Exploraciones

doi: 10.31391/rvf3yy20                                                  Recepción: 14-03-2025                                                 Aprobación: 21-03-2025

A fuego cruzado: crimen organizado y violencia homicida en América Latina y el Caribe

Ulises Vargas Gutiérrez Universidad de Guadalajara ulisesvargas@live.com.mx orcid: 0000–0002–7259–3197

Vargas, U. (2025). A fuego cruzado: crimen organizado y violencia homicida en América Latina y el Caribe. Análisis Plural, (9).

Resumen: El crimen organizado en América Latina y el Caribe ha experimentado tres tendencias importantes en los últimos años. La primera es la proliferación de organizaciones y grupos criminales pequeños y flexibles que operan en los planos regional y local. La segunda tiene que ver con la diversificación de las actividades criminales de estas organizaciones y grupos, que han ampliado sus actividades más allá de la economía ilícita del tráfico de drogas ilegales. La tercera se relaciona con la profundización de la relación con la esfera política. El fenómeno de la violencia homicida es un problema central en América Latina y el Caribe, región que se considera la más violenta del mundo. Este fenómeno encuentra gran parte de su explicación en las organizaciones y los grupos criminales que operan en la región. Las respuestas de los gobiernos a la amenaza de las organizaciones criminales y la violencia que generan, en términos generales, se han concentrado en la aplicación de un conjunto de medidas represivas, que no obstante ofrecer algunos resultados en el corto plazo, pueden producir una situación de mayor violencia homicida, a partir de los efectos que se producen por la fragmentación de las organizaciones y grupos criminales.

Abstract: Organized crime in Latin America and the Caribbean has passed through three significant trends in recent years. The first is the proliferation of small, flexible criminal organizations and groups operating at regional and local levels. The second has to do with the diversification of these organizations and groups criminal activities, as they have expanded beyond the illicit drug trafficking. The third relates to the deepening relationship with the political sphere. The phenomenon of domestic violence is a central problem in Latin America and the Caribbean, a region considered the most violent in the world. This phenomenon is largely explained by criminal organizations and groups operating in the region. Government responses to criminal organizations threat and the violence they generate have, overall, focused on the application of a set of repressive measures which, while offering some short–term results, can lead to the worsening of homicidal violence, stemming from the effects produced by the fragmentation of criminal organizations and groups.

Palabras clave: Crimen organizado, violencia, homicidios, seguridad, América Latina y el Caribe

Keywords: Organized crime, violence, homicides, security, Latin America and the Caribbean

Introducción

El presente trabajo tiene el objetivo de ofrecer una visión panorámica del crimen organizado en América Latina y el Caribe, así como de las consecuencias más importantes que éste ha tenido en lo relativo a la violencia homicida en algunos de los países que conforman esta región.

El trabajo está dividido en cuatro secciones. En la primera se ofrece una visión general del crimen organizado en América Latina y el Caribe a partir de la identificación de sus principales características y tendencias más recientes. En la segunda se describe la situación del fenómeno de la violencia homicida en la región. En la tercera se recuperan brevemente algunas de las respuestas que los gobiernos latinoamericanos han dado frente a la amenaza del crimen organizado y la violencia. Finalmente, en la cuarta sección se abre un breve espacio para apuntar algunas conclusiones.

Características del crimen organizado

El crimen organizado es un concepto esencialmente controvertido, es decir, que no hay consenso o acuerdo definitivo sobre su definición. Esto es especialmente notorio en el ámbito académico, en el que las definiciones del término están determinadas por los enfoques teóricos que se utilizan para delinear sus características (Kleemans, 2014).

A pesar de esta dificultad, el concepto de crimen organizado por lo general contiene algunos elementos que son compartidos por muchas de sus definiciones (Sampó, 2017; Abadinsky, 2010; Chabat, 2010). En ese sentido, suele considerarse que el crimen organizado cuenta con al menos los siguientes atributos:

1. El objetivo fundamental es el lucro económico;
2. Para alcanzar su objetivo realiza de forma planeada y continua actividades ilícitas;
3. Tiene una división y especialización del trabajo de tipo jerárquica que incluye normas y sanciones internas;
4. Hace uso de la violencia, ya sea real o en forma de amenaza, para lograr su objetivo;
5. Ejerce influencia o corrupción sobre funcionarios públicos.

