Exploraciones

doi: 10.31391/ap.vi1.8

Balance de la política climática de amlo

Pablo Montaño Conexiones Climáticas montano.pablo@gmail.com orcid: 0000-0001-9927-0710 Carlos Tornel Universidad de Durham carlos.a.tornel@durham.ac.uk orcid: 0000-0001-6338-066X

Montaño, P. y Tornel, C (2022). Balance de la política climática de amlo. Análisis Plural, (1).

Introducción

El colapso climático es la crisis más grande que hemos enfrentado como especie humana. A pesar de que sus consecuencias se experimentan de forma cada vez más perceptible y estas afectan a cada vez más personas, grupos, países y regiones alrededor del planeta, los orígenes de esta crisis no pueden ser atribuidos a una responsabilidad compartida de la humanidad. En otras palabras, la crisis climática es un síntoma de una crisis civilizatoria mucho más amplia, una que hoy se manifiesta a través del progresivo colapso de la modernidad capitalista occidental.

Partiendo de esta premisa, cuando abordamos la crisis climática tenemos que hacerlo reconociendo que, tanto sus orígenes como consecuencias, tienen efectos diferenciados. Actualmente, la crisis representa el desplazamiento forzoso de millones de personas, pérdidas de formas de vida, tradiciones y culturas que se articulan a través del territorio y el patrimonio biocultural de millones de personas. La crisis implica también significativas pérdidas económicas, así como la desestabilización política que afecta de manera desigual a los países más vulnerables y pobres. Actualmente, se estima que los 85 países que menos han emitido Gases de Efecto Invernadero (gei) concentrarán 80% de las muertes resultantes del cambio climático (dara, 2012).

Paradójicamente, no hay administración, en cualquier nivel de gobierno, que se escape de la responsabilidad de actuar frente a la crisis, pero ninguna entidad puede hacer frente a este problema por sí sola. Debido al carácter espacio–temporal de la crisis, esta exacerba cualquier problemática económica, social, política o ambiental preexistente, lo que la convierte, también de forma paradójica, en un problema con cada vez más relevancia, pero que suele ser abordado de forma tangencial o incluso, a través de meros cambios discursivos (Lohmann, 2016).

Durante los últimos 30 años, las emisiones de gei se han incrementado en 65%, mientras que los gobiernos se han dedicado a postergar las acciones que supuestamente podrían limitar el calentamiento del planeta (Stoddard, et al., 2021; ipcc, 2018). En el plano mundial, las conferencias internacionales anuncian —a menudo con bombo y platillo— la adopción de nuevos compromisos que prometen eliminar —eventualmente y a través principalmente del despliegue masivo de tecnologías—, el exceso de emisiones de gei en la atmósfera. Utilizando términos cada vez más ambiguos como crecimiento verde (Ferrari, 2022) o emisiones netas cero (Macera, 2022), los compromisos de los países han probado ser poco más que retóricas discursivas (Spash, 2016), asociadas a una política neoliberal de la naturaleza que tiende a preocuparse por las emisiones que existen en la atmósfera, pero no por los procesos que animan la economía capitalista industrializada que las puso ahí (Lohmann, 2016).

De acuerdo con la organización Climate Action Tracker (cat), la suma de todas las Contribuciones Nacionales Determinadas (ndc por sus siglas en inglés) es decir, los compromisos voluntarios de cada país para reducir sus emisiones al 2030, perfilan hacia un incremento de 2.7ºC para finales del presente siglo (cat, 2022). Cabe señalar que esta proyección depende de que todos los países cumplan lo estipulado en sus ndc, lo cual está lejos de ocurrir. Para ilustrar la magnitud de lo que implicaría incrementar la temperatura media global por encima de 1.5°C, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (ipcc) asegura que implicaría el derretimiento de las placas de hielo del planeta, la desaparición de cientos de ciudades costeras, la pérdida de la totalidad de los arrecifes de coral y el aumento de zonas afectadas por sequía, incendios forestales, huracanes, tormentas tropicales, así como la extinción de números importantes de especies, por mencionar solamente algunos de los impactos (ipbes, 2018).

Ante la urgencia de atender el colapso climático y la crisis civilizatoria que enfrentamos hacemos una breve revisión de los primeros tres años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (amlo), empezando por presentar un breve antecedente de las políticas climáticas en México, las expectativas creadas durante su campaña y la relación de su política climática frente a los megaproyectos que han sido piedra angular de su gobierno y de su visión de país.

