Fórum

doi: 10.31391/ap.vi1.12

La Seguridad en la 4T, 2018-2022, resultados de la
ausencia de estrategia

Erubiel Tirado Universidad Iberoamericana erubielt@yahoo.com ORCID: 0000-0002-8220-6218 Nancy Angélica Canjura Luna Causa en Común, A.C. nancanjura@gmail.com ORCID: 0000-0001-9067-541

Tirado, E. y Canjura, N. (2022). La seguridad en la 4T, 2018-2022, resultados de la ausencia de estrategia. Análisis Plural, (1).

El ascenso al poder presidencial de Andrés Manuel López Obrador trajo consigo la pretensión de imponer desde el gobierno un cambio ideológico, con la denominación de Cuarta Transformación (4T) que modificase las estructuras del Estado mexicano partiendo, entre otras cosas, de las instituciones y las políticas públicas. Pese a los esfuerzos de tres administraciones de diferente signo político a la de López Obrador, con resultados disímbolos, la crisis de inseguridad y la persistente violencia fue un compromiso importante cuya solución explica en buena parte su triunfo electoral.

El presente trabajo hace un recorrido de más de la mitad de la administración sexenal de López Obrador junto con la necesaria descripción tanto de los antecedentes inmediatos en materia de políticas de seguridad y sus resultados, así como como el fenómeno de la hipermilitarización que consolidó un patrón que se fue conformando en los sexenios anteriores, en los que el sector castrense se constituyó en un instrumento preferente en las diferentes estrategias de contención y combate de la violencia en el país, particularmente la derivada del narcotráfico y el crimen organizado. La coyuntura del inicio de la administración de López Obrador pasa necesariamente con la creación de la llamada Guardia Nacional (gn) que, en un principio, para lograr la reforma constitucional requerida, se planteó como una estructura de fuerza intermedia del Estado con simiente militar, con presencia permanente en el territorio nacional, pero cuyas estructuras de mando y su conformación eventualmente serían civiles. Se abordan también los efectos de la pandemia y el aprovechamiento tanto institucional, en particular del sector castrense, como de la criminalidad de la situación generada por la emergencia sanitaria.

Al hacer un balance con base en los resultados a partir de la oferta del gobierno de la 4T se exponen los efectos de las acciones en la materia dilucidando si, en efecto, había una estrategia de tratamiento con visión de Estado o se trató, en cambio, de establecer un predominio militarista que se extendió a otros aspectos de la vida pública del país, dejando de lado la función primaria de la seguridad pública civil con consecuencias que abarcan más allá que la persistencia de la inseguridad y la violencia criminal en México.

1. Antecedente inmediato de la crisis de seguridad en México

La crisis de seguridad en México no solo es uno de los flagelos más arraigados en nuestro país, sino que tiene raíces económicas, sociales, políticas e institucionales profundas. Si se quisiera rastrear uno de los orígenes de este fenómeno para explicar la dimensión que ha alcanzado, la parte institucional es una de las más reveladoras. El desarrollo y la madurez de los cambios institucionales en materia de seguridad pública ha sido desigual respecto de otros cambios que trajo consigo la transición política mexicana, como se puede observar en el sistema electoral. A pesar de que la seguridad ha sido uno de los problemas más graves y visibles del país y del discurso de los diferentes gobiernos que han pasado, no se ha consolidado una política homologada y funcional en la materia, e incluso se ha observado una degradación institucional, sea por ineficiencia o corrupción.

En la ecuación de esta disparidad del desarrollo institucional y de resultados diversos de las políticas públicas impulsadas desde fines del siglo pasado, a la carencia de una visión de Estado en torno a la seguridad pública, interior y nacional, se gestó el crecimiento y fortalecimiento del narcotráfico y el crimen organizado en el país. En los últimos años hemos padecido de un incremento de los actos violentos en el territorio nacional, sobre todo en los estados de norte, donde inclusive se dijo que la ciudad más peligrosa del mundo se encontraba en México: Ciudad Juárez, donde ocurrían --ocurren-- ejecuciones diarias, tiroteos, homicidios sanguinarios y demás. Estas noticias se replicaron al resto de las ciudades importantes del norte de México: Culiacán, Ciudad Victoria, Monterrey y la Comarca Lagunera. Al paso del tiempo esa violencia se extendió hacia el centro del país, en zonas de Jalisco, Guerrero, Guanajuato, Durango, Michoacán, Morelos y el Estado de México. Veracruz y los estados del sur tampoco quedaron exentos de tales sucesos, y se dieron actos reprobables en Tabasco, Yucatán y Chiapas en la década pasada. Todos estos problemas fueron atribuidos al crecimiento del narcotráfico en nuestro país como una de las expresiones más redituables para el crimen organizado y que, además, diversificaban sus actividades delictivas (secuestro, extorsión y el cobro de derechos de paso y de comercio).

