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doi: 10.31391/tyna7593 Recepción: 09-05-2026 Aprobación: 01-07-2026
Entre veto y austeridad:
el sistema de Naciones Unidas en crisis existencial
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Diana Gómez Tecnológico de Monterrey diana.laura.gomez@tec.mx |
Gómez, D. (2026). Entre veto y austeridad: el sistema de Naciones Unidas en crisis existencial. Análisis Plural, (13).
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Resumen: El artículo analiza la crisis de la Organización de las Naciones Unidas (onu), centrada en la brecha entre su mandato y su desempeño ante conflictos y atrocidades masivas. Argumenta que la combinación de asimetrías de poder, el veto en el Consejo de Seguridad y la financiarización de la cooperación ha erosionado sus tres pilares (paz, desarrollo y seguridad), convirtiendo al sistema de la onu en un actor reactivo y condicionado por las grandes potencias. A través del análisis de casos como los de Gaza, Sudán, la República Democrática del Congo y Haití se identifican patrones de bloqueo, selectividad e inacción que desvirtúan el sistema de seguridad colectiva. El texto concluye que el estrangulamiento financiero, los abusos en operaciones de paz y la marginación política coexisten con grandes expectativas, incluida la posible elección de una mujer como próxima secretaria general, pero advierte que, sin reformas profundas en las reglas de poder, en el respeto al derecho internacional y en la financiación, ese relevo simbólico no bastará para evitar la deriva de la onu hacia la irrelevancia. |
Abstract: The article examines the existential crisis of the United Nations (un) system by focusing on the gap between its founding mandate and its performance in the face of contemporary conflicts and mass atrocities. It argues that the combination of power asymmetries, the strategic use of the veto in the Security Council, and the financialization of cooperation has eroded the un’s three pillars (peace, development, and security), turning it into a reactive actor constrained by the great powers. Through the analysis of cases such as Gaza, Sudan, the Democratic Republic of the Congo, and Haiti, it identifies patterns of deadlock, selectivity, and inaction that drain the collective security system of effectiveness. The text concludes that financial strangulation, abuses in peace operations, and the political marginalization of the un coexist with high expectations, including the possible election of a woman as the next Secretary–General, but warns that without profound reforms to power, respect for International Law, and financing rules, such symbolic change will not suffice to prevent the un’s drift toward irrelevance. |
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Palabras clave: Naciones Unidas, crisis del multilateralismo, geografía del poder, protección de los derechos humanos, paz y desarrollo |
Keywords: United Nations, multilateralism crisis, power asymmetries, human rights protection, peace, and development |
Introducción
“La misión de la Organización de las Naciones Unidas (onu) no es guiar a la humanidad hacia el cielo, sino impedir que vuelva a caer en el infierno”. Así lo afirmó Dag Hammarskjöld (Hammarskjöld, 1954), quien fue secretario general de la onu de 1953 a 1961. ¿Qué pensaría Hammarskjöld al ver el estado actual? ¿Qué pensaría si viera a un secretario general que sólo hace gestos públicos de condena e indignación, sin capacidad real de influir? ¿Cómo reaccionaría al ver que la organización que propuso cambios en la paz y la seguridad internacionales ahora parece una bomba de tiempo que predice su fracaso?
En la época de Hammarskjöld, sus palabras resonaban en las conciencias de los poderosos y de quienes colaboraban con la misión de la onu, hasta definir las pautas de la diplomacia internacional. Su sucesor, U Thant, continuó este legado, aprovechando su acceso a una audiencia global para denunciar y poner en vergüenza a los Estados que vulneraban el espíritu de la Carta de San Francisco. Tras el genocidio de Biafra en 1968, Thant lanzó una advertencia profética y, lamentablemente, certera a la comunidad internacional: “Si continuamos asomándonos al abismo, corremos el riesgo de equivocarnos y suicidarnos como especie” (Serrano, 2025). Ahora, ante el genocidio más documentado en la historia contra el pueblo palestino, siendo testigos de atrocidades diarias y de la indiferencia de muchos países, ¿diría Thant que ya hemos cometido ese suicidio colectivo?
