Fórum

doi: 10.31391/qnm51711                                                  Recepción: 18-11-2024                                                  Aprobación: 13-12-2024

Análisis de las elecciones venezolanas de 28J.
Una aproximación desde la teoría de juegos

Guillermo Boscan
Universidad de Salamanca
gboscan@usal.es
orcid: 0000–0002–4199–2160

Pablo Biderbost

Universidad de Salamanca

pablobiderbost@usal.es

orcid: 0000–0002–4086–3658

Boscan, G. y Biderbost, P. (2024). Análisis de las elecciones venezolanas de 28J. Una aproximación desde la teoría de juegos, Análisis Plural (8).

Resumen:

El presente artículo contiene un análisis de la situación política venezolana en el contexto pre y postelectoral de las elecciones presidenciales de 28 de julio de 2024. En este análisis se resalta la importancia que tiene la credibilidad y el reconocimiento internacional para legitimación democrática tanto del gobierno como de la oposición. Partiendo de este supuesto, y empleando las herramientas que ofrece la teoría de juegos, se construye un modelo formal en el que se definen los distintos escenarios que dan sentido al estado actual de la crisis electoral del país latinoamericano, se explican el comportamiento y las acciones de los actores involucrados y se arroja luz sobre el futuro de la democracia venezolana.

Abstract:

This article contains an analysis of the Venezuelan political situation in the pre– and post–electoral context of the presidential elections of 28 July 2024. This analysis highlights the importance of credibility and international recognition for the democratic legitimization of both the government and the opposition. Based on this assumption, and using the tools offered by game theory, a formal model is constructed to define the different scenarios that give meaning to the current state of the electoral crisis in the Latin American country, explain the behavior and actions of the actors involved, and shed light on the future of Venezuelan democracy.

Palabras clave:

elecciones venezolanas, teoría de juegos, legitimidad democrática, credibilidad y reconocimiento internacional

Keywords:

Venezuelan elections, game theory, democratic legitimacy, credibility and international recognition


Introducción

“El Tribunal Supremo de Venezuela convalida los resultados de las elecciones que le dan el triunfo a Nicolás Maduro.” Esta frase fue, quizás, la más utilizada por la mayoría de los periódicos del mundo para encabezar sus portales electrónicos el 22 de agosto de 2024.1 Más allá del contenido de esta noticia, hay un aspecto llamativo en la sustancia de ésta que vale la pena profundizar: se trata del hecho en sí de que Nicolás Maduro decida, dadas las presiones internacionales, recurrir al Tribunal Supremo de Justicia para buscar legitimidad democrática ante la ausencia de las actas que certificarían su victoria. Esta búsqueda de legitimidad no constituye un aspecto novedoso entre las acciones de los gobiernos de los últimos 25 años de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Por el contrario, constituye un constante desde la llegada al poder de la revolución bolivariana enfocada en una doble vertiente de llamado al diálogo interno y de validación y reconocimiento internacional.

Múltiples han sido los esfuerzos en esta dirección por parte del gobierno y la oposición. Haciendo hincapié en aquellos espacios donde han concurrido ambos actores bajo esquemas de facilitación o mediación internacional, es posible mencionar los siguientes momentos históricos: 1) la “Mesa de Diálogo de la Organización de Estados Americanos (oea)” de los años 2002 y 2003, impulsada por el secretario general de ese organismo, César Gaviria, con el auspicio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Centro Carter y el Grupo de Países Amigos liderado por Brasil; 2) el Diálogo “Conferencia Nacional para la Paz” del año 2014, que contó con la mediación de la canciller colombiana María Ángela Holguín, el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño y el canciller brasileño Luiz Alberto Figueiredo, todos representantes de unasur, y el nuncio apostólico como representante de la Santa Sede; 3) la mediación internacional para la realización del referendo revocatorio presidencial de los años 2016 y 2017, en el que participaron como intermediarios los expresidentes Ernesto Samper, Leonel Fernández, Martín Torrijos, José Luis Rodríguez Zapatero y monseñor Claudio María Celli como enviado del papa Francisco; 4) el “Diálogo en República Dominicana” de los años 2017 y 2018, que contó con la mediación del presidente de ese país caribeño Danilo Medina, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y los cancilleres de diversos países latinoamericanos como México, Bolivia, Nicaragua, Chile, Paraguay y San Vicente y las Granadinas y, posteriormente, de Chile y Paraguay; 5) el intento de mediación del gobierno de Noruega en Barbados de 2019 tras la crisis de legitimidad presidencial y el conflicto entre poderes públicos suscitada entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó; 6) el “Diálogo en México” de los años 2021 y 2023, auspiciado por el Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela y en el que se firma el memorándum de entendimiento que sienta las bases para los posteriores “Acuerdos de Barbados”, y, finalmente, 7) el “Acuerdo Parcial sobre la promoción de los derechos políticos y las garantías electorales para todos”, conocido como “Acuerdos de Barbados”, que contó con la facilitación del gobierno de Noruega y la participación de personal diplomático de Barbados, Estados Unidos, Países Bajos, Rusia, Colombia y México.