En su primer día como presidente de México, en diciembre de 2006, Felipe Calderón anunció que tomaría cartas en el asunto de la inseguridad que vivía México, así que incrementó el salario de la Policía Federal y de las Fuerzas Armadas (ffaa). Diez días después, en el 11 de diciembre de 2006, se inició un operativo con apoyo de las ffaa en el estado de Michoacán, donde la violencia generada entre los grupos del narcotráfico había dejado más de 500 asesinatos en tan solo unos meses. El 15 de septiembre de 2008, durante la celebración de la Independencia de México en la plaza central de Morelia, Michoacán, fueron lanzadas varias granadas en un ataque contra la población con un saldo de 9 personas muertas y 132 heridos. El ataque fue catalogado por primera vez por el gobierno de los Estados Unidos como un ataque “narcoterrorista”.

Dentro de los hechos más mediáticos y atroces de esa época, a principios de febrero de 2010 ocurrió una matanza de jóvenes en Ciudad Juárez en Chihuahua, a cargo de sicarios, donde fallecieron 13 adolescentes. El 19 de marzo de 2010 un enfrentamiento entre el Ejército mexicano y sicarios dejó muertos a dos estudiantes de posgrado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. El 25 de agosto 2011 un grupo armado ingresó a las instalaciones del “Casino Royale”, una casa de apuestas en Monterrey, Nuevo León, en el que forzaron y amagaron a las personas que se encontraban en el interior del inmueble hasta encerrarlas, y finalmente quemaron el lugar vertiendo decenas de litros de combustible. Según el reporte, la cifra de fallecidos fue de 52 personas. Ante diversos hechos violentos, el entonces presidente Felipe Calderón dijo que el crimen organizado era la mayor amenaza, un enemigo que no conoce límites y atenta contra la paz y las instituciones.1

A este contexto se integraron nuevas estrategias, detenciones, programas de prevención, entre otras. Esta situación rendía frutos momentáneos, como podemos verlo actualmente. Estados que se encontraban “incendiados” gozaron de lapsos de normalidad y la violencia se movió territorialmente tanto por efecto de los operativos puestos en marcha como de la dinámica económica del narcotráfico. En 2008 la denominada Iniciativa Mérida impulsó y consolidó una ambiciosa estrategia al respecto. Al ser la reformulación ambiciosa de un pacto de cooperación entre Estados Unidos y México, diseñado para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, contó con fondos de apoyos directos para el aparato de seguridad, defensa y de justicia mexicanos por 3,300 millones de dólares durante 13 años, aprobados por el Congreso de Estados Unidos y desarrollado en tres etapas. El acuerdo estaba basado en la corresponsabilidad de ambos países; sin embargo, el balance respecto de la violencia homicida y otros delitos de alto impacto asociados a la delincuencia organizada no arrojó los resultados esperados. Cuando la Iniciativa Mérida entró en vigor, México reportaba una tasa de 9.4 homicidios por cada 100 mil habitantes; para 2009, a un año de operación del acuerdo, pasó a 14.3; el presidente Peña Nieto inició su gestión con una tasa de 15.4 y en 2020 la tasa era de 23 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. También los secuestros y las extorsiones se incrementaron considerablemente en estos años. En 2007 la tasa de este delito era de 2.9 denuncias por cada 100 mil habitantes, 5.6 en 2009; 6.9 en 2013 y en 2020 registró un ligero decremento, con una tasa de 6.2.