La línea base

La política institucional de cambio climático en México, así como el proceso de las negociaciones internacionales estuvo marcado por tres hitos principales. El primero de ellos, entre 2009 y 2010, cuando la administración pública federal publicó el primer Programa Especial de Cambio Climático (pecc) y auspició la cop16 en Cancún. Posteriormente, en 2012, el congreso aprobó la Ley General de Cambio Climático (lgcc), la cual instituía una serie de estrategias, programas y mecanismos de coordinación para impulsar la reducción de emisiones. Esta ley estableció compromisos de reducción de emisiones de gei a 2020 (-30%) y al 2050 (-50%) con respecto a las emisiones del año 2000. El tercer hito surge con la siguiente administración (2012–2018), la cual se comprometió a una reducción de 22% de las emisiones de manera incondicionada y hasta 36% de manera condicionada al 2030, con respecto a las emisiones del año 2013.

La clara neoliberalización de las políticas climáticas —es decir, la transformación de las acciones contra el cambio climático, en gran medida a través de la agencia del Estado, en la generación de unidades de “mitigación” comercializables, con precio y propiedad— y el despliegue de tecnologías para hacer frente al problema a escala internacional se hicieron perceptibles a través de un creciente consenso sobre la realidad del cambio climático, pero una absoluto rechazo a cuestionar las estructuras económicas y políticas del capitalismo (Swyngedouw, 2018).

Estas políticas neoliberales se convirtieron en poco más que una retórica del crecimiento verde (Tornel, 2019), acelerando el despliegue de megaproyectos de energía renovable (a través de un proceso de subastas de energía), aumentado de forma considerable la dependencia del gas natural importado de Estados Unidos, e incrementando de forma significativa las concesiones de extracción minera, el desarrollo de agricultura industrializada y las concesiones de explotación de otros recursos naturales (como el agua) (Tetrault, 2020). En particular, las reformas estructurales de la administración 2012–2018 siguieron la tendencia hacia el neoextractivismo de la región en América Latina, facilitando el acceso del capital extranjero a la tierra, el agua, los minerales y los combustibles fósiles (Svampa, 2018) y reduciendo apenas un tercio de lo establecido en su compromiso Nacional (inecc, 2018).

Mientras México tomaba una postura de ‘liderazgo’ en el desarrollo de sus políticas climáticas, durante más o menos el mismo periodo, la producción de hidrocarburos se encontraba en un declive pronunciado. El país alcanzó un pico de producción de petróleo en 2004 y otro en 2009 para la producción de gas natural (Ferrari y Ocampo, 2019). Desde este último año las importaciones de gas natural de Estados Unidos se han incrementado de forma exponencial —lo cual se evidencia en la construcción de 3,392 km de gasoductos entre 2012 y 2019—, representando más de 64% del consumo energético actual en el plano nacional (GeoComunes, 2021). Esta tendencia se debe a que el petróleo que se obtiene proviene de pozos que son cada vez más profundos y difíciles de alcanzar, con un petróleo de consistencia cada vez más viscosa y difícil de procesar, lo que implica una inversión de cada vez más energía para su exploración, explotación, refinación, transporte y almacenamiento (Ferrari, 2019).

Asimismo, durante este periodo los conflictos socio–ecológicos asociados con el extractivismo en México se incrementaron de forma importante. El avance de megaproyectos y la defensa del territorio fueron capturados por algunos casos icónicos como el Acueducto Independencia, el derrame tóxico por Grupo México en el río Sonora; la concesión minera del área sagrada de Wirikuta, en San Luis Potosí y otros conflictos del sector energético, como el desarrollo de 26 parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, por mencionar algunos. Más allá de algunos casos que capturaron la opinión pública, estudios han documentado un aumento importante de los conflictos socio–ecológicos en el país, registrando un total de 560 casos entre 2012 y 2017, con otros reportando un total de 336 conflictos desde 2006 a 2019, tan sólo 155 en temas relacionados con minería, 75 en campos petroleros, 49 con presas hidroeléctricas, 40 en parques eólicos y 17 en oleoducto (Toledo, et al. 2017; Conversando con Goliat, 2019). En todos estos casos los movimientos por la defensa del territorio se enfrentan a un fuerte avance de las políticas neoliberales por transformar la propiedad de la tierra comunal para dar paso al despliegue de megaproyectos de infraestructura energética, turística, de agricultura industrializada y de expansión urbana (Torres–Mazuera, et al., 2021).

Es en este contexto como analizamos las políticas ambientales de la administración federal de amlo, con especial énfasis en la cuestión climática y las implicaciones socio–ecológicas distributivas de estas.

