Fórum
doi: 10.31391/ap.vi7.121 Recepción: 23-05-2024 Aprobación: 20-06-2024
Factores de riesgo para el Estado de derecho durante el proceso electoral 2023-2024
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Marcos del Rosario Rodríguez |
del Rosario, M. (2024). Factores de riesgo para el Estado de derecho durante el proceso electoral 2023–2024. Análisis Plural, (7).
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Resumen: El pasado 2 de junio de 2024 se llevaron a cabo las elecciones más grandes de la historia de nuestro país, ya que se disputaron más de 20 mil cargos de elección popular, 19 mil 746 cargos locales y 629 federales, además de la presidencia de la República. Aunado a lo anterior, la autoridad electoral debió atender diversos factores que quizá pusieron en riesgo la vigencia efectiva del Estado de derecho de las elecciones, como la utilización de recursos públicos, la propaganda gubernamental y la intervención del crimen organizado. Lo anterior representó por mucho el reto más importante para la democracia mexicana. |
Abstract: On June 2, 2024, the largest elections in our country’s history took place, with over 20,000 elected positions being contested: 19,746 local positions and 629 federal positions, including the Presidency of the Republic. Additionally, the electoral authority addressed various factors that could have jeopardized the effective rule of law in the elections, such as the misuse of public resources, government propaganda, and the intervention of organized crime. This represented by far the most significant challenge to Mexican democracy. |
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Palabras clave: Estado de derecho, propaganda gubernamental, crimen organizado, elecciones 2024, democracial |
Keywords: rule of law, government propaganda, organized crime, 2024 mexican elections, democracy |
Introducción
En los últimos años el sistema electoral mexicano ha evolucionado de forma sustancial con la idea de contar con un modelo democrático en el que los derechos político–electorales de las personas se reconozcan eficazmente. Y si bien se han gestado reformas constitucionales y legales significativas, es un hecho que la realidad política y social ha superado el andamiaje jurídico electoral, con los cual se hace evidente la presencia y el incremento de factores que ponen en riesgo el Estado constitucional de derecho.
Aspectos como la intervención del gobierno federal en el proceso electoral y la presencia cada vez más creciente del crimen organizado en diversas partes del territorio nacional sin duda propician la vulneración del principio máximo de nuestro modelo electoral, que es la equidad de la contienda, la cual se ve afectada cuando se generan desigualdades sustanciales entre partidos políticos y candidatos frente al ejercicio ilimitado del poder político y la presión coercitiva de la delincuencia.
En tal sentido, el presente trabajo tiene como finalidad identificar los factores que representan un mayor riesgo en la validez de los resultados electorales y la forma en que su incidencia genera una merma en el Estado constitucional y democrático de derecho. Para ello, la investigación se estructura, primeramente, tomando en consideración la evolución histórica del sistema electoral mexicano y cómo se han conformado las atribuciones y competencias de las autoridades electorales, cuyas actuaciones han sido fundamentales en la regularidad democrática del país. Posteriormente, se analizarán los factores de riesgo para el Estado de derecho durante el proceso electoral 2023–2024, sus rasgos distintivos y la forma en que han materializado.
De lo anterior se deriva que la cuestión fundamental por dilucidar en el presente artículo sea la siguiente: ¿de qué forma y en qué medida estos factores de riesgo pueden afectar la vigencia efectiva del Estado de derecho en México? En tal sentido, a continuación se desarrollarán las consideraciones que se estiman necesarias para dar respuesta y sentido a la cuestión planteada.
Contexto histórico del sistema electoral mexicano
El régimen hegemónico del Partido Revolucionario Institucional (pri) se extendió por más de siete décadas, controlando todas las funciones del Estado en los planos local y federal, incluyendo la más importante: la representación política, impidiendo que otras opciones pudieran tener la posibilidad de acceder a cargos de elección popular.
Nuestro sistema electoral es el producto de una desconfianza pública emanada de las elecciones fraudulentas de 1988, en las que la voluntad del electorado sucumbió ante los intereses del entonces partido hegemónico. Por ello, para evitar que los intereses políticos determinaran el destino democrático de nuestro país, se pensó en crear un órgano dotado de autonomía plena para que su actuar fuera objetivo e independiente, y de esta forma garantizar la expresión de la ciudadanía.
En 1977 vio la luz una de las reformas electorales más sustanciales de la historia de México. Esta reforma establecía la figura de la representación proporcional (Nohlen, 1998), innovadora y necesaria para resolver las circunstancias de aquella época, cuando las posturas minoritarias eran descartadas en la toma de decisiones fundamentales.