Como se observa, son múltiples los intentos de negociación en los que ha participado la comunidad internacional como garante para lograr una convivencia democrática entre gobierno y oposición. También vale la pena destacar que, a partir de la llegada de Nicolás Maduro a la presidencia, los temas electorales se van tornando cada vez más centrales en estos espacios de mediación y entendimiento. Actualmente existe un consenso generalizado de que el “Acuerdo Parcial sobre la promoción de los derechos políticos y las garantías electorales para todos” constituye la principal base política para la realización de los comicios presidenciales de 28 de julio de 2024. Estos acuerdos fueron firmados el 17 de octubre de 2023 y, según señala el texto del propio documento, constituye una ratificación por parte de los actores representados de su voluntad de “acordar las condiciones necesarias para que se lleven a cabo los procesos electorales consagrados en la Constitución, con todas las garantías” (Acuerdos de Barbados, 2023, p.1) y, en especial, las elecciones presidenciales de 2024.

Específicamente, el gobierno y la oposición se comprometen, en los tres primeros puntos del documento, a reconocer mutuamente su independencia para nombrar candidatos o candidatas presidenciales, a respetar al Consejo Nacional Electoral (cne) como árbitro del proceso y a establecer un conjunto de garantías para la realización de los comicios señalados con anterioridad. Entre estas garantías se encuentran: la convocatoria de elecciones presidenciales para el segundo semestre de 2024; la actualización del registro electoral; la realización de las auditorías previstas en la ley; permitir la observación electoral de la Unión Europea, el Centro Carter, el Panel de Expertos de la onu, la Unión Africana y la Unión Interamericana de Organismos Electorales, sin perjuicio de la invitación de acompañantes nacionales e internacionales; el rechazo a la violencia y a los discursos no favorables a un proceso electoral; el exhorto al cumplimiento de la normativa electoral y las decisiones del cne; la garantía de medidas de seguridad y libertad de circulación y reunión para los candidatos o candidatas; la disposición de mecanismos de financiamiento transparente; la igualdad de acceso a medios de comunicación públicos y privados por parte de los candidatos o candidatas y la garantía de cobertura de la campaña electoral por parte de aquellos; la promoción de todos los candidatos o candidatas y partidos políticos que deseen participar siempre que cumplan los requisitos establecidos en la ley venezolana, y el público reconocimiento de los resultados de las elecciones presidenciales. Los tres puntos restantes del documento constituyen una declaración de intenciones a extender estos principios y garantías a procesos electorales futuros, con mecanismos de seguimiento y promoción propios de la democracia inclusiva, la cultura de la tolerancia y la convivencia política.

Todos estos procesos de negociación y firmas de memorandos y acuerdos, indistintamente de sus resultados, reflejan una preocupación constante por parte de ambos actores respecto de la búsqueda de legitimidad democrática y reconocimiento internacional, preocupación que a lo largo de los años ha pasado a formar parte de la propia dinámica de la competición y supervivencia política en el contexto venezolano. Siendo así, el apoyo internacional importa e importa mucho, tanto para el gobierno como para la oposición.