En cuanto a violaciones a los derechos humanos, también en este periodo, Human Rights Watch documentó 149 casos de desapariciones forzadas. Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas han señalado no solo un incremento de casos, sino que la tortura es una práctica generalizada en el país y que hubo numerosas ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas de seguridad (hwr, 2009). En esta misma línea, según un informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la cantidad de investigaciones de casos de tortura por agentes del Ministerio Público aumentó en los últimos años tanto en el plano federal como en el estatal, de apenas 13 investigaciones en 2006 a más de 7 mil en 2019, en tanto que el gobierno, ya en la presente administración, reconoce más de 75 mil personas desaparecidas hasta noviembre de 2020, la gran mayoría ocurridas desde 2006,2 es decir, un fenómeno crítico que empezó a cobrar relevancia en la crisis de seguridad desde la administración de Felipe Calderón.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se buscó frenar la inercia mediática y real de la delincuencia organizada y se planteó la separación de los asuntos de seguridad nacional y seguridad pública a través de la presentación de dos estrategias diferenciadas, además de un programa de prevención del delito para el ámbito municipal. Se instrumentaron ajustes institucionales polémicos, como la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública Federal para adjudicar las atribuciones de esta a la Secretaría de Gobernación, como Comisión Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, después de la gran expectativa que generó ante su política para la atención de esta problemática, el presidente Peña pasó de “Salvar a México”, como lo señaló una revista estadounidense, con una disminución de los delitos durante 2014. Pero fue precisamente en ese año cuando, finalmente, se puede afirmar que perfiló el fracaso de la administración en materia de seguridad, con casos atroces que llamaron la atención nacional y fuera del país, por la ejecución de 22 personas en Tlatlaya en el mes de junio, y la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural “Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero. El sexenio terminó con un récord de homicidios dolosos de 300 mil, un incremento de los delitos del fuero común y severos señalamientos graves de corrupción gubernamental que también trascendió las fronteras mexicanas.

Gráfica 1. Evolución del total de las investigaciones por homicidio doloso reportadas de 2007 a 2021.

Fuente: Elaboración con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En general el sexenio de Peña Nieto destacó porque no se lograron los cambios esperados. Se buscó una salida legal para legitimar la acción de las ffaa en tareas de seguridad pública, porque a la par del crecimiento de la delincuencia organizada, adquirió una mayor diversificación de sus actividades, involucrándose tanto en el narcomenudeo como en la extorsión, el secuestro y el robo de combustible, hasta integrar complejas redes. Cabe recordar que esta salida era la Ley de Seguridad Interior, impulsada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aprobada por el Congreso en 2017, pero que fue invalidada un año después de su entrada en vigor por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al considerarla inconstitucional.3

2. El anclaje institucional. La oferta y apuesta de la 4T con la Guardia Nacional y la seguridad pública

La crisis de seguridad pública fue el tema preponderante de la campaña electoral y marcó la orientación del marco de las decisiones del presidente López Obrador, aun antes del inicio de su gestión, con cambios institucionales importantes. En primer lugar, la seguridad pública se sustrae de la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación (Segob) y se crea una Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (sspc). A la Segob, sin embargo, se le sigue asignando la responsabilidad de las políticas de prevención.4 Con la emergente sspc, desaparecería a la Policía Federal y la nueva secretaría se encargaría de la construcción institucional de una nueva fuerza de seguridad (intermedia según las clasificaciones especializadas y como en su momento se concibió en sus inicios lo fue la extinta Policía Federal Preventiva de fines de los años noventa), bajo la figura de la gn, y que implicaría un conjunto de reformas constitucionales y un nuevo entramado legal para su creación y operación. Hay que aclarar que esta gn se aparta de la naturaleza federalista de la figura constitucional contemplada desde 1857 y que sobrevivió en el texto de 1917 (aunque el presidencialismo y el sistema político posrevolucionario la convirtió en letra muerta). El nuevo diseño constitucional y legal de la Guardia Nacional de la 4T, si bien parte de una definición de seguridad pública como una función a cargo de autoridades civiles, dispone un modelo centralista que gira en torno de la figura presidencial y, al mismo tiempo, plasma una contradicción estructural y orgánica que ha ocasionado diversos y serios problemas tanto institucionales como legales: conformar con militares la simiente del nuevo cuerpo que se definió de antemano con una formación y disciplina castrenses.