En América Latina y el Caribe el tráfico de drogas ilegales es la manifestación más evidente del crimen organizado. La preponderancia de esta actividad ilícita en la región se atribuye significativamente a factores geográficos, dado que tres de los principales países productores de cocaína, una de las drogas más consumidas a escala mundial,1 están localizados en Sudamérica (Bolivia, Colombia y Perú). Además, la región es una ruta natural por la cual se conectan los países productores de esta droga y el principal país consumidor del mundo, Estados Unidos. Aunque no debe desestimarse también la importancia del mercado europeo, que igualmente encuentra grandes fuentes de abastecimiento de drogas ilegales en los países productores latinoamericanos.

En relación con el mercado de las drogas ilegales en la región, en los últimos años la atención se ha puesto, por la gravedad del problema, en la producción, el consumo y sobre todo el tráfico de drogas sintéticas, particularmente de fentanilo. En ese contexto, se ha identificado que México desempeña un papel central en la producción y el tráfico de esta droga, cuyos efectos adversos en Estados Unidos han desatado un conjunto de medidas inéditas para intentar disminuir la oferta de este opioide sintético, como lo fue la designación de un grupo de cárteles mexicanos como “organizaciones terroristas internacionales”2 (Presidencia de Estados Unidos, 2025).

Si bien el tráfico de drogas ilegales es la manifestación más clara del crimen organizado en América Latina y el Caribe, esta no es la única. 1) La extorsión es una práctica común en países como El Salvador, Honduras y Guatemala, en donde los grupos criminales de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 ejercen un fuerte control de esta economía ilegal que, según estimaciones de 2022, sólo en esos tres países genera ganancias cercanas a los mil millones de dólares (Yansura, 2022). 2) El fraude, ilícito acentuado a partir del confinamiento provocado por la pandemia de covid–19, se ha observado en países como Colombia, Brasil, República Dominicana, Paraguay, Bolivia, Honduras y Ecuador (Goodwin, 2020). 3) Modalidades recientes de estafas online o por vía telefónica se han detectado en Brasil y México, en donde se ha constatado la participación de organizaciones criminales como el Primeiro Comando da Capital y el Cártel Jalisco Nueva Generación (Interpol, 2024). 4) El tráfico y explotación de personas también es frecuente en los países de la región. En Colombia, por ejemplo, el Clan del Golfo prácticamente domina la ruta del Tapón del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá, que es una vía utilizada por migrantes sudamericanos y caribeños en su intento por llegar a Estados Unidos (Yates & Pappier, 2023). En Venezuela, el grupo criminal Tren de Aragua se ha consolidado en la región a partir del dominio que ejerce sobre la economía ilícita del tráfico de personas migrantes, particularmente de personas que tienen como destino Estados Unidos (Rodríguez, 2023). En México, las organizaciones y los grupos criminales están involucrados en el tráfico y explotación de personas; facciones del Cártel del Golfo, de Juárez, de Los Zetas, así como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa se disputan el manejo de estas economías ilícitas a lo largo del territorio nacional, especialmente en las fronteras sur y norte del país (Asmann & Shuldiner, 2024). 5) Los delitos ambientales, como la tala y la minería ilegales, son otras manifestaciones de las actividades que realizan las organizaciones y los grupos criminales en América Latina y el Caribe. A modo de ilustración, vale la pena al menos mencionar el caso de la Amazonía, región en donde comparten fronteras varios países sudamericanos, entre ellos Brasil, Colombia y Venezuela, que alberga el bosque tropical más grande del mundo y que enfrenta un preocupante problema de deforestación en parte provocado por la tala ilegal llevada a cabo por organizaciones y grupos criminales (Crisis Group, 2023).