El presente análisis pretende responder hasta qué punto esa necesidad de reconocimiento por parte de la comunidad internacional constituye un factor clave para explicar el comportamiento del gobierno y la oposición de cara al mantenimiento o la búsqueda del poder, tanto en términos generales como en el marco de los comicios presidenciales del pasado 28 de julio de 2024. Para cumplir con esa finalidad se hace uso de las herramientas que ofrece la teoría de juegos y modelización formal. Según Morrow (1994), la teoría de juegos constituye un instrumento único para el estudio de decisiones interdependientes, esto es, cuando las decisiones de dos o más individuos o colectivos determinan de manera conjunta el resultado de una situación concreta a la que se le designa el nombre de “juego”.

Esta definición destaca dos aspectos relevantes de esta teoría que el lector del presente análisis debe tener siempre en consideración. Por un lado, pone el énfasis en el carácter racional de los actores involucrados en este tipo de situaciones. Siendo así, se espera que tomen decisiones tratando de maximizar los beneficios o la utilidad obtenida de la interacción y disminuyendo los posibles costes derivados de las acciones. Por otro lado, resalta la naturaleza estratégica de las relaciones entre los jugadores al advertir que el resultado final de la situación planteada depende no sólo de las decisiones y acciones adoptadas por uno de ellos de manera aislada, sino también de las decisiones y acciones emprendidas por los otros actores involucrados en el juego.

Aclaradas estas premisas, con la finalidad de responder la pregunta planteada con anterioridad sobre la dinámica política venezolana, en el siguiente apartado se construye un “juego” basado en la búsqueda de credibilidad internacional y legitimidad democrática que permita explicar el contexto pre y postelectoral del país sudamericano. Para ello se siguen las etapas incluidas en la definición analítica del formalismo propuesta por Meehan (1973) y revisitadas por Boscán (2010). Posteriormente, se utiliza ese modelo para dar cuenta de la existencia de equilibrios o desequilibrios en las relaciones entre los actores involucrados en éste. Finalmente, se ofrecen unas reflexiones que intentan arrojar luz sobre la situación política actual y futura de Venezuela.

La lucha por el poder: un juego basado en la credibilidad internacional y la legitimidad democrática

Previo a las elecciones de 28 de julio, Ignacio Ayala publica en Caracas Chronicles un interesante artículo titulado “Game Theory and Venezuelan Politics: Unity Is The Game” (18 de junio de 2024). En ese documento el autor establece las bases de un análisis electoral empleando las herramientas que ofrece la teoría de juegos, y aunque Ayala no llega a formalizar su aporte, su trabajo constituye un punto de partida muy interesante para la descripción del caso venezolano. En otras palabras, en el presente apartado se busca pasar de la mera utilización de conceptos propios de la teoría de juegos a la construcción de un modelo formal aplicado a la competencia por el control del poder político en el caso venezolano y, en la medida de lo posible, incluir aspectos relativos a su evaluación empírica.

Los supuestos

Siguiendo la metodología planteada, en primera instancia es necesario establecer los supuestos que condicionan y sirven de principios orientadores de la relación entre gobierno y oposición que se pretende modelizar. Estos supuestos son los siguientes.

  1. Tanto el gobierno como la oposición son considerados actores unitarios. La unidad siempre ha sido un desafío para ambos jugadores, aunque el liderazgo de Hugo Chávez y la designación de Nicolás Maduro como su sucesor por parte de éste han favorecido la conjunción de intereses en el bloque del gobierno. Para la oposición, al ser un grupo de naturaleza mucho más heterogénea que el gobierno, en cuanto a peso político de sus integrantes, ideología e intereses partidistas y personales, alcanzar la unidad ha sido un objetivo mucho más complicado.