Es decir, contrario a la oferta política de devolver el Ejército (y la Marina) a sus cuarteles y a la convicción de que en gobiernos pasados se había abusado del recurso militar en la seguridad pública ante la incapacidad de los gobernantes en la materia (así lo había expresado el propio López Obrador en agosto de 2006), el nuevo gobierno apostó por la militarización absoluta de la seguridad pública y para ello “constitucionalizó” la participación castrense para evitar que las leyes que se derivaran de este contexto fuesen invalidadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como en su momento ocurrió con la Ley de Seguridad Interior (noviembre 2018).

Luego de un fuerte debate en jornadas de parlamento abierto convocado por el Congreso de la Unión (en el que se advirtieron los riesgos de la militarización en ciernes por organismos de derechos humanos, nacionales y extranjeros, así como por especialistas), la reforma constitucional se impuso en el primer trimestre de 2019. Es importante señalar que la oposición partidista en el Congreso accedió a la militarización de la seguridad (integración, organización, reclutamiento y formación castrenses) en tanto que 1) fuese de carácter temporal para consolidar al nuevo organismo de seguridad y, 2) que se fortalecieran las capacidades de las policías estatales y municipales con recursos suficientes y necesarios para tener una seguridad pública eficiente y coordinada entre los tres niveles de gobierno.

Bajo el nuevo esquema que se sintetiza en el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional,5 la Sedena se erigió como la entidad a cargo operativamente del control de la gn, desplazando en los hechos la preeminencia de la autoridad civil a cargo de la sspc. Con esta deformación funcional los siguientes pasos fueron la confección de leyes que terminarían de dar forma a la concepción institucional de la seguridad pública de la 4T: la orgánica de la gn, la del uso de la fuerza y la del Registro Nacional de Detenciones (por razones de espacio y por el enfoque del presente artículo, abordaremos en esta descripción solo la primera).

El ordenamiento que estructura al organismo policial debió dar cabida a integrantes de la extinta Policía Federal tanto en el nivel de sus componentes operativos, de investigación y persecución de delitos, así como en los niveles de mando. Sin embargo, tanto el diseño legal y reglamentario de la gn como su organización fueron definidos en función de los criterios e intereses de la Sedena. La imposición legal de requisitos de antigüedad institucional en materia de seguridad fue definida de tal manera que solo los militares de alto rango provenientes de la Sedena y de la Secretaría de Marina pudiesen ocupar los niveles de mando de la nueva institución, dejando fuera a los antiguos mandos provenientes de la extinta pf. Los escasos integrantes civiles de la gn fueron sometidos y reducidos a tareas que los militares consideraron que no eran apropiados para su investidura castrense, reservándose las actividades y responsabilidades de alto impacto o de carácter especial que sirviesen también a las decisiones coyunturales del presidente.

En materia de despliegue y presencia de la gn, desde su creación se ideó un esquema similar al de las fuerzas armadas (Ejército y Marina) en el sentido de que, a diferencia de los llamados operativos policiales-militares del pasado (que predominaron entre los años noventa hasta 2018), habría un emplazamiento permanente de la nueva fuerza de seguridad a lo largo y ancho del territorio nacional.

En ese sentido, desde finales de 2019 se empezaron a construir cuarteles de la gn. Actualmente hay poco más de 200 cuarteles. Primero se anunciaron 266 distribuidos en cinco regiones, luego se ajustó la cifra a la baja en 166 pero en agosto de 2021 el presidente afirmó que serían 500 cuarteles. Este esquema de presencia territorial no ha sido definido en función de criterios de conflictividad o comportamientos criminógenos o de incidencia delictiva y no queda clara la motivación más allá de la consolidación de una presencia militar reforzada (que se suma a las zonas y regiones militares y navales preexistentes) en el territorio.