Desde una perspectiva crítica del multilateralismo, este trabajo se inscribe en los debates sobre la crisis del orden internacional “basado en normas” y la erosión del sistema de seguridad colectiva, y cuestiona su viabilidad cuando depende de la voluntad de los Estados más poderosos. Sostiene que las asimetrías de poder, el uso estratégico del veto y la financiarización de la cooperación han vuelto a la onu un actor reactivo y condicionado por las grandes potencias. El análisis examina cómo esta crisis se manifiesta en la tensión entre paz y desarrollo, en el estrangulamiento financiero del sistema y en la marginación de la onu en los conflictos contemporáneos. Metodológicamente, se recurre a un análisis crítico de estudios de caso ilustrativos (Gaza, Sudán, República Democrática del Congo, Haití), complementado con la revisión de discursos oficiales y de la literatura especializada, con la finalidad de identificar patrones recurrentes de bloqueo, selectividad y erosión de capacidades.
Geografía de poder y el veto en el Consejo de Seguridad (cs)
La onu surgió como respuesta a las atrocidades masivas de las dos guerras mundiales del siglo xx, las cuales, es preciso aclarar, no fueron los únicos episodios atroces en el contexto histórico previo, incluso bajo su antecesora, la Liga de las Naciones. Un ejemplo paradigmático es el genocidio de Namibia (1904–1908), perpetrado por el Imperio alemán y reconocido hoy como la antesala del Holocausto nazi, en el que, hasta la fecha, el pueblo namibio exige justicia en un contexto de impunidad internacional (Savage et al., 2025).
Esta carga histórica refleja las demandas iniciales dirigidas a la onu, creada para evitar repeticiones. Sus pilares fundamentales, contenidos en la Carta de las Naciones Unidas (onu, 1948), como el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad, y los derechos humanos, dependen de la capacidad de la organización y de los Estados miembros para materializarlos, y, al día de hoy, somos testigos de su erosión. Sin embargo, en sus 81 años de existencia, la organización revela desde sus cimientos una geografía de poder que, aunque las grandes potencias, ahora miembros permanente del cs, convergieron en un objetivo común en 1945, su diseño incorpora candados que han obstaculizado la realización de esos pilares, tal es así que el poder y control del veto de alguno de los miembros permanentes bloquea cualquier esperanza para que la misión de Naciones Unidas vea la luz.
El actual secretario general, António Guterres, advirtió sobre esta crisis en su discurso por el 80 aniversario de la organización, señalando que: “Estamos hoy en día observando un incremento sistemático de muertes civiles en los conflictos, un bloqueo deliberado de la ayuda humanitaria y un desprecio constante al derecho internacional (...) Esto, en realidad, es moral, política y legalmente inaceptable” (Guterres, 2025). La paz, entendida no solamente como la ausencia de guerras o conflictos, sino también como la construcción de sociedades estables, justas e inclusivas, constituye una responsabilidad central de la Organización. Esta paz está estrechamente vinculada al desarrollo sostenible en su dimensión de desarrollo humano, orientado a un proceso global centrado en las personas que busca promover el progreso económico y social sin comprometer el medio ambiente y garantizar la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. Además, estos dos principios se articulan con la acción humanitaria, destinada a proteger a las poblaciones vulnerables en situaciones de crisis. Hoy, tanto la capacidad para promover el desarrollo sostenible como la respuesta humanitaria enfrentan riesgos significativos, lo que debilita las condiciones para consolidar una paz duradera. Este escenario no sólo es un desafío político para el multilateralismo, sino que también cuestiona las obligaciones erga omnes de prevenir y sancionar el genocidio y otros crímenes internacionales, así como la efectividad práctica de las normas de ius cogens frente al uso estratégico del veto en el cs.
A lo largo de las últimas ocho décadas, las expectativas normativas depositadas en la onu han enfrentado límites estructurales que exceden las deficiencias técnicas o presupuestarias. Estos límites se expresan en las desigualdades de poder entre los Estados miembros, en la instrumentalización de mandatos multilaterales con fines geopolíticos y en la dependencia financiera de actores externos. En consecuencia, la Organización tiende a reaccionar ante crisis ya consolidadas, mientras que sus decisiones suelen privilegiar intereses estatales y económicos por encima de la protección efectiva de las poblaciones vulnerables. Esta situación plantea una cuestión central sobre los factores políticos y financieros que explican el descrédito actual de la onu. Para abordarla, es necesario examinar en tensión los principios de paz y desarrollo, así como las condiciones materiales e institucionales que permiten o restringen su realización.