Entre las principales tendencias que se observan en el crimen organizado en América Latina y el Caribe destaca el proceso de fragmentación. En Colombia y México las estrategias de reforzamiento de la ley, centradas en desarticular a las organizaciones y grupos criminales a través de la captura o el abatimiento de sus liderazgos, han provocado su atomización. Si bien en la región operan grandes organizaciones criminales transnacionales, con estructuras más o menos jerárquicas y que participan en una variedad de economías ilícitas, también actúan grupos delictivos más pequeños, de alcance más regional o local, decididos a buscar nuevas oportunidades en una variedad de actividades ilegales y que no escatiman en utilizar la violencia como recurso para lograr sus objetivos. Sólo en el caso de México se calculó que entre mediados de 2009 y finales de 2020 operaban al menos 543 grupos armados, la gran mayoría de ellos de naturaleza criminal (Crisis Group, 2022).

Las organizaciones y los grupos criminales de América Latina y el Caribe también han intensificado sus estrategias para establecer relaciones con la esfera política. De acuerdo con Crisis Group (2025), otra de las tendencias recientes del crimen organizado de la región es la profundización del establecimiento de redes de complicidad con servidores públicos, cuya cooptación y corrupción se logra a través de una combinación de sobornos y amenazas. Con estas estrategias las organizaciones y los grupos criminales buscan garantizar el buen funcionamiento de las economías ilícitas, además de reducir las probabilidades de ser perseguidos y encarcelados. Los funcionarios públicos que se encuentran en la mira del crimen organizado son, por lo general, los que forman parte de las fuerzas de seguridad, así como jueces, fiscales y políticos del ámbito local. México es un ejemplo histórico de la vinculación entre la esfera política y la esfera criminal, pero más recientemente se puede señalar el caso de Ecuador, que, a través del proceso judicial conocido como “Metástasis”, condenó a decenas de funcionarios públicos por haber formado parte de una red de complicidad que protegió a una de las principales figuras del tráfico de drogas ilegales en aquel país (fge, 2025).

Trazos de la violencia homicida

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (unodc, por sus siglas en inglés) define al homicidio doloso como “la muerte ilegal infligida a una persona con la intención de causar la muerte o lesiones graves” (unodc, 2023a, p.2). De acuerdo con esta definición, los homicidios dolosos contienen tres elementos característicos.

1. El asesinato de una persona por otra persona (elemento objetivo);
2. La intención del perpetrador de matar o lesionar gravemente a la víctima (elemento subjetivo);
3. La ilegalidad del asesinato, lo cual significa que la ley considera responsable al perpetrador por la muerte ilegal (elemento legal).

La región de las Américas es la más violenta del mundo. En 2021 en esta región se contabilizaron más de 154,000 homicidios, lo que significó una tasa de 15 homicidios por cada 100 mil habitantes. Con esa tasa de homicidio las Américas superaron tanto al promedio de la tasa mundial, que fue de 5.8 por cada 100 mil habitantes, como a la tasa de la región que en números absolutos registró una mayor cantidad de homicidios; la región de África, que, aunque tuvo cerca de 176,000 homicidios, resultó en una tasa de 12.7 homicidios por cada 100 mil habitantes, 2.3 puntos por debajo de la tasa de las Américas (unodc, 2023a).

En América Latina y el Caribe (ya no la región completa de las Américas, que según el criterio de la unodc incluye a Estados Unidos y Canadá) se registraron en 2023 al menos 117,492 homicidios, lo cual se tradujo en una tasa de 20 homicidios por cada 100 mil habitantes (Insight Crime, 2024). Con esa tasa de homicidio, América Latina y el Caribe enfrentan una condición de violencia endémica, la cual se alcanza cuando se supera la tasa de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.

Dentro de América Latina y el Caribe la subregión de Centroamérica es la que presentó la tasa más alta de homicidios: 25 homicidios por cada 100 mil habitantes (unodc, 2023a). A pesar de que en esta subregión hay algunos casos en los que se aprecia una reducción de los homicidios en los últimos años, como por ejemplo en El Salvador (reducción del 69.2% entre 2022 y 2023), Honduras (reducción del 13% entre 2022 y 2023) y más modestamente Guatemala (reducción del 3.5% entre 2022 y 2023), Centroamérica sigue siendo el epicentro de la violencia homicida (Insight Crime, 2024). Así lo muestra, por ejemplo, Costa Rica, que tuvo un incremento de la tasa de homicidio de al menos un 40% entre 2022 y 2023, provocado en gran medida por las disputas entre organizaciones y grupos criminales que luchan por controlar el mercado de la cocaína y la marihuana en ciudades como Limón, Puntarenas y San José (Shuldiner, 2023).