La gn, tal como nació legal e institucionalmente, muestra distorsiones estructurales y funcionales que se contraponen con la definición civilista de la seguridad pública: el reclutamiento es mínimo en el sentido de que solo una pequeña porción de sus integrantes es captada de aspirantes jóvenes de la población (y que se conjuntan con los de la extinta pf), toda vez que dos terceras partes, de los más de 100 mil elementos que se dice tener, son militares en activo “transferidos” de la Sedena y la Secretaría de Marina (Semar). Esto genera, entre otros problemas, una confusión administrativa y legal en caso de imputación de responsabilidades porque, según convenga a los intereses de los altos mandos castrenses, son militares o guardia nacional “civilista”. Aunado a esto, y no menos importante, es el hecho que se ha documentado de que los mandos emplazados en los estados responden a indicaciones y rinden cuentas, no a la superioridad civil de la sspc, sino a los mandos militares y navales (según sea el caso) de las zonas y regiones castrenses y al propio titular de la Sedena.

En el marco constitucional y legal en las definiciones estratégicas para concebir e instrumentar políticas públicas del Estado mexicano, estas se materializan en cada gobierno sexenal desde el Plan Nacional de Desarrollo y en planes y programas tanto sectoriales como específicos. Formalmente este es el conjunto de orígenes de donde se desprenden las estrategias, como las de seguridad pública o la de seguridad nacional, con las visiones particulares de la administración en turno. Sin embargo, en el caso del llamado gobierno de la 4T, el Plan Nacional de Desarrollo (pnd) 2019-2024 es un referente ideológico más que una verdadera hoja de ruta gubernamental que guíe el quehacer partiendo de diagnósticos ponderados de la naciente administración. En ese sentido, resulta poco útil desprender de ahí la visión sustantiva del gobierno en materia de seguridad.

Del pnd, según el marco legal de la planeación pública, se desprenden los planes y programas. Sin embargo, para el caso de la seguridad pública las supuestas líneas estratégicas se definieron mucho antes del pnd. En noviembre de 2018, como presidente electo, López Obrador anunció el “Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024”. En él anunciaba, como el eje último de su supuesta estrategia del gobierno por venir, los términos militares de la creación de la gn como estructura armada de presencia permanente en las tareas “civiles” de seguridad pública, investigación y persecución de delitos, etcétera.

Para efectos de análisis, más que la disección de una estrategia propiamente dicha, las concepciones de seguridad pública de la 4T y las acciones generales o reacciones específicas ante problemáticas o crisis de violencia entre diciembre de 2018 y la primavera de 2022, se hallan en el documento referido junto con la discursiva presidencial, además del “Programa Sectorial de Defensa, 2020-2024” elaborado por la Sedena. Este último documento, dicho sea de paso, más que la formulación clara de una puesta en marcha de las políticas de seguridad que se militarizaron en el inicio de la administración, sigue la retórica presidencial que se imprimió en el pnd y en el plan presidencial de 2018. Bajo este “marco conceptual” de definiciones gubernamentales se ha empujado la creación y el fortalecimiento de una institución “civil” de seguridad como la gn que, según la promesa presidencial, es la solución a la crisis de violencia que vive el país.

3. Pandemia y oportunismo: ignorancia de la seguridad nacional como estrategia

La narrativa analítica de la seguridad en México en el presente sexenio pasa también por la experiencia de la grave amenaza que representó la emergencia sanitaria de carácter global del virus sars-Cov 2 (covid-19). Este escenario inédito de riesgo fue enfrentado de manera accidentada y sin considerar el marco que el propio Estado mexicano había constituido a lo largo de una evolución y desarrollo institucional de cuidado y atención de la salud general de la población y que contemplaba, incluso, un andamiaje al que debió recurrirse para una mejor respuesta gubernamental.

El gobierno de la 4T enfrentó desde el principio de la pandemia con herramientas legales e institucionales menores haciendo de lado recursos de Estado con mayor efectividad que existen, incluso evolucionando desde hace más de un siglo, como el Consejo de Salubridad General. Se trata de una instancia superior de Estado, con carácter de autoridad civil (y con la fuerza de la inteligencia científica de todo el país), solo por debajo del Presidente de la República. El Consejo tuvo un desempeño ejemplar en 2009 con una visión y alcances en sus decisiones, capacidades interinstitucionales y enfoque multidisciplinario en la emergencia del virus H1-N1 (influenza) que se originó precisamente en México. La importancia de sus atribuciones en un estado de emergencia sanitaria sobrepasa incluso lo que de manera tradicional sería abordado en un diseño de gabinete de seguridad nacional (que también se contempla en el sistema mexicano pero que prácticamente es letra muerta en el actual sexenio).

