Fórum
doi: 10.31391/3m4skc76 Recepción: 05-03-2025 Aprobación: 25-04-2025
Sistema industrial agroalimentario,
campesinado y el Plan México
Manuel Antonio Espinosa-Sánchez iteso manuelantonioespinosa@gmail.com orcid: 0000–0001–6535–9338 |
Espinosa-Sánchez, M. A. (2025). Sistema industrial agroalimentario, campesinado y el Plan México. Análisis Plural, (10). |
Resumen: El acto regular de alimentarse continúa siendo hoy un problema generalizado en todo el mundo para una de cada 11 personas. Los diagnósticos de los gobiernos nacionales y de las agencias multilaterales identifican varias disfuncionalidades y problemas de muy distinta índole, pero en ningún caso se cuestiona el modelo industrial agroalimentario capitalista. Al ser la alimentación un derecho, un producto y una mercancía, este trabajo sugiere un viraje en el modelo agroalimentario hegemónico para insistir en la vía campesinista como una apuesta que, en el contexto de un modelo de comercio internacional proteccionista y la formulación de una estrategia de sustitución de importaciones y de desarrollo económico interno —Plan México— supone recuperar un proyecto de nación con campesinos para una genuina autosuficiencia alimentaria |
Abstract: The regular act of eating today continues to be a widespread problem around the world for one in 11 people. The diagnoses of national governments and multilateral agencies identify several dysfunctions and problems of very different kinds, but in no case is the capitalist agri–food industrial model questioned. Food being a right, a product and a commodity, this work suggests a shift in the agri–food model to insist on the peasant path as a bet that, in the context of a shift in the international trade model with the United States and the formulation of a strategy of import substitution and internal economic development —Plan Mexico— means recovering a nation project with farmers for genuine food self–sufficiency. |
Palabras clave: hambre, agroecología, aranceles, alimentos, organización |
Keywords: hunger, agroecology, tariffs, food, organization |
Introducción
Ante la llegada de Donald Trump como 47° presidente de Estados Unidos el 20 de enero de 2025 y sus prontas acciones —principalmente arancelarias— de comercio exterior, el Gobierno de México identifica en ello una amenaza a los intercambios de libre comercio estipulados en el Tratado México–Estados Unidos–Canadá (t–mec) y con ello la posibilidad de iniciar una era de hostilidad comercial con su socio del norte y, así, una crisis económica en México. En este sentido, el gobierno federal anuncia un gran acuerdo con la iniciativa privada mexicana —que emula al Pacto de Solidaridad Económica de Carlos Salinas de Gortari, guardando las proporciones— gestionada por la titular del Consejo Asesor Empresarial, Altagracia Gómez Sierra, y al que llamaron Plan México.
Este trabajo propone que el Plan México no pretende una alianza social, política o democrática que reconstituya el tejido comunitario, popular y rural, sino que —en continuidad con los gobiernos neoliberales, desde el de Salinas de Gortari (1988–1994)— el Plan México busca la estabilidad de los macroindicadores nacionales, una alianza con la cúpula burguesa mexicana y con la élite capitalista global arraigada en México, y sobre todo presupone el añejo principio económico de trickle down o estimular a las empresas industriales para luego derramar el bienestar nacional mediante mantenimiento de empleos, salarios y gasto interno.
Para precisar esta apreciación crítica a este planteamiento gubernamental, se propone fijar la mirada en el sistema alimentario nacional. En el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 se expresa como prioridad que:
En el campo avanzaremos en la soberanía y la autosuficiencia alimentaria, y mejoraremos las condiciones de producción y de vida de los campesinos y productores (…) Otro objetivo estratégico es fortalecer el campo mexicano y lograr la soberanía alimentaria de México, a través del apoyo al sector agrícola y la protección de los derechos de quienes trabajan y viven en el campo (…) Es fundamental fortalecer la soberanía alimentaria a través de políticas que fomenten la producción agrícola y pesquera de pequeña escala, especialmente en municipios con altos índices de pobreza (Gobierno de México, 2025b:10, 58, 63).
Sin embargo, como se verá más adelante, en el Plan México, únicamente se enuncian estrategias que favorecen a agroempresas exportadoras, a inversores agroindustriales y que se centran en apalancar a los grandes apostadores del sistema industrial agroalimentario.