Mención aparte merece el caso de México, que, no obstante haber registrado desde 2020 una tendencia descendiente de los homicidios, sus tasas relativamente elevadas (19.24 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2024) (sesnsp, 2025) han sido determinantes para explicar la tendencia general de la violencia homicida en toda la subregión centroamericana3. La unodc (2023a) estimó que México aportó alrededor del 77% de todas las víctimas de homicidio en la subregión en 2021. Incluso determinó que el efecto de México en Centroamérica es tal que, la tendencia de descenso temporal en las tasas de homicidio entre 2012 y 2014, así como la tendencia de ascenso observada entre 2015 y 2018 en la subregión, en gran parte, son resultado del efecto de arrastre en la estadística que tuvo el crimen organizado en México, particularmente por dos organizaciones criminales: el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

En el Caribe se encuentran cuatro de los cinco países más violentos de la región, al menos es así si se consideran las tasas de homicidio y no las cifras absolutas. Tomando en consideración datos de 2023, se puede afirmar que San Cristóbal y Nieves registró la tasa más alta de homicidio: 65 por cada 100 mil habitantes. Seguido por Jamaica, con una tasa de 60.9 homicidios por cada 100 mil habitantes. Después se posicionó San Vicente y las Granadinas, que tuvo una tasa de homicidio de 50.1 por cada 100 mil habitantes. Finalmente, en este grupo de los países caribeños más violentos se encontró Las Islas Turcas y Caicos, cuya tasa fue de 46.6 homicidios por cada 100 mil habitantes (Insight Crime, 2024).

Con respecto a los países que conforman el Caribe, sus altos niveles de violencia homicida, en muchos casos, están profundamente vinculados con los enfrentamientos entre grupos criminales que se disputan el control de los mercados de la cocaína, marihuana y heroína. Asimismo, la alta disponibilidad de armas de fuego,4 que llegan ilegalmente desde Estados Unidos, es otro de los factores que contribuye a las alarmantes tasas de homicidio de la subregión (Coto, 2024).

En Sudamérica destaca el caso de Ecuador. En 2023 este país registró la tasa de homicidio más alta en la subregión: 44.5 homicidios por cada 100 mil habitantes. Además, entre 2022 y 2023 su tasa de homicidio creció 74.5% (Insight Crime, 2024). La magnitud y lo súbito del incremento de los homicidios en Ecuador encuentran parte de su explicación en los enfrentamientos entre los grupos criminales de Los Choneros y Los Lobos, los que, en alianza con organizaciones criminales mexicanas, colombianas y albanesas intentan hacerse del control del mercado de las drogas (hrw, 2024a).

En la subregión sudamericana también existen casos en los que la violencia homicida ha cedido. Desde 2018 Brasil ha experimentado, en términos generales, una tendencia de descenso en las tasas de homicidio (Cerqueira & Bueno, 2024). Los datos más recientes indican que entre 2023 y 2024 la tasa de homicidio de Brasil se redujo 5.4% (Insight Crime, 2025). Esta reducción en la tasa de homicidio muy probablemente ha sido en parte provocada por la consolidación de las dos principales organizaciones criminales de Brasil; el Primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho. En Venezuela también se ha registrado una disminución en las tasas de homicidios en los últimos años (ovv, 2023), que, de forma similar a lo que ocurre en Brasil, aparentemente se debe, en gran medida, al fortalecimiento de las organizaciones y los grupos criminales que operan en ese territorio. Otros casos que ilustran esta tendencia de descenso en los homicidios en la subregión sudamericana son los de Colombia y Perú, países en donde los remanentes de grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y Sendero Luminoso, vinculados con organizaciones y grupos criminales de tráfico de drogas, son los principales responsables de las variaciones en los indicadores de la violencia homicida.