¿Desarrollo vs. paz? El quiebre de los pilares de la onu
Podemos partir de la premisa de que la paz y el desarrollo son interdependientes: sin paz, el desarrollo es inalcanzable, y sin desarrollo sostenible, la paz carece de base material. No obstante, en contextos de violencia armada, presenciamos una dinámica de destrucción sistemática en la que el sufrimiento recae desproporcionadamente sobre las poblaciones civiles, cuyos derechos son cercenados en nombre de un supuesto progreso reservado a una élite. Al analizar el panorama global, resulta difícil identificar una región exenta de violaciones de los derechos humanos o de prácticas de explotación estructural. Esta realidad se explica por la disputa geopolítica y el control estratégico de recursos materiales y naturales; intereses que, en última instancia, priorizan el crecimiento exponencial de las potencias y las corporaciones transnacionales a costa de la seguridad humana y de la integridad de los ecosistemas.
Ante este escenario, surge una contradicción fundamental: ¿dónde reside realmente esa interdependencia? Las posturas de diversos Estados miembros revelan una jerarquía en la que el desarrollo se antepone sistemáticamente a la paz. Muchos países, tanto del Norte como del Sur Global, que operan bajo lógicas neocoloniales, privilegian sus agendas económicas y optan por una “neutralidad” estratégica e hipócrita, rehusándose a condenar las hostilidades, especialmente cuando éstas involucran a grandes potencias y a sus Estados socios (Serrano, 2025). Los conflictos vigentes en Gaza, Líbano e Irán son testimonio de este fenómeno: una red de financiamiento y apoyo logístico que invisibiliza la violencia bajo el manto de la diplomacia.
Estos actores han invertido el orden de prioridades establecido en la Carta de la onu, subordinando la paz y la seguridad internacionales a intereses económicos y agendas de financiación para el desarrollo. Esta tendencia se cristalizó en la Cumbre del Futuro, celebrada en septiembre de 2024, donde, si bien el Pacto para el Futuro reafirma que los tres pilares, desarrollo, paz y seguridad, y derechos humanos, son “igualmente importantes y están interrelacionados” (onu, 2024), el documento enfatiza de inmediato que el desarrollo sostenible constituye un “objetivo central en sí mismo”. Como señala Georgios Kostakos, esta retórica permite a los Estados justificar su inacción ante conflictos al presentar el desarrollo como un fin absoluto que, paradójicamente, se desvincula de las condiciones mínimas de paz y seguridad (Kostakos, 2024). Tal narrativa fomenta un doble estándar que prioriza la estabilidad de los mercados y de los flujos financieros por encima de la protección de vidas y de la observancia del derecho internacional, lo que genera una dinámica de autonegación y desacredita la misión de la onu.
Estrangulamiento financiero y desmantelamiento del sistema
La protección de la vida humana y la eficacia del derecho internacional dependen del poder económico y de la voluntad política de los Estados. Amparados en las sucesivas crisis económicas, muchos gobiernos han impuesto una retórica de austeridad (Arana, 2026) que recorta de forma desproporcionada el gasto público y las políticas de prevención, mientras priorizan sectores asociados a la inestabilidad global, financiando conflictos y capacidades ofensivas presentadas como “defensa preventiva”. Esta austeridad se apoya en un doble estándar; se escatiman recursos para cumplir obligaciones en materia de derechos humanos (David, 2025), al tiempo que se consolidan presupuestos crecientes para el aparato militar (Camhaji, 2025). Lejos de ser una anomalía, esta deriva se ha normalizado y ha dejado el sistema de la onu dependiente de la voluntad financiera de Estados que sacrifican el bienestar poblacional y la seguridad humana en favor de intereses estratégicos y de mercado.