Jesús Reyes Heroles, secretario de Gobernación durante el sexenio del presidente José López Portillo, diseñó una reforma electoral que contemplaba la representación proporcional junto con el principio de mayoría relativa, denominándose “sistema mixto de elección” (Nohlen, 1998). De igual manera, los partidos políticos se reconocieron constitucionalmente como entidades de interés público y se elaboró una ley especial en materia, denominada “Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales”. Aquella modificación significó la posibilidad de que los partidos políticos —y, por ende, los ciudadanos integrantes de éstos— encontraran un espacio de expresión y representación que anteriormente no tenían (González y Del Rosario, 2015).
Sin embargo, una de las reformas más trascendentes en la vida democrática de nuestro país fue la de 1990, con la creación del Instituto Federal Electoral (ife) —ahora Instituto Nacional Electoral (ine)—, instaurándose con él un sistema electoral solvente y eficaz, en el que la organización y validación de las elecciones pasa por la ciudadanía (Córdova, 2012). Se debe recordar que, anteriormente, era el propio gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, la entidad que tenía la función de organizar los comicios a escala federal, mientras que la Cámara de Diputados debía validar los resultados electorales.
Posteriormente, en 1993, se fortaleció el sistema electoral con la creación del Tribunal Federal Electoral (trife), que, a la postre, en 1996 se transformaría en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (tepjf), órgano jurisdiccional con facultades constitucionales diseñado para hacer valer los resultados emitidos en las urnas y proteger los derechos políticos de la ciudadanía (Nava, 2021).
Finalmente, es importante mencionar las dos últimas reformas constitucionales en materia electoral: 2007 y 2014. La primera estableció un modelo de comunicación política, pensando en que sólo los actores políticos pueden tener el monopolio de la libertad de expresión en los medios de comunicación masiva, sin intervención de las personas físicas y morales, además de dotar de facultades de control constitucional a las distintas Salas del tepjf (Flores, 2008). Y con la segunda, de 2014, se ampliaron las facultades de organización, fiscalización y control de la autoridad electoral, pasando de ser una competencia federal a una nacional, concentradas en el referido ine. De igual manera, se crearon los Organismos Públicos Locales (oples), cuyos integrantes son designados por el Consejo General del ine y tienen como principal atribución organizar las elecciones y garantizar los resultados electorales en el plano local, en coordinación con el ine (Gamboa, 2017).
A lo largo de su existencia el ine y el tepjf han sido piezas fundamentales en la construcción de nuestra democracia constitucional. Los derechos político–electorales se han fortalecido en su vigencia y progresividad gracias a una perspectiva y un garantismo que ha distinguido a estos órganos en la mayoría de sus actuaciones.
En buena medida, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, los derechos de las comunidades indígenas y de los grupos en situación de vulnerabilidad, así como otros derechos de índole político se han fortalecido de forma progresiva por los acuerdos y decisiones de los referidos órganos. Lo anterior, empero, no implica que no existan aspectos que deban ser reformados en aras de mejorar su funcionalidad para que, de esta forma, respondan eficazmente a las necesidades de la ciudadanía (González, 2018).
Desde su creación el ine ha organizado más de 330 elecciones de distintas dimensiones y alcances. Sin embargo, los comicios de 2024, a diferencia de los anteriores, fueron los más grandes y complejos en la historia de nuestro país, toda vez que se disputaron más de 20 mil cargos de elección popular, 19 mil 746 cargos locales y 629 federales, incluyendo la Presidencia de la República.
Retos en el proceso electoral 2023–2024
Además de las implicaciones que trae consigo organizar las elecciones más grandes de la historia, durante el proceso electoral 2023–2024 las autoridades electorales, incluyendo las locales, tuvieron que enfrentar una serie de retos que, al no ser solventados oportunamente, pudieron poner en riesgo la vigencia de los principios constitucionales y los derechos políticos de la ciudadanía.
