Fórum

doi: 10.31391/ap.vi4.73                                                  Recepción: 28-05-2023                                                  Aprobación: 28-06-2023

La objeción de conciencia.
Evolución histórica del concepto y su aplicación.
Los ejemplos de Rusia y Ucrania

Rafael Cantizani Maíllo redes a.c. rcantizani92@gmail.com orcid: 0000-0002-1105-6144

Cantizani, R. (2023). La objeción de conciencia. Evolución histórica del concepto y su aplicación. Los ejemplos de Rusia y Ucrania. Análisis Plural, (4).

Resumen: En este artículo se aborda uno de los derechos humanos de más reciente reconocimiento, la objeción de conciencia. En primer lugar, se hará una breve descripción del concepto, seguida de su evolución histórica. Posteriormente, se abordará el término desde las perspectivas rusa y ucraniana, ahondando en su evolución histórica y el lugar que el término ocupa dentro de las legislaciones de ambos países. Por último, se realizará un breve recorrido en torno a cómo los objetores de conciencia se han visto afectados desde que ambos países comenzaran las hostilidades militares en 2014.

Abstract: This article deals with one of the most recently recognized human rights, conscientious objection. First, a brief description of the concept will be given, followed by its historical evolution. Subsequently, the term will be approached from the Russian and Ukrainian perspective, delving into its historical evolution and the place that the term occupies within the legislations of both countries. Finally, a brief overview of how conscientious objectors have been affected since both countries began military hostilities in 2014 will be presented.

Palabras clave: Objeción de conciencia, servicio militar obligatorio, Rusia, Ucrania

Keywords: Conscientious objection, conscription, Russia, Ukraine

La objeción de conciencia: definición y evolución histórica del
concepto

La objeción de conciencia puede definirse como el “derecho a oponer excepciones al cumplimiento de deberes jurídicos cuando su cumplimiento implique una contravención de las convicciones personales ya sean religiosas, morales o filosóficas” (rae, 2023). Esta objeción de conciencia puede encontrarse en diversos campos, como la medicina —concepción asistida, aborto o eutanasia—, el mundo judicial —formar parte de un jurado— o el mundo militar.

En este último caso, en el que se centra este artículo, está ligada estrechamente con el concepto de servicio militar obligatorio, una prestación personal en las fuerzas armadas que surge de una obligación jurídica de los individuos para con los grupos sociales que ostentan el poder político. Es decir, el servicio militar obligatorio es un recurso que las clases dirigentes han utilizado para defender sus intereses a través del reclutamiento de contingentes armados que lucharán contra los ejércitos de otras entidades políticas (Hierro Roldán, 2007).

Por supuesto, el término obligatorio plantea el hecho de que un número indeterminado de estos individuos, designados para el servicio militar, han cumplido con esta obligación en contra de su voluntad (Vásquez Hincapié & Téllez Navarro, 2017). Otros no se resignaban a tener que cumplir con su obligación militar a través de métodos como la deserción, la evasión del reclutamiento o, como en el caso que nos atañe, a través de la objeción de conciencia.

La objeción de conciencia ha quedado recogida en la historia; el primer caso conocido es el del ciudadano romano Maximiliano de Tebessa1 que en 295 d.C. se negó a prestar el servicio militar alegando su condición de cristiano, algo que le costó el martirio y le ganó la canonización (Brock, 1994). Otro ejemplo podrían ser las comunidades menonitas que, durante la Guerra de los Ochenta Años,2 quedaron exentas de participar en los enfrentamientos armados (onu, 2012). Es a partir de la concepción del Estado-nación —finales del siglo xviii— y la subsecuente creación de los ejércitos nacionales, que se nutrían de la población civil del Estado a través del reclutamiento forzoso (Aznar Fernández-Montesinos, 2014), cuando aumenta el número de personas que servían en las fuerzas armadas de manera obligatoria.