Un ejemplo de esta contradicción es la política presupuestaria de los Estados Unidos desde el inicio de su segundo mandato el 20 de enero de 2025. Los recortes drásticos en sus contribuciones han afectado significativamente la estructura de la onu, entre los que destacan la reducción del 22% del presupuesto total, del 43% de la ayuda al desarrollo, del 67% de las partidas para misiones de paz y del 34% del financiamiento de agencias, fondos y programas (Serrano, 2025; Summa, 2026). Ante las críticas internacionales, ningún otro Estado miembro ha asumido la responsabilidad de cubrir este déficit. Esta inacción revela una crisis más profunda, a saber, además de la preocupante morosidad en el pago de cuotas obligatorias por parte de varios países, existe una vulnerabilidad estructural en el modelo de financiamiento de la onu.
Más del 60% de los recursos de la onu provienen actualmente de contribuciones voluntarias específicas, tendencia que ha aumentado en las últimas décadas (Ayuso, 2023). La dependencia de aportaciones discrecionales limita su capacidad para actuar de manera general y coherente, lo que dificulta la gestión integral de las políticas y reduce su autonomía en la toma de decisiones. Al estar supeditada a los intereses de los donantes, la organización tiene una menor capacidad de respuesta ante imprevistos, ya que queda atada a las prioridades políticas de quienes sostienen su financiamiento, en perjuicio de su mandato original.
Como señaló Guterres en 2023, la eficacia institucional se ve comprometida si las organizaciones no reflejan la realidad del mundo contemporáneo; de lo contrario, “en lugar de resolver los problemas, las instituciones corren el riesgo de convertirse en parte del problema” (Guterres, 2023). Esta advertencia ha cobrado una trágica vigencia ante el colapso financiero y operativo que atraviesa el sistema multilateral en 2026. Conforme a los informes recientes del Secretariado, se proyecta un recorte presupuestario que conlleva la reducción de hasta un 28% del personal y el cierre de parte de las misiones de paz estratégicas, entre ellas las de Irak, la República Democrática del Congo y Colombia (Mishra, 2025; Serrano, 2025). Asimismo, se prevé una disminución drástica del 50% del apoyo a conferencias multilaterales, la eliminación de decenas de centros de información y la cancelación de cientos de proyectos en países en desarrollo, que abarcan desde programas de inmunización hasta el auxilio humanitario en estados en situación de vulnerabilidad (El Economista, 2025).
Esta crisis no sólo afecta la gestión de conflictos, sino que también paraliza las funciones cotidianas del sistema de la onu en esferas críticas como la salud pública, la seguridad alimentaria, la acción humanitaria, la preservación del medio ambiente y la verificación de los procesos de paz. La erosión de estos pilares demuestra que la organización no solamente enfrenta dificultades para alcanzar la paz, sino que también se encuentra en un proceso de desmantelamiento operativo que amenaza su capacidad para garantizar el desarrollo, la seguridad y la protección de los derechos humanos a escala global.
¿Una seguridad colectiva en riesgo?
El conflicto en Gaza ilustra con claridad esta división casi total. En este escenario, Israel, respaldado por un miembro permanente del cs y con la aquiescencia de gran parte de la comunidad internacional, ha desacreditado a la onu en casi todos sus ámbitos. Desde 2023, los esfuerzos para gestionar la crisis, mediar y promover la paz han sido sistemáticamente ignorados, además de obstaculizar intencionalmente el acceso de la ayuda humanitaria a los civiles. Bajo acusaciones de que la Agencia de la onu para los Refugiados Palestinos colabora con Hamás, se han restringido severamente las operaciones de la principal agencia de la onu en el terreno y se ha presionado a los países donantes para que suspendan su financiación, lo que ha afectado directamente la entrega de asistencia vital (Noticias onu, 2024).
Tal narrativa, además de bloquear, estigmatizar y criminalizar la ayuda y al personal humanitario, protegidos por el derecho internacional humanitario, socava deliberadamente la legitimidad y la capacidad operativa del sistema de la onu para cumplir su mandato. La combinación de estrangulamiento presupuestario y deslegitimación política refleja una misma lógica: cuando el multilateralismo entra en conflicto con intereses geopolíticos, proyectos de ocupación, violaciones de derechos humanos disfrazadas de autodefensa o estrategias de poder centradas en intereses públicos o privados, los Estados no dudan en vaciar de contenido y recursos a la organización para limitar su funcionamiento en los momentos de mayor exigencia histórica.