Utilización de recursos públicos y propaganda gubernamental
Uno de los desafíos que deben considerarse se encuentra la utilización de recursos públicos por parte del titular del Poder Ejecutivo, particularmente en el espacio denominado “la mañanera”, en el cual no únicamente ha dispuesto de forma ilícita de tiempos anticipados de precampaña y campaña, sino que se ha utilizado la propaganda gubernamental que corresponde a la función de presidente de la República para construir la plataforma política de la candidatura de Morena, garantizando con ello un posicionamiento entre militantes y simpatizantes de ese partido gracias a los recursos públicos del gobierno federal. Todo lo anterior pudo poner en riesgo la equidad de la contienda electoral (Marván, 2021) y ha ocurrido pese a los esfuerzos tanto del ine como del tepjf, cuyos resolutivos han buscado erradicar tales conductas.
El ine y el tepjf tomaron medidas significativas para asegurar la imparcialidad y la equidad en el proceso electoral de 2024 en México, particularmente en relación con las intervenciones del presidente Andrés Manuel López Obrador (amlo). Asimismo, emitieron varias resoluciones en las que ordenaban al presidente abstenerse de hacer declaraciones que pudieran influir en el proceso electoral. Estas medidas cautelares se basaron en la necesidad de mantener la imparcialidad y neutralidad, asegurando la no utilización de recursos públicos para promover partidos o candidatos (tepjf, 2024). Así, el tepjf ratificó las decisiones del ine, argumentando que las expresiones de amlo no están protegidas por la libertad de expresión cuando interfieren con los principios electorales. Un ejemplo notable ha sido la resolución del 29 de noviembre de 2023, en la que el tepjf determinó que los comentarios de amlo sobre la necesidad de una mayoría legislativa afín a su movimiento vulneraban estos principios (tepjf, 2023).
Los magistrados del tepjf sostienen que las medidas cautelares no constituyen censura previa, sino que buscan garantizar la equidad en las contiendas electorales. La Comisión de Quejas y Denuncias del ine ha señalado que las declaraciones de amlo han sido recurrentes y podrían afectar la equidad del proceso electoral (ine, 2024). Se puede decir que las manifestaciones del presidente se consideran un uso indebido de recursos públicos, dado que son realizadas en eventos oficiales y difundidas a través de medios del Estado, lo cual influye en el electorado.
Las resoluciones del ine y del tepjf reflejan un esfuerzo por mantener la integridad del proceso electoral en México, asegurando que todos los actores políticos compitan en condiciones de igualdad. La intervención de amlo en el proceso electoral ha sido vista como un desafío a estos principios, lo que ha llevado a las autoridades electorales a tomar medidas para preservar la imparcialidad y neutralidad necesarias para una democracia funcional.
El parámetro de regularidad constitucional y convencional protege la equidad durante la contienda electoral, evitando posibles violaciones al voto público, por lo que se deduce como una condición sine qua non para su vigencia, para la existencia de la neutralidad por parte de las autoridades a lo largo de todo el proceso electoral. Esto implica evitar la generación de situaciones inequitativas que se traduzcan en mermas a la voluntad política ciudadana (Del Rosario, 2021).
Si bien el principio de neutralidad no está regulado explícitamente en el plano constitucional, su existencia no se encuentra supeditada a que se halle contenido en algún dispositivo normativo interno.
Otro problema por dilucidar es lo concerniente al financiamiento público y privado que reciben los candidatos y partidos políticos durante las precampañas y campañas. Ambos financiamientos deben estar debajo de los límites establecidos para evitar inequidades en el proceso. En lo correspondiente al financiamiento público, que deberá ser 70% del total de las aportaciones recibidas, se tiene que llevar a cabo una labor de fiscalización adecuada por parte del ine para que los recursos públicos y programas sociales sean utilizados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 constitucional, es decir, que tengan carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En consecuencia, estos apoyos no pueden ser orientados para favorecer o condicionar el voto a favor o en contra de un candidato o partido determinado (Díaz, 2021).
De igual manera, en lo que respecta al financiamiento privado, que será de 30% del total de los recursos recibidos, se tiene que poner un énfasis adicional con el objetivo de identificar aquellas aportaciones que puedan provenir del crimen organizado, las cuales invalidarían cualquier candidatura o resultado del proceso electoral.
La violencia y la incidencia del crimen organizado
Los escenarios anteriormente expuestos implicaron, sin duda, una gran dificultad para las autoridades electorales; pero el conflicto más complejo para todas las autoridades ha sido relativo a la violencia creciente e incontenible que azota buena parte del territorio nacional, así como la presencia y la influencia cada vez más acentuada de grupos del crimen organizado, los cuales, a lo largo del país, designaron de forma impositiva a las y los candidatos en los comicios (Integralia, 2024).