El hecho es que, teniendo un antecedente de experiencia probada, el presidente optó por la centralización de decisión y una visión acorde al limitado entendimiento de la emergencia en la que entró en juego la interacción de instituciones de defensa (Sedena y Semar) y seguridad (gn), cuyos criterios sometieron el conocimiento científico y la toma de decisiones ponderadas que habían sido eficaces en el pasado reciente. Se optó por una simulación político-administrativa cuando el gobierno convocó a una sesión extraordinaria del Consejo de Salubridad General (19 de marzo de 2020), tan solo para formalizar la toma de decisiones gubernamentales de emergencia sin la participación de la comunidad científica y del aparato de instituciones de educación e investigación superior del país. Así, con la presión presidencial, el Consejo fue desplazado obligándole a renunciar a sus atribuciones y dejando a una sola institución, la Secretaría de Salud a través de un “Comité Nacional para la Seguridad en Salud”, la iniciativa y responsabilidad de planear y operar de acciones (que en su parte medular apenas llevaba dos semanas de instrumentación) en contra del coronavirus.6

La diferencia de fondo entre la Comisión y el Comité no es solo nominativa sino su carácter de autoridad real en una emergencia: la primera puede imponer sus decisiones en tanto su definición de instancia constitucional y legal, acompañada de sus facultades reglamentarias que le permiten operar en forma eficiente y coordinar a otras autoridades. El Comité simplemente “exhorta” a otras autoridades e instancias públicas y privadas, y su composición fue endogámica, incluyó solo funcionarios de la Secretaría de Salud, en la que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud formalmente tiene un papel secundario en su calidad de vicepresidente (quien preside es el mismo secretario), pero en los hechos concentró más poder de decisión incluso que el titular. A esto siguió una férrea centralización de las decisiones a favor del presidente,7 y la decisión que prácticamente exterminó a la Comisión vino luego de la declaración de emergencia sanitaria por “causa de fuerza mayor”,8 cuando por acuerdo del secretario de Salud militariza a la Comisión al incorporar, entre otras dependencias, a la Sedena, la Semar y la de Seguridad y Protección Ciudadana, en calidad de vocales9 (que, en el diseño original, estaban más bien sujetas o sometidas a las indicaciones coordinadoras de la Comisión), desvirtuando y deformando así su naturaleza y securitizando una instancia que era de predominio civil, como había operado con éxito en la emergencia de 2009.

Mientras el presidente negaba la instrumentación de medidas restrictivas de carácter extraordinario contempladas constitucionalmente, en forma paralela el aparato castrense puso en marcha su despliegue para emergencia y casos de desastre con el Plan DNIII (Sedena) y Plan Marina (Semar), que no se han desactivado hasta la fecha. Las respuestas oficiales para “contener y combatir la pandemia” pasaron por la ocupación militar del complejo público sanitario de alta especialidad y de tercer nivel con que cuenta el país, así como la “conversión” de la infraestructura hospitalaria a cargo de la Sedena. De este modo se sometió al personal médico y de enfermería civiles que llamaban la atención por la falta de recursos y apoyos para la atención de las víctimas por el covid-19. En contrapartida, se anunciaron partidas presupuestales adicionales para las secretarías de Defensa y Marina, además de que la primera controló compras de insumos médicos para la mitigación de la pandemia, las prioridades castrenses (cuya infraestructura y recursos humanos son menores a la capacidad instalada civil) pasaron por su autoasignación antes de destinarlos al campo hospitalario público y civil del país.

Otro efecto de este conjunto de decisiones de emergencia fue el control de la información. El cálculo de afectación real toma en cuenta un lamentable factor de subregistro de casos tanto de infección como de víctimas fatales: a las 321 mil muertes reconocidas oficialmente en marzo debe añadirse un “exceso de mortalidad” de cerca de 500 mil muertes más En los primeros meses de la pandemia el vocero gubernamental preveía un escenario catastrófico “solo” de 30 mil decesos. El saldo en términos institucionales al haber “securitizado” el manejo de la pandemia (llegando incluso a militarizar la aplicación de las vacunas en su fase de control) ha provocado el empoderamiento castrense como la clave para fortalecer el autoritarismo presidencial que se manifestó en esta crisis.