En este contexto, la crisis de financiamiento y la marginación de la onu en escenarios como Gaza no son fenómenos aislados, sino expresiones más amplias de una crisis del sistema de seguridad colectiva. No se trata únicamente de Gaza ni de los bloqueos asociados al poder de veto en el cs, que han impedido el pleno ejercicio de sus funciones para exigir un alto el fuego y adoptar medidas efectivas para construir y consolidar la paz. Esta estrategia se ha repetido hasta convertirse en la respuesta habitual del sistema ante crisis de alta carga política.
En 2023, Lula da Silva convocó a una sesión urgente del Consejo de Seguridad tras los hechos del 7 de octubre y presentó un proyecto de resolución que solicitaba una pausa humanitaria, la liberación de rehenes y la protección de la infraestructura esencial en Gaza. Aunque obtuvo 12 votos a favor, no fue aprobado debido al veto de Estados Unidos, que también bloqueó otras propuestas de alto el fuego inmediato.
No obstante, esta exclusión y marginación por parte de la onu no se limitan a Asia occidental. Desde 2023, las Fuerzas Armadas sudanesas (saf) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (rsf) han obstaculizado sistemáticamente el ingreso de ayuda humanitaria a Darfur, impidiendo que convoyes de la onu y de otras organizaciones lleguen a El Fasher y al campamento de Zamzam, uno de los principales asentamientos de desplazados en la región (Noticias onu, 2025). Informes de la onu y de organizaciones de derechos humanos documentan ataques directos de las rsf contra Zamzam, que incluyen asesinatos de civiles, la destrucción de infraestructuras básicas y desplazamientos masivos adicionales (Amnistía Internacional, 2025; Noticias onu, 2025; ohchr, 2025; The Guardian, 2025). Además, investigaciones recientes relacionan la economía de guerra en Sudán con el control y la explotación de yacimientos de oro integrados en redes comerciales regionales, en las que participan Emiratos Árabes Unidos y otros actores del Golfo (Español, 2025; Mukhwana, 2026; oec, 2023), lo que refuerza el ciclo de violencia, saqueo y abandono internacional bajo la fachada del desarrollo.
Abusos en operaciones de paz que intensifican esta crisis
Otros escenarios refuerzan la crisis de legitimidad del sistema de la onu. La persistente reducción del personal de cascos azules en Sudán del Sur (unmiss) y en la República Democrática del Congo (monusco) ocurre en un contexto en el que ambas misiones están en proceso de retirada o de cierre, a pesar de los altos niveles de violencia y de fragilidad institucional (Summa, 2026). Igualmente, en conflictos latentes como los de Rusia–Ucrania o Ruanda–República Democrática del Congo, la falta efectiva de la onu en la mediación y la contención de las hostilidades resulta preocupante y refleja su creciente precariedad en la agenda de seguridad global.
Simultáneamente, los debates en el cs sobre cómo responder a las crisis en países considerados “fallidos”, como Haití y Myanmar, se estancan continuamente debido a la falta de compromiso de potencias como Estados Unidos y la Unión Europea, así como a los vetos cruzados de los miembros permanentes, como muestra de esa geografía desigual de poder (Human Rights Watch, 2025; Noticias onu, 2022). Esta inacción se extiende a varios conflictos que fueron históricamente prioritarios para el sistema multilateral, desde Afganistán, tras la evacuación de 2021, hasta los casos de Marruecos–Sáhara Occidental, Chipre, Cachemira, Sudán, Colombia, Etiopía o Yemen, donde los avances políticos son muy lentos (Serrano, 2025). En la mayoría de estas situaciones el cs se limita a aprobar acuerdos previamente negociados fuera del marco multilateral por las principales potencias en espacios diplomáticos paralelos, convirtiéndose en un órgano meramente de aprobación y de seguimiento a medias.