La violencia durante el proceso electoral de 2024 en México fue notablemente influenciada por la intervención del crimen organizado, que afectó de manera significativa tanto la seguridad de los candidatos como la integridad del proceso electoral en general. Además de lo anterior, mediciones recientes indican que, en al menos nueve entidades de la república mexicana, la presencia y el dominio de los grupos del crimen organizado es tal que existió un temor fundado de que, durante la jornada electoral, se impidiese al electorado ejercer su derecho al voto de forma libre y pacífica, y fuese obligado a votar en un sentido determinado conforme con los intereses de los grupos delincuenciales (Integralia, 2024).
En este contexto existía un riesgo latente de que las elecciones no pudiesen celebrarse en algunos distritos electorales y municipios del país, con lo cual se podía estar en supuestos de nulidades de elección.
Al inicio de las campañas las y los magistrados de la Sala Superior del tepjf manifestaron su preocupación por la cada vez mayor influencia del crimen organizado en las elecciones; problemática que debía reconocerse y atenderse antes de que pudiese llegar a tomar control desde la presidencia de la República (Equilatia, 2024). Este reto demandó una coordinación eficiente entre las autoridades electorales y de seguridad pública, ya que, como se señaló, de no haberse dispuesto protocolos adecuados, hubiese sido muy probable que el libre ejercicio del derecho al voto —y, en consecuencia, la voluntad del electorado— se hubiese afectado sensiblemente (Integralia, 2024).
Hoy más que nunca la ciudadanía debe ser consciente de que solamente saliendo a votar, denunciando conductas irregulares y haciendo valer las libertades y los derechos políticos de toda la ciudadanía se podrá preservar nuestra democracia, que tanto nos ha costado forjar. Sin duda, el proceso electoral de 2024 en México se perfiló como uno de los más violentos en la historia reciente del país, con un preocupante aumento en los actos de violencia política. Diversos informes y estudios destacan la creciente influencia del crimen organizado en las elecciones, lo que se traduce en amenazas, ataques y asesinatos de candidatos, funcionarios y sus familiares.
En el proceso electoral de marras se registraron numerosas acciones de violencia. Un informe del Laboratorio Electoral indica que, hasta principios de 2024, ya se habían documentado múltiples asesinatos de candidatos y aspirantes a cargos públicos (Laboratorio Electoral, 2024). Este modus operandi de violencia se ha observado en diversos estados, con una presencia acentuada en lugares como Guerrero y Michoacán.
La influencia del crimen organizado en las elecciones se manifiesta a través de diversas formas. Estos grupos se han dedicado a buscar el control de diversas regiones que resultan estratégicas para sus actividades delictivas, lo cual los lleva a intentar influir en el resultado electoral mediante la intimidación y eliminación física de sus opositores políticos. Según Data Cívica, la violencia política no solamente afecta las campañas y las elecciones mismas, sino que también tiene un impacto significativo en la gobernabilidad posterior en los municipios afectados (Data Cívica, 2024).
El aumento de la violencia electoral es una tendencia que se ha intensificado y que se esperaba en 2024 fuese particularmente mayor debido al gran número de postulaciones en juego y a la competencia feroz por el control de los recursos y la influencia local.
Se puede decir que el proceso electoral de 2024 en México estuvo marcado por un alarmante incremento de la violencia política, influenciada en gran medida por el crimen organizado, lo cual pudo plantear serios retos para los resultados de la elección y la seguridad en el país. Las autoridades electorales locales y en el ámbito nacional debieron considerar el prestar atención y tomar las medidas necesarias para reducir al máximo los riesgos y garantizar la validez y legitimidad del proceso electoral (Integralia, 2024).
El crimen organizado ha tenido una mayor influencia en este proceso, pudiendo ser un factor de influencia en el comportamiento del electorado. Es un hecho que la intervención de estos grupos puede alterar significativamente el desarrollo de las elecciones, generando un ambiente de incertidumbre y desconfianza entre la población.
En tal sentido, las elecciones de 2024 en México se llevaron a cabo en un contexto de alta violencia, con varias regiones bajo la amenaza constante del crimen organizado. La seguridad de los candidatos y los votantes fue, por mucho, el principal reto que vieron por delante las autoridades electorales. De ahí la insistencia en el establecimiento de medidas efectivas para garantizar que el derecho al voto ser ejerciese de forma libre, sin restricciones de ningún tipo (Voz y Voto, 2024).