Los reclutamientos masivos de población civil para servir obligatoriamente en las fuerzas armadas se vivieron con especial intensidad en los conflictos bélicos del siglo xx, por lo que no es de extrañar que el fenómeno de los objetores de conciencia también alcanzara niveles no vistos anteriormente. Por ejemplo, se tiene constancia de que durante la Primera Guerra Mundial (1914–1918) unos 16 mil británicos y otros 4 mil estadounidenses se negaron al reclutamiento acogiéndose a la objeción de conciencia, por lo que un porcentaje tuvo que enfrentar penas privativas de libertad hasta pasado el conflicto (onu, 2012).

Este volumen de objetores de conciencia facilitó la creación de una serie de instituciones no gubernamentales que daban voz a este colectivo dentro de una sociedad eminentemente militarizada, posibilitando la visibilidad del movimiento ante la opinión pública. Entre estas instituciones destacan la International Fellowship of Reconciliation —ifor— que desde los comienzos de la Primera Guerra Mundial presta su voz a los movimientos antimilitaristas y aquellos que se niegan a prestar el servicio militar obligatorio (ifor, 2023). Otra organización que se destaca es la War Resisters’ International —wri—, organización antimilitarista fundada en 1921 en Bilthoven —Países Bajos— por iniciativa del pacifista Kees Boeke con los mismos fines que la ifor (wri, 2023).

Para la Segunda Guerra Mundial, unos 12 mil objetores de conciencia estadounidenses fueron designados para formar parte del Servicio Civil Público —Civilian Public Service—, y fueron confinados en campamentos de trabajo, donde fueron usados como mano de obra en actividades forestales o como cobayas humanas para experimentos científicos (Keady, 2003).

El máximo exponente de la objeción de conciencia en la cultura occidental es la Guerra de Vietnam (1965–1973), desarrollada en pleno auge de los movimientos pacifistas y antibelicistas en los Estados Unidos y con una popularidad por los suelos, lo que en parte explica por qué es el conflicto bélico en el que más se registró el recurso de la objeción de conciencia (Tollefson, 2000). Uno de los casos más conocidos fue el del boxeador Mohammed Ali —Cassius Clay antes de su conversión religiosa— que en 1966 se negó a presentarse en la oficina de reclutamiento, por lo que tuvo que enfrentar una serie de juicios en los que, tras varios años, se le declaró no culpable (Khalfan, 2016).

Fue necesario esperar hasta 1987, en la 45°sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la onu, para que se aprobara una resolución en la que se hacía un llamamiento a los Estados miembros para que éstos reconocieran la objeción de conciencia como un derecho legítimo de sus ciudadanos, basándose en el artículo 18 de la Carta de Derechos Humanos, sobre la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Esta iniciativa culminó dos años después con la resolución 1989/59, en la cual se reconoce el derecho de toda persona a acogerse a la objeción de conciencia para no prestar el servicio militar obligatorio (Salvioli, 2013).

La objeción de conciencia en Ucrania y Rusia

La primera referencia a los objetores de conciencia se encuentra en el mandato del zar Alejandro ii, quien reconoció a los menonitas como un grupo religioso que estaba exento de participar en los enfrentamientos armados (onu, 2012), pudiendo conmutar el servicio militar por actividades de bomberos, trabajos navales o ser empleados en actividades forestales al sur del imperio. Ya a comienzos del siglo xx, en tiempos de Nicolás ii, los integrantes de las confesiones evangélicas, baptistas, adventistas, pentecostalistas, dujobores y tolstoianos se sumaron a los menonitas en la posibilidad de acogerse a la objeción de conciencia (Coppieters, 1992).