4. Balance de la 4T, ¿inseguridad, violencia e ingobernabilidad?

La 4T se ha caracterizado por señalar constantemente el escenario devastador que recibieron en 2018, aunado a situaciones de carácter internacional fuera del control nacional que han afectado al país en diversos rubros, con especial énfasis en el económico y que han complicado la situación de pobreza y desigualdad en el país. Su discurso es siempre defensivo y con excusas. Luego de la estrategia de seguridad nacional de Felipe Calderón, el de Peña Nieto terminó con más violencia, corrupción y militares en las calles sin certeza legal para sus actividades en materia de seguridad. Así recibió el país el presidente Andrés Manuel López Obrador, de la mano de lo que llamó la Cuarta Transformación, con dos consignas derivadas de los problemas que “heredó” de Peña Nieto: sacar al Ejército de las calles al mejorar la seguridad con una estrategia social y combate a la corrupción con un plan de austeridad y revisión de contratos de obras iniciadas por su antecesor.

Y de eso, a tres años y tres meses de la 4T, nada se ha logrado. En cuanto a la corrupción, la falta de planificación para combatirla ha llevado a una serie de desaseos que han derivado en desabasto de medicamentos, pagos millonarios en materia de indemnizaciones y un discurso moralista que no ha servido más allá de la propaganda. En materia de seguridad tampoco se ha materializado ningún logro. No se sacó al Ejército de las calles, por el contrario, se le han conferido poderes de purificación y eficiencia por los que se le ha cedido el control de diversas tareas de carácter civil. En cuanto a la seguridad el panorama no podría ser diferente, se creó la gn como una respuesta a una no probada ineficiencia y corrupción de la Policía Federal, que fue desmantelada. El giro de la historia llegó cuando se conoció que la gn no solamente se conforma en mayor medida por elementos del Ejército, sino que está en discusión su plena incorporación a la Sedena.10

Pero si se trata de números, ni las “estrategias sociales” como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y otras transferencias que el gobierno ofrece a la población para disuadir su ingreso a las filas del crimen, ni la política de “abrazos no balazos” con la que se maneja la gn en las localidades donde debería tener un combate frontal ante el poder de fuego y control territorial que posee la delincuencia organizada, han rendido frutos.

En el primer trienio de López Obrador se incrementaron los homicidios dolosos 81% respecto de los reportados en los primeros tres años de gobierno de Peña Nieto (2013-2015) y 126% respecto del primer trienio de Calderón (2007-2009). La extorsión subió 30% y 79%, respectivamente, en el mismo sentido que se describió, mientras que el reporte de secuestros mantiene su peor momento en el primer trienio de Peña Nieto; es decir, se ha registrado una disminución de 32% de este delito respecto del periodo 2007-2009.

Actualmente, el panorama de seguridad en México ha empeorado en todo sentido: institucionalmente las policías locales están en el abandono, sin presupuesto, capacitación, condiciones laborales dignas y a merced de los delincuentes. Tan solo en lo que va de este sexenio la organización Causa en Común ha documentado el asesinato de 1,415 policías (Causa en Común, 2022). El Sistema Nacional de Seguridad Pública no opera, no sesiona, no produce ni da seguimiento a acuerdos, y se ha detectado opacidad y manipulación en la presentación de cifras de incidencia delictiva que se realiza en las conferencias matutinas organizadas por el presidente como un ejercicio de transparencia. En lo social, existe una descomposición palpable agudizada por la pandemia por covid-19, que modificó el escenario de interacción social necesaria para la reconstrucción de confianza, redes vecinales y comunidad. Por no mencionar que las incivilidades y la merma del Estado de Derecho en la ética ciudadana se ha agudizado ante la impunidad que prevalece en el país.

En lo político, existe una actitud defensiva por parte del ejecutivo federal para asumir los errores y la dimensión del problema, al tiempo que la oposición no ha logrado permear en la discusión pública del tema. Asimismo, los gobiernos estatales y locales, si bien se encuentran rebasados, han abandonado la responsabilidad conferida por el artículo 29 constitucional de garantizar la seguridad, y se ponen en manos de la gn.

---