Pese a ello, existen dos mecanismos que favorecen la creación de una alternativa común frente a la opción que representa el gobierno. Por un lado, el incremento de la polarización del sistema político venezolano con el paso del tiempo ha aumentado la penalización y el reproche a aquellos políticos opositores que se apartan de las negociaciones internas dentro de mesas o plataformas unitarias. En su versión más extrema, a los políticos que se acercan demasiado a las posiciones del gobierno se les conoce popularmente bajo el nombre de “alacranes”. En segundo lugar, la realización de primarias dentro de la propia oposición ha permitido decantar el peso de los distintos liderazgos en su seno, apelando a un procedimiento más democrático y menos discutible.

Cabe mencionar que los mecanismos descritos son la base del liderazgo político de María Corina Machado. El 22 de octubre de 2023 Machado obtuvo el 92,35% de los votos emitidos en un proceso de primarias abiertas organizadas por la propia oposición (Santaeulalia y Quesada, 2003). Ante hechos como ése, tal y como señala acertadamente Ayala (2024), una de las principales estrategias combativas del gobierno hacia la oposición, en términos generales, fue puesta en marcha. Esa estrategia no es otra que la de intentar dividir a sus oponentes, influir o designar directamente sus candidatos o candidatas electorales, intervenir las juntas directivas de las organizaciones políticas opositoras y procurar desincentivar el voto (Transparencia Venezuela, 2023; Infobae, 2024).

De cara a las elecciones comentadas, la acción más relevante del gobierno en esa dirección fue la inhabilitación política de la propia ganadora de las primarias, María Corina Machado, la cual derivó en el nombramiento del diplomático Edmundo González Urrutia como aspirante unitario para los comicios presidenciales de 28 de julio de 2024 (Singer, 2024; Europa Press, 2024). Cabe destacar que esa designación se produce tras un primer intento fallido de registro como candidata de la profesora Corina Yoris (cnn Español, 2024). Sin embargo, más allá de estas y algunas otras importantes dificultades, la oposición ha logrado, en la mayoría de los casos, una representación única ante las opciones del gobierno, por lo que esta condición o principio orientador es defendible como supuesto del presente modelo.

  1. La comunidad internacional es heterogénea. Siguiendo este supuesto los países reaccionan al caso venezolano desde una mezcla de afinidad ideológica y defensa de intereses nacionales, pero pocos colocan abiertamente ambos elementos por encima de la democracia. Siendo así, la ideología de los gobernantes de los países, especialmente los latinoamericanos, constituye, a priori, un importante predictor del apoyo brindado a la oposición o al gobierno venezolano. La excepción es el caso chileno, en el que el presidente Gabriel Boric, desde el inicio de su mandato, ha puesto de relieve la urgencia y la necesidad de respeto a la democracia y a los derechos humanos por parte de la administración de Nicolás Maduro (cnn Español, 2022). En cuanto a los intereses nacionales, tanto la migración masiva de los venezolanos como el carácter petrolero del país, en un mundo sumergido en una crisis energética internacional, constituyen, entre otros, los aspectos más determinantes en términos de apoyo o no intromisión en los asuntos internos de Venezuela.
  2. El pueblo venezolano mantiene un carácter democrático y cree en el voto como mecanismo para la resolución de sus conflictos políticos. Evidencia de ello lo constituyen las más de 35 elecciones convocadas en el país en los últimos 25 años de historia reciente (Observatorio Electoral Venezolano, 2024).
  3. Las instituciones del Estado están de uno u otro modo bajo control del gobierno, incluso aquellas que por definición deberían ser neutrales. Aunque existan gobernaciones y alcaldías en manos de líderes políticos opositores, la capacidad de acción de estos niveles de la administración del Estado es limitada. El gobierno siempre mantiene la posibilidad de dirigir el proceso político y cuenta con un amplio margen de maniobra.
  4. En lo que respecta a este modelo, las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales cumplen la función de actores de veto. No intervienen directamente.