Más allá de filias y fobias, este trabajo procura exponer brevemente qué son los alimentos y a qué esferas analíticas corresponde su entramado empírico para luego acercarse a las definiciones en esta materia expresadas en el Plan México, teniendo como hilo conductor la idea de que se ha abandonado de manera sistemática la construcción de alternativas a los grandes problemas nacionales —como la alimentación— desde abajo, con la gente y para las comunidades y pueblos.
Los alimentos: derecho, producto o mercancía
El reporte sobre la situación del hambre en el mundo para 2024 afirma que “Entre 713 y 757 millones de personas podrían haber padecido hambre en 2023: una de cada 11 personas en todo el mundo” (fao, fida, unicef, pma y oms, 2024: 5).
Los resultados del análisis de esta problemática denota que los alimentos tienen una multidimensionalidad que, desde la mirada departamentalizada cartesiana de las políticas gubernamentales, de núcleos académicos hegemónicos simplificadores de la complejidad, de quienes controlan el sistema agroalimentario para su beneficio o de quien consume alimentos sin cuestionar su origen, no sólo pasa inadvertida sino explícitamente simplificada en detrimento del estatus estratégico de la alimentación y condición sine quan non de la vida humana (Calañas–Continente, 2005).
Para el año 2022 una tercera parte de la población mundial no pudo acceder a una dieta saludable, y fueron los habitantes de países con ingresos bajos (71,5%) los que se reportaron con más deficiencias alimentarias. Las estimaciones de varias agencias de la Organización de las Naciones Unidas (onu) indican que no se cumplirán las metas de nutrición para 2030 y reconocen que no sólo es una cuestión de falta de ingresos sino un conjunto de factores estructurales subyacentes, como los originados por riesgos climáticos, los servicios de salud deficientes, la falta de mejores sistemas de salud y ausencia de estrategias de protección social, en los que la financiación e inversión gubernamental pareciera resultar crucial (fao, fida, unicef, pma y oms, 2024).
La alimentación abordada desde la perspectiva de los Derechos Humanos —como un derecho básico— debería per se visibilizar su relevancia estratégica y prioridad axial por encima de cualquier otra mirada que la subordine o la condicione:
El derecho a los alimentos es un derecho humano reconocido por el Estado Mexicano (…) es un derecho fundamental reconocido en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fundamento constitucional del derecho a los alimentos, pues en su párrafo tercero señala que: “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará” (Leyva & Sandoval, 2022: 8).
Sin embargo, lejos de que el Estado comprometa su fuerza para que los alimentos sean accesibles y adecuados de manera universal, especialmente para quienes menos tienen, de manera que se garantice que las familias puedan acceder a una dieta saludable y suficiente, cuando mucho los aparatos burocráticos públicos apenas logran cubrir algunos sectores poblacionales y polígonos territoriales que estiman estratégicos que —a todas luces insuficientes— usualmente apenas si alcanzan para paliar condiciones crónicas de desnutrición: “Dejemos el paradigma asistencialista para caminar a un enfoque garantista, esto sólo se logrará con las reformas adecuadas y figuras jurídicas adecuadas que lejos de ser remedios temporales puedan ser motores de cambio en nuestra sociedad” (Leyva & Sandoval, 2022: 22).
Y es que los alimentos son, sin duda alguna, un producto que no es de libre acceso como el aire, el sol o la lluvia. Los alimentos son producto de la fuerza de trabajo de quienes los cultivan, los recolectan, los procesan y los distribuyen. Los alimentos son, pues, un resultado de un ciclo de producción en el que intervienen muchas personas y sus familias de las que su propia subsistencia depende.
De esta manera, este trabajo se topa de frente con una categoría —que más adelante se explorará más— y de la que hacen referencia propios y extraños: la de campesinos y campesinas.
Campesino/a y producción de alimentos son una dupla conceptual referida a un modo de vida que había tenido vigencia absoluta hasta la emergencia de la Revolución Verde en México en la década de los cincuenta (Ceccon, 2008), a partir de cuando se habría de gestar un modelo industrial de producción de alimentos que daría origen a la categoría de agroempresario (Guerra, 2002), némesis del campesino.
