio.
Finalmente, la participación de la ciudadanía es fundamental para la recuperación de la paz en el país, así lo demuestran los casos de éxito de los municipios que han logrado recudir y sostener bajos índices delictivos (González & Torres, 2022). Es necesaria una ciudadanía comprometida con su entorno, con una ética que permita cuidar del buen desarrollo de las instituciones y que represente los intereses de la comunidad.
El cias por la paz a.c., obra social confiada a la Compañía de Jesús, documentó ocho casos de buenas prácticas de municipios en México que lograron reducir los índices delictivos a partir del año 2011 y logró sostenerlos bajos durante ocho o diez años. Los casos son: San Nicolás, Escobedo, San Pedro Garza García, n.l.; Saltillo, Coah.; Chihuahua, Chih.; Cherán y Tancítaro, Mich., y Nezahualcóyotl, Edo. de Méx.
La buena práctica encontrada en estas ocho policías es la construcción de estructuras territoriales ciudadanas vinculadas con una policía de proximidad, la cual está preparada para colaborar con los vecinos a través de consejos, mesas o redes. Ahí se analizan los contextos, se construyen estrategias y se evalúan con la participación de la ciudadanía. Todo esto con policías municipales vinculadas con otras fuerzas armadas, como son la policía estatal, la Guardia Nacional o el Ejército.
Estos casos muestran cómo se pasó de una seguridad militar centrada en el uso de la fuerza para resolver problemas a una seguridad ciudadana centrada en la resolución de problemas a través de la palabra y el acuerdo; cómo cambió la concepción de una ciudadanía beneficiaria a una ciudadanía colaboradora (González, 2022), y cómo las corporaciones aprendieron a deliberar para construir respuestas contextualizadas.
Cada municipio ofrece elementos para comprender las vinculaciones necesarias para construir la paz. Por ejemplo, la policía del municipio de Chihuahua coadyuva con las fiscalías para recolectar las evidencias, armar las carpetas de investigación y facilitar la resolución de los casos. La ronda comunitaria de Cherán rinde cuentas en las asambleas de los cuatro barrios y trabajan de manera coordinada con el Consejo de Honor y Justicia para resolver faltas administrativas. La policía de Neza ha construido 10 mil redes vecinales de seguridad para vincular a la ciudadanía en las tareas de prevención.
La diversificación del vínculo es fundamental para regular la conducta tanto de personas como de instituciones; en este sentido la seguridad necesita de los vínculos entre comunidad, policía y fiscalías para atender la conflictividad social. Lo cual implica realizar procesos de reconciliación, sobre todo con la comunidad.
También podemos constatar que las comunidades indignadas por el avance del crimen organizado en sus territorios necesitaron de una policía municipal preparada para trabajar en coordinación con la ciudadanía, y esto implicó procesos de recuperación de la confianza, el fortalecimiento del sentido de pertenencia al territorio y la adquisición de habilidades por parte de ambos actores para construir acuerdos. La comunidad organizada territorialmente y la policía preparada para atender tareas de prevención social del delito son los actores y características fundamentales para la construcción de la paz en los territorios (González & Torres, 2022:213).
Todo lo dicho implicaría construir circuitos entre el sistema de justicia, las policías municipales y comunidades organizadas, que permitan integrar sus acciones y así poner los límites a las economías criminales. Así como la violencia es resultado de un sistema de complicidades, la paz será posible con el compromiso de los diversos actores sociales con acciones conjuntas en una misma dirección. Se apela a la gente de buena voluntad a comprender y gestionar los cambios necesarios para recuperar la paz.
En este sentido, la construcción de la paz implica integrar estrategias de justicia, seguridad y tejido social (Agenda Nacional de Paz, 2023). La justicia como un sistema que permita transformar el conflicto, atendiendo la necesidad de las víctimas, y sancionando y reeducando a los victimarios. La seguridad debe ser vista como un sistema que desarrolle estrategias de cuidado de los territorios, que implica acciones preventivas, disuasivas y reactivas. Y el tejido social debe desarrollar sistemas de confianza que animen la participación y organización comunitaria.
La justicia, la seguridad y el tejido social se necesitan mutuamente para lograr sus objetivos, no pueden verse como entes independientes y autosuficientes. La sociedad necesita generar mecanismos para atender el conflicto, cuidar su territorio y renovar la confianza en sus instituciones. Por eso es importante conectar estos tres sistemas para tener la fuerza suficiente para poner límites a las economías criminales.
La mayor urgencia que tenemos en el país es consolidar un sistema de justicia y seguridad a partir de la evaluación de los programas que se han instrumentado y la recuperación de las buenas prácticas. Esto implica dejar de lado los intereses de grupo, de partido o de sector, para pensar en lo mejor a largo plazo. Si las dinámicas delictivas no se quieren modificar es porque alguien se beneficia de ellas, por eso es fundamental la participación de la sociedad civil para impulsar los cambios necesarios por el bien de todos.
Una ciudadanía que recupera su vida asamblearia y su organización comunitaria pone límites a quienes en la cotidianidad buscan la ventaja personal, se convierte en un referente de actuación para las nuevas generaciones e inhibe la actuación de los grupos delictivos. Una policía municipal fortalecida y unida a su comunidad pone límites a quienes usan la violencia para obtener ganancias o ventajas personales, e inhibe la actuación de los grupos delictivos en los territorios. Y un sistema de justicia autónomo y eficaz pone límites al sistema político para construir alianzas con el sector económico y criminal.
La magnitud de la violencia en México necesita de un sistema transversal que pase de lo local a lo estatal y federal, articule instancias y genere alianzas capaces de reconstruir la paz del país. Esto implicaría acuerdos entre el gobierno federal y los gobiernos locales para construir estos sistemas, así como la participación de la sociedad civil para construir las estructuras territoriales que ayuden a construir la cultura del cuidado y la corresponsabilidad. La paz que no construimos juntos no la vamos a cuidar.
Referencias
Agenda Nacional de Paz (2023). Ciudad de México: cem, cirm, sj y delai.
Albarracín, J. (2023). Crimen organizado en América Latina. Friedrich Ebert Stiftung.
Azaola, E. (2023). Panorama general del sistema penitenciario en México, en: Chávez Torres, M., Juárez Becerra, I. y Camacho Rojas, R. (Coord.). Entrecruces entre delito, justicia y sistema carcelario. Perspectivas multidisciplinares. México: El Colegio de Michoacán.
González, J. & Mendoza, G. (2016). Reconstrucción del Tejido Social: Una Apuesta por la Paz. Ciudad de México: cias por la paz.
González, J. & Torres, D. (2022). Policía municipal y organización comunitaria: un desafío para la paz. Ciudad de México: cias por la paz.
González, J. (18 de marzo de 2022). Policías municipales y comunidades, binomio para la paz. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2022/03/18/opinion/021a2pol
Macaulay, Fiona (2019). Prisoner Capture: Welfare, Lawfare, and Warfare in Latin America’s Overcrowded Prisons, en Sieder, R., Ansolabehere, K., & Alfonso, T., Routledge Handbook of Law and Society in Latin America. Nueva York: Routledge, pp. 243–258.
Vázquez, D. (2023). Violaciones a los derechos humanos e impunidad en México: la historia de justicia transicional que no fue. En Espíndola, J., & Serrano, M., Verdad, justicia y memoria: derechos humanos y justicia transicional en México. México: Colegio de México.
Zavaleta, J. A. (2023). El campo de violencia física regional. En Mejía & Arteaga, Descifrar las violencias del México contemporáneo, recorrido y apreciaciones metodológicas. México: Universidad Autónoma de Guerrero.