Acciones, escenarios y matriz de pagos

Establecidos los supuestos, es necesario enumerar las acciones entre las cuales debe elegir cada uno de los jugadores que participan en el modelo. Esto permite, a su vez, determinar las posibles combinaciones que dan forma a cada uno de los escenarios que se derivan de éstas. En nuestro modelo general de búsqueda de reconocimiento internacional y legitimidad democrática para el mantenimiento o alcance del poder existen múltiples acciones que pudieran contribuir a la materialización de los escenarios descritos en este apartado. Sin embargo, al tratarse de un análisis de las elecciones del 28 de julio de 2024 se ha optado por modelizar la interacción entre gobierno y oposición a partir de la decisión de concurrir o no a ese proceso electoral. Siendo así, si se decide participar en las elecciones se entiende que se busca legitimidad democrática y reconocimiento internacional, y si no se concurre se considera que se procura lo contrario. En la tabla 1 se muestran los distintos escenarios posibles dadas las combinaciones de las acciones propuestas y se asigna un número que representa el orden de preferencia de cada uno de los jugadores con respecto a cada uno de ellos, en función de una valoración de sus posibles consecuencias.

Cuadro 1. Escenarios y órdenes de preferencias de gobierno y oposición

Escenarios

Gobierno

Oposición

i

El gobierno obtiene reconocimiento de la comunidad internacional como una democracia legítima y se considera a la oposición como golpista y autoritaria.

4

1

ii

La oposición obtiene reconocimiento y apoyo de la comunidad internacional como un actor democrático unitario que lucha contra un régimen autoritario.

1

4

iii

La comunidad internacional reconoce la legitimidad democrática tanto del gobierno como de la oposición venezolana e invita a la negociación de las partes para lograr la convivencia.

3

3

iv

La comunidad internacional no interviene en los asuntos políticos del país y es tolerante ante los resultados que se deriven de las disputas internas. También podría representar un estado de latencia en periodos no electorales.

2

2

Fuente: Elaboración propia, 2024.

En teoría de juegos, lo más común es que el investigador indague sobre la utilidad que cada jugador asigna a cada escenario resultante. Sin embargo, dada la complejidad que ello representa en el presente caso y el nivel de análisis previsto en este artículo, se partirá de la misma estrategia empleada por Boscán (2010) en su trabajo sobre la relación entre los poderes públicos de Venezuela. Así, se utilizará el orden de preferencia como una aproximación inicial a la utilidad recibida por cada uno de los actores intervinientes en el modelo. Luego, teniendo en cuenta que el presente juego se trata, en definitiva, de una competición por el poder, se impondrá una penalización (k) a cada uno de los jugadores en aquellos escenarios que los alejan de ese objetivo: escenarios i, iii y iv en el caso de la oposición y escenario ii en el caso del gobierno. En cierto modo, la penalización k está asociada al supuesto 4 en un sentido inverso, esto es, a la pérdida o ausencia de control de las instituciones del Estado. Finalmente, se procederá a cargar la matriz de pagos característica de los juegos en forma estratégica con las respectivas utilidades:

Cuadro 2. Matriz de pagos en el contexto pre y postelectoral

Oposición

Elecciones Sí

Elecciones No

Gobierno

Elecciones Sí

3–k

Escenario iii

3

1–k

Escenario i

4

Elecciones No

4

Escenario ii

1–k

2–k

Escenario iv

2

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Análisis de las elecciones del 28J y resolución del modelo

Como se ha expuesto con anterioridad, el presente juego ha sido elaborado en términos preelectorales, aunque su configuración es extensible al contexto postelectoral. Partiendo de la matriz de pagos, podemos observar que el escenario iii, de constante negociación, es congruente empíricamente con la dinámica de competición política desarrollada entre gobierno y oposición desde la llegada del chavismo al poder y que fuera descrita al inicio del presente artículo. Teniendo en cuenta que los actores no tienen la posibilidad de elegir sobre los escenarios directamente, sino que su decisión se basa en sus respectivas acciones, desde el punto de vista estratégico, el hecho de concurrir a los procesos de negociación o, como es en el caso concreto de nuestra matriz, la acción de participar en las elecciones presidenciales representa una estrategia que domina claramente a la de no formar parte de esos comicios. Esto es así dado que las utilidades que cada actor recibe de los dos escenarios derivados de esa acción (3 y 4 en el caso del gobierno y 3–k y 4 en el caso de la oposición) son superiores a las que podrían recibir ambos jugadores de los escenarios resultantes de la acción alternativa (1–k y 2 para el gobierno y 1–k y 2–k para la oposición). La evidencia empírica que respalda la vuelta constante a este escenario iii elimina el escenario ii como una mejor opción para el statu quo de mantenimiento del poder por parte del gobierno, y da sentido al inicio de la carrera por la presidencia derivada de la firma de los “Acuerdos de Barbados”.

