doi: 10.31391/4je1p608

CARTA EDITORIAL

En 2025 se conmemoran 80 años del nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas, en 1945; y en tres años más será el mismo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ambos proyectos, como se sabe, fueron reacción derivada de la Segunda Guerra Mundial, con vistas a prevenir la repetición de horrores como el Holocausto. Podría decirse que han sido “exitosos” en tanto que no se han vuelto a ver, combinadas, las mismas técnicas de exterminio con el número de muertes. No obstante, tal “éxito” queda en entredicho si tomamos en cuenta los recurrentes conflictos internacionales, escalados a la categoría de “guerras”, suscitados recientemente, algunos de ellos todavía en curso. Y más aún, las sistemáticas, incesantes y muchas veces impunes violaciones a los derechos humanos en todas las latitudes del planeta… y también en un contexto tan cercano como el nuestro, en México.

Ante esta situación, aseverar que los derechos humanos se encuentran en disputa no es cuestión menor. No es un título aleatorio escogido meramente para llamar la atención de quienes nos leen y sembrarles curiosidad por los contenidos del número. En el equipo editorial pensamos que en los escenarios político, social, cultural e, incluso, económico se vive una profunda controversia, una tensión que conduce a la discrepancia en lo que atañe a estos derechos, su vigencia, relevancia, aplicación, eficacia y tendente universalidad.

Me gustaría pasar ahora a una reflexión. Tradicionalmente, se ha entendido que los Estados y los actores políticos son los responsables de garantizar, respetar y proteger los derechos humanos, así como que deben ser los principales señalados en escenarios de vulneración o violación de los mismos. Personalmente, creo que todos nosotros y nosotras, en cuanto ciudadanos, ciudadanas y meros miembros de la comunidad humana, tenemos la responsabilidad ética de respetarlos, hacerlos valer y, desde luego, denunciar su transgresión. Respecto a esto último, de poco sirve colocar todo el peso garante y de cumplimento de los derechos humanos en los gobiernos si no alzamos la voz, nosotras y nosotros, cuando éstos se vulneran. Y, por otra parte, cuando un individuo —no un Estado, no una organización— actúa de manera que impide el ejercicio de estos derechos, de alguna manera está contribuyendo a su vulneración, si bien no se le juzga bajo el mismo marco legal que a un Estado o un actor político.

En suma, los derechos humanos son un asunto del que participamos todas y todos, no únicamente por su disfrute y ejercicio, sino también por su cuidado y su posible vulneración. Así, en su observancia formamos parte todas las personas. Quizá si pudiéramos verlo más con esta óptica, en lugar de responsabilizar completamente a los actores estatales y corporativos cuando aquéllos se nos vulneran, y sin detenernos a mirar, en nuestro microcosmos, qué acciones nuestras estarían replicando en las y los demás los mismos actos “crueles, inhumanos y degradantes” que éstos nos perpetran, nuestra mirada misma cambiaría… y dejaríamos de hacer a otras y otros lo que no queremos que nos hagan.

Antonio Cham Fuentes

Editor