La expectativa

La carrera política de amlo ha estado atada a la discusión política y pública de los hidrocarburos en México. En 2006 constituyó el Frente Nacional por la Defensa del Petróleo, a través del cual conformó un movimiento nacional apoyado por organizaciones y grupos de base. En 2014, con la creación del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), logró articular una plataforma para asegurar una victoria en las elecciones del 2018. Si bien como candidato y presidente electo amlo había adelantado el papel esencial que desempeñarían los hidrocarburos y Pemex en su administración, había razones para suponer que existirían mejoras en otros ámbitos.

En la publicación de Naturamlo, decálogo que explicaba el enfoque y las posturas de la candidatura frente a temas críticos como el agua, la biodiversidad, el cambio climático y la justicia ambiental, se cubren muchas de las áreas importantes del discurso ambiental de diversos colectivos y organizaciones: el agua como un derecho inaplazable, visiones de desarrollo desde las comunidades indígenas para el resguardo de sus territorios y un cuestionamiento a las prácticas extractivas (Naturamlo, 2018). Aunque resalta que en su planteamiento climático se evita una mención textual a la reducción de emisiones, sí se menciona que el gobierno daría cumplimiento a los compromisos internacionales con referencia al Acuerdo de París, enfatizando un papel de liderazgo climático en la región al impulsar la participación de energías renovables.

Otra promesa reiterada y de gran importancia al estar en el terreno de los hidrocarburos fue la de no permitir la extracción de gas y petróleo por la técnica de fracturación hidráulica o fracking. El fracking es denunciado por organizaciones y comunidades que ven amenazada su disponibilidad de agua, suelo y aire limpios, por una técnica que conlleva altos impactos ambientales y sociales. Sin embargo, a la fecha existen partidas presupuestales para dos proyectos de fracking —“Aceite y Gas en Lutitas” y “Aceite Terciario del Golfo”—, lo cual deja sin claridad la prohibición y con más de 40,000 millones de pesos asignados para fracking en lo que va de la actual administración (amcf, 2021).

Finalmente, y siguiendo el discurso de la propuesta de la Cuarta Transformación (4T), la posibilidad de establecer un régimen democrático de gestión energética a través de pequeños proyectos comunitarios, descentralizados bajo la rectoría del Estado, se planteó de forma muy explícita en lo que en ese momento se dio a conocer como Proyecto 18. A pesar de una clara tendencia a reposicionar el papel de Pemex, la propuesta del candidato presidencial ofrecía la posibilidad de vincular el desarrollo de energías renovables con los esfuerzos de reducir la pobreza energética, democratizar el acceso y la gestión de la energía y simultáneamente reducir las emisiones de gei (Proyecto 18, 2018).

La visión fósil frente al clima

La estrategia política de amlo ha estado anclada en el trazo de una agenda política que busca separarse de la agenda neoliberal que ha moldeado las decisiones del gobierno federal desde la década de los ochenta. A pesar de ello, la apuesta de amlo ha sido profundamente capitalista. Al anunciar y perseguir altas tasas de crecimiento económico, fomentar la integración con las estructuras internacionales del gran capital (como confirma la firma del tmec), y redefiniendo el territorio del sur y el sureste del país para garantizar la integración y fluidez de la región a la economía mundial a través del desarrollo de megaproyectos, el gobierno presenta a la 4T como un quiebre con las visiones anteriores, únicamente porque será la rectoría del Estado la que permitirá distribuir los costos y beneficios a favor de los pobres y las clases trabajadoras (Tetreault, 2020).

Este modelo no implicó la nacionalización del sector minero, el petrolero o el eléctrico, pero sí una reconfiguración de sus estructuras fomentando una renegociación con las relaciones del gran capital. En el caso del primero, amlo anunció una intención de intensificar la Inversión Extranjera Directa (ied) de empresas canadienses en el territorio mexicano desde el 2018 (Ibid). Mientras que la cancelación de las rondas petroleras y de las subastas de energía a largo plazo, así como anuncios repetidos de revisar los contratos culminaron en la propuesta de “Contrarreforma” eléctrica rechazada en abril de 2022.