Ahora bien, todo proceso electoral entraña riesgos importantes, sobre todo para el bloque del gobierno que detenta el poder. Así, la necesidad de búsqueda de legitimidad democrática por parte del oficialismo, evidenciada en su decisión de concurrir a los comicios del 28 de julio de 2024, vino acompañada de acciones orientadas a la disminución de las probabilidades de perder las elecciones: la intervención del proceso de las primarias opositoras (Hernández, 2023), la inhabilitación de María Corina Machado (Acceso a la Justicia, 2024), el impedir la candidatura de Corina Yoris (dw, 2024), las trabas para la inscripción de Edmundo González Urrutia como candidato opositor (Infobae, 2024b), el bloqueo mediático a la oposición (Zambrano, 2024), la obstaculización de la campaña opositora (Infobae, 2024c; Tal Cual, 2024; ntn24, 2024), entre otras. Por su parte, las acciones de la oposición estuvieron encaminadas a fortalecer su organización interna para la defensa del voto, conformando unas estructuras llamadas “comanditos” (Cruz, 2024), y a procurar el mantenimiento de la unidad de todos los integrantes de su bloque.

Llegadas las elecciones, la noche del 28 de julio de 2024 el Consejo Nacional Electoral declara ganador a Nicolás Maduro con un 51,20% de los votos relativos a un 80% de las mesas escrutadas, frente a un 44,2% de respaldo popular obtenido por el candidato opositor Edmundo González Urrutia (Rueda y Sánchez, 2024). Sin embargo, este anuncio a la nación no contó, como en ocasiones anteriores, con la publicación de los resultados electorales en todos y cada uno de los centros de votación del país, bajo el alegato de la existencia de un “hackeo” al sistema de transmisión de datos. Claramente, esa justificación no fue más que el intento del gobierno por mantenerse en el escenario iii, conservando el poder y tratando de garantizar el reconocimiento internacional a su legitimidad democrática.

Sin embargo, en los días posteriores a la elección ocurre lo inesperado. Dado que el procedimiento electoral obliga a imprimir las actas de la votación al cierre de las mesas y antes de la transmisión de los datos al centro de totalización, la oposición logró reunir más del 80% de las actas electorales que fueron entregadas a los testigos de las mesas de todo el país y las publicó en una página web abierta a cualquier usuario interesado. Esta página web se llama www.resultadosconvzla.com.2 Este hecho constituyó un cambio importante en el desarrollo del juego descrito en el presente análisis, un cambio tan profundo que implicó un traslado del escenario iii al escenario ii. En este estado ii de la dinámica política venezolana la oposición maximiza su utilidad y el gobierno pierde totalmente su credibilidad internacional, por lo que se ve obligado a iniciar esfuerzos de todo tipo para intentar recobrarla y mantener el control del poder político.

Tres aspectos contribuyen a la consolidación de este nuevo escenario. El primero de ellos es el hecho de que la mayoría de los países de la comunidad internacional democrática ha condicionado el reconocimiento de Nicolás Maduro como ganador de las elecciones del 28 de julio a la presentación de las actas electorales (ver, por ejemplo, dw, 2024b). Esta exigencia incluye a sus aliados tradicionales y afines, desde el punto de vista ideológico, como López Obrador, Lula y Petro (Merlo, 2024). En segundo lugar, el informe del Panel de Expertos de la Organización de Naciones Unidas (cepaz, 2024) y los resultados presentados por la misión de observación del Centro Carter (Centro Carter, 2024, p.1) apuntan en la dirección de considerar que la elección “no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática”. Posteriormente, el Centro Carter en sede de la oea da por válidas las actas presentadas por la oposición que otorgan la victoria al candidato Edmundo González Urrutia (efe, 2024). Tercero, el incremento en el número de países democráticos —gobiernos y parlamentos— y organizaciones internacionales que día a día reconocen al candidato opositor como el verdadero ganador de los comicios del pasado 28 de julio de 2024 (Suanzes, 2024).

