doi: 10.31391/ap.vi7.117
EDITORIAL
Al tiempo que estas líneas fueron escritas, la coyuntura electoral 2024 en México seguía aproximándose. El número 6 de Análisis Plural constituyó una suerte de preparativo contextual destinado a que las y los mexicanos tuviésemos un contexto lo suficientemente amplio para permitir conocer el panorama de las elecciones. Ahora, sin perder de vista dicha coyuntura, pasamos a integrar a este número lo que a mi juicio podría ser visto como un complemento: el Estado de derecho.
No es infrecuente que aquello de lo que menos se habla sea eso mismo de lo que más se necesita hablar. Asimismo, es común que mantener ciertos temas de interés público invisibilizados en el anonimato del silencio o en el rincón de la ignorancia sea ocasión, entre otras consecuencias poco deseables, de incrementar su desconocimiento, complejizar su abordaje (en algún punto que se torne imprescindible) y, especialmente en el ámbito político–democrático, propiciar injusticias, detonar abusos e impedir el ejercicio de libertades, derechos y obligaciones.
Cuando se habla del Estado de derecho tenemos un buen ejemplo de esto. Sobre todo si lo ponemos en el contexto de nuestro país. A continuación intentaré explicar los motivos de esto.
No me sorprendería un repentino sobresalto en el lector o lectora al informarse de que, bajo este principio de gobernanza, no puede haber institución, pública o privada —ni siquiera el propio Estado—, ni individuo alguno que esté por encima del marco legislativo promulgado públicamente y bajo cuyo sometimiento se acuerda absoluta regencia. Ahora bien, ¿somos conscientes de ese marco legislativo? ¿conocemos las leyes que nos rigen y nos protegen? ¿sabemos nuestros derechos?
No pretendo insinuar que sea la única causa, pues se trata de un fenómeno bastante complejo, pero me atrevo a proponer que, al menos en parte, el autoritarismo del Estado puede deberse al hecho de que las y los ciudadanos desconocemos —o, peor aún, no nos interesa— que hay leyes capaces de poner un alto a un aparato gubernamental erigido en sus actos y decisiones por encima del pueblo.
En un Estado de derecho la ley se encuentra por encima; y es la ley misma la que regula que así deba ser. Pero es estéril si somos incapaces de darle esa validez. Si nos sorprendemos al averiguar que el Estado no puede estar encima del marco legal (pues, por el contrario, nos parece de lo más normal que este último responda a sus propios intereses en detrimento de los derechos y garantías de ciudadanas y ciudadanos); si nos sorprendemos de ello, precisamente, por la invisibilización de este principio de gobernanza en el anonimato del silencio o en el rincón de la ignorancia, entonces no cabe de duda de que es un tema del que se necesita hablar con apremio y de que esa falta de puesta en diálogo está acarreando, por lo menos, las consecuencias citadas párrafos atrás.
Que la coyuntura electoral, aún en auge durante la publicación de la presente, sea un momento para reflexionar en el Estado de derecho que queremos y que deseamos tener; en cómo perfilan las y los candidatos en materia, y qué tanto podremos exigirles a partir del 2 de junio de 2024. En el equipo editorial esperamos que este número pueda abrir la puerta a esta nueva reflexión.
Antonio Cham Fuentes
Editor