Esta propuesta propone una reconfiguración del sector con la finalidad de garantizar la seguridad energética, reduciendo de forma importante la participación del sector privado en la generación de energía. Durante la pandemia de la covid–19 el gobierno presentó, utilizando el estado de emergencia como excusa, una política de confiabilidad (dof, 2021), la cual tenía por objeto reducir la dependencia de generación de energía proveniente de las energías renovables para dar prioridad a las plantas de la cfe, lo que más tarde sería modificado con la publicación de las disposiciones oficiales para cambiar el orden de despacho de las centrales de generación de energía eléctrica, dando paso a la posibilidad de quemar un importante excedente en la producción de combustóleo en manos del gobierno (Ferri, 2021). Estas acciones estuvieron acompañadas de una retórica proveniente del propio presidente sobre la inseguridad, inestabilidad y la intermitencia de las energías renovables, narrativa que se exacerbó aún más con las heladas que afectaron al norte de México a comienzos de 2021 (Stillman y Chapa, 2021).

Siguiendo una estrategia de seguridad energética, el gobierno ha centrado sus esfuerzos en el aumento de la producción de hidrocarburos acelerando la exploración y la perforación de pozos, así como la subsecuente capacidad de refinamiento. Mientras que el presupuesto para el sector ambiental se redujo de forma importante durante sus tres primeros años de gobierno, el presupuesto para Pemex, la cfe y la Secretaría de Energía (Sener) se ha mantenido en un aumento constante, con el fin de acelerar la exploración de yacimientos, pero con un retorno energético cada vez menor. Prueba de ello es que la administración no ha logrado incrementar la producción petrolera desde el inicio de su mandato, la cual se ha mantenido entre 1.6 y 1.7 millones de barriles diarios y 4.8 mil millones de pies cúbicos de gas diarios (cnih, 2021).

En términos de refinación el país sigue consumiendo alrededor de tres veces más gasolina y alrededor de dos veces más dísel del que produce. Incluso con la adición de la planta de Dos Bocas, la cual implica incrementar la capacidad de refinación con hasta 340,000 barriles diarios y la compra de la Planta Deer Park en Texas, la alta dependencia en el consumo de combustibles puede implicar un aumento temporal en la seguridad energética, pero supone la creación de un problema enorme en el corto–mediano plazo. Mientras enfrentamos el fin de la era de la energía barata, la actual administración incrementa su dependencia en los combustibles fósiles.

Lo anterior representa un problema desde el punto de vista climático, puesto que el sector energético representa más de 70% de las emisiones de gei, mientras que las implicaciones de incrementar las actividades de refinación, así como el regreso a la quema de carbón, combustóleo y otros combustibles sucios implican un deterioro importante de la calidad del aire en las zonas aledañas a las seis refinerías activas y a las plantas de generación de energía. Tan sólo con la compra de carbón para la generación de energía eléctrica y la construcción de la Refinería de Dos Bocas —la cual emitirá 2.16 millones de toneladas de co2 adicionales al año—, dificultan la posibilidad de cumplir con los compromisos de reducción de emisiones (Cemda, 2019; Oil & Gas Magazine, 2021).

Por último, vale la pena resaltar dos cuestiones adicionales con respecto a la política ambiental y climática de amlo. Por un lado, las políticas energéticas y en especial el despliegue de megaproyectos no solamente no están contemplados en las políticas ambientales del país, sino que se tratan como dos cuestiones completamente disociadas. Por otro lado, las propuestas de mitigación que amlo ha promovido en negociaciones internacionales sobre cambio climático se enfocan en potenciar el papel de las hidroeléctricas de la cfe y en el programa Sembrando Vida (El Financiero, 2021). Irónicamente, estos proyectos pueden verse afectados o incluso ser inviables por el propio colapso climático —a través de sequías y la pérdida de especies endémicas de los bosques en el sur del país—.

Finalmente, es importante resaltar que el desarrollo de los megaproyectos de infraestructura no ha contabilizado sus efectos climáticos en el corto, mediano y largo plazo. Por esto nos referimos no solamente a la Refinería de Dos Bocas, sino al desarrollo de proyectos como el Tren Maya, el Corredor Transístmico y el Aeropuerto de Santa Lucía. Cada uno de estos proyectos implica un grado cada vez mayor de dependencia en los combustibles fósiles, así como una forma de articular estrategias extractivas de mayor calado en cada una de sus respectivas regiones (Clavijo y Castrejón, 2020). Siguiendo la lógica de la acumulación por desposesión que caracteriza los procesos neoextractivistas en buena parte de América Latina y el sur global, el avance de estos megaproyectos y su militarización, suponen una forma de mantener y reinventar los mecanismos de acumulación de capital (Gutiérrez Rivas, 2020).