En el debate académico suscitado ante ello hubo dos conceptualizaciones, enfatizando una de las dos caras de la misma moneda: por un lado, desde los setenta se escribía sobre un proceso imparable de descampesinización (Cartón de Grammont, 2009) que preveía la desaparición completa del campesinado en México, cual sujeto social ligado a su terruño, al cultivo de la milpa y los animales domésticos, y que reproduce en su actividad económica la cultura que heredó de sus ancestros, por decirlo simplificadamente (Pérez, 2023). Por el otro, un grupo de intelectuales que insistieron en que el campesinado es una clase social con proyecto propio, estrategias de resistencia y capacidad de reinventarse aun en un entorno hostil (Bartra, 2019).
A la postre, es posible identificar cómo el modelo agropecuario industrializado ha proliferado gracias al impulso financiero, político y comercial desde los aparatos gubernamentales federales, estatales y municipales —cuyos titulares suelen ser agroempresarios ocupando el cargo público—. Pero, también, permanece la agricultura campesina milpera, ancestral, de autoconsumo y vinculada a las fiestas populares y religiosas, incluso entre los jóvenes. Más aún, hijos de familias campesinas —y no campesinas— agrónomos y expertos en la técnica de la agricultura industrial han sintetizado sus saberes técnicos con los heredados en la familia, generando una amalgama de saberes ancestrales y modernos en resistencia:
Aun cuando desagrarización y descampesinización sean las tendencias dominantes en el capitalismo tardío, las experiencias de recampesinización en todo el mundo dan cuenta (…) de una contra–tendencia que (…) vuelve a instalar al campesinado como aquella clase incómoda (Shanin, 1983) que resiste a los designios históricos de su desaparición (Contreras, 2021: 14).
En definitiva, la alimentación está referida a bienes que satisfacen el hambre pero que no existen sin la fuerza de trabajo —campesina o asalariada— de la que dependen familias rurales y urbanas, lo que implica directamente que los alimentos en tanto producto han de incorporarse en los ciclos mercantiles locales, regionales y globales. En un sistema capitalista agroalimentario, los alimentos son presa fácil de su mercantilización. La pauta central que lo define por antonomasia es que no se trata de producir alimentos para satisfacer el hambre de un pueblo, sino de producir para generar la mayor acumulación de capital.
Aunque en el discurso se ha insistido a lo largo de décadas que la Revolución Verde,1 o agricultura industrializada, tiene su razón de ser en la necesidad de producir más y mejores alimentos para una población en expansión —cosa que supuestamente no puede hacer la agricultura campesina— la realidad es que esos incrementos en la productividad y producción neta de alimentos ha venido emparejada con una explotación ambiental y social, porque lo más importante es que el sistema de producción–consumo se alinee de tal forma que las tasas de rentabilidad que ofrezcan sean aceptables para el agroempresario.
Esto tiene más sentido cuando se recupera el análisis de las agencias multilaterales de la onu, que insisten en que debe haber mayor financiación para reducir el hambre en el mundo. Los gobiernos nacionales no invierten lo suficiente para generar las condiciones mínimas que habiliten al agronegocio a producir alimentos con buenos niveles de rentabilidad y que, por su parte, los consumidores sean capaces de contar con los ingresos económicos que les permita ser partícipes del sistema agroindustrial capitalista y, así, dicho andamiaje sea económicamente viable: “Independientemente de la cuantía exacta de la financiación que se precise para alcanzar los progresos necesarios hacia la consecución de las metas 2.1 y 2.2 de los ods, el déficit de financiación podría ascender a varios billones de dólares” (fao, fida, unicef, pma y oms, 2024: 7).2
Se plantea la inyección de suficientes y abundantes sumas monetarias para iniciar apalancar las condiciones del Estado–país que habiliten el sistema industrial de producción–consumo hegemónico. Esto es transferir a la deuda nacional los costes financieros que supone construir la estructura y los bienes públicos para que el sistema capitalista funcione de manera similar a como sucede en los países con altos ingresos: “La conclusión es que las políticas y las intervenciones para retomar la senda que lleva al cumplimiento de las metas 2.1 y 2.2 de los ods, exigirían, de aquí a 2030, recursos adicionales por un valor de 176 000 millones a 3,98 billones de dólares para erradicar la subalimentación” (fao, fida, unicef, pma y oms, 2024: 33).
Según esto, países del Sur Global en África, América Latina y el Caribe y Asia deberían reunir esos 3,98 billones de dólares para financiar inversiones dirigidas a poner fin al hambre y algunas formas de malnutrición y a aumentar la accesibilidad de dietas saludables para 2030.