Reflexión final

En teoría de juegos no solamente los escenarios determinan las acciones que emprenden los jugadores, también las acciones ofrecen información sobre los escenarios que intentan alcanzar los actores involucrados. Al ser así, el comportamiento del gobierno, como se evidencia en sus esfuerzos fallidos por validar los resultados anunciados por el cne recurriendo al Tribunal Supremo de Justicia o el intento de iniciar un diálogo nacional con los factores de la oposición más cercanos a sus intereses (Europa Press, 2024b; Primicia, 2024), muestra su necesidad de volver al escenario de legitimación y diálogo que le ofrece el cuadrante iii del juego desarrollado en el presente análisis.

Entre todas las opciones, ese escenario es el que le garantiza, en mayor medida, la posibilidad de mantener su posición de liderazgo en la presidencia. Sin embargo, en este punto de la dinámica política venezolana no existen incentivos para que la oposición retroceda en sus esfuerzos por alcanzar el poder. Las opciones son claras para ambos actores. El gobierno, ante la ausencia de las actas electorales, asume la estrategia, como en pasadas oportunidades, de controlar la coyuntura política a lo interno y tratar de prolongar en el tiempo su permanencia en el poder a la espera de un cambio favorable en la agenda internacional. Por su parte, la oposición continuará en su esfuerzo por sumar apoyos y afianzar su credibilidad ante países y organizaciones internacionales clave con la finalidad de lograr un incremento de la presión sobre quienes se mantienen en el poder.

Como puede observar el lector, más allá de la cuestionable racionalidad inherente a la teoría de juegos, su utilidad para el análisis de dinámicas políticas como la venezolana es indiscutible. En primer lugar, porque las interacciones donde la dimensión internacional se encuentra involucrada se caracterizan por el hecho de que los actores están más motivados por sus intereses particulares que por reglas y normas cuya violación es sancionable. Y, en segunda instancia, porque las interacciones repetidas y prolongadas en el tiempo implican un aprendizaje para los actores que condiciona el comportamiento futuro de los mismos y los hace más predecibles. Esto evidentemente favorece un refinamiento de las estrategias de los jugadores y el alcance de nuevos escenarios que pueden enmarcarse o no en situaciones de equilibrio.

Tomando este aspecto en consideración, resulta evidente que el escenario ii del juego descrito en este análisis constituye un cuadrante de inestabilidad dentro el caso venezolano. Esta posición podría derivar en otros múltiples escenarios, incluyendo la posibilidad de un cambio en las preferencias de los actores que reste utilidad analítica al modelo presentado en estas líneas. En este sentido, el día 10 de enero de 2025 constituye una fecha límite y definitoria en el juego de la legitimación democrática del poder político del país bajo examen. Constitucionalmente, ese día el presidente electo debe prestar juramento y asumir plenamente las funciones de su cargo. A partir de ese momento, el factor k pasa a ser determinante en el futuro de la crisis política que enfrenta esta nación. Este factor y la rapidez con la que se suscitan los cambios en el contexto internacional constituyen las principales fuentes de incertidumbre y de posibles desenlaces en la dinámica planteada. A partir de ese momento, posiblemente, un nuevo juego comience.

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  1. 1 Ver, por ejemplo, BBC (2024), Moleiro (2024) y ElDiario.es (2024).

  2. 2 Existen otros esfuerzos documentales, como la página www.macedoniadelnorte.com. Esta página constituye una sistematización de la información contenida en las actas electorales y, además, contiene un registro de videos realizados en los centros de votación por testigos donde leían los resultados de la mesa respectiva a viva voz y frente a los grupos de personas que se acercaban a ejercer su derecho a la auditoría ciudadana.