En lo que va de 2024 se han registrado al menos 156 agresiones a políticos y personas relacionadas con el proceso, de las cuales 50 han sido homicidios (26 de éstos fueron aspirantes o candidatos a un puesto de elección). Tales homicidios y actos de violencia pudieron tener un impacto directo en la participación electoral, reduciendo el porcentaje de votantes y aumentando la deserción de funcionarios de casilla, lo que quizá pudo comprometer aún más la legitimidad del proceso (Laboratorio Electoral, 2024).
Los estados identificados como los más peligrosos por la actividad del crimen organizado son los siguientes: Baja California, Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Morelos y Zacatecas. En estas áreas los grupos criminales no sólo cometen actos de violencia visibles, como homicidios y secuestros, sino que también ejercen una influencia silenciosa y coercitiva sobre los candidatos y la votación misma. En muchos casos estos últimos deben supeditarse a la voluntad de los líderes criminales para llevar a cabo cualquier tipo de proselitismo (Storr, 2024).
El crimen organizado no sólo utiliza la violencia directa, sino que también emplea tácticas de intimidación, amenazas y corrupción para influir en los resultados electorales. Además, se estimaba que podría tener influencia en hasta 80% del territorio nacional durante estas elecciones, lo que refleja la gravedad del problema (México Evalúa, 2024).
En ese sentido, el ine fue un tanto omiso en emitir acuerdos que promoviesen de forma efectiva la colaboración con las autoridades en materia de seguridad, así como en determinar con precisión y actualización las regiones de mayor riesgo. La falta de un plan de protección solvente y de contención ha dejado a muchos candidatos vulnerables a los ataques y amenazas del crimen organizado.
En conclusión, la violencia y la influencia del crimen organizado representan una grave amenaza para la democracia en México, afectando no únicamente a los candidatos y a los votantes, sino también a la estabilidad y legitimidad del proceso electoral en su conjunto. Las autoridades necesitan poner en marcha en todo proceso electoral medidas más efectivas y coordinadas para proteger a los participantes y garantizar elecciones libres y justas.
Conclusiones
El proceso electoral 2023–2024 se ha distinguido como uno de los más complejos de la historia de nuestro país, ya que en él se presentaron, como se refirió en párrafos anteriores, hechos que pudieron condicionar la validez y legitimidad de este.
Como nunca antes, se ha advertido un intervencionismo desproporcionado por parte del aparato gubernamental, particularmente del titular del Poder Ejecutivo, quien, de forma recurrente, ha vulnerado lo dispuesto por el artículo 134 constitucional, utilizando recursos públicos a favor de la candidata Claudia Sheinbaum, así como de las y los candidatos de Morena y de partidos coaligados. Esta falta de imparcialidad en el uso de recursos y de neutralidad en el uso de la propaganda gubernamental pudo poner en riesgo la validez constitucional de las elecciones, toda vez que las vulneraciones perpetradas al marco constitucional quizá pudieron llegar a ser determinantes en los resultados electorales.
Por otra parte, como se apuntó, no sólo hay indicios, sino evidencias en varias regiones del país de que el crimen organizado estaba buscando incidir de forma directa en los resultados electorales. Durante las elecciones para las gubernaturas de Tamaulipas y de Sinaloa en 2021 la Sala Superior del tepjf reconoció que la presencia de grupos del crimen organizado fueron factor influyente en la decisión de los votantes; sin embargo, no fueron determinantes, como se interpretó, para los resultados de la elección.
Por lo anterior existen evidencias suficientes para considerar que el crimen organizado pudo ser un factor decisivo en la restricción ilegítima, ya sea de forma previa o durante la jornada electoral, del ejercicio del voto por parte del electorado, lo cual quizá pudo traducirse en una posible coacción a la voluntad ciudadana. Esto pudo conllevar aspectos de invalidez que pudieron ser contenidos por la autoridad electoral, para evitar la afectación del orden constitucional y democrático. De igual forma, el papel desempeñado por las autoridades electorales en la defensa del voto y en la garantía de la vigencia efectiva de los principios constitucionales en materia electoral es determinante para que el Estado de derecho constitucional en México pueda subsistir de forma adecuada.
Por tanto, se puede afirmar que, con base en la cuestión planteada en la parte introductoria de la presente investigación, mediante acciones constantes de violación al orden constitucional a lo largo del proceso electoral, se ha propiciado una situación evidente de inequidad acentuada en la contienda, que, sin duda, ha lacerado significativamente la vigencia del Estado de derecho, con independencia del sentido de los resultados electorales.
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