Producción agrícola campesina: ¿ausencia en el Plan México?
En el caso de México, desde hace mucho era sabido que la capacidad de autosuficiencia alimentaria venía siendo limitada. Desde 1876 a 1928 se identifica una etapa del México contemporáneo en el que el desabasto alimenticio se cubría mediante la importación (Arroyo, 1989). Es en el Cardenismo (1934–1940) cuando la opción campesinista, para cubrir el déficit alimentario, emerge como una alternativa, la cual perduraría hasta la mitad de la década de los sesenta. La piedra angular del milagro mexicano sería el sector ejidal que alimentaba la fuerza de trabajo obrera para la industrialización del país y el crecimiento de las ciudades (Barkin & Suárez, 1985). Una segunda etapa, a partir de los setenta, originado por una crisis económica, aparece el impulso a la política de autoabasto alimentario y la necesidad de incentivar al sector campesino y la productividad del campo (Azpeitia, 1987).
Sería con el agotamiento del Estado de Bienestar y la instauración del neoliberalismo con Carlos Salinas de Gortari (1988–1994) cuando la vía campesinista se habría de abandonar para dar paso al nuevo sujeto de desarrollo agroalimentario, el agroempresario (Rivera et al., 2014).
Es hasta la llegada de la autollamada Cuarta Transformación (2018–2024) cuando la idea de la autosuficiencia alimentaria vuelve a ser retomada,3 y en la Secretaría de Desarrollo Rural (antes Sagarpa) aparece una subsecretaría del mismo nombre. Entre eventos climatológicos adversos y la volatilidad de los precios de los insumos y productos agropecuarios los resultados parecieran magros si se miran desde las estadísticas nacionales:
Los resultados de producción de maíz entre 2018 y 2023 muestran el fracaso de los programas impulsados. La superficie sembrada del ciclo primavera verano, principalmente de temporal, la más apoyada, mostró una reducción de 450 mil hectáreas, mientras la superficie de otoño–invierno, principalmente de riego, con pocos o nulos apoyos, aumentó en 30 mil hectáreas. La cosecha de primavera verano se redujo en 650 mil toneladas, en tanto la de otoño invierno aumentó en más de un millón de toneladas (De Ita, 2024).4
El Plan México anunciado por la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo (2024–2030), y en el documento cargado en la página digital del Gobierno de México, se enuncia como una Estrategia de desarrollo económico equitativo y sustentable para la prosperidad compartida que en 10 líneas enuncia la misión de esta formulación (Gobierno de México, 2025a). En sus formulaciones destacan siete líneas económicas que sugieren el desarrollo de la industria nacional mediante polos de desarrollo, la relocalización y la creación de empleos. Dos líneas que apuntan a la educación y al desarrollo científico. La última expresión se orienta a fortalecer relaciones exteriores continentales.
Este plan político sería una continuidad con el modelo de desarrollo industrial, con el agregado de construir una alianza entre empresarios —principalmente mexicanos— con el gobierno en turno para cerrar filas ante la ruptura de facto del tratado de libre comercio, t–mec, y una nueva era de proteccionismo de la industria nacional estadounidense, imposición de aranceles a la importación de manufacturas mexicanas en Estados Unidos y, en general, la ruptura de las cadenas de suministro y producción industrial entre Canadá, Estados Unidos y México.
A la fecha de la redacción de este texto aún no se vislumbran las implicaciones prácticas del viraje geocomercial que ha impuesto el Gobierno de Estados Unidos y sus repercusiones en México. Con toda la incertidumbre, se anticipan pérdida de empleos, inflación, caída en las bolsas de valores y depreciación del peso. Ante ese escenario, la sustitución de importaciones y procurar la autosuficiencia pueden parecer imperativas, pero quizá poco plausibles a corto plazo para el actual sistema de producción industrial con cadenas de suministros integradas y articuladas a escala regional y global durante décadas.
No obstante, la autosuficiencia alimentaria —o la sustitución de importaciones de alimentos— que se enuncia en el Plan México se refiere únicamente a ciertas acciones puntuales, específicas y muy localizadas, desde un enfoque agroindustrial y cuyo destino no es el mercado interno sino la exportación (Gobierno de México, 2025a, p. 13).
Al momento, no es claro cómo el Plan México reduciría el déficit alimentario mexicano de granos básicos y de insumos agrícolas —como fertilizantes nitrogenados y semillas— ni cómo se accedería a nuevos mercados internacionales que no sean el que ha sido el mayor socio comercial de México: Estados Unidos (Salazar et al., 2024).