En 1919, en plena Guerra Civil, el Comité del Pueblo emitió un decreto por el cual se reconocía el derecho de las comunidades religiosas a prestar servicios obligatorios alternativos al militar, algo que se mantuvo durante toda la existencia de la Unión Soviética (Amnistía Internacional, 1997). No obstante, el decreto que reconocía esta posibilidad de prestar un servicio alternativo se cumplía en contadas ocasiones, puesto que los encargados de los puestos de reclutamiento lo desconocían o, directamente, lo ignoraban, lo que podía acarrear penas punitivas para aquellos que decidían acogerse a este derecho (Amnistía Internacional, 1997).

Ya como países independientes, ambos Estados continuaron con la posibilidad de que sus ciudadanos se acogiesen al servicio alternativo, alegando ser objetores de conciencia. Sin embargo, en la actualidad existen ciertas diferencias entre ambos países.

Por un lado, el artículo 59 de la constitución de la Federación de Rusia, en su tercera sección, dice que “el ciudadano de la Federación Rusa tiene derecho de sustituir el servicio militar por el servicio alternativo, de carácter civil, si el primero contradice sus convicciones y su religión, así como en otros casos previstos en la Ley Federal” (Asamblea Federal, 1993).

A este servicio alternativo se accede a través de un trámite burocrático, que debe ser demandado por el ciudadano antes del reclutamiento, y que implica el rellenado de una solicitud, personas que atestigüen los motivos del solicitante y una entrevista individual por parte de las autoridades militares que confirmen las convicciones morales del solicitante (euaa, 2022). Si se concede, la duración de ese servicio alternativo dura 1.75 veces más que el militar ordinario y la pena por incumplirlo o evadirlo, recogida en el artículo 328, párrafo segundo del Código Penal de la Federación Rusa, supone una multa de carácter económico, trabajos obligatorios o la privación de libertad por un periodo de entre tres a seis meses (Asamblea Federal, 1996).

Existen pruebas de que la aplicación del derecho de prestar el servicio alternativo en Rusia cuenta con una serie de impedimentos por parte de las autoridades. Ejemplos de ello pueden ser la actitud coercitiva de las autoridades en el momento de la entrevista, lo que puede derivar en amenazas a la integridad física de los que solicitan el servicio alternativo (euaa, 2022), o el hecho de que este servicio alternativo se sigue haciendo dentro de las fuerzas armadas, aunque no se obligue a utilizar armas, en contra de lo dispuesto en la Constitución (Stolwijk, 2005), donde reciben un trato peor que aquellos que sí hacen el servicio militar obligatorio (Spivak & Pridemore, 2004).

En el caso de Ucrania, el artículo 35 de la Constitución, en su cuarta sección, apunta que nadie puede rehuir de sus deberes para con el Estado, ni siquiera por razones religiosas. No obstante, si estas convicciones religiosas no permiten el uso de las armas, el servicio militar obligatorio será sustituido por uno alternativo (Rada Suprema, 1996). No obstante, se debe aclarar que este servicio alternativo queda suprimido en tiempos de movilización de emergencia, como apunta el artículo 1 de la ley N° 1975 (uk Government, 2022).

Según el artículo 9 de la ley N° 1975 de Ucrania el servicio alternativo debe ser solicitado personalmente a través de un proceso administrativo que consta de una declaración escrita a la sección local de reclutamiento estatal, en el lugar de residencia del solicitante, dos meses antes del inicio del servicio militar obligatorio. Estas solicitudes son consideradas por funcionarios, incluidos militares en funciones y reservistas que valorarán si la persona cumple con los requisitos establecidos en la ley (Brett y otros, 2021).

Si se determina que se cumplen los requisitos el solicitante prestará el servicio alternativo dentro de las fuerzas armadas, aunque ello no implique la instrucción en el uso de las armas, por un periodo 1.5 veces superior al estipulado para el servicio militar, tal y como apunta el artículo 6, sección 1 de la ley N° 1975. Aquellos que evadan el servicio alternativo podrán ser sancionados por las autoridades con la revocación de la concesión, pasando a prestar el servicio militar obligatorio, como queda reflejado en el art. 8 de esta misma ley (uk Government, 2022).