A esto se suman los desafíos que enfrenta la Secretaría ante las denuncias de violaciones y abusos sexuales cometidos contra civiles por parte de personal vinculado a operaciones autorizadas por la onu. En la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití, autorizada por el onu en 2023, se han registrado nuevas acusaciones que se suman a las 568 denuncias de explotación y abuso sexual relacionadas con el personal de misiones de paz en todo el mundo, según la Oficina del Alto Comisionado de la onu. El informe del secretario general “Medidas especiales de protección contra la explotación y los abusos sexuales” muestra una disminución de las denuncias respecto a años anteriores, lo que podría deberse, por un lado, a la efectividad de algunas iniciativas preventivas y, por otro, a la reducción del personal desplegado y al cierre o a la disminución de varias misiones de paz (Hierro, 2026). Esta situación evidencia que la crisis de legitimidad de la onu también afecta la integridad y la credibilidad de sus operaciones en terreno, y cuestiona si cumple con sus obligaciones de debida diligencia en materia de derechos humanos.
A modo de conclusión: nueva líder y los límites del cambio
La paradoja es que, aun reconociendo que nos encontramos ante un sistema en crisis, la onu sigue concentrando enormes expectativas políticas, sociales y simbólicas. Para buena parte de la diplomacia multilateral y para amplios sectores de la sociedad civil, la onu continúa siendo el espacio legítimo en el que todavía es posible articular respuestas colectivas frente a conflictos, emergencias globales y atrocidades masivas. Estados poderosos continúan invocando el lenguaje de la legalidad, la seguridad o la defensa preventiva para revestir de legitimidad actuaciones incompatibles con el derecho internacional (Martín–Pinto, 2025), mientras el cs permanece condicionado por asimetrías de poder, vetos cruzados a modo de revancha y presiones geopolíticas.
Esta tensión entre crisis y expectativas influye en el cambio en la Secretaría General. En un contexto de deslegitimación y fatiga del sistema, hay esperanzas de que una mujer de América Latina lidere, rompiendo con el patriarcado de la propia organización, abriendo nuevas formas de poder. Pero esta feminización puede repetir un patrón, el de llamar a las mujeres a cargos altos cuando el sistema está a punto de colapsar, con expectativas excesivas y la amenaza de que cualquier fracaso cuestione su capacidad.
El proceso de selección revela estos límites. Aunque la Secretaría General es nombrada formalmente por la Asamblea, las candidaturas requieren el apoyo previo de los miembros permanentes del cs, quienes conservan el poder de veto. Esto se refleja en el caso de Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y ex alta comisionada de la onu para los Derechos Humanos, quien es vulnerable a un posible bloqueo debido al veto de Estados Unidos. Lo que indicaría que, incluso en su aspecto simbólico, la renovación en la cúpula del sistema continúa siendo influida por la misma estructura de poder que ha propiciado la crisis en la onu.
Por ello, la respuesta a la pregunta central debe ser crítica. Un orden internacional fundamentado en normas sólo es viable de manera precaria y desigual mientras su cumplimiento dependa del respeto selectivo y de los intereses de los Estados más poderosos. En tales condiciones, más que un orden normativo universal, lo que existe es un sistema jerarquizado en el que la legalidad opera de forma contingente y políticamente condicionada. La solución no radica únicamente en reformas técnicas o en un relevo en la cima institucional, sino en una transformación real de las relaciones de poder que hoy subordinan la norma a la conveniencia de unos cuantos.
Referencias
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Arana, L. (2026). onu debe fortalecerse y tener visión de austeridad, asegura presidenta Sheinbaum. El Sol de México. https://oem.com.mx/
elsoldemexico/mexico/onu-debe-fortalecerse-y-tener-vision-de-
austeridad-asegura-presidenta-sheinbaum-29584945
Ayuso, A. (2023). El futuro de las Naciones Unidas frente a la reconfiguración del orden global. Tiempo de Paz (150).
Camhaji, E. (2025). Más dinero para la guerra y menos para la paz: La última encrucijada para la ayuda al desarrollo. El País. https://elpais.com/internacional/2025-06-19/mas-dinero-para-la-guerra-y-menos-
para-la-paz-la-ultima-encrucijada-para-la-ayuda-al-desarrollo.html
David, R. V. (2025, 21 de octubre). Informe: Cómo los Estados intentan desfinanciar los derechos humanos en la onu. ishr. https://ishr.ch/toolbox/resources/report-how-states-try-to-defund-human-rights-at-the-un/
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civilians-slaughtered