Del aumento de conflictos socio–ecológicos y la transformación que sigue pendiente

Con base en lo anterior podemos argumentar que las políticas de amlo en materia ambiental no han abordado los principales retos que enfrenta el país, particularmente frente a la crisis climática, la cual se ha convertido en uno de los retos más importantes. Con esto no queremos decir que no haya habido algunos avances en materia ambiental, como, por ejemplo, la cancelación de las subastas eléctricas o la prohibición del uso del glifosato o de transgénicos, pero el uso de las fuerzas armadas para proteger y hacer valer las políticas extractivas como una “prioridad de la nación” y el aumento de la violencia asociada a la construcción de megaproyectos han eclipsado otros hitos.

En términos generales, consideramos que existen cuatro retos o contradicciones a resaltar en las políticas ambientales de la 4T.

Primero, existe una creciente tendencia al aumento de gei asociadas a la dependencia de los combustibles fósiles en el sector eléctrico, en un contexto de colapso climático y crisis civilizatoria. Estudios recientes aseguran que las políticas del sector eléctrico podrían incrementar las emisiones a 239.23 Mtco2e, superando los compromisos no condicionales del país al 2030 (México Evalúa e icm, 2021).

Segundo, la centralización del sector eléctrico a través de la rectoría del Estado, sin necesariamente atender la pobreza y las desigualdades energéticas, pueden perpetuar la condición actual de 46% de los hogares en el país que experimentan algún grado de pobreza energética, o incluso exacerbar estas tendencias, mientras que las desigualdades entre sectores y usuarios continúan (tan sólo en el sector residencial, el decil más alto consume hasta siete veces más energía que los tres deciles más bajos) (García Ochoa, 2014).

Tercero, las políticas de la 4T suponen el aumento de conflictos socio–ecológicos distributivos asociados con el extractivismo y con la política energética, así como con la progresiva militarización de la construcción de megaproyectos de desarrollo. El desarrollo de consultas populares “a modo” para legitimar el desarrollo de los proyectos prioritarios (Tornel, 2020), el despliegue del ejército para continuar la construcción del Tren Maya, la compra de carbón por parte de la cfe a mineros que exponen la vida de trabajadores (ofpc, 2022), y el reciente desalojo de comunidades indígenas en Altepelmecalli, la Casa del Pueblo, de la planta de Bonafont en Puebla, demuestran una creciente tendencia al aumento de conflictos socio–ecológicos por la defensa del territorio (Llaven y Núñez, 2022). El ejemplo más contundente es tal vez el caso de la consulta sobre la termoeléctrica de Morelos, la cual se realizó apenas tres días después de que uno de los líderes más visibles de la resistencia, Samir Flores Soberanes, fuera asesinado a tiros en la puerta de su casa (Tetreault, 2020).

Finalmente, consideramos que la polarización y la denuncia pública de la autoridad sobre cualquier grupo con cualquiera que sea su agenda que se presente ‘en contra suya’ produce un clima que intimida el disenso y promueve el discurso populista de ‘ellos contra nosotros’. La impugnación de amlo contra el desacuerdo de sus políticas ha hecho que luchas legítimas de comunidades y pueblos indígenas en la defensa de su territorio se cataloguen como falsas, superfluas o compradas.

En esencia, el discurso que propulsó a amlo es relevante: es urgente una transformación profunda de las formas en las que está organizada nuestra sociedad, donde al centro y primero se coloquen aquellos grupos que históricamente se empobrecieron y vulneraron por las estrategias coloniales, de desarrollo, de extracción y explotación capitalista. Consideramos que se utiliza la condición histórica como una narrativa populista, sin realmente transformar el carácter capitalista y colonial de las políticas del Estado. Recuperando las palabras de la intelectual mixe Yásnaya Aguilar, cuya voz resuena con mucha fuerza: “La creación del Estado mexicano tras la independencia no es la interrupción del orden colonial, sino su perfeccionamiento” (Aguilar Gil, 2021).

Actuar ante la crisis climática implica no únicamente actuar para reducir emisiones de gei de forma drástica y acelerada, sino transformar radicalmente las sociedades realmente existentes en México. Lo anterior no implica apostar por la independencia y la seguridad energética, sino la posibilidad de eliminar progresivamente la adicción al crecimiento económico infinito, reconocer los límites geológico–técnicos de la extracción de hidrocarburos y proponer una reducción equitativa y redistribución energética a escala nacional. Una verdadera transformación tendría que empezar por cuestionarse ¿para qué, cómo y para quién se produce toda esa energía?

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