Al igual que en Rusia, los que deciden acogerse a prestar el servicio alternativo enfrentan un conjunto de problemas, como la coacción mostrada por las autoridades durante el proceso administrativo, a lo que se suma el hecho de que sólo existe la posibilidad de solicitar el servicio alternativo si se es parte de una de las confesiones religiosas que tenían reconocida la opción de acogerse a este derecho (Druzenko, 2015).

Estas dificultades son las que hacen que se busquen otras alternativas para no prestar servicio alguno, como problemas médicos, familiares o, directamente, el pago de sobornos a las autoridades competentes en el reclutamiento de la población (Brett y otros, 2021).

La persecución de los objetores de conciencia en Rusia

La violación estructural del derecho de los objetores de conciencia tiene un peso más fuerte en Rusia, puesto que sus fuerzas armadas se han visto involucradas en tres conflictos bélicos3 desde la creación de la Federación en 1991 (cnn, 2022). Ya desde 1995, durante la coyuntura de la primera guerra chechena, organizaciones civiles como el Comité de las Madres de Soldados o la Asociación Radical Antimilitarista recriminaban que las autoridades militares no respetaban el derecho de todos los objetores de conciencia a acogerse al servicio alternativo, abogando por un movimiento masivo de objeción de conciencia que pusiera en jaque a las autoridades militares (Immigration and Refugee Board of Canada, 1996). Durante los años de conflictos armados Amnistía Internacional registró más de 700 casos de objetores de conciencia que afrontaron juicios ante su negativa a prestar el servicio militar obligatorio y querer conmutarlo por el servicio alternativo, y algunos de ellos fueron sentenciados a varios años de prisión o enviados sumariamente a campamentos militares para la realización del servicio militar obligatorio (1997).

Ante lo expuesto, no es de extrañar que estas vulneraciones se hayan repetido en años recientes, si bien durante el periodo comprendido entre el inicio de la Guerra del Dombás (2014) y los primeros seis meses de la invasión rusa de Ucrania (2022), no hubo una persecución estructural contra los objetores de conciencia que presentaban solicitudes para el servicio alternativo. Como ejemplo, se puede referenciar que, para mayo de 2022, se presentaron alrededor de dos mil solicitudes para realizar el servicio alternativo y la mitad fueron concedidas, sin presentarse cargos penales por el hecho de presentar la solicitud (euaa, 2022).

Sin embargo, la dura resistencia de las fuerzas armadas ucranianas durante la invasión de febrero de 2022, la crudeza del conflicto y la poca popularidad de éste en la opinión pública rusa hicieron que el presidente Vladimir Putin decretara una movilización parcial para el 21 de septiembre de 2022. Ante la perspectiva de ser llamados a filas, los casos de objetores de conciencia se dispararon tras esa movilización (Pennington, Chernova, & McCarthy, 2022), a lo que se suma que un número indeterminado de reservistas que alegaron ser objetores de conciencia fueron detenidos ilegalmente y confinados en campos de concentración provisionales en las regiones orientales ucranianas de Lugansk y Donetsk (Pavlova, 2022).

Este aumento de los casos de objetores de conciencia hizo que se recrudecieran los castigos para los desertores y los que evadían el servicio militar obligatorio. Se tiene constancia de que, a partir de esta fecha, el derecho al servicio alternativo ha sido ignorado por el personal de las oficinas de reclutamiento rusas, enviando a aquellos que se acogieron a este derecho a prestar el servicio militar en unidades de combate. Estas prácticas se formalizaron a través de una enmienda realizada por la Duma el 15 de noviembre de 2022 a la Ley de Movilización de 1997, que permitía que los que se acogen al servicio alternativo no sean enviados a un entorno civil para su realización, sino que sean enviados a unidades militares (Arnold, 2022).