Sin embargo, las formulaciones que se incluyen en el documento citado del Plan México no permiten imaginar que el sujeto campesino o la vía campesinista esté contemplada para importar la producción local y regional de alimentos para el consumo nacional:
uno de los principales mitos de la ideología desarrollista: la supuesta superioridad productiva de la producción a gran escala y, por consiguiente, la supuesta ventaja de las medianas y grandes propiedades por sobre las pequeñas. La pequeña producción agrícola y pecuaria, que generalmente es de carácter familiar y muchas veces de familias agrupadas en comunidades rurales (campesinas o indígenas), resulta más productiva tanto en términos económicos como ecológicos que las medianas y grandes (Toledo, 2002: 27).
Por si fuera poco, la producción campesina tiene estrategias de diversificación productiva y de mayor resiliencia y adaptabilidad ante los efectos de la variabilidad climática, reduce al mínimo sus emisiones de gases efecto invernadero y genera economías locales y regionales de solidaridad y ayuda mutua que reduce su dependencia de la financiación monetaria (Blanca et al., 2024).
En un contexto en el que el sistema industrial agroalimentario genera condiciones de desnutrición, malnutrición y hambre, la vía campesina, que es una agricultura agroecológica, es una alternativa plausible porque, en última instancia, procura la reproducción de la vida y no la reproducción del capital.
Conclusiones
El sistema industrial agroalimentario actual requiere de condiciones básicas para operar aceptablemente. De lo contrario es ineficaz, ineficiente e inviable y, lejos de constituir un dispositivo social para distribuir los alimentos, resulta en un aparato que genera desnutrición, malnutrición y, en definitiva, hambre. Por lo que se ha argumentado hasta acá, la enfermedad difícilmente será parte de la cura.
El hambre en el contexto de un sistema industrial agroalimentario que requiere de una plataforma socioeconómica ad–hoc para funcionar adecuadamente, pero que supone inversiones públicas para que las empresas tengan retornos que les incentiven a producir y que los ciudadanos tengan capacidad económica real para consumir, es un callejón sin salida: o los Estados–nación se endeudan para adecuarse a un modelo económico del capitalismo tardío —lo que implica una enorme carga a la contabilidad pública— o se adecua el modelo productivo hegemónico.
El Plan México plantea una continuidad del modelo productivo dominante y lleva en sí un reciclaje de las ideas del modelo de sustitución de importaciones y de desarrollo industrial “hacia adentro” para reducir la dependencia del país hacia el exterior. Sea esto posible o deseable o no, está diseñado por empresarios y para empresarios, y olvida a otros grupos sociales muy importantes, entre ellos, el campesinado.
La vía campesinista supone darle carta de ciudadanía a un sujeto social que no sólo alimenta al país, sino que en su proyecto utópico plantea anhelos de mexicanidad profunda (Bonfil, 2020) y mundos de vida abundantes y sustentables (Toledo, 2002), de fiesta y de carnaval (Bartra, 2013).
Bibliografía
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1 Así se denominó la política agropecuaria que buscó establecer un sistema agroalimentario industrializado en México basado en paquetes tecnológicos diseñados con semillas mejoradas de casas comerciales, fertilización química, uso intensivo de agrotóxicos para controlar insectos y arvenses y la mecanización agrícola con tractores, sembradoras, trilladoras, etc.
2 Las metas 2.1 y 2.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) son poner fin al hambre y garantizar el acceso a una alimentación sana y nutritiva para todas las personas y acabar con todas las formas de malnutrición, respectivamente.
3 Esto porque en la disputa académica de principio de milenio, entre los que pronosticaban la desaparición del campesinado y los que auguraban que las y los campesinos se reinventarían y perdurarían, estos últimos prevalecieron y se convirtieron en un grupo importante de intelectuales aliados al Movimiento de Regeneración Nacional, específicamente, a Andrés Manuel López Obrador.
4 La autora recupera a lo largo de su artículo de opinión diversas cifras que se publicaron en esta nota: https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/07/01/economia/importaciones-de-maiz-se-dispararon-40-desde-2020-3730 que, a su vez, recupera algunas estadísticas de la Agencia Nacional de Aduanas de México (anam), del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (gcma) y del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (siap).