En América Latina y el Caribe los altos niveles de violencia homicida están relacionados con las organizaciones y los grupos criminales que se disputan el control territorial y el dominio de las economías ilícitas. En la región, cerca del 50% de los homicidios que se suceden son provocados por las organizaciones o los grupos criminales. Asimismo, otro de los factores que ha contribuido al grado de violencia en la región es la proliferación de armas de fuego. Sólo en 2021 en la región se registraron al menos 89,100 homicidios por armas de fuego y, en la mayoría de los casos, cerca del 90%, las víctimas fueron hombres jóvenes (unodc, 2023b).

Respuestas a la amenaza

Muchos de los países de América Latina y el Caribe han adoptado el enfoque de “mano dura” para intentar reducir los niveles de violencia provocados por las organizaciones y los grupos criminales. En la región se observa, en mayor o menor medida, la aplicación de estrategias de seguridad fuertemente represivas, que privilegian la militarización y el endurecimiento de penas para enfrentar al crimen organizado y a la violencia homicida.

Sin duda, el caso más notable de la aplicación del enfoque represivo es el de El Salvador. Tras la declaratoria del régimen de excepción en marzo de 2022 en el país centroamericano se han instrumentado medidas que han logrado reducir significativamente las tasas de homicidio. Sin embargo, el resultado positivo, en términos de la disminución de la violencia, se ha logrado a través de detenciones y encarcelamientos masivos que han sido violatorios a los derechos humanos. En su reporte anual Human Rights Watch (2024b) señaló que “las autoridades [de El Salvador] han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas, malos tratos en prisión y violaciones al debido proceso”.

El enfoque represivo que adoptó el gobierno salvadoreño se replicó recientemente en Ecuador. En enero de 2024 un decreto ejecutivo oficializó el reconocimiento de la existencia de un “conflicto armado interno” en el país, lo que permitió el uso de las fuerzas armadas para “neutralizar” a las organizaciones y los grupos criminales causantes de la “crisis de seguridad” (Presidencia de Ecuador, 2024). Si bien datos recientes muestran una reducción en la tasa nacional de homicidio, alrededor de 12.8% entre 2023 y 2024, debido en parte a las acciones tomadas por el gobierno, la violencia homicida sigue siendo un problema central (Insight Crime, 2025). Además, como ha ocurrido en otros países de la región, los efectos de la desarticulación de las organizaciones y los grupos criminales puede crear escenarios más complejos, en los que los grupos y las facciones desprendidos de las organizaciones criminales con frecuencia se enfrentan entre sí. En ese sentido, tendencias recientes indican que, en Ecuador, las organizaciones y grupos criminales comienzan a fragmentarse e independizarse, lo cual muy probablemente explica los repuntes de violencia homicida en algunas regiones del país.

En México también se privilegió un enfoque de seguridad de corte represivo para enfrentar a las organizaciones y los grupos criminales. En el país, marcadamente entre 2006 y 2018, se instrumentó una estrategia de seguridad que tuvo como principal objetivo el de recuperar la autoridad del Estado frente a la amenaza de la criminalidad organizada. En ese marco, la estrategia de seguridad, cuyo núcleo se encuentra en la militarización de la seguridad pública —proceso que ininterrumpidamente se ha dado en todos los gobiernos desde 2006 hasta la fecha—, ha causado el incremento de las violaciones de los derechos humanos y ha contribuido a la fragmentación y proliferación de las organizaciones y los grupos criminales. La estrategia de seguridad represiva creó, junto con las dinámicas propias del crimen organizado, las condiciones para la diversificación de las economías ilícitas y la extensión de la violencia homicida en el país (Vargas, 2023).

En contraposición a la tendencia general, en los últimos años en Colombia se ha impulsado un enfoque que apuesta por el diálogo y el acuerdo para enfrentar los problemas de seguridad, particularmente los relacionados con las organizaciones y los grupos criminales. La llamada “Paz Total” busca reducir los niveles de violencia homicida a través de la negociación con organizaciones y grupos armados y criminales, especialmente con el Ejército de Liberación Nacional, las facciones que se desprendieron de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Clan del Golfo. Hasta ahora los resultados de este enfoque, que pone el acento en el diálogo entre el gobierno y las organizaciones y los grupos criminales para alcanzar su desmovilización y desarme, ha tenido resultados mixtos. Por un lado, se ha logrado varios ceses al fuego que han reducido el nivel de los homicidios en el país. Por el otro, se han presentado dificultades que no se han podido superar, como las divisiones al interior de las organizaciones y los grupos delincuenciales que en algunos casos no apoyan las negociaciones, los problemas legales que implican este tipo de acuerdos y los cuestionamientos cada vez más crecientes por parte de la sociedad colombiana. Algunos análisis sugieren incluso que uno de los efectos no previstos de este enfoque es la reconfiguración negativa del panorama criminal en Colombia, en donde las organizaciones y grupos criminales parecen aprovechar las treguas del Estado para extender su control sobre las economías ilícitas (Saffon y García, 2023).

Conclusiones

El crimen organizado en América Latina y el Caribe ha experimentado cambios importantes en los últimos años. En cuanto a su estructura se refiere, existe una tendencia a la proliferación de organizaciones y grupos criminales relativamente pequeños y flexibles, cuyas áreas de influencia y control se inscriben más en los ámbitos regionales y locales. Con respecto a las actividades ilegales que realizan, en la región se observa una tendencia a la diversificación de las economías ilícitas; el tráfico de drogas sigue proveyendo de cuantiosos recursos a las organizaciones y los grupos criminales de la región, sin embargo, actividades como la extorsión, el fraude, las estafas, el tráfico y explotación de personas y la explotación ilegal de recursos naturales representan también fuentes de ingresos regulares. Asimismo, se observa una tendencia que muestra un estrechamiento entre la esfera criminal y la esfera política que, además de socavar la confianza en las instituciones, debilita todavía más el vulnerable Estado de derecho de muchos de los países que conforman a la región.

América Latina y el Caribe es la región más violenta del mundo. En gran proporción los niveles de violencia en la región encuentran su explicación en la variable del crimen organizado, especialmente en los enfrentamientos entre organizaciones y grupos criminales que buscan dominar las economías ilícitas a través del control territorial. El factor de la disponibilidad de armas de fuego es también clave para explicar los altos niveles de violencia homicida en la región. En ese sentido, Estados Unidos tiene una responsabilidad evidente, en la medida en la que sus armerías alimentan subrepticiamente los arsenales de las organizaciones y los grupos criminales de la región.

Los gobiernos de América Latina y el Caribe, en general, han optado por instrumentar estrategias de seguridad represivas para enfrentar la amenaza del crimen organizado y la violencia que provoca. A pesar de que en algunos casos el enfoque represivo puede llegar a tener efectos positivos en el corto plazo —en términos de la reducción de la violencia homicida— esta aproximación suele tener consecuencias no intencionadas; como la fragmentación de las organizaciones y los grupos criminales, proceso por el cual se suele generar un ecosistema criminal más complejo y violento. Además, el enfoque represivo mina las posibilidades de la aplicación de otras aproximaciones de seguridad, más orientadas hacia la prevención y a la atención de las causas estructurales de la criminalidad y la violencia.

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encrucijada-migratoria-americas

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1. 1 En 2022 el cannabis se posicionó como la droga más consumida a escala mundial (228 millones de consumidores). Seguida por los opioides (60 millones de consumidores). Después fueron las anfetaminas (30 millones de consumidores). La cocaína, fue la cuarta droga más consumida en el mundo (23 millones de consumidores). Y finalmente, el éxtasis (20 millones de consumidores) (unodc, 2024).

2. 2 El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la designación de los cárteles mexicanos de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noroeste, la Nueva Familia Michoacana, del Golfo y Cárteles Unidos, así como las pandillas de la Mara Salvatrucha y el Tren de Aragua como “organizaciones terroristas extranjeras” (Departamento de Estado de Estados Unidos, 2025).

3. 3 La unodc considera que México forma parte de la subregión de Centroamérica y bajo ese supuesto realiza sus cálculos y análisis de la violencia homicida y el crimen. Para los fines de este trabajo se siguió ese criterio.

4. 4 A modo de ilustración se puede mencionar el caso de Haití, país cuya tasa de homicidio doloso fue de 40.9 por cada 100 mil habitantes en 2023, y en donde se estima que en 2022 había aproximadamente 600,000 armas de fuego (Fabre, Florquin, Karp & Schroeder, 2023).