La persecución de los objetores de conciencia en Ucrania

A diferencia de Rusia, Ucrania se mantuvo libre de conflictos armados hasta el inicio de la Guerra del Dombás en 2014. De hecho, las casi tres décadas de ausencia de conflictos bélicos hicieron que el gobierno de Kiev pretendiese eliminar el servicio militar obligatorio en 2013, en una tentativa de alcanzar estándares occidentales que asimilaran al país a la mayoría de los integrantes de la Unión Europea4 (ebco, 2022).

Sin embargo, la guerra del Dombás y la invasión de Crimea por parte de las tropas rusas en 2014 propiciaron que el servicio militar obligatorio fuera reintroducido en Ucrania (bbc News, 2014). A ello se sumó la situación de emergencia en las regiones orientales de Lugansk y Donetsk, lo que hizo que las negativas de las autoridades militares ucranianas a conceder el servicio alternativo se acrecentaran, tal y como denunció el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la onu (2018). No obstante, se seguía reconociendo parcialmente este derecho, como atestiguan los 1,659 objetores de conciencia que realizaron servicio alternativo en 2021 (Brett y otros, 2021).

Pero esta situación cambió de manera radical el 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ucraniano Volodímir Zelensky promulgó el decreto presidencial N° 64/2022 por el cual se declaraba el estado de sitio y se imponía la ley marcial en todo el territorio ucraniano,5 debido a la invasión rusa del país. Este decreto sacó a relucir el artículo 1 de la ley N° 1975, en el que se expone que durante el estado de sitio se suprime el derecho de los ciudadanos ucranianos a acogerse al servicio alternativo (Fremer, 2022).

Desde esta fecha, se tiene constancia de seis casos de objetores de conciencia ucranianos que han sido condenados a penas privativas de libertad por no querer incorporarse a las fuerzas armadas (Corley, 2023). Todos ellos tienen en común el formar parte de las comunidades religiosas a las que se le reconocía el derecho al servicio alternativo, pero que a raíz de la implantación del estado de sitio vieron derogado este derecho. Sin embargo, diferentes asociaciones civiles y organismos no gubernamentales denuncian que el número de objetores de conciencia es mucho mayor, pero debido a la poca transparencia de datos por parte del gobierno de Kiev es posible tener una imagen del verdadero alcance de los castigos que afrontan aquellos objetores de conciencia que no forman parte de estas confesiones o no quieren luchar por motivos ajenos al terreno confesional (ebco, 2022).

Conclusiones

En primer lugar, la objeción de conciencia a lo largo de la historia ha sido catalogada por las clases dirigentes de los Estados como un crimen, equiparando el concepto a la cobardía o la traición, y castigada, en consecuencia, como un delito mayor.

Si bien los organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas y las diferentes Organizaciones No Gubernamentales de carácter pacifista, han realizado un gran esfuerzo en el reconocimiento de la objeción de conciencia como un derecho inherente al ser humano, éste no ha sido totalmente consolidado. Tal y como lo muestran los ejemplos de Ucrania y Rusia, actualmente se sigue penando a los objetores de conciencia, especialmente en tiempos de conflicto armado.

En segundo lugar, y centrando la atención en los casos expuestos de Rusia y Ucrania, la objeción de conciencia, aunque no aparezca expresamente como un derecho de los ciudadanos rusos y ucranianos, sí queda recogida en las constituciones de ambos países. Si bien no es posible para los ciudadanos de estos Estados evadir el servicio obligatorio para con su país, sí les es posible realizar un servicio alternativo de diferente naturaleza a la militar.

No obstante, ambos países destinan a estos objetores de conciencia a unidades militares, sin desempeñar funciones de empuñar armas, pero quedando dentro del régimen castrense y privándolos de la posibilidad de realizar un servicio obligatorio de carácter civil.

En tercer lugar, se percibe que el derecho a la objeción de conciencia, en los casos de Ucrania y Rusia, sigue estando ligado de manera esencial al terreno de lo confesional, sin poder acogerse a este derecho aquellos que no quieran empuñar las armas por razones no religiosas. De esta forma, se cumple de manera sesgada el artículo 18 de la Declaración de los Derechos Humanos, dejando a un lado la libertad de conciencia y pensamiento (Salvioli, 2013).

Existen casos en los que la causa de que los ciudadanos rusos se adhieran a la objeción de conciencia es meramente moral, alejándose de la naturaleza religiosa, puesto que consideran que Rusia ha sido la parte agresora del conflicto y, por tanto, no existe una razón moral para empuñar las armas, pues identifican a su propio país como un Estado invasor (bbc News, 2022). Esos ciudadanos han sido equiparados como agentes externos y acusados de traición al querer desestabilizar la cohesión nacional (Connection.ev, 2023).

Otra de las consecuencias de aquellos que no reúnen los requisitos religiosos para acogerse al servicio alternativo son las autolesiones, para no ser llamados a filas, o el abandono del país antes de recibir la notificación para incorporarse a las fuerzas armadas (Bermejo, 2022; Koshiw, 2022).

En cuarto lugar, y relacionado con la conclusión anterior, aunque las constituciones de ambos países expresan que no existe una religión oficial en ninguno de los dos países,6 así como se reconoce la separación entre la Iglesia y el Estado,7 se discrimina estructuralmente —en este caso, de manera positiva— a aquellos que no están adheridos a la religión mayoritaria, el cristianismo ortodoxo.

La religión ortodoxa, desde el inicio de las hostilidades entre ambos países en 2014, ha tenido un papel esencial a la hora de acrecentar la brecha entre éstos. En especial la Iglesia ortodoxa rusa, con el patriarca de Moscú, Kirill, al frente, no sólo ha desempeñado un papel decisivo en la legitimación y aceptación de la guerra por parte de la población rusa, sino que también ha cumplido un papel esencial en la construcción de la idea de la Rusia de Putin (HuffPost, 2023).

A raíz de la invasión rusa de Ucrania y del apoyo incondicional del patriarca Kirill a ésta, se ha vivido un cisma dentro del patriarcado de Moscú. El obispo Onufry, elegido en 2015 como metropolita de la Iglesia ortodoxa ucraniana,8 fiel en un primer momento al patriarcado de Moscú (Europa Press, 2015), mostró su repulsa a las acciones de Kirill y se desligó de la influencia de Moscú en 2022, integrándose parte de las parroquias a la Iglesia ortodoxa de Ucrania o al Patriarcado Ecuménico de Constantinopla (La Vanguardia, 2022).

Por último, existen grandes dificultades y escollos administrativos en ambos países para que aquellos que quieran realizar un servicio alternativo puedan hacerlo, encontrándose con barreras como amenazas por parte de las autoridades, la corrupción de éstas o la imposición de penas que van desde ser forzado a prestar el servicio militar obligatorio hasta la privación de la libertad. Estas prácticas dejan ver que son países que distan de estar dentro de los estándares de un Estado de Derecho, tal y como atestigua el Índice de Estado de Derecho de 2020 donde Ucrania se encontraba en el puesto 72 de 128 y Rusia en el puesto 92 (World Justice Project, 2021).

En un lenguaje estrictamente legal, la Constitución ucraniana, en su artículo 64.2, permite la supresión del derecho a realizar el servicio alternativo, lo cual sería congruente al declararse un estado de emergencia en febrero de 2022 por el presidente Zelensky. Sin embargo, en el caso de Rusia, el presidente Putin ha evitado, en reiteradas ocasiones, declarar que la invasión a Ucrania haya supuesto una rotura de la normalidad en el país, catalogándola como una operación especial. Es decir, el Kremlin no ha declarado un estado de emergencia que le permita restringir derechos civiles ni humanos, como recoge en el artículo 56 de la Constitución rusa, aunque sí ha establecido reformas en la ley de reclutamiento y en el código penal para castigar más severamente a aquellos que evadan el